P9_TA(2021)0039

Banco Central Europeo — Informe Anual 2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el Banco Central Europeo — Informe Anual 2020 (2020/2123(INI))

(2021/C 465/02)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el Informe Anual 2019 del Banco Central Europeo (BCE),

—	Vistos los comentarios del BCE sobre la contribución aportada por el Parlamento Europeo como parte de su Resolución sobre el Informe Anual 2018 del BCE,

—	Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, y en particular sus artículos 15 y 21,

—	Vistos el artículo 123, el artículo 127, apartados 1, 2 y 5, el artículo 130, el artículo 132 y el artículo 284, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—	Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—	Vistas las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema para la zona del euro y las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE el 4 de junio de 2020,

—	Vista la encuesta del BCE sobre el acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro (de octubre de 2019 a marzo de 2020), publicada el 8 de mayo de 2020,

—	Vistas las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona del euro, publicadas el 10 de septiembre de 2020,

—	Vistos los diálogos sobre política monetaria mantenidos con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, del 6 de febrero y el 8 de junio de 2020 y del 28 de septiembre de 2020,

—	Vista su Posición, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (1),

—

Visto el Occasional Paper n.o 247 del Grupo de Trabajo del BCE sobre Criptoactivos, publicado en septiembre de 2020, titulado «Stablecoins: Implications for monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, and banking supervision in the euro area» (Criptomonedas estables: Implicaciones para la política monetaria, la estabilidad financiera, la infraestructura del mercado y pagos, y la supervisión bancaria en la zona del euro),

—	Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (2),

—	Visto el informe del BCE de octubre de 2020 sobre el euro digital,

—	Visto el Occasional Paper del BCE n.o 201, de noviembre de 2017, titulado «The use of cash by households in the euro area» (Utilización del efectivo por los hogares en la zona del euro),

—	Vista la actualización de 2020 de la Declaración ambiental del BCE,

—	Visto el artículo 142, apartado 1, de su Reglamento interno,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0002/2021),

Considerando que las previsiones económicas del verano de 2020 de la Comisión, que tienen en cuenta las perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19, prevén que la economía de la zona del euro se contraerá un 8,7 % en 2020 y crecerá un 6,1 % en 2021, y que la economía de la EU-27 se contraerá un 8,3 % en 2020 y crecerá un 5,8 % en 2021;

Considerando que, de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas de septiembre de 2020 elaboradas por los expertos del BCE, se prevé que la inflación anual en la zona del euro calculada sobre la base del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se sitúe en el 0,3 % en 2020, el 1,0 % en 2021 y el 1,3 % en 2022 de media, mientras que las proyecciones de inflación muestran diferencias sustanciales dentro de la zona del euro;

Considerando que, según Eurostat, la tasa de desempleo en agosto de 2020 era del 7,4 % en la Unión y del 8,1 % en la zona del euro; que se espera que la tasa de desempleo aumente; que la tasa de desempleo es desigual dentro de la Unión; que persisten desigualdades regionales extraordinarias en materia de desempleo, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos; que la elevada tasa de desempleo juvenil sigue constituyendo un grave problema que debe atajarse en la Unión;

D.	Considerando que los datos del BCE sobre el IPCA de 2020 muestran un impacto deflacionista debido a la crisis de la COVID-19 en varios Estados miembros;

E.	Considerando que las proyecciones de septiembre del BCE para el PIB mundial real (excluida la zona del euro) son de una caída del 3,7 % en 2020, seguida de una recuperación del 6,2 % en 2021 y del 3,8 % en 2022;

Considerando que, a pesar de los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo para recibir una lista reducida con paridad de género de al menos dos nombres para cargos del Comité Ejecutivo del BCE, la lista reducida de candidatos para el nombramiento de un nuevo miembro del Comité Ejecutivo para sustituir a Yves Mersch estaba compuesta únicamente por hombres; que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en el Consejo de Gobierno del BCE;

Considerando que en 2019 el beneficio neto del BCE ascendió a 2 366 000 000 EUR, frente a los 1 575 000 000 EUR de 2018; que este aumento puede atribuirse principalmente al incremento de los ingresos netos por intereses obtenidos en la cartera de dólares estadounidenses y en la cartera del programa de compra de activos;

H.	Considerando que a finales de 2019 el tamaño del balance del Eurosistema había alcanzado un máximo de 4 671 425 000 000 EUR, el segundo más alto de todos los tiempos después del máximo de 2018;

I.	Considerando que las pymes, que siguen siendo el pilar de la economía y la sociedad de la Unión y refuerzan la cohesión económica y social, necesitan mayor apoyo;

J.	Considerando que las pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis de la COVID-19; que la evolución de las perspectivas económicas generales ha afectado negativamente a su acceso a la financiación;

K.	Considerando que el TFUE establece que el mandato encomendado al BCE consiste en mantener la estabilidad de los precios y apoyar las políticas económicas generales en la Unión, con miras a contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión;

Considerando que la Unión se ha comprometido a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y que el BCE tiene la misión de ayudar a conseguirlo; que los cometidos del BCE no se limitan a la estabilidad de precios, sino que también incluyen la seguridad y solidez del sistema bancario y la estabilidad del sistema financiero;

M.	Considerando que, según la encuesta del Eurobarómetro de noviembre de 2019, el respaldo popular a la unión económica y monetaria europea con una única moneda, el euro, era del 62 % en 2019;

Considerando que el 18 de marzo de 2020 el BCE anunció un programa de compras de emergencia en caso de pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) como nuevo programa temporal para la compra de activos de los sectores público y privado con una dotación de 750 000 000 000 EUR, destinado a contrarrestar los riesgos para la transmisión de la política monetaria en la zona del euro causados por la pandemia de COVID-19;

Considerando que el 4 de junio de 2020 el Consejo de Gobierno del BCE decidió aumentar la dotación del PEPP a 1 350 000 000 000 EUR con el propósito de ampliar el horizonte previsto para las compras netas del PEPP como mínimo hasta finales de junio de 2021, y que el principal de los valores adquiridos por el PEPP que vaya venciendo se reinvertirá al menos hasta finales de 2022; observa, asimismo, que las compras netas en el marco del programa de compra de activos del BCE continuarán a un ritmo mensual de 20 000 000 000 EUR, junto con las compras realizadas en el marco de la dotación temporal adicional de 120 000 000 000 EUR hasta finales de 2020;

Considerando que se adoptaron otras medidas políticas para proporcionar liquidez, como las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO III) y las operaciones de financiación a plazo más largo de emergencia frente a la pandemia (PELTRO), una línea de liquidez específica para la pandemia;

Q.	Considerando que el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos sufre un retraso considerable a pesar de las propuestas de la Comisión y del BCE sobre la urgente necesidad de proteger los depósitos a escala de la Unión;

Presentación general

Acoge con satisfacción la labor del BCE para salvaguardar la estabilidad del euro; destaca que la independencia estatutaria del BCE, establecida en los Tratados, es indispensable para cumplir su mandato y para preservar su legitimidad democrática; recuerda que la independencia exige que el BCE no solicite ni acepte instrucciones de instituciones u organismos de la Unión, de Gobiernos de Estados miembros ni de ningún otro organismo; subraya que esta independencia no debe verse menoscabada, y destaca, además, que la independencia del banco central siempre debe tener el complemento del grado equivalente de rendición de cuentas; destaca que el TFUE establece que, además su mandato principal de mantener la estabilidad de los precios, el BCE también debe apoyar las políticas económicas generales en la Unión, con miras a contribuir a la consecución de los objetivos de esta, siempre que no entren en conflicto con su mandato principal; subraya que el desarrollo sostenible, la convergencia, el pleno empleo, y el progreso social son objetivos generales de la Unión definidos en el artículo 3 del TFUE;

Acoge con satisfacción la creación de un centro para el cambio climático como nueva unidad dentro del BCE;

Destaca la irreversibilidad de la moneda única; hace hincapié en que el euro no es solo un proyecto monetario, sino también político;

Expresa su preocupación por la crisis económica, sanitaria y social sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19, con una marcada contracción de la economía de la zona del euro y un rápido deterioro de las condiciones del mercado laboral, incluido el aumento del desempleo; señala que se espera que se recupere la actividad en la zona del euro, aunque la velocidad y la magnitud de la recuperación siguen siendo muy inciertas y desiguales entre los Estados miembros;

Expresa asimismo su preocupación por el hecho de que los riesgos para las perspectivas de crecimiento siguen inclinándose a la baja en un contexto de incertidumbre excepcional, en el que el alcance de la contracción y la recuperación dependerán de la duración y eficacia de las medidas de contención, del éxito de las políticas fiscal y monetaria para mitigar el impacto negativo sobre la renta y el empleo, y de la medida en que la capacidad de oferta, la demanda interna y las cadenas de suministro internacionales se vean afectadas de forma permanente;

Pide una reevaluación urgente del riesgo sistémico en el sector financiero a raíz de la pandemia; acoge con satisfacción, a este respecto, la creación de un grupo de trabajo sobre la pandemia en la Junta Europea de Riesgo Sistémico; recomienda que en futuras pruebas de resistencia se incluya una evaluación cualitativa del riesgo idiosincrático;

Acoge con satisfacción los esfuerzos del BCE por mantener la estabilidad de los precios; señala que el objetivo para la inflación no se ha logrado sistemáticamente y que es necesario mantener la vigilancia; destaca que la zona del euro ha registrado deflación en los últimos meses; destaca que la deflación plantea riesgos importantes para las economías de la zona del euro, lo que podría hacer necesaria una fuerte intervención del BCE;

Acoge con satisfacción que el BCE esté debatiendo la adaptación de sus mediciones de la inflación; señala que el IPCA es un concepto muy restringido para medir la inflación que subestima la inflación en la zona del euro debido a una proporción inadecuada de los costes de la vivienda en la cesta del IPCA (3); pide que se reajuste la cesta para reflejar que los hogares europeos gastan el 24 % de sus ingresos en gastos relacionados con la vivienda; anima al BCE a que también tenga en cuenta la inflación de los precios de los activos causada, entre otras cosas, por los bajos tipos de interés; reconoce los retos para la transmisión de la política monetaria;

Toma nota del enérgico llamamiento de la presidenta Lagarde en favor de una plena armonización de las políticas fiscales y monetarias, así como de su compromiso de emplear todas las herramientas que produzcan el resultado más eficaz, eficiente y proporcionado para apoyar la recuperación económica de la zona del euro; subraya que existen importantes complementariedades entre las políticas fiscales y monetarias; acoge con satisfacción el programa del BCE de compras de emergencia en caso de pandemia destinado a ayudar a la recuperación económica de la zona del euro;

Política monetaria

10.

Acoge con satisfacción la respuesta rápida y sustancial de la política monetaria del BCE a la crisis de la COVID-19 en un contexto de emergencia; reconoce la repercusión positiva de dicha respuesta en la situación económica de la zona del euro; espera que el BCE mantenga su apoyo mientras sea necesario; toma nota de la declaración del miembro del Consejo de Supervisión del BCE Yves Mersch de que dicha flexibilidad no se ampliará a otras operaciones;

11.

Insiste en que la política monetaria por sí sola no bastará para lograr una recuperación económica sostenible; hace hincapié en que son necesarias reformas que refuercen la competitividad y la cohesión social para restablecer y reforzar el crecimiento económico en toda la Unión; considera que el potencial de la política monetaria para facilitar por sí sola la recuperación es limitado y, con el debido respeto a la independencia del BCE, pide al BCE que, dentro de los límites de su mandato, estudie la posibilidad de recurrir a otras medias políticas que puedan estimular la economía; destaca los efectos inducidos de una política monetaria muy acomodaticia, como la repercusión en los ahorradores o el riesgo de inflación de los precios de los activos; advierte a los Estados miembros de que no den por supuesto el entorno de los tipos de interés bajos, habida cuenta de que un aumento de los tipos de interés podría repercutir negativamente en los presupuestos nacionales;

12.

Advierte, no obstante, contra el riesgo de valoraciones excesivas en los mercados de renta fija, que puede resultar difícil de manejar si vuelven a subir los tipos de interés, en particular en el caso de los países objeto del procedimiento de déficit excesivo o los que tienen niveles de deuda elevados;

13.

Señala la importancia de una política monetaria activa para aliviar la presión de las limitaciones financieras sobre las pequeñas y medianas empresas; reconoce que el porcentaje de pymes con limitaciones financieras disminuyó del 18 % en el periodo 2009-2012 al 8 % en el periodo 2016-2019; subraya que la crisis de la COVID-19 está repercutiendo gravemente en las pymes; reconoce la importancia de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas en la Unión; señala, a este respecto, la necesidad de fomentar las inversiones públicas y privadas y las reformas, y pide, por tanto, mayores esfuerzos para garantizar la financiación de la economía real;

14.

Pide al BCE que supervise la proporcionalidad de la flexibilización cuantitativa en relación con los riesgos presentes en sus balances, la inflación en los precios de los activos y la posible asignación inadecuada de recursos;

15.

Observa el impacto de los tipos de interés bajos a largo plazo; subraya que los tipos de interés bajos, por un lado, ofrecen oportunidades a los consumidores, las empresas —incluidas las pymes—, los trabajadores y los prestamistas, que pueden beneficiarse de un impulso económico más vigoroso, de un menor desempleo y de menores costes de endeudamiento; reconoce la existencia de repercusiones divergentes de las políticas del BCE a escala distributiva; pide al BCE que examine el impacto de sus políticas en la desigualdad en la distribución de la riqueza; lamenta, por otro lado, el aumento del número de empresas inviables y muy endeudadas, el menor incentivo para que los Gobiernos lleven a cabo reformas que fomenten el crecimiento y la sostenibilidad, así como los efectos perjudiciales para las aseguradoras y los fondos de pensiones, y destaca la carga financiera que ello supone para muchos ciudadanos en toda la Unión;

16.

Toma nota del vínculo entre la política monetaria y el aumento de los precios de la vivienda en la zona del euro; hace hincapié en que se espera que la tasa de sobrecoste de la vivienda, pertinazmente alta, del 9,6 % en 2018, aumente a causa de la pandemia, y pide al BCE que evalúe el impacto regional y sectorial, así como el impacto sobre la equidad intergeneracional de su programa de flexibilización cuantitativa en el coste de la vida en toda la Unión;

17.

Entiende que la gravedad de la crisis ha forzado al BCE a dejar de atender a la revisión de su estrategia marco de política monetaria; toma nota del compromiso asumido por la presidenta Lagarde durante el diálogo sobre política monetaria mantenido el 28 de septiembre de 2020 de interactuar estrechamente con el Parlamento y garantizar diálogos periódicos;

18.

Destaca que cualquier revisión de la estrategia marco de la política monetaria debe considerar en profundidad la naturaleza de la economía europea, cada vez más vinculada a los servicios y digitalizada, y debe evaluar la medida en que impide la transmisión de las políticas monetarias a la economía real;

Medidas contra el cambio climático

19.

Señala, respetando la independencia del BCE, el impacto del cambio climático en la dinámica de la inflación y en los riesgos de transmisión en la política monetaria; recuerda el impacto del BCE en el mantenimiento de la estabilidad de los precios; recuerda que el BCE, como institución europea, está sometido al Acuerdo de París;

20.

Toma nota del compromiso de la presidenta Lagarde de examinar la realización de cambios respetuosos con el clima en las operaciones del BCE y de explorar todas las vías disponibles para luchar contra el cambio climático; pide al BCE que adapte su sistema de activos de garantía a los riesgos relacionados con el cambio climático y que comunique su nivel de armonización con el Acuerdo de París, así como que examine dicha adaptación en el sector bancario;

21.

Pide que se aplique un enfoque proactivo y cualitativo de gestión de riesgos que integre los riesgos sistémicos relacionados con el cambio climático;

22.

Acoge con satisfacción el hecho de que las compras de bonos verdes y su proporción en la cartera del BCE sigan aumentando;

23.

Alienta los esfuerzos para aumentar las capacidades de investigación en relación con el impacto del cambio climático en la estabilidad financiera y en la zona del euro;

Otros aspectos

24.

Pide al BCE que prosiga sus esfuerzos para garantizar la estabilidad de los mercados financieros frente a todas las posibles contingencias relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión;

25.

Expresa su preocupación ante la divergencia creciente de los saldos de TARGET2 en el interior del SEBC; toma nota de que se cuestiona la interpretación de estas divergencias;

26.

Toma nota de los resultados del análisis del Grupo de Trabajo del BCE sobre Criptoactivos; pide al BCE que aborde los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el anonimato que ofrecen los criptoactivos; pide al BCE que intensifique su control sobre el desarrollo de los criptoactivos, incluidas las monedas estables, y el aumento de los riesgos de ciberseguridad;

27.

Acoge con satisfacción el análisis y los trabajos preparatorios del BCE para la introducción de un euro digital; señala que un euro digital no constituye un criptoactivo; subraya que un euro digital tendría que satisfacer una serie de requisitos mínimos, como la robustez, la seguridad, la eficiencia y la protección de la privacidad; subraya que un posible euro digital no puede suponer un peligro para el efectivo como medio de pago; apoya la recomendación del BCE de que la emisión de un euro digital sea accesible fuera de la zona del euro, de manera coherente con los objetivos del Eurosistema, a fin de estimular la demanda del euro entre los inversores extranjeros y fomentar de este modo un mayor protagonismo del euro a nivel internacional; pide al BCE que vele por un equilibrio adecuado entre la autorización de innovaciones financieras reglamentarias en el ámbito de la tecnología financiera y la garantía de estabilidad financiera;

28.

Comparte la preocupación del BCE acerca del rápido crecimiento del sector financiero no bancario, conocido también como sistema bancario en la sombra; destaca la necesidad de una regulación adecuada en este ámbito; destaca la necesidad de que el BCE mitigue el riesgo sistémico debido al número creciente de entidades reguladas no bancarias agrupadas en torno a bancos para acceder a su sistema de pagos;

29.

Acoge favorablemente los esfuerzos que está haciendo el BCE por reforzar su capacidad de respuesta y recuperación en caso de ciberataque a su propia organización; observa con preocupación los recientes fallos técnicos del sistema de liquidación de TARGET2 en octubre y noviembre de 2020; acoge con satisfacción la investigación consiguiente de estos fallos por parte del BCE y pide que se comuniquen los resultados al Parlamento;

30.

Reconoce el éxito del BCE en la lucha contra la falsificación, como demuestra la proporción permanentemente baja de billetes falsos en el total de los billetes en circulación; acoge con satisfacción la introducción de billetes modernizados de 100 y 200 euros con elementos de seguridad mejorados en 2019; pone de relieve la importancia del efectivo como medio de pago para los ciudadanos de la Unión; pide al BCE que no reduzca aún más la cantidad de billetes diferentes en circulación;

31.

Pide al BCE que estudie las posibilidades de reforzar el papel internacional del euro, pues ello aumentaría la capacidad de la Unión para definir sus orientaciones políticas con independencia de otras potencias mundiales y constituiría un elemento fundamental para salvaguardar la soberanía económica europea; señala que hacer que el euro resulte más atractivo como moneda de reserva aumentará aún más su uso internacional; subraya que para reforzar el papel del euro es necesario profundizar la unión económica y monetaria europea; acoge con satisfacción los reiterados llamamientos del BCE para la realización de la unión bancaria; destaca que la creación de un activo seguro europeo bien diseñado podría facilitar la integración financiera y ayudar a mitigar los bucles de retroalimentación negativos entre la deuda soberana y los sectores bancarios nacionales;

32.

Acoge con satisfacción la entrada de Bulgaria y Croacia en el MTC II en julio de 2020; apoya que se tome como objetivo una fecha próxima para la adopción del euro en ambos países; acoge con satisfacción el examen exhaustivo de los bancos croatas y búlgaros por parte del BCE en julio y agosto de 2019; pone de relieve la obligación, establecida en los Tratados, de que todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, adopten la moneda única una vez que cumplan los criterios de convergencia de Maastricht;

33.

Pide al BCE que también mantenga su fructífera cooperación con los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro;

Rendición de cuentas

34.

Se hace eco de la apertura de la presidenta Lagarde a un mayor diálogo y destaca la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del BCE; hace hincapié en la necesidad de reflexionar sobre cómo puede mejorarse el control del BCE por parte del Parlamento Europeo y asimismo a través del diálogo con los Parlamentos nacionales; pide la negociación de un acuerdo interinstitucional oficial que formalice las prácticas actuales de rendición de cuentas en lo referente a las funciones monetarias y vaya más allá;

35.

Expresa su profunda preocupación ante el hecho de que únicamente dos de los veinticinco miembros del Consejo de Gobierno del BCE sean mujeres, a pesar de los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo y de miembros destacados del BCE, entre ellos su presidenta Christine Lagarde, en favor de que mejore el equilibrio de género en las candidaturas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión; insiste en que la designación de miembros del Comité Ejecutivo del BCE debe prepararse cuidadosamente, con total transparencia y junto con el Parlamento, de conformidad con los Tratados; pide al Consejo que elabore una lista selecta de candidatos con paridad de género para las vacantes que se produzcan y que la comunique al Parlamento, de manera que el Parlamento pueda desempeñar un papel consultivo con más contenido en el proceso de nombramiento; lamenta que hasta la fecha no se hayan registrado progresos satisfactorios; recuerda que la igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio constitucional que debe respetarse estrictamente;

36.

Recuerda que solo dos de los seis miembros del Comité Ejecutivo del BCE son mujeres; apunta que, pese a los numerosos llamamientos del Parlamento al Consejo para que corrigiera la falta de equilibrio de género en el Comité Ejecutivo del BCE, el Consejo no se ha tomado en serio esta petición; recuerda el compromiso del Parlamento de no tomar en consideración las listas de candidatos para las que no se haya respetado el principio de equilibrio de género; pide a los Gobiernos de los Estados miembros, al Consejo Europeo, al Consejo, al Eurogrupo y a la Comisión que trabajen activamente en pos del equilibrio de género en sus próximas propuestas de listas restringidas y nombramientos;

37.

Acoge con satisfacción los comentarios por secciones pormenorizados y sustanciales formulados por el BCE en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre el Informe Anual 2018 del BCE; pide al BCE que dé continuidad a este compromiso de rendición de cuentas y que siga publicando cada año sus observaciones por escrito sobre la Resolución del Parlamento sobre el informe anual del BCE;

38.

Toma nota de la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 5 de mayo de 2020, sobre el BCE, así como la declaración del Consejo de Gobierno del BCE de ese mismo día; reconoce la evaluación continua del BCE de la proporcionalidad de todos los programas; toma nota de la decisión subsiguiente del BCE de comunicar al Parlamento Europeo, el Gobierno federal alemán, el Bundestag alemán y el Bundesbank los documentos no públicos relacionados con el programa de adquisiciones del sector público (PSPP);

39.

Reconoce y felicita al BCE y a la presidenta Lagarde por los esfuerzos que están haciendo para mejorar la comunicación y la transparencia con el Parlamento Europeo; coincide asimismo con la presidenta Lagarde en que el BCE debe mejorar su comunicación con los ciudadanos sobre las repercusiones de sus políticas; sugiere, por otra parte, un diálogo periódico a puerta cerrada entre los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y los representantes pertinentes del BCE cuando se publique el resumen más reciente disponible de las deliberaciones del Consejo de Gobierno para evaluar las decisiones del BCE con antelación y de forma simultánea a los diálogos monetarios;

40.

Acoge con satisfacción la publicación de los dictámenes del Comité de Ética del BCE respecto a los casos de conflicto de intereses y al empleo remunerado posterior al mandato en el caso de los miembros del Comité Ejecutivo, del Consejo de Gobierno y el Consejo de Supervisión del BCE; pide al BCE que garantice la independencia de los miembros de su Comité de Auditoría Interna, se asegure de que su Comité de Ética no sea presidido por ningún expresidente ni cualquier otro antiguo miembro del Consejo de Gobierno, ni por ninguna persona que pueda tener conflictos de intereses, y dé pruebas de la misma transparencia sobre los posibles conflictos de intereses y el empleo remunerado tras el mandato;

41.

Toma nota de que el BCE está «reconsiderando» su política de permitir al economista jefe efectuar llamadas telefónicas privadas a grandes inversores tras las reuniones en las que se toman decisiones estratégicas, pero considera que esta práctica debe cesar inmediatamente, ya que no es transparente;

42.

Insiste en su llamamiento en favor de la adopción de una política reforzada en materia de denuncia de irregularidades y de una revisión de las normas del personal del BCE armonizada, como mínimo, con las normas y los objetivos establecidos en la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (4), para proteger y permitir la comunicación de los denunciantes ayudándoles a plantear sus preocupaciones con seguridad y sin temor a represalias, incluso de forma anónima de ser necesario;

43.

Pide una comunicación más pormenorizada de las cuestiones sociales y laborales, así como de los asuntos relacionados con la gobernanza, inspirada en la Directiva 2014/95/UE sobre la divulgación de información no financiera (5);

o o

44.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Banco Central Europeo.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0325.

(2) DO C 23 de 21.1.2021, p. 105.

(3) Véase «Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?» (Persistente inflación baja en la zona del euro: ¿Una mala medición más que un motivo de preocupación?) (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).

(4) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. DO L 305 de 26.11.2019, p. 17.

(5) Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.