Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 basada en la labor del Grupo ad hoc«Contribución del CESE al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021»»

(2020/C 364/01)

Ponentes

: Petr ZAHRADNIK Stefano PALMIERI Jan DIRX

En su pleno de los días 15 y 16 de julio de 2020 (sesión del 16 de junio), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 140 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones la presente Resolución.

1.   Introducción

1.1.

Como señaló en su Resolución «Propuesta del CESE para la reconstrucción y la recuperación tras la crisis de la COVID 19» (1), el CESE acoge con gran satisfacción y apoya plenamente las propuestas de la Comisión Europea: el plan Next Generation EU (el nuevo instrumento de recuperación de la Unión Europea) y el presupuesto general de la UE para 2021-2027. El Comité espera y desea que las líneas establecidas por la Comisión en estos planes, debido a la necesidad de recuperación y reconstrucción tras la crisis del coronavirus, se amplíen de manera completa y concreta en el programa de trabajo de la Comisión para 2021.

1.2.

Para el CESE, el programa de trabajo debe centrarse en la reestructuración y la mejora de nuestra economía y nuestra sociedad, de acuerdo con los siguientes principios: la protección de los derechos humanos y sociales, los valores democráticos y el Estado de derecho; la liberación de todo el potencial del mercado único; la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la creación de una economía circular y la consecución de la neutralidad climática en la UE en 2050 a más tardar; y la garantía de una buena gobernanza y la rendición de cuentas democrática.

1.3.

El CESE subraya que las seis grandes ambiciones elegidas por la Comisión (un Pacto Verde Europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo, la promoción de nuestro modo de vida europeo y un nuevo impulso a la democracia europea) proporcionan un marco poderoso para elaborar el programa de trabajo para 2021. Quizás debería hacerse más hincapié en las inversiones y la necesidad de acelerarlas, también mediante las medidas que se están adoptando actualmente. En la Comunicación de la Comisión sobre el plan de recuperación para Europa (2) pueden encontrarse algunos detalles relativos al futuro programa de trabajo, y las nuevas propuestas se reflejarán en el discurso de la presidenta de la Comisión von der Leyen sobre el Estado de la Unión en septiembre y en la Carta de Intenciones al Parlamento Europeo y al Consejo. El CESE también valora positivamente el programa de trabajo adaptado para 2020, que reacciona ante la crisis de la COVID-19 y podría dar indicaciones para la evolución en un futuro próximo.

1.4.

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya adaptado su programa de trabajo para 2020 en el marco de la recuperación de Europa para responder a la pandemia de coronavirus. Reorientó su labor y priorizó las acciones necesarias para impulsar la recuperación y la resiliencia de Europa, al tiempo que mantiene su compromiso con la consecución de sus iniciativas emblemáticas, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital, ya que estas son clave para relanzar la economía europea y construir una Europa más resiliente, sostenible, justa y próspera. Toma nota de que nueve iniciativas se han pospuesto a 2021.

1.5.

Sobre todo ahora que experimentamos la importancia de la cooperación entre países en estos tiempos de crisis, el CESE confía en que la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa dé lugar a la consolidación y la profundización de la estructura institucional de la UE y a una verdadera renovación del proyecto de la Unión, que le permita afrontar los retos de las próximas décadas. En este sentido, la Comisión puede contar con todo el apoyo del Comité.

1.6.

El CESE está convencido de que el proceso de recuperación y reconstrucción de la economía y la sociedad solo será posible con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales.

1.7.

En los capítulos y párrafos que siguen, el Comité formula sus propuestas concretas respecto al programa de trabajo para 2021 en consonancia con las seis grandes ambiciones de la Comisión.

2.   Un Pacto Verde Europeo

2.1.   El Pacto Verde

2.1.1.

El Pacto Verde de la UE también puede percibirse como una herramienta eficaz para reiniciar la economía de manera sostenible mediante inversiones de gran volumen que respalden los cambios estructurales necesarios a los que se enfrenta Europa. Desde este punto de vista, podría considerarse una oportunidad para sostener una recuperación económica a más largo plazo. Ello requiere un nuevo consenso en Europa para concentrar suficientes fuentes financieras públicas y privadas con tal fin y adoptar una nueva gobernanza para aplicarlo con éxito en la práctica.

2.1.2.

El CESE es un firme defensor de la transición a la economía circular. También aboga con entusiasmo por las políticas ambiciosas en este ámbito hasta la fecha, mediante su compromiso con la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular europea. Entre sus demandas dirigidas desde hace tiempo a la Comisión respecto a la utilización eficiente de los recursos figura una petición de revisión de la legislación en materia de diseño ecológico y la legislación pertinente en materia de política de productos, la inclusión gradual de requisitos obligatorios en materia de eficiencia de los recursos para el diseño de productos, y la adopción de nuevos procedimientos de contratación pública para fomentar los productos circulares y nuevos modelos de negocio, teniendo en cuenta a la vez las circunstancias económicas posteriores a la COVID-19 y una viabilidad real de dichos cambios.

2.1.3.

El CESE toma nota de que la revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera, con vistas a mejorar la calidad y el alcance de los informes no financieros, incluidos los relativos a aspectos medioambientales como la biodiversidad, se ha pospuesto a 2021. El CESE cree que las políticas tributarias en general deben reformarse con arreglo a las ambiciones formuladas en el terreno del clima, y que los sistemas tributarios y de fijación de precios deben reflejar los costes medioambientales, incluida la pérdida de biodiversidad. Esto debería fomentar cambios en los sistemas tributarios nacionales para que la presión fiscal se transfiera del trabajo a la contaminación, los recursos depreciados y otras externalidades ambientales. Deben aplicarse los principios de «el usuario paga» y «quien contamina paga» para prevenir y corregir la degradación del medio ambiente.

2.1.4.

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la biodiversidad se integrará en todos los ámbitos de la formulación de políticas, tal como se refiere en la Comunicación relativa a la Estrategia sobre biodiversidad de aquí a 2030 (3). El CESE acoge asimismo con satisfacción que la Comisión ponga en marcha un nuevo marco europeo de gobernanza de la biodiversidad. Ese marco contribuirá a la confección de un inventario de compromisos y obligaciones y establecerá un programa para orientar su cumplimiento. Asimismo, ello redundaría en beneficio tanto de la PAC como del sistema alimentario europeo, que de este modo podrían seguir evolucionado hacia una mayor sostenibilidad. En el marco de dicho cumplimiento, la Comisión pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento y revisión con un conjunto inequívoco de indicadores convenidos, lo que permitirá una evaluación periódica de los avances obtenidos y el establecimiento de medidas correctivas en caso necesario. Este mecanismo debe resultar de gran utilidad en el momento de la revisión de la aplicación de la política medioambiental y contribuir al Semestre Europeo.

2.1.5.

El CESE acoge con satisfacción la Ley Europea del Clima, que establece un objetivo común jurídicamente vinculante de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2050, así como un marco para alcanzar tal objetivo. Por ello, el CESE considera que la propuesta de Ley Europea del Clima constituye uno de los instrumentos para contribuir a esta deseada y necesaria reconstrucción de la economía europea (4). A más tardar en septiembre de 2020, la Comisión desea presentar su revisión del objetivo de la Unión para 2030 en materia de clima a la luz del objetivo de neutralidad climática y estudiar opciones en relación con un nuevo objetivo para 2030 de reducción de las emisiones de entre el 50 y el 55 % en comparación con los niveles de 1990, así como presentar las correspondientes propuestas legislativas antes de mediados de 2021. El CESE insta a la Comisión a que opte por una reducción mínima del 55 % de aquí a 2030, con las correspondientes propuestas legislativas, a fin de responder por su parte a la enorme necesidad de reducir las emisiones a escala mundial (5).

2.1.6.

La participación de todos los ciudadanos, a través de las organizaciones, asociaciones y redes de la sociedad civil, hará verdaderamente posible el proceso de reforma de la economía y la sociedad. Por lo tanto, los Estados miembros y la UE deben garantizar que, en este complejo proceso, nadie se quede atrás, y en particular, los más vulnerables.

2.1.7.

Los compromisos en materia de acción por el clima y sostenibilidad deben constituir la vanguardia de la política de recuperación y reconstrucción, que no puede seguir confinando a la Unión en un futuro con altas emisiones de carbono.

2.1.8.

El marco financiero plurianual (MFP) deberá aumentar y asignar fondos suficientes para atender las necesidades de inversión, con el fin de lograr una transición ecológica profunda y real. También es importante seguir priorizando otros asuntos medioambientales como la protección del suelo, la tierra y el mar, cuya prioridad no debe rebajarse tras la crisis de la COVID-19.

2.1.9.

Se requiere una mejora adicional de la seguridad energética a todos los niveles y de la resiliencia de la sociedad, por ejemplo, mediante programas de renovación de edificios. La cooperación transfronteriza y las interconexiones en el conjunto de la UE en materia energética siguen siendo importantes, al igual que la necesidad de promover una mayor diversificación de las fuentes de suministro, por ejemplo, mediante la disposición de una gama más amplia de energías renovables y soluciones de almacenamiento de energía.

2.1.10.

Una ocasión única para acelerar el progreso hacia la consecución del objetivo de neutralidad climática de la UE consiste en potenciar el uso de electricidad renovable y con bajas emisiones de carbono mediante la electrificación de sectores que siguen dependiendo actualmente de fuentes de energía fósiles. Los planes energéticos y climáticos nacionales constituyen un paso importante para garantizar la Unión de la Energía y el Pacto Verde Europeo.

2.1.11.

En el contexto del objetivo establecido en la Ley Europea del Clima de que la UE alcance la neutralidad climática de aquí a 2050, es necesario prestar especial atención al sector del transporte. De hecho, las emisiones de CO2 generadas por este sector siguen creciendo, pero para 2050 se necesitará una reducción del 90 % de estas emisiones para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática.

2.1.12.

El CESE ha solicitado que se actualice la estrategia forestal de la UE para después de 2020, como parte integrante del Pacto Verde Europeo. La nueva estrategia podría proyectarse de manera viable hasta 2050. La importancia de los bosques, la silvicultura y las industrias forestales en la consecución de dichos objetivos debería reconocerse en todos los sectores y traducirse en una optimización de la cooperación intersectorial.

2.1.13.

El CESE considera que la acción en materia de adaptación puede contribuir de manera significativa a que la transición sostenible y la reconstrucción tras la COVID-19 se realicen de una manera más justa. Las comunidades y regiones que se ven más afectadas que la media por los efectos adversos del cambio climático deben recibir ayuda para responder a estos efectos y riesgos percibidos. Tal es especialmente el caso de las comunidades y regiones cuyas emisiones de GEI actuales e históricas están por debajo de la media.

2.1.14.

El CESE valora que, en el programa de trabajo adaptado de la Comisión para 2020, el tema del Pacto Verde Europeo se aborde de manera suficiente y se distribuya de manera más bien uniforme entre sus partes principales. Subraya especialmente la atención prioritaria prestada a la financiación de la transición sostenible, y en particular al Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y al Fondo de Transición Justa. También las otras áreas de interés mencionadas en el programa de trabajo adaptado, como la movilidad sostenible e inteligente, la producción y el consumo sostenibles, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios o la descarbonización de la energía, son especialmente pertinentes para ser prioridades en la consecución de este objetivo. El CESE cree que, también en el programa de trabajo de la Comisión de 2021, sus prioridades se centrarán en estas iniciativas.

2.2.   Las prioridades de inversión

2.2.1.

El dinero público que se invierta en los planes de recuperación deberá no solo contribuir a restaurar la economía y la sociedad europeas, sino también a reducir drásticamente el impacto de nuevas perturbaciones, optando por una economía resiliente, inclusiva y respetuosa con el clima (la denominada «economía del bienestar»).

2.2.2.

La taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE debería orientar la inversión pública y privada durante el proceso de recuperación, a fin de acelerar la transición desde los sectores contaminantes hacia los sectores ecológicos.

2.2.3.

Es necesario garantizar que el nuevo MFP asigne recursos significativos a la ejecución de los ODS y a la lucha contra el cambio climático, al tiempo que se elimina gradualmente la financiación contraproducente (p. ej., de combustibles fósiles).

2.2.4.

La economía europea ha registrado un déficit de inversiones durante la mayor parte de la década posterior a la crisis, después de 2009. Para alcanzar unos resultados suficientes en este terreno, es imprescindible recuperar la inversión. Por este motivo, el CESE valora positivamente la propuesta de un Plan de Recuperación, representado fundamentalmente por el Programa Next Generation EU y sus pilares, y el MFP 2021-2027 adaptado. Next Generation EU puede considerarse una medida extraordinaria, pero también necesaria y urgente, para mejorar el entorno de inversión en la UE. Esto se explica con mayor detalle, por ejemplo, en el Dictamen ECO/523 del CESE (6).

2.2.5.

El CESE señala que las inversiones no representan un objetivo político de la Comisión para su mandato hasta 2024 y que, además, en las iniciativas concretas, no se encuentran adecuadamente representadas en el programa de trabajo adaptado de 2020. Por tanto, el CESE recomienda la incorporación de las iniciativas basadas en la inversión en su programa de trabajo para 2021, incluido el esfuerzo por movilizar inversiones privadas en favor del futuro desarrollo económico sostenible de la UE.

3.   Una Europa adaptada a la era digital

3.1.

La crisis del coronavirus demuestra que la revolución digital es un aspecto importante del refuerzo de la resiliencia de nuestras sociedades ante las crisis. Se considera primordial invertir en la digitalización de los servicios esenciales y potenciar la capacidad de gobiernos, legisladores e instituciones públicas para prestar servicios en época de crisis. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta que las tecnologías digitales constituyen una herramienta y no un fin en sí mismo. Es necesario asumir la responsabilidad pública del marco en el que se encuentran las tecnologías digitales y orientarlo hacia normas de elevada sostenibilidad, con inclusión de sólidas salvaguardas democráticas y tecnológicas, acompañadas de medidas de apoyo en materia de coste y conocimiento que no dejen a nadie atrás. Esto implica, en consonancia con el Acta Europea de Accesibilidad, la necesidad de velar por que la revolución digital garantice la accesibilidad de los más de 100 millones de personas con discapacidad en la UE.

3.2.

La digitalización es a la vez una oportunidad y un riesgo para la recuperación. Se trata del ámbito de la innovación que puede situar a la UE en la vanguardia, como en el caso de la tecnología de cadena de bloques, donde la UE ocupa una posición de liderazgo. La cadena de bloques como tecnología (no el bitcoin) conlleva valores democráticos, y brinda transparencia y la mejora de las estructuras de gobierno. Con todo, deben gestionarse los riesgos inherentes a la digitalización, como más desempleo, marginación digital y exclusión social. Además, hay que encontrar maneras de aprovechar las oportunidades y equilibrar los riesgos al mismo tiempo, en un panorama en el que la UE procura mantener su competitividad a escala mundial.

3.3.

Es importante preservar el modelo europeo de derechos, normas y políticas de consumo. Esto es lo que hace que la UE sea única. Por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, el código ético de la UE en materia de inteligencia artificial (IA) separa la visión de la Unión basada en el concepto de «control humano» de la de otras regiones. Este enfoque, basado en los derechos y las libertades fundamentales, forma parte del modelo de la UE y debe preservarse a pesar del clima sumamente competitivo que está emergiendo en estos momentos.

3.4.

El CESE subraya la importancia de la digitalización en todos los sectores de la sociedad, en particular a través del teletrabajo y los servicios digitales, incluidos el comercio electrónico y la sanidad electrónica.

3.5.

La pandemia ha puesto de relieve que la digitalización en la educación no es accesible de manera equitativa en la sociedad, lo que podría dar lugar a ulteriores problemas en los resultados académicos y las oportunidades educativas. Por tanto, es necesario adoptar medidas que apoyen a los grupos desfavorecidos y contribuyan así a evitar la segregación.

3.6.

También es necesario actualizar de manera continua el marco jurídico de la inteligencia artificial y la digitalización, con el fin de mantenerse al día respecto a los avances técnicos y, en particular, abordar la cuestión de la seguridad de las comunicaciones digitales, tanto en lo que se refiere a las redes como a los contenidos.

3.7.

El CESE toma nota de que la Comisión aplaza a 2021 la propuesta legislativa sobre el impacto de la inteligencia artificial en lo que atañe a la seguridad, la responsabilidad, los derechos fundamentales y los datos. Solicita a la Comisión que: i) promueva el carácter multidisciplinar en la investigación, integrando otras disciplinas como el derecho, la ética, la filosofía, la psicología, las ciencias del trabajo, las humanidades, la economía, etc.; ii) implique a las partes interesadas relevantes (sindicatos, organizaciones profesionales, empresariales y de consumidores, ONG) en el debate en torno a la IA y como socios en condiciones de igualdad en la investigación financiada por la UE y otros proyectos, como la asociación público-privada en materia de inteligencia artificial, los diálogos sectoriales y el programa Adopt AI en el sector público y el centro de referencia; y iii) siga educando e informando al público general sobre las oportunidades y los retos que plantea la IA. Recomienda asimismo que la Comisión considere más detenidamente el impacto de la IA en todo el abanico de derechos y libertades fundamentales, incluido, entre otros, el derecho a un juicio justo, a elecciones justas y abiertas, y de reunión y manifestación, además del derecho a no ser discriminado. El CESE sigue estando en contra de la introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para la IA. Esto socavaría el efecto corrector preventivo de la ley de responsabilidad y plantea un grave riesgo moral tanto en el desarrollo como en el uso de la IA, en los casos en que da lugar a oportunidades de abuso (7).

3.8.

Debido al creciente uso de teléfonos inteligentes y a la introducción de las redes 5G, la preocupación por la interoperabilidad entre aplicaciones y redes en toda la Unión Europea, especialmente en situaciones de emergencia, reviste gran importancia.

3.9.

Dados los últimos avances en la digitalización y su creciente impacto en la vida privada, social y laboral y en todos los sectores, resulta esencial procurar que se adquieran competencias digitales y emprender acciones contra la brecha digital para los ciudadanos.

3.10.

Muy acertadamente, la preparación de Europa para la era digital constituye una de las prioridades clave, visiblemente representada asimismo en el programa de trabajo adaptado de 2020. El CESE valora el gran esfuerzo de la Comisión Europea por avanzar en áreas como la inteligencia artificial, los servicios digitales, la ciberseguridad, los dispositivos y las soluciones digitales para los consumidores, así como en la de las finanzas digitales. El CESE acoge con especial satisfacción el sólido componente digital incorporado a la propuesta sobre un nuevo modelo de industria para Europa. La digitalización también es visible en el Paquete de Servicios de Aviación. El CESE también respeta enormemente que la digitalización se refleje en las áreas prioritarias propuestas del Espacio Europeo de Investigación.

4.   Una economía al servicio de las personas

4.1.

Necesitamos reconstruir nuestra gobernanza económica sobre la base de un sistema económico europeo resiliente, sostenible e integrador. Nos proponemos alcanzar no solo una recuperación económica mecánica, sino más bien un cambio cualitativo de la gestión y la gobernanza de la política económica.

4.2.

El impacto total de la crisis está aún por determinar, y la reconstrucción y la recuperación requerirán un esfuerzo considerable. Por tanto, es urgente una rápida aplicación de las propuestas de mayo de 2020 relativas a un instrumento de recuperación y a un MFP reforzado. También tenemos que estar preparados para medidas y enmiendas que sumar a las ya adoptadas, si así lo justifica la evolución de la situación.

4.3.

Se invita a la Comisión a seguir utilizando el Semestre como factor impulsor de la recuperación sobre la base de las prioridades de inversión y reforma identificadas como parte del Semestre Europeo. El Comité acoge favorablemente la reciente prioridad otorgada a la mejora en la inclusión de los asuntos sociales y el Pacto Verde Europeo, así como la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Semestre. A lo largo de este, la Comisión debería ayudar a los Estados miembros de la zona del euro a tomar todas las medidas necesarias para garantizar una mayor convergencia e integración en el ámbito económico. Se incluye aquí una orientación fiscal positiva agregada para la zona del euro en su conjunto con el fin de poder avanzar en la salida de la crisis actual.

4.4.

Todas las prioridades y acciones descritas en los demás ámbitos de la formulación de políticas anteriores conllevarán la necesidad de formular un nuevo marco de gobernanza económica que responda a los retos de la situación macroeconómica actual y posibilite la ejecución de políticas estratégicas industriales, de competitividad, sociales, medioambientales y comerciales por parte de la Unión y sus Estados miembros. A principios de 2020, la Comisión lanzó una amplia consulta pública sobre este tema, pero se vio interrumpida a causa de la crisis del coronavirus y la aplicación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No es posible pensar que en 2021 podremos volver a aplicar automáticamente el Pacto. Por tanto, la Comisión debería retomar la cuestión con nuevas iniciativas para promover una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de garantizar simultáneamente la estabilidad y el crecimiento.

4.5.

En este contexto, el CESE exige un ajuste macroeconómico más simétrico, compartido tanto por los Estados miembros con déficit como por los que registran superávit. Todos los Estados miembros han de poder invertir más en servicios públicos porque, como ha demostrado la crisis, estos desempeñan un papel crucial en la tarea de salvar la vida de las personas y hacer frente a la pandemia. Además, los líderes europeos han de considerar la denominada «regla de oro» al volver a aplicar las normas fiscales de la UE, eximiendo a ciertas inversiones públicas de las estimaciones de déficit y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los niveles de deuda existentes.

4.6.

Por último, hace tiempo que se solicita un mecanismo permanente de estabilización fiscal de la zona del euro, ya que supondría un enorme apoyo para las políticas anticíclicas de la Unión en caso de futuros crisis. Este mecanismo contribuiría a la estabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las haciendas públicas nacionales y marcaría el paso siguiente necesario en la profundización de la Unión Económica y Monetaria de Europa.

4.7.

La recuperación posterior a la COVID-19 dependerá fundamentalmente de la capacidad de los mercados financieros europeos para garantizar una liquidez suficiente. El correcto funcionamiento de los mercados financieros y el aumento de la capacidad de compartir riesgos financieros también son necesarios para elevar la resiliencia de la economía europea. En este sentido, la ulterior armonización e integración de los mercados financieros europeos debe continuar sin demora, incluida la culminación de la Unión Bancaria y el fortalecimiento de la Unión de Mercados de Capitales. Al revisar las normas prudenciales de los bancos con el fin de aplicar los acuerdos restantes del marco de Basilea, han de tenerse en cuenta las especificidades del panorama bancario de la UE. Además, es crucial que los mercados financieros puedan apoyar la transformación ecológica y digital. El CESE considera que deben redoblarse los esfuerzos para integrar la sostenibilidad en el sector financiero y, por tanto, acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de renovar su Estrategia de Financiación Sostenible.

4.8.

El CESE cree firmemente que, en el contexto de la digitalización de la economía, todo cambio en las normas de reparto entre países de los derechos de fiscalidad sobre los beneficios entre países debe coordinarse a escala mundial y, por tanto, acoge con satisfacción la estrecha cooperación existente entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE/G20 para apoyar el desarrollo de una solución internacional. Si no se logra alcanzar una solución a escala internacional, la UE deberá actuar por su cuenta. La lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos, así como contra el blanqueo de capitales, deben seguir siendo la máxima prioridad de la agenda.

4.9.

La política de cohesión desempeñará un papel clave para garantizar una recuperación equilibrada, fomentar la convergencia y asegurarse de que nadie se quede atrás. La flexibilidad financiera resulta verdaderamente crucial para los programas de cohesión y brindará a los Estados miembros la posibilidad de transferir los fondos con arreglo a sus necesidades para abordar la crisis. El CESE cree que debe establecerse un calendario realista para que los fondos se asignen a los Estados miembros lo antes posible. La política de cohesión de la UE en 2021-2027 debe seguir centrándose en la competitividad económica mediante la investigación y la innovación, la transición digital y la agenda del Pacto Verde Europeo y el desarrollo sostenible.

4.10.

La crisis sanitaria y económica causada por el brote de COVID-19 exacerbó las desigualdades de riqueza y renta existentes y puso de relieve claramente la necesidad de un nuevo modelo social, que contribuya en mayor medida a la cohesión económica y social, a la productividad y a una distribución más justa de la riqueza. La Comisión debe abordar ahora con urgencia el seguimiento de las propuestas anteriores del CESE que ayudarían a revertir la tendencia a una desigualdad creciente, que está generando una brecha entre los diferentes Estados miembros y grupos sociales y que ha contribuido al auge de movimientos y partidos extremistas. A tal efecto, se requiere una acción decisiva de la UE que complemente los esfuerzos de los Estados miembros por impulsar la inversión en infraestructuras sociales (educación y aprendizaje permanente; sanidad, asistencia a largo plazo y atención social; vivienda asequible), desarrollar activos públicos que aborden las brechas del sistema de mercado, desplazar gradualmente los ingresos fiscales de los impuestos sobre el trabajo hacia una tributación más basada en la riqueza; desarrollar un mecanismo transparente de seguimiento y consolidación de datos sobre todas las rentas y el patrimonio; establecer un registro de accionistas corporativos a escala europea, etc.

4.11.

En el contexto de la crisis de la COVID-19, la Comisión también debería dar seguimiento a iniciativas anteriores de consolidación y fomento del papel de Europa como agente económico global. Debe seguir analizando y proponiendo vías y medios más específicos para reforzar el papel internacional del euro, diversificar las cadenas de suministro, y promover las reglas y normas europeas en determinados sectores estratégicos, garantizar una respuesta europea más resiliente a las sanciones extraterritoriales de terceros países, y avanzar gradualmente hacia una representación europea unificada en los foros financieros internacionales.

4.12.

La prosperidad económica debe disociarse de la degradación medioambiental y el agotamiento social. Modelos como la economía circular, la economía cooperativa y la economía colaborativa brindan nuevas oportunidades para el empleo, la propiedad y la innovación, y transforman las relaciones entre productores, distribuidores y consumidores, haciendo que, de este modo, todos los agentes adquieran mayor resiliencia ante las crisis, siempre y cuando estén debidamente regulados. Además de la correcta aplicación del nuevo Plan de acción para la economía circular y la continuación de la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular europea del CESE y la CE, entre las principales prioridades figuran la promoción de una estrategia global en materia de consumo sostenible, el desarrollo de nuevos indicadores para sustituir el uso inadecuado del PIB y la adaptación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE para tener en cuenta la sostenibilidad y el bienestar.

4.13.

Es necesario reconstruir una sociedad en la que se fortalezcan los servicios de interés general consagrados en el artículo 14 del TFUE, que se ocupa de los servicios de interés económico general (SIEG), el Protocolo 26 sobre los servicios de interés general (SIG) anexo al TFUE, y el pilar europeo de derechos sociales, en particular, así como en los servicios sanitarios y sociales, las comunicaciones electrónicas, el transporte público, la energía, el agua y la recogida de residuos, y un programa de inversión complementario.

4.14.

Los conceptos de desarrollo económico modernos se basan no solo en los criterios de prosperidad, rentabilidad y eficiencia, sino también en el respeto de los requisitos sociales y medioambientales y en la eliminación de todo tipo de externalidades negativas y fallos de mercado. Como lección de la reciente crisis de la COVID, la economía también tiene que ser lo suficientemente resiliente y fuerte como para poder abordar futuras crisis. Para ello, se recomienda encarecidamente la supresión de desequilibrios estructurales.

4.15.

La economía moderna también requiere un adecuado funcionamiento del mercado en todos sus segmentos, incluidos los creados recientemente (economías virtuales, compartidas, circulares, digitales). Por este motivo, también resulta apropiado un mejor funcionamiento de la intermediación financiera, lo que, en el contexto de la UE, conlleva especialmente la profundización de la Unión de los Mercados de Capitales y la culminación de la Unión Bancaria. A fin de avanzar en el apoyo al cambio a una economía más sostenible, también hay que ajustar el sistema de fiscalidad para que este participe en el proceso de transformación.

4.16.   El Mercado Único

4.16.1.

El mercado único ocupa un lugar central en el edificio europeo. Un mercado único que funcione estimula la competencia, mejora la eficiencia, aumenta la calidad y contribuye a reducir los precios. El mercado único europeo es sin duda uno de los mayores logros de la UE. Por lo tanto, es fundamental examinar la manera en que el funcionamiento del mercado interior puede estimular o dificultar la recuperación económica tras la crisis sanitaria.

4.16.2.

La coherencia y la unidad del mercado único se han puesto a prueba duramente durante la reciente pandemia de COVID. Se pusieron de relieve algunas áreas en las que el mercado único se vio gravemente afectado y paralizado, especialmente en lo que atañe a la libre circulación de personas. La continuidad de las cadenas de suministro transfronterizas también resultó perjudicada. El volumen de comercio transfronterizo en la UE se deterioró en cifras de dos dígitos en términos interanuales. Sin embargo, su núcleo se mantuvo y sobrevivió. El principal reto en este ámbito actualmente consiste en recuperar todos los flujos transfronterizos naturales dentro de la UE y desmantelar las barreras existentes al mercado único que comenzaron incluso a acelerarse recientemente con ciertas estrategias y conceptos nacionales implementados tras la anterior crisis.

4.16.3.

Existe la posibilidad de promover la innovación social como modelo de recuperación a través de la cocreación, el codiseño y la coproducción. En un panorama social complejo con inmensos desafíos sociales, la única vía consiste en movilizar todos los recursos de la sociedad, trabajando de manera intersectorial y multidisciplinaria en la búsqueda de soluciones. La sociedad civil organizada es un catalizador de innovación social, un movimiento que ha contribuido a la concepción de sistemas de bienestar que han dado lugar a nuevas políticas, estructuras, productos, servicios y métodos de trabajo. Ahora la participación de la sociedad civil es más necesaria que nunca, y la verdadera innovación social depende de esta participación.

4.16.4.

La Estrategia para el Mercado Único está en el centro del proyecto europeo, permitiendo que las personas, los servicios, los bienes y los capitales circulen más libremente, ofreciendo oportunidades a las empresas, los consumidores y los trabajadores europeos. Es necesario tomar medidas para liberar plenamente su potencial y eliminar barreras. Además, a raíz de la crisis y otros aspectos de un entorno cambiante, como la digitalización, el mercado único debe adaptarse plenamente a las nuevas ideas y modelos de negocio. Se trata, por lo tanto, de restaurar, revitalizar y reconstruir el mercado único como instrumento de recuperación. Las acciones a corto plazo comprenden la apertura inmediata de las fronteras. Además, es necesario actuar a corto plazo en dos vertientes: abordar las tensiones y reactivar la economía y la productividad.

4.16.5.

Las condiciones de competencia «desiguales», que están emergiendo actualmente, son motivo de gran preocupación. Los paquetes de medidas de incentivación de los Estados miembros son extremadamente diversos y han dado lugar (a pesar de la loable intención de absorber parte de la perturbación de la demanda) a unas condiciones de competencia desiguales entre los Estados miembros. Además, las ayudas estatales deben abordarse y analizarse desde un punto de vista sectorial, examinando el modo en que, a corto y largo plazo, estas acciones distorsionarán tanto la competencia como las condiciones de competencia equitativas.

4.16.6.

Necesitamos productividad en la economía real (lo que se traduce en empleo, poder adquisitivo y productos y servicios básicos). Esta productividad puede adoptar formas diferentes y ser generada por modelos de negocio diversos, pero es necesario actuar en este ámbito para evitar que siga aumentando la desigualdad. Esta reactivación requiere la adopción de paquetes de medidas de apoyo y un entorno favorable para las pymes y la industria. Las pymes, como es sabido, constituyen la columna vertebral de la economía europea y requieren un apoyo específico, pero sin cargas adicionales ni burocracia. La recuperación solo será posible para estas empresas si se les ofrece apoyo financiero a escala nacional y de la UE. En este caso, las subvenciones, los préstamos, la garantía de liquidez, los incentivos fiscales, la creación de condiciones favorables para retener y contratar personal, la revisión de la legislación sobre quiebras y otras ayudas resultarán cruciales. En lo que se refiere a las leyes sobre quiebras, la UE debería adoptar medidas legislativas para permitir que las pequeñas empresas en situación de quiebra debido a la crisis de la COVID-19 estén en condiciones de volver a ponerse en marcha rápidamente. Estas medidas deberían estar limitadas en el tiempo.

4.17.   Estrategia industrial

4.17.1.

Muchos de los puntos anteriores también son plenamente válidos en términos generales para la estrategia industrial. No obstante, la industria europea se enfrenta no solo a un desafío para la mejora del mercado único, sino también, a diferencia de lo que se refiere a los servicios, a cambios estructurales fundamentales, que atañen principalmente a la minería del carbón y las industrias pesadas con altas emisiones de carbono.

4.17.2.

La esencia de la nueva estrategia industrial para Europa consiste en lograr la coexistencia entre una industria europea moderna y sólida, y los retos derivados de los requisitos climáticos y medioambientales. El CESE está convencido de que esta coexistencia es viable y de que, si tiene éxito, puede proporcionar una ventaja comparativa global a Europa. Por otra parte, el CESE es plenamente consciente y respeta los enormes costes relacionados con esta transición y apoya su atenuación y compensación de manera adecuada y con respeto por las posibilidades económicas.

4.18.   Sistemas sanitarios

4.18.1.

Por encima de otras consideraciones, una de las principales lecciones extraídas de la crisis del coronavirus es que los sistemas de salud en casi todos los países europeos deben fortalecerse, ante todo centrándose en la prevención. El impacto del coronavirus está sometiendo a los sistemas sanitarios de toda Europa a una enorme tensión. Si bien la responsabilidad de la atención médica incumbe al nivel nacional, la propagación del virus no conoce fronteras. Afecta a toda Europa, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas que exigen una respuesta común a nivel europeo.

4.18.2.

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la dependencia de la UE de importaciones de productos médicos procedentes de terceros países. Las inversiones en protección de la salud, asistencia sanitaria, servicios de atención a largo plazo, asistencia sanitaria preventiva y políticas de salud y seguridad en el trabajo (con un enfoque basado en el ciclo de vida), son necesarias y han de recibir el apoyo de las instituciones de la UE.

4.18.3.

La crisis del coronavirus ha dejado claro que las multinacionales farmacéuticas ejercen un enorme poder. A fin de aumentar el grado de independencia de la industria farmacéutica, también debe crearse un cuantioso fondo europeo de investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. Las instituciones de la UE han de contar con las competencias necesarias para coordinar el suministro, la distribución y los precios de los equipos médicos y de protección esenciales en el mercado único.

4.18.4.

El CESE reclama una estrategia sobre productos químicos para la sostenibilidad que garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, minimizando al mismo tiempo la exposición a sustancias químicas peligrosas. La nueva estrategia deberá ser plenamente coherente con el Pacto Verde Europeo.

4.18.5.

Es necesario recuperar la confianza de los pasajeros en el transporte con especial consideración para el transporte público. Esto exige, entre otras medidas, el refuerzo de la seguridad sanitaria de los pasajeros (por ejemplo, en lo que atañe a los sistemas de aire acondicionado, la detección de personas enfermas, las medidas de limpieza y desinfección, etc.). En este contexto, los derechos de los pasajeros deben reconsiderarse e incluso reforzarse (por ejemplo, el reembolso de viajes cancelados).

5.   Una Europa más fuerte en el mundo

5.1.

La UE debe reforzar y apoyar su posición global en cuanto a desempeñar un papel más importante y estratégico en la economía y la política mundiales. Esta posición se ha debilitado en la última década. La economía de la UE tiene potencial para aprovechar mejor sus ventajas comparativas en el mercado mundial del comercio y la inversión, especialmente en los sectores manufacturero y de servicios innovadores avanzados, junto con la ambición para ser un líder mundial. Este esfuerzo debe ir acompañado de una representación mejor y más eficaz de la UE en las principales organizaciones mundiales, donde debe expresarse con una sola voz. El CESE pide a la Comisión Europea que haga un esfuerzo importante para reflejar de forma más concreta la necesidad de reforzar la posición global de la UE en su programa de trabajo para 2021.

5.2.

La UE debe seguir apoyando el enfoque multilateral en materia de comercio. La incorporación de las normas sociales, laborales y de desarrollo sostenible (8) a las reglas de la OMC y de otras agencias relacionadas de las Naciones Unidas podría contribuir de manera sustancial a la construcción de un nuevo orden económico y comercial equitativo y a una globalización justa e inteligente. Al mismo tiempo, debe oponerse a las medidas para establecer nuevos obstáculos y restricciones en la economía mundial.

5.3.

Una de las lecciones concretas de la crisis de la COVID-19 es que la UE debería estudiar con más atención la protección de sus activos e inversiones estratégicos y reforzar el control en ámbitos en los que existe el riesgo de que se haga un uso político indebido de una operación de inversión en un sector estratégico.

5.4.

Después del Brexit, la UE debe centrarse no solo en reforzar su coherencia y unidad, sino que, en los casos pertinentes, no debe olvidar la continuación del proceso de ampliación que se ha retrasado recientemente, a pesar de algunos avances, sobre todo respecto de la adhesión de algunos países candidatos de los Balcanes Occidentales. La ampliación podría contribuir en gran medida a eliminar las incertidumbres políticas y económicas y a aumentar la estabilidad en esta parte de Europa.

5.5.

En la última década, la situación geopolítica ha empeorado, algo que también afecta a los territorios más cercanos a la frontera exterior de la UE. Para apoyar la estabilidad y mejorar las relaciones mutuas con la UE, debe mantenerse la iniciativa de una asociación estratégica y una política de vecindad integradora. Esta debe reaccionar con flexibilidad a las nuevas circunstancias y basarse en el respeto común y en los beneficios que aporta a ambas partes.

5.6.

La cambiante situación geopolítica y las consecuencias de la reciente crisis migratoria, así como el deterioro de las relaciones exteriores en el mundo con muchos nuevos fenómenos que entrañan riesgos, también han desplazado el espectro de la asistencia y la ayuda al desarrollo de la UE. El próximo MFP cuenta con un enorme aumento de recursos financieros para este fin y se prevé incluir el Fondo Europeo de Desarrollo en dicho marco. El CESE apoya esta actividad y subraya la necesidad de prestar especial atención a África para ayudar a este continente a superar una difícil situación política, económica, social y medioambiental.

5.7.

Es necesario relanzar el papel estratégico geopolítico de la UE en la promoción de los procesos de paz en el mundo, con el fin de reactivar las oportunidades de desarrollo económico en la vecindad de la UE: Balcanes Occidentales, Euromed, Asociación Oriental y otras zonas conflictivas.

6.   Promoción de nuestro modo de vida europeo

6.1.   Las medidas sociales

6.1.1.

Más allá de las cuestiones económicas y medioambientales, el programa de trabajo de la UE en 2021 debe estar impulsado por la dimensión social. Esto significa que su compromiso con una Europa social y sostenible será prioritario. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel importante. Existe la posibilidad de promover la innovación social como modelo de recuperación a través de la cocreación, el codiseño y la coproducción. En un panorama social complejo con inmensos desafíos sociales, la única vía consiste en movilizar todos los recursos de la sociedad, trabajando de manera intersectorial y multidisciplinaria en la búsqueda de soluciones. La sociedad civil organizada es un catalizador de la innovación social.

6.1.2.

Es necesario desarrollar una comprensión más amplia sobre qué es una «transición justa» (más allá del carbón) y aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales, impulsando al mismo tiempo reformas de los sistemas redistributivos, el equilibrio entre vida privada y vida laboral y la igualdad de género.

6.1.3.

La aplicación del pilar europeo de derechos sociales (PEDS) a escala de la UE en todos los Estados miembros constituye un paso importante para emprender de manera proactiva un proceso de convergencia social de abajo arriba. Las directrices políticas de la Comisión prometían una transición justa para todos hacia una economía de mercado social y ecológica. En este contexto, la Comisión presentó una hoja de ruta sobre «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas», que puso en marcha un debate con los países, regiones y socios de la UE respecto a los compromisos concretos con la ejecución del pilar para lograr avances a escala de la UE, nacional, regional y local hasta noviembre de 2020 (9). Sobre la base de las aportaciones recibidas, la Comisión presentará a principios de 2021 un Plan de acción para la aplicación del pilar social. En el anexo a la hoja de ruta se recogen propuestas adicionales para 2021. Entre ellas figura una garantía infantil, un plan de acción para la economía social, una estrategia en materia de discapacidad, y una visión a largo plazo para las zonas rurales (10).

6.1.4.

En el contexto de la hoja de ruta, la Comisión puso en marcha una primera fase y, posteriormente, una segunda fase de consulta a los interlocutores sociales sobre el salario mínimo justo (11). El CESE espera una posible iniciativa jurídica de próxima aparición de la Comisión respecto a un salario mínimo justo y digno. El objetivo debería ser garantizar que los salarios mínimos en todos los Estados miembros de la UE proporcionen a todos los trabajadores un nivel de vida digno. El CESE acoge con satisfacción que la Comisión reconoce que hay margen para que la UE promueva el papel de la negociación colectiva en apoyo a la adecuación y la cobertura del salario mínimo y que las medidas de apoyo a la negociación colectiva, particularmente a escala sectorial, deben incluirse en la iniciativa de la UE sobre salarios mínimos (12).

6.1.5.

La complejidad de la dimensión social de la UE es tal que su fortalecimiento requiere la disposición de mecanismos de gobernanza que permitan la resolución colectiva de problemas por parte de diversos agentes de diferentes sectores. El papel del diálogo social es clave. Una recuperación social sólida requiere asimismo un mejor acceso a los sindicatos y una mejor protección. Debería apoyarse la negociación colectiva y la democracia en el lugar de trabajo. La UE y los Estados miembros deben apoyar a los interlocutores sociales con el fin de impulsar de manera significativa la negociación colectiva. Es necesario reforzar la representatividad y la autonomía y los vínculos entre las escalas europea y nacional del diálogo social. Por otra parte, es necesario seguir mejorando la capacidad y la participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas, así como garantizar un marco de relaciones laborales estable y equilibrado. El CESE cree que la Comisión Europea debería revisar el Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración, y proponer una base jurídica para determinadas condiciones marco relativas a la participación de los trabajadores, sin interferir en las competencias nacionales (13), con el fin de mejorar tal participación en la gestión de los retos del Pacto Verde y del proceso de transformación digital.

6.1.6.

El CESE insta a la Comisión a reformar la gobernanza económica de la Unión Europea. El CESE está convencido de que se requieren algunos cambios en: a) la gobernanza, es decir, hacen falta mecanismos de gobernanza específicos para afrontar los problemas urgentes con mayor rapidez y resolver los asuntos complejos. El papel de dichos mecanismos consistiría en vincular los niveles de la UE y de los Estados miembros y no en reemplazar la acción en alguno de ellos; b) integrar los ODS en los procesos presupuestario y de seguimiento económico y social de la UE. A este respecto, el Semestre Europeo podría estar dotado de nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los aspectos y los principios del pilar europeo de derechos sociales y de los diecisiete ODS (14).

6.1.7.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta anunciada de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales en 2021. Sin embargo, el CESE lamenta que la Comunicación de la Comisión no aborde de forma directa el problema mucho mayor de una transición inclusiva y justa (15). Insiste en la necesidad de un plan de acción ambicioso que anime a los Estados miembros a cumplir sus promesas respecto a la proclamación del pilar europeo de derechos sociales (16).

6.1.8.

Resulta esencial redefinir el trabajo en la fase de recuperación de la crisis de la COVID-19. Tanto en la sanidad privada como en la pública, la búsqueda del aumento de la productividad obró en detrimento de la calidad del servicio y la experiencia de trabajo, lo que tuvo consecuencias dramáticas durante la crisis sanitaria en la mayoría de los países de la UE. La transición hacia actividades basadas en los servicios daría lugar a la creación de una economía con mayor uso de la mano de obra, contrarrestando la precariedad del empleo en estos sectores, respaldando unos niveles de empleo más elevados y recuperando puestos de trabajo para la economía real. Por consiguiente, se consideran fundamentales las políticas destinadas a respaldar el trabajo de calidad en los sectores que requieren mucha mano de obra y prestan servicios de elevada calidad.

6.1.9.

El CESE reitera su preocupación por que la pobreza en general y la pobreza de los ocupados sigan siendo un problema importante en muchos Estados miembros. Además de mejorar los niveles salariales, se necesita un planteamiento global a escala de la UE y de los Estados miembros, que incluya medidas para garantizar regímenes de renta mínima adecuados, normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo y regímenes efectivos de inclusión activa, apoyados por servicios sociales esenciales y capacitadores. También son necesarios mercados laborales, servicios públicos de empleo y políticas activas del mercado de trabajo que funcionen correctamente (17).

6.1.10.

El CESE apoya la Estrategia de igualdad de género 2020-2025 de la Comisión y recomienda que adopte estrategias de integración de la perspectiva de género en todos los órganos de programación y gobernanza, así como un enfoque intersectorial respecto a la igualdad de género. La Estrategia debe aplicarse conjuntamente con el tratamiento del impacto de la COVID-19, a través de respuestas políticas personalizadas y específicas. El Comité toma nota de la intención de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa sobre medidas vinculantes de transparencia salarial. Al abordar la brecha salarial y otras desigualdades de género, debe otorgarse un mayor reconocimiento social y valor económico a los puestos de trabajo y los sectores que tradicionalmente emplean a muchas mujeres, y que a menudo se encuentran mal pagados e infravalorados.

6.1.11.

Es importante seguir abordando y atenuando las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, que son excepcionalmente graves en las áreas clave del transporte, los viajes y el turismo.

6.2.   La migración y la etapa posterior a la COVID-19

6.2.1.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la consiguiente e inmensa tragedia para los sistemas nacionales de salud y el hundimiento de la economía en todos los países, la cuestión de la migración pareció desaparecer del escenario y pasar a un segundo plano, con cierta indiferencia por parte de la opinión pública. Los solicitantes de asilo no pueden caer en el abandono como consecuencia de la crisis actual. Los derechos básicos de protección constituyen el núcleo de los valores europeos y no se pueden tirar por la borda cuando resultan incómodos.

7.   Un nuevo impulso para la democracia europea

7.1.

La Unión Europea se basa en valores europeos comunes que no son negociables bajo ningún concepto, a saber, el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Estos valores no pueden pasarse por alto cuando la UE y sus Estados miembros se enfrentan a una emergencia y sus repercusiones económicas y sociales. Si bien la respuesta a la crisis actual debe ser rápida y requiere ciertas medidas excepcionales y limitadas en el tiempo, estas no pueden ir en contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. El CESE insiste en que todas las medidas políticas correspondientes deben estar en plena sintonía con nuestros valores comunes, tal como se establecen en el artículo 2 del TUE.

7.2.

En este nuevo proceso de recuperación y reconstrucción, el CESE confía en que la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa constituya una oportunidad para fortalecer la estructura institucional de la UE y ahondar en la misma, así como para una verdadera renovación del proyecto de la UE, que le permita afrontar los retos de las próximas décadas.

7.3.

La crisis de la COVID-19 ha puesto al descubierto los límites institucionales y las deficiencias de la actual Unión Europea, al tiempo que demuestra la urgente necesidad de una Unión eficaz y eficiente. Se requiere una nueva configuración de la Unión Europea que vaya más allá del mercado único de la UE para liderar a una Europa más integrada, con capacidad fiscal real y cuyo objetivo principal consista en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos. Por estas razones, el CESE considera que el proceso de la Conferencia debe tener en cuenta los instrumentos de recuperación existentes en la UE y la solidaridad ya establecida, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad ecológica, el desarrollo económico, el progreso social, la seguridad y la democracia. El CESE subraya que, a pesar de la pandemia, la implicación directa de las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los representantes electos debe seguir siendo una prioridad de la Conferencia, y ansía que esta comience con el fin de construir una Unión más democrática, eficaz y resiliente junto con todos los ciudadanos de la UE. El CESE cree que la Comisión debería mantener el ámbito de actuación de la Conferencia abierto a todos los resultados posibles, incluidas las propuestas legislativas, el inicio de un cambio de los tratados o cualquier otra medida.

7.4.

A juicio del CESE, la desinformación plantea una amenaza directa no solo para la capacidad de las personas de adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa, sino también para el proyecto de integración europea y, por ende, para la unidad, la prosperidad y la influencia mundial de la Unión Europea. Debilitar las capacidades de la UE de tomar decisiones democráticas es el objetivo que persiguen varias potencias extranjeras, además de grupos extremistas que se oponen a la cooperación europea y a una mayor cohesión. El CESE expresa su firme apoyo a los actuales esfuerzos de la UE para contrarrestar la desinformación —exterior e interior— e insta a la Comisión a que garantice el pleno cumplimiento y medidas normativas de seguimiento con respecto al Código de buenas prácticas sobre desinformación, el ulterior desarrollo del «sistema de alerta rápida» de reciente creación y de las unidades de inteligencia de StratCom, y la ampliación de la acción del Servicio Europeo de Acción Exterior contra la desinformación, de forma paralela a la ampliación considerable de la acción de la UE contra la desinformación interna (18).

7.5.

El CESE respalda con firmeza la propuesta de la Comisión Europea encaminada a desarrollar un «Plan de Acción Europeo para la Democracia» que sea integral y continuo, con la capacidad para producir cambios, sostenido mediante apoyo financiero y coordinación interinstitucional. El Plan de Acción Europeo para la Democracia y las futuras iniciativas asociadas deberían aspirar a hacer mucho más para conseguir unos medios de comunicación libres y plurales y un periodismo independiente de calidad, la regulación efectiva de las redes sociales, en particular para combatir la desinformación, incluyendo la regulación de la publicidad política en línea y la responsabilidad por los contenidos, un proceso electoral modernizado, la inclusión de colectivos privados del derecho a voto, principalmente las personas con discapacidad, así como una educación cívica generalizada sobre la Unión Europea y su proceso democrático en todos los Estados miembros. El CESE recuerda su propuesta de una estrategia ambiciosa de la UE en materia de comunicación, enseñanza y concienciación ciudadana sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho y la democracia (19).

7.6.

Se requieren nuevas medidas para lograr unos medios de comunicación libres y plurales y un periodismo independiente de calidad, así como una regulación eficaz de las redes sociales, sobre todo para combatir la desinformación, incluida la regulación de la publicidad política en línea y la responsabilidad respecto a los contenidos.

7.7.   Mejora de la legislación y la prospectiva

7.7.1.

El CESE mantiene la petición de un Programa de Mejora de la Legislación revisado que integre un «control de sostenibilidad» para garantizar que toda la legislación y las políticas de la UE contribuyan a la ejecución de los ODS.

7.7.2.

El CESE se compromete a contribuir al éxito de la nueva plataforma «Preparados para el Futuro» que sustituye a la plataforma REFIT y acoge con satisfacción la mejora del papel del CESE en dicha plataforma en cuanto a participación, representación y contribución. Esta nueva plataforma permitirá que los Estados miembros y los representantes de la sociedad civil trabajen en la simplificación y la reducción de la carga reguladora innecesaria, y en la preparación de Europa para nuevos retos en el futuro, como la digitalización. La crisis de la COVID-19 ha demostrado la importancia de diseñar políticas y fortalecer capacidades de manera que resulten adecuadas para abordar las incertidumbres del futuro.

7.7.3.

El CESE recuerda que la mejora de la legislación no puede ni sustituir a las decisiones políticas, ni conducir en ningún caso a una desregulación, ni tener por efecto una reducción de la protección social, del medio ambiente y de los consumidores o una restricción de los derechos fundamentales. El CESE pide a la Comisión que revise las líneas directrices y los criterios del conjunto de herramientas de «Legislar mejor», con el fin de integrar en el proceso de evaluación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Asimismo, es preciso integrar explícitamente un «control de sostenibilidad» en dicho conjunto de herramientas. El CESE renueva su llamamiento a seguir desarrollando el ecosistema europeo en materia de evaluación de impacto y de evaluación continua, con objeto de reforzar su calidad y favorecer la participación activa de la sociedad civil organizada en la elaboración y la aplicación de la legislación (20).

7.7.4.

El CESE propone que la Comisión combine las consultas públicas (debido a sus limitaciones) con mesas redondas ad hoc de las partes interesadas pertinentes, como los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada, con el fin de reforzar la democracia participativa.

7.7.5.

Debe reforzarse la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de impacto y la prospectiva estratégica para garantizar que sus competencias y conocimientos sobre el terreno se tengan en cuenta al diseñar la legislación y las políticas futuras en el nuevo contexto posterior a la COVID-19.

7.7.6.

Las propias organizaciones de la sociedad civil también padecen las desigualdades y las deficiencias del sistema. Su capacidad actual y futura de responder a las necesidades se ve amenazada por unos recursos que suelen ser escasos y fluctuantes. Hay que abordar este asunto y garantizar mecanismos de financiación para ellas. El programa de trabajo de la Comisión para 2021 tras la crisis constituye una enorme oportunidad para revisar el compromiso de la UE con las organizaciones de la sociedad civil en favor de un apoyo financiero más sostenible y estructural frente a una financiación basada en proyectos.

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(1)  Resolución sobre el período posterior a la crisis de la COVID 19 (DO C 311 de 18.9.2020, p. 1).

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380

(4)  NAT/784 — Ley Europea del Clima (véase la página 143 del presente Diario Oficial).

(5)  Véase la nota 4 a pie de página..

(6)  Véase la página 124 del presente Diario Oficial.

(7)  INT/894 — Libro blanco sobre la inteligencia artificial (véase la página 87 del presente Diario Oficial).

(8)  Véase, por ejemplo, https://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm

(9)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_20

(10)  Una Europa social fuerte para unas transiciones justas.

(11)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226&furtherNews=yes&newsId=9696

(12)  SOC/632 en curso — Salarios mínimos dignos en toda Europa.

(13)  CCMI/124 — Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (DO C 19 de 21.1.2015, p. 50).

(14)  https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond

(15)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1600965538199&uri=CELEX:52020DC0102

(16)  INT/897 — Estrategia industrial (véase página 108 del presente Diario Oficial).

(17)  Dictamen del CESE SOC/632 en curso sobre «Salarios mínimos dignos en toda Europa» y Dictamen del CESE SOC/583: https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/common-minimum-standards-field-unemployment-insurance-eu-member-states-concrete-step-towards-effective-implementation (DO C 97 de 24.3.2020, p. 32) y Dictamen del CESE Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima (DO C 190 de 5.6.2019, p. 1).

(18)  SOC/630 — Los efectos de las campañas sobre la participación en la toma de decisiones políticas (DO C 311 de 18.9.2020, p. 26).

(19)  DO C 282 de 20.8.2019, p. 39 y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo — Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión — Situación y posibles próximas etapas, 3 de abril 2019.

(20)  INT/886 — Legislar mejor/Situación actual (DO C 14 de 15.1.2020, p. 72).