COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 30.9.2020
SWD(2020) 325 final
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Finlandia
que acompaña al documento
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea
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Resumen
El sistema judicial finlandés se caracteriza por un nivel de independencia judicial percibida sistemáticamente elevado tanto para las empresas como para el público en general. La reciente creación de la Administración Nacional de Tribunales, que en enero de 2020 asumió la gestión de los órganos jurisdiccionales que antes era responsabilidad del Ministerio de Justicia, tiene por objeto fortalecer la independencia del poder judicial. Además, la reciente reestructuración del Ministerio Fiscal Nacional tiene por objeto mejorar su eficacia y coherencia en las prácticas de enjuiciamiento. Persisten ciertas carencias relacionadas con la digitalización del sistema judicial.
Según las encuestas, Finlandia se percibe como uno de los países menos corruptos de la UE y del mundo. Este país mantiene una cultura administrativa de transparencia y apertura para combatir la corrupción. Las instituciones públicas finlandesas se han labrado una reputación de administración transparente y han establecido un marco funcional de prevención de la corrupción. El Gobierno estudia la adopción de una estrategia específica de lucha contra la corrupción desde hace años, pero sigue sin concretarse. Actualmente no hay normas específicas que regulen los contactos de los altos cargos ejecutivos con terceros y grupos de presión y no existen requisitos de información o comunicación que deban cumplir quienes tratan de influir en las medidas y políticas adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, se está trabajando en medidas para reforzar la ética y la transparencia. Finlandia está dando pasos para regular la actividad de los grupos de presión y limitar las «puertas giratorias». En marzo de 2020, se creó un Grupo de Trabajo parlamentario para establecer un registro de transparencia relacionado con la actividad de los grupos de presión que sirviera de complemento a la legislación sobre apertura del Gobierno y reforzase la transparencia administrativa.
El alto nivel de libertad de prensa existente en Finlandia goza de reconocimiento internacional. Las funciones y competencias de la autoridad reguladora de los medios de comunicación están garantizadas por la ley, si bien se advierten algunas carencias en cuanto a recursos. Aunque actualmente no existen normas que regulen específicamente la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, en la práctica existe un nivel de transparencia razonable con declaraciones voluntarias y normas de publicidad generales para las sociedades de responsabilidad limitada. El Gobierno estudia una reforma para ampliar la accesibilidad de los documentos garantizada por la Constitución. Además, el Gobierno ha comenzado a reflexionar sobre medidas para proteger a los periodistas de modo más eficaz contra las amenazas y el acoso ilícito en internet, un fenómeno detectado en los últimos años. No se han denunciado amenazas físicas contra periodistas.
El proceso de promulgación de legislación requiere distintos trámites que incluyen una evaluación de impacto y procedimientos de consulta. En las recientes reformas realizadas en el sistema judicial se ha seguido un proceso inclusivo en el que ha participado la judicatura. Además, hay actualmente en curso un proceso de reforma para clarificar los mandatos —en parte solapados— del Canciller de Justicia y del Defensor del Pueblo, dos autoridades independientes clave en la salvaguardia de los derechos humanos. En este sentido, está previsto que se presente una propuesta legislativa en el Parlamento en otoño de 2020. Se ha puesto en marcha un Programa de Democracia Nacional dirigido a mejorar el marco de la sociedad civil y la democracia participativa.
I.Sistema judicial
El sistema judicial finlandés está integrado por la jurisdicción ordinaria, con veinte tribunales de primera instancia
, cinco tribunales de apelación y el Tribunal Supremo, y la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con seis tribunales de lo contencioso-administrativo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Hay tres órganos jurisdiccionales especializados
. La Administración Nacional de Tribunales es un ente independiente que se encarga de la administración de los órganos jurisdiccionales, lo que incluye la gestión de los presupuestos, de los edificios y de los sistemas informáticos
. El Consejo de Nombramientos Judiciales
es otro ente independiente que prepara propuestas de nombramiento de jueces para su aprobación por el Gobierno, mientras que los nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo son propuestos por estos mismos órganos jurisdiccionales
. Los jueces son nombrados formalmente por el Presidente de la República
. El Ministerio Fiscal Nacional es una autoridad independiente del Estado
dirigida por el Fiscal General, que es nombrado por el Presidente a propuesta del Ministro de Justicia y puede ser cesado o suspendido en sus funciones por el Gobierno
. La Asociación Finlandesa de Colegios de Abogados es el organismo público encargado de la supervisión profesional de los abogados
.
Independencia
El sistema judicial finlandés se caracteriza por un nivel de independencia percibida muy elevado. La independencia de los jueces y tribunales se percibe sistemáticamente como muy alta: el 84 % del público en general y el 85 % de las empresas consideran que es «bastante buena o muy buena», cifras que se han mantenido estables con pequeñas mejoras desde 2016 entre el público en general. En el caso de las empresas, permanecen estables en un nivel alto desde 2010
. Aun con estos elevados niveles de independencia percibida de la judicatura, Finlandia ha realizado recientemente reformas para fortalecer las salvaguardias estructurales de la independencia judicial.
Se ha creado un nuevo organismo independiente para salvaguardar la independencia judicial. La Administración Nacional de Tribunales, que comenzó a funcionar en enero de 2020, es un ente independiente responsable de la administración de los órganos jurisdiccionales que ha asumido funciones anteriormente desempeñadas por el Ministerio de Justicia. Se creó a través de las enmiendas a la Ley de órganos jurisdiccionales adoptadas en febrero de 2019
y es independiente del Ministerio de Justicia. El objetivo de la reforma —que se llevó a cabo manteniendo frecuentes consultas con la judicatura
— es reforzar la autonomía estructural e independencia de los órganos jurisdiccionales, mejorar la calidad de la administración de justicia y favorecer que los tribunales puedan dedicarse al desempeño de sus funciones esenciales en lugar de a tareas administrativas
. Las competencias de la Administración Nacional de Tribunales incluyen la presentación de propuestas sobre la asignación de presupuestos de los órganos jurisdiccionales al Ministerio de Justicia y las decisiones sobre su asignación a tribunales concretos, la supervisión del desempeño de los tribunales, la administración de edificios y sistemas informáticos de uso judicial y la organización de actividades de formación para jueces y otro personal judicial (en colaboración con el Consejo de Formación Judicial
). También se encarga de crear plazas en los órganos jurisdiccionales, tanto para los jueces como para otro personal. El órgano decisorio de la Administración de Tribunales es su consejo de administración, que está integrado por ocho personas (seis jueces de todas las instancias jurisdiccionales y dos miembros ajenos a la judicatura
) nombradas por el Gobierno a propuesta del poder judicial (en el caso de los miembros jueces), lo que significa que la mayoría de sus miembros son jueces elegidos por sus homólogos de todos los niveles de la judicatura, lo cual se atiene a las recomendaciones del Consejo de Europa
. La Administración Nacional de Tribunales fue aceptada como miembro de pleno derecho de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial en junio de 2020
.
Calidad
La estructura del Ministerio Fiscal se ha reformado para mejorar su eficacia. En septiembre de 2019, la Oficina del Fiscal General y once fiscalías locales se fusionaron para crear un único Ministerio Fiscal Nacional
. El objeto de esta reforma era que el Fiscal General pudiera supervisar de manera más sistemática la uniformidad de las prácticas de enjuiciamiento y centralizar las funciones administrativas, así como determinados procesos penales
. Además, facilita el traspaso de asuntos judiciales entre tribunales de primera instancia para equilibrar las cargas de trabajo. Esta reforma también ha fijado la duración del mandato de los fiscales jefe de primera instancia (cinco años), además de crear una nueva plaza de «fiscal especializado». La reforma no afecta al número de fiscales ni a sus funciones y competencias, incluidas las del Fiscal General
.
Persisten ciertas carencias relacionadas con respecto a la digitalización del sistema judicial. La disponibilidad de sentencias publicadas en internet sigue siendo limitada, especialmente las de primera instancia
. También son limitados los mecanismos para garantizar que las sentencias se publiquen en un formato susceptible de lectura mecánica
. Aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y, en menor medida, de los tribunales de apelación y tribunales especiales se publica en un sitio web del Gobierno, no ocurre lo mismo con los tribunales de primera instancia. Además, si bien es posible presentar un asunto y transmitir citaciones en línea, no es posible seguir el curso del proceso por internet
. Todos los órganos jurisdiccionales disponen de sistemas de tramitación de asuntos que están actualmente en proceso de modernización, también para mejorar la recogida de datos
. Sin embargo, solo existen herramientas para generar estadísticas de actividad judicial aproximadamente en la mitad de los órganos jurisdiccionales
.
Se han ampliado los servicios que ofrecen las oficinas estatales de asistencia jurídica y ahora es posible acceder a ciertos servicios a distancia. Algunos servicios —como el asesoramiento en materia financiera o de deuda— se gestionaban anteriormente en la esfera municipal y actualmente competen a las oficinas estatales de asistencia jurídica para conseguir que se presten de forma congruente en todo el país
. Además, el Ministerio de Justicia comenzó a preparar un servicio de asistencia jurídica de guardia en junio de 2019. Este proyecto contempla el establecimiento de un sistema electrónico para prestar asistencia jurídica efectiva a distancia. El servicio de guardia garantiza que los sospechosos o partes perjudicadas tengan a su disposición un abogado también fuera del horario laboral normal
.
La nueva Administración Nacional de Tribunales ha prestado un apoyo importante a los órganos jurisdiccionales durante la pandemia de COVID-19. Aunque los órganos jurisdiccionales finlandeses no cerraron del todo durante la pandemia de COVID-19, su actividad resultó afectada
. En esta situación, la Administración Nacional de Tribunales prestó asistencia a los órganos jurisdiccionales preparando directrices sobre el uso de la videoconferencia en sustitución de las comparecencias físicas, sobre las situaciones en las que se debían anular o aplazar comparecencias y sobre las medidas de distanciamiento social en los juzgados
. El poder judicial ha puesto de relieve la importancia de esta asistencia
.
Eficiencia
El sistema judicial administra su carga de trabajo de manera eficiente. El sistema judicial funciona con normalidad en lo que respecta al plazo estimado de resolución de litigios civiles y mercantiles y litigios contencioso-administrativos. La tasa de resolución de la primera categoría ha disminuido un tanto desde 2016, pero sigue por encima del 100 %, mientras que la tasa de resolución de asuntos de lo contencioso-administrativo ha mejorado claramente, pasando del 79 % en 2016 al 112 % en 2018. El número de asuntos pendientes es especialmente bajo en los litigios civiles y mercantiles y se sitúa en torno a la media en los asuntos contencioso-administrativos, lo que refleja que el sistema judicial en general gestiona bien su carga de trabajo
.
II.Marco de lucha contra la corrupción
Aunque Finlandia carece de una agencia anticorrupción específica, existen varios organismos y autoridades que son conjuntamente responsables de la lucha contra la corrupción. El Departamento de Política Penal y Derecho Penal del Ministerio de Justicia supervisa las actividades de prevención, es responsable de la cooperación internacional y administra la Red de Cooperación Anticorrupción nacional. La policía tiene competencias en materia de investigación de la corrupción y goza de la confianza general de los ciudadanos. Se han aplicado medidas para incrementar la ética y la transparencia y regular la actividad de los grupos de presión y las «puertas giratorias».
Finlandia obtiene una puntuación de 86/100 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ocupa el 2.º puesto en la Unión Europea y el 3.º a escala mundial
. El 22 % de las personas que respondieron a la encuesta especial del Eurobarómetro sobre corrupción en 2020 considera que la corrupción está generalizada (media de la UE: (71 % de media en la UE) y solo un 8 % cree que la corrupción le afecta personalmente en su vida diaria 26 %)
. En lo que respecta a las empresas, el 37 % de ellas cree que la corrupción está extendida (63 % de media en la UE) y el 13 % considera que supone un problema a la hora de hacer negocios (37 % de media en la UE). Por otro lado, un 38 % de las personas cree que el número de procesamientos en su país es suficiente para disuadir de la práctica de la corrupción (36 % de media en la UE), mientras que el 53 % de las empresas considera que las personas y las empresas procesadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas 31 %)
.
Finlandia tiene básicamente establecido su marco jurídico de lucha contra la corrupción. El Código Penal criminaliza varios delitos de cohecho
y otras leyes incluyen disposiciones relativas a la prevención de la corrupción
. Sin embargo, la criminalización del tráfico de influencias sigue sujeta a debate en el contexto de la reforma del Código Penal
. Aunque los casos claros de corrupción no están extendidos, las formas más frecuentes son el ofrecimiento o la aceptación de ventajas
, los conflictos de intereses y el favoritismo, y los contactos éticamente inadecuados en la preparación de decisiones
. Mientras en las evaluaciones internacionales se plantean dudas acerca de la tasa de absolución de los casos de cohecho en el extranjero, Finlandia ha organizado actividades de formación específicas y potenciado actividades de sensibilización dirigidas a corregir las deficiencias percibidas en las actuaciones policiales, los procesos de enjuiciamiento y entre los jueces.
El proyecto de estrategia contra la corrupción 2017-2021, que se presentó al Ministerio de Justicia en 2017, continúa pendiente de aprobación por el Gobierno. Tras no haberse llegado a adoptar la estrategia antes de la dimisión del Gobierno anterior, el grupo de trabajo ministerial sobre el Estado de Derecho y la seguridad interior creado por el nuevo Gobierno ha comenzado a preparar una nueva estrategia contra la corrupción para 2020-2023 que se basará en el proyecto anterior y tiene previsto aclarar las responsabilidades de las autoridades para incrementar la cooperación. El anterior proyecto de estrategia contra la corrupción redactado en 2016 planteaba seis temas principales: fortalecer las estructuras para combatir la corrupción, desarrollar actividades de sensibilización, incrementar la transparencia, facilitar la exposición de la corrupción, elaborar legislación sobre los delitos de cohecho y promover la investigación en materia de corrupción. La nueva estrategia pretende tener en cuenta las recomendaciones contra la corrupción realizadas a Finlandia por las evaluaciones internacionales. Además, el Ministerio de Justicia estudia cambios legislativos sobre la protección de los denunciantes
.
Varias autoridades son conjuntamente responsables de la lucha contra la corrupción. El Departamento de Política Penal y Derecho Penal del Ministerio de Justicia supervisa las actividades de prevención, es responsable de la cooperación internacional y administra la Red de Cooperación Anticorrupción nacional
. La Red coordina las actividades contra la corrupción en el ámbito nacional, promueve estrategias y políticas nacionales, y constituye un foro de intercambio de información entre los ministerios y las partes interesadas pertinentes
. El Ministerio de Economía es la principal autoridad de coordinación en asuntos relacionados con la ética en la función pública. Ha publicado directrices para los cargos gubernamentales sobre hospitalidad, ventajas y regalos, que contemplan también los viajes y las actividades laborales secundarias. La Oficina Nacional de Auditoría audita las cuentas del Gobierno central, examina la política fiscal y supervisa la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales.
La Oficina Nacional de Investigación (NBI) tiene competencias para investigar la corrupción. Las unidades de delitos económicos de la Policía y la NBI tienen competencias para investigar la corrupción y una Red nacional de especialistas contra el cohecho y la corrupción aumenta la colaboración y la coordinación. En marzo de 2020, la NBI disponía de 459 investigadores de delitos económicos y 60 plazas dedicadas a la prevención de este tipo de delitos. El Ministerio Fiscal Nacional no cuenta con unidades especializadas, pero todas las fiscalías de primera instancia cuentan con fiscales especializados en delitos económicos para perseguir el cohecho. Varios fiscalías de primera instancia cuentan además con fiscales especializados en delitos cometidos por cargos públicos. Las estadísticas oficiales revelan que en Finlandia se denuncian pocos delitos de corrupción.
Se prepara un Código de Conducta para funcionarios y altos cargos ejecutivos. Con respecto al marco ético de los funcionarios, varios actos legislativos definen principios generales de buena administración
. Además, el Ministerio de Economía trabaja en un Código de Conducta para personas en altos cargos ejecutivos, que fue objeto de una recomendación del GRECO
. Este proyecto de Código de Conducta consolida las directrices existentes sobre valores, obligaciones generales, ocupaciones secundarias, regalos y beneficios. El proyecto incluye una sección dedicada específicamente a la obligación de los altos cargos ejecutivos de declarar sus bienes, rentas, pasivos e intereses. Las conductas contrarias al código se considerarán contrarias a las obligaciones de un funcionario. En esos casos se aplicarán sanciones específicas, mientras que algunos incumplimientos podrían constituir delitos sancionados en el Código Penal
. El nuevo Código de Conducta está previsto para finales de 2020 y será vinculante para todos los funcionarios, incluidas las personas que ocupen altos cargos ejecutivos. Sin embargo, no se aplicará a los ministros y la Oficina del Primer Ministro seguirá siendo la encargada de regular la ética de los miembros del Gobierno
.
El conflicto de intereses no está definido de forma expresa en la legislación. La Constitución establece que los ministros no podrán ejercer durante su mandato cargos públicos ni otras funciones que puedan perjudicar la atención de sus funciones ministeriales o comprometer la credibilidad de sus acciones como ministros. La Ley de cargos públicos en el Gobierno central establece que un funcionario no podrá exigir, aceptar o recibir ninguna ventaja financiera o de otra índole si ello reduce la confianza en su persona o en una autoridad. La Ley de procedimiento administrativo (sección 27) y la Ley de cargos públicos en el Gobierno central también imponen limitaciones, y el Ministerio de Economía ha publicado directrices detalladas acerca de las ocupaciones secundarias. No obstante, pese a las disposiciones existentes, se ha recomendado la creación o potenciación de un sistema formal para examinar las declaraciones de los ministros y de otras personas en altos cargos ejecutivos
.
Las declaraciones de bienes de los altos cargos gubernamentales se rigen por la Ley de cargos públicos en el Gobierno central
. Esta establece que, antes de su nombramiento, la persona designada debe declarar sus actividades empresariales, sus participaciones en sociedades y otras propiedades, así como otras obligaciones, relaciones y compromisos que sean pertinentes para valorar si la persona en cuestión es apta para desarrollar las funciones propias de su cargo
. Aunque el Ministerio de Economía ha publicado directrices detalladas acerca de la declaración de bienes, se ha recomendado que Finlandia establezca requisitos normalizados para efectuar esta declaración
. En su evaluación, el Ministerio de Economía ha explicado las medidas necesarias para cumplir con esta recomendación y si procede ampliar el alcance de la información
. Los cambios esperados podrían entrar en vigor a principios de 2021.
Se trabaja en la creación de un registro de transparencia. Actualmente no hay normas específicas que regulen los contactos de los altos cargos ejecutivos con terceros y grupos de presión. Además, las personas que tratan de influir en las actuaciones y las políticas del Gobierno tampoco están sujetas a ninguna obligación de información o divulgación. Sin embargo, en marzo de 2020 se creó un Grupo de Trabajo parlamentario para establecer un registro de transparencia relacionado con la actividad de los grupos de presión. Este registro, que vendrá a complementar la legislación sobre apertura del Gobierno y a fortalecer la transparencia administrativa, se desarrollará en consulta con la sociedad civil para mejorar la transparencia del proceso decisorio y evitar influencias indebidas. En principio abarcará las decisiones de ámbito estatal, pero más adelante podría ampliarse a las autoridades municipales y regionales. La legislación que se adopte, prevista para 2023, impondría la obligación de registrarse a las organizaciones y personas activas como grupos de presión.
Existen ciertas restricciones para limitar las «puertas giratorias» y se prepara una ampliación de estas medidas. En 2017, se introdujeron requisitos legales posteriores al empleo para todos los funcionarios excepto los ministros. La Ley de cargos públicos en el Gobierno central incluye un periodo de espera posterior al empleo para los altos cargos ejecutivos que sean funcionarios. Actualmente, los ministros no están sujetos a este requisito, pero sí a la recomendación de un Consejo Asesor de Ética en el Servicio Público de declarar cualquier intención de desempeñar otras labores tras su nombramiento como ministros
. Además, en diciembre de 2019 el Gobierno emitió una resolución que bloqueaba las «puertas giratorias» para los ministros. Requiere que los ministros informen al primer ministro y al Comité Asesor del Gobierno sobre un posible traslado a otro puesto durante el mandato del ministro y que el comité asesor evalúe si se debe recomendar un período de incompatibilidad de un máximo de seis meses. El compromiso de divulgación solo se aplica a un mandato ministerial en curso y se extingue una vez que este ha llegado a su fin. Como se ha considerado que el establecimiento de otros tipos de restricciones requiere una acción legislativa, se ha iniciado un proyecto legislativo sobre este tema. El objetivo es establecer procedimientos para prevenir y evitar conflictos de intereses de los componentes del Gobierno. Está previsto que el Gobierno presente su propuesta en primavera de 2021. El Ministerio de Economía evalúa si es necesario actualizar las directrices generales en relación con la recomendación del GRECO de adoptar normas, procedimientos y, en su caso, medidas legislativas, y si se deberían ampliar los períodos de incompatibilidad para los servidores públicos de más alto nivel a doce meses
.
III.Pluralismo de los medios de comunicación
Las funciones y competencias de la Agencia de Transportes y Comunicaciones de Finlandia (Traficom) —la autoridad reguladora de los medios de comunicación— están garantizadas por la ley. Finlandia regula la publicidad por medio de normas generales aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada
. Por el momento no hay normas específicas que regulen la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. El acceso a los documentos públicos está garantizado por la Constitución. El año pasado se presentaron nuevos proyectos legislativos
para proteger a los periodistas contra las amenazas y el acoso
.
Tras una reciente fusión, la Agencia de Transportes y Comunicaciones de Finlandia (Traficom) actúa como organismo independiente de regulación de los medios de comunicación. La fusión de la Autoridad Finlandesa de Regulación de las Comunicaciones (FICORA) y de la Autoridad Finlandesa de Seguridad del Tráfico en enero de 2019 tenía por objeto generar sinergias con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y prestar más servicios bajo el mismo paraguas. Las funciones y competencias y los procedimientos de designación del director y los miembros del órgano colegiado de esta entidad están definidos por ley
. El Gobierno nombra al Director General para un mandato de cinco años
. La Ley de cargos públicos en el Gobierno central incluye disposiciones sobre el cese de la relación laboral de un cargo público y también se aplican al Director General de la agencia. En general, la independencia y eficacia de Traficom parecen ser muy buenas, según la última edición del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020). Sin embargo, la agencia manifiesta que actualmente tiene pocas posibilidades de contribuir de manera efectiva al trabajo del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA), debido a sus limitados recursos
. La Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA)
se encuentra actualmente en proceso de transposición nacional. Además de Traficom, otro organismo gubernamental independiente que tiene competencias en el ámbito de los medios de comunicación es el Instituto Audiovisual Nacional. Su misión es clasificar los programas audiovisuales con una finalidad de protección de menores (Ley del Instituto Audiovisual Nacional
).
El Consejo de Medios de Comunicación de Masas de Finlandia (Julkisen sanan neuvosto) es un comité de autorregulación creado por editores y periodistas. Su finalidad es interpretar buenas prácticas profesionales y defender la libertad de expresión y de prensa. También contempla los métodos utilizados por los periodistas para obtener información. El Consejo está integrado por trece vocales y un presidente y no tiene jurisdicción legal o autoridad pública. La mayoría de los medios de comunicación finlandeses han firmado el Acuerdo básico del Consejo, que permite a este atender directamente las reclamaciones que les afectan. En algunos casos, el Consejo también puede abrir una investigación por iniciativa propia
.
No hay normas específicas que regulen la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, pero es habitual que se divulgue de forma voluntaria. Las empresas de medios de comunicación se rigen por las normas de publicidad generales que se aplican con carácter general a las sociedades de responsabilidad limitada. En virtud de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada
, el registro de accionistas debe estar a disposición del público en el domicilio social de la empresa. No existe legislación específica en materia de transparencia o concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, de los contactos mantenidos con las autoridades finlandesas parece desprenderse que la mayoría de las empresas divulgan la composición de su propiedad de forma voluntaria en su sitio web. Las autoridades finlandesas también dicen estar trabajando en la transposición de la DSCA revisada, que anima a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas que dispongan que los proveedores de servicios de comunicación bajo su jurisdicción hagan pública la composición de su propiedad. Está previsto que se realice la transposición de la Directiva a través de la Ley de servicios de comunicaciones electrónicas en el otoño de 2020. De acuerdo con la propuesta del Gobierno, los proveedores de servicios de comunicación deberán hacer pública la composición de su propiedad.
Finlandia posee una sólida tradición de transparencia de gobierno. El acceso a los documentos públicos está garantizado por la Constitución y por la Ley de apertura de las actividades del Gobierno
. Todos los ciudadanos finlandeses pueden acceder a documentos gubernamentales salvo que, por razones categóricas, su publicación se haya limitado expresamente por ley. La misma sección protege además el derecho a expresar, publicar y recibir información, opiniones y otros mensajes sin censura previa, sea cual sea el medio. Según las organizaciones no gubernamentales, el marco jurídico es en general bueno, ya que garantiza el amparo judicial de las normas de transparencia. Esta evaluación se mantiene pese a que en los últimos años se ha observado que algunas autoridades, por ejemplo la policía y las administraciones locales, tienden a interpretar las normas de manera más estricta
. Pueden aplicarse tasas que supongan un obstáculo al acceso a determinados documentos públicos. Las autoridades finlandesas afirman que la actual normativa podría reformarse en el futuro en virtud de los cambios en la organización del sector público, cuando el Estado y los ayuntamientos hayan privatizado sus funciones. Con este fin, el Ministerio de Justicia ha encargado un estudio sobre la ampliación del alcance institucional de la Ley
. La modernización de las normas también es necesaria por otras razones, como la digitalización. El actual programa de gobierno plantea la necesidad de reevaluar el alcance institucional de la Ley y garantizar que el principio de apertura se materialice también en el futuro
.
El marco de protección de los periodistas parece sólido. Finlandia no ha adoptado medidas específicas con arreglo a la Recomendación del Consejo de Europa sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación
. No obstante, desde que se presentó su primera edición en 2002, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras ha situado sistemáticamente a Finlandia entre los cinco primeros países. El MPM 2020 señala que continúa la criminalización de la blasfemia, así como las severas condenas por difamación (agravada)
. Además, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas emitió en 2019 una alerta relativa a una sentencia por difamación que tiene efectos estremecedores para la libertad de prensa. La sentencia en cuestión ha sido recurrida
. Sin embargo, en 2014 se modificaron las disposiciones del Código Penal sobre difamación y divulgación de información que viole la privacidad personal y se eliminó la posibilidad de dictar penas de prisión salvo en casos de difamación «agravada», a raíz de algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
.
El Gobierno estudia medidas adicionales para proteger a los periodistas frente a ataques en internet. Ni el MPM 2020 ni la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas han detectado amenazas físicas contra los periodistas en Finlandia. Existen campañas de acoso en internet, pero en los últimos años se han adoptado medidas contra ellas, como la creación de un nuevo delito de acoso en 2013
. El Ministerio del Interior ha creado un grupo de trabajo (para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020) para estudiar cómo actuar contra los ataques en internet, cómo intensificar las medidas normativas y cómo proporcionar protección más eficaz a las víctimas. Además, se prepara una política de educación en materia de protección de los periodistas
. Los comentarios de las organizaciones no gubernamentales revelan que el año pasado se presentaron nuevos proyectos legislativos para proteger a los periodistas contra las amenazas y el acoso
y la investigación y resolución de estos casos ha mejorado.
IV.Otras cuestiones institucionales en relación con el sistema de controles y equilibrios
Finlandia es una democracia parlamentaria unicameral, en la que las propuestas legislativas pueden emanar del Gobierno o del Parlamento (aunque, en la práctica, la mayoría de las leyes se basan en propuestas del Gobierno). En ausencia de un Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad ex ante corresponde al Canciller de Justicia y a la Comisión de Derecho Constitucional del Parlamento. Además, todos los órganos jurisdiccionales pueden realizar un control de constitucionalidad ex post en casos concretos
. El Canciller de Justicia, el Centro de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo del Parlamento desempeñan funciones de importancia en el sistema de controles y equilibrios.
Un marco de evaluación de impacto y un proceso de consulta exhaustivo son parte de un marco especialmente inclusivo para promulgar legislación. El proceso de elaboración y promulgación de leyes está descrito en la «guía del proceso de elaboración de proyectos legislativos
», que contempla un procedimiento en varios pasos, incluida una fase preparatoria, una fase de redacción que incluye la evaluación de impacto y una fase de consulta (mínimo seis semanas). Un Consejo de Análisis de Impacto de la Regulación elabora informes sobre las propuestas y evaluaciones de impacto del Gobierno. Si el proceso requiere una participación más amplia, se puede establecer un órgano preparatorio específico con las partes interesadas, representantes de los ministerios, expertos y responsables políticos. Para crear la Administración Nacional de Tribunales
, se estableció un órgano preparatorio de este tipo, en el que participaron miembros de la judicatura. En una reforma reciente de la Ley de procedimiento judicial contencioso-administrativo
, una red de partes interesadas participó en el proceso de preparación.
En el contexto de la pandemia de COVID-19 se ejercieron poderes de emergencia que han estado sujetos a un control de constitucionalidad. Durante la pandemia de COVID-19 se aplicó la Ley de poderes de emergencia, que confiere al Gobierno una serie de facultades para situaciones de emergencia. Entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2020
, los decretos adoptados por el Gobierno en el ejercicio de dichas facultades debían llevarse al Parlamento para su aprobación, modificación o devolución. El Gobierno presentó distintos decretos a la aprobación del Parlamento durante la pandemia de COVID-19
. Ello implicó su examen por la Comisión de Derecho Constitucional, una comisión parlamentaria
que evalúa la constitucionalidad de las propuestas presentadas al Parlamento, la cual elaboró informes sobre todos los derechos adoptados en virtud de la Ley de poderes de emergencia y en ocasiones solicitó modificaciones
. Además, el Canciller de Justicia examina la constitucionalidad de la legislación de emergencia y ha iniciado al menos doce investigaciones por iniciativa propia en relación con el uso de los poderes de emergencia que permanecen abiertas, en las cuales ha solicitado aclaraciones adicionales a las autoridades
.
Se ha iniciado un proceso de reforma para aclarar los mandatos de las distintas autoridades independientes que salvaguardan los derechos fundamentales. La Constitución establece que el Canciller de Justicia y el Defensor del Pueblo del Parlamento son los dos guardianes supremos de la legalidad y los derechos fundamentales, con funciones similares y concurrentes de supervisión de las actividades de las autoridades públicas y vigilancia de la legalidad y el Estado de Derecho en el ejercicio de la autoridad pública por el Gobierno, las instituciones públicas y los órganos jurisdiccionales
, aunque existe cierta especialización en la práctica
. Además, desde 2018, el Canciller de Justicia garantiza el control previo de la legalidad de los proyectos legislativos que se presentan al Parlamento. El Defensor del Pueblo del Parlamento y el Centro de Derechos Humanos (y su delegación) constituyen conjuntamente la Institución Nacional de Derechos Humanos, que volvió a obtener la acreditación A-Status de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en 2019. Para aclarar los mandatos y la división de competencias entre el Defensor del Pueblo del Parlamento y el Canciller de Justicia, el Gobierno inició un proceso de reforma en 2018 y está previsto que presente una propuesta legislativa al Parlamento en el otoño de 2020
. Ambas instituciones han expresado su apoyo a la reforma y participado en la fase de preparación
.
El Programa de Democracia Nacional tiene por objeto mejorar el marco de la sociedad civil y la democracia participativa. Se considera que la sociedad civil tiene un espacio abierto en Finlandia
. Existen varios mecanismos para involucrar a la sociedad civil en el proceso decisorio, como el Consejo Asesor sobre Política de la Sociedad Civil (creado en 2017), que promueve el diálogo entre las autoridades públicas y la sociedad civil. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil señalan que, en ocasiones, las consultas son un puro formulismo o se realizan en una fase tardía del proceso
. El Programa de Democracia Nacional 2025, adoptado en 2019, tiene por objeto mejorar el marco de la democracia participativa, la colaboración y consulta con la sociedad civil. Además, este Programa pretende fortalecer las condiciones de funcionamiento de la sociedad civil y promover la educación en materia de democracia y derechos humanos
.
Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*
* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).
Anti-Corruption Finland, National legislation.
https://korruptiontorjunta.fi/en/national-legislation
.
CEPEJ (2020), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.
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Virtual country visit to Finland in the context of the 2020 Rule of Law Report.
Anexo II: Visitas a Finlandia
Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en mayo y junio de 2020 con:
·Cancillería de Justicia
·Comisión de Derecho Constitucional
·Consejo de Medios de Comunicación de Masas
·Asociación de Jueces de Finlandia
·Asociación Finlandesa de Medios de Comunicación
·Sindicato de Periodistas de Finlandia
·Consejo de Nombramientos Judiciales
·Ministerio de Asuntos Exteriores
·Ministerio de Justicia
·Oficina Nacional de Investigación
·Administración de Tribunales Nacionales
·Ministerio de la Presidencia
·Ministerio Fiscal
·Tribunal Supremo
·Transparencia Internacional Finlandia
·Agencia de Transporte y Comunicaciones
* La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:
·Amnistía Internacional
·Civil Liberties Union for Europe
·Civil Society Europe
·Conference of European Churches
·EuroCommerce.
·European Center for Not-for-Profit Law
·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación
·European Civic Forum
·Free Press Unlimited
·Front Line Defenders
·ILGA-Europe
·Comisión Internacional de Juristas
·Federación internacional por los derechos humanos
·International Press Institute
·Lifelong learning Platform
·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute
·Reporteros sin fronteras
·Transparencia Internacional UE