COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 30.9.2020
SWD(2020) 312 final
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Chipre
que acompaña al documento
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea
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Resumen
Desde 2019, el sistema judicial chipriota está sometiéndose a una serie de cambios estructurales y reformas con el objetivo de superar importantes problemas en términos de eficiencia y calidad, en particular en relación con la digitalización. Los procedimientos judiciales civiles, mercantiles y administrativos siguen siendo muy largos. Estas reformas incluyen la creación de nuevos tribunales especializados, la reestructuración de los órganos jurisdiccionales, la creación de un centro de formación para la judicatura, la revisión de las normas de procedimiento civil y medidas para abordar el retraso de los casos. Hay además una reforma pendiente para crear un Tribunal Supremo Constitucional y un Tribunal Superior. Muchas de estas reformas aún son objeto de debate o están sufriendo retrasos. Se está llevando a cabo un examen de la Oficina Jurídica con miras a mejorar su capacidad, también en lo que respecta a la separación de funciones y los procesos de contratación.
Chipre ha realizado algunos progresos en la lucha contra la corrupción y su investigación, incluso en asuntos de gran calado. Todavía no se ha formulado legislación clave para la prevención de la corrupción. La actividad de los grupos de presión y la protección de los denunciantes siguen sin estar reguladas en el ordenamiento jurídico, y aún no se ha creado una autoridad independiente para combatir la corrupción. Si bien existen reglas relativas a la declaración del patrimonio, el régimen en vigor podría fortalecerse mejorando la eficacia del control de dichas declaraciones. Aunque hay códigos de conducta aplicables a los miembros del Gobierno, los funcionarios y los fiscales, no existen disposiciones similares aplicables a los miembros de la Cámara de Representantes.
En Chipre, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información están protegidos jurídica y oficialmente por la Constitución de la República de Chipre. El Derecho derivado ampara expresamente el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes y fomenta el pluralismo de los medios de comunicación en los sectores de la radio y la televisión. No obstante, se ha cuestionado la independencia de la Autoridad de los medios de comunicación (p. ej., en lo que respecta a los procesos de nombramiento). Asimismo, resulta preocupante que no exista un marco que garantice la transparencia de la propiedad en los sectores de la prensa escrita y los medios de comunicación digitales, lo cual dificulta determinar y verificar a los propietarios reales o la propiedad cruzada en estos sectores.
En Chipre, el sistema de controles y equilibrios incluye un proceso de consulta en el marco de un Proyecto de Mejora de la Legislación, así como un control a posteriori de la constitucionalidad. En la actualidad, el Tribunal Supremo se encarga de dicho control y existe un proyecto de legislación orientado a transferir esta tarea al nuevo Tribunal Supremo Constitucional. Otro proyecto de legislación busca mejorar la ejecución de las decisiones judiciales por parte de la Administración pública. El Comisario de Administración —que desempeña la función de institución nacional de derechos humanos— se enfrentó a ciertas dificultades; sin embargo, sus competencias han aumentado recientemente. Si bien se ha establecido una estructura para potenciar la participación civil en la vida pública, parece que las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a ciertos problemas en relación con el marco de registro, que exige el registro de al menos veinte miembros fundadores.
I.Sistema judicial
El sistema judicial está integrado por seis tribunales de distrito, seis tribunales de lo penal que ya están operativos, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Administrativo de Protección Internacional y el Tribunal Supremo. Además, hay tribunales de familia, tribunales de control de arrendamientos, tribunales de lo laboral y un tribunal militar. Los jueces del Tribunal Supremo son designados por el presidente de la República de entre los miembros del poder judicial y teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal Supremo. El Consejo Superior del Poder Judicial, integrado por todos los miembros del Tribunal Supremo (el presidente y doce jueces) nombra, transfiere y promueve a los jueces de primera instancia. Entre todos los órganos jurisdiccionales de primera instancia suman ochenta y ocho jueces, mientras que el Tribunal Supremo está compuesto por trece magistrados. El Ministerio Fiscal es independiente y se organiza bajo los auspicios del fiscal general de la República, el cual tiene la facultad, que puede ejercer discrecionalmente en aras del interés público, de incoar, gestionar, hacerse cargo y continuar o interrumpir cualquier proceso por un delito cometido contra una persona (jurídica o física) en la República. El fiscal general dirige también la Oficina Jurídica de la República, una oficina independiente que no se encuentra subordinada a ningún ministerio. El fiscal general es asimismo el asesor jurídico de la República, del presidente, del Consejo de Ministros y de los ministros individualmente. Lleva a cabo todas las demás funciones y obligaciones que le confieren la Constitución o el derecho escrito.
Independencia
Se están debatiendo los cambios estructurales en lo que respecta a la organización de los órganos jurisdiccionales y la designación de los jueces. El 30 de mayo de 2019, el Ministerio de Justicia y Orden Público presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley relativo a la división del actual Tribunal Supremo en dos tribunales distintos: un nuevo Tribunal Supremo Constitucional, ahora independiente, y el Tribunal Superior. El mismo proyecto de legislación, pendiente ante la Cámara de Representantes, prevé la creación de un Tribunal de Apelación con dieciséis jueces. Otro proyecto de ley que está siendo objeto de debate en la Cámara de Representantes detalla el nombramiento de los magistrados del nuevo Tribunal Supremo Constitucional y del Tribunal Superior. Dicho proyecto de ley se basa en el sistema actual, en el que el presidente de la República designa a los jueces del Tribunal Supremo a partir de las propuestas de los jueces de las dos máximas jurisdicciones. Asimismo, el proyecto de ley estipula que el Consejo Superior de la Judicatura, que estará integrado también por el fiscal general, el presidente del Consejo de Abogados y un abogado con dilatada experiencia, nombrará a los jueces del nuevo Tribunal de Apelación.
El nivel de la percepción de la independencia judicial es medio. El 55 % de la población general considera que la independencia judicial es «bastante buena y muy buena», porcentaje que ha descendido ligeramente en 2020. La cifra correspondiente entre las empresas es del 48 % y ha disminuido en los últimos años.
El nombramiento de los jueces está sujeto a nuevos criterios pormenorizados. En julio de 2019, el Tribunal Supremo introdujo nuevos criterios pormenorizados para la selección, el nombramiento, la evaluación y la promoción de los jueces. Con ello se busca armonizar estos procedimientos con las buenas prácticas existentes en la UE. Estos nuevos criterios se están empleando para la contratación de nuevos jueces, así como para su promoción. La selección y el nombramiento se basan en una convocatoria de candidaturas ampliamente difundida, lo que incluye su publicación en el Boletín Oficial, entre otros medios. El Consejo Superior de la Judicatura decide quiénes serán los candidatos seleccionados tras un proceso que tiene por objeto garantizar que estos cumplen los criterios objetivos, poseen los conocimientos pertinentes y satisfacen los requisitos relacionados con la personalidad.
Se está reformando la Oficina Jurídica de la República. El Servicio de Fiscalía se organiza bajo los auspicios del fiscal general de la República. Las disposiciones legales prohíben que cualquier persona dé instrucciones al fiscal general o interfiera en su actividad
. Todos los fiscales se ocupan de asuntos penales bajo las instrucciones del fiscal general y en nombre de este
. El fiscal general es a su vez el director de la Oficina Jurídica y el asesor jurídico de la República. Esta función múltiple podría suscitar preocupación en lo que respecta a la capacidad de cada uno de los funcionarios judiciales y fiscales para desempeñar sus tareas de manera autónoma
. En 2019, expertos independientes llevaron a cabo una revisión funcional de la Oficina Jurídica. Partiendo de este informe, se ultimó un plan de acción que el Consejo de Ministros aprobó el 15 de octubre de 2019. Dicho plan de acción prevé la reforma integral de la Oficina Jurídica de la República que, entre otras cosas, comprende la reestructuración y creación de direcciones independientes y autónomas en la Oficina Jurídica, la creación de nuevos puestos, la racionalización de los procesos, la separación de funciones y los procesos de contratación. El fiscal general y el Ministerio de Economía están debatiendo un proyecto de ley relativo a la independencia presupuestaria de la Oficina Jurídica
.
Calidad
El sistema de justicia adolece de una digitalización prácticamente inexistente. El público general tiene acceso a una cantidad muy limitada de información sobre el sistema judicial. Además, no existe información electrónica sobre el avance de los casos ni un sistema electrónico para la gestión de estos. Esta cuestión también se ha abordado en el contexto del Semestre Europeo de 2020 mediante una recomendación para mejorar la digitalización del sistema judicial. Uno de los principales objetivos de las reformas en curso es la introducción de un sistema electrónico de administración judicial. No obstante, su implantación y los procedimientos oportunos de contratación pública vienen retrasándose desde 2017. Entretanto, se ha creado e instalado un minirregistro electrónico en todos los registros civiles y el Tribunal Supremo con el fin de tramitar las demandas de un modo más eficiente, en espera de que se implemente por completo el sistema de justicia electrónica. En este contexto, cabe señalar que, en el marco de las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el Tribunal Supremo anunció la suspensión de los procedimientos judiciales, salvo de los asuntos urgentes. Los procedimientos judiciales se han ido reanudando paulatinamente desde el 4 de mayo de 2020.
Se ha adoptado una ley por la que se establece un centro de formación (permanente) para los jueces. La ley por la que se establece un centro de formación para la judicatura se adoptó el 14 de agosto de 2020. Dicho centro de formación tendrá su sede en el Tribunal Supremo y será el encargado de formar e instruir en materia judicial a los jueces, así como de llevar a cabo investigaciones científicas relacionadas con cuestiones judiciales.
Eficiencia
El sistema judicial está sufriendo graves problemas en términos de eficiencia. El tiempo necesario para resolver asuntos civiles, mercantiles y administrativos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia (737 días en 2018, frente a los 1 118 de 2017) sigue siendo de los más elevados de la UE. En la justicia administrativa, la mejora de la eficiencia en la primera instancia se reflejó en la disminución de la duración de los procesos (487 días en 2018, frente a los 2 162 de 2017) y el aumento de las tasas de resolución (en torno al 219 % en 2018, mientras que en 2017 fue de alrededor del 74 %). No obstante, los procesos continúan siendo muy largos en última instancia (2 156 días en 2018). En la recomendación antes mencionada también se ha planteado la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema judicial en el contexto del Semestre Europeo de 2020
.
Se ha adoptado un plan de acción para hacer frente a estos problemas de eficiencia, el cual se encuentra en fase de ejecución, aunque con cierto retraso. Un paso importante en el programa de reformas ha sido la realización de un estudio de revisión funcional de los órganos jurisdiccionales chipriotas, terminado en marzo de 2018, con el que se formularon una serie de recomendaciones relativas al funcionamiento del Tribunal Supremo y los órganos jurisdiccionales de primera instancia, así como a la gestión de los órganos jurisdiccionales. Sobre la base de dichas recomendaciones, el Gobierno ha elaborado un plan de acción detallado para acometer una reforma judicial. Con el objetivo de facilitar y respaldar la ejecución del plan de acción, se ha creado un Comité de Reforma Judicial en el que participan las partes interesadas relevantes. A pesar de que las autoridades han manifestado su determinación de subsanar las deficiencias del sistema de justicia, la aplicación de la mayoría de las acciones planificadas se ha retrasado, pues aún están pendientes ante la Cámara de Representantes.
Las reformas prevén la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Se ha propuesto nueva legislación para la creación de un Tribunal de lo Mercantil, que incluye disposiciones respecto de los asuntos que serán competencia de dicho tribunal y de las cualificaciones de los jueces. La intención es ofrecer un foro adecuado para la resolución de asuntos mercantiles de gran repercusión. En previsión de la adopción de esta ley, ya se ha aprobado la creación de cinco cargos judiciales que se han incluido en el presupuesto estatal. Del mismo modo, otro nuevo proyecto de ley, también pendiente ante la Cámara de Representantes, establece la creación de una nueva jurisdicción en el seno de los tribunales de distrito. De acuerdo con el proyecto de legislación, todos los jueces de los tribunales de distrito tendrán competencia para conocer de cualquier demanda relativa a litigios derivados de líneas de crédito o relacionados con ellas, con independencia de la cuantía del litigio y del valor de la propiedad, y para dictar sentencia en ellos. En junio de 2019, empezó a funcionar el nuevo Tribunal Administrativo de Protección Internacional. De conformidad con la normativa por la que se creó, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo trasladará a este tribunal los asuntos en materia de protección internacional con el objetivo de acelerar los procedimientos en esta categoría de asuntos y, a la vez, conceder más tiempo al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para encargarse de los demás asuntos. El 1 de septiembre se aumentó la capacidad del tribunal aumente mediante la contratación de dos jueces adicionales (la modificación pertinente se promulgó en enero de 2020) y diez administrativos que les prestan asistencia (cinco de ellos ya han ocupado el cargo).
La resolución del estancamiento de asuntos atrasados, que se han acumulado en los órganos jurisdiccionales, es una tarea urgente del proceso de reforma. El Tribunal Supremo ha designado al presidente de un tribunal de distrito para que actúe en calidad de «gestor de asuntos» a fin de controlar y supervisar la tramitación diligente de los asuntos retrasados. Se ha empezado a crear un grupo de trabajo de jueces mediante la contratación de varios jueces más —el proceso está en curso— y de personal de apoyo. A raíz de la resolución adoptada por el Tribunal Supremo en febrero de 2019 de asignar la tramitación de los litigios financieros relacionados con préstamos dudosos a seis jueces de tribunales de distrito que ya se encuentran en funciones, en diciembre de 2019 se organizó una formación especializada.
La revisión de las normas de procedimiento civil, que se esperaba que concluyese en junio de 2020 a más tardar, se ha retrasado hasta octubre de este año. Esta es una reforma importante que debería contribuir a mejorar la eficiencia del sistema judicial. La modificación de la Ley de enjuiciamiento civil tendrá por objeto facilitar la ejecución de las resoluciones judiciales para embargar bienes muebles. Asimismo, se espera que las normas de procedimiento civil revisadas mejoren la ejecución de las resoluciones judiciales.
II.Marco de lucha contra la corrupción
Chipre modificó su marco jurídico de lucha contra la corrupción y un Plan Nacional de Acción Horizontal aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2019, por el cual se aplicaban elementos clave de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. El fiscal general tiene competencias generales para enjuiciar infracciones penales, incluida la corrupción. La Fiscalía proporciona asesoramiento jurídico a las autoridades policiales que investigan delitos de corrupción. Hay varias medidas jurídicas pendientes de adopción, entre las que figuran un proyecto de ley para establecer una autoridad independiente de lucha contra la corrupción, un proyecto de ley sobre la actividad de los grupos de presión y un proyecto de ley sobre la denuncia de delitos de corrupción que incluye disposiciones relativas a la protección de los denunciantes.
Chipre tiene una puntuación de 58/100 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional de 2019 y ocupa el 12.º puesto de la UE y el 41.º a escala mundial. El 95 % de las personas que respondieron a una encuesta del Eurobarómetro de 2020 consideran que la corrupción es un problema generalizado (media de la UE: 71 %) y un 60 % cree que la corrupción le afecta personalmente en su vida diaria (media de la UE: 26 %). En cuanto a las empresas, el 88 % considera que la corrupción está extendida (media de la UE: 63 %) y un 48 % ve la corrupción como un problema cuando hace negocios (media de la UE: 37 %). Por otro lado, un 24 % de las personas cree que el número de enjuiciamientos es suficiente para disuadir de la práctica de la corrupción (media de la UE: 36 %), mientras que el 11 % de las empresas considera que las personas y empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas (media de la UE: 31 %).
La legislación penal anticorrupción está ampliamente instaurada. Hay en vigor aspectos del Derecho penal y procesal con definiciones relevantes de los delitos y una ley de prescripción, los cuales están en consonancia, a grandes rasgos, con las normas internacionales. Las sanciones a las personas jurídicas condenadas por corrupción también contemplan su exclusión de los procedimientos de licitación pública. Un proyecto de ley establece mayores multas y el cierre temporal de la actividad empresarial por los delitos de corrupción cometidos por personas jurídicas. La Ley de lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas, que tiene por objeto combatir las conductas corruptas en el deporte, se promulgó el 15 de diciembre de 2017 y define nuevos delitos de corrupción en este ámbito. Se ha determinado que los órganos jurisdiccionales de la República de Chipre poseen jurisdicción extraterritorial para todos los delitos relacionados con la corrupción.
Se está aplicando el Plan de Acción Nacional contra la Corrupción. El Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2019 un Plan Nacional de Acción Horizontal contra la Corrupción que hace efectivos los elementos clave de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Todavía no se han adoptado algunas medidas fundamentales del Plan de Acción, en especial el proyecto de ley por el que se establece una autoridad independiente de lucha contra la corrupción. Asimismo, el proyecto de ley sobre la denuncia de actos de corrupción, que incluye disposiciones relativas a los denunciantes, y el proyecto de ley sobre la transparencia en los procesos de adopción de decisiones públicas y cuestiones conexas, que incluye disposiciones sobre las actividades de los grupos de presión, están pendientes de adopción en la Cámara de Representantes desde mayo de 2017 y mayo de 2019, respectivamente. En espera de que se establezca la autoridad independiente, como solución provisional se ha encomendado a la Oficina para la Transparencia y la Prevención de la Corrupción la responsabilidad de vigilar la ejecución del Plan Nacional de Acción Horizontal. Se han designado puntos de contacto en los organismos públicos, pero la Oficina no cuenta con personal suficiente.
Las competencias para prevenir, investigar y perseguir la corrupción están compartidas entre varias autoridades. El Ministerio de Justicia y Orden Público es responsable de la coordinación de políticas en lo tocante a la lucha contra la corrupción. El fiscal general tiene la responsabilidad general de enjuiciar los delitos, así como el derecho a interrumpir un enjuiciamiento. El Ministerio Fiscal (el Servicio Fiscal de la Fiscalía General de la República) proporciona a los investigadores policiales asesoramiento jurídico directo acerca de cuestiones relacionadas con la corrupción, el derecho penal, el procedimiento penal y las pruebas. Es el punto de contacto entre la Policía y el Servicio Fiscal de la República (Fiscalía General). Las autoridades indicaron que entre 2013 y 2018 se investigaron o estaban en proceso de investigación 120 casos de corrupción. La investigación ya ha finalizado en noventa y ocho de ellos, y sigue en curso en veintidós. En cuarenta y siete casos el juicio ya ha comenzado o está pendiente. Se condenó por corrupción a treinta y siete personas vinculadas a veintiséis asuntos, entre los que hubo doce condenas por corrupción de alto nivel que afectaron al fiscal general adjunto, miembros de la Cámara de Representantes y exministros, entre otros. La Policía cuenta con un equipo especial para las investigaciones financieras. Este equipo está integrado por cinco analistas financieros, contables o auditores certificados, y dos investigadores policiales con experiencia. Su objetivo es proporcionar apoyo y conocimientos técnicos a los investigadores policiales que investigan asuntos penales graves relacionados con delitos financieros, incluidos los casos de corrupción. También existe un Departamento de Asuntos Internos encargado de investigar presuntos casos de corrupción en el seno de la policía. Dicho Departamento investiga todas las alegaciones y denuncias, incluidas las presentadas de manera anónima, por prácticas corruptas u omisiones cometidas por miembros de la policía. El Departamento de Asuntos Internos está operativo y ha investigado doce casos de corrupción, uno de los cuales dio lugar a una condena.
El ordenamiento jurídico todavía no prevé la protección de los denunciantes. Corresponde a los empleadores proteger a los denunciantes mediante políticas internas. Hay un proyecto de ley sobre la denuncia de actos de corrupción pendiente en la Cámara de Representantes. Su objetivo es proporcionar disposiciones complementarias relativas a la protección de los denunciantes.
La actividad de los grupos de presión no está regulada. Hay un proyecto de ley encaminado a regular las actividades de los grupos de presión pendiente de aprobación en el Parlamento desde mayo de 2019. El proyecto de ley exige que todos los grupos de presión se registren y graben sus reuniones. Se prevé que la adopción de esta ley vaya acompañada de la creación de la Autoridad Independiente de Lucha contra la Corrupción, que se encargará de llevar el registro de estos grupos. En la actualidad no existe una autorregulación de las actividades de los grupos de presión, y en Chipre no hay una asociación profesional que congregue a estos grupos.
Los conflictos de intereses requieren atención. En este ámbito, el proyecto de ley relativo a los grupos de presión contiene disposiciones que regulan los conflictos de intereses de los funcionarios de alto nivel. También introduce un período de incompatibilidad conforme al cual los funcionarios de alto nivel no pueden inscribirse en el registro hasta que transcurran dos años desde el día en que dejen de ejercer sus funciones. Aunque los miembros del Gobierno, los funcionarios y los fiscales deben respetar ciertos códigos de conducta, no existen disposiciones similares aplicables a los miembros de la Cámara de Representantes. A finales de 2019 se inició un procedimiento para elaborar y adoptar un código de conducta para los diputados. Dicho código tiene por objeto ofrecer orientación sobre cómo prevenir y gestionar los conflictos de intereses que afecten a los diputados.
Existen normas para la declaración del patrimonio y se prevén sanciones en caso de incumplimiento. El presidente, los ministros, los miembros de la Cámara de Representantes, determinados cargos de la República, funcionarios de alto nivel y otras personas con exposición pública tienen que presentar declaraciones detalladas de sus propiedades y activos, los de sus cónyuges y los de sus hijos menores de edad. Deben realizar y presentar dichas declaraciones en un plazo de tres meses tras tomar posesión del cargo, con periodicidad trienal mientras lo ocupen y en un plazo de tres meses después de dejarlo. En 2019, se enviaron a un comité parlamentario especial y se publicaron las declaraciones del patrimonio del presidente de la República, los ministros y los miembros de la Cámara de los Representantes. El órgano encargado de verificar las declaraciones de los demás agentes y cargos públicos es un consejo especial integrado por tres miembros designados por el Consejo de Ministros en 2017. Los dos órganos encargados de verificar las declaraciones (es decir, el comité parlamentario especial y el Consejo) pueden asignar las investigaciones a contables certificados. Si bien el informe del Semestre Europeo de 2020 indica que hay normas vigentes, se plantearon dudas respecto de la verificación del patrimonio. El consejo encargado de la verificación ha impuesto varias multas por la no presentación de las declaraciones, y existen preocupaciones por la precisión de estas.
III.Pluralismo de los medios de comunicación
En Chipre, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información están protegidos jurídica y oficialmente por el artículo 19 de la Constitución del país. El Derecho derivado protege de manera expresa el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes y fomenta el pluralismo de los medios de comunicación radiofónicos y televisivos. Está previsto revisar la Ley sobre la prensa a tenor de la transposición de la Directiva de los medios audiovisuales, en su versión revisada. Los cambios anunciados supondrían la regulación expresa de los medios de comunicación electrónicos por primera vez y la introducción de disposiciones complementarias específicas sobre los derechos de los periodistas. Está previsto que la Ley sobre el derecho de acceso a la información del sector público (2017) entre en vigor en diciembre de 2020. Chipre despenalizó la difamación en 2003.
La independencia de la Autoridad Chipriota de Radio y Televisión, el organismo que regula los servicios de los medios de comunicación audiovisuales, está garantizada por ley. Sus competencias y responsabilidades están definidas en el artículo 3 de la Ley 7(I)/1998 sobre los organismos de radiodifusión y teledifusión (en su versión modificada). Entre ellas se incluyen, inter alia, controlar la propiedad de los proveedores de servicios de comunicación con vistas a garantizar su independencia, así como acabar con la concentración, el oligopolio o el monopolio; velar por la independencia periodística y creativa de los empleados de los proveedores de servicios de comunicación, y elaborar un informe cada tres años sobre el desarrollo del pluralismo y la concentración de las acciones en los proveedores de servicios de comunicación.
Este sistema regulatorio establece una autoridad jurídicamente independiente con facultades claramente definidas y dotada de recursos financieros suficientes. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación Media Pluralism Monitor (MPM) señala que las decisiones de la Autoridad se publican de manera periódica, están sujetas a revisión judicial y no pueden ser anuladas por el Gobierno. En consecuencia, el MPM considera que el riesgo general para la independencia de la Autoridad en términos de independencia funcional, potestades coercitivas y adecuación de los recursos es bajo. No obstante, califica la independencia efectiva de la Autoridad con un riesgo medio debido a la preocupación que suscitan los criterios de selección que el Gobierno utiliza para designar a los miembros de la Autoridad, la independencia en la práctica, y problemas de transparencia y rendición de cuentas.
Chipre cuenta con un comité periodístico independiente, la Comisión de Reclamaciones a los Medios de Comunicación. Formada por trece miembros, es la responsable de la autorregulación de los medios informativos, tanto impresos como electrónicos, y está libre de injerencias por parte del Gobierno y de supervisión judicial. Se financia exclusivamente con las aportaciones de sus fundadores y aplica un Código de Comportamiento que define las obligaciones y los derechos de los periodistas. La Comisión de Reclamaciones acepta que la población presente reclamaciones sobre una serie de cuestiones, tales como la precisión de la información, el derecho a la refutación, el derecho a la intimidad, los derechos de autor, la presunción de inocencia, la discriminación, los privilegios profesionales y el interés público. El Media Pluralism Monitor recomienda que los periodistas sindicados y no sindicados y todas las partes interesadas de los medios de comunicación reafirmen su función y reclamen su condición para recuperar la confianza pública con el objetivo de hacer frente a las recientes dificultades a que se enfrentan los medios de comunicación en Chipre.
El marco regulador de Chipre permite cierto grado de transparencia en lo que respecta a la propiedad de los medios de comunicación en el sector de la comunicación audiovisual. La Autoridad de Radio y Televisión garantiza la transparencia, que se consigue fundamentalmente mediante los procedimientos detallados de concesión de licencias y registro establecidos por la ley antes mencionada. En cuanto al escrutinio sistemático por parte de la Autoridad, el Media Pluralism Monitor de 2020 expresa inquietud por la eficiencia de su realización en la práctica. Asimismo, no existe un marco que garantice la transparencia de la propiedad en los sectores de la prensa escrita y los medios de comunicación digitales, lo cual dificulta determinar y verificar quiénes son los propietarios reales o la propiedad cruzada en estos sectores. En consecuencia, el MPM considera que la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación presenta un riesgo alto (81 %). Este factor, unido a otros —como la considerable concentración de los medios informativos y la falta de regulación del mercado de medios de comunicación en línea—, ha llevado al MPM a cambiar la calificación del riesgo de la pluralidad del mercado de bajo (34 %) en 2017 a alto (74 %) en 2020. No obstante, el MPM señala que el sector televisivo presenta un pluralismo considerable, puesto que cuatro de los siete canales comerciales de televisión y la empresa pública de radiodifusión tienen unos índices de audiencia prácticamente idénticos.
Existen mecanismos para salvaguardar la independencia política y para evitar los conflictos de intereses. En términos de independencia política, las autoridades reguladoras pertinentes aplican con eficiencia los umbrales y las limitaciones en materia de propiedad establecidos en la Ley de incompatibilidades para los cargos públicos, promoviendo así el pluralismo. Sin embargo, el MPM señala que la presión corporativa parece fomentar un clima de autocensura entre los equipos editoriales. En la actualidad no existe un marco que regule la distribución de la publicidad estatal, si bien el MPM indica que en la práctica el sistema parece ser justo. Las autoridades informaron a la Comisión de que se espera que a finales de 2020 se haya instaurado un nuevo mecanismo para la asignación equitativa de la publicidad de las campañas políticas.
Las amenazas para la seguridad de los periodistas son muy inusuales. En 2019, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no publicó ninguna alerta en relación con Chipre. En 2020 se publicó una alerta relativa a una bomba casera que el 4 de marzo de 2020 explotó a la entrada de las oficinas de la agencia de noticias MC Digital Media (a la que pertenecen el portal de noticias local en línea Cyprustimes.com y otras publicaciones sobre deportes, economía y la industria del espectáculo que se publican en Internet), provocando grandes daños al edificio. El Gobierno se apresuró a condenar el ataque y declaró que el Estado tomará todas las medidas necesarias para identificar a sus autores.
IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios
La República de Chipre es una república presidencialista. El presidente de Chipre es al mismo tiempo el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. La Cámara de Representantes es el Parlamento y está dotada de poder legislativo. Tanto los representantes como los ministros tienen derecho de iniciativa legislativa. El Tribunal Supremo tiene competencias en relación con la constitucionalidad de las leyes. Existen diversas autoridades, organizaciones e instituciones nacionales independientes que buscan proteger y salvaguardar los derechos humanos.
Se están realizando esfuerzos para mejorar la consulta a las partes interesadas a la hora de elaborar legislación. En el contexto del Proyecto de Mejora de la Legislación y las circulares relevantes del Ministerio de Economía y el Servicio Jurídico, es obligatorio celebrar una consulta pública con todas las partes interesadas antes de proceder con un proyecto de ley gubernamental. Todos los proyectos de ley que se presentan al Consejo de Ministros para su aprobación y después a la Cámara de Representantes para su promulgación van acompañados de un cuestionario completamente rellenado en el que se explican todos los aspectos de la legislación propuesta y de la consulta que se ha realizado. El marco de evaluación del impacto reglamentario implantado por Chipre en 2017, que atañe tanto al Derecho primario como al Derecho derivado, presenta una serie de problemas que podrían mitigarse teniendo en cuenta un abanico más amplio de costes y beneficios y estableciendo un organismo de supervisión que controle la calidad de las evaluaciones del impacto.
El Gobierno está facultado para adoptar medidas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Aunque no se ha declarado el estado de emergencia contemplado en la Constitución, el Gobierno se ha apoyado en la Ley sobre el control de epidemias (Ley de cuarentena), que concede al Consejo de Ministros, el ministro de Salud y otros ministros la facultad de emitir decretos para lidiar con la situación de emergencia.
Un proyecto de legislación prevé la creación de un Tribunal Constitucional que asumirá la tarea de examinar la constitucionalidad de las leyes, de la que ahora se encarga el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene competencia para pronunciarse sobre la compatibilidad de una ley con la Constitución o sobre todo conflicto de atribuciones entre cualquier órgano o autoridad de la República. Asimismo, puede conocer de los recursos que presente el presidente de la República respecto de si una ley aprobada por la Cámara de Representantes contradice la Constitución. De conformidad con la Constitución, toda parte en un proceso judicial puede poner en duda la constitucionalidad de cualquier ley o resolución sustantiva para determinar alguna de las cuestiones a que se refiera el proceso. En ese caso, el órgano jurisdiccional ante el que se plantee dicha cuestión suspenderá las actuaciones hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión al respecto.
Una reforma busca mejorar la ejecución de las decisiones judiciales por parte de la Administración pública. Con arreglo a la Constitución, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Supremo están facultados para evaluar si se han aplicado sus resoluciones y, en caso negativo, imponer las sanciones correspondientes conforme a lo previsto por la ley. No obstante, todavía no se ha promulgado la base jurídica necesaria. La Cámara de Representantes tiene pendiente de tramitar un proyecto de ley que establece sanciones en caso de que un órgano, una autoridad o una persona infrinja la obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
El comisario para la Administración, que contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales, se ha enfrentado a ciertas dificultades. El comisario para la Administración y los Derechos Humanos (defensor del pueblo) es la institución nacional de derechos humanos. En 2015, la GANHRI le asignó la categoría B. En su informe de acreditación, el Subcomité de Acreditación de la GANHRI formuló recomendaciones acerca del nombramiento del defensor del pueblo, la asignación de recursos y la gestión del presupuesto. Recientemente se han reforzado las capacidades del defensor del pueblo y se ha solicitado más personal para 2020. No obstante, ha tenido dificultades, en vista del intento del auditor general de investigar el modo en que ejerce sus funciones, que el comisario consideró una interferencia con su independencia. El Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) refrendó esta postura y, posteriormente, el fiscal general detuvo el procedimiento. Las sugerencias o recomendaciones del comisario no son vinculantes. Tiene capacidad para consultar a la autoridad implicada con el fin de buscar una forma de que esta asuma sus posturas y las ponga en práctica.
El espacio cívico de Chipre se considera abierto. En 2013 se creó la Oficina del Comisario para Voluntariado y ONG, que tiene por objeto fomentar la participación cívica activa en el plano local y promover el papel que desempeña una sociedad civil organizada a todos los niveles con el fin de elaborar políticas gubernamentales. Además, el Consejo de Ministros de la República de Chipre aprobó tres documentos políticos preparados por el comisario: «La carta de la ciudadanía activa», «La sociedad civil organizada de Chipre» y la «Carta de los derechos y las responsabilidades de los voluntarios». Una Casa de Voluntarios proporciona a las ONG oficinas sin coste alguno. No obstante, el registro de organizaciones de la sociedad civil parece suscitar ciertas preocupaciones. Si bien una nueva ley adoptada en 2017 ha aclarado las normas del proceso de registro y, por lo general, ha sido acogida con satisfacción por las partes interesadas, el requisito de que las organizaciones deben tener al menos veinte miembros fundadores sigue considerándose especialmente oneroso.
Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*
* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).
Agencia de los Derechos Fundamentales (2020), Datos aportados por la Agencia de los Derechos Fundamentales a la consulta a las partes interesadas para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), 2020 Media pluralism monitor.
https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020/
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Centro Europeo para un Derecho Sin Fines de Lucro, A more progressive NGO Law adopted in Cyprus.
https://ecnl.org/republic-cyprus-adopted-progressive-ngo-law/
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CEPEJ (2018), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.
CIVICUS, Monitor tracking civic space: Cyprus.
https://monitor.civicus.org/country/cyprus/
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Código de Buenas Prácticas de los Periodistas.
www.cmcc.org.cy/code_practice.html
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Comisión Europea (2018), Examen funcional del sistema judicial de Chipre.
http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/All/4F4B016078A6DA93C22583BD003D9CDB?OpenDocument
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Comisión Europea (2019), Creation of Objective Criteria for the recruitment and promotion of Judges in Cyprus.
Comisión Europea (2020), Informe sobre Chipre, SWD(2020) 512 final.
Comisión Europea (2019, 2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.
Dirección General de Comunicación (2019), Edición Flash del Eurobarómetro n.º 482: Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.
Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial 502: corrupción.
Dirección General para Programas Europeos, Coordinación y Desarrollo, Europe 2020 Cyprus National Reform Programme.
Gobierno de Chipre (2020), Datos aportados por Chipre para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
GRECO (2016), Cuarta ronda de evaluación, Informe de evaluación de Chipre sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales.
GRECO (2018), Cuarta ronda de evaluación, Informe de cumplimiento de Chipre sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales.
OCDE (2019), Indicadores de política y gobernanza regulatoria: Chipre.
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-of-regulatory-policy-and-governance-2019-cyprus.pdf
Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Chipre.
Red Europea de Consejos del Poder Judicial/Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Survey among lawyers on the independence of Judges, 2018-2019 - Independence and Accountability of the Judiciary.
Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2020), Datos aportados por la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la consulta a las partes interesadas para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
Reporteros Sin Fronteras (2020), Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
República de Chipre (2020), Respuesta de las autoridades de la República de Chipre en relación con la alerta con el título «pipe bomb attack on Cyprus MC Digital» («ataque con bomba de tubo a las oficinas de la agencia de noticias MC Digital Media»).
Sitio web de la Comisión de Reclamaciones a los Medios de Comunicación de Chipre:
http://www.cmcc.org.cy/about_us.html
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Transparencia Internacional (2019), Índice de percepción de la corrupción.
Visita virtual a Chipre en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
Anexo II: Visita a Chipre
Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con:
·la Fiscalía General,
·el Ministerio del Interior,
·el Ministerio de Justicia,
·la Policía Nacional,
·la Oficina de Prensa e Información,
·la Autoridad de Radio y Televisión,
·el Tribunal Supremo.
* La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:
·Amnistía Internacional,
·Civil Liberties Union for Europe,
·Civil Society Europe,
·Conference of European Churches,
·EuroCommerce,
·European Center for Not-for-Profit Law,
·el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación,
·Foro Cívico Europeo,
·Free Press Unlimited,
·Front Line Defenders,
·ILGA-Europe,
·Comisión Internacional de Juristas,
·Federación Internacional de Derechos Humanos,
·Instituto Internacional de la Prensa,
·Lifelong learning Platform,
·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute,
·Reporteros sin Fronteras,
·Transparency International EU.