COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 30.9.2020

SWD(2020) 311 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020

Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Italia

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}

I.Sistema judicial

El sistema judicial está establecido en la Constitución 1 , que consagra su independencia y autonomía 2 . Los tribunales ordinarios tienen jurisdicción en asuntos civiles y penales y están organizados en un sistema estructurado en tres niveles de instancias. La primera instancia está compuesta por los jueces de paz, los tribunales ordinarios y los tribunales de menores. Los tribunales de apelación son la segunda instancia, y el Tribunal Supremo de Casación es la más alta instancia. La justicia administrativa se organiza en tribunales de primera instancia (Tribunali Amministrativi Regionali) y en tribunales de segunda instancia (Consiglio di Stato y Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia). La jurisdicción en materia de contabilidad es ejercida por el Tribunal de Cuentas (Corte dei Conti, Cámara Regional y Central). En materia fiscal, los tribunales competentes son los tribunales fiscales de primera y segunda instancia (Commissioni Tributarie Provinciali y Regionali) y el Tribunal Supremo de Casación al más alto nivel. La estructura de la fiscalía refleja la de los tribunales. En lo que respecta a la delincuencia organizada y otros delitos graves 3 , las funciones de enjuiciamiento son efectuadas por las Direcciones de Lucha contra la Mafia de Distrito 4 . De acuerdo con el principio de unidad del poder judicial, los jueces ordinarios y los fiscales son todos magistrados, tienen una estructura de carrera común y están regidos por el Consejo Superior de la Magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura) 5 . Los magistrados administrativos, contables y fiscales tienen sus propios órganos de autogobierno (respectivamente, Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti y Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria). El Consejo Nacional de la Abogacía es un órgano independiente y de autogobierno establecido por la ley 6 .

Independencia

Existe un sólido marco legislativo para salvaguardar la independencia judicial tanto de los jueces como de los fiscales 7 . El poder judicial está completamente separado de los demás poderes constitucionales 8 . El Consejo Superior de la Magistratura 9 se encarga de garantizar la independencia del poder judicial. Toda decisión relativa a contrataciones, traslados, ascensos, evaluaciones profesionales y medidas disciplinarias está sujeta a revisión judicial. Los fiscales, como miembros del poder judicial, son independientes y gozan de las mismas garantías que los jueces 10 . Esto está en consonancia con una tendencia generalizada en Europa de permitir una fiscalía más independiente, como observó la Comisión de Venecia 11 . El Fiscal General del Tribunal de Casación, que es nombrado por el Consejo Superior de la Magistratura, no tiene competencias jerárquicas sobre las distintas fiscalías 12 .

El nivel de independencia judicial percibida Italia en es bajo. Solo el 31 % del público en general y el 36 % de las empresas lo consideran «bastante bueno o muy bueno» y estos porcentajes han disminuido entre 2019 y 2020 13 . Las principales razones entre el público en general y las empresas para la falta de independencia percibida son la injerencia o la presión del Gobierno y los políticos y de los intereses económicos u otros intereses específicos 14 .

El Gobierno ha propuesto una reforma del Consejo Superior de la Magistratura y de otros aspectos del sistema judicial. La Constitución ha establecido el Consejo Superior de la Magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura - CSM) como un órgano independiente y autónomo 15 , dos tercios de cuyos miembros son magistrados elegidos por sus homólogos de todos los niveles del poder judicial 16 . Los miembros restantes son miembros legos elegidos por el Parlamento entre profesores universitarios de asuntos jurídicos y abogados con al menos quince años de experiencia. El Presidente de la República (que también preside el CSM), el Primer Presidente del Tribunal de Casación y el Fiscal General del Tribunal de Casación son miembros de oficio. La elección de los magistrados-miembros del consejo se realiza en tres colegios nacionales 17 . En 2019, el CSM tuvo que hacer frente a problemas de integridad en relación con graves denuncias relativas al nombramiento de fiscales de alto nivel, reveladas por una investigación penal 18 . Esta investigación condujo a la dimisión de cinco miembros del CSM 19 . Se celebraron nuevas elecciones para sustituir a algunos de esos miembros 20 . Se iniciaron diez procedimientos disciplinarios y se adoptaron algunas medidas cautelares 21 . Además, la Asociación Nacional de Magistrados expulsó a uno de los magistrados de la Asociación. El 7 de agosto de 2020 el Gobierno propuso un proyecto de ley 22 de reforma del Consejo Superior para abordar las preocupaciones planteadas por la investigación penal antes mencionada. Dicha reforma incluye un aumento del número de miembros del Consejo 23 , la creación de diecinueve colegios territoriales de magistrados 24 y el establecimiento de una nueva junta disciplinaria. Además, las nuevas normas para aumentar la transparencia en el nombramiento de jueces y fiscales de alto nivel forman parte del proyecto de reforma. Este incluye la posibilidad de seleccionar por sorteo los candidatos para el CSM 25 . Es importante que toda reforma tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a los Consejos del poder judicial, incluso en lo que respecta a la selección de sus miembros 26 . Además, el proyecto de reforma tiene por objeto endurecer los requisitos para que los magistrados participen en la actividad política 27 . A este respecto, se reforzaron recientemente las obligaciones de declaración del patrimonio 28 y se pusieron en marcha iniciativas específicas para aumentar la conciencia sobre la ética y la independencia judiciales 29 , aunque el GRECO había planteado la falta de una reglamentación adecuada de la actividad política de los magistrados 30 .

Calidad

Se han asignado recursos para magistrados y personal administrativo adicionales. La Ley de presupuestos de 2019 31 prevé la contratación de seiscientos nuevos magistrados para los tribunales de justicia civil y penal 32 , divididos entre el Tribunal de Casación y los tribunales inferiores, así como el servicio de la Fiscalía 33 . Se prevé que las nuevas contrataciones se realicen antes de final de 2021 y que generen un aumento de la eficiencia en el plazo de resolución 34 . La Ley de presupuestos de 2020 35 introduce más flexibilidad en la asignación de jueces y permite que los jueces se ofrezcan como voluntarios para formar «equipos de trabajo flexibles» con el fin de hacer frente a determinados trabajos atrasados. Recientemente, se ha encomendado a hasta 850 jueces auxiliares que se ocupen de los largos procedimientos también en los tribunales de apelación en materia penal 36 . Se espera que en 2020 se cubra un elevado número de vacantes de personal administrativo, mientras que en 2021 se celebrarán nuevos concursos. Además, las medidas extraordinarias encaminadas a acelerar los casos pendientes y a mejorar la digitalización en los procedimientos penales permitieron el empleo de mil unidades durante un período de dos años 37 . En cuanto a la justicia administrativa, la Ley de presupuestos de 2018 38 aumentó el número de magistrados administrativos en veinte y, en febrero de 2020, se establecieron una nueva sección del Consejo de Estado y dos nuevas secciones en uno de los tribunales de primera instancia (Tar Lazio) 39 . No obstante, sigue habiendo problemas con respecto al considerable número de vacantes de magistrados, especialmente en primera instancia 40 .

Las reformas tienen por objeto seguir mejorando la digitalización del sistema judicial. La digitalización de los procedimientos de los tribunales civiles de primera y segunda instancia está en fase avanzada, si bien se encuentra en fase de prueba en el Tribunal de Casación (sección civil). En la actualidad, todo acto en los procedimientos de primera y segunda instancia se redacta, firma, envía y archiva, para su extracción y consulta, en formato digital. El proyecto de reforma que se está debatiendo en el Parlamento 41 relativo al procedimiento civil mejoraría aún más la digitalización al prever un archivo exclusivo en línea y una gama más amplia de medios electrónicos, junto con el pago en línea de las tasas judiciales y la ampliación de la digitalización a los jueces de paz 42 . En los procedimientos penales, la digitalización es parcial y abarca las notificaciones y comunicaciones, los registros electrónicos y la conexión electrónica con el Colegio de Abogados permitiendo el acceso a los defensores públicos. El proyecto de reforma que se está debatiendo en el Parlamento 43 relativo al procedimiento penal prevé la posibilidad de realizar presentaciones y notificaciones en línea a través de una gama más amplia de medios electrónicos. En cuanto a los tribunales administrativos, la digitalización está en fase avanzada. Una enmienda reciente 44 ha suprimido el requisito de la copia en papel además de la electrónica.

Las soluciones digitales preexistentes y el marco jurídico permitieron mantener algunas de las actividades de los tribunales durante la pandemia de COVID-19. En el contexto de la pandemia COVID-19, el Gobierno adoptó medidas organizativas, que se aplicarán en cooperación con los jefes de las Oficinas Judiciales y el Consejo Superior de la Magistratura, permitiendo audiencias civiles y penales a distancia 45 . La crisis condujo a una aceleración de la digitalización en los juicios penales, en los que se concedió a la Fiscalía la posibilidad de oír a los testigos e interrogar a los sospechosos por videoconferencia, así como de nombrar a expertos 46 . Además, se ha firmado un memorándum de entendimiento entre el Tribunal Supremo de Casación, la Fiscalía General del Tribunal Supremo de Casación y el Colegio Nacional de Abogados (Consiglio Nazionale Forense) en relación con los actos digitalizados 47 . Las audiencias en los tribunales administrativos se suspendieron inicialmente y después se organizaron a distancia 48 . También se ha firmado un memorándum de entendimiento entre el Consejo de Estado y los Colegios de Abogados en relación con las audiencias a distancia 49 .

Se está mejorando el acceso en línea a las sentencias. El acceso en línea a las sentencias tanto civiles como penales está plenamente disponible para las decisiones de los tribunales superiores, mientras que para los tribunales de primera y segunda instancia se están aplicando las resoluciones sobre la publicación de sentencias adoptadas por el Consejo Superior de la Magistratura 50 .

Están pendientes en el Parlamento las reformas para reestructurar y aumentar la especialización de los tribunales fiscales de primera y segunda instancia. El notable aumento de los asuntos entrantes en el ámbito de los litigios fiscales en la más alta instancia suscita preocupación acerca de la calidad del sistema judicial fiscal de Italia en la primera y segunda instancia 51 . La cuestión fue planteada por el GRECO, que tomó nota de algunas mejoras, pero subrayó la ausencia de formación regular y de supervisión sistemática también mediante evaluaciones periódicas, así como de un código de conducta profesional 52 .

Se han introducido normas para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Las normas se establecieron mediante la cooperación entre el poder judicial y los abogados, con el apoyo del Ministerio de Justicia 53 . Estas normas tienen por objeto mejorar la claridad y concisión de los actos en los procedimientos. Esto también allanó el camino para un proceso completo de digitalización hasta el Tribunal de Casación en asuntos civiles. El control de la calidad de las decisiones contribuye a garantizar un alto nivel de calidad.

Se han establecido oficinas de proximidad para mejorar la accesibilidad de los tribunales. El proyecto lo lleva a cabo el Ministerio de Justicia en el marco del Programa Nacional Operativo de Gobernanza y Capacidad Institucional 2014-2020 54 . Tiene por objeto mejorar el acceso a los tribunales mediante la mejora de un servicio de justicia más cercano a los ciudadanos, incluidos los grupos vulnerables. Además, establece una red de oficinas que prestan servicios homogéneos en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. El objetivo es mejorar el acceso a los tribunales con la participación de las autoridades locales y el uso del juicio civil digital.

Eficiencia

El sistema judicial sigue experimentando graves problemas relacionados con la duración de los procedimientos. A pesar de una tasa de resolución constante superior al 100 % 55 en el sector civil, el tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contenciosos civiles y mercantiles sigue siendo uno de los más altos de la UE 56 . En 2019, el plazo de resolución siguió disminuyendo en las primeras y segundas instancias 57 . En el Tribunal de Casación, la tendencia positiva observada en 2018 se ha invertido debido a un marcado aumento de los asuntos entrantes en el ámbito de la protección internacional 58 y a un número todavía considerable de asuntos entrantes relativos a litigios fiscales 59 , con altas tasas de inadmisibilidad 60 . En 2019, los tribunales administrativos han invertido una tendencia negativa y han comenzado a reducir el plazo de resolución en todas las instancias, aunque siguen estando por encima de la media 61 . Además, se observan resultados positivos en el ámbito de la contratación pública 62 . Italia sigue bajo la supervisión reforzada del Comité de Ministros del Consejo de Europa en lo que respecta a la duración de los procedimientos en los asuntos administrativos 63 . En los procedimientos penales, se observa 64 un plazo de resolución superior a la media a nivel de apelación, a pesar de una nueva disminución durante 2018-2019. No obstante, se siguen obteniendo resultados positivos en la contención de la duración de los juicios en los tribunales de primera instancia 65 y en el Tribunal de Casación 66 , pese a un ligero aumento con respecto al año anterior 67 . Italia sigue bajo la supervisión reforzada del Comité de Ministros del Consejo de Europa también en lo que respecta a la duración de los procedimientos en los asuntos penales 68 . En enero de 2020 entró en vigor una reforma que pone fin al plazo de prescripción después de una sentencia de primera instancia, en consonancia con una recomendación 69 específica por país de larga data en el contexto del Semestre Europeo 70 . Como resultado, existe una gran necesidad de medidas para aumentar la eficiencia, especialmente a nivel de apelación.

En el Parlamento se están debatiendo reformas para hacer frente a los problemas de eficiencia de los procedimientos civiles y penales. Actualmente se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de reforma general para racionalizar el procedimiento civil, recomendado desde 2013 en el contexto del Semestre Europeo 71 72 . Tiene por objeto aumentar la eficiencia mediante la simplificación de los procedimientos, la rapidez y la mejora de la digitalización. La propuesta amplía el uso de procedimientos simplificados y la gama de casos en los que un solo juez es competente para juzgar. También reduce los plazos de los procedimientos y obliga al juez a establecer un calendario para la recopilación de pruebas, y a las partes a archivar electrónicamente cualquier acto y documento pertinente. Revisa el procedimiento de apelación y las normas sobre la solución alternativa de litigios, e introduce exclusivamente escritos procesales electrónicos archivados. Además, acelera la ejecución de los procedimientos reformando el procedimiento de ejecución forzosa. También se está debatiendo actualmente en el Parlamento una amplia reforma del procedimiento penal encaminada a reforzar la eficiencia de los juicios penales y acelerar los procedimientos en los tribunales de apelación. La reforma incluye una revisión de los siguientes elementos: el sistema de notificación, un uso más amplio de procedimientos simplificados, la introducción de un juez único en segunda instancia para la citación directa, un uso más amplio de la presentación electrónica de documentos, normas simplificadas sobre las pruebas, la definición de plazos para la duración de la investigación preliminar y medidas para evitar el estancamiento en la fase de investigación. La reforma prevé que la suspensión del plazo de prescripción a partir de la fecha de emisión de la sentencia en primera instancia (como resultado de una reforma reciente) se aplique únicamente a las condenas y no a las absoluciones. La rápida adopción de estas reformas podría contribuir a aumentar la eficiencia. No obstante, algunas disposiciones tienen por objeto introducir nuevas faltas disciplinarias para los magistrados en caso de duración excesiva de los procedimientos. A ese respecto, es importante que cualquier disposición prevista de ese tipo tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa y salvaguarde la independencia judicial 73 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

El marco jurídico e institucional de lucha contra la corrupción está ampliamente instaurado. Ha entrado en vigor una nueva legislación que aumenta las penas por los delitos de corrupción. La prevención y la lucha contra la corrupción son competencias compartidas entre varias autoridades. La Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción (ANAC) es la autoridad encargada principalmente de la prevención de la corrupción en la administración pública, así como de definir la estrategia de lucha contra la corrupción y supervisar la adopción de los planes trienales. La Unidad de Lucha contra la Corrupción de la policía financiera (Guardia di Finanza) es responsable de la investigación y prevención de la corrupción como un organismo especializado en la aplicación de la ley. Además, la policía especializada y los servicios de fiscalía aumentan sus esfuerzos para hacer frente a la infiltración de la delincuencia organizada en la administración pública. La Unidad de Inteligencia Financiera para Italia (Unita' di informazione finanziaria per l'Italia), autoridad independiente del Banco de Italia, presta apoyo a la fiscalía competente y coopera con la Guardia di Finanza como autoridad competente para recibir las denuncias de transacciones sospechosas.

Italia tiene una puntuación de 53/100 en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y ocupa el 15.º puesto en la UE y el 51.º a escala mundial 74 . Según la encuesta especial del Eurobarómetro 2020, el 88 % de los encuestados considera que la corrupción es generalizada (71 % de media en la UE) y el 35 % de los encuestados considera que la corrupción les afecta personalmente en su vida diaria (26 % de media en la UE) 75 . En lo que se refiere a las empresas, el 91 % considera que la corrupción es generalizada (63 % de media en la UE), mientras que el 54 % considera que la corrupción supone un problema a la hora de hacer negocios (37 % de media en la UE). El 42 % de los encuestados considera que el número de procesamientos en casos de corrupción que culminan con éxito es suficiente para disuadir a otros de estas prácticas (36 % de media en la UE), mientras que el 25 % de las empresas considera que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a altos funcionarios reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE) 76 .

Recientemente se ha llevado a cabo una revisión del nivel de las penas por delitos relacionados con la corrupción. En la legislación se han previsto mayores niveles de penas para casi todos los delitos de corrupción con el fin de aumentar su eficacia y su carácter disuasorio. Se han aumentado sustancialmente las penas en los casos de corrupción activa y pasiva de funcionarios nacionales y extranjeros. A principios de 2019 se endureció aún más el régimen de penas por soborno impropio. La ley también ha reforzado el régimen de penas accesorias ampliando el alcance de la inhabilitación de por vida y la prohibición de ocupar cargos públicos para una amplia gama de delitos de corrupción. En mayo de 2019, se modificaron las disposiciones pertinentes 77 sobre el tema de la votación por intercambio de la mafia política, con el fin de centrarse en las posibles redes de organizaciones delictivas, políticos, empresarios y administraciones. Italia cuenta con un eficaz sistema de recuperación de activos, que es fundamental para complementar el régimen de penas por corrupción. El régimen italiano de recuperación de activos, que incluye tanto el decomiso basado en la condena como el no basado en la condena, está ampliamente reconocido como una buena práctica a nivel internacional 78 .

Se han fortalecido las facultades y la capacidad de la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción en lo que respecta a su función preventiva de lucha contra la corrupción. En lo que se refiere a la prevención de la corrupción, el enfoque de Italia cambió con la creación de la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción (ANAC) en 2012, cuya función y facultades, principalmente en materia de prevención de la corrupción en la administración pública, se han fortalecido en los últimos años. La ANAC es una autoridad independiente. Está integrada por cinco miembros nombrados por un mandato no renovable de seis años. Los nombramientos, propuestos por el Ministro de Administración Pública y Simplificación, de acuerdo con el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior, son aprobados por el Consejo de Ministros y los candidatos son nombrados por el Presidente de la República. La ANAC cuenta con una plantilla de 350 empleados. También se ha identificado como la entidad responsable de la supervisión y regulación de los contratos públicos. Esta competencia se complementa con la recopilación de datos sobre las licitaciones y las empresas que operan en el sector público. A tal fin, la ANAC gestiona el Observatorio de contratos públicos. La ANAC también es receptora de las denuncias de infracciones de las administraciones públicas de conformidad con el Decreto Legislativo 90/2014 79 . Además, la ANAC se encarga de definir la estrategia de lucha contra la corrupción y de supervisar la adopción de los planes trienales. La estrategia de lucha contra la corrupción se basa en un plan nacional de lucha contra la corrupción (PNA) y en planes trienales de lucha contra la corrupción y códigos de conducta que deben ser adoptados por la administración pública y las empresas controladas por el Estado. Si bien la ANAC puede imponer sanciones en caso de que no se adopten los planes trienales o los códigos de conducta, la autoridad ha invertido en gran medida en el fomento de una cultura preventiva mediante el asesoramiento y la orientación a la administración pública, así como en el establecimiento de directrices y normas para los códigos de conducta en áreas administrativas específicas. La autonomía e independencia de la ANAC está garantizada además por su propio sistema de recursos financieros. Los recursos propios representan aproximadamente el 87 % del presupuesto de la autoridad 80 .

Las instituciones de lucha contra la corrupción cooperan para contrarrestar la infiltración de la delincuencia organizada en la administración pública. La Dirección de Distrito de Lucha contra la Corrupción (DDA), componente de los magistrados que forman el «fiscal de distrito de lucha contra la mafia» especializado, es responsable de la mafia y otros delitos graves. Es la única fiscalía especializada en el derecho italiano. En lo que respecta a los delitos contra la administración pública, incluida la corrupción, las fiscalías nacionales, especialmente las de mediano y gran tamaño, dependen de grupos de trabajo especializados para investigar los delitos contra la administración pública, incluida la competencia sobre los delitos económicos que pueden estar relacionados con la corrupción. El uso de los planes y protocolos de investigación derivados de la lucha contra la delincuencia organizada es especialmente importante para combatir los delitos de corrupción, en particular el establecimiento de un intergrupo de policía judicial (Policía del Estado, Carabinieri, Policía Financiera y secciones de la Fiscalía General), y la creación de grupos de policía judicial dedicados específicamente a esos delitos. En noviembre de 2017, la Dirección Nacional de Lucha contra la Mafia y el Terrorismo (DNA) y la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción firmaron un acuerdo para permitir a la DNA acceder a la información disponible en el Registro de Empresas y la Base de Datos Nacional de Contratos Públicos, gestionada por la ANAC.

Las organizaciones delictivas recurren cada vez más a prácticas corruptas para lograr sus objetivos. La ANAC y la Fiscalía descubrieron que los grupos de delincuencia organizada de carácter mafioso utilizan sistemáticamente la corrupción y los métodos colusorios con la administración pública, especialmente en el contexto de la contratación pública. Como subrayó la ANAC en su informe anual de 2020 al Parlamento 81 , la tendencia aumenta constantemente. En 2019 se adoptaron 633 medidas de prohibición contra la mafia, frente a 573 en 2018 (un aumento anual del 10 %), y 2 600 desde 2015 en total.

La policía especializada, Guardia di Finanza, tiene la tarea específica de combatir la corrupción. La Guardia di Finanza (GdF) es un cuerpo de policía militar que proporciona apoyo a la oficina del fiscal competente y coopera con la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción. La GdF es la autoridad competente para recibir informes sobre transacciones sospechosas y, junto con la Dirección de Lucha contra la Mafia, lleva a cabo las investigaciones consiguientes y puede acceder a la información bancaria. Según la GdF, entre agosto de 2016 y agosto de 2019 se iniciaron 339 acciones judiciales relacionadas con la corrupción, con 117 órdenes de prisión preventiva por corrupción emitidas por las autoridades judiciales y relacionadas únicamente con el sector de la contratación. El 74 % de los casos (113 casos) se referían a la adjudicación de contratos públicos. Los municipios representan las entidades que corren mayor riesgo de infiltración por parte de la delincuencia organizada y de utilización de métodos corruptos y colusorios para dirigir la contratación pública. La GdF puede apoyar a la ANAC en el ejercicio de sus competencias tanto en el ámbito de los contratos públicos como en el amplio sector de las medidas de prevención de la corrupción. La GdF también coopera con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con la que ha iniciado recientemente una acción de seguimiento para identificar las ventas en línea de dispositivos médicos y sanitarios.

La legislación sobre la denuncia de irregularidades en el sector privado se basa en programas de cumplimiento voluntario. Tras la revisión del marco jurídico en 2017 82 sobre los denunciantes, se ha producido un aumento de la presentación de informes en el sector público. No obstante, la protección de los denunciantes en el sector privado sigue siendo menos eficaz debido al carácter voluntario del programa de cumplimiento. Según el informe anual más reciente de la ANAC, la utilización del instrumento de denuncia ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de 125 informes en 2015 a 873 en 2019, con un total de 2 330 informes en el período 2015-2019 83 .

El régimen de conflicto de intereses está fragmentado. Italia regula los conflictos de intereses en la administración pública y en el Gobierno estableciendo casos de inadmisibilidad e incompatibilidad por ley 84 . La ANAC se encarga de interpretar el marco jurídico sobre «la inadmisibilidad e incompatibilidad de los cargos en la administración pública», así como de supervisar la correcta aplicación de la legislación. El Código de Conducta central contiene una disposición sobre el conflicto de intereses 85 . Para algunos funcionarios públicos existen restricciones a las actividades o asignaciones externas que se llevan a cabo después de haber terminado su servicio público. La Autoridad para la Competencia y el Mercado se encarga de comprobar las incompatibilidades tras el nombramiento de un cargo político en el Gobierno, así como durante y después del final del mandato. Las normas de prevención de conflictos de intereses también se incluyen en el Decreto Presidencial de 2013. En 2019, la ANAC publicó directrices para regular los conflictos de intereses. Sin embargo, se aplica un régimen fragmentado de inadmisibilidad e incompatibilidad a los funcionarios públicos elegidos, sin un sistema completo de aplicación del régimen. En lo que respecta a la declaración del patrimonio, los miembros del Gobierno y los altos funcionarios públicos están obligados por ley a rellenar formularios en los que se indican sus fuentes de ingresos, sus bienes y sus cargos externos, junto con una copia de la declaración de impuestos. Los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado deben presentar un informe relativo a sus propiedades, bienes inscritos en los registros públicos, acciones sociales, participaciones en empresas y una copia de su última declaración de impuestos. Parte de esta información está disponible en el sitio web del Parlamento y en la página de perfil de cada diputado. Los magistrados deben presentar al Consejo Superior de la Magistratura declaraciones que contengan el mismo tipo de información que los diputados.

Es necesario prestar atención a las actividades de los grupos de presión y las «puertas giratorias». La Decisión n.º 208/2017 sobre las actividades de los grupos de presión en la Cámara de Diputados establece un registro público obligatorio de los grupos de presión para cualquier persona física o jurídica que represente intereses colectivos. Esto se aplica también a los antiguos diputados o los miembros del Gobierno que tienen la intención de llevar a cabo actividades de presión 86 . Una obligación similar de informar sobre las reuniones con terceros no se aplica a los miembros del Gobierno. En lo que respecta a las «puertas giratorias», existen disposiciones específicas. En octubre de 2019, el Consejo Nacional designó a la Autoridad de Lucha contra la Corrupción de Italia como autoridad de supervisión y sanción de las «puertas giratorias» 87 . A la autoridad se le han confiado las facultades de evaluar las infracciones, anular los contratos y establecer sanciones 88 . Las disposiciones sobre las «puertas giratorias» actualmente solo se aplican a los funcionarios públicos, y no a los titulares de cargos políticos. La Autoridad de Lucha contra la Corrupción ha pedido al Gobierno que mejore la legislación sobre las «puertas giratorias» 89 .

III.Pluralismo de los medios de comunicación

La libertad de expresión y la libertad de prensa están consagradas en el artículo 21 de la Constitución 90 . El Derecho derivado establece un marco sólido encaminado a garantizar el pluralismo de los medios de comunicación en el país. La ley 91 establece un regulador independiente, la Autoridad para garantizar las Comunicaciones (AGCOM), a la que se confían facultades de reglamentación, vigilancia, aplicación y sanción en el sector de los medios de comunicación. La pena por difamación, que es de hasta un año de prisión, está siendo revisada actualmente por el Tribunal Constitucional 92 . Los periodistas deben estar inscritos en la Orden de Periodistas 93 , que prevé el autogobierno de la profesión. Además, están obligados a cumplir las normas éticas que rigen el sector, a saber, el texto consolidado sobre los deberes de los periodistas 94 . La AGCOM desempeña una función de supervisión en el sector de los medios de comunicación y lleva a cabo una actividad de vigilancia de la profesión a través de su Observatorio sobre el Periodismo, que dedica un informe específico a las amenazas contra los periodistas.

El regulador de los servicios de comunicación audiovisual es independiente. De acuerdo con la ley, la AGCOM «opera con plena autonomía y es independiente en su juicio y evaluación» 95 . Desde la Ley de presupuestos de Italia de 2006, la AGCOM gestiona su presupuesto de manera autónoma y está financiada en su totalidad por empresas que operan en los sectores de su competencia, las cuales contribuyen con un porcentaje de sus ingresos anuales y sobre la base de estrictas normas de contabilidad. Los procedimientos para la designación y el nombramiento del Presidente y los miembros de la Junta de la AGCOM están fijados por ley y se han establecido normas estrictas para evitar conflictos de intereses 96 . El mandato de los miembros de la Junta se desvincula intencional y expresamente de los ciclos electorales, mientras que no se prevé la destitución del Presidente y los miembros de la Junta de la AGCOM 97 . La AGCOM aplica normas estrictas en materia de contratación de recursos humanos, al tiempo que prevé un período de incompatibilidad de dos años durante el cual los antiguos directivos no pueden tener ninguna relación directa o indirecta con ninguna empresa que opere en los sectores regulados. Por tanto, se garantiza la independencia de la AGCOM 98 . 

La Ordine dei giornalisti 99 de Italia es un organismo de derecho público sin ánimo de lucro fundado en 1963 100 y representa a la profesión periodística. Gestiona el Albo dei giornalisti (Registro de periodistas) —donde el registro es obligatorio para el ejercicio de la profesión— y supervisa y protege el trabajo de sus miembros. El Consejo Nacional de la Ordine puede emitir advertencias, censurar, suspender y expulsar a sus miembros. La Ordine opera en línea con el «Testo unico dei doveri del giornalista» (Código de Conducta Consolidado) integrado que fue adoptado en 2016. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM) de 2020 se refiere a que este sistema, en particular en Italia, significa que el acceso a la profesión no es totalmente abierto «aunque este requisito sea cada vez menos respetado en la práctica». 101

El principio de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación está consagrado en la Constitución 102 . Los siguientes umbrales anticoncentración están establecidos por ley: el número limitado de licencias que puede poseer un solo proveedor de contenido, los límites a los ingresos totales que un solo operador puede hacer, el escrutinio por parte de la AGCOM de cualquier fusión y adquisición en el sector, las restricciones a la propiedad cruzada de medios de comunicación y las prohibiciones de posiciones dominantes en cualquiera de los mercados relevantes. En 1997 se estableció 103 un Registro de Operadores de Comunicaciones (ROC) y los operadores del sector de comunicaciones italiano están obligados a registrarse rellenando una serie de formularios sobre su estructura de propiedad y la personas con responsabilidad editorial sobre el medio de comunicación. El ROC puede adquirir de forma semiautomática las cadenas de propiedad de los sujetos registrados en la Cámara de Comercio nacional. La información sobre la propiedad de las empresas de medios de comunicación registradas en el ROC está disponible en el sitio web de la Cámara de Comercio o enviando a la AGCOM una petición motivada para acceder a esa información. No obstante, el MPM 2020 apunta a ciertas limitaciones en la aplicación efectiva del sistema y al hecho de que no toda la información antes mencionada es directamente accesible al público, en particular con respecto a la propiedad final. En consecuencia, el MPM evalúa este indicador como de riesgo medio 104 . 

Existen normas sólidas sobre la publicidad del Estado. Las autoridades públicas que adquieren espacios publicitarios en los medios de comunicación deben informar a la AGCOM sobre los gastos de publicidad del ejercicio precedente mediante una herramienta electrónica adoptada por la AGCOM 105 y se establecen criterios de gasto 106 , al tiempo que se prevén multas elevadas en caso de incumplimiento. Además, todos los datos pertinentes relativos a los gastos de comunicación institucional se publican en la sección del sitio web del Gobierno dedicada a la transparencia. En este contexto, el MPM 2020 considera que esta área presenta un nivel de riesgo bajo.

La independencia política de los medios de comunicación italianos sigue siendo un problema. Este sigue siendo el caso quince años después de que el marco regulador se planteara como un motivo de preocupación por la Comisión de Venecia 107 en lo que respecta a la independencia política de los medios de comunicación, debido a la falta de disposiciones eficaces para prevenir los conflictos de intereses. El MPM 2020 califica a Italia de riesgo medio a este respecto y concluye que la influencia política sigue sintiéndose de manera significativa en el sector audiovisual 108 . En menor medida, esta evaluación se aplica también al sector de la prensa, debido a las relaciones indirectas entre los intereses de los editores y el Gobierno, tanto a escala nacional como local.

Las leyes sobre difamación están actualmente bajo escrutinio. El artículo 595 del Código Penal, que castiga la difamación con hasta un año de prisión, fue objeto de recientes sentencias doctrinales. En 2019, el Tribunal de Casación, citando las sentencias del TEDH contra Italia, dictaminó que la privación de libertad en el caso de los delitos de expresión solo debería contemplarse en casos excepcionales como la incitación al odio y que, por tanto, las penas de prisión por difamación son contrarias al derecho a la libertad de expresión 109 . En junio de 2020, el Tribunal Constitucional dictaminó que corresponde al Parlamento decidir el equilibrio preciso que debe establecerse entre la libertad de expresión y el Derecho penal vigente en materia de difamación. Aplazó la audiencia hasta el 21 de junio de 2021 para permitir que el Parlamento reflexionara sobre el cumplimiento del principio constitucional tal como lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 110 .

Están en vigor normas sobre la transparencia administrativa y el acceso a la información pública. El marco jurídico 111 garantiza la transparencia administrativa y el acceso a la información pública, tanto bajo demanda como mediante obligaciones de publicación relativas a la actividad administrativa. La Ley de libertad de información (LLI) 112 reconoce la libertad de acceso a la información en poder de la administración pública como un derecho fundamental y establece el principio de que las administraciones deben dar prioridad al derecho de toda persona a conocer y acceder a la información en poder de la administración pública sin tener que demostrar ningún interés cualificado en la materia. Sin embargo, según informes independientes 113 , la administración pública no siempre cumple su deber de responder a las solicitudes de la LLI.

Las agresiones físicas y las amenazas de muerte contra los periodistas son motivo de preocupación. En 2019 y 2020, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó doce alertas 114 de Italia (7 en 2019 y 5 en 2020), que incluían varios casos de agresiones físicas, amenazas de muerte de grupos mafiosos y ataques verbales procedentes de funcionarios y miembros del personal del Gobierno 115 . Esto lleva al MPM 2020 a calificar este indicador sobre la profesión periodística, las normas y la protección como riesgo medio. Las partes interesadas confirmaron este fenómeno y comunicaron casos adicionales de amenazas 116 .

Se ha creado un Centro de Coordinación que se ocupa de los actos contra los periodistas 117 . En 2017, el Ministerio del Interior estableció el Centro con el fin de vigilar las amenazas contra los reporteros y elaborar las medidas de protección necesarias. El Centro representa la primera iniciativa para establecer ese mecanismo de seguridad en Europa. Se encomendó a una comisión parlamentaria ad hoc dedicada a «la mafia, los periodistas y la información» la tarea de comprender, vigilar y evaluar la relación entre la mafia y la información. Las partes interesadas 118 han elogiado al Centro, al tiempo que han manifestado su preocupación por el hecho de que a menudo no se da seguimiento a las amenazas menos graves.

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con el sistema de control y equilibrio

Italia es una república parlamentaria unitaria con un presidente elegido indirectamente 119 . El Parlamento es bicameral: está integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, ambos con los mismos poderes. El derecho de iniciativa legislativa se confiere al Gobierno, los diputados, 50 000 ciudadanos, el Consejo Nacional de Economía y Trabajo 120 y el Consejo Regional. El Tribunal Constitucional realiza la revisión constitucional de las leyes. Varios defensores del pueblo regionales son responsables de salvaguardar las libertades y los derechos de las personas 121 . El Comité Interministerial de Derechos Humanos (CIDU) interactúa con la sociedad civil, el mundo académico y todos las partes interesadas pertinentes para promover y proteger los derechos humanos. El Garante Nacional de los derechos de las personas detenidas es un organismo independiente encargado de vigilar los lugares para las personas privadas de libertad.

El Gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria y utilizó decretos leyes para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 se adoptaron en virtud de un estado de emergencia sanitaria que fue declarado por el Gobierno el 31 de enero de 2020. En este contexto, se aprobaron decretos leyes que sirvieron de base para una serie de medidas administrativas. Los decretos leyes son actos del Gobierno con el valor de leyes adoptadas en caso de urgencia, que deben ser convertidas en ley por el Parlamento en un plazo de sesenta días o de lo contrario pierden su efecto 122 . Todos los decretos leyes relativos a la pandemia fueron convertidos en ley y pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional 123 . Desde el comienzo de la legislatura actual en 2018, se aprobaron 121 leyes y 45 decretos leyes fueron aprobados por el Parlamento y convertidos en ley, mientras que ocho perdieron efecto 124 . El 29 de julio de 2020, el Gobierno prorrogó la situación de emergencia hasta el 15 de octubre de 2020 125 .

Las evaluaciones del impacto reglamentario y las consultas con las partes interesadas han mejorado, pero deben ser más sistemáticas. En septiembre de 2017, el Gobierno de Italia introdujo un nuevo conjunto de procedimientos para la evaluación del impacto reglamentario (EIR) 126 , la evaluación ex post, la participación de las partes interesadas y la planificación de la reglamentación. No obstante, la participación de los ciudadanos y de las partes interesadas aún no está completamente integrada en los procesos de definición de políticas. El análisis del impacto de las leyes vigentes y alternativas va en aumento, pero sigue siendo poco frecuente y se centra principalmente en los aspectos económicos más que en los sociales y ambientales 127 . Las evaluaciones y consultas ex post todavía no se utilizan de manera sistemática y coherente en los distintos ministerios 128 .

Se está estudiando la posibilidad de establecer una institución independiente de derechos humanos. En 2018 se presentaron al Parlamento dos proyectos de ley en los que se proponía la creación de una Autoridad Nacional Independiente de Derechos Humanos (ANID) y actualmente están siendo examinados por la Cámara de Diputados 129 . Ambos proyectos de ley prevén la autonomía de la ANID. El rápido establecimiento de una ANID en consonancia con los Principios de París respondería a las recomendaciones de las Naciones Unidas 130 . También se recomendó que la Autoridad para la Infancia y la Adolescencia fuera plenamente independiente y autónoma y que se aumentaran sus recursos 131 . 

El Tribunal Constitucional ha adoptado normas internas para fomentar una mayor participación de la sociedad civil y del público en general en sus procedimientos. En la deliberación de enero de 2020 132 se introdujo el instituto de amicus curiae, la posibilidad de oír a expertos, y se codificó la jurisprudencia sobre la intervención de terceros en los procedimientos. También se adoptaron medidas para garantizar el funcionamiento continuo del Tribunal durante la pandemia de COVID-19, limitando al mismo tiempo la presencia física. El procedimiento de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional tiene por objeto garantizar una composición diversa, que incluye miembros nombrados por los jueces, el Parlamento y el Presidente de la República en proporciones iguales.

Italia tiene una sociedad civil dinámica y diversa. No obstante, se plantearon inquietudes en cuanto a la complejidad del proceso de registro de las ONG 133 y los retrasos en la aplicación de la ley de armonización de las normas sobre el sector no lucrativo 134 . Un discurso negativo también afecta al entorno en el que operan las ONG activas en el ámbito de la migración y el asilo 135 y se considera que el espacio cívico es limitado 136 . El Consejo de Europa 137 recomendó derogar las leyes y políticas que impiden a las ONG llevar a cabo su labor legítima, mientras que las Naciones Unidas recomendaron garantizar los derechos y la libertad de acción de la sociedad civil, y manifestaron su preocupación sobre las campañas de desprestigio contra las ONG activas en el ámbito de la migración y el asilo 138 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

 * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

Autoridad de Lucha contra la corrupción (2019), Veredicto del Consejo Nacional sobre la autoridad de la ANAC en materia de puertas giratorias («Sentenza del Consiglio di Stato sulle competenze dell’ANAC in materia di pantouflage»). http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1cf74b9f0a77804237e6dc1369ece3ce .

Autoridad de Lucha contra la corrupción (2020), Acto de denuncia n.º 6 de 27 de mayo de 2020 sobre las puertas giratorias (Atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020 concernente proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.º 165.  https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/2020/AttoSegnalazione.n.6.2020.del.448.2020.pdf .

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

Cámara de Diputados, Actividades de la Asamblea: proyectos de ley aprobados por la Asamblea.

CIVICUS, Monitor tracking civic space: Italy. https://monitor.civicus.org/country/italy/ .

Tribunal Constitucional (2020), Normas complementarias para las sentencias del Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional, Auto n.º 132/2020.

Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Italia. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/italy .

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), Resolución CM/ResDH(2016)358 del Comité de Ministros sobre la duración de los procedimientos en los asuntos administrativos.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2018), Resolución CM/ResDH(2018)353 del Comité de Ministros sobre la duración de los procedimientos en los asuntos penales.

Consejo de Europa: Conferencia de OING del Consejo de Europa (2019), Participación civil en el proceso de toma de decisiones: misión de investigación a Italia.

CEPEJ (2020), Study on the functioning of the judicial systems in the EU Member States: Italy.

Consejo de Europa: Venice Commission (2005), Opinion on the compatibility of the Laws “Gasparri” and “Frattini” of Italy with the Council of Europe standards in the field of freedom of expression and pluralism of the media adopted by the Venice Commission at its 63rd Plenary Session.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2010), Informe sobre normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: parte II — El Ministerio Fiscal — Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85.ª reunión plenaria.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2017), Opinion on the act on the public prosecutor’s office [of Poland] as amended, Adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary Session. 

Consejo de Estado y los Colegios de Abogados (2020), Memorándum de entendimiento sobre las audiencias a distancia. https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/PROTOCOLLO+INTESA+-+UDIENZA+DA+REMOTO+EX+ART.+4+D.L.+28_2020_signed.pdf/d9a07203-3281-3b24-49ed-54fecc6b64f7 .

Consejo de la Unión Europea (2013), Recomendación del Consejo de 9 de julio de 2013 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia.

Consejo de la Unión Europea (2014), Recomendación del Consejo de 8 de julio de 2014 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia.

Consejo de la Unión Europea (2015), Recomendación del Consejo de 14 de julio de 2015 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Italia.

Consejo de la Unión Europea (2016), Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2016 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Italia.

Consejo de la Unión Europea (2017), Recomendación del Consejo de 11 de julio de 2017 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Italia.

Consejo de la Unión Europea (2018), Recomendación del Consejo de 13 de julio de 2018 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Italia.

Consejo de la Unión Europea (2019), Recomendación del Consejo de 9 de julio de 2019 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Italia.

Tribunal de Casación (2019), Anuario estadístico de 2019.

Tribunal de Casación (2020), Anuario estadístico de 2020.

Tribunal de Casación, sentencia de 19 de septiembre de 2019, n.º 38721.

Dirección General de Comunicación (2019), Flash Eurobarometer 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial n.º 502: corrupción.

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (2019), Informe sobre la medición del rendimiento de las administraciones públicas (EUPACK).

Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 2 de septiembre de 1997, Abenavoli, demanda n.º 22461/93.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 12 de mayo de 1999, Ledonne, demanda n.º 35742/97.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 11 de julio de 2002, demanda n.º 28957/95.

Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECJ) (2019): Independencia y responsabilidad del poder judicial, Encuesta de la RECJ sobre la independencia de los jueces, 2019. https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/Data%20ENCJ%202019%20Survey%20on%20the%20Independence%20of%20judges.pdf .

Primer Presidente del Tribunal de Casación (2020), Informe sobre el estado de la justicia en 2019.

Ley de libertad de información (LLI), 2019.

GRECO (2017), Cuarta Ronda de Evaluación – Informe de evaluación de Italia sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales.

GRECO (2018), Cuarta Ronda de Evaluación – Informe de evaluación de Italia sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales.

Consejo Superior de la Magistratura (2017, 2018), Directrices para la redacción de los actos procesales.

Consejo Superior de la Magistratura (2019), Resolución sobre las obligaciones de declaración del patrimonio para los magistrados ordinarios. https://www.csm.it/documents/21768/87331/circolare+anagrafe+patrimoniale+%28delibera+13+novembre+2019%29/546a7348-e1d2-3c87-c13e-4db105cae7a1 .

Consejo Superior de la Magistratura y Consejo Nacional Forense (2018), Memorándum de entendimiento en relación con el examen preliminar de los recursos, la organización del trabajo, la claridad y la concisión de los actos en los procedimientos de apelación.

Consejo Superior de la Magistratura, Fiscalía General, Fiscalía General del Tribunal Supremo de Casación y Colegio Nacional de Abogados (2020), Memorándum de entendimiento relativo a la digitalización de los actos procesales en el Tribunal de Casación. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/protocollo_Cassazione_CNF_Procura_Generale-con_firma_digitale.pdf .

Resolución del Consejo Superior de la Magistratura (2020) sobre el Archivo de Decisiones de Mérito ItalgiureWeb - Indicaciones operativas, de 19 de junio de 2019.

Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción (2020), Informe anual de actividad de 2019. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RelazioneParlamento/_relazioni?id=ebd7f2f20a7780421a927869bf5987c8 .

Consejo Nacional (2019), Veredicto 7411, 29 de octubre de 2019. https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201900038&nomeFile=201907411_11.html&subDir=Provvedimenti .

Observatorio sobre el Periodismo.

OCDE, Indicadores de política y gobernanza regulatoria. http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-of-regulatory-policy-and-governance-2019-italy.pdf .

Open Government Forum (2017), Directrices para la consulta pública en Italia. http://open.gov.it/linee-guida-sulla-consultazione-pubblica/ .

Openpolis 2019.

Características de la administración pública en Italia, 2019, La Administración Pública en la EU-27: Comprender las características, la capacidad y el desempeño de las Administraciones Públicas de la UE, 2019.

Defensor del Pueblo Regional para Toscana, sitio web del Defensor del Pueblo Regional para Toscana. http://www.difensorecivicotoscana.it/default?nome=chi-e&idc=67 .

Resolución del Consejo Superior de la Magistratura sobre la organización de la Fiscalía de 16 de noviembre de 2017, enmendada el 18 de junio de 2018 y aclarada en cuanto a los programas de organización con la resolución de 4 de diciembre de 2019.

Resolución del Consejo Superior de la Magistratura sobre el registro de la propiedad de los magistrados de 13 de noviembre de 2019.

Resolución de la Asociación Nacional de Magistrados de mayo de 2018.

Directrices del Consejo Superior de la Magistratura, de 13 de mayo de 2020, para los consejos judiciales de ámbito local, en particular en lo que respecta a la transparencia y los poderes en materia de investigación relacionados con las evaluaciones profesionales, así como para los ascensos.

Acto del Senado n.º 1662. http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52664.html .

Senado de la República (2018), Estadísticas de la actividad legislativa.

Spampinato (2020), Oxígeno para la información.

Transparencia Internacional, perfil de país: Italia. https://www.transparency.org/en/countries/italy .

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2019), Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Italia.

II Informe del ciclo de revisión sobre Italia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2019_11_22_Italy_FinalCountry_Report.pdf .

8.ª Conferencia de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, resolución n.º 10. https://www.unodc.org/UNCAC/COSP/session8/Advance_unedited_resolutions .

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019), Country review report of Italy: Review by the United States of America and Sierra Leone of the implementation by Italy of Chapter II (articles 5-14) and Chapter V (articles 51-59) of the United Nations Convention against Corruption for the review cycle 2016-2021. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de misión de Italia de 2019.  https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IT/ItalyMissionReport.pdf .

Visita virtual a Italia en el marco de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Anexo II: Visita a Italia

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con:

·Unidad de Lucha contra la Corrupción de la policía financiera

·Associación Articolo 21

·Asociación Ossigeno per l’informazione

·Asociación de Periodistas Europeos

·Autoridad Reguladora de Comunicaciones

·Consejo de Estado

·Consejo Superior de la Magistratura

·Tribunal Supremo de Casación

·Ministerio de Justicia

·Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción

·Dirección Nacional de Lucha contra la Mafia y el Terrorismo

·Asociación Nacional de Periodistas

·Federación Nacional de Prensa Italiana

·Oficina del Fiscal General en el Tribunal Supremo de Casación

* La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:

·Amnistía Internacional

·Civil Liberties Union for Europe

·Civil Society Europe

·Conference of European Churches

·EuroCommerce.

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·European Civic Forum

·Free Press Unlimited

·Front Line Defenders

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional por los derechos Humanos

·International Press Institute

·Lifelong learning Platform

·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute

·Reporteros sin fronteras

·Transparencia Internacional UE

(1)      Artículos 101 a 113, título IV de la Constitución.

(2)      Artículo 104 de la Constitución.

(3)      Artículo 51 (3 bis) del Código de Procedimiento Penal (p. ej. delincuencia organizada, como la mafia; delincuencia organizada destinada a la trata y la inmigración ilegal; el tráfico de drogas; el secuestro con fines de extorsión; el intercambio electoral de la mafia política y otros delitos graves).

(4)      Bajo la coordinación y supervisión del Fiscal Nacional de Lucha contra la Mafia y el Terrorismo de la Dirección Nacional de Lucha contra la Mafia, a su vez estrechamente conectado con la Fiscalía General del Tribunal de Casación.

(5)      Artículo 104 de la Constitución.

(6)      Legislación reguladora actual: Ley n.º 247/2012.

(7)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, Italia, Informe de evaluación, apartado 6: «El poder judicial se rige por un marco legislativo muy sólido que consagra su independencia, tanto para los jueces como para los fiscales».

(8)      Artículo 104 de la Constitución. La Constitución establece normas en materia de contratación (artículo 106), seguridad en el cargo (artículo 107) y régimen disciplinario (artículo 105).

(9)      Artículo 105 de la Constitución: el Consejo Superior de la Magistratura se encarga de las contrataciones, los traslados, los ascensos, las evaluaciones profesionales y las medidas disciplinarias.

(10)      Artículos 104 y 107 de la Constitución. Véase también la Resolución del Consejo Superior de la Magistratura sobre la organización de la Fiscalía de 16 de noviembre de 2017, enmendada el 18 de junio de 2018 y aclarada en cuanto a los programas de organización con la resolución de 4 de diciembre de 2019.

(11)      Opinión de la Comisión de Venecia CDL-AD(2017)028, apartado 42: una mayor independencia de la fiscalía, más que una fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo. Véase asimismo el informe de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2010)040-e].

(12)      Artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 106/2006; Artículo 14 del Decreto Legislativo n.º 109/2006; Real Decreto n.º 12/1941 y posteriores enmiendas. Artículos 51, 54 y 54 bis del Código de Procedimiento Penal.

(13)      Gráficos 44 y 46, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. El nivel de independencia judicial percibida se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados percibe la independencia judicial como bastante buena o muy buena); bajo (entre el 30 y el 39 %), medio (entre el 40 y el 59 %), alto (entre el 60 y el 75 %), muy alto (por encima del 75 %). Una encuesta realizada entre los jueces en 2019 reveló que alrededor del 50 % de los jueces que participaron en la encuesta habían experimentado una falta de respeto por su independencia por parte del Gobierno y los medios de comunicación. Red Europea de Consejos del Poder Judicial, Independencia y Rendición de Cuentas del Poder Judicial – Encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial sobre la independencia de los jueces, 2019, gráficos 43 y 45. La encuesta incluyó a veintiún Estados miembros de la UE.

(14)      El 37 % de los encuestados entre el público en general y el 41 % de las empresas indicaron que la principal razón era la injerencia o la presión del Gobierno; el 36 % del público en general y el 41 % de las empresas indicaron la injerencia o la presión de intereses económicos u otros intereses específicos; el 27 % del público en general y las empresas indicaron como razón principal que el estatuto y la posición de los jueces no garantizan suficientemente su independencia. Gráficos 45 y 47, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. De conformidad con la Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, Informe de evaluación, apartado 6: «La indiscutible reputación, profesionalidad y compromiso de los jueces y fiscales individuales se ve de alguna manera mancillada por las dudas públicas sobre la eficiencia del sistema para castigar eficazmente a los infractores de la ley cuando el riesgo de que un proceso por corrupción prescriba es frecuente».

(15)      Artículos 104 y 105 de la Constitución.

(16)      De acuerdo con la Ley n.º 195 de 24 de marzo de 1958, modificada por la Ley n.º 44 de 28 de marzo de 2002, dieciséis miembros son magistrados elegidos por sus homólogos, ocho son miembros legos y tres son miembros de oficio.

(17)      Artículo 23 de la Ley n.º 195 de 24 de marzo de 1958, modificada por el artículo 5 de la Ley n.º 44 de 28 de marzo de 2002.

(18)      Una investigación iniciada en la Fiscalía de Perugia —que se encarga de perseguir los delitos en los que están implicados magistrados que trabajan en el distrito de Roma— que utilizó instrumentos tecnológicos introducidos por la Ley n.º 3/2019 para luchar contra la corrupción, desveló reuniones fuera de las instituciones competentes entre un antiguo miembro del CSM, algunos miembros del Consejo y diputados en relación con el nombramiento de fiscales jefes en algunas fiscalías.

(19)      El Fiscal General del Tribunal de Casación decidió su jubilación anticipada.

(20)      Además de las elecciones, se estableció un mecanismo de sustitución.

(21)      En particular, la medida disciplinaria de la suspensión de funciones con la suspensión de sueldo se aplicó a un magistrado y ha sido confirmada por el Tribunal de Casación en enero de 2020.

(22)      Proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de agosto de 2020 que permite al Gobierno adoptar un decreto legislativo para la reforma del poder judicial y la adaptación del poder judicial militar y que introduce nuevas normas sobre cuestiones jurídicas, organizativas y disciplinarias, sobre la elegibilidad y la reubicación de los magistrados y sobre la creación y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura. Una vez que la ley sea aprobada por el Parlamento, el Gobierno tendrá un año para aprobar uno o más decretos legislativos.

(23)      Número total: treinta miembros, entre los cuales diez son miembros legos elegidos por el Parlamento entre profesores o abogados con quince años de profesión, excluyendo a los miembros actuales del Gobierno o a los miembros de los dos años anteriores o a los miembros actuales de los Consejos regionales o a los miembros de los dos años anteriores.

(24)      Un colegio es un área electoral. El aumento del número de colegios parece tener como objetivo garantizar una relación más adecuada entre las realidades territoriales elegidas y las individuales.

(25)      El mecanismo de sorteo se produce cuando los candidatos no alcanzan el número de diez en cada colegio o cuando no se respeta la igualdad de género.

(26)      Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartado 27.

(27)      En particular, se ha establecido una prohibición de dos años para que el magistrado sea candidato político en el territorio en el que ha ocupado un cargo judicial. Además, los magistrados que son elegidos o actúan en el Gobierno, deben tomar una licencia especial y estar fuera de la función y, al final de su mandato, solo pueden volver a las funciones jurisdiccionales en el Ministerio de Justicia u otros ministerios.

(28)      Resolución del CSM, 13 de noviembre de 2019.

(29)      Resolución de la Asociación Nacional de Magistrados de mayo de 2018; formaciones específicas sobre cuestiones éticas en la Escuela Superior de la Magistratura desde 2016; sección específica en el sitio web del Consejo Superior de la Magistratura sobre temas éticos; directrices del Consejo Superior de la Magistratura, de 13 de mayo de 2020, para los consejos judiciales de ámbito local, en particular en lo que respecta a la transparencia y los poderes en materia de investigación para las evaluaciones profesionales, así como para los ascensos.

(30)      Cuarta ronda de evaluación del GRECO - Informe de cumplimiento, rec. x.

(31)      Ley n.º 145 de 30 de diciembre de 2018.

(32)      De 10 151 a 10 751 unidades.

(33)      cincuenta de ellas en el Tribunal de Casación; dieciocho de ellas en la Fiscalía General del Tribunal de Casación.

(34)    El Ministerio de Justicia realizó una simulación sobre el aumento de la eficiencia que muestra una reducción del plazo de resolución.

(35)      Ley n.º 160 de 27 de diciembre de 2019.

(36)      Decreto Ley de 19 de mayo de 2020, n.º 34, artículo 256.

(37)      Decreto Ley de 19 de mayo de 2020, n.º 34, artículo 255.

(38)      Ley de 27 de diciembre de 2017, n.º 205.

(39)      Ley de 28 de febrero de 2020, n.º 8.

(40)      El 31 de diciembre de 2019, 276 jueces estaban empleados en primera instancia contra 410 unidades en el organigrama, y 106 jueces en tribunales de segunda instancia contra 125 unidades en el organigrama.

(41)      Atto Senato n. 1662. “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

(42)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo los datos aportados por escrito por el Ministerio de Justicia (ya se estaba llevando a cabo un proyecto en el que, en junio de 2020, se habían digitalizado sesenta y tres oficinas de los jueces de paz).

(43)      Atto Camera n. 2435: “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello”.

(44)      Ley de 25 de junio de 2020, n.º 70.

(45)      Artículo 83 del Decreto Ley de 17 de marzo de 2020, n.º 18.

(46)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo, los datos aportados por el Ministerio de Justicia (se ha registrado un aumento del 89 % en las videoconferencias en mayo de 2020 con respecto a mayo de 2019).

(47)       Nota de 9 de abril de 2020 .

(48)    Decreto Ley n.º 18/2020, y Decreto Ley n.º 28/2020. Véanse también las Directrices del Presidente del Consejo de Estado para la aplicación uniforme de las nuevas normas para los tribunales administrativos, de 25 de mayo de 2020. Directrices de 25 de mayo de 2020 .

(49)       Nota de 26 de mayo de 2020.

(50)      Estado de aplicación de las resoluciones relativas a la recopilación de decisiones que se incluirán en el Archivo de Decisiones de Mérito ItalgiureWeb - Indicaciones operativas (resolución del Consejo Superior de la Magistratura de 19 de junio de 2019).

(51)      Decreto Legislativo 545/1992, artículos 4 y 5. También en 2019 el Tribunal de Casación logró obtener resultados positivos mediante una importante inversión en términos de personal y equipo en la sección fiscal (Informe del Primer Presidente del Tribunal de Casación sobre el estado de la justicia en 2019, Roma, 31 de enero de 2020).

(52)      Cuarta ronda de evaluación del GRECO - Informe de cumplimiento, rec. VII.

(53)      En 2016, el Ministro de Justicia creó un grupo de trabajo (Ministerio de Justicia, Fiscal General, miembros del poder judicial y del Colegio de Abogados [Consiglio Nazionale Forense (CNF)] sobre la claridad y concisión de los actos procesales (Decreto ministerial de 9 de febrero de 2016; Decreto ministerial de 18 de septiembre de 2017 y Decreto ministerial de 3 de enero de 2018); el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) con la resolución de 5 de julio de 2017 y 20 de junio de 2018 publicó las Directrices para la redacción de los actos procesales; el 19 de julio de 2018 se firmó un memorándum de entendimiento entre el CSM y el CNF en relación con el examen preliminar de los recursos, la organización del trabajo, la claridad y la concisión de los actos en los procedimientos de apelación.

(54)      Por un importe total de 36 764 941 EUR; se están llevando a cabo tres proyectos piloto (Piamonte, Toscana y Liguria).

(55)      Gráfico 10, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020, lo que significa que el sistema judicial es capaz de abordar de manera eficaz en general el número de asuntos entrantes.

(56)      Gráfico 7, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. Véase también CEPEJ (2020), Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE: para el sector civil, 527 días en primera instancia, 863 en segunda instancia y 1266 en el Tribunal de Casación. La medida del plazo de resolución estimado es el tiempo teórico necesario para que un asunto pendiente se resuelva en el tribunal y se obtiene dividiendo el número de asuntos pendientes al final del período observado por el número de casos resueltos dentro del mismo período multiplicado por 365.

(57)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo, los datos aportados por escrito por el Ministerio de Justicia; Véase también CEPEJ (2020), Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE, que informó de una disminución del plazo de resolución en 2018 en un 3,7 % en primera instancia, un 3,4 % en segunda instancia y un 2,5 % en el Tribunal de Casación.

(58)      Informe de 2020 del Primer Presidente en el Tribunal Supremo de Casación: en 2019 se han presentado 10 341 denuncias (contra 374 denuncias en 2016).

(59)      Informe de 2020 del Primer Presidente en el Tribunal Supremo de Casación: en 2019, se han presentado 9 537 denuncias.

(60)      En 2019, el 18,7 % de todos los recursos civiles ante el Tribunal Supremo fueron declarados inadmisibles, frente al 16,6 % en 2018 (Tribunal de Casación, Anuario Estadístico 2019 y 2019).

(61)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo, los datos aportados por escrito por el Consejo de Estado (820 días en primera instancia en 2019 en comparación con 888 en 2018; 692 días en la más alta instancia en 2019 en comparación con 791 días en 2018); Gráficos 8 y 9, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(62)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo, los datos aportados por escrito por el Consejo de Estado (230 días en primera instancia en 2019 en comparación con 237 en 2018, y 123 en más alta instancia en 2019 en comparación con 274 en 2018).

(63)      Sentencia del TEDH en el asunto Abenavoli/Italia, demanda n.º 22461/93, 2 de septiembre de 1997; Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa, CM/ResDH(2016)358, 6 a 8 de diciembre de 2016.

(64)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la preparación del informe, por ejemplo, los datos aportados por escrito por el Ministro de Justicia: 2019: 835 días.

(65)      Véase la nota anterior - 392 días.

(66)      Véase la nota anterior - 166 días.

(67)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la preparación del informe, por ejemplo, los datos aportados por escrito por el Ministro de Justicia: 2018: primera instancia 382 días; Tribunal de Casación: 156 días.

(68)      Sentencia del TEDH en el asunto Ledonne/Italia, demanda n.º 35742/97, 12 de mayo de 1999; Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa, CM/ResDH(2018)353, 18 a 20 de septiembre de 2018.

(69)      Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013, sobre el marco jurídico de la corrupción y, en particular, sobre el plazo de prescripción.

(70)      El 8 % de los delitos en primera instancia, el 24 % en segunda instancia y el 17 % en el Tribunal Supremo de Casación prescriben.

(71)      Recomendaciones del Consejo de 2013-2020 sobre la eficiencia del sistema judicial italiano, en particular con respecto a la duración de los procedimientos civiles.

(72)      Atto Senato n.º 1662. “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. La ley que se está debatiendo es una ley de habilitación que establece los criterios que seguiría el Gobierno al dictar un decreto legislativo en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley de habilitación.

(73)      Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartado 69. Véase también la Recomendación CM/Rec(2000)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartado 5, letra e). Véase también la Comisión de Venecia (CDL-AD(2016)009), apartado 34; (CDL-AD(2015)042), apartado 113; (CDL-AD(2014)006), apartado 19; (CDL-AD(2011)012), apartado 60.

(74)      Transparencia Internacional, datos por país. https://www.transparency.org/en/countries/italy.

(75)      Eurobarómetro especial n.º 502 (2020). Desde que se celebró el taller de alto nivel sobre la medición de la corrupción en octubre de 2017 bajo la Presidencia italiana del G7, Italia está promoviendo un nuevo enfoque a nivel internacional (G20, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la OCDE) para encontrar un enfoque más amplio para medir los niveles efectivos de corrupción, más allá de la mera percepción, basado en indicadores objetivos y basados en pruebas. Véase también 8.ª Conferencia de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, resolución n.º 10. https://www.unodc.org/UNCAC/COSP/session8/Advance_unedited_resolutions.

(76)      Encuesta Flash de Eurobarómetro 482 (2019): Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.

(77)      Artículo 416 ter del Código Penal.

(78)      II Informe del ciclo de revisión sobre Italia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, p. 14.

(79)      Con la aprobación de la Ley n.º 179/2017, Italia ha adoptado disposiciones que refuerzan la protección de los denunciantes y la amplían al sector privado. Para los denunciantes se dispone ahora de tres canales de información diferentes (RPCT, ANAC o Tribunal de Cuentas).

(80)      La Autoridad funciona mediante un sistema de financiación mixto, caracterizado por las contribuciones de las entidades que operan en los sectores de competencia, es decir, los operadores económicos, las estaciones de contratación y las SOA (equivalentes al 87,28 % de los ingresos) y por una contribución del presupuesto del Estado (equivalente al 6,35 % de los ingresos).

(81)

     Informe anual sobre la actividad realizada por la Autoridad Nacional de lucha contra la corrupción en 2019 (2020).

(82)      Ley n.º 179/2017.

(83)      Informe anual ANAC 2020.

(84)       Decreto Legislativo 39/2013 ; Decreto Legislativo n.º 235/2012 .

(85)       Decreto Presidencial n.º 62/2013 .

(86)      EUPACK 2019: la aplicación del reglamento parece no ser muy eficaz, debido a que la información que figura en el registro sigue siendo bastante vaga y genérica.

(87)      Consejo Nacional (2019), Veredicto 7411, 29 de octubre de 2019.

(88)      Autoridad Italiana de Lucha contra la Corrupción (2019), «Veredicto del Consejo Nacional sobre la autoridad de la ANAC en materia de puertas giratorias».

(89)      Autoridad Italiana de Lucha contra la Corrupción (2020), Ley de Información n.º 6, de 27 de mayo de 2020, sobre puertas giratorias.

(90)      Artículo 21, apartado 1, de la Constitución: «Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento por medio de palabras, escritos y cualquier otro medio de difusión. La prensa no puede estar sujeta a autorización o censura».

(91)      Ley n.º 249 de 31 de julio de 1997.

(92)      Auto n.º 132/2020.

(93)       Orden de los Periodistas .

(94)       Observatorio sobre el periodismo que dedica un informe específico a las amenazas contra los periodistas.

(95)      Artículo 1 de la Ley 249 de 31 de julio de 1997.

(96)      Ley 249/1997 y Ley 481/1995.

(97)      La terminación de su mandato solo es posible si surge la incompatibilidad específicamente enumerada en la Ley 481/1995.

(98)      El Media Pluralism Monitor de 2020 (Informe sobre Italia, p. 12) considera que los riesgos asociados con la independencia de AGCOM son bajos. Información confirmada durante la visita al país.

(99)      Ordine dei giornalisti. https://www.odg.it/.

(100)      Por medio de la Ley 69/1963.

(101)      Media Pluralism Monitor de 2020, Informe sobre Italia, p. 12.

(102)      Artículo 21, apartado 5, de la Constitución, que establece que: «la ley puede solicitar la divulgación de las fuentes financieras de periódicos y publicaciones impresas».

(103)      Artículo 1 de la Ley 249 de 31 de julio de 2016.

(104)      Media Pluralism Monitor de 2020, Informe sobre Italia, p. 13.

(105)      Artículo 41 del Decreto Legislativo 177 de 31 de julio de 2005 (el «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»).

(106)      Al menos el 50 % de los gastos de publicidad deben destinarse a anuncios publicados por periódicos y prensa periódica, mientras que al menos el 15 % debe destinarse a anuncios difundidos por las estaciones de radio o televisión locales.

(107)      Opinión de la Comisión de Venecia (CDL-AD(2005)017-e).

(108)      Media Pluralism Monitor de 2020, Informe sobre Italia, p. 16.

(109)      Sentencia 38721, de 19 de septiembre de 2019.

(110)      Orden 132/2020, de 26 de junio de 2020. Según el TEDH, el recurso a las penas de prisión solo puede justificarse en casos excepcionales, cuando se violen gravemente otros derechos fundamentales, como en el caso de la difusión de discursos de odio o la instigación a la violencia.

(111)      Decreto Legislativo 33/2013 (modificado por el Decreto Legislativo 97/2016).

(112)      Introducida por el Decreto Legislativo 97/2016.

(113)      Openpolis 2019; LLI 2019.

(114)      Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas. El Estado italiano responde sistemáticamente a todas las alertas de manera pormenorizada.

(115)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo, Federazione nazionale stampa italiana, Ordine dei giornalisti, Sindacato europeo dei giornalisti, Ossigeno per l’informazione e Articolo 21, que se refirió a casos de gran calado de periodistas que han recibido amenazas sistemáticas y amenazas de muerte por su trabajo.

(116)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo los datos aportados por escrito por Ossigeno per l’informazione, Spampinato de 2020.

(117) Centro de coordinación para la vigilancia, el análisis y el intercambio permanente de información sobre el fenómeno de los actos de intimidación contra los periodistas.

(118)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe, por ejemplo los datos aportados por escrito por Ossigeno per l’informazione, Spampinato de 2020.

(119)      El presidente es elegido por el Parlamento, reunido en sesión conjunta, junto con cincuenta y ocho electores regionales.

(120)      El Consejo Nacional de Economía y Trabajo también tiene la potestad de proponer legislación en el ámbito económico y social.

(121)      Para más información, véase: http://www.difensorecivicotoscana.it.

(122)      Artículo 77 de la Constitución de la República Italiana.

(123)      Se ha presentado un asunto, todavía pendiente, ante el Tribunal Constitucional en relación con la obligación de los jueces civiles de participar en las audiencias virtuales de los Tribunales.

(124)      Senato della Repubblica, Statistiche sull'attività legislativa, XVIII Legislatura; y Camera dei Deputati, Attività dell'Assemblea - Progetti di legge deliberati dall’Assemblea.

(125)      El Decreto Ley n.º 83 de 30 de julio de 2020 prorrogó las medidas de emergencia.

(126)      Directrices sobre la consulta pública – http://open.gov.it/linee-guida-sulla-consultazione-pubblica/.

(127)      Características de la administración pública en Italia, 2019, p. 532.

(128)      OCDE, Indicadores de política y gobernanza regulatoria.

(129)      Proyecto de propuesta C. 855 de 3 de julio de 2018 y proyecto de propuesta C. 1323 de 30 de octubre de 2018.

(130)      Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Italia (2019).

(131)      Véase la nota anterior.

(132)      Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, 8 de enero 2020.

(133)      Conferencia de OING del Consejo de Europa, Participación civil en el proceso de toma de decisiones, misión de investigación a Italia, mayo de 2019.

(134)      Véase la nota anterior.

(135)      ACNUDH, Informe de misión de Italia 2019.

(136)    Véase la clasificación de CIVICUS. Las clasificaciones siguen una escala de cinco categorías: abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.

(137)      Conferencia de OING del Consejo de Europa, Participación civil en el proceso de toma de decisiones, misión de investigación a Italia, mayo de 2019.

(138)      Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Italia (2019).