COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 30.9.2020

SWD(2020) 305 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020

Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Estonia

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}

I.Sistema judicial 

El sistema judicial estonio consta de tres niveles: cuatro juzgados comarcales (que conocen de todos los asuntos civiles, penales y los relativos a delitos menos graves) y dos Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de primera instancia, dos Tribunales Regionales de segunda instancia (encargados de revisar las decisiones de los juzgados comarcales y de los tribunales de lo contencioso-administrativo) y el Tribunal Supremo de la más alta instancia, que revisa las sentencias de los órganos jurisdiccionales mediante procedimientos de casación y también es el órgano jurisdiccional de control de la constitucionalidad. El Tribunal Supremo administra sus propias operaciones y presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia administran conjuntamente los tribunales de primera y segunda instancia. El primero es un organismo no permanente que, entre otras, ostenta facultades relacionadas con el mapa judicial y los recursos del poder judicial, y participa en el debate sobre la administración de los órganos jurisdiccionales 1 . Los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia son nombrados por el presidente de la República a propuesta del Tribunal Supremo en pleno. La Fiscalía es un órgano gubernamental bajo el control del Ministerio de Justicia, que desempeña sus tareas de forma independiente. Está gestionada por el Fiscal General, en particular en lo relativo al nombramiento y la carrera de los fiscales 2 . Los abogados (procuradores) del sistema judicial estonio son miembros del Colegio de Abogados de Estonia, que es una asociación independiente, autónoma y profesional.

Independencia

El Tribunal Supremo y otros organismos judiciales autónomos desempeñan un papel importante en los nombramientos judiciales y otras decisiones del sistema judicial. El Tribunal Supremo organiza la oposición y, en una sesión plenaria, selecciona a los candidatos a jueces para los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, proponiendo su nombramiento por el presidente de la República 3 . Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Parlamento (Riigikogu) a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, que en primer lugar considera las opiniones del Tribunal Supremo en pleno y del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal Supremo ayuda a organizar el trabajo de los cinco organismos autónomos de jueces (el Tribunal que incluye a todos los jueces, es decir, el Tribunal Supremo en pleno, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Formación Judicial, la Comisión de Examen de los Jueces 4 , la Sala Disciplinaria 5  y el Consejo de Ético Judicial). Además, su Sala de Control Constitucional resuelve posibles solicitudes de control judicial presentadas contra la decisión del presidente de la República de no nombrar un candidato a juez 6 . Cabe señalar que, hasta ahora, el presidente no se ha negado a nombrar a un candidato a juez. Por tanto, nunca se ha producido un control judicial ante la Sala de Control Constitucional relativo al no nombramiento de un candidato a juez.

El nivel de la percepción de la independencia judicial es medio entre el público en general y bajo entre las empresas. Entre el público en general, el 57 % percibe que la independencia judicial es bastante buena o muy buena, lo cual supone una mejora frente a 2019, tras la tendencia a la baja mostrada anteriormente. Entre las empresas, la percepción de independencia es baja (solo el 39 % la considera bastante buena o muy buena), y permanece estable, tras la tendencia descendente que había mostrado anteriormente 7 . Otra encuesta entre las empresas (Foro Económico Mundial), en la que el nivel de independencia percibida es superior a la media entre los Estados miembros, ha mostrado los últimos años una disminución de la percepción 8 .

El Consejo del Poder Judicial desempeña un papel importante a la hora de determinar los recursos para el poder judicial, y contribuyó a la respuesta a la pandemia de COVID-19. El Consejo del Poder Judicial, un órgano no permanente formado en su mayor parte por jueces, desempeña un papel importante a la hora de gestionar el sistema judicial. Entre otras cosas, aprueba el mapa judicial, el número de jueces de cada uno de los órganos jurisdiccionales y el nombramiento y destitución de los presidentes de dichos órganos. Además, emite dictámenes sobre los presupuestos de estos y los candidatos a juez del Tribunal Supremo. El Consejo no funciona de forma permanente y celebra cuatro sesiones periódicas, así como sesiones extraordinarias siempre que sea necesario. Por ejemplo, el Consejo debatió la respuesta del sistema judicial a la pandemia de COVID-19, incluido el desarrollo de las comunicaciones electrónicas en los órganos jurisdiccionales a fin de que estos siguieran funcionando 9 . El Ministerio de Justicia ofrece apoyo organizativo al Consejo, aunque el primero no puede intervenir en la labor y la toma de decisiones del segundo. El Consejo debe aprobar la mayoría de las decisiones importantes adoptadas por el Ministerio de Justicia en relación con los órganos jurisdiccionales 10 . Asimismo, ofrece su opinión sobre asuntos financieros y presupuestarios, así como sobre algunos asuntos relacionados con los recursos humanos 11 . En particular, participa en la labor de determinar la asignación de recursos a los órganos jurisdiccionales, ya que emite un dictamen sobre la propuesta elaborada por el Ministerio de Justicia en consulta con los presidentes de dichos órganos. Durante el proceso por el que el Consejo presenta su dictamen sobre el presupuesto, se establece una propuesta de compromiso, que implica plenamente al poder judicial.

Calidad

Las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos jurisdiccionales son avanzadas y se siguen desarrollando para hacer que estos funcionen de manera fluida a pesar de los desafíos relacionados con la COVID-19. Estonia se encuentra entre los Estados miembros que mejor funcionan en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la accesibilidad y la calidad general de su sistema judicial 12 . La labor de los órganos jurisdiccionales se ve facilitada por el uso de cuatro herramientas TIC: el Sistema de Información Judicial (CIS), Public e-file, e-File y el Sistema de Expedientes Judiciales Digitales lanzado recientemente. El CIS es el sistema interno de información judicial que utilizan todos los jueces y funcionarios judiciales, y contiene todos los documentos presentados en un órgano jurisdiccional o generados por uno. También sirve como entorno para crear documentos judiciales con plantillas personalizables, consultar otras bases de datos y enviar información judicial a otros sistemas de información a través de e-File. El CIS también se utiliza para distribuir asuntos de forma automática entre los jueces 13 . Public e-File es un sistema de información externo que permite a las partes y a sus representantes participar de forma electrónica en los procedimientos 14 . Public e-File permite a los ciudadanos incoar procedimientos civiles y contencioso-administrativos, realizar un seguimiento de estos y de procedimientos relativos a faltas, así como presentar documentos que deben ser objeto de tratamiento. Se basa en el sistema e-File, que combina los sistemas de información de la policía, la Fiscalía, los órganos jurisdiccionales y otros organismos que dirigen procedimientos, garantizando un intercambio centralizado de información sobre procedimientos entre las partes, así como un intercambio de datos rápido y sin papel. La finalidad del sistema Public e-File es ofrecer información incluida en el sistema e-File a las partes del procedimiento a través de internet 15 . E-File es un sistema interno de información centralizada que ofrece un resumen detallado de las diferentes etapas de los procedimientos. Permite el intercambio simultáneo de información entre las distintas partes de los procedimientos 16 . Los usuarios de los sistemas cliente solo pueden ver los datos relacionados con sus obligaciones profesionales 17 . El Sistema de Expedientes Judiciales Digitales se utiliza para que los jueces, sus asistentes 18 y las partes de los procedimientos judiciales 19 dispongan de un resumen y una accesibilidad mejores y más funcionales de los expedientes judiciales. Esta herramienta TIC ofrece a los usuarios varias opciones para una mejor organización y optimización de los trámites procesales y los procesos en los órganos jurisdiccionales 20 . En respuesta a la pandemia de COVID-19, se adelantó el desarrollo y la implantación del Sistema de Expedientes Judiciales Digitales, lo que permitió a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal seguir trabajando sin perturbaciones importantes.

Eficiencia

El sistema judicial estonio funciona de forma eficiente. En 2019, los asuntos civiles se resolvieron en los juzgados comarcales en una media de noventa y cinco días, los penales en una media de 226 días en los procesos penales generales, en veintiocho días en los procesos simplificados y en cuarenta y seis días en el caso de los asuntos relativos a delitos menos graves. En los órganos jurisdiccionales de primera instancia, los asuntos contenciosos-administrativos se resolvieron en una media de 123 días 21 . El tiempo medio de tramitación de las apelaciones fue de 162 días en los asuntos civiles, cuarenta y cuatro días en los penales y 197 días en los contencioso-administrativos. La duración de los procedimientos judiciales en los asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos es inferior a la media (en términos de plazo de resolución) y la cantidad de asuntos pendientes suele ser de las más bajas de toda la UE 22 . En estas salas, la tasa de resolución es superior al 100 %, lo que significa que los tribunales logran atender todos los asuntos ingresados. 

II.Marco de lucha contra la corrupción 

El Ministerio de Justicia está a cargo de la elaboración de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, y examina y coordina la presentación de informes sobre el Plan de Acción para la Estrategia de Lucha contra la Corrupción. El Comité Restringido de Lucha contra la Corrupción ejerce el control parlamentario sobre la aplicación de las medidas de lucha contra la corrupción y el Comité de Supervisión de la Financiación de los Partidos Políticos examina la financiación de los partidos políticos. La Oficina de Delitos de Corrupción de la Policía Judicial Nacional es una unidad especializada que se encarga de llevar a cabo investigaciones sobre casos de corrupción y el Departamento de Seguridad Interior es responsable de investigar los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios del Estado y del gobierno local en seis grandes municipios. La Fiscalía supervisa y dirige las instrucciones relativas a las investigaciones penales prejudiciales sobre delitos de corrupción y representa el interés público ante los órganos jurisdiccionales.

Estonia tiene una puntuación de 74/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ocupa el puesto n.º 8 en la Unión Europea y el n.º 18 a escala mundial. 23 El 60 % de los encuestados en el Eurobarómetro especial de 2020 perciben que la corrupción es generalizada (71 % de media en la UE) 24 y el 14 % consideran que la corrupción les afecta personalmente en su vida diaria (26 % de media en la UE). En lo que se refiere a las empresas, el 44 % considera que la corrupción está generalizada (63 % de media en la UE), mientras que el 9 % considera que la corrupción supone un problema a la hora de hacer negocios (37 % de media en la UE). Asimismo, el 37 % de los encuestados cree que el número de enjuiciamientos en su país es suficiente para disuadir de la práctica de la corrupción (36 % de media en la UE), mientras que el 46 % de las empresas considera que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE) 25 .

Actualmente se está elaborando una nueva estrategia de lucha contra la corrupción. El Ministerio de Justicia (Departamento de política penal) es responsable de coordinar las actividades de lucha contra la corrupción 26 . El Ministerio de Justicia supervisa y coordina la presentación de informes sobre el Plan de Acción para la Estrategia de Lucha contra la Corrupción 27 . La actual Estrategia está finalizando ya que abarca el periodo comprendido entre 2013 y 2020 28 , y se está elaborando una nueva. La lista de sectores de alto riesgo se ha visto traducida en prioridades dentro de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción 2013-2020 y actualmente incluye la atención sanitaria y la educación. La contratación pública se considera un ámbito horizontal propenso a la corrupción a lo largo de diferentes sectores.

Varias instituciones diferentes comparten las competencias en materia de prevención y lucha contra la corrupción. La Fiscalía supervisa y dirige las instrucciones relativas a las investigaciones penales prejudiciales sobre delitos de corrupción y representa el interés público ante los órganos jurisdiccionales 29 . El número de delitos de corrupción registrado descendió en 2019 un 81 % en comparación con 2018 30 . Aproximadamente el 40 % de los casos de corrupción se producen a escala local 31 . Según la Fiscalía, los recursos presupuestarios se consideran satisfactorios 32 . La Oficina de Delitos de Corrupción de la Policía Judicial Nacional es la unidad especializada que se encarga de llevar a cabo investigaciones sobre casos de corrupción. Las funciones de la Oficina incluyen tanto la prevención como la investigación prejudicial de delitos bajo la supervisión y dirección de la Fiscalía, así como el tratamiento de delitos menos graves en casos de corrupción 33 . Además, el Departamento de Seguridad Interior tiene competencias respecto a la investigación prejudicial de delitos y el tratamiento de delitos menos graves en los casos de corrupción. Todos los ministerios cuentan con un funcionario encargado de coordinar la prevención contra la corrupción y garantizar la aplicación de las medidas de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción en el sector pertinente. Los coordinadores de prevención de la corrupción también informan al ministerio correspondiente en caso de sospechas de corrupción o riesgo de esta. En caso de existir pruebas de corrupción, lo comunican a la policía 34 . El Comité Restringido de Lucha contra la Corrupción del Parlamento ejerce el control parlamentario sobre la aplicación de las medidas de lucha contra la corrupción, y debate y evalúa los posibles incidentes en materia de corrupción en los que haya funcionarios implicados y que se especifican en la Ley de Lucha contra la Corrupción 35 . El Comité de Supervisión de la Financiación de los Partidos Políticos examina la financiación de los partidos políticos y supervisa la legalidad de la obtención y el gasto de los fondos de partidos políticos, coaliciones electorales y candidatos independientes que participan en elecciones 36 .

No hay en vigor normas exhaustivas de protección de los denunciantes. Las modificaciones de 2013 de la Ley de Lucha contra la Corrupción prohíben a los funcionarios encubrir la corrupción, y exigen que las agencias protejan la confidencialidad de los denunciantes de buena fe. No obstante, solo regulan el sector público, pero no el privado.

La actividad de los grupos de presión no está regulada. No existen normas jurídicas que establezcan un marco y regulen la actividad de los grupos de presión. El GRECO recomendó adoptar normas sobre los contactos entre grupos de presión y personas con funciones ejecutivas de alto nivel, así como hacer públicos dichos contactos 37 . El Gobierno está elaborando un proyecto de Reglamento sobre la actividad de los grupos de presión para los funcionarios que trabajan en la rama ejecutiva.

Se ha generado un debate sobre la necesidad de que los gestores de empresas públicas den a conocer su interés económico. En cuanto a la declaración de patrimonio, la Ley de Lucha contra la Corrupción adoptada en 2013 ha reforzado la capacidad del Comité Restringido de Lucha contra la Corrupción del Parlamento 38 . Entre las mejoras se encuentra una ampliación de la cantidad de datos que deben declararse y de la competencia y los derechos del Comité. Tras la revisión de la Ley, en 2014 se creó un registro electrónico de declaraciones de intereses. A diferencia de lo que ocurre con los intereses económicos de las empresas públicas, estas declaraciones ya están disponibles públicamente y, por tanto, también están sujetas al control público, incluso por parte de los medios de comunicación. El sistema para presentar las declaraciones de patrimonio e intereses, en vigor desde 2014, permite a todos los funcionarios declarantes utilizar un formulario precumplimentado y presentar la declaración de forma electrónica. La declaración presentada es accesible para el público durante tres años desde la fecha de presentación 39 .

Se han introducido disposiciones para regular las «puertas giratorias». La Ley de la Función Pública contiene disposiciones según las cuales un funcionario cesado de su cargo no puede convertirse, en un plazo de un año desde el día del cese, en socio 40 de una persona jurídica de derecho privado a la que haya supervisado de forma directa o constante durante el último año.

III.Pluralismo de los medios de comunicación

En Estonia, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información están protegidos jurídica y oficialmente por la Constitución de la República de Estonia 41 . El Derecho derivado garantiza de manera expresa el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes y fomenta la libertad de los medios de comunicación en los sectores de la radio y la televisión 42 . El derecho a la información se reconoce explícitamente en la Constitución, en la Ley de Información Pública 43 y en la Ley sobre Protección de Datos Personales 44   45 .

Una reforma prevista aspira a reforzar la independencia del organismo regulador de los medios de comunicación: la Autoridad de Protección de los Consumidores y Regulación Técnica (ECPTRA). La ECPTRA es una organización gubernamental creada en 2019 tras la fusión del Consejo de Protección de los Consumidores y la Autoridad de Regulación Técnica. La Autoridad opera como organismo administrativo del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones. Las modificaciones para transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada 46 pretenden modificar las tareas, facultades y competencias de la ECPTRA. Tal y como anunciaron las autoridades estonias, también definirán el estatuto de esta última como autoridad independiente de conformidad con los requisitos de independencia, consagrados en dicha Directiva 47 .

El Consejo de Prensa estonio (Pressinõukogu) es un organismo autorregulado voluntario. Se encarga de tramitar las quejas del público relativas a los materiales de prensa, los portales en línea con contenido periodístico y las estaciones de radiodifusión públicas. El Consejo de Prensa está formado por diez miembros, incluidos seis del sector de los medios de comunicación y cuatro miembros legos de otros sectores, además de un presidente de turno. El organismo fue creado por la Asociación de Periódicos de Estonia 48 .

Actualmente no existen disposiciones jurídicas específicas que exijan la divulgación de información sobre la propiedad. No obstante, la información general relacionada con el emprendimiento está disponible de forma electrónica y hay libre acceso a los datos del registro mercantil 49 . La falta de información sobre la propiedad de los medios de comunicación ha planteado algunas inquietudes 50 . No obstante, el actual proyecto de Ley para la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual incluye una nueva disposición que regula los datos disponibles públicamente sobre la estructura y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, que se basa en la disposición pertinente de dicha Directiva 51 . Actualmente, la propiedad real de las empresas de medios de comunicación no está disponible para el público en todos los casos. Debido a esto, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) de 2020 consideró que la situación relativa a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en Estonia presentaba un riesgo medio. Al mismo tiempo, el indicador de pluralidad del mercado representa un riesgo elevado, debido a la creciente concentración horizontal y vertical de la propiedad de los medios de comunicación. Esto se aplica en particular a los medios de comunicación regionales, que cuentan con una fuerte tradición en el país. Una misión de investigación de 2018 del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación señaló que la concentración de medios de comunicación era motivo de preocupación 52 . En cuanto a los medios de comunicación locales, el MPM 2020 destacó el riesgo medio relativo a la independencia política de los medios, como resultado de la falta de normas que regulen el conflicto de intereses entre los propietarios de estos y los partidos y políticos gobernantes 53 .

El derecho a la información establecido en la Constitución y en la Ley de Información Pública regula el derecho del público a acceder a información en poder de las autoridades públicas. No obstante, como señalan las partes interesadas a la Comisión 54 y como plantea el Media Pluralism Monitor, existe la percepción de que la administración pública tiende a denegar el acceso a la información pública en algunos casos.

El marco de protección de los periodistas es exhaustivo. Se basa en la libertad de expresión, que está reconocida de forma explícita en la Constitución estonia y en la Ley de Servicios de Comunicación. Esta última incluye una disposición sobre la protección de las fuentes de información. El Código de Procedimiento Penal también incluye garantías para la protección de los periodistas 55 . No obstante, la difamación se castiga, entre otras sanciones, con penas de prisión 56 . El análisis del indicador sobre la profesión, las normas y la protección periodísticas presenta un riesgo bajo en el MPM 2020. Sin embargo, recientemente han surgido inquietudes relativas a la interferencia en la labor de los periodistas de investigación 57 . En 2019 y 2020, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no publicó alertas pertinentes en relación con Estonia 58 . En 2020, se publicó una alerta relativa a supuestos efectos paralizadores para la libertad de prensa; no obstante, el asunto estaba relacionado, en su lugar, con la imposición de sanciones financieras emitidas a escala de la UE, como confirmó la Comisión Europea en su dictamen de 19 de junio de 2020 59 .

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios

Estonia es una república parlamentaria con un Parlamento unicameral, en la que la Sala de Control Constitucional del Tribunal Supremo puede llevar a cabo un control de constitucionalidad ex post, incluido, en casos concretos motivados por un recurso de inconstitucionalidad. Además del sistema judicial, la Oficina del Canciller de Justicia (defensor del pueblo) desempeña un papel en el sistema de controles y equilibrios. Existen herramientas avanzadas de las tecnologías de la información y la comunicación que ayudan a la participación del público y las partes interesadas.

Se están desarrollando un nuevo entorno legislativo y directrices sobre política legislativa para seguir mejorando la facilidad de uso y la inclusividad para el público y las partes interesadas. La redacción de actos legislativos se guía por las Normas de Buenas Prácticas Legislativas y Redacción de Actos Legislativos 60 . El proceso suele iniciarse con la redacción de una «intención legislativa», que detalla la cuestión que se aborda, el posible grupo destinatario, un análisis de la situación actual y las opciones políticas, así como el efecto potencial de cualquier posible medida 61 . Los ministerios deben identificar a las partes interesadas que deberán participar lo antes posible, como muy tarde durante la etapa de redacción de la intención legislativa o de una propuesta de elaboración de un plan de desarrollo. Las consultas a las partes interesadas deben realizarse al menos en dos etapas: cuando se decide si se redacta un acto legislativo (intención) y cuando la legislación se ha redactado, antes de su presentación en el Parlamento. Todos los proyectos de legislación, las intenciones legislativas, las propuestas para la elaboración un plan de desarrollo o cualquier otro asunto potencialmente significativo se publican en el sistema de información sobre políticas EIS (Eelnõude infosüsteem) para su consulta. Las partes interesadas también participan periódicamente de forma directa con peticiones de información. El Ministerio de Justicia trabaja actualmente en un proyecto para crear un nuevo entorno legislativo que sea más fácil de usar y que incluya métodos innovadores para una redacción de actos legislativos mejor y más inclusiva. El proyecto de Directrices para el Desarrollo de Políticas Legislativas de 2030 se está debatiendo actualmente en el Parlamento, con el objetivo de renovar la norma sobre una buena política legislativa y para que estas Directrices puedan usarse como guía para la elaboración de políticas, incluido respecto a la participación de las partes interesadas.

La Sala de Control Constitucional del Tribunal Constitucional lleva a cabo los controles de constitucionalidad. El Tribunal Supremo es tanto el tribunal superior de tercera instancia como el órgano jurisdiccional de control de la constitucionalidad. La Sala de Control Constitucional revisa la constitucionalidad de las leyes y otros actos legislativos de aplicación general en virtud de la Ley de procedimiento del Tribunal Constitucional 62 . Un órgano jurisdiccional, el presidente de la República, el Canciller de Justicia, el consejo de una administración local o el Parlamento pueden incoar varios procedimientos de control de la constitucionalidad. El presidente puede presentar una petición para declarar inconstitucional una ley que ha sido adoptada sin modificaciones por el Parlamento en una segunda audiencia, tras la negativa inicial del presidente de promulgar dicha ley por ser contraria a la Constitución (control ex ante de la constitucionalidad). El Canciller de Justicia (Defensor del Pueblo) también desempeña un papel fundamental en el sistema de control de la constitucionalidad de las leyes, en particular mediante el derecho a incoar un control ex post de la constitucionalidad abstracto 63 . De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este, en determinadas situaciones excepcionales, permite al solicitante presentar en este Tribunal reclamaciones individuales directamente antes de agotar los recursos ante los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores, en particular en situaciones en las que no existen recursos eficaces para proteger los derechos fundamentales del solicitante 64 .

Varias modificaciones ampliaron el mandato de la Oficina del Canciller de Justicia (defensor del pueblo). El Canciller es un miembro asociado no acreditado de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En enero de 2019, entró en vigor una nueva legislación 65 sobre esta institución que amplió su mandato para permitir que actuara como institución nacional de derechos humanos de Estonia. El Canciller de Justicia tiene un amplio y sólido mandato, y actúa también como mecanismo nacional de prevención en virtud de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, y como mecanismo nacional de supervisión en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Asimismo, ejerce las funciones de Defensor del menor. Recientemente, el Canciller solicitó la acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y está realizando el proceso para conseguirla.  66  

Ante la pandemia de COVID-19, Estonia declaró la situación de emergencia. El 12 de marzo de 2020, el gobierno estonio declaró la situación de emergencia y encargó al primer ministro la gestión de esta. El 20 de marzo de 2020, el gobierno informó al Consejo de Europa, en virtud de la cláusula de excepción que recoge el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el Convenio), de que algunas de las medidas adoptadas para proteger la «salud pública» podrían suponer la exención de ciertas obligaciones de Estonia en virtud del Convenio. Las órdenes legislativas del primer ministro (como gestor de la situación de emergencia) quedaron abiertas al control judicial ante los tribunales de lo contencioso-administrativo (pero no fueron objeto de control parlamentario ni presidencial). La situación de emergencia se declaró finalizada el 18 de mayo de 2020 (la exención en virtud del artículo 15 del Convenio se levantó ese mismo día).

Se está elaborando un nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad Civil para el período 2021-2030. Basándose en el Concepto de Desarrollo de la Sociedad Civil, el Gobierno impulsa la sociedad civil a través del Plan para el Desarrollo de la Sociedad Civil 2015-2020 67 . Desde 2018, el Ministerio del Interior ha liderado el proceso de redacción de este nuevo Plan, en colaboración con las partes interesadas y con la participación activa de estas, incluidas las organizaciones que agrupan y representan a las OSC de Estonia. Este proceso ha incluido reuniones de grupos de trabajo y consultas a las partes interesadas a lo largo de diferentes condados de Estonia 68 . Se considera que el espacio cívico es abierto en Estonia 69 .

Anexo: Lista de fuentes por orden alfabético.*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

Anti-corruption Select Committee, web page. https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/committees/anti-corruption-select-committee/ .

Centre of Registers and Information Systems, e-Business Register web page. https://www.rik.ee/en/e-business-register .

Centre of registers and information systems, e-File web page. https://www.rik.ee/en/international/e-file .

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

CIVICUS, Monitor tracking civic space: Estonia. https://monitor.civicus.org/country/estonia/ .

Comisión Europea (2019, 2020), The EU Justice Scoreboard.

Consejo de Europa, Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists (2020), Reply by the Government of Estonia to the platform concerning the Russian State News agency Sputnik. https://rm.coe.int/estonia-reply-en-sputnik-24january2020/168099922f  

Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists, https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform  

Council for Administration of Justice (2020), Recommendations of the Council for Administration of Courts for organising the administration of justice during emergency situations. https://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/KHN%20recommendations.docx.pdf  

Dirección General de Comunicación (2020), Edición Flash del Eurobarómetro n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial 502: corrupción.

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión L 305/17.

Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) L 95/1.

Estonian Civil Society Development Plan 2015–2020, https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/estonian_cs_dev_plan_2015-2020_extract.pdf  

Gobierno de Estonia (2013), Anti-corruption strategy for 2013-2020. https://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/korruptsioonivastane_strateegia_2013-2020_1.pdf .

Gobierno de Estonia (2020), Implementation plan of the Anti-corruption strategy for 2013-2020 for 2017-2020. https://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/lisa_2_rakendusplaan_2018-2020.pdf .

Gobierno de Estonia (2020), Input for the 2020 Rule of Law Report. 

Gobierno de Estonia, Policy information system. http://eelnoud.valitsus.ee/main#ANx6shIc .

GRECO (2013), Fourth Evaluation Round – Evaluation Report on Estonia on corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors.

GRECO (2015), Fourth Evaluation Round – Compliance Report on Estonia on corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors.

GRECO (2017), Fourth Evaluation Round – Second Compliance Report on Estonia on corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors.

GRECO (2018), Fifth Evaluation Round – Evaluation Report on Estonia on preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies.

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Ministerio de Justicia (2020), Estonian anti-corruption and conflicts of interests e-training – YouTube web page. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JI001vz8bOi09N3PabBK2ogjrf0k03V .

Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Estonia ST 8177/20 - COM(2020) 506 final.

Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) (2020), The rule of law in the European Union: reports from national human rights institutions.

Reporteros sin Fronteras (2020), Does crisis at leading daily mean end to investigative journalism in Estonia? https://rsf.org/en/news/does-crisis-leading-daily-mean-end-investigative-journalism-estonia .

Rules for Good Legislative Practice and Legislative Drafting. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508012015003/consolide .

Tribunal Supremo de Estonia, Sentencia de 17 de marzo de 2003, 3-1-3-10-02. https://www.riigikohus.ee/en/constitutional-judgment-3-1-3-10-02  

Visita virtual a Estonia en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Anexo II: Visita a Estonia

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio y julio de 2020 con:

·Autoridad de Protección de los Consumidores y Regulación Técnica

·Consejo del Poder Judicial

·Asociación de Periodistas de Estonia

·Unidad de Información Financiera

·Ministerio de Justicia

·Policía Judicial Nacional

·Comité Restringido de Lucha contra la Corrupción

·Consejo de Prensa

·Fiscalía

·Tribunal Supremo

·Transparencia Internacional Estonia

* La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:

·Amnistía Internacional

·Civil Liberties Union for Europe

·Civil Society Europe

·Conference of European Churches

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Free Press Unlimited

·Front Line Defenders

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional de Derechos Humanos

·Instituto Internacional de la Prensa

·Lifelong learning Platform

·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute

·Reporteros sin Fronteras

·Transparency International EU

(1)      El Consejo del Poder Judicial está formado por el Presidente del Tribunal Supremo, cinco jueces elegidos por el Tribunal en pleno para un mandato de tres años, dos diputados del Parlamento (de oficio, los presidentes de la Comisión Constitucional y la Comisión Jurídica), un abogado nombrado por la Junta Rectora del Colegio de Abogados, el Fiscal General del Estado o un fiscal designado por este y el Canciller de Justicia (Defensor del Pueblo) o un representante designado por este. Además, el Ministro de Justicia, o un representante designado por este, que participa en las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto. El Consejo no es un órgano operativo permanente, sino que celebra sesiones periódicas cuatro veces al año y sesiones extraordinarias siempre que sea necesario.

(2)      Gráficos 55-57, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019. El Ministerio de Justicia ejerce la supervisión del Ministerio Fiscal, pero esta no se amplía a las actividades de la Fiscalía relativas a la planificación de la vigilancia, la instrucción penal prejudicial y la representación del interés público ante los órganos jurisdiccionales. Véase el artículo 9 de la Ley del Ministerio Fiscal. El Fiscal General es nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia tras considerar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.

(3)      Artículo 30 de la Ley del Poder Judicial.

(4)      La Comisión de Examen de los Jueces está formada por diez miembros y durante un periodo de cinco años. Hay seis jueces de los tres niveles, un jurista designado por la Facultad de Derecho de Tartu, una persona nombrada por el Ministerio de Justicia, un abogado designado por el Colegio de Abogados y un fiscal nombrado por el Fiscal General. Véase el artículo 69 de la Ley del Poder Judicial.

(5)      Para la composición de la Sala, véase el artículo 93, apartado 1: cinco jueces del Tribunal Supremo, cinco jueces de Tribunales Regionales y cinco jueces de tribunales de primera instancia.

(6)      El GRECO señaló que el Tribunal Supremo decide en pleno (diecinueve jueces) cuando proponer el nombramiento de jueces de tribunales de primera y segunda instancia, mientras que la Sala de Control Constitucional del Tribunal Supremo, compuesta por nueve jueces, sirve de instancia de casación. Según el GRECO, esto crea un problema de «imparcialidad estructural» que se aborda en varias decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Véase la Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, Informe de evaluación, apartado 99. Véase asimismo la Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, Segundo informe de cumplimiento, apartados 39-44.

(7)      Gráficos 44 y 46, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(8)      Gráfico 48, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. El nivel de la percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados percibe la independencia judicial como bastante buena o muy buena); bajo (entre el 30 y el 39 %), medio (entre el 40 y el 59 %), alto (entre el 60 y el 75 %), muy alto (por encima del 75 %).

(9)      Recomendaciones del Consejo del Poder Judicial para organizar la administración de justicia durante la situación de emergencia.

(10)      Véanse los artículos 39 y 41 de la Ley del Poder Judicial: determinación de la jurisdicción territorial de los órganos jurisdiccionales, estructuras de los mismos y ubicación de estos y de los juzgados; determinación del número de jueces en los órganos jurisdiccionales y los juzgados; nombramiento y cese prematuro de presidentes de órganos jurisdiccionales; decisión de permitir que un juez siga en activo tras alcanzar la edad de jubilación; determinación del número de jueces legos; determinación de la composición de los datos de los registros de los sistemas de información judicial y el procedimiento para su presentación.

(11)      Véanse los artículos 39 y 41 de la Ley del Poder Judicial: principios de elaboración de los presupuestos anuales de los órganos jurisdiccionales; conformidad de los fondos asignados a los órganos jurisdiccionales en el presupuesto del Ministerio de Justicia con los principios de elaboración de los presupuestos anuales de estos; candidatos para un puesto vacante de juez en el Tribunal Supremo; cese de un juez por motivos extraordinarios.

(12)      Gráficos 27-29, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(13)      Aportaciones de Estonia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(14)      Public e-File ofrece acceso a asuntos civiles, contencioso-administrativos, penales y relativos a faltas. Cuenta con unos cinco mil usuarios que entran en el sistema al menos una vez a la semana y unas cincuenta mil solicitudes diarias de sistemas cliente.

(15)      Para más información, véase: https://www.rik.ee/en/international/public-e-file.

(16)      Para más información, véase: https://www.rik.ee/en/international/e-file.

(17)      Por ejemplo, los funcionarios de prisiones no pueden acceder a información relativa a procedimientos judiciales.

(18)      A través del CIS.

(19)      A través de Public e-File.

(20)      Cabe señalar que, previa solicitud de un Estado miembro, la Comisión puede ofrecer conocimientos especializados a través del programa de apoyo a las reformas estructurales para ayudar a diseñar y aplicar reformas que impulsen el crecimiento. Desde 2018, Estonia ha recibido este apoyo para llevar a cabo reformas en el sistema judicial. Dado que Estonia es uno de los países más digitalizados del mundo, también a nivel de servicios en línea del sector público, en comparación con países menos digitalizados, la ciberdelincuencia tiene un gran impacto potencial sobre la estabilidad, la economía y el crecimiento de Estonia. Este apoyo pretende desarrollar unidades nacionales de ciberdelincuencia eficaces en la policía, el Cuerpo de Guardias de Fronteras, la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales, con el fin de contrarrestar, investigar y enjuiciar las ciberamenazas.

(21)      Aportaciones de Estonia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(22)      Gráficos 4-15, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(23)      Índice de 2020 de Transparencia Internacional.

(24)      Eurobarómetro especial n.º 502 (2020).

(25)      Eurobarómetro Flash n.º 482.

(26)      Cada ministerio cuenta con un coordinador de prevención de la corrupción nombrado para gestionar la aplicación de la política de lucha contra la corrupción en su ámbito de competencia. La red se reúne unas cuatro o cinco veces al año y también incluye a representantes de la policía, la sociedad civil, el Parlamento, la Oficina Nacional de Auditoría y otras partes interesadas. El presupuesto de la coordinación de la lucha contra la corrupción es de 7000-15 000 EUR para los proyectos de lucha contra la corrupción, además de los costes operativos del personal.

(27)      Estrategia de lucha contra la corrupción de 2013 del gobierno estonio.

(28)      Korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013-2020" rakendusplaan aastateks 2017-2020. 

(29)

     El presupuesto de la Fiscalía para 2020 es de 15 159 770 EUR, lo cual supone un aumento de 763 801 EUR en comparación con 2019.

(30)      Ministerio de Justicia, Criminalidad en Estonia (2019), Corrupción. https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevusestatistika/korruptsioon.html.

(31)      Ministerio de Justicia, Delitos registrados 2003-2018, Tallin, 2019.

(32)      El presupuesto de la Fiscalía para 2020 es de 15 159 770 EUR, lo cual supone un aumento de 763 801 EUR frente a 2019. Notas explicativas sobre los presupuestos del Estado de 2020. https://www.riigikogu.ee/download/52fab2ca-9670-4add-8347-4c880a647a63.

(33)      En 2019 trabajaban en la Oficina treinta y tres personas. El presupuesto de la Oficina en 2019 fue de 1 156 132 EUR. Véase asimismo https://www.politsei.ee/files/Korruptsioon/Trykised/korruptsioonsisu2017engnett.pdf?18996834f6.

(34)      Contactos ministeriales para la prevención de la corrupción, Korruptsioon.ee, https://www.korruptsioon.ee/en/anti-corruption-activity/corruption-prevention-contacts-ministries.

(35)      El Comité está formado por cinco diputados y dos funcionarios permanentes. El Comité supervisa el cumplimiento de las restricciones de las actividades de los diputados del Riigikogu (Parlamento) y revisa sus declaraciones de patrimonio, presenta al Parlamento un resumen anual de sus actividades y lleva a cabo una supervisión parlamentaria de las medidas de lucha contra la corrupción, incluidas reuniones con agencias gubernamentales y fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Policía de Seguridad Interior, la Policía Judicial Nacional y la Fiscalía, para recabar información. El Comité Especial tiene derecho a citar a personas y a solicitar información y documentos para su inspección. Asimismo, tiene derecho a realizar propuestas para modificar la legislación. Para más información sobre las actividades de supervisión del Comité Restringido de Lucha contra la Corrupción, véase: https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/committees/anti-corruption-select-committee/.

(36)      El Comité está formado por miembros nombrados por los partidos políticos representados en el Riigikogu y representantes del Canciller de Justicia, el Auditor General y la Comisión Electoral Nacional. Los miembros del Comité son independientes y no representan los intereses ni las opiniones de las organizaciones que los nombraron.

(37)      Quinta Ronda de Evaluación del GRECO, Informe de evaluación, recomendación v.: «that rules be laid down to govern (i) contacts between persons with top executive functions and lobbyists/third parties that seek to influence the public decision-making process and (ii) the disclosure of such contacts and the subject-matters discussed».

(38)      Ley de Lucha contra la Corrupción. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521082014007/consolide (a partir del 22.9.2014).

(39)      Quinta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe de evaluación.

(40)      Socio en este contexto hace referencia a una persona jurídica cuando al menos una décima parte de la participación o el derecho a adquirir una participación pertenecen a un funcionario o a una persona asociada a este; y persona jurídica cuando el funcionario o familiar es miembro de los organismos de gestión o control.

(41)      Secciones 44-46, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolide.

(42)      Véanse los artículos 13 y 15 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013019/consolide.

(43)      https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013001/consolide.

(44)      Ley sobre Protección de Datos Personales (Isikuandmete kaitse seadus) https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide.

(45)      En 2020, Estonia ocupaba el puesto n.º 14 en Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras.

(46)      El proyecto de Ley por el que se modifica la Directiva de servicios de comunicación audiovisual [Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE] ha pasado la consulta institucional y se presentará al Gobierno para su aprobación en agosto. Se debatirá en el Parlamento en septiembre.

(47)      Artículo 30 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.

(48)      Sitio web de la Asociación de Periódicos de Estonia (Eesti Ajalehtede Liit) sobre el Consejo de Prensa estonio (Pressinõukogu), http://vana.meedialiit.ee/pressinoukogu/index-eng.html.

(49)      El registro mercantil está disponible aquí: https://www.rik.ee/en/e-business-register.

(50)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe.

(51)      Artículo 5 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.

(52)      Misión conjunta EFJ-ECPMF a los países bálticos de 2018 https://adobeindd.com/view/publications/c17c50d1-7733-41c3-b0fd-de8de57e8d9a/alnr/publication-web-resources/pdf/FFM_Baltics_cc.pdf.

(53)      La información recibida en el contexto de la visita al país vino a confirmar esta conclusión.

(54)      Información recibida en el contexto de la visita al país.

(55)      Sección 72 del Código de Procedimiento Penal - https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013093/consolide.

(56)      «Decriminalisaton of Defamation» [«Despenalización de la difamación», documento en inglés], https://cmpf.eui.eu/wp-content/uploads/2019/01/decriminalisation-of-defamation_Infographic.pdf.
Existen muy pocos casos concretos de difamación de una categoría específica de personas que podrían dar lugar a una pena de prisión (personas que disfrutan de inmunidad internacional, sección 247; representantes de una autoridad estatal, sección 275; jueces/órganos jurisdiccionales, sección 305 del Código Penal).

(57)      “Reporters Without Borders is extremely concerned for the future of independent journalism in Estonia, where almost all of the investigative reporters and the opinion desk editors have left Postimees, the country’s leading daily newspaper, in the past few weeks, saying they no longer trust its management”. “RSF already voiced concern about Linnamäe’s control of Postimees in April 2019, when its journalists said they had been under various forms of pressure to cover events linked to his other long list of business interests” ([«Reporteros sin Fronteras está muy preocupado por el futuro del periodismo independiente en Estonia, donde casi todos los periodistas de investigación y redactores de opinión han abandonado Postimees, el principal periódico del país, durante las últimas semanas, argumentando que ya no confían en su dirección». «Reporteros sin Fronteras también expresó su preocupación por el control de Postimees por parte de Linnamäe, cuando sus periodistas afirmaron haber sufrido diferentes formas de presión para cubrir eventos vinculados a su otra larga lista de intereses comerciales», documento en inglés], enero de 2020, https://rsf.org/en/news/does-crisis-leading-daily-mean-end-investigative-journalism-estonia.

(58)      Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas.

(59)      Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, Respuesta del Gobierno de Estonia a la plataforma relativa a la Agencia de Noticias Estatal de Rusia, Sputnik.
El 19 de junio, la Comisión Europea adoptó un dictamen sobre la imposición de sanciones financieras a través del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, según el cual Estonia ha impuesto dichas sanciones a Rossiya Segodnya (Sputnik-Estonia) de forma legítima. Véase el Dictamen sobre la imposición de sanciones financieras a través del Reglamento (UE) n.º 269/2014, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200619-opinion-financial-sanctions_en.pdf.

(60)      https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508012015003/consolide.

(61)      El público puede acceder libremente a todos estos documentos a través del sistema de información sobre proyectos legislativos y políticos (Eelnõude infosüsteem o EIS), disponible en http://eelnoud.valitsus.ee/main#ANx6shIc.

(62)      Véase la Ley completa en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512122019006/consolide.

(63)      Artículo 6 de la Ley de procedimiento del Tribunal Constitucional.

(64)      Sentencia del Tribunal Supremo en pleno, 3-1-3-10-02, 17 de marzo de 2003.

(65)      Véanse las modificaciones de enero de 2019 a la Ley sobre el Canciller de Justicia.

(66)      La calificación «A» en virtud de los Principios de París de las Naciones Unidas programada para marzo de 2020 se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. Véase también ENNHRI, The rule of law in the European Union – Reports from National Human Rights Institutions, p. 73.

(67)      https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/estonian_cs_dev_plan_2015-2020_extract.pdf.

(68)      Aportaciones de Estonia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(69)    Véase la clasificación de CIVICUS; las clasificaciones son sobre una escala de cinco categorías que se definen como: abierto, reducido, obstruido, represivo y cerrado.