COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 30.9.2020

SWD(2020) 301 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020




Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020


Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

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El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) se creó en 2007, año de adhesión a la Unión Europea, como medida transitoria para facilitar que Bulgaria mantuviera el empeño por reformar su sistema judicial e intensificar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada 1 . En consonancia con la decisión por la que se crea el Mecanismo, y tal como ha subrayado el Consejo, el MCV finalizará cuando todos los objetivos de referencia que se aplican a Bulgaria se hayan cumplido satisfactoriamente 2 . El último informe relativo al MCV, adoptado en octubre de 2019, registraba que Bulgaria había contraído una serie de nuevos compromisos, y la Comisión concluía que el progreso realizado en el contexto del MCV era suficiente para satisfacer los compromisos contraídos por Bulgaria en el momento de su adhesión a la UE. Como también subrayó la Comisión, Bulgaria tendrá que continuar trabajando de forma coherente en la traducción de los compromisos que se especifican en su informe en legislación concreta y en la continuación de su aplicación. Antes de tomar una decisión definitiva, la Comisión también atenderá debidamente a las observaciones del Consejo, así como del Parlamento Europeo 3 .

I.Sistema judicial

El sistema judicial de la República de Bulgaria 4 incluye un total de 182 órganos jurisdiccionales, que son ordinarios y especiales. Como norma general, los tribunales ordinarios conocen de asuntos en tres instancias, y el sistema de estos tribunales está formado por 113 tribunales regionales, 28 tribunales de distrito y 5 tribunales de apelación. Los tribunales especiales también incluyen tribunales militares, penales y administrativos. El Tribunal Supremo de Casación es el tribunal competente en última instancia en asuntos examinados por los tribunales ordinarios, militares y penales especiales, mientras que para los asuntos administrativos el órgano jurisdiccional de última instancia es el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Fuera del sistema de tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo de Casación y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo son los tribunales competentes en última instancia. El poder judicial también comprende el Ministerio Fiscal, mientras que el Tribunal Constitucional de Bulgaria no forma parte de aquel 5 . El Ministerio Fiscal tienen una estructura unificada y está encabezado por el Fiscal General. El Consejo Superior de la Magistratura es la más alta autoridad administrativa del poder judicial búlgaro. Es el responsable de la gestión del poder judicial y de garantizar su independencia. Los jueces, fiscales e investigadores 6 son nombrados, ascendidos, transferidos y destituidos por sus salas respectivas (de la Magistratura o de la Fiscalía) del Consejo Superior de la Magistratura 7 . El Consejo General de la Abogacía es una asociación independiente y autónoma establecida por la ley 8 .

Independencia

Está en curso una reforma relacionada con la rendición de cuentas del Fiscal General y sus adjuntos. En los últimos años, los servicios de la Fiscalía se sometieron a una serie de reformas con vistas a su reestructuración 9 . Pese a los avances, en Bulgaria, la combinación de las competencias y la posición del Fiscal General ejerce una influencia considerable, ya que el Fiscal General puede anular o modificar cualquier decisión adoptada por un fiscal que no ha sido revisada por un juez 10 . Además, puede destinar en comisión de servicios a los fiscales sin su consentimiento, por un período de tres meses dentro de un año natural, y emitir instrucciones escritas para ellos, incluido en asuntos concretos 11 . El Fiscal General también tiene competencias importantes con respecto a los fiscales que son responsables de fiscalías provinciales y de distrito 12 . Por tanto, todos los fiscales e investigadores están subordinados de facto al Fiscal General. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, el Fiscal General solo puede ser destituido de su cargo mediante una propuesta del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura al Presidente de la República 13 . Si bien las competencias del Fiscal General no son exclusivas del sistema judicial búlgaro 14 , se han expresado inquietudes debido a su combinación con la posición del Fiscal General en el Consejo Superior de la Magistratura. En la Sala de la Fiscalía, el Fiscal General, como miembro de oficio y presidente, desempeña un papel decisivo en relación con la trayectoria de carrera y los procedimientos disciplinarios de los fiscales 15 . La imposibilidad de realizar una investigación penal real relacionada con el Fiscal General y sus adjuntos es un tema pendiente desde hace mucho tiempo que ha sido planteado no solo por la Comisión Europea 16 , sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 17 y el Consejo de Europa 18 . En junio de 2019, se presentó un proyecto de ley para abordar esta cuestión, pero varias partes interesadas plantearon dudas importantes. A partir de una recomendación de la Comisión, Bulgaria solicitó un dictamen a la Comisión de Venecia para evitar cualquier riesgo para la independencia judicial y garantizar al mismo tiempo la eficacia del mecanismo propuesto. En diciembre de 2019, el Ministerio de Justicia publicó un nuevo proyecto de ley que abordaba algunas de las recomendaciones de la Comisión de Venecia 19 . Este nuevo proyecto de ley sobre el asunto se encuentra ahora en el Parlamento 20 y prevé un «fiscal especial» 21 que sería responsable de investigar delitos supuestamente cometidos por el Fiscal General. Este fiscal especial sería elegido por la Sala de la Fiscalía del Consejo Superior de la Magistratura, a propuesta de tres de sus miembros y con una mayoría de ocho de los once votos por un mandato fijo de siete años. Gozaría de independencia procesal a la hora de supervisar una investigación contra el Fiscal General y sus adjuntos, pero seguiría estando subordinado al Fiscal General por lo que se refiere a otras actividades 22 . Ciertos elementos del procedimiento de nombramiento y las competencias de investigación del «fiscal especial» han suscitado dudas y sería importante que el proyecto de ley tuviera en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa 23 . El 18 de diciembre de 2019, el Gobierno preguntó al Tribunal Constitucional si el control de legalidad 24 por parte del Fiscal General, una competencia que está consagrada en la Constitución, también se aplica a las investigaciones contra este. Esta solicitud rebatía indirectamente la constitucionalidad del proyecto de legislación. El 23 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Fiscal General no puede ejercer control de legalidad sobre los fiscales que le investigan 25 . Esta sentencia permitirá al Parlamento reanudar su trabajo. Sin embargo, la sentencia no resuelve las dudas relacionadas con el procedimiento de nombramiento del fiscal especial previsto y con el hecho de que este seguiría estando subordinado al Fiscal General por lo que se refiere a otras actividades que no sean la investigación contra este último o sus adjuntos. Una nueva consulta de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de ley ofrecería garantías sobre la eficacia del nuevo mecanismo de rendición de cuentas.

Pese a los avances realizados, la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura han sido objeto de nuevos debates. A pesar de las reformas previas y los avances 26 , el Consejo de Europa 27 y varias partes interesadas 28 han considerado la situación del Consejo Superior de la Magistratura una fuente de preocupación. En cuanto a la composición, las reformas mencionadas han proporcionado una estructura más equilibrada del Consejo Superior de la Magistratura 29 . Sin embargo, el número total de jueces elegidos por sus homólogos no llega a una mayoría 30 . Además, el Fiscal General desempeña un papel decisivo en la Sala de la Fiscalía 31 y también tiene influencia sobre el pleno 32 y potencialmente sobre la Sala de la Magistratura 33 , ya que la ley prevé que los miembros legos elegidos por el Parlamento para formar parte de la Sala de la Magistratura pueden, en teoría, proceder también de las filas de los fiscales 34 . Esto ha sido señalado por la Comisión de Venecia 35 como una fuente de preocupación, porque los fiscales, y el Fiscal General en particular, siguen participando significativamente en la gobernanza de los jueces. La estructura general del Consejo Superior de la Magistratura podría limitar su capacidad para proteger la independencia judicial 36 frente a las presiones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, incluidos la oficina del Fiscal General y el propio Consejo Superior de la Magistratura. El riesgo para la independencia judicial se pone de manifiesto en el número de jueces sujetos a ataques 37 , críticas concretas basadas en el contenido de sus sentencias 38 o la reciente retórica utilizada por personalidades públicas. 39 El 14 de agosto de 2020, el Primer Ministro anunció un plan para una nueva Constitución 40 que incluiría una reforma de la composición del Consejo Superior de la Magistratura 41 y de su Servicio de Inspección 42 ; también incluiría una modificación en el procedimiento del nombramiento y la duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo de Casación, el Presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y el Fiscal General 43 . Es importante que una reforma de este tipo tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa 44 .

El nivel de independencia judicial percibida en Bulgaria sigue siendo bajo. Solo el 37 % entre el público en general considera que es «bastante bueno o muy bueno» y, entre las empresas, también se mantiene en la media, con el 45 % que considera que es «bastante bueno o muy bueno» 45 .

El régimen de remuneración adicional y ascenso de los magistrados suscita dudas. En el sistema actual, un magistrado puede recibir una remuneración adicional de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Magistratura, puede ser inamovible tras cinco años de servicios y puede ser ascendido tras aprobar una oposición. El Consejo de Europa ha señalado que los criterios de remuneración adicional relacionados con las normas establecidas en 2018-2019 por el Consejo Superior de la Magistratura resultan problemáticos, ya que otorgan amplias facultades discrecionales a los presidentes de los órganos jurisdiccionales 46 . En el mismo contexto, el largo período necesario para adquirir un cargo vitalicio también podría plantear dudas sobre la independencia judicial 47 . Además, tras una reciente modificación de la Ley del Poder Judicial (LPJ) 48 , los miembros del Consejo Superior de la Magistratura pueden ser ascendidos automáticamente a cargos de más alto nivel al final de su mandato. Esto ha planteado dudas a la luz de las recomendaciones del Consejo de Europa 49 y podría afectar a la independencia judicial, teniendo en cuenta la estructura del ordenamiento jurídico establecido por la Constitución de Bulgaria, como indica el Tribunal Supremo de Casación 50 . Como resultado de estas dudas, la Ley del Poder Judicial se modificó de nuevo recientemente y actualmente establece que el nombramiento de un cargo superior está sujeto a varias condiciones 51 .

Se han establecido modificaciones de la Ley del Poder Judicial. En febrero de 2020, se retiró la suspensión automática de los magistrados en caso de investigación penal contra ellos 52 . Previamente, la sala pertinente del Consejo Superior de la Magistratura estaba obligada a suspender sin ninguna valoración al magistrado en cuestión. La disposición del artículo 230 de la LPJ ha sido derogada de conformidad con una decisión del Tribunal Constitucional 53 y responde a las expectativas de la Comisión Europea y a las recomendaciones del Consejo de Europa 54 . Otras modificaciones de la Ley del Poder Judicial tienen que ver con la obligación de los magistrados de declarar su pertenencia a organizaciones profesionales. El anterior requisito de que los jueces, fiscales y jueces instructores declararan su pertenencia a asociaciones profesionales al Consejo Superior de la Magistratura había suscitado dudas sobre la libertad de asociación 55 . Según las modificaciones, la declaración ya no es un requisito 56 . No obstante, el registro de magistrados que participan en asociaciones profesionales todavía está disponible en el sitio web del Consejo Superior de la Magistratura y ha sido presuntamente utilizado por parte de personalidades públicas para presionar a jueces 57 .

Se ha propuesto al Consejo Superior de la Magistratura una moción de reforma de la Inspección. En virtud del régimen actual, la Inspección examina la actividad del poder judicial, lleva a cabo comprobaciones de la integridad y los posibles conflictos de interés de los magistrados, y propone la apertura de procedimientos disciplinarios relacionados con los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura. La Inspección consta de un Inspector General y diez inspectores, que son independientes y elegidos por la Asamblea General 58 . El riesgo de influencia política ha sido señalado anteriormente por la Comisión de Venecia 59 . Tras el proyecto «Support for the enhancement of the capacity of ISJC» 60 , la Inspección presentó una moción de modificación del Consejo Superior de la Magistratura que exigiría que el Inspector General y los inspectores fueran propuestos por otros organismos, tales como los plenos del Tribunal Supremo de Casación y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo o las Reuniones Generales de magistrados y organizaciones profesionales, en lugar de por los miembros del Parlamento 61 . No obstante, la Inspección está trabajando actualmente sobre la base de un mandato que ha expirado 62 , en virtud del principio de continuidad 63 . Además de la composición de la Inspección, las partes interesadas han planteado dudas en relación con la actividad de este organismo 64 . Se han planteado dudas sobre que, en virtud de la disposición que permite a la Inspección proponer procedimientos disciplinarios para magistrados 65 , el Consejo Superior de la Magistratura 66 y el Fiscal General 67 han estado informando a la Inspección para iniciar una inspección que provocó presión sobre jueces concretos 68 .

Calidad

El acceso a la justicia debe mejorar. Se han hecho llamamientos para reducir el umbral de acceso a la asistencia jurídica gratuita 69 , eximir a los beneficiarios de asistencia jurídica de las tasas judiciales 70 , disminuir el importe de las tasas judiciales para incoar un procedimiento 71 y mejorar la digitalización del poder judicial 72 . En el estado actual del sistema de asistencia jurídica gratuita en Bulgaria, ni siquiera las personas cuya renta se sitúa en el umbral de la pobreza de Eurostat, o ligeramente por debajo de este, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Se ha llamado especialmente la atención sobre el nivel significativamente alto de las tasas judiciales en el ámbito de la justicia administrativa 73 . En cuanto a la digitalización, si bien no es posible recurrir a los tribunales en línea, sí es posible transmitir citaciones y realizar un seguimiento de algunos asuntos 74 . Además, el uso y el seguimiento de los resultados de las encuestas realizadas entre los usuarios de los tribunales son limitados 75 . A finales de 2020 estará disponible una visión integral de la situación de la justicia electrónica, cuando se supone que se completará el proyecto en vigor «Development of a Model for Optimization of the Judicial Map of Bulgarian Courts and Prosecutor’s Offices and of a Unified Information System for Courts» 76 . La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias del sistema judicial en el ámbito de la justicia electrónica. Tras una decisión de la Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Magistratura 77 , la tramitación de asuntos judiciales se suspendió un mes durante el estado de excepción, salvo para asuntos urgentes 78 .

Los recursos financieros y humanos suscitan dudas. Parece que las autoridades, entre ellas la Fiscalía, y el Tribunal Penal Especial sufren problemas relacionados con la escasez de recursos humanos o financieros, pese a la inversión declarada del Gobierno en el sistema judicial en los últimos años 79 .

Eficiencia

La falta de datos sobre tribunales civiles y mercantiles de primera y segunda instancia sigue dificultando el seguimiento de la eficiencia de la justicia. El proceso de recopilación de datos estadísticos a través de estadísticas agregadas no permite el desglose de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos o no contenciosos (primera y segunda instancia), como tampoco una evaluación adecuada de la eficiencia general del sistema judicial 80 . Sin embargo, existen dos avances positivos. En lo que respecta a la duración de los procedimientos en el Tribunal Supremo de Casación, la situación en Bulgaria es buena en comparación con los otros Estados miembros 81 . Además, el funcionamiento de los tribunales administrativos por lo que se refiere a duración de los procesos muestra una mejora. El tiempo estimado para resolver asuntos administrativos en todas las instancias ha mejorado en los últimos años 82 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

En 2017 y 2018, Bulgaria llevó a cabo una reforma integral de sus marcos jurídico e institucional de lucha contra la corrupción. Con la fusión de varias de las estructuras existentes, la reforma estableció la Comisión de lucha contra la corrupción y el decomiso de activos ilegales (en lo sucesivo, la Comisión Anticorrupción). La competencia de los casos de corrupción de alto nivel se transfirió al Tribunal Penal Especial, mientras que la investigación de estos casos se realiza bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada. La actual estrategia de lucha contra la corrupción abarca el período 2015-2020 y se está preparando una nueva estrategia para 2021-2027. La lucha contra la corrupción ha sido declarada como una prioridad principal del Gobierno en su programa para 2017-2021 83 . Al mismo tiempo, las protestas que estallaron en el verano de 2020 ponen de manifiesto el descontento de la sociedad con la falta de progresos en la lucha eficaz contra la corrupción. Las protestas dieron lugar a las dimisiones de cinco ministros en julio y septiembre de 2020.

En el último Índice de percepción de la corrupción de 2019 de Transparencia Internacional, Bulgaria obtuvo una puntuación de 43/100 y ocupó el puesto n.º 74 a nivel mundial 84 . El 80 % de los encuestados búlgaros de la última encuesta del Eurobarómetro sobre corrupción opinan que la corrupción está muy extendida en su país (media de la UE: 71 %) 85 , mientras que el 85 % de las empresas cree que la corrupción está muy extendida (63 % de media en la UE). De manera similar, el 51 % de las empresas considera que la corrupción es un problema cuando operan en el país. De igual modo, el 28 % de los encuestados dijeron sentir que la corrupción les afecta personalmente a su vida diaria (26 % de media en la UE), mientras que el 63 % no cree que el número de procesamientos en casos de corrupción que culminan con éxito es suficiente para disuadir a otros de estas prácticas (36 % de media en la UE). Por último, solo el 13 % de las empresas considera que las personas y empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE) 86 .

La Estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción abarca el período 2015-2020 87 . La aplicación de la estrategia es supervisada y coordinada por el Consejo nacional de políticas de lucha contra la corrupción. El último informe sobre la aplicación de la estrategia para el período hasta el 31 de enero de 2019 88 señala la continua actualización del marco institucional, la mejora de la autoridad de las Inspecciones y la formación sobre lucha contra la corrupción de la administración pública. El Consejo informa de que ha iniciado consultas sobre la evaluación de la aplicación de la estrategia para 2015-2020 y el desarrollo de una nueva estrategia para 2021-2027. La página web del Consejo no ofrece un acceso funcional a información sobre los miembros actuales del Consejo o sus actividades, entre otras, reuniones o debates 89 . Además, en abril de 2020 se adoptó un nuevo Código de Conducta para la Administración Pública 90 . El nuevo código pone el énfasis en el comportamiento anticorrupción en la administración.

El marco legal de lucha contra la corrupción está establecido en gran medida, pero siguen existiendo retos. Los delitos de corrupción y relacionados están regulados en la Parte especial del Código Penal de Bulgaria. La aplicación general de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado puede considerarse satisfactoria 91 . La responsabilidad penal solo puede recaer sobre personas físicas en Bulgaria. Las entidades jurídicas solo pueden estar sujetas a sanciones administrativas (no penales) en virtud de la Ley de penas e infracciones administrativas. El complejo y formalista sistema búlgaro de Derecho procesal penal ha sido señalado por distintos informes y análisis durante años como un obstáculo a la investigación y el enjuiciamiento eficaces de la corrupción de alto nivel 92 . Esto también ha sido planteado por la Fundación Fondo Anticorrupción, que señaló que el formalismo de los procesos penales impide el desarrollo de estrategias de investigación originales e innovadoras 93 . La contribución de las autoridades nacionales destaca varias deficiencias en el marco jurídico, entre ellas el fomento de un comportamiento procesal de buena fe al excluir la tipificación o imponer sentencias más leves en los casos en que las personas que comenten un delito de soborno informan del mismo voluntariamente y cooperan con las autoridades instructoras 94 .

El marco institucional ha sido recientemente consolidado. Mediante la fusión de varias estructuras, la Ley de lucha contra la corrupción y de decomiso de propiedades adquiridas ilegalmente de 2018 (en lo sucesivo, la «Ley anticorrupción») estableció la nueva Comisión de lucha contra la corrupción y decomiso de activos ilegales. La Comisión Anticorrupción tiene un área amplia de responsabilidades 95 . El presidente de la Comisión Anticorrupción, su adjunto y los tres miembros son elegidos por mayoría simple en la Asamblea Nacional. Las partes interesadas han planteado dudas sobre el procedimiento de elección, al señalar que crea posibles riesgos para la independencia política del trabajo de la Comisión Anticorrupción. Las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2017 transfirieron la jurisdicción de asuntos de corrupción de alto nivel, cometida por titulares de altos cargos públicos, de las competencias del Tribunal Municipal de Sofía al Tribunal Penal Especial 96 . La investigación de estos asuntos la llevan a cabo jueces de instrucción del departamento de investigación de la Fiscalía Especializada. Fuera de estos casos, la detección e investigación de los delitos de corrupción cometidos por personas que no son titulares de altos cargos públicos es competencia del Ministerio del Interior.

La Comisión Anticorrupción se ha enfrentado a varios desafíos desde su establecimiento. En la primavera de 2019 se produjo una serie de escándalos muy publicitados que implicaron la compra de propiedades privadas por debajo del valor de mercado por parte de funcionarios de alto nivel. La Comisión Anticorrupción no encontró pruebas de la existencia de conflictos de intereses. El escándalo, referido como el «apartmentgate», dio lugar a la dimisión de varios funcionarios de alto nivel, incluido el anterior presidente de la Comisión Anticorrupción. El último informe anual de la Comisión Anticorrupción resalta los desafíos en el ámbito de los recursos humanos, con cien vacantes sin cubrir de un total de 477 miembros del personal (lo que representa más del 20 %) 97 . Esto podría tener repercusiones para la eficacia de la Comisión Anticorrupción. Las autoridades indicaron que se han adoptado medidas para remediar la situación. La última encuesta del Eurobarómetro muestra que solo el 18 % de los encuestados búlgaros confía en la Comisión Anticorrupción para hacer frente a los casos de corrupción, una disminución del 4 % en comparación con años anteriores.

Las reformas están empezando a dar sus primeros frutos, pero siguen existiendo retos. En 2019, la Fiscalía asignó 553 inspecciones a la Comisión Anticorrupción, en comparación con las 343 de 2018. El trabajo se completó en 450 casos y los resultados han sido enviados a los fiscales, con pruebas de delitos penales cometidos en ochenta y tres de ellos. El informe anual más reciente de la Comisión Anticorrupción señala la mejora de la cooperación en el intercambio electrónico automático de datos con otras instituciones públicas 98 . Se han destacado varios desafíos que las autoridades de investigación aún deben abordar, como la necesidad de contratar especialistas competentes y con alta cualificación para los procesos penales, o un desequilibrio significativo en la carga de trabajo de los fiscales e investigadores de la Fiscalía Especializada 99 .

Todavía no se ha establecido un historial sólido de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel. Las estadísticas sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción muestran que, en 2019, 486 acusados fueron llevados a juicio por delitos de corrupción (508 en 2018, 582 en 2017 y 614 en 2016). El informe anual de 2019 del Tribunal Supremo de Casación muestra que se ratificaron condenas en 20 de los 28 asuntos judiciales relacionados con la corrupción, entre ellos, siete titulares de altos cargos públicos fueron condenados 100 . Un informe reciente de una organización búlgara de vigilancia anticorrupción analiza el progreso de varios asuntos de corrupción de alto nivel y destaca que solo unos pocos resultaron en condenas firmes. El informe mencionado también muestra que no hubo condenas firmas en casos de corrupción de alto nivel en 2018 y 2019 101 . Además, el 78 % de los encuestados en la última encuesta del Eurobarómetro opina que los casos de corrupción de alto nivel no están lo suficientemente perseguidos (68 % de media en la UE) y el 72 % cree que los esfuerzos del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción no son eficaces (55 % de media en la UE). Conviene señalar en especial que el 77 % de las empresas que participaron en la encuesta del Eurobarómetro piensa que es poco probable que las personas corruptas sean multadas o encarceladas por los órganos jurisdiccionales.

La Dirección de Seguridad Interior investiga delitos cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior y realiza pruebas de integridad. En el curso de los seis últimos meses, la Dirección ha desempeñado un papel fundamental en varias operaciones de detención de funcionarios de aduanas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad de alto nivel. Las actividades de investigación de la Dirección en 2019 incluyeron el tratamiento de 562 informes de presuntos delitos penales, incluidos delitos de corrupción cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior, en comparación con 172 en 2018. También llevó a cabo 81 investigaciones prejudiciales por conductas indebidas de la policía, en comparación con 98 en 2018 102 . La mayoría de las sentencias sobre asuntos de corrupción emitidas por el Tribunal Supremo de Casación en 2019 tuvieron que ver con ofrecer, dar, solicitar o recibir sobornos a o por parte de funcionarios del Ministerio del Interior (10 condenas de un total de 28 asuntos de corrupción). En particular, el 61 % de los encuestados en el Eurobarómetro opina que el soborno y el abuso de poder para obtener réditos privados son prácticas generalizadas entre las autoridades aduaneras y policiales.

En 2012, Bulgaria estableció un régimen de decomiso civil. El procedimiento es iniciado por la Comisión Anticorrupción cuando una persona es acusada de delitos enumerados en la Ley anticorrupción. Se realiza una inspección de los bienes de la persona por un periodo de diez años en retrospectiva y la Comisión tiene que identificar una «discrepancia significativa» entre la renta neta lícita del sospechoso o acusado y el valor de su patrimonio 103 . El procedimiento de decomiso civil es independiente de cualquier proceso penal y permite el decomiso de la propiedad de una persona sin una condena previa por un delito penal 104 . El artículo 148 de la ley anticorrupción establece el método general de tasación de activos adquiridos ilegalmente. Partes interesadas han planteado serias dudas sobre que los asuntos de decomiso civil se estén llevando a cabo de forma independiente e imparcial 105 . En junio de 2020, 309 sentencias judiciales firmes confirmaron el decomiso de activos por un valor total de 133 133 611,25 BGN (aproximadamente 68 273 646 EUR).

La Comisión Anticorrupción verifica las declaraciones de activos e intereses de titulares de altos cargos públicos y determina los conflictos de intereses. La Ley anticorrupción define el término «titular de alto cargo público». Las declaraciones de titulares de altos cargos públicos son accesibles a través del Registro de titulares de altos cargos públicos 106 . La Ley anticorrupción permite a los titulares de altos cargos público solicitar que la información de sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos menores de dieciocho años no se haga pública. En 2019, la Comisión Anticorrupción realizó comprobaciones de 8 573 titulares de altos cargos públicos. En 2019, la Comisión adoptó 162 decisiones sobre conflictos de intereses (140 en 2018). En catorce de esas decisiones se determinó la existencia de un conflicto de interés (veintiocho en 2018) y se impusieron sanciones que ascendieron a 173 511 BGN (aproximadamente 88 980 EUR) 107 . Los titulares de cargos en el nivel regional y local también son objeto de la ley anticorrupción 108 .

Las recientes modificaciones legislativas 109 mejoraron el papel y las funciones de la Inspección General y las Inspecciones en los ministerios. Sus competencias abarcan el ejercicio del control y las comprobaciones relacionadas con los conflictos de intereses y el contenido de las declaraciones obligatorias de activos, presentadas por funcionarios públicos, asesores y expertos, y la alerta a las autoridades judiciales en los casos en los que se encuentran pruebas de la comisión de un delito. Las Inspecciones también evalúan los riesgos de corrupción y proponen medidas para limitarlos. El informe anual de actividades de 2019 de las Inspecciones ilustra el aumento de la importancia de su papel en la realización de comprobaciones e inspecciones ad hoc (tras alertas de ciudadanos, organizaciones o instituciones) 110 .

La actividad de los grupos de presión no está regulada en Bulgaria. No existe ninguna obligación específica de registro de los grupos de presión o de declaración de contactos entre los funcionarios y los miembros de estos grupos. Un análisis reciente del Centro Nacional de Investigación Parlamentaria que abarca el período entre abril de 2017 y diciembre de 2019 muestra que casi el 37 % de los actos jurídicos adoptados modifican otros actos mediante enmienda, incluido en las disposiciones transitorias y finales del acto modificativo 111 . En algunos casos, las modificaciones tienen que ver con actos jurídicos no vinculados en absoluto con el acto modificativo 112 . Las partes interesadas han expresado su inquietud de que esta práctica no solo tiene un efecto negativo sobre la transparencia del proceso legislativo en el país, sino que podría en algunos casos ser un signo de actividad irregular de grupos de presión 113 .

La ley anticorrupción introdujo medidas para garantizar la protección de los denunciantes e incentivar las denuncias de corrupción. Las personas encargadas de examinar la alerta están obligadas a no revelar la identidad del denunciante, a no hacer público ningún hecho o dato que hubiera sido puesto en su conocimiento en conexión con el examen de la alerta, y a proteger los documentos escritos encomendados al respecto frente a accesos no autorizados por terceros.  114  El Bulgarian Institute for Legal Initiatives señaló que una posible carencia del régimen existente es que no permite la presentación de alertas anónimas 115 . El Fondo Anticorrupción planteó dudas similares sobre el requisito de que el denunciante revele su número de identificación personal 116 .

III.Pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico búlgaro relativo al pluralismo de los medios de comunicación se basa en un conjunto de garantías constitucionales y medidas legislativas, como la Ley de Radio y Televisión 117 . La Ley de acceso a la información pública regula el acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. En 2019 se puso en marcha una Plataforma de acceso a la información pública, que optimiza el proceso de solicitud y garantiza que la información publicada en respuesta a una solicitud es accesible para todos los ciudadanos 118 .

La autoridad reguladora de los servicios de los medios de comunicación audiovisuales, el Consejo de los medios de comunicación electrónicos, está dotada de competencias de conformidad con la Ley de Radio y Televisión 119 . El Consejo de los medios de comunicación electrónicos es un organismo independiente formado por cinco miembros: a tres miembros los elige la Asamblea Nacional, y a dos los nombra el presidente de la República de Bulgaria. La duración del mandato de los miembros es de seis años. La composición del Consejo de los medios de comunicación electrónicos rota cada dos años en la cuota de la Asamblea Nacional y cada tres años en la cuota del presidente 120 .

Se ha considerado que la independencia del Consejo de los medios de comunicación electrónicos tiene un riesgo bajo 121 . Según el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020), las obligaciones y las responsabilidades del Consejo de los medios de comunicación electrónicos están claramente definidas en la ley, y la autoridad es transparente en cuanto a sus actividades 122 . No obstante, es un hecho comúnmente reconocido que el Consejo de los medios de comunicación electrónicos carece de recursos para desempeñar sus funciones de manera eficiente y depende financieramente del Estado en lo que respecta a la asignación de los recursos necesarios 123 . La Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada establece una serie de garantías para la independencia y la eficacia de las autoridades reguladoras nacionales de los medios de comunicación 124 . Un grupo de trabajo creado dentro del Ministerio de Cultura preparó un proyecto de ley que modifica y completa la Ley de Radio y Televisión para garantizar la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada 125 .

En lo que respecta a la autorregulación, Bulgaria también cuenta con un comité de ética para los medios de comunicación. La Fundación del Consejo Nacional de Ética Periodística de Bulgaria se creó en 2005 como una entidad jurídica sin ánimo de lucro para llevar a cabo actividades de interés público. El objetivo de la Fundación es crear y mantener un sistema de autorregulación para los medios de comunicación impresos y electrónicos de Bulgaria sobre la base del Código deontológico de los medios de comunicación búlgaros, aprobado en 2005 126 . La Fundación del Consejo Nacional de Ética Periodística tramita quejas de los ciudadanos y las organizaciones contra los medios de comunicación impresos y electrónicos relacionadas con violaciones de la ética de los medios de comunicación 127 .

La falta de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación en Bulgaria constituye un motivo de preocupación. El Consejo de los medios de comunicación electrónicos mantiene y actualiza periódicamente un registro público de servicios de comunicación lineales y no lineales, así como una lista de empresas que distribuyen programas búlgaros y extranjeros 128 . En noviembre de 2018, se modificó la Ley de depósito obligatorio de copias de obras impresas y de otro tipo para exigir a los medios de comunicación que faciliten información sobre sus propietarios y sobre toda la financiación recibida, incluidos los nombres de los donantes. Algunos observadores consideraron que esto suponía una carga excesiva para los medios de comunicación pequeños e independientes, que se financian principalmente a través de donaciones (por ejemplo, la financiación participativa) y podría disuadir a los particulares de apoyar a estos medios de comunicación 129 . La ley también ha sido criticada porque no obliga a los medios de comunicación a divulgar otras fuentes de ingresos, como los fondos públicos, más allá de los fondos recibidos a través de contratos con los poderes adjudicadores pertinentes. En la práctica, según las partes interesadas y el MPM de 2020, muchos medios de comunicación no cumplen la ley, y la información facilitada no siempre es de fácil acceso para el público. Un informe publicado por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF) tras una misión de investigación conjunta llevada a cabo en 2018 señala varias cuestiones vinculadas con la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación 130 . Además, el informe posterior a la visita a Bulgaria de la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa de noviembre de 2019 indicó que las disposiciones relativas a la divulgación de la propiedad siguen aplicándose solo de forma parcial. Es más, en muchos casos no se garantiza la transparencia, ya que los medios de comunicación tiendan a registrarse a través de intermediarios o de sociedades offshore 131 .

Aparentemente, la publicidad estatal desempeña un papel importante en el panorama audiovisual del país, especialmente a escala local. El MPM de 2020 informa de que en Bulgaria no existen garantías normativas para la distribución justa y transparente de la publicidad estatal 132 . Las partes interesadas también informan de que el marco normativo que regula la publicidad estatal no incluye las redes sociales 133 . Parece que la distribución del gasto publicitario estatal no se basa en criterios claros y no discriminatorios 134 . Las partes interesadas también informan de que, en ocasiones, los fondos de la UE son presuntamente utilizados por las autoridades locales para reforzar su control de los periódicos y los canales de televisión locales 135 .

El marco jurídico contra las injerencias políticas en los medios de comunicación no prohíbe expresamente que los políticos sean propietarios de los medios de comunicación. Se ha informado de que la propiedad de varios medios de comunicación está estrechamente vinculada con los agentes políticos de Bulgaria, aunque estos no sean oficialmente de su propiedad 136 . Las partes interesadas informan de que el clima político no es favorable a unos medios de comunicación independientes, y que muchos propietarios de medios de comunicación prefieren la cercanía al Gobierno a fin de evitar su marginación. Además, los medios de comunicación nacionales y locales de todos los sectores están sujetos a un control político sistemático, y la mayoría de los principales periódicos del país siguen una política editorial favorable al Gobierno 137 . Así mismo, un gran número de periodistas búlgaros consideran las injerencias políticas en los medios de comunicación algo «normal» y «generalizado» 138 .

Durante la pandemia de COVID-19, el Parlamento trató de modificar el Código Penal con el fin de penalizar la desinformación 139 . La Ley del Estado de Excepción adoptada inicialmente el 20 de marzo de 2020 incluía modificaciones del Código Penal que preveían una pena de prisión de hasta tres años y multas de hasta 10 000 BFN (aproximadamente 5 100 EUR) por la difusión de «información falsa sobre la propagación de una enfermedad infecciosa». Aunque no existía una definición de lo que constituía información falsa, los ciudadanos fueron amenazados con la imposición de elevadas multas y penas de prisión. En este contexto, los expertos, los periodistas y los ciudadanos se verían obligados a practicar la autocensura 140 . Sin embargo, el Presidente vetó esta disposición en base a su repercusión en la libertad de expresión. Posteriormente, el 23 de marzo de 2020, el Parlamento adoptó la ley sin la disposición controvertida.

La legislación búlgara prevé las principales garantías jurídicas para la protección y las actividades de los periodistas y los medios de comunicación. La Constitución protege el derecho a la libertad de expresión 141 . La Ley de acceso a la información pública regula el acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. Las partes interesadas informan de que la legislación ha demostrado ser una herramienta eficaz tanto para los periodistas de investigación como para los ciudadanos. En 2019 se puso en marcha una Plataforma de acceso a la información pública, que optimiza el proceso de solicitud y garantiza que la información publicada en respuesta a una solicitud es accesible para todos los ciudadanos 142 . Sin embargo, en Bulgaria sigue resultando difícil obtener acceso a la información pública a pesar del creciente número de fuentes públicas de datos abiertos 143 . Parece ser que algunos periodistas y publicaciones independientes se han visto obligados a utilizar solicitudes de acceso a la información para comunicarse con determinadas instituciones 144 .

En febrero de 2019, el Parlamento búlgaro aprobó enmiendas a la Ley de protección de datos personales. Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) prevé excepciones que abarcan la labor de los periodistas, estas no se incluyeron en la nueva legislación búlgara, que también preveía sanciones para los medios de comunicación. Los juristas y los expertos en medios de comunicación criticaron la Ley por su posible efecto paralizador sobre las investigaciones periodísticas 145 . El 15 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional búlgaro declaró inconstitucionales las disposiciones pertinentes de la Ley 146 .

Con frecuencia se informa de ataques contra periodistas. En particular, las partes interesadas denuncian campañas de difamación contra periodistas independientes y de investigación que sacan a la luz casos de corrupción.  147 En 2019 y 2020, la Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa registró ocho alertas correspondientes a Bulgaria relacionadas con ataques a periodistas, acoso a periodistas y otros actores de los medios de comunicación, así como pleitos abusivos 148 . Hasta hace poco, también se ha informado de una serie de amenazas y ataques similares 149 . Las asociaciones de libertad de prensa alegan que los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación se enfrentan a cargos de naturaleza política que tienen como objetivo silenciar el periodismo crítico. El MPM de 2020 informa de casos en los que el Estado presuntamente amenaza la independencia de los medios de comunicación por medio de la presión política, administrativa y judicial. La Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa 150 , así como Mapping Media Freedom 151 también informan de estos supuestos casos. Asimismo, se notifican las amenazas a periodistas relacionadas con sus actividades en línea. Se ha observado que los objetivos más vulnerables son los periodistas críticos y de investigación 152 . Se han incoado procedimientos judiciales contra periodistas por publicar información crítica en las redes sociales 153 .

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios

Bulgaria es una república democrática representativa con un Presidente elegido por sufragio directo, una Asamblea Nacional unicameral y un Tribunal Constitucional responsables del control de constitucionalidad de las leyes. La Asamblea Nacional tiene el poder de decisión final a la hora de legislar 154 . Bulgaria tiene dos instituciones nacionales de derechos humanos. En primer lugar, el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente, elegido por la Asamblea Nacional y al que se encomienda la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En segundo lugar, la Comisión para la protección contra la discriminación es un organismo que aplica las políticas en los ámbitos de la igualdad de género y la no discriminación.

Se está creando un mecanismo de seguimiento a posteriori. Como se informó en el informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) de octubre de 2019 155 , el Gobierno ha decidido crear un mecanismo adicional más exhaustivo de seguimiento nacional centrado en un Consejo de Coordinación y Cooperación («consejo de seguimiento a posteriori»). El objetivo del Consejo es evaluar los avances de Bulgaria en la reforma judicial, y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado de forma independiente, transparente y objetiva 156 . El nuevo organismo recabará datos de toda una serie de instituciones competentes, e integraría un Consejo Cívico compuesto por representantes de la sociedad civil y asociaciones profesionales del estamento judicial. La actividad del Consejo se iniciaría una vez finalizado el MCV. Las autoridades búlgaras iniciaron el proceso de selección del llamado Consejo Cívico que reúne a ONG de distintos ámbitos relacionados con las funciones del Consejo. Sin embargo, el resultado de la selección de los representantes de la sociedad civil ha sido anulado y se ha iniciado un nuevo procedimiento 157 .

La utilización de la consulta pública y la evaluación de impacto es limitada. Se considera que el proceso reglamentario de Bulgaria carece de previsibilidad y estabilidad como consecuencia de los constantes cambios legislativos. Por ejemplo, solo la Ley de contratación pública se modificó once veces en 2018 158 . Además, la Ley del Poder Judicial (LPJ), adoptada en 2007, ya ha sido objeto de cincuenta y una modificaciones 159 . Además, la «técnica legislativa» observada en el capítulo de lucha contra la corrupción con la modificación de actos jurídicos mediante otros actos jurídicos ignora los requisitos de consulta pública y evaluación de impacto 160 . Además, las partes interesadas han observado una tendencia existente en el procedimiento para la adopción de leyes por la que las modificaciones introducidas entre la primera y la segunda lectura en la Asamblea Nacional pueden generar cambios significativos sin el pertinente debate público 161 .

Para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se utilizó un estado de excepción seguido de un nuevo régimen de emergencia. El 13 de marzo de 2020, el Parlamento anunció un estado de emergencia de un mes de duración 162 , que posteriormente se amplió un mes más 163 , para combatir la pandemia. Esta decisión otorgó amplias competencias al Gobierno para adoptar todas las medidas necesarias para lidiar con la emergencia. El 12 de mayo, se adoptó una modificación de la Ley de Sanidad 164 por la que introducía un nuevo régimen de emergencia («situación de emergencia epidémica») 165 . El 13 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, decidió declarar una situación de emergencia epidémica de un mes de duración, que posteriormente fue renovada varias veces y que actualmente está declarada hasta el 30 de septiembre. Este nuevo régimen de emergencia fue revisado por el Tribunal Constitucional 166 que, el 23 de julio, dictaminó que el régimen es conforme a la Constitución 167 .

El Defensor del Pueblo es hoy un organismo acreditado de clase «A» con arreglo a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) 168 . El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional supremo e independiente elegido de forma pública y transparente por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años. Las últimas modificaciones de la Ley del Defensor del Pueblo de 2018 otorgan a la institución la facultad para recibir y tramitar las reclamaciones y los informes sobre vulneraciones de los derechos y las libertades de los ciudadanos, relativos a las autoridades estatales y municipales y sus administraciones, a las personas a las que se les encomienda la prestación de los servicios públicos, así como a las entidades privadas. En el ejercicio de estas facultades, el Defensor del Pueblo también puede formular propuestas y recomendaciones para la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos frente a las entidades privadas 169 . Además del Defensor del Pueblo, la Comisión para la protección contra la discriminación es un organismo estatal especializado e independiente que analiza las reclamaciones, los informes y las cuestiones relacionadas con la discriminación. Las cuestiones relativas a los recursos financieros y humanos han sido señaladas como deficiencias en ambas instituciones 170 .

La nueva propuesta de normas sobre una mayor transparencia de la financiación externa de las ONG suscita preocupación. El ya restringido espacio cívico 171 de Bulgaria podría verse afectado en mayor medida a la vista del nuevo proyecto de ley presentado el 3 de julio de 2020 172 . Este proyecto de ley impondría nuevas obligaciones a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que reciban más de 1 000 BGN (aproximadamente 500 EUR) de donantes extranjeros, salvo la propia UE. El proyecto prevé que se solicite a los directores y los miembros de los organismos de gobierno de las organizaciones la presentación de declaraciones de patrimonio, así como el almacenamiento de esta información en un registro. Las partes interesadas manifestaron su preocupación 173 por el proyecto de ley, incluso en lo que respecta a su conformidad con la legislación de la UE. Es importante que cualquier modificación prevista de este tipo sea conforme con los requisitos de la legislación de la UE 174 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético.*

* La lista de aportaciones recibidas en el contexto de la consulta sobre el informe del Estado de Derecho en 2020 puede consultarse en (sitio web COM).

Comisión Anticorrupción (2019), 2019 Annual report on the activity of the Anti-corruption Commission for counteracting corruption and forfeiture of illegally acquired assets.

Comité Anticorrupción, Registro de titulares de altos cargos públicos, https://register.caciaf.bg/ .

Fondo Anticorrupción, aportación al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Fondo Anticorrupción y Konrad Adenauer Stiftung (2020), Anti-corruption institutions: activity without visible results. https://acf.bg/en/godishen-monitoringov-doklad-na-akf-za-20-2/ .

Asociación de Periodistas Europeos (2017),Bulgaria: report on the state of journalism and freedom of speech in 2017. https://www.aej.org/page.asp?p_id=622 .

Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation (2015-2017), Media monitoring and analysis of attacks on courts during the period of 01/01/2015 – 01/07/2017.

Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation (2017-2019), Media monitoring and analysis of attacks on courts during the period of 01/08/2017 – 30/11/2019.

Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation (2020), Overview, inventory and cataloging of legislative initiatives and changes related to the judicial reform in Bulgaria  http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/Анализ_1.5_Категоризация_на_данни_fin.pdf . 

Aportación del Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Código deontológico de los medios de comunicación búlgaros: http://mediaethics-bg.org/ . 

Aportación de la Bulgarian Prisoners’ Association for Rehabilitation al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

CEPEJ (2020), Study on the functioning of the judicial systems in the EU Member States.

CIVICUS Monitor – Bulgaria, https://monitor.civicus.org/country/bulgaria/ .

Aportación de la Unión por las Libertades Civiles en Europa al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Tribunal Constitucional de la República de Bulgaria (1993), asunto n.º 18/1993.

Tribunal Constitucional de la República de Bulgaria (2010), resolución n.º 13/2010 en el asunto n.º 12/2010.

Tribunal Constitucional de la República de Bulgaria (2019), asunto n.º 15/2019.

Tribunal Constitucional de la República de Bulgaria (2020), resolución 10/2020 en el asunto 7/2020.

Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Bulgaria. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/bulgaria . 

Consejo de Europa: CCJE (2019), Report on judicial independence and impartiality in the Council of Europe member States.

Consejo de Europa: Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatović (2020), Report following her visit to Bulgaria from 25 to 29 November 2019 CommDH(2020)8. https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-bulgaria-from-25-to-29-november-2019-by-dunja-m/16809cde16 . 

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec/(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2019), Interim resolution CM/ResDH(2019)367.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2019), Supervision of the execution of the European Court’s judgments CM/Notes/1362/H46-6.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2010), Estudio n.º 494/2008 sobre la independencia del sistema judicial – Parte I: la independencia de los jueces.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2017), Opinion n.º 855 / 2016 on the Judicial System Act [CDL-AD(2017)018].

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2019), Opinion on draft amendments to the Criminal Procedure Code and the Judicial System Act concerning criminal investigations against top magistrates [CDL-AD(2019)031].

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado L303/69.

Dirección General de Comunicación (2020), Flash Eurobarometer 482: businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Special Eurobarometer 502: corruption.

TEDH, sentencia de 5 de febrero de 2010, Kolevi/Bulgaria ECLI:CE ECHR 2009 1105JUD000110802.

Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (2020), Mapping media freedom: Bulgaria: newspaper editor left unconscious after being attacked by masked men, https://mappingmediafreedom.ushahidi.io/posts/23231 . 

Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (2020), Mapping media freedom: Bulgaria. https://mappingmediafreedom.org/country-profiles/bulgaria/ . 

Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (2018), Bulgaria: media ownership in a captured state. https://www.ecpmf.eu/monitor/fact-finding-mission/ . 

Comisión Europea (2019), Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Bulgaria: technical report accompanying the document report from the Commission to the European Parliament and the Council on Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification mechanism SWD/2019/392 final.

Comisión Europea (2019), EUPACK 2019: Public administration characteristics in Bulgaria (no publicado aún).

Comisión Europea (2019), Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos realizados por Bulgaria en el ámbito del Mecanismo de Cooperación y Verificación COM(2019) 498.

Comisión Europea (2019), Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo por el que se evalúa el grado en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para cumplir la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado COM(2019) 355 final.

Comisión Europea (2019, 2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Comisión Europea (2019), Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Country report Bulgaria 2019 accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank and the Eurogroup 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 SWD(2019) 1001 final/2. 

Comisión Europea (2020), Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Country report Bulgaria 2020 accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank and the Eurogroup 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 SWD(2020) 501 final. 

Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECJ) (2019): Independence and Accountability of the Judiciary – ENCJ Survey on the independence of judges, 2019. https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/Data%20ENCJ%202019%20Survey%20on%20the%20Independence%20of%20judges.pdf .

Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA, 2016), Report on the independence of national regulatory authorities, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/erga-report-independence-national-regulatory-authorities . 

Fondo Social Europeo (2016-2020), Development of a Model for Optimization of the Judicial Map of Bulgarian Courts and Prosecutor’s Offices and of a Unified Information System for Courts, http://2020.eufunds.bg/en/1/0/Project/BasicData?contractId=IwpyI6fyBUY%3D&isHistoric=False . 

Organismos de inspección creados en virtud del artículo 46 de la Ley de la Administración pública (2019), 2019 Annual activity report.

Gobierno de la República de Bulgaria (2015), National strategy for prevention and countering corruption in the Republic of Bulgaria 2015-2020, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=956 . 

Gobierno de la República de Bulgaria, Public information access platform, https://pitay.government.bg/PDoiExt/ . 

GRECO (2020), Fourth evaluation round – second compliance report on Bulgaria corruption prevention in respect of members of Parliament, judges and prosecutor.

Aportación de un grupo de abogados búlgaros (grupo no oficial de activistas) al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Aportación de la International Social Justice Commission al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Dirección de Seguridad Interior (2018), Report on the implementation of the anti-corruption plan 2018.

Dirección de Seguridad Interior (2019), Report on the implementation of the measures of the anti-corruption plan 2019.

Programa de gestión del Gobierno de la República de Bulgaria para el periodo 2017-2021, www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1240 . 

Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2020), actas de la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/steno/ID/6005 . 

National Centre for Parliamentary Research (2020), Research of the legislative activities of the 44th National Assembly of Bulgaria, http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=301&y=&m=&d .

National Council for Journalistic Ethics, Media ethics, http://mediaethics-bg.org/ .

National Council on Anti-Corruption Policies (2019), Report on implementation of the national anti-corruption strategy 2015 – 2020 for the period until 31 January 2019.

Pleno del Tribunal Supremo de Casación (2020), solicitud del Pleno del Tribunal Supremo de Casación al Tribunal Constitucional,  http://www.vks.bg/novini/2020-05-27-iskane-KC-ZSV-2020.pdf . 

Presidente de la República de Bulgaria (2020), Statement made by President Rumen Radev on the occasion of the adopted by Parliament State of Emergency Measures Act, https://m.president.bg/en/speeches-and-statements5437/izyavlenie-na-prezidenta-rumen-radev-po-povod-prietiya-ot-parlamenta-zakon-za-merkite-i-deystviyata-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie.html .

Reporteros Sin Fronteras: Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, https://rsf.org/en/ranking .

Reuters Institute y Universidad de Oxford (2020), Digital News Report 2020, http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/bulgaria-2020/ .

Tribunal Supremo de Casación (2019), 2019 Annual report of the activity of the Supreme Court of Cassation, http://www.vks.bg/analizi-i-dokladi.html .

Consejo Superior de la Magistratura (2018-2019), Rules for Determining and Disbursement of Supplementary Remuneration.

Consejo Superior de la Magistratura (2019), Position of the Bulgarian Supreme Judicial Council, http://www.vss.justice.bg/page/view/9671 . 

Transparencia Internacional (2020), Índice de percepción de la corrupción de 2019.

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2019), Sexto informe periódico que Bulgaria debía presentar en 2017 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto. https://digitallibrary.un.org/js/pdfjs/web/viewer.html?file=https://digitallibrary.un.org/record/1663964/files/E_C-12_BGR_6-ES.pdf%3Fregister_download%3D0#page=1&zoom=auto,-17,851 .

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados (2019), Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

Vilnius Institute for Policy Analysis (2020), Journalistic exemption under the European data protection law, https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/01/VIPA_Bitiukova_2020_v4_f.pdf . 

Visita virtual a Bulgaria en el marco de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Anexo II: Visita a Bulgaria

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con:

·Asociación de Periodistas Europeos.

·Asociación de Fiscales.

·Bulgarian Institute for Legal Initiatives.

·Asociación de Jueces Búlgaros.

·Centre for the Study of Democracy.

·Comisión de lucha contra la corrupción y decomiso de activos ilegales.

·Consejo de Medios Electrónicos.

·Tribunal Supremo de Casación.

·Servicio de Inspección del Consejo del Poder Judicial.

·Institute for Market Economics.

·Media Democracy Bulgaria.

·Ministerio de Justicia.

·Ministerio del Interior.

·Consejo nacional de políticas de lucha contra la corrupción.

·Gabinete del Viceprimer ministro.

·Fiscalía General.

·Open Society Institute.

·Tribunal Penal Especial.

·Consejo Superior de la Magistratura.

·Unión de Editoriales.

* La Comisión se reunió también con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:

·Amnistía Internacional.

·Civil Liberties Union for Europe.

·Civil Society Europe.

·Conference of European Churches.

·EuroCommerce.

·European Center for Not-for-Profit Law.

·Centro Europeo para la Libertad de la Prensa y los Medios de Comunicación.

·Foro Cívico Europeo.

·Free Press Unlimited.

·Front Line Defenders.

·ILGA-Europe.

·Comisión Internacional de Juristas.

·Federación Internacional por los Derechos Humanos.

·Instituto Internacional de la Prensa.

·Plataforma de Aprendizaje Permanente.

·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute.

·Reporteros sin fronteras.

·Transparencia Internacional UE.

(1)      A raíz de las conclusiones del Consejo de Ministros, de 17 de octubre de 2006 (13339/06), el Mecanismo fue creado por una Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006 [(C(2006) 6570].

(2)      Conclusiones del Consejo sobre el Mecanismo de Cooperación y Verificación, 12 de diciembre de 2017 – https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20171212-st15587_en.pdf.

(3)      El 18 de diciembre de 2019, el presidente de la Comisión LIBE dirigió una carta al presidente Sassoli, en la que le notificaba el apoyo de esta al informe de la Comisión, en particular al levantamiento del MCV para Bulgaria. El presidente Sassoli, a su vez, ha confirmado este mensaje en una carta de 20 de diciembre de 2019 a la presidenta Von der Leyen. Entre tanto, el Consejo no alcanzó un consenso sobre las conclusiones, y la Presidencia finlandesa publicó un informe sobre la Presidencia el 13 de diciembre de 2019, en el que se señalaban las divisiones sobre la línea a adoptar con respecto a Bulgaria entre los Estados miembros en el Consejo. La Comisión LIBE organizó otros debates sobre Bulgaria y el MCV en agosto y septiembre de 2020.

(4)      Para consultar una descripción de la estructura judicial, véase, por ejemplo, CEPEJ (2020), Study on the functioning of the judicial systems in the EU Member States.

(5)      El Tribunal Constitucional no está incluido en el capítulo 6 sobre el poder judicial de la Constitucional. Este cuenta con un capítulo especial, el capítulo 8. Además, el asunto 18/1993 del Tribunal Constitucional señala que este se encuentra fuera del poder judicial.

(6)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartados 13 y 14: la mayoría de los investigadores son funcionarios de policía, supervisados desde el punto de vista procesal por los fiscales; un menor número de investigadores ostenta la categoría de magistrados y trabajan en el Servicio Nacional de Investigación o en unidades de investigación que forman parte de las fiscalías a escala regional. Desde el punto de vista procedimental, están bajo la supervisión de los fiscales. La supervisión procesal significa que todas las decisiones de un investigador pueden ser anuladas por un fiscal supervisor. El fiscal supervisor está a su vez sujeto a la supervisión de un fiscal jerárquicamente superior, hasta el nivel del Fiscal General.

(7)      De conformidad con la Constitución y la Ley del Poder Judicial.

(8)      Artículo 134, apartados 1 y 2, de la Constitución.

(9)      La reforma de 2016 de la Ley del Poder Judicial eliminó la posibilidad de instrucciones verbales (artículo 143, apartado 2, de dicha ley) y estableció que los fiscales están subordinados a los responsables administrativos de sus fiscalías, y no directamente al Fiscal General (artículo 136, apartados 3 y 4).

(10)      Véase las competencias en virtud del artículo 126 de la Constitución, el artículo 139, apartado 2, de la Ley del Poder Judicial y el artículo 243 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Véase también Tribunal Constitucional, asunto 15/2019, 23 de julio de 2020.

(11)      Otras competencias: llevar a cabo actos que son competencia de fiscales inferiores en casos determinados por la ley, para garantizar la detección de omisiones o infracciones de los fiscales, y los motivos para adoptar las medidas organizativas o disciplinarias adecuadas. Artículo138, apartado 1, número 6, artículo 227, apartado 1, y artículo 147, apartados 2 y 3, artículo, apartado 3, artículo 139 apartado 2, de la Ley del Poder Judicial; artículo 126, apartado 2, de la Constitución búlgara; gráfico 55, cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020; gráfico 56, cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019.

(12)      Artículo.136, apartados 3 y 4, de la Ley del Poder Judicial. Véase también el dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartado 8. El Consejo Superior de la Magistratura fue reorganizado en 2015 con la creación de dos Salas separadas de la Magistratura y de la Fiscalía. Por un lado, la creación de una sala jurisdiccional separada redujo la influencia del Fiscal General sobre la trayectoria de carrera y la disciplina de los jueces de tribunales de categoría inferior, pero por otro lado, aumentó su influencia dentro de la Sala de la Fiscalía sobre la trayectoria de carrera y las cuestiones disciplinarias relativas a los fiscales y jueces de instrucción, así como sobre los nombramientos o las destituciones de los responsables de las fiscalías. Además, el Fiscal General conservó la influencia sobre el nombramiento de los presidentes de los tribunales de categoría superior a través del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura.

(13)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartado 17: En caso de que un juez o fiscal sea declarado culpable de un delito doloso, es destituido automáticamente. Además, la destitución es posible por una infracción disciplinaria grave, mediante una decisión de la sala respectiva del Consejo Superior de la Magistratura o, en el caso del Fiscal General o de los dos magistrados jefe, por diecisiete votos (de veinticinco) en el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura. Véanse también el artículo 320, apartados 4 y 6, de la Ley del Poder Judicial, y el artículo 33, apartado 3, y el artículo 129, apartados 2 y 3, de la Constitución.

(14)      Gráfico 55 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. véanse también los gráficos 55 y 56 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019.

(15)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartado 8. La reorganización del Consejo Superior de la Magistratura aumentó su [Fiscal General] influencia dentro de la Sala de la Fiscalía sobre la carrera y las cuestiones disciplinarias relativas a los fiscales y jueces de instrucción, así como sobre los nombramientos o destituciones de los jefes de las fiscalías; véase también el apartado 18. Este papel decisivo también se deriva del hecho de que él o ella es el superior jerárquico de los miembros electos homólogos (cuatro fiscales y un investigador) y la mayoría se obtiene con sus votos y el propio voto del Fiscal General en la Sala de la Fiscalía del Consejo Superior de la Magistratura. Además, los miembros legos de la Sala de la Magistratura elegidos por el Parlamento también pueden provenir de las filas de los fiscales. Véase también el párrafo relativo a la composición del Consejo Superior de la Magistratura.

(16)      Informe de situación de Bulgaria de 2019 [COM(2019) 498], p. 6.

(17)      TEDH, sentencia de 5 de febrero de 2010, Kolevi/Bulgaria, párrafos 121 a 127, 129, 135 y 136.

(18)      Consejo de Europa, Supervision of the execution of the European Court’s judgments, CM/Notes/1377bis/H46-9 de 1-3 de septiembre de 2020, y Comité de Ministros [Decisión CM/Del/Dec(2020)1377bis/H46-9]; véase también CM/Notes/1362/H46-6 de 3-5 de diciembre de 2019, y Comité Ministros [Interim Resolution CM/ResDH(2019)367 de 5 de diciembre de 2019]; Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031].

(19)      Como recomendó la Comisión de Venecia, el nuevo proyecto abandonó el mecanismo previsto de suspensión del Fiscal General, así como la ampliación de la rendición de cuentas a los presidentes de los dos órganos jurisdiccionales más elevados. Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartados 66 y 67.

(20)      Proyecto de ley aprobado por el Gobierno búlgaro el 7 de diciembre de 2019.

(21)      El responsable de un Departamento de «Inspección» del Ministerio Fiscal Supremo de Casación.

(22)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartados 55 y 63. Aclara que los asuntos que implican al Fiscal General deben ser retirados de la jurisdicción de los fiscales e investigadores ordinarios, subordinados al Fiscal General, y encomendarse a una entidad o un funcionario que no reciba instrucciones del Fiscal General, que no deba su nombramiento a este y cuya carrera no dependa, incluso en el largo plazo, de este, y que sería importante garantizar que tras la finalización de su mandato, estos fiscales ad hoc no tienen que volver al sistema fiscal y estar subordinados al Fiscal General.

(23)      Resolución provisional CM/ResDH(2019)367 de 5 de diciembre de 2019, párrafo 7: «los acuerdos previstos para garantizar la independencia jerárquica e institucional de todas las entidades que supervisan o realizan la investigación deben asegurar también una sólida independencia práctica, inter alia mediante normas que hagan imposible que el Fiscal General pueda ejercer influencia sobre el nombramiento o la trayectoria de carrera de las personas responsables de investigarle».

(24)      «Control de legalidad» es la expresión utilizada en la Constitución que hace referencia a la legalidad de las actividades de la fiscalía, incluidas las llevadas a cabo por los fiscales.

(25)      Tribunal Constitucional, asunto 15/2019, 23 de julio de 2020. Sobre la sentencia, véase la Decisión del Consejo de Europa CM/Del/Dec(2020)1377bis/H46-9 de 3 de septiembre de 2020: la supervisión del Fiscal General no se aplica a las investigaciones contra él; esa limitación no parece afectar a las investigaciones sobre funcionarios de alto rango, en particular fiscales, próximos al Fiscal General, ni abordar los riesgos para la independencia provocados por las modalidades existentes de nombramientos, rendición de cuentas, carrera, supervisión y subordinación.

(26)      Modificaciones de la Constitución de Bulgaria (2015) — artículo 130 bis; Modificaciones a la Ley del Poder Judicial (2016) — artículo 30, apartado 1.

(27)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Segundo informe de cumplimiento, recomendación v, apartados 13-15; CCJE, edición de 2019 del Report on judicial independence and impartiality in the Council of Europe member States.

(28)      Aportación del Fondo Anticorrupción y el Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(29)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 9.

(30)      CM/Rec (2010) 12, apartado 27; Ley del Poder Judicial, artículo 16, apartados 3 y 4: la Sala de la Magistratura del Consejo Superior de la Magistratura (catorce miembros) está presidida por uno de los miembros de oficio, el Presidente del Tribunal Supremo de Casación o el Presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Seis de los miembros son elegidos directamente por los jueces y los seis restantes son elegidos por el Parlamento. Puede alcanzarse una mayoría, tanto en el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura como en la Sala de la Magistratura, sin los votos de los jueces elegidos por sus homólogos.

(31)      Ley del Poder Judicial, artículo 16, apartados 3 y 4: la Sala de la Fiscalía (once miembros) está presidida por el miembro de oficio, el Fiscal General, y consta de cinco miembros elegidos por el Parlamento, cuatro por los fiscales y uno por los investigadores elegidos por sus homólogos respectivos.

(32)      Ley del Poder Judicial, artículo 30, apartado 1, y artículo 32: el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura (veinticinco miembros) está formado por las dos salas mencionadas y está presidido por el Ministro de Justicia, que no tiene derecho de voto. El Pleno del Consejo Superior de la Magistratura decide sobre el proyecto de presupuesto, la destitución disciplinaria del cargo y las propuestas de nombramiento de los presidentes del Tribunal Supremo de Casación, del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y del Fiscal General (Ley del Poder Judicial, artículo 30, apartado 2). Las dos salas adoptan decisiones sobre nombramientos, ascensos, traslados y ceses, asuntos relacionados con la adquisición y el restablecimiento del cargo y decide sobre sanciones disciplinarias [Ley del Poder Judicial, artículo 30, apartado 5].

(33)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 19.

(34)      El requisito legal en virtud del artículo 16, apartado 3, de la Ley del Poder Judicial establece que la elección por la sala se celebrará de entre jueces, fiscales, jueces de instrucción, académicos con un título en ciencias jurídicas, abogados y otros juristas de elevado prestigio profesional e integridad moral, teniendo en cuenta su especialización y cualificación profesional. Actualmente no hay fiscales en la Sala de la Magistratura, si bien parece que en la anterior Sala de la Magistratura había miembros que eran antiguos fiscales.

(35)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018] adoptada en octubre de 2017, apartados 16, 17 y 19.

(36)      Ley del Poder Judicial, artículo 16, apartado 1. El Consejo Superior de la Magistratura representa el poder judicial, asegura y mantiene su independencia, determina la composición y la organización de los tribunales, las fiscalías y los organismos de investigación y garantiza desde el punto de vista técnico y financiero su actividad sin interferir en ella; información confirmada también durante la visita al país.

(37)      Ejemplos de presiones contra los jueces en el estudio «Media Monitoring and Analysis of Attacks on Courts during the period 01/08/2017 – 30/11/2019» (noventa y nueve jueces presionados por los medios de comunicación; dieciséis jueces presionados por veintitrés personalidades públicas e instituciones, incluidos representantes de los tres poderes del Estado). Este es el segundo estudio sobre este tema, el primero abarcaba el período 01/01/2015 – 01/07/2017 (cuarenta y cuatro jueces presionados por los medios de comunicación; ocho jueces presionados por quince personalidades públicas e instituciones, incluidos representantes de los tres poderes del Estado).

(38)      COM(2019) 498 final, p. 2, párrafo 3 y nota a pie de página 11; véase también el seguimiento de este asunto: declaración de la Sala de la Magistratura del Consejo Superior de la Magistratura (24 de septiembre de 2019) relativa a la decisión sobre libertad condicional (n.º 429, de 19 de septiembre de 2019) adoptada por el Tribunal de Apelación de Sofía, http://www.vss.justice.bg/page/view/9671. Tras una declaración firmada por 292 jueces el 26 de septiembre de 2019, pidiendo a la sociedad búlgara que diera un paso adelante y defendiera la independencia del poder judicial, el Estado de Derecho y la democracia en el país, la Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Magistratura emitió una nueva declaración el 27 de septiembre de 2019, http://www.vss.justice.bg/page/view/9686. El 10 de junio de 2020, la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura concluyó que no existe violación por parte de los jueces.

(39)      Ejemplo reciente de retórica abusiva del ejecutivo y del representante del Consejo Superior de la Magistratura en apoyo a la misma https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/steno/ID/6005.

(40)      Tras varias semanas de protestas, el Primer Ministro anunció que se está planeando actualmente una reforma de la Constitución. El 17 de agosto de 2020 se presentó un proyecto a la Asamblea Nacional.

(41)      El Consejo Superior de la Magistratura se separaría en dos consejos de la judicatura, uno para jueces y otro para fiscales e investigadores, sin un pleno compartido. El Consejo de la Judicatura para jueces estaría compuesto por siete jueces elegidos por sus homólogos, seis miembros elegidos por la Asamblea Nacional y, de oficio, el Presidente del Tribunal Supremo de Casación y el Presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. La composición del Consejo de la Judicatura para fiscales seguiría siendo la misma que la de la actual sala de la fiscalía. No se establece ninguna disposición sobre si el mandato de los actuales miembros del Consejo Superior de la Magistratura cesaría prematuramente.

(42)      Se establecerían dos Inspecciones, una para jueces y otra para fiscales e investigadores.

(43)      El borrador prevé un mandato de cinco años en lugar del actual mandato de siete años. No existe ninguna disposición sobre si los actuales presidentes de los tribunales supremos y el Fiscal General llegarían al final de su mandato o si este cesaría prematuramente.

(44)      Recomendación CM/Rec (2010)1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa; Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031].

(45)      Gráficos 44 y 46 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. El nivel de independencia judicial percibida se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados perciben la independencia judicial como bastante buena o muy buena); bajo (entre el 30 y el 39 %), medio (entre el 40 y el 59 %), alto (entre el 60 y el 75 %), muy alto (por encima del 75 %). Véase también que en una encuesta realizada entre los jueces en 2019 se concluyó que más del 50 % había experimentado alguna falta de respeto por su independencia por parte del Gobierno y los medios de comunicación. Red Europea de Consejos del Poder Judicial: Independence and Accountability of the Judiciary - ENCJ Survey on the independence of judges, 2019, gráficos 43 y 45. La encuesta incluyó a veintiún Estados miembros de la UE.

(46)      Según el GRECO, el sistema de aplicar una remuneración suplementaria parece estar todavía sujeto a decisiones con un amplio carácter discrecional y a riesgos de influencia indebida. Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe de evaluación, recomendación x, apartado 26; véase también Comisión de Venecia [CDL-AD(2010)004], apartados 46 y 51; recomendación CM/Rec(2010)1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartado 55.

(47)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe de evaluación, recomendación vi, apartados 17 a 21, 2019.

(48)      Ley relativa a la modificación y complemento de la Ley del Poder Judicial, https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157167.

(49)      Comisión de Venecia [CDL-AD(2010)004], apartados 23 y 24.

(50)      Petición de 27 de mayo de 2020 planteada por el Pleno del Tribunal Supremo de Casación al Tribunal Constitucional, http://www.vks.bg/novini/2020-05-27-iskane-KC-ZSV-2020.pdf.

(51)      El 3 de septiembre de 2020, la Asamblea Nacional adoptó las modificaciones del artículo 28, apartado 1, de la LPJ.

(52)      El 23 de enero de 2020, la Asamblea Nacional adoptó las modificaciones de la Ley del Poder Judicial.

(53)      El Tribunal Constitucional dictaminó que el Consejo Superior de la Magistratura debía poder evaluar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida de suspensión.

(54)      Comité de Ministros, Interim resolution CM/ResDH(2019)367; Informe de situación de Bulgaria de 2019 [COM(2019)498], p 6.

(55)      COM(2019) 489, p. 6, nota a pie de página 29; Comisión de Venecia [CDL-AD(2020)017], apartado 29.

(56)      El 23 de enero de 2020, la Asamblea Nacional adoptó las modificaciones de la Ley del Poder Judicial.

(57)      Véase la nota a pie de página 39, la declaración del ejecutivo se hizo sobre la base de la información disponible en el registro.

(58)      Artículo 132 bis de la Constitución de la República de Bulgaria.

(59)      Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 58.

(60)      Proyecto financiado por el programa de apoyo a las reformas estructurales de la Comisión Europea, finalizado en febrero de 2020.

(61)      Aportación de la International Social Justice Commission al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(62)      El procedimiento de elección de los nuevos inspectores y del Inspector General debía haber empezado a más tardar el 9 de febrero de 2020 en el caso del Inspector General y del 14 de enero de 2020 en el caso de los inspectores (artículo 44, apartado 1, de la Ley del Poder Judicial). Hasta la fecha, dicho procedimiento no se ha iniciado. Una situación similar tuvo lugar también durante el mandato del anterior Inspector Jefe, que operó durante una extensión del mandato de facto de dos años.

(63)      Decisión n.º 13/15.12.2010 sobre el asunto n.º 12/2010 del Tribunal Constitucional de la República de Bulgaria, que sentenció que el principio de continuidad es aplicable a organismos colegiados.

(64)      Ejemplo de la aplicación de las competencias de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura: el 18 de julio de 2019, la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura publicó la declaración de activos de un juez (perteneciente a una asociación profesional) sin borrar sus datos personales y familiares; Ley del Poder Judicial, artículos 54-60: competencias de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura. Véase también el sitio web de la Asociación de Jueces Búlgaros, http://judgesbg.org/wp-content/uploads/2020/07/Declaracia_IVSS.pdf.

(65)      LPH, art. 312, apartado 1, inciso 3, en relación con el art. 54, apartado 1, inciso 6.

(66)      El 28 de noviembre de 2018, el presidente del Tribunal Supremo de Casación inició una inspección interna sobre la decisión del Tribunal de Apelación Penal Especial; once jueces del mismo tribunal se quejaron mediante carta abierta sobre la inspección mencionada; después de que la inspección encontrara irregulares procedimentales, el presidente del Tribunal Supremo presentó una petición de medidas disciplinarias a la Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Magistratura, que fue rechazada. Por decisión de 14 de diciembre de 2018 de la Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Magistratura, se notificó al Servicio de Inspección de una inspección contra el presidente del Tribunal Supremo de Casación, acusándole de incumplir los principios de independencia. El 1 de abril de 2019, el Servicio de Inspección adoptó la decisión de cerrar la inspección debido a pruebas insuficientes de violaciones.

(67)      El 4 de noviembre de 2019, el Fiscal General presentó ante la Inspección una solicitud de inspección sobre los fundamentos de una decisión adoptada por un juez. El 22 de febrero de 2020, la Inspección declinó su competencia al «no tener derecho a llevar a cabo inspecciones sobre los fundamentos de los actos de los magistrados». Según las autoridades búlgaras, tras realizar una investigación preliminar sobre el informe, el inspector responsable de la investigación defendió que el Servicio de Inspección del Consejo Superior de la Magistratura no era competente para pronunciarse sobre los méritos de los actos judiciales y, siempre que no se establecieran violaciones de la formación, movimiento y conclusión del caso con un dictamen del 2 de enero de 2020, el inspector encargado de la investigación mantuvo que no había motivos para la investigación. Véanse también las aportaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas: Informe sobre la independencia de los jueces y abogados — práctica utilizada por el Fiscal General para enviar señales a la Inspección en relación con los jueces.

(68)      Aportación de la Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation al Informe anual sobre el Estado de Derecho en 2020.

(69)      Aportaciones de la Unión por las Libertades Civiles en Europa y la Bulgarian Prisoners’ Association for Rehabilitation (Asociación búlgara de reclusos por la rehabilitación) al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020; gráfico 23 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(70)      Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020, p. 25.

(71)      Aportaciones de la Fundación Fondo Anticorrupción, el Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation y el grupo de abogados búlgaros (grupo no oficial de activistas) para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020; gráfico 24 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(72)      Gráfico 27 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(73)      Aportaciones de la Bulgarian Institute for Legal Initiaties Foundation, la Fundación Fondo Anticorrupción y el grupo de abogados búlgaros al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. En virtud de la legislación actual, todos los ciudadanos pueden dirigirse al órgano jurisdiccional pertinente y pedir una exención de las tasas judiciales. La facultad para otorgar estas peticiones recae enteramente dentro de la competencia de cada sala concreta del órgano jurisdiccional. La Ley de Procedimiento Administrativo también contiene mecanismos de exención o reducción de las tasas judiciales, en función de los recursos económicos de la persona.

(74)      Gráfico 27 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(75)      Gráficos 41 y 42 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. Véase asimismo el Informe sobre Bulgaria de 2019 de la Comisión Europea, SWD(2019) 1001 final/2, p. 59.

(76)      Proyecto financiado por el FSE (2016-2020), http://2020.eufunds.bg/en/1/0/Project/. El Consejo Superior de la Magistratura está llevando a cabo una serie de proyectos, financiados por recursos presupuestarios y programas de donantes externos, para mejorar y reforzar la justicia electrónica y facilitar su accesibilidad.

(77)      Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Magistratura, sesión extraordinaria, Short Protocol n.o 9, 10 de marzo de 2020.

(78)      Tales como los asuntos sobre la revisión de la prisión preventiva o la adopción de medidas de protección de las víctimas y de protección de los menores. Véase también el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, «Coronavirus COVID-19 outbreak in the EU Fundamental Rights Implications» (La pandemia de Coronavirus en la UE: implicaciones para los derechos fundamentales), p. 3, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/bulgaria-report-covid-19-april-2020_en.pdf.

(79)      Gráficos 32 a 35 y 37 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(80)      Gráfico 6 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(81)      Gráfico 7 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(82)      Gráficos 8 y 9 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(83)      Programa de gestión del Gobierno de la República de Bulgaria para el periodo 2017-2021.

(84)      Transparencia Internacional (2020), Índice de percepción de la corrupción de 2019.

(85)      Encuesta Flash del Eurobarómetro n.º 502 (2020), Corrupción.

(86)      Encuesta Flash del Eurobarómetro 482 (2019): Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.

(87)      Estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción de la República de Bulgaria para 2015-2020.

(88)      Informe sobre la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2015-2020 para el período hasta el 31 de enero de 2019.

(89)      Portal de consultas públicas: http://www.strategy.bg/.

(90)      Disponible en https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147322.

(91)      COM(2019) 355 final.

(92)      Informe técnico sobre Bulgaria que acompaña al Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos realizados por Bulgaria en el ámbito del Mecanismo de Cooperación y Verificación SWD(2019) 392 final.

(93)      Aportación de la Fundación Fondo Anticorrupción al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(94)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, p. 44.

(95)      Estas incluyen: i) la realización de actividades preventivas de lucha contra la corrupción; ii) la recopilación, el análisis y la verificación de información cuando existen motivos para creer que titulares de altos cargos públicos han cometido actos de corrupción; iii) la verificación y el análisis de declaraciones de activos e intereses de titulares de altos cargos públicos; iv) la determinación de conflictos de intereses de titulares de altos cargos públicos; v) la incoación de procedimientos de decomiso de activos adquiridos ilegalmente y vi) la preparación de análisis y el desarrollo de metodologías de determinación de riesgos de corrupción.

(96)      Las personas titulares de altos puestos públicos se enumeran en el art. 6 de la Ley de lucha contra la corrupción y de decomiso de propiedades adquiridas ilegalmente.

(97)      Informe sobre la actividad de la Comisión Anticorrupción en 2019 de lucha contra la corrupción y decomiso de activos adquiridos ilegalmente.

(98)      Véase la nota anterior.

(99)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(100)      Informe anual de la actividad del Tribunal Supremo de Casación en 2019.

(101)      Fondo Anticorrupción y Fundación Konrad Adenauer (2020), Anti-corruption institutions: activity without visible result.

(102)      Los datos citados provienen del Informe sobre la aplicación del plan anticorrupción de 2018 y del Informe sobre la aplicación de las medidas del plan anticorrupción de 2019.

(103)      El término «discrepancia significativa» se define en las disposiciones adicionales de la Ley anticorrupción como una discrepancia entre la renta neta lícita de la persona investigada y el valor de su patrimonio que ascienda al menos a 150 000 BGN (76 700 EUR).

(104)      El artículo 108, apartado 4, de la Ley anticorrupción señala explícitamente que los procedimientos de decomiso civil comienzan y prosiguen aunque el proceso penal haya finalizado.

(105)      Aportación del grupo de abogados búlgaros al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(106)      Registro de la Comisión Anticorrupción, https://register.caciaf.bg/.

(107)      Comisión Anticorrupción (201), Informe anual 2019 (n12).

(108)      Después de las elecciones regionales de 2019, la Comisión Anticorrupción informó de la recepción de 6 300 declaraciones de alcaldes y miembros de juntas de gobierno local, de los cuales 5 116 han presentado sus declaraciones introductorias. Doscientos setenta y dos representantes de instituciones locales no presentaron su declaración dentro del período prescrito y 102 no la presentaron.

(109)      Se llevaron a cabo modificaciones relativas a la Ley de la Administración Pública, así como la Ley anticorrupción.

(110)      En 2019, el número total de comprobaciones realizadas fue de 2 221 (1 485 en 2018 y 1 365 en 2017). El número total de inspecciones ad hoc (tras indicaciones de ciudadanos, organizaciones o instituciones) asciende a 1 902 (1 219 en 2018). El número total de denuncias de ciudadanos y organizaciones es de 1 297, de las cuales, 1 192 se refieren a violaciones de los procedimientos judiciales por parte de la administración y 105 a corrupción; Informe anual de actividades de 2019 de las Inspecciones; Ley de la Administración pública, artículo 46.

(111)      National Centre for Parliamentary Research (2019), Research of the legislative activities of the 44th National Assembly: comparative data, covering draft laws, submitted in the 8 parliamentary sessions.

(112)      Por ejemplo, a través de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de auditoría financiera independiente, la Asamblea Nacional modificó otros actos jurídicos no relacionados relativos a cuestiones tributarias, así como disposiciones sobre el bloqueo de cuentas bancarias. Además, en abril de 2020, el programa Access to Information expresó su preocupación de que las disposiciones transitorias y finales del proyecto de ley para complementar y modificar la ley relativa a los impuestos especiales y depósitos fiscales modificara la ley de acceso a la información pública.

(113)      Los riesgos vinculados a las actividades irregulares de los grupos de presión se destacan específicamente en la aportación de la Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation al Informe sobre el Estado de Derecho de 2020.

(114)      Capítulos VI y VII de la Ley de lucha contra la corrupción y de decomiso de propiedades adquiridas ilegalmente.

(115)      Contribución escrita del Bulgarian Institute for Legal Initiatives.

(116)      Contribución escrita del Fondo Anticorrupción.

(117)      Ley de Radio y Televisión. https://www.mtitc.government.bg/en/category/168/radio-and-television-act.

(118)      En 2020, Bulgaria ocupa el puesto 111 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras. Véase https://rsf.org/en/ranking.

(119)      Sección III de la Ley de Radio y Televisión. El Consejo de los medios de comunicación electrónicos tiene competencias para controlar las actividades de radiodifusión televisiva de los prestadores de servicios de comunicación; para elegir y cesar al director general de la Televisión Nacional Búlgara (BNT) y la Radio Nacional Búlgara (BNR), así como para avalar, tras la propuesta del director general, a los miembros de los consejos de administración de la BNR y la BNT.

(120)      Ley de Radio y Televisión, disposiciones transitorias y finales.

(121)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(122)      Todas sus sesiones son públicas.

(123)      ERGA, Report on the independence of National Regulatory Authorities, y visitas al país .

(124)      Directiva 2010/13/UE (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), artículo 30 .  

(125)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(126)      Código deontológico de los medios de comunicación búlgaros.

(127)      Sin embargo, de la visita al país se desprende que los medios de comunicación suelen hacer caso omiso de las decisiones y recomendaciones del Consejo.

(128)      Las autoridades búlgaras indican que, desde comienzos de 2020, el Consejo de los medios de comunicación electrónicos publica un vínculo al Registro Mercantil junto con los datos sobre proveedores de servicios de comunicación.

(129)      Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (2019), Report on the visit to Bulgaria.

(130)      https://www.ecpmf.eu/archive/news/press-releases/ecpmf-fact-finding-mission-bulgaria.html.

(131)      El informe también sostiene que las sociedades offshore siguen funcionando, a pesar de que, desde 2014, la ley prohíbe que dichas sociedades sean titulares de licencias de televisión y radio.

(132)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(133)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la preparación del informe, por ejemplo, los datos aportados por el Consejo de los medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, las autoridades búlgaras indicaron que las modificaciones prevista a la Ley de Radio y Televisión contienen disposiciones relativas a la publicidad política en plataformas de intercambio de vídeos y redes sociales.

(134)      Misión de investigación conjunta a Bulgaria. https://www.ecpmf.eu/archive/activities/fact-finding- /bulgaria.html. Véase también MPM 2020.

(135)      Véase la nota anterior.

(136)      Véase la nota anterior.

(137)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(138)      Según una encuesta realizada a mediados de 2017 por AEJ-Bulgaria. https://www.aej.org/page.asp?p_id=622.

(139)      Ley sobre las medidas y acciones durante el estado de excepción. https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157379.

(140)      Sitio web de la Presidencia búlgara. https://m.president.bg/en/speeches-and-statements5437/izyavlenie-na-prezidenta-rumen-radev-po-povod-prietiya-ot-parlamenta-zakon-za-merkite-i-deystviyata-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie.html.

(141)      Artículos 39, 40 y 41 de la Constitución.

(142)      Plataforma de acceso a la información pública.

(143)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(144)      Información recibida en el contexto de la visita al país y del proceso de consulta para la elaboración del informe.

(145)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(146)      Exención periodística con arreglo a la legislación europea en materia de protección de datos.

(147)      Aportación de la Unión por las Libertades Civiles en Europa al Informe anual sobre el Estado de Derecho en 2020.

(148)      Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas.

(149)      Mapping Media Freedom. https://mappingmediafreedom.ushahidi.io/posts/23231. El 17 de marzo de 2020, Slavi Angelov, un veterano periodista especializado en temas penales del diario 24Chasa y actualmente redactor jefe de su edición semanal (168Chasa) fue atacado y duramente apaleado. Se ha imputado a tres personas en relación con la agresión.

(150)      Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas.

(151)      Mapping Media Freedom: Bulgaria. https://mappingmediafreedom.org/country-profiles/bulgaria/ .  

(152)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(153) A ese respecto, conviene recordar que, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Europa, el propio Consejo de Europa recomienda un marco legislativo amplio que permita a los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación contribuir al debate público de forma eficaz y sin temor. Recomendación CM/REC(2016)4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

(154)      Artículo 87 de la Constitución: todo miembro de la Asamblea Nacional o del Consejo de Ministros tiene derecho a presentar un proyecto de ley. La Asamblea Nacional adopta el proyecto de ley en dos lecturas. El proyecto de ley adoptado se envía al presidente de la República de Bulgaria, que firma un decreto para su promulgación. La ley se publica en el Boletín Oficial de Bulgaria y entra en vigor a los tres días, salvo que la propia ley prescriba otro plazo. Véase también el reciente proyecto de reforma de la Constitución mencionado en la nota al pie de página 40, que ampliaba el derecho de iniciativa legislativa a los consejos del poder judicial. Sin embargo, esto último se quedó después fuera del proyecto.

(155)      COM(2019) 498, p. 3.

(156)      El Decreto n.º 21, de 14 de febrero de 2020, ha modificado la entrada en vigor original del Decreto (n.º 240 del Consejo de Ministros de 2019) por el que se establece el Mecanismo Nacional de Seguimiento.

(157)      El 2 de junio de 2020, el Ministerio de Justicia anuló el sorteo que decidía la ONG de lucha contra la corrupción miembro del Consejo Cívico. Como resultado de un recurso ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, el proceso del sorteo de ONG ante el Consejo Cívico está actualmente paralizado.

(158)      Comisión Europea, Country Report Bulgaria 2020 SWD(2020) 501 final, p. 57.

(159)      Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation, Review, inventory and cataloguing of legislative initiatives and changes, related to judicial reform in Bulgaria.

(160)      Study on the lawmaking activity of the 44th National Assembly of Bulgaria.

(161)      Se ha realizado una encuesta sobre esta cuestión en el marco del proyecto Administration and Civil Society - partnership in governance, que recibe el apoyo del FSE. Véase el EUPACK 2019, p. 94: desafíos: responsabilidades poco claras en la interacción con las estructuras cívicas entre los funcionarios públicos y los responsables de la toma de decisiones en el proceso de consulta; falta de una capacidad adecuada entre los responsables de la toma de decisiones y los funcionarios públicos para trabajar con la participación cívica; capacidad administrativa insuficiente para organizar y mantener el funcionamiento de las estructuras consultivas; falta de recursos para las actividades relacionadas con los debates y las consultas públicos.

(162)      Decisión por la que se declara el estado de excepción. https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157374.

(163)      Decisión por la que se amplía el estado de excepción. https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157396.

(164)      Ley por la que se modifica y completa la Ley de Sanidad. https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157427.

(165)      Artículo 63 de la Ley de Sanidad. De conformidad con este nuevo régimen, el Consejo de Ministros puede declarar una situación de emergencia epidémica por un periodo de tiempo determinado a propuesta del Ministro de Sanidad. Esto permitiría mantener en vigor algunas de las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción y la introducción de otras nuevas, pese a la finalización del estado de excepción.

(166)      A petición del Presidente de la República; Tribunal Constitucional, asunto 7/2020, 14 de mayo de 2020.

(167)      Resolución 10/2020 del Tribunal Constitucional en el asunto 7/2020, 23 de julio de 2020.

(168)      Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), Subcomité de Acreditación (SCA), Informe de acreditación, marzo de 2019.

(169)      En 2019, más de 49 000 ciudadanos y representantes de organizaciones recibieron asistencia del Defensor del Pueblo, y el número de controles completados sobre reclamaciones e informes fue de 13 762. (2018 – 12 258). Un factor fundamental para el efecto de la actividad del Defensor del Pueblo en calidad de defensor público es el grado de aplicación de las recomendaciones a raíz de los controles realizados sobre las reclamaciones y los informes de los ciudadanos; en 2019, las recomendaciones aplicadas y parcialmente aplicadas del Defensor del Pueblo representan un 96 % de todas las recomendaciones. Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(170)      ONU CESCR, Review of Bulgaria 2019, informe del Estado parte .

(171)      Véase la clasificación dada por CIVICUS. Las clasificaciones se basan en una escala de cinco categorías que se definen como: abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.

(172)      Proyecto de ley 054-01-60 - https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157496.

(173)      Las preocupaciones planteadas por las partes interesadas en sus opiniones publicadas en el sitio web del Parlamento en el marco del proceso de promulgación de leyes incluyen los límites a la libertad de asociación y de libre circulación de capitales, así como la publicidad del registro que también podría derivarse de los actos de aplicación (véase la aportación del Bulgarian Centre for Not-for-profit Law, el Bulgarian Donation Forum y el Bulgarian Helsinki Committee), - https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157496.

(174)      Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión Europea/Hungría, C-78/18.