P9_TA(2020)0330

Situación en Etiopía

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la situación en Etiopía (2020/2881(RSP))

(2021/C 425/14)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas sus anteriores resoluciones sobre Etiopía,

—	Vista la declaración, de 9 de noviembre de 2020, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sobre los últimos acontecimientos en Etiopía,

—	Vista la declaración, de 12 de noviembre de 2020, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y del comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, sobre Etiopía,

—	Vista la declaración del comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, de 19 de noviembre de 2020, titulada «Tigray conflict: EU humanitarian support to Ethiopian refugees reaching Sudan» (Conflicto en Tigray: Ayuda humanitaria de la UE a los refugiados etíopes que llegan a Sudán),

—	Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, de 4 de noviembre de 2020,

—	Vistas las declaraciones realizadas los días 6 y 13 de noviembre de 2020 por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Tigray,

—	Vistas las conversaciones informales celebradas el 24 de noviembre de 2020 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto actual en la región de Tigray de Etiopía,

—	Visto el informe, de 11 de noviembre de 2020, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas sobre Etiopía,

—	Vistas las declaraciones realizadas el 9 de noviembre de 2020 por el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, sobre la situación en Etiopía,

—	Vista la declaración, de 9 de noviembre de 2020, de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

—	Vista la declaración, de 19 de noviembre de 2020, de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea,

—	Vista la Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía adoptada el 8 de diciembre de 1994 y, en particular, las disposiciones del capítulo III en materia de derechos y libertades fundamentales, derechos humanos y derechos democráticos,

—	Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—	Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

—	Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

—	Visto el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos,

—	Vista la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú,

—	Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.	Considerando que el actual conflicto armado entre el Gobierno Federal de Etiopía y la administración regional de Tigray, liderada por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), ha causado la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento masivo de personas;

Considerando que, el 4 de noviembre de 2020, el Gobierno etíope declaró el estado de emergencia y puso en marcha operaciones militares en la región septentrional de Tigray el día siguiente al presunto ataque del TPLF contra la base militar del Gobierno federal en la región de Tigray; que desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre las fuerzas federales (Ejército Federal, Fuerza policial especial de Amhara y milicias locales de Amhara) por un lado y las fuerzas regionales (Fuerza policial especial y milicias de Tigray) leales al TPLF por otro;

C.	Considerando que las divergencias políticas entre el Partido de la Prosperidad (PP) y el TPLF se acentuaron aún más cuando el Gobierno federal pospuso las elecciones nacionales, previstas para mayo de 2020, debido a la crisis de la COVID-19;

Considerando que, en septiembre de 2020, la administración regional de Tigray liderada por el TPLF celebró sus propias elecciones, que fueron declaradas ilegales por el Gobierno etíope dado que su mandato debía finalizar en septiembre de 2020; que el Parlamento federal consideró ilegal el proceso electoral en la región de Tigray; que la administración de Tigray ha anunciado que ya no reconoce la administración federal ni sus leyes; que, el 3 de noviembre de 2020, el Parlamento federal declaró al TPLF un «grupo terrorista»;

Considerando que, el 8 de noviembre de 2020, el TPLF se dirigió a la Unión Africana para proponer conversaciones, pero el Gobierno federal descartó cualquier posibilidad de negociación con el TPLF y rechazó las peticiones internacionales de diálogo y mediación, alegando que el conflicto de Tigray es una cuestión interna que no debía internacionalizarse; que la UE ha ofrecido su apoyo para ayudar a apaciguar las tensiones, restablecer el diálogo y garantizar el Estado de Derecho en Etiopía;

Considerando que, en 2018, Abiy Ahmed alcanzó un acuerdo histórico de paz con Eritrea, que puso fin a más de una década de suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países; que el Gobierno de Abiy adoptó importantes medidas para liberar a periodistas y presos políticos, permitir el funcionamiento de grupos de la oposición anteriormente prohibidos y adoptar nuevas leyes sobre las organizaciones de la sociedad civil y la lucha contra el terrorismo; que el Gobierno ha sido recientemente objeto de críticas por la detención de políticos de la oposición; que subsisten preocupaciones por la adopción de una nueva ley destinada a frenar la incitación al odio y la desinformación, lo que tendría un efecto negativo para la libertad de expresión;

G.	Considerando que algunos grupos políticos vinculados a grupos étnicos en Etiopía que se sienten marginados por el sistema de gobierno federalista de Etiopía alegan que este sistema ha dado lugar a favoritismo étnico y discriminación;

Considerando que en junio de 2020 estalló una violencia generalizada tras la muerte de Hachalu Hundessa, cantante y activista de la región de Oromo, que tuvo como resultado la muerte y la detención de cientos de personas; que, el 1 de noviembre de 2020, más de cincuenta personas de Amhara murieron en ataques contra tres pueblos, ataques que, en general, se consideran motivados por razones étnicas y posiblemente llevados a cabo por el Ejército de Liberación de Oromo, milicia separatista del Frente de Liberación de Oromo (OLF);

I.	Considerando que, según el Movimiento Nacional de Amhara, las autoridades etíopes prohibieron las protestas pacíficas —contra los asesinatos por motivos étnicos— previstas para el 28 de octubre de 2020;

Considerando que, según las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el inicio del conflicto, se han cometido varios asesinatos indiscriminados de civiles en diferentes partes de Tigray, incluida una masacre perpetrada la noche del 9 de noviembre de 2020 en Mai-Kadra, en la región de Tigray, donde la matanza de cientos de civiles podría ser considerada como crímenes de guerra;

Considerando que, según las organizaciones internacionales de derechos humanos, los tigrayanos residentes en otros lugares del país han sido suspendidos de sus puestos de trabajo y se les ha impedido volar al exterior; que existen informes de vigilancia física y digital y de arrestos y detenciones arbitrarias masivas;

L.	Considerando que el presidente de Tigray confirmó que sus fuerzas habían disparado cohetes contra el aeropuerto de Asmara en Eritrea;

Considerando que los enfrentamientos mortales entre las fuerzas federales etíopes y el TPLF han suscitado preocupación internacional por los riesgos asociados a una intensificación de la actual situación de seguridad o al desencadenamiento de situaciones similares en Etiopía, lo que podría tener repercusiones en los países vecinos y desestabilizar potencialmente toda la región del Cuerno de África; que Etiopía ha retirado tropas de Somalia que luchaban contra los insurgentes islamistas; que las autoridades keniatas han incrementado la seguridad en la frontera con Etiopía en un clima de temor a una escalada de las tensiones;

Considerando que la cooperación al desarrollo de la Unión con Etiopía es una de las mayores del mundo, con un importe de 815 millones de euros para el período 2014-2020; que Etiopía es también uno de los principales beneficiarios del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, con más de 271,5 millones de euros para el período 2015-2019; que, en 2020, la Unión destina 44,29 millones de euros a proyectos humanitarios en Etiopía apoyando la prestación de ayuda vital a desplazados internos que se han visto desarraigados a causa de la violencia o de los peligros naturales;

Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas ha solicitado acceso a la región de Tigray, que sigue estando totalmente aislada (se ha cortado el acceso a internet y al teléfono) desde el inicio de los combates; que, según el ACNUR, la falta de electricidad, telecomunicaciones y acceso a combustible y dinero en efectivo limita cualquier respuesta humanitaria en Tigray y en el resto de Etiopía, incluida la atención a los heridos y muertos en combate;

Considerando que, incluso antes de que comenzaran los combates, 15,2 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria en Etiopía, de las cuales dos millones se encontraban en la región de Tigray; que la región de Tigray es la quinta región más poblada de Etiopía, con más de seis millones de personas, y que alberga a 100 000 desplazados internos y a 96 000 refugiados eritreos; que cuenta con varios campos de refugiados importantes en los que, según las ONG, el 44 % de las personas alojadas son menores;

Q.	Considerando que Etiopía es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, cuyo artículo 96 establece que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación entre la ACP y la Unión Europea;

Considerando que los combates han causado miles de muertos y heridos en ambos bandos y han conllevado graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; que, según el ACNUR, a 22 de noviembre de 2020 más de 38 500 refugiados habían huido del conflicto y cruzado la frontera con Sudán; que las Naciones Unidas han advertido de una «crisis humanitaria a gran escala» y que sus agencias están preparándose para la posible llegada de 200 000 refugiados a lo largo de un período de seis meses; que los combates también están provocando desplazamientos internos de población; que el ACNUR ya ha pedido a las dos partes del conflicto que abran corredores para permitir que las personas salgan y que, simultáneamente, lleguen los suministros; que las organizaciones humanitarias internacionales sobre el terreno están mal equipadas y se enfrentan a la escasez de los suministros necesarios para tratar a los refugiados recién llegados y a las víctimas de la violencia; que las agencias de las Naciones Unidas necesitan una financiación inmediata por valor de cincuenta millones de dólares estadounidenses que se destinarán al suministro de alimentos y a la creación de nuevos campamentos; que la Comisión Europea está movilizando un importe inicial de cuatro millones de euros en concepto de ayuda de emergencia para ayudar a los desplazados que llegan a Sudán;

Manifiesta su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Etiopía, incluida la actual violencia y las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos fundamentales; lamenta el actual conflicto armado entre el Gobierno Federal de Etiopía y la administración regional de Tigray, en manos del TPLF; pide a ambas partes que se comprometan a un alto el fuego inmediato y que resuelvan las divergencias políticas por medios democráticos en el marco de la Constitución del país con el fin de encontrar una solución pacífica duradera, establecer un mecanismo de seguimiento del alto el fuego y trabajar en pro de la construcción de un consenso nacional a través de un diálogo integrador;

Expresa su solidaridad con las víctimas y las familias de los afectados; lamenta la pérdida de vidas humanas, los asesinatos de civiles inocentes y las ejecuciones extrajudiciales, con independencia de su autoría;

Pide al Gobierno central de Etiopía y al TPLF que adopten medidas inmediatas para reducir el conflicto; insiste en que todos los actores observen estrictamente un enfoque de seguridad centrado en las personas;

Lamenta que el acceso de los trabajadores humanitarios esté actualmente muy restringido; pide al Gobierno etíope que dé a las organizaciones humanitarias acceso inmediato y sin restricciones a las zonas en conflicto, a fin de garantizar la ayuda humanitaria; advierte del peligro de una grave crisis humanitaria en el país, así como en los Estados vecinos y en toda la región;

Toma nota con preocupación del ultimátum dado por el primer ministro Abiy a las fuerzas de Tigray, en el que las instaba a rendirse y declaraba que, de lo contrario, se lanzaría una ofensiva militar contra la capital regional, Mekelle;

Recuerda que los ataques deliberados contra civiles constituyen crímenes de guerra; pide a las fuerzas de ambas partes que respeten los derechos humanos internacionales y el Derecho internacional humanitario y que garanticen la protección de las personas en las zonas afectadas; insta a todas las partes del conflicto y a las autoridades regionales a que reduzcan al mínimo los daños a la población civil y garanticen y permitan el acceso de la población civil a los servicios básicos en todo momento;

Observa con gran preocupación que las tensiones y la violencia interétnicas están aumentando en Etiopía; considera de suma importancia que las autoridades etíopes y de Tigray ejerzan un liderazgo responsable fomentando un entorno político integrador para todos los actores y grupos étnicos;

Insta a las autoridades federales a que pongan fin a la práctica de detener de manera arbitraria, vigilar o atacar a grupos étnicos de cualquier otro modo; pide a las autoridades etíopes que adopten medidas enérgicas contra toda elaboración de perfiles étnicos y que garanticen la protección de las minorías étnicas en todo el país; pide al Gobierno etíope que aplique reformas que protejan los derechos humanos y garanticen un acceso equitativo a los servicios y recursos gubernamentales a todos los grupos étnicos;

Manifiesta su profunda preocupación por la creciente difusión de desinformación y el empleo de la incitación al odio, que enfrenta a los grupos étnicos entre sí y alimenta el actual conflicto de Tigray; pide a todas las partes implicadas en el conflicto que se abstengan de utilizar un lenguaje incendiario y de incitar al odio tanto fuera de línea como en línea; insta a las autoridades nacionales y locales, a los medios de comunicación y al público a que se abstengan de participar en la incitación a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra las poblaciones en situación de riesgo;

10.

Pide a los Estados vecinos de Etiopía, incluida Eritrea, así como a otros Estados de toda la región, como los países de la cuenca del Nilo, que se abstengan de toda intervención política y militar que pueda alimentar el conflicto; hace hincapié en que, de no hacerlo, se corre el riesgo de desestabilizar la región en su conjunto, con consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad internacionales; destaca el papel crucial que pueden desempeñar los Estados vecinos de Etiopía a la hora de prestar apoyo diplomático para la distensión del conflicto;

11.

Declara su total apoyo a las iniciativas de mediación y de distensión bajo la coordinación de la Unión Africana (UA) que puso en marcha la Presidencia sudafricana de esta, destacando el nombramiento de tres enviados especiales de la UA, y pide a todas las partes interesadas que colaboren de manera activa y tomen parte en dichas iniciativas de mediación; pide a las autoridades etíopes que colaboren con las iniciativas de organizaciones internacionales, como la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) y la Unión al objeto de entablar un diálogo integrador en un intento por alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad en el país y en la región;

12.

Expresa su profunda preocupación por el apagón de comunicaciones que se ha producido de hecho en la región de Tigray, al norte del país; insta al Gobierno etíope a que restablezca las comunicaciones de todo tipo en Tigray como acto de rendición de cuentas y transparencia en relación con sus operaciones militares en la región, así como que permita la libre comunicación entre los habitantes de Tigray; hace hincapié en la importancia y necesidad que reviste el acceso a la información, ya sea en línea o fuera de internet, puesto que el derecho de todas las personas a estar informadas y acceder a la información resulta más fundamental si cabe en una situación de crisis; insta a que se permita informar de la situación de manera independiente; insiste en la importancia que tiene que se conceda con carácter inmediato acceso a Tigray a medios de comunicación independientes; insta al Gobierno etíope a que respete plenamente las libertades de expresión, asociación y prensa, tal como prevé la Constitución etíope, y libere a todos los periodistas y blogueros detenidos injustamente; cree firmemente que la protesta pacífica forma parte de un proceso democrático y que debe, en cualquier circunstancia, evitarse toda respuesta con un uso excesivo de la fuerza;

13.

Solicita a todas las partes en el conflicto que garanticen que los civiles puedan circular de manera libre y segura, así como que velen por el respeto del derecho de libertad de reunión;

14.

Pide a todas las partes que intervienen en el conflicto en la región septentrional de Tigray que garanticen el acceso sin restricciones a observadores independientes de los derechos humanos para que se cercioren de que se están respetando las normas internacionales en materia de derechos humanos; solicita a todas las partes en conflicto que colaboren estrechamente con los agentes pertinentes al objeto de investigar de manera transparente la matanza de Mai-Kadra y pide que los autores de este crimen rindan cuentas y sean procesados sin dilación;

15.

Solicita a las autoridades federales etíopes que lleven a cabo una investigación completa, independiente, eficaz e imparcial de todas las matanzas y violaciones de derechos humanos, incluido el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas, y pide a las autoridades de Tigray que colaboren con estas investigaciones; pide a todas las autoridades etíopes que luchen activamente contra la impunidad; recuerda al Gobierno etíope su obligación de garantizar los derechos fundamentales, incluido el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo e independiente, conforme a lo dispuesto en la Carta Africana y en otros instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos, incluido el Acuerdo de Cotonú; insiste en que las autoridades etíopes velen por el respeto y la observancia de la equidad e imparcialidad del Estado de Derecho en todo el territorio de Etiopía;

16.

Pide que haya una estrecha colaboración entre las entidades de ayuda humanitaria de la Unión y el ACNUR, y que este siga brindando apoyo a los refugiados que han huido de esta crisis, en particular cerca de las zonas de las que escaparon; recuerda que el Gobierno etíope es responsable de la protección y seguridad de los refugiados y desplazados internos dentro de su territorio; reitera que más de 96 000 refugiados eritreos se hallan en su mayoría acogidos en campamentos de refugiados de la región de Tigray; expresa su apoyo a los llamamientos de la comunidad internacional y de las organizaciones humanitarias para que se intensifique la asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas;

17.

Solicita a la Unión y a sus socios que apoyen al Gobierno sudanés y a las autoridades locales para dar respuesta con carácter urgente a los llamamientos para la acogida de los refugiados etíopes que huyen de los combates en la región de Tigray; expresa su reconocimiento por la disposición mostrada por Sudán de acoger a los refugiados que huyen del conflicto; subraya que urge hacer preparativos para la llegada a Sudán de hasta 200 000 refugiados; observa que Etiopía es un importante país de destino, de tránsito y de origen de migrantes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que comprueben que en todos los proyectos financiados y puestos en marcha en el marco del Fondo Fiduciario de la UE para África se respetan los derechos humanos, en particular los derechos de los migrantes y los desplazados internos;

18.

Pide la movilización urgente, así como el despliegue estructurado y concertado, de más recursos por parte de la Unión y sus Estados miembros para dar respuesta a las necesidades omnímodas como consecuencia del conflicto;

19.

Celebra el compromiso asumido por el Gobierno etíope de celebrar elecciones generales en 2021; insta a todos los actores políticos en el conjunto del país a que, de cara a las elecciones, entablen un diálogo político en el que participen ciudadanos de todo el espectro político, ideológico, regional y étnico; subraya enérgicamente que unas elecciones libres, justas, inclusivas y creíbles únicamente se pueden celebrar en un ambiente en el que no haya intimidación, violencia ni acoso y en el que estén garantizadas las libertades de expresión y asociación, en consonancia con las normas internacionales; lamenta que este compromiso con unas elecciones libres quede desacreditado por la detención de varios políticos de todo el espectro político de la oposición desde junio de 2020 y por las graves violaciones de las garantías procesales, las cuales socavan el derecho de los detenidos a un juicio justo; pide a las autoridades que liberen a todos los detenidos a menos que se les acuse de delitos tipificados y puedan ser procesados de conformidad con las normas internacionales en materia de juicio justo;

20.

Declara su compromiso con la unidad y la integridad territorial de Etiopía y pide a todos los agentes en el interior de Etiopía que trabajen en pro de la solución pacífica de todo conflicto dentro del país;

21.

Pide a la Unión que siga empleando todos los medios diplomáticos necesarios para trabajar junto con las autoridades federales y regionales, así como con los socios regionales y las instituciones multilaterales, a fin de alcanzar una solución pacífica al conflicto;

22.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Gobierno Federal y la Cámara de la Federación de la República Democrática Federal de Etiopía, a las autoridades de Tigray, al Gobierno de la República de Sudán, a los Gobiernos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a la Unión Africana y sus Estados miembros, al Parlamento Panafricano de la Unión Africana y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.