P9_TA(2020)0235

Situación humanitaria en Mozambique

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la situación humanitaria en Mozambique (2020/2784(RSP))

(2021/C 385/16)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

—	Vistos los convenios y protocolos internacionales contra el terrorismo,

—	Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

—	Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—	Visto el informe sobre la situación en Mozambique de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), de 10 de septiembre de 2020 (1),

—	Visto el informe sobre la situación en Mozambique de la OCHA, de 29 de junio de 2020,

—	Visto el dictamen sobre Mozambique adoptado el 1 de mayo de 2020 en el 87.o período de sesiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,

—	Vistos los informes sobre Mozambique de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),

—	Visto el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal, de 12 de abril de 2016,

—

Vistos la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y su Protocolo Facultativo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de abril de 2020, sobre Mozambique,

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004),

—	Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo 2019: Mozambique,

—	Visto el Programa Indicativo Nacional de la UE para Mozambique y el 11.o Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020,

—	Visto el Informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) a Mozambique sobre las elecciones a la Asamblea General y Provincial, de 15 de octubre de 2019,

—	Visto el Acuerdo de Cotonú,

—	Visto el 28.o Diálogo Político entre la UE y Mozambique de 5 de junio de 2020,

—	Visto el Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y la UE,

—	Vistas sus anteriores resoluciones sobre Mozambique y la región de la SADC,

—	Vista la declaración del copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 29 de junio de 2020,

—	Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

—	Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

—	Visto el Convenio de la Organización para la Unidad Africana sobre la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo,

—	Vistos los principios fundacionales de la SADC,

—	Vistas las Conclusiones de la SADC sobre Mozambique de 17 de agosto de 2020,

—	Visto el Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional de 2019,

—	Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

Considerando que, desde octubre de 2017, el grupo terrorista denominado Al-Shabab, supuestamente afiliado al grupo armado que se autodenomina Estado Islámico de la Provincia de África Central, ha lanzado más de quinientos ataques violentos en la provincia septentrional de Cabo Delgado, aterrando a la población local, cobrándose más de 1 500 vidas y provocando el desplazamiento de más de 250 000 personas y que más de 700 000 precisen ayuda;

B.	Considerando que los atentados terroristas son cada vez más frecuentes y violentos y que numerosos pueblos han sido atacados, con el resultado de más de un millar de hogares quemados o destruidos; que, al parecer, los militantes han comenzado a secuestrar a mujeres y niñas;

Considerando que, en agosto, grupos yihadistas tomaron la ciudad portuaria estratégica de Mocimboa da Praia, que es un puerto clave para facilitar la explotación de petróleo y gas natural licuado (GNL); que el hecho de que la ciudad siga en manos de Al-Shabab sugiere que el grupo terrorista es cada vez más fuerte y sofisticado;

D.	Considerando que los insurgentes islamistas recurren cada vez más al comercio ilegal de drogas como fuente de financiación;

E.	Considerando que Mozambique no tiene antecedentes de combatientes islamistas; que alrededor del 30 % de los 31 millones de habitantes de Mozambique son católicos romanos, mientras que el 18 % son musulmanes y solo dos provincias —Cabo Delgado y Niassa— tienen mayoría musulmana;

F.	Considerando que las acciones militares de las autoridades mozambiqueñas no han podido detener los ataques y hacer frente a esta emergencia humanitaria, que se ha agravado a un ritmo alarmante;

Considerando que las fuerzas de seguridad del Gobierno mozambiqueño han respondido con una violencia desproporcionada, en ocasiones contraviniendo los compromisos internacionales en materia de derechos humanos; que el presidente mozambiqueño Filipe Nyusi había admitido «violaciones involuntarias» de los derechos humanos por parte de las autoridades de Cabo Delgado; que se han denunciado episodios de represión de la libertad de expresión, así como de acoso a periodistas;

H.	Considerando que el ejército mozambiqueño está mal equipado para hacer frente al aumento del terrorismo en la región; que persisten los temores legítimos de que la insurgencia se extienda a los países vecinos y desestabilice la región;

Considerando que más de la mitad de las personas afectadas por la violencia en Cabo Delgado son niños; que se han presentado denuncias de reclutamiento de niños por parte de grupos armados, secuestros y violencia sexual y de género contra mujeres y niñas; que a menudo la población es rehén en los combates entre grupos armados y fuerzas militares gubernamentales;

Considerando que Mozambique tiene la obligación de respetar las normas fundamentales en materia de derechos humanos derivadas de los convenios internacionales que ha ratificado, en particular en sus centros de detención; que la respuesta a los actos de barbarie atribuidos a Al-Shabab no debe consistir en nuevas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Mozambique;

K.	Considerando que la Agencia para el Desarrollo Integrado del Norte (Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN) fue creada en marzo de 2020 con el objetivo específico de abordar las deficiencias socioeconómicas del norte;

L.	Considerando que en agosto de 2019 se firmó un Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional con el objetivo de llevar la paz al país, acabar con la violencia, lograr la inclusión democrática y mejorar la situación de los derechos humanos y civiles;

Considerando que Mozambique continúa en una situación muy frágil y tiene dificultades para hacer frente a numerosos retos en materia de seguridad, económicos y sociales; que Mozambique se encuentra entre los países más pobres y menos desarrollados, y que ocupa el puesto 180 de un total de 189 en el índice de desarrollo humano, con una esperanza media de vida al nacer de solo 58 años; que más de diez millones de mozambiqueños viven en condiciones de extrema pobreza e inseguridad alimentaria; que esta situación afecta especialmente a las mujeres y a los grupos vulnerables, que se enfrentan a las mayores dificultades;

Considerando que la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto las debilidades de la economía regional, que, a falta de una protección social adecuada, ha dejado a millones de personas empleadas en la economía informal y a las que han perdido su empleo, enfrentadas al hambre y a la miseria y expuestas a vulnerabilidades, incluidas, en algunos casos, las violaciones de los derechos humanos básicos; que Mozambique ha registrado un total de más de 4 500 casos confirmados de COVID-19 en las 11 provincias del país y 27 muertes a fecha de 9 de septiembre de 2020;

Considerando que Mozambique ha sufrido catástrofes naturales devastadoras relacionadas con el clima en los últimos años, incluidos dos grandes ciclones en 2019, que han agravado los ya elevados niveles de pobreza e inseguridad; que estas catástrofes han provocado una inseguridad alimentaria generalizada y a una desnutrición crónica en zonas del país, donde más del 43 % de los niños menores de cinco años sufre retrasos en el crecimiento; que se calcula que un total de 7,9 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria urgente en 2020;

Considerando que la solidaridad en Mozambique ha ido en aumento y que la difícil situación de la población de Cabo Delgado ha llamado especialmente la atención, lo que ha llevado a los jóvenes de Mozambique, en particular, a poner en marcha una campaña nacional de solidaridad con Cabo Delgado bajo la etiqueta #CaboDelgadoTambénÉMocambique (Cabo Delgado también es Mozambique) con el fin de aumentar la concienciación sobre la trágica situación en la región;

Considerando que en 2010 y 2013 se descubrieron enormes reservas de gas en Mozambique; que estas reservas representan aproximadamente 5 billones de metros cúbicos, las novenas mayores reservas de gas del mundo; que este descubrimiento sitúa potencialmente a Mozambique entre los cuatro mayores productores de GNL del mundo; que se espera una inversión de al menos 60 000 000 000 USD en los próximos años destinada a explotar estas reservas, las mayores inversiones jamás realizadas en el África subsahariana;

Considerando que los intereses industriales y económicos europeos y de otros países extranjeros en Mozambique deben encauzarse desde el primer momento con arreglo a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; que la Comisión está considerando el uso de compromisos obligatorios de diligencia debida a fin de garantizar que los inversores de la Unión y quienes participen en las industrias extractivas actúen de manera responsable y contribuyan al desarrollo local en países como Mozambique;

Considerando que Mozambique y, en particular, la región de Cabo Delgado, al tiempo que presentan los mayores índices de analfabetismo, desigualdad y malnutrición infantil de Mozambique, son ricos en recursos naturales y materias primas, lo que ha atraído inversiones por parte de numerosas empresas internacionales y de la Unión, que compiten por el acceso al mercado de los recursos naturales; que, según algunos informes, los ingresos procedentes de los recursos naturales se han distribuido de forma desigual en Mozambique;

Considerando que, el 13 de abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un alivio inmediato de la deuda para veinticinco países miembros, incluidos unos 309 000 000 USD para Mozambique en el marco del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC) con el fin de ayudar a hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19;

U.	Considerando que, el 4 de junio de 2020, la coordinadora de Asuntos Humanitarios para Mozambique de las Naciones Unidas, Myrta Kaulard, pidió a la comunidad internacional que intensificara su apoyo a Mozambique;

V.	Considerando que la Unión Europea ha comprometido 200 000 000 EUR de apoyo a la recuperación de Mozambique a raíz de los ciclones de 2019, a los que siguieron 110 000 000 EUR en ayuda de la Unión Europea por la pandemia de COVID-19;

Considerando que la estrategia regional de lucha contra el terrorismo de la SADC, de 2015, elaborada en consonancia con la estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, prevé asistencia para la prevención de la radicalización de los jóvenes, la seguridad de las fronteras, la ayuda humanitaria y la lucha contra las causas profundas del terrorismo;

Considerando que Mozambique ejerce actualmente la presidencia rotatoria de la SADC; que, durante su 40.a Cumbre, celebrada el 17 de agosto de 2020, la organización regional elogió al país por sus continuos esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los ataques violentos y expresó su solidaridad y su compromiso de apoyar a Mozambique en dicha lucha, al tiempo que condenó todos los actos de terrorismo y los ataques armados;

Y.	Considerando que, en abril de 2020, tanto la Delegación de la UE en Mozambique como el Consejo expresaron su profunda preocupación por los ataques en Cabo Delgado y la escalada de violencia contra la población civil;

Z.	Considerando que, a pesar de su brutalidad y de la horrible pérdida de vidas humanas, la situación en Cabo Delgado no atrajo la atención internacional, lo que significa que se perdió un tiempo precioso para atajar eficazmente el problema en una fase más temprana;

Manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en el norte de Mozambique, en particular en la provincia de Cabo Delgado, y transmite sus condolencias por las más de mil quinientas víctimas de la violencia; muestra su solidaridad y apoyo a su población, especialmente a las más de 250 000 personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares;

Subraya que los actuales problemas de seguridad agravan aún más una situación humanitaria extremadamente frágil de por sí a causa de los elevados niveles de subdesarrollo, las perturbaciones climáticas y los conflictos;

Pide a las autoridades mozambiqueñas que adopten medidas eficaces y decisivas para contrarrestar la insurgencia islamista y proteger a todos los ciudadanos de Cabo Delgado; manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la insurgencia esté recabando cada vez más apoyos de organizaciones terroristas regionales e internacionales; pone de relieve, en este contexto, las tristes similitudes con otras regiones, como el Sahel y el Cuerno de África;

Subraya que, si no se le pone coto, la insurgencia podría crecer y extenderse a los países vecinos, poniendo en peligro la estabilidad regional; resalta, en este contexto, la necesidad de una política eficaz y sostenible tanto por parte del Gobierno nacional como de los actores regionales e internacionales;

Recuerda al Gobierno de Mozambique su responsabilidad de llevar ante la justicia a todos los sospechosos de actividades terroristas y someterlos a un juicio justo; pide al Gobierno de Mozambique que inicie una investigación independiente e imparcial sobre la tortura y otras graves violaciones presuntamente cometidas por sus fuerzas de seguridad en Cabo Delgado; recuerda que Mozambique es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíben la tortura y otros malos tratos y la privación arbitraria de la vida;

Destaca la importancia de proteger los derechos de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas y todos aquellos que se limitan a ejercen sus derechos humanos y expresar su opinión sobre asuntos de interés público; pide a las autoridades mozambiqueñas que lleven a cabo una investigación imparcial de todos los presuntos casos de vandalismo sufridos por los medios de comunicación, la supresión de la libertad de expresión y las acusaciones de acoso e intimidación de periodistas;

Pide a las autoridades mozambiqueñas que garanticen la promoción de la democracia, los derechos humanos, la eficacia de la gobernanza local y el restablecimiento efectivo del Estado de Derecho en el norte de Mozambique; recuerda que el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y el respeto de las libertades democráticas también son cruciales para el éxito del Acuerdo de Paz definitivo firmado en 2019 entre el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) y la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo);

Recalca la importancia de continuar con las reformas necesarias para responder adecuadamente a las necesidades de la población mozambiqueña, evitando que se convierta en un objetivo vulnerable a la radicalización; subraya, en particular, la urgente necesidad de crear puestos de trabajo y oportunidades para la población de Cabo Delgado, en particular para los jóvenes; destaca asimismo la necesidad de trabajar para eliminar algunas de las causas profundas del terrorismo, como la inseguridad, la pobreza, las violaciones de derechos humanos, la desigualdad, la exclusión, el desempleo, la degradación medioambiental, la corrupción y la malversación de fondos públicos o la impunidad, lo que contribuiría enormemente a la erradicación de las organizaciones terroristas;

Pone de relieve la necesidad de garantizar que toda intervención militar en la región proteja, respete y promueva los derechos humanos; anima a las autoridades mozambiqueñas a que apoyen a las organizaciones regionales e internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los grupos comunitarios y colaboren con todos ellos a fin de crear plataformas para iniciativas de consolidación de la paz que fomenten el compromiso pacífico, el diálogo, la reconciliación y la coexistencia entre todas las partes interesadas; lamenta el recurso a fuerzas de seguridad privadas en este conflicto, que aumentan el coste económico para el país y actúan al margen de toda supervisión internacional;

10.

Observa con preocupación el deterioro de la situación de los desplazados internos en Mozambique; pide a la Unión y a sus Estados miembros que colaboren estrechamente con la SADC y sus Estados miembros para resolver el agravamiento de la crisis humanitaria en la región y elaborar un plan de acción eficaz;

11.

Pide al Gobierno mozambiqueño que coopere abiertamente con instituciones internacionales como los relatores especiales de las Naciones Unidas, que permita la entrada en el país de investigadores y observadores independientes en materia de derechos humanos y que analice correctamente las necesidades humanitarias de la población de Cabo Delgado con el fin de proporcionarles la ayuda necesaria; estima, además, que las víctimas de la violencia deben ser protegidas mediante un plan de ayuda para que puedan seguir adelante con sus vidas;

12.

Considera que se requiere un esfuerzo regional e internacional más coordinado para responder a las inminentes crisis humanitarias y de seguridad en Cabo Delgado, incluida la necesidad de hacer frente a amenazas transfronterizas como la insurgencia terrorista, la seguridad alimentaria, los desplazados internos y el contrabando; pide, por tanto, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que incremente el apoyo que ofrece a la SADC y a la Unión Africana (UA) con el fin de alcanzar una solución pacífica y duradera;

13.

Señala que el Órgano de Cooperación en materia de Política, Defensa y Seguridad de la SADC, con su unidad de combate multinacional para hacer frente a las situaciones graves de contrainsurgencia, debe ser un importante actor activo en la gestión de este conflicto y, a corto plazo, debe condenarlo mientras que, a largo plazo, debe alentar y apoyar a las autoridades mozambiqueñas en la aplicación de nuevas reformas destinadas a promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, que constituyen un requisito previo para la estabilidad, la paz y el desarrollo;

14.

Reitera que la Unión está dispuesta a entablar un diálogo con Mozambique a fin de determinar opciones eficaces para la ejecución de la ayuda de la Unión, teniendo en cuenta el carácter complejo y regional de la situación, e invita al Gobierno de Mozambique a tener una actitud más receptiva en el diálogo y la cooperación con la Unión y la SADC; alienta, a este respecto, la cooperación entre las autoridades mozambiqueñas y todos los niveles de la sociedad civil en un esfuerzo por encontrar una solución integradora y abordar urgentemente las necesidades de las personas más vulnerables;

15.

Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, y a los Estados miembros de la Unión que sigan haciendo un estrecho seguimiento de la situación y aumenten su apoyo a las autoridades nacionales y regionales; acoge con satisfacción, en este sentido, las Conclusiones del Consejo de 22 de junio de 2020, pero insiste en que deben adoptarse nuevas medidas diplomáticas, en particular por parte de los Estados miembros que comparten vínculos históricos y de amistad con el país, a fin de subrayar la necesidad de actuar urgentemente ante esta cuestión teniendo en cuenta sus dimensiones regionales y humanitarias y llamar la atención del Gobierno sobre las consecuencias geopolíticas que se derivarán de la falta de una respuesta coordinada a nivel regional e internacional;

16.

Expresa su esperanza de que la nueva Estrategia de la UE para África, una vez puesta en marcha efectivamente, contribuya a intensificar la cooperación UE-África sobre la base de una asociación de iguales en todo el continente, y de que ambas partes colaboren para mejorar la situación económica, social, de seguridad y de derechos humanos en países como Mozambique;

17.

Considera que los acontecimientos que están sucediendo en Mozambique y sus consecuencias sociales y económicas recibirán una respuesta adecuada en la política de la Unión para África en el contexto del próximo marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027; subraya que la población de Mozambique debe recibir todo el apoyo y la ayuda humanitaria disponibles, cuando, como ocurre con frecuencia, sufra la devastación causada por inundaciones y otras catástrofes naturales;

18.

Considera que la próxima Cumbre UE-África es una excelente oportunidad para abordar mejor la cuestión de esta tragedia humanitaria y para que la Unión incremente su apoyo a las organizaciones regionales y continentales;

19.

Recuerda los compromisos de ayuda internacional contraídos en la Conferencia Internacional de Donantes celebrada en Beira los días 30 de mayo y 1 de junio de 2019, en la que la Unión Europea prometió una contribución de 200 000 000 EUR en concepto de apoyo a la recuperación; pide a la Unión y a sus Estados miembros que cumplan plenamente estos compromisos; señala que la recuperación duradera solo puede lograrse gracias a un desarrollo económico sostenible e inclusivo; pide, por tanto, que la ayuda de la Unión apoye los esfuerzos de Mozambique por estabilizar su economía, crear empleo y fomentar la competitividad rural, garantizando al mismo tiempo la inclusión y la conservación del medio ambiente;

20.

Acoge con satisfacción el FFACC del FMI como un paso en la dirección correcta para ayudar a Mozambique a luchar contra las consecuencias económicas de la COVID-19; pide a la Unión y a sus Estados miembros que aporten nuevas donaciones al FMI y que el FMI explore otras alternativas para aumentar los recursos de que dispone el FFACC, como el uso de sus propias reservas; recuerda que las contribuciones al Fondo no deben servir en ningún caso de sustituto de la ayuda oficial al desarrollo (AOD);

21.

Considera de suma importancia que la población local, en particular en las provincias más pobres del país, se beneficien de la explotación de sus recursos naturales; pide al Gobierno que asigne equitativamente los ingresos procedentes de los proyectos de explotación a proyectos de desarrollo local, respetando al mismo tiempo normas medioambientales y sociales estrictas;

22.

Recuerda que los mozambiqueños, tanto de religión cristiana como de religión musulmana, llevan mucho tiempo conviviendo pacíficamente, y manifiesta el convencimiento de que este modelo de tolerancia y solidaridad prevalecerá a pesar de los ataques de terroristas islamistas;

23.

Destaca la necesidad de dar prioridad a la educación y fomentar el desarrollo rural para hacer frente a la radicalización, en particular entre los jóvenes de las zonas rurales;

24.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y al Parlamento de Mozambique y a los miembros y dirigentes de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y la Unión Africana.

(1) https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-situation-report-10-september-2020