(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Toda medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 5 . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabía esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de disponer de planes sólidos de preparación ante las crisis, especialmente en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes 6 con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Austria a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

(9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida del turismo. Ello conlleva el riesgo de que se amplíen las disparidades regionales en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 14 de abril de 2020, Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 30 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente.

(11)Austria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda.

(12)En su actualización técnica del Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo global se deteriore y pase de un superávit del 0,7 % del PIB en 2019 a un déficit del 8,0 % del PIB en 2020. Se espera que el déficit disminuya al 1,9 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 70,4 % del PIB en 2019, aumentaría al 81,4 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre a raíz de la pandemia de COVID-19.

(13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Austria ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y los sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente al 5,0 % del PIB. Las medidas comprenden el refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para empresas en dificultades y un régimen de reducción del tiempo de trabajo. Por otra parte, Austria ha anunciado medidas que, sin tener un efecto directo en el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 5,0 % del PIB. Las medidas comprenden el aplazamiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades (2,6 % del PIB), y garantías de préstamo (2,4 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Austria están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas austríacas sería del -6,1 % del PIB en 2020 y del -1,9 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 78,8 % del PIB en 2020 y el 75,8 % del PIB en 2021.

(15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por Austria del valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

(16)El Gobierno austríaco ha adoptado medidas sin precedentes para controlar la propagación de la COVID-19. Ha introducido estrictas normas de cuarentena y de distanciamiento social, y ha puesto a disposición del sistema sanitario cuantiosos fondos para la adquisición de equipos y suministros, así como para el refuerzo de las capacidades de los laboratorios y las capacidades de personal. La atención primaria se ha visto sometida a una presión excepcional debido al aumento sin precedentes de las necesidades de teleconsultas, las citas médicas y las peticiones de visitas a domicilio. La rápida propagación de la COVID-19 ha afectado enormemente a la economía austríaca. Las medidas nacionales e internacionales de contención contra el virus han repercutido tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, lo que ha provocado una contracción generalizada. Por tanto, cabe esperar una reducción del PIB del 5½ % en 2020, más que durante la crisis económica y financiera de 2008-2009. En vista de la disminución relativamente rápida del número de nuevas infecciones, Austria fue uno de los primeros países europeos en anunciar el relajamiento de las medidas de contención a partir de mediados de abril. A fin de evitar daños económicos duraderos y amortiguar las repercusiones de la crisis en la sociedad y el empleo, el Gobierno ha adoptado un completo paquete de medidas para apoyar la economía austríaca (actualmente, 43 000 millones EUR, esto es, cerca del 10 % del PIB). El paquete incluye un régimen de reducción del tiempo de trabajo (Kurzarbeit), en virtud del cual pueden reducirse las horas de trabajo hasta en un 90 % de media durante un período determinado y se reembolsa al empleador entre el 80 y el 90 % del último salario neto del empleado, en función del último salario bruto. El completo conjunto de medidas destinadas a las empresas tiene por objeto evitar temporalmente los problemas de liquidez y proporcionar apoyo directo ante todo a las empresas e industrias más afectadas, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las medidas comprenden transferencias, apoyo a la liquidez mediante préstamos, garantías, inyecciones de capital y el aplazamiento de impuestos. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

(17)Hasta el momento, el sistema sanitario austríaco se ha enfrentado con éxito a la pandemia de COVID-19. La ampliación de los servicios de atención primaria y ambulatoria con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como eje contribuiría a mejorar aún más la salud de la población. Una contratación pública más eficaz y el uso de medicamentos genéricos podrían mejorar la relación coste-eficiencia, manteniendo al mismo tiempo los elevados niveles de calidad. Por otra parte, el sistema de cuidados de larga duración de Austria se enfrenta a retos estructurales y fiscales, que hasta la fecha no se han abordado de forma exhaustiva. El sistema ofrece servicios de una calidad relativamente elevada, pero sufre problemas de dotación personal, que son más perceptibles y evidentes en el contexto de la crisis actual. El sistema de cuidados de larga duración depende en gran medida de los cuidados prestados por trabajadores procedentes de otros Estados miembros, hecho que subraya la necesidad de asegurar la libre circulación de los trabajadores transfronterizos. Además, una remuneración adecuada podría ayudar a que el trabajo del personal de enfermería resultara más atractivo.

(18)La política impositiva está desempeñando un importante papel a la hora de apoyar a los hogares y las empresas durante la contención, y será clave para favorecer la recuperación económica tras la crisis. La estructura tributaria de Austria se caracteriza por una elevada presión sobre el factor trabajo, mientras que el potencial de ingresos de los impuestos relacionados con el patrimonio y el medio ambiente sigue en gran medida desaprovechado, y los impuestos sobre el consumo podrían ganar en eficiencia. Las reformas tributarias podrían ayudar a desplazar esa estructura hacia fuentes menos perjudiciales para un crecimiento sostenible e integrador y proporcionar una base sólida para la recuperación. En particular, el uso insuficiente de los impuestos relacionados con el alcohol y el tabaco, la contaminación y el consumo de recursos supone desaprovechar los efectos incentivadores y el potencial de ingresos. El nivel desigual, pero en general bajo, de imposición de la energía socava su eficiencia y eficacia en cuanto que instrumento político para incentivar un consumo beneficioso para el medio ambiente. Más concretamente, una imposición coherente de las emisiones de CO2 aumentaría la competitividad de las fuentes de energía inocuas para el clima y proporcionaría un margen fiscal para reducir los impuestos más distorsionadores. Unos impuestos sobre la energía más elevados, en relación con el CO2, ayudarían a internalizar el coste social de la contaminación, incitarían a los consumidores a recurrir en mayor medida a las fuentes renovables y moverían a los inversores a invertir en tecnologías inocuas para el clima. Por último, un mayor uso del impuesto sobre el patrimonio podría mejorar la equidad del sistema tributario, especialmente en vista de que, en Austria, persiste una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. En particular, los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria y de sucesiones han demostrado ser relativamente favorables al crecimiento y progresivos, y no deberían ignorarse cuando se trata de generar ingresos fiscales para restablecer las finanzas públicas.

(19)Si bien Austria ha obtenido buenos resultados en el cuadro de indicadores sociales que sustenta el pilar europeo de derechos sociales, las deficiencias en la cobertura podrían conllevar una falta de protección de los ingresos de los grupos más vulnerables durante la crisis de la COVID-19 y podrían requerir medidas adicionales. Mientras el desempleo juvenil aumenta, los desempleados, en particular los de larga duración, los trabajadores no convencionales y las personas nacidas en el extranjero se encuentran especialmente en situación de riesgo de pobreza. Las medidas activas del mercado de trabajo que proporcionen oportunidades de aprendizaje permanente y de perfeccionamiento profesional seguirán siendo de vital importancia. Los alumnos desfavorecidos, en especial aquellos con discapacidades, sufren particularmente en circunstancias en las que la enseñanza debe llevarse a cabo a distancia. Dado que un 10 % de los alumnos menores de 15 años no tiene acceso a un entorno de aprendizaje virtual, el Gobierno austríaco, en respuesta a la crisis de la COVID-19, ha adoptado medidas de mitigación proporcionando ordenadores a los alumnos en riesgo. No obstante, cabe el riesgo de que las desigualdades ya existentes en cuanto al nivel de estudios, vinculadas al contexto socioeconómico y al origen migrante, se agudicen. Una estrategia de recuperación que mejore el acceso a unos servicios de atención y educación de la primera infancia inclusivos y de calidad, que, como se ha demostrado, ayudan a corregir las desventajas sociales, produciría beneficios socioeconómicos a medio y largo plazo y ofrecería a las mujeres la oportunidad de acceder de lleno al mercado de trabajo. La tasa global de empleo de las mujeres era alta antes de la crisis, pero casi la mitad de ellas trabajaba a tiempo parcial (en parte debido al horario reducido de apertura de las escuelas y guarderías), lo que se traducía en una considerable brecha salarial sin ajustar entre hombres y mujeres.

(20)La eficacia de las medidas de apoyo en relación con la COVID-19 a la hora de aliviar a las empresas sometidas a mayor presión, preservar los entornos empresariales y evitar insolvencias depende de su aplicación rápida y de forma no burocrática por parte de las autoridades públicas y los intermediarios. Las empresas emergentes y aquellas en expansión podrían necesitar apoyo específico, por ejemplo, en forma de adquisición de participaciones por instituciones públicas e incentivos para que los fondos de capital riesgo inviertan más en estas empresas. El objetivo es reforzar a las empresas que sean vitales para la recuperación y evitar la venta «a precio de saldo» de empresas europeas de importancia estratégica. Además de apoyo financiero, las empresas sometidas a más presión, en particular las de menor tamaño, necesitan un entorno empresarial favorable. La carga administrativa y la densidad legislativa imponen costes que ahora menos que nunca se pueden permitir las empresas. Los esfuerzos encaminados a reducir los trámites innecesarios y ofrecer servicios públicos digitales eficientes son una forma eficaz de proporcionar a las empresas una ayuda inmediata y tangible sin imponer una carga mayor al contribuyente. El marco de insolvencia debería estar orientado a la prevención, pero también a la reestructuración rápida y a permitir «segundas oportunidades». Las redes de resolución de litigios, como SOLVIT, ayudan a las empresas en tiempos de perturbación del mercado único y necesitan disponer de los recursos adecuados.

(21)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Esa inversión será más eficaz si se centra en la innovación, la digitalización y la transición ecológica, con miras a incrementar la productividad y garantizar una competitividad sostenible. La intensidad de investigación y desarrollo (I+D) de Austria es una de las más fuertes de la Unión, pero el país va a la zaga de los líderes en innovación en términos de resultados en este ámbito. Ahora que los presupuestos de investigación de muchas empresas se encuentran bajo presión, es tanto más importante que los esfuerzos de I+D del país se traduzcan en excelencia científica e innovación puntera, que se mantenga la inversión pública en investigación básica y que se garantice la financiación mediante fondos propios para las empresas emergentes innovadoras en expansión. La digitalización sigue siendo esencial para la apertura de la economía y la preparación de cara a la «nueva normalidad» tras el parón. La baja difusión de las tecnologías y los modelos de negocio digitales entre las empresas de menor tamaño representa un punto de estrangulamiento para el crecimiento de la productividad. Si bien las competencias digitales de los austríacos están en general por encima de la media de la UE, no hay suficientes graduados en informática para cubrir todos los puestos vacantes. El refuerzo del comercio electrónico, del teletrabajo y de la administración electrónica (por ejemplo) requerirá una mayor inversión en infraestructuras (en particular la 5G y la banda ancha rural), equipos y competencias.

(22)La transformación de Austria en una economía climáticamente neutra exigirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Austria señala importantes retos de cara al logro de los objetivos del país para 2030 en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión. La mejora de la productividad de los recursos es un motor esencial del crecimiento futuro que, al mismo tiempo, permite minimizar las repercusiones para el medio ambiente. Es fundamental reducir las emisiones relacionadas con el transporte para cumplir las normas de calidad del aire y los objetivos climáticos. Anticipar los proyectos de inversión maduros y realizar nuevas inversiones en apoyo de la transición ecológica ayudará a crear nuevos empleos en ese ámbito y a relanzar la economía en su salida del modo de gestión de crisis. Las inversiones en ecoinnovación darían pie a un crecimiento de la productividad y, paralelamente, reducirían la huella ecológica de Austria. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Austria a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Austria garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

(23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.