1.   

Acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») de que el conjunto de los pagos correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 para los gastos administrativos del Comité Económico y Social Europeo (en lo sucesivo, «Comité») estaban exentos de errores significativos y de que los sistemas de control y supervisión examinados eran eficaces;

2.   

Toma nota de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió, de julio a noviembre de 2018, acusaciones de acoso relativas a un miembro de alto nivel del Comité, a saber, el presidente del Grupo de Empresarios (Grupo I) desde abril de 2013, procedentes de cinco fuentes diferentes, y que el 6 de noviembre de 2018 la OLAF decidió abrir una investigación;

3.   

Señala que en 2018 se notificó un caso de acoso a través del procedimiento formal (artículo 24 del Estatuto de los funcionarios y artículo 12, apartado 1, de la Decisión del Comité sobre la prevención del acoso); recuerda que se ha concluido la investigación administrativa y se ha impuesto una sanción disciplinaria mínima a la persona acusada, si bien no se han agotado aún todas las posibilidades de recurso; toma nota de que en 2018 se notificaron tres casos adicionales de acoso, en cierta medida conexos entre sí, a través de siete informes de denuncia de irregularidades; toma nota de que se iniciaron dos investigaciones administrativas y las cuestiones se remitieron a la OLAF en enero de 2019;

4.   

Toma nota de que el 17 de enero de 2020 la OLAF remitió un informe y recomendaciones al presidente del Comité, según lo establecido en el acuerdo de cooperación entre el Comité y la OLAF; expresa su preocupación por que la OLAF constatara la existencia de actos de acoso contra dos miembros del personal, de comportamiento inadecuado (falta grave) contra un miembro del personal y un miembro del Comité y de falta contra otros miembros del personal, y que decidiera también remitir el asunto a las autoridades belgas;

5.   

Lamenta las conclusiones de la OLAF en relación con el acoso psicológico, las faltas graves y el comportamiento inadecuado del presidente del Grupo I hacia sus subordinados entre 2013 y 2018; señala que, con arreglo al Derecho belga, el acoso constituye un delito; señala, además, que se ha infringido el artículo 4, relativo a la dignidad, del código de conducta de los miembros del Comité, y que dicho comportamiento no es compatible con los valores de la Unión de respeto y protección de la dignidad humana en el lugar de trabajo previsto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide al Comité que informe oportunamente a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de las medidas adoptadas para dar seguimiento a las recomendaciones de la OLAF;

6.   

Espera del Comité que informe debidamente a la autoridad de aprobación de la gestión antes de septiembre de 2020 sobre las medidas adoptadas para dar seguimiento a las recomendaciones de la OLAF y rectificar las irregularidades;

7.   

Pide al Comité que aplique sin demora y de forma coherente el artículo 8 de su código de conducta, en particular abriendo los procedimientos necesarios contras las personas de que se trata y remitiendo rápidamente estas cuestiones al comité consultivo sobre la conducta de los miembros;

8.   

Subraya su preocupación respecto del actual entorno de trabajo en el Comité, en particular en el Grupo I, y pide al Comité que adopte las medidas necesarias para establecer un entorno respetuoso y digno de confianza para el bienestar individual y el desarrollo profesional del personal; recuerda asimismo al Comité que un mal entorno laboral provoca ineficiencia, estrés y falta de productividad;

9.   

Señala que, el 22 de enero de 2020, el Grupo I procedió a la elección de su actual presidente como candidato a presidente del Comité a partir de octubre de 2020, momento en que la presidencia del Comité será ocupada por el Grupo I durante dos años y medio;

10.   

Recuerda el informe del Defensor del Pueblo Europeo sobre la dignidad en el trabajo en las instituciones y agencias de la Unión: asunto SI/2/2018/AMF, en el que se afirma, por lo que se refiere al personal de alto nivel que «las personas están particularmente expuestas al acoso cuando existe un desequilibrio de poder entre las partes implicadas; que esto puede atenuarse mediante normas más estrictas para el personal de alto nivel, que no está cubierto por el Estatuto de los funcionarios, como los comisarios, los jueces, los miembros del Tribunal de Cuentas, los miembros del Comité Económico y Social Europeo, etc.; que dichas normas podrían incluir medidas disciplinarias más estrictas, como la jubilación obligatoria o la retirada de los derechos de pensión, y que el personal de alto nivel debe ser informado de todas las normas y políticas contra el acoso al principio de su mandato de manera exhaustiva y a intervalos regulares.»;

11.   

Solicita que el Comité elabore y aplique un plan de acción para prevenir y combatir activamente el acoso en el entorno laboral, concienciar sobre esta cuestión y fomentar una cultura de tolerancia cero con el acoso;

12.   

Pide al Comité que mejore las medidas que permiten al personal presentar denuncias formales de acoso, que organice con regularidad formaciones para el personal proporcionando asesoramiento confidencial y que cree un grupo de investigadores independientes a los que el Comité pueda convocar para las investigaciones formales en materia de acoso;

13.   

Pone de relieve, con satisfacción, los ejemplos de buenas prácticas de la política de lucha contra el acoso del Tribunal, que prevé importantes medidas disciplinarias para los miembros que incurren en acoso, como la jubilación forzosa o la denegación de derechos de pensión, y pide al Comité que adopte esos ejemplos;

14.   

Lamenta, como observación general, que el capítulo 10 «Administración» del Informe Anual del Tribunal tenga un alcance y unas conclusiones bastante limitados, aun cuando la rúbrica 5 «Administración» del marco financiero plurianual se considere de bajo riesgo;

15.   

Toma nota de que el Tribunal seleccionó una muestra de 45 operaciones correspondientes a la rúbrica 5 «Administración» del MFP de todas las instituciones y órganos de la Unión; observa que esta muestra se concibió para que fuera representativa del conjunto de gastos con cargo a la rúbrica 5, que representa un 6,3 % del presupuesto de la Unión; observa que el gasto administrativo se considera de bajo riesgo en el trabajo del Tribunal; considera, no obstante, que el volumen de las operaciones seleccionadas en relación con las «otras instituciones» no sería suficiente y pide al Tribunal que aumente el número de operaciones que deben ser examinadas en un 10 % como mínimo;

16.   

Toma nota de que en 2018 el presupuesto del Comité ascendió a 135 630 905 EUR (frente a 133 807 338 EUR en 2017), lo que constituye un incremento del 1,36 %; observa un índice global de aplicación del 98,66 % (frente al 96,5 % en 2017 y el 97,2 % en 2016);

17.   

Celebra la buena y prudente gestión financiera en su conjunto del Comité en el período presupuestario 2018; se congratula de que el porcentaje de compromisos para el título 1 «Gastos relativos a las personas vinculadas al Comité» sea del 98,94 % y del 97,97 % para el título 2 «Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento»;

18.   

Observa con preocupación que los créditos definitivos para los gastos de viaje y estancia de los miembros están aumentando ligeramente, hasta 20 247 625 EUR en 2018 (frente a 19 819 612 EUR en 2017 y 19 561 194 EUR en 2016), a pesar de la reducción del número de reuniones; reconoce que los créditos correspondientes no utilizados ascienden a un 1,05 %;

19.   

Acoge con satisfacción la Decisión del Comité n.o 2018/C 466/02, de 10 de diciembre de 2018, según la cual se reembolsarán a los miembros del Comité, previa presentación de los justificantes, los gastos reales de los billetes de viaje hasta un máximo de la tarifa de avión de clase preferente con descuento (preferentemente en clase económica o similar); observa que el sistema actual, que se basa en los costes reales, está en consonancia tanto con la decisión pertinente del Consejo como con el sistema vigente en el Parlamento; aprecia que el Comité anima a recurrir a soluciones de transporte compartido, como los autobuses públicos y el uso compartido del automóvil, así como el alquiler de autocares cuando ello resulte ser la solución más rentable;

20.   

Toma nota de que en 2018 el Grupo Presupuestario del Comité se centró en particular en evaluar el modo de controlar el gasto y mejorar las previsiones en relación con la partida presupuestaria relativa a los gastos de viaje y estancia de los miembros y que, en consecuencia, en octubre de 2018 se convocó una licitación para el análisis y la propuesta de mejora del actual sistema de previsiones relativo al reembolso de los gastos de los miembros, los delegados y los expertos del CESE; pide al Comité que informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento sobre todos los resultados obtenidos;

21.   

Observa que los créditos prorrogados (8 204 796 EUR) de 2018 a 2019 (frente a 9 232 069 EUR de 2017 a 2018) ascienden al 6,05 % del total de los créditos, lo que de nuevo se debe principalmente a las líneas presupuestarias «Miembros de la institución y delegados», «Edificios» y «Tratamiento de datos»; lamenta el hecho de que se sobrestimaran muchos de los créditos prorrogados automáticamente de 2017 a 2018; recuerda al Comité que es esencial realizar un ajuste presupuestario realista según las necesidades reales; recuerda que una sobrestimación o subestimación excesivas reflejan una mala planificación presupuestaria y suponen una presión negativa en la gestión financiera buena y prudente;

22.   

Subraya que el presupuesto del Comité es puramente administrativo; toma nota de que el Comité evaluó la forma de aplicar los principios de la presupuestación basada en el rendimiento a los créditos administrativos únicamente; acoge con satisfacción la iniciativa del Comité de trabajar con otras instituciones para establecer un conjunto de directrices interinstitucionales sobre la aplicación de la presupuestación basada en el rendimiento de las instituciones que solo tienen gastos administrativos;

23.   

Reconoce que en 2018 se actualizó una decisión sobre las normas de control interno, formalizando la existencia de un proceso de control interno en el seno del Comité, incluido el nombramiento de un coordinador de control interno; observa que el Comité inició un ejercicio de conformidad con las dieciséis normas de control interno mediante un cuestionario ad hoc, seguido de un informe, que sirvió de base para que el ordenador de pagos decida un catálogo de medidas para 2019 destinado a seguir mejorando el cumplimiento de las normas de control interno; acoge con satisfacción la formación y sensibilización que tienen lugar en este contexto;

24.   

Observa que los salarios representan aproximadamente la mitad del presupuesto del Comité; acoge con satisfacción la auditoría interna sobre los pagos salariales, que concluyó en 2018 y va a ofrecer garantías de que los procedimientos habían mejorado tras una auditoría realizada en 2010; señala que la auditoría puso de manifiesto que el proceso de pago de los salarios era estable y no presentaba riesgos indebidos; toma nota del plan de acción acordado, que ya se ha aplicado en parte a finales de 2018 y el resto de elementos previstos para su aplicación a finales de 2019;

25.   

Observa que en 2018 el Comité aprobó un total de 215 dictámenes e informes (frente a 155 en 2017); acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para aumentar su eficiencia global; acoge con satisfacción expresamente todos los esfuerzos, en particular en 2018, que dieron lugar a una visión para configurar el futuro entorno informático del Comité para ser compatible con la administración moderna y prever un Comité basado en la tecnología digital y centrado en el usuario para los próximos 10 años; señala que, en la actualidad, solo el 3 % del presupuesto del Comité está dedicado a los productos informáticos; señala que la aplicación de la estrategia digital del Comité requerirá recursos adicionales;

26.   

Reconoce que la inteligencia artificial modificará el mercado de trabajo y desplazará una gran parte de los empleos actuales; anima al Comité a que siga de cerca este asunto; apoya el trabajo realizado por el Comité sobre la inteligencia artificial a través de un dictamen y de la organización de una primera cumbre de partes interesadas sobre inteligencia artificial en junio de 2018 con la Comisión, a fin de subrayar la importancia para la Unión de garantizar que la inteligencia artificial sea segura, imparcial y conforme con los valores de la Unión;

27.   

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Comité para aumentar la protección de datos y la ciberseguridad del Comité; acoge asimismo con satisfacción la cooperación con el Equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea (CERT-UE) y la activa participación en el subgrupo de seguridad del Comité Interinstitucional de Informática (CII);

28.   

Subraya que en 2018 se celebró un acuerdo de nivel de servicio entre la Comisión y el Comité sobre recursos humanos, incluida la formación, y que ha aumentado la transparencia y previsibilidad de los costes relacionados con la formación informática, tal como se solicitó en la Resolución sobre la aprobación de la gestión presupuestaria de 2017 (1); observa con preocupación, no obstante, que la ventaja de una mayor transparencia se ve parcialmente compensada por un aumento sustancial de los precios cobrados por la Comisión, y pide al Comité que analice la situación junto con la Comisión en interés de lograr mejoras;

29.   

Señala que la plantilla de personal aprobada por la Autoridad Presupuestaria confirmó un aumento de personal de 665 puestos en 2017 a 668 puestos en 2018 (frente a 727 en 2013); reconoce que una reducción del 5 % aplicada a un cuadro de efectivos relativamente pequeño es mucho más difícil de absorber debido a la necesidad de mantener algunas funciones clave en términos de continuidad de las actividades y que este tipo de reducción global requiere un mayor esfuerzo por parte de las instituciones más pequeñas;

30.   

Toma nota de las medidas para aplicar la decisión sobre la denuncia de irregularidades de 2016, como la adopción de una decisión interna sobre los consejeros éticos; reconoce que en 2018 se seleccionaron tres miembros del personal para unirse al equipo activo de consejeros formados; señala el papel de los consejeros éticos para proporcionar asesoramiento y ayudar a los miembros del personal a cumplir sus obligaciones de la mejor manera posible en relación con la denuncia de faltas graves («denuncia de irregularidades») conforme a lo señalado en la Resolución de aprobación de la gestión del Parlamento de 2016 (2);

31.   

Observa con preocupación que el número de solicitudes de asistencia a los asesores éticos tratadas aumentó de 25 en 2017 a 42 en 2018, y destaca con especial preocupación que 33 de estas solicitudes procedían de mujeres, mientras que el número de solicitudes de hombres, 9 en total, permaneció estable;

32.   

Toma nota de todas las medidas adoptadas para reforzar la eficacia de la política de lucha contra el acoso, como la formación sobre temas específicos, las oportunidades para los miembros del personal proporcionando una red de asesoramiento confidencial y la supervisión regular por un consultor externo; toma nota de que se está estudiando una revisión de la actual Decisión sobre el acoso también para garantizar mejores sinergias con otras reglamentaciones pertinentes, como las relativas a la denuncia de irregularidades; toma nota de que el curso sobre ética e integridad es obligatorio para todo el personal y abarca normas de comportamiento en el lugar de trabajo, incluido el acoso y cómo abordarlo; lamenta profundamente que todas estas medidas no hayan logrado evitar los casos de acoso relacionados ni proteger a las víctimas; recuerda al Comité que una de las prioridades esenciales de estas medidas debe ser la protección proactiva, real y urgente (en particular contra las amenazas, los chantajes y las tentativas de soborno) de todas las víctimas y los denunciantes de irregularidades; pide al Comité que consolide y mejore las medidas adoptadas hasta la fecha y, sobre todo, que proteja eficazmente a todas las víctimas; pide al Comité que informe sobre esta cuestión a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento;

33.   

Observa con satisfacción la cooperación entre el Comité y la OLAF; observa que ambas instituciones firmaron acuerdos administrativos en 2016 que establecen el procedimiento que debe seguirse para el tratamiento de los casos de fraude; observa asimismo que, en julio de 2019, el presidente y el secretario general del Comité se reunieron con el director general de la OLAF para crear mejores sinergias y garantizar un intercambio más eficaz de la información;

34.   

Toma nota de que el nuevo Código de conducta de los miembros, que se adjunta al nuevo Reglamento interno del Comité, que entró en vigor en marzo de 2019, contiene por primera vez sanciones para los miembros que participan en situaciones en las que un miembro no cumple sus obligaciones con arreglo al Código de conducta; lamenta que estas sanciones no sean suficientemente severas, ni se ajusten a las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo; recuerda que el recurso a fondos de la Unión para defender la reputación institucional o a los miembros condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TJUE») o por los tribunales de los Estados miembros constituye un uso indebido de los fondos públicos, y recuerda que los servicios jurídicos institucionales deben utilizarse solo para defender a la institución y no para defender los intereses de las personas; pide al Comité que refuerce con urgencia el Código de conducta de los miembros, para añadir sanciones que puedan resultar más eficaces y disuasorias; señala que se ha creado un comité consultivo sobre la conducta de los miembros y que este comité ofrecerá a cualquier miembro que lo solicite orientación sobre la interpretación y la aplicación del Código de conducta y asesorará al presidente del Comité sobre las posibles medidas que deben adoptarse y sobre las supuestas infracciones del Código de conducta; recomienda encarecidamente que todos los miembros tengan acceso a formación en materia de acoso, como ocurre en el Parlamento desde el comienzo de la presente legislatura;

35.   

Recuerda que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento pidió actualizaciones periódicas del marco de ética e integridad del Comité; acoge con satisfacción que en 2018 se hayan iniciado los preparativos de una campaña «Respect@work», destinada a fomentar unas relaciones laborales respetuosas para todos, que, entre otras medidas, se nutrirán de una revisión del marco de ética e integridad en 2019; pide al Comité que informe al respecto en el próximo informe anual de actividades;

36.   

Recuerda que el servicio jurídico del Comité se debilitó sustancialmente durante cuatro años a partir de marzo de 2010, fecha en que el jefe del servicio jurídico fue cesado en sus funciones con efectos inmediatos tras haber denunciado graves irregularidades y presiones ilegales por parte del secretario general de la época; recuerda asimismo que este puesto estuvo vacante durante tres años y medio, que el Tribunal de la Función Pública falló en contra del Comité en este asunto (sentencia del asunto F-41/10, Bermejo Garde/Comité Económico y Social Europeo (3)), que el Comité hubo de pagar más de 100 000 EUR y que hasta 2014 no se procedió a nombrar un nuevo jefe del servicio jurídico y a reforzar el servicio jurídico con cinco juristas;

37.   

Expresa su profunda preocupación por los recientes cambios que pueden debilitar de nuevo el servicio jurídico del Comité, en particular el hecho de que, desde el 1 de enero de 2020, sea el único servicio jurídico de las instituciones de la Unión adscrito directamente al secretario general, que desde septiembre de 2019 ha perdido a uno de sus cinco juristas permanentes, que algunos miembros del personal, incluido el jefe de unidad, están afectados por la movilidad en lugar de ser considerados personal especializado como en las demás instituciones y que ha sufrido una reducción drástica del número de consultas formales;

38.   

Subraya la importancia de contar con un servicio jurídico sólido e independiente, habida cuenta de que, desde su creación, las instituciones de la Unión se han dotado de un servicio jurídico interno cuyas funciones principales son el asesoramiento jurídico y la representación y defensa ante el TJUE, por lo que pide al Comité que vele por que su Servicio Jurídico cuente con personal suficiente para desempeñar sus funciones y pueda mantener su independencia; pide al Comité que elimine todas las medidas que podrían debilitar el Servicio Jurídico en el ejercicio de sus correspondientes actividades y funciones; recuerda asimismo al Comité la importancia de consultar al Servicio Jurídico sobre las decisiones adoptadas por el Comité, a fin de garantizar el respeto de la legislación y evitar errores graves y los consiguientes procedimientos judiciales largos y onerosos;

39.   

Lamenta profundamente las denuncias públicas relativas al procedimiento de selección del nuevo secretario general del Comité; toma nota de los argumentos expuestos por el secretario general en las respuestas a las preguntas formuladas por el Parlamento respecto de la aprobación de la gestión de 2018; destaca la importancia de garantizar de forma estricta el logro de la plena transparencia en todas las fases del procedimiento (publicación, selección, designación y nombramiento), tal como se establece en el reglamento interno y en el Estatuto de los funcionarios, con miras a su cumplimiento y a fin de evitar cualquier riesgo para la reputación no solo del Comité sino de las instituciones de la Unión en su conjunto;

40.   

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para aumentar la visibilidad del Comité, reforzando sus relaciones con los medios de comunicación y centrando la atención en la comunicación en línea al objeto de seguir eliminando las barreras lingüísticas o para las personas con discapacidad; destaca, en relación con la comunicación de las redes sociales, la política de formación complementaria y las sesiones de asesoramiento específico a la carta tanto para los miembros como para el personal del Comité; observa la ligera reducción del número de comunicados de prensa en 2018 (aproximadamente 60 en comparación con 70 en 2017) como parte de una estrategia destinada a desarrollar el formato de las «historias web», con el fin de disponer de una comunicación más centrada en los temas más importantes del Comité; pide al Comité que informe al Parlamento sobre sus experiencias a este respecto;

41.   

Toma nota de que el Comité puso en marcha una amplia serie de actividades de comunicación para conmemorar su 60.o aniversario en mayo de 2018; acoge con satisfacción que el Comité haya recibido 9 419 visitantes en 2018 (frente a 7 820 en 2017) y que la tradicional jornada de puertas abiertas del 5 de mayo atrajera a otros 2 888 visitantes (frente a 2 700 en 2017); toma nota de que los plenos del Comité que se retransmiten por internet tienen una audiencia potencial de entre tres y ocho millones de personas; observa que la interacción en línea general, como retuits, «me gusta» y respuestas, ha ido en aumento y ha llegado a entre 680 y 1 840 menciones por pleno;

42.   

Toma nota de que los créditos para la externalización de la traducción aumentaron (un 20,2 %, en 2018, ligeramente por encima del objetivo del 20 %, frente al 17,1 % en 2017 y el 16,61 % en 2016) en el contexto del acuerdo de cooperación firmado con el Parlamento y la consiguiente reducción del personal de traducción; observa, además, que el coste total de la traducción externa en 2018 fue de 4 417 613 EUR, frente a 7 208 710 EUR, que habría sido el coste total de la traducción interna;

43.   

Pide al Comité que continúe con sus medidas de racionalización en el ámbito de la traducción;

44.   

Toma nota de que el acuerdo de cooperación administrativa celebrado entre el Comité, el Comité de las Regiones y el Parlamento en 2014 expiró el 31 de diciembre de 2019; observa que hasta el momento no se ha renegociado o prorrogado el acuerdo de 2014; considera que el acuerdo de 2014 fue muy desequilibrado para el Comité y el Comité de las Regiones (en lo sucesivo, «Comités»), que transfirieron un total de 60 traductores al Parlamento (36 del Comité) y solo obtuvieron a cambio el acceso a los servicios del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS); observa con preocupación que, como consecuencia de lo anterior, los Comités tuvieron que contratar personal contractual y externalizar su servicio de traducción; observa con preocupación que, para compensar la reducción del personal de traducción, el Parlamento ha aportado fondos adicionales (1 200 000 EUR de 2015 a 2016) a los Comités para cubrir la externalización de los servicios de traducción y que estos fondos se pueden reasignar a otros ámbitos de actividad si no se utilizan totalmente para la traducción externa (el Comité ha utilizado esta posibilidad de reasignación en los últimos tres años); considera que estas circunstancias no se ajustan a los criterios de una buena y prudente gestión financiera y deben revisarse en caso de prórroga del presente acuerdo o de negociación de un nuevo acuerdo; reconoce que, desde un punto de vista político, el acuerdo debe actualizarse para hacer frente a los retos actuales, como el nuevo MFP o las nuevas normas en materia de política de cohesión; muestra su reconocimiento por la buena cooperación del Comité a la hora de fomentar la participación ciudadana en las elecciones europeas de 2019;

45.   

Reconoce el seguimiento de la encuesta de personal del Comité de 2016 sobre los riesgos psicosociales en el trabajo mediante la puesta en marcha de varias iniciativas, como talleres para directivos sobre la gestión de las ausencias, la gestión de conflictos y la manera de hacer frente a situaciones de rendimiento deficiente; acoge con satisfacción, asimismo, el sistema de tutoría para nuevos colegas y las acciones para aumentar el bienestar y el compromiso del personal; observa que el índice de ausencia de personal parece haber alcanzado su máximo en 2017 (5,5 %) y que ha disminuido ligeramente hasta el 5,35 % en 2018 (frente al 4 % en 2015); observa con preocupación, no obstante, el aumento de las bajas por enfermedad de larga duración entre los jefes de unidad del Comité; pide al Comité que informe de todos los logros relacionados con la reducción de la tasa de absentismo del personal;

46.   

Acoge con satisfacción los avances en curso para lograr un equilibrio geográfico para los gestores del Comité, en particular con respecto a los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 o después de esa fecha; observa en términos de equilibrio de género que el Comité cuenta ahora con una mayor proporción de mujeres en cargos directivos que hombres (un 52 % en 2018, un 41,4 % en 2017 y un 37,5 % en 2016); observa que el 80 % del personal que solicitó trabajar a tiempo parcial en 2018 lo constituyeron mujeres a pesar de que el derecho es el mismo para hombres y mujeres; acoge con satisfacción que el Comité informe periódicamente sobre los modelos de trabajo disponibles;

47.   

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Comité para crear una cultura y un entorno de trabajo más diversos e integradores, tomando medidas en favor de las personas con discapacidad, como hacer que la intranet y el sitio web sean accesibles de forma digital para las personas con discapacidad visual, publicar un folleto denominado «Access Able Brussels» con toda la información necesaria para las personas con discapacidad que vayan a instalarse en Bruselas, y organizar una conferencia Inter COPEC dedicada exclusivamente a cuestiones relativas a la discapacidad;

48.   

Recuerda la necesidad de elaborar un marco a largo plazo para las políticas de recursos humanos en el que se promueva el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, la orientación y planificación permanentes de la carrera profesional, el equilibrio de género, el teletrabajo, la no discriminación, el equilibrio geográfico y la contratación e integración de personas con discapacidad;

49.   

Reconoce que, mediante un acuerdo de cooperación administrativa, los Comités han establecido un gran número de procedimientos para la colaboración entre sus servicios y también han establecido y organizado servicios conjuntos en los que los recursos humanos y financieros de los dos Comités se han puesto en común (en particular, la traducción y la logística); celebra que el servicio de auditoría interna de los dos Comités colabore estrechamente en relación con los servicios conjuntos con arreglo a las disposiciones del acuerdo de cooperación; anima al Comité a prorrogar su acuerdo de cooperación administrativa con el Comité de las Regiones tras su expiración en 2019;

50.   

Acoge con satisfacción los ahorros anuales que ascienden a 11 800 000 EUR en el caso de las infraestructuras y 720 000 EUR en lo que respecta al alquiler, mantenimiento, bienes fungibles y personal, debido a que los Comités están compartiendo recursos en estos ámbitos; también se congratula de que el ahorro presupuestario anual en materia de TI debido a la cooperación entre los Comités ascienda a aproximadamente 5 000 000 EUR; toma nota de que un ejemplo de sinergia derivada de la cooperación con el Parlamento, que genera ahorros en términos de costes de personal por un importe de 3 300 000 EUR (nivel de salarios de 2016), es el uso que el Comité hace del EPRS (36 puestos del Comité se transfirieron al EPRS a tal fin);

51.   

Pide al Comité que siga analizando la situación para determinar otros ámbitos para establecer servicios conjuntos con el Comité de las Regiones; destaca que este tipo de cooperación interinstitucional puede reducir significativamente el gasto global del Comité; pide al Comité que informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento sobre todos los resultados obtenidos;

52.   

Señala que el acuerdo de cooperación entre los Comités, firmado en 2016, establece un marco jurídico sólido para una cooperación de larga duración, eficiente y eficaz, y demuestra que los Comités actúan como socios, pero respetando al mismo tiempo las competencias y prerrogativas de cada uno; observa que el acuerdo expiró el 31 de diciembre de 2019 y que se decidió prorrogarlo por un período de un año mientras se negocia un nuevo acuerdo; pide a los Comités que hagan los esfuerzos necesarios para celebrar un nuevo acuerdo lo antes posible a fin de posibilitar nuevas sinergias y un mayor ahorro;

53.   

Recuerda que, una vez más, los Comités dedicaron menos del 3 % de su presupuesto total a las tecnologías de la información y que los proyectos y equipos informáticos adolecen de una financiación insuficiente desde hace varios años; observa con preocupación que, con el fin de salvar los retrasos en los proyectos y sistemas informáticos, los Comités siguen recurriendo a prácticas de transferencias de remanentes al final del ejercicio para financiar los proyectos informáticos; pide a los Comités que apliquen lo antes posible la nueva estrategia digital y el plan plurianual de gasto en tecnologías de la información;

54.   

Toma nota de que el 28 de agosto de 2019 se firmó el acuerdo entre los Comités y la Comisión para el intercambio del edificio VMA de la Comisión por los edificios BEL68/TRE 74 de los Comités; toma nota de que el intercambio será efectivo el 16 de septiembre de 2022; observa con preocupación que la principal prioridad señalada por la política inmobiliaria de los Comités es la concentración geográfica de los edificios; observa con preocupación que este intercambio supone una pérdida de espacio de oficinas de 10 440 m2 para los Comités y, por tanto, la necesidad de encontrar oficinas adicionales para acoger aproximadamente a 200 miembros del personal tras el intercambio que no pueden ser totalmente absorbidos con medidas alternativas a corto plazo, como un uso más intensivo del espacio en los demás edificios o el aumento del teletrabajo, sino que requerirán la adquisición de otro edificio adyacente para compensar esta reducción; señala asimismo la necesidad de renovar el edificio VMA a corto o medio plazo; teme las consecuencias que este acuerdo tendrá no solo para las finanzas del Comité, sino también para el bienestar del personal afectado; lamenta que no se haya consultado al servicio jurídico sobre una cuestión de tal alcance e importancia para el Comité;

55.   

Observa que se ha creado recientemente un grupo de trabajo de los Comités con el objeto de preparar un nuevo análisis con el fin de encontrar soluciones adecuadas; observa que se ha encomendado a otro grupo de trabajo reflexionar sobre nuevas formas de trabajar; destaca que el bienestar, la forma de trabajo y el espacio de trabajo del personal no deben sufrir consecuencias negativas por el intercambio de edificios; acoge con satisfacción que la administración del Comité esté manteniendo informadas a todas las partes interesadas a través de las reuniones del personal y de la gestión de los servicios afectados, y tendrá en cuenta las preocupaciones y sugerencias formuladas; pide a los Comités que informen a las Comisiones de Control Presupuestario y de Presupuestos del Parlamento sobre los resultados obtenidos;

56.   

Expresa su profunda preocupación por la confirmación de la presencia de amianto en lugares críticos del edificio VMA, incluido el aparcamiento; lamenta que el inventario por un contratista externo especializado en septiembre de 2019 solo se haya realizado un mes después de la firma del acuerdo con la Comisión; lamenta que el acuerdo se firmara sin informar a todas las partes interesadas a su debido tiempo sobre la posible presencia de amianto en el edificio VMA; lamenta asimismo que los miembros y el personal no hayan sido informados de la situación, y pide al Comité que corrija la situación de manera adecuada y eficaz;

57.   

Observa que los Comités recibieron un certificado de seguridad relativo al amianto para el edificio VMA en septiembre de 2019 y que este certificado especifica que el edificio contiene amianto sin riesgo para el uso normal del edificio; teniendo en cuenta especialmente que el próximo uso del edificio no será el normal, sino que se someterá a obras de remodelación, expresa su profunda preocupación por la evolución futura de la cuestión;

58.   

Observa que los efectos en la salud humana de la exposición prolongada y no protegida al amianto están bien documentados y son siempre una fuente de preocupación y alarma entre la población en general, pide a los Comités que apliquen una política de transparencia e información proactivas y totales sobre la gestión de la situación antes y después de la ocupación efectiva del edificio VMA, evitando al mismo tiempo alarmismos;

59.   

Se muestra preocupado por el hecho de que el 19,56 % (2 835) de los pagos con un plazo de pago de 30 días se hayan retrasado (siendo el retraso medio de pago 46,12 días); pide al Comité que redoble sus esfuerzos por respetar los plazos de pago establecidos en el Reglamento Financiero;

60.   

Se congratula de que el porcentaje de franjas horarias no utilizadas de los servicios de interpretación haya disminuido en los últimos años (2,61 % en 2018, 3,6 % en 2017 y 4,38 % en 2016); reconoce las medidas aplicadas a lo largo de 2018 y anima al Comité a que mantenga su tendencia positiva hacia un menor número de cancelaciones de servicios de interpretación;

61.   

Aprecia la intención del Comité de seguir mejorando la transparencia y facilitar el acceso a los documentos del Comité sobre la base de una reunión interinstitucional sobre transparencia celebrada en Luxemburgo el 25 de septiembre de 2018; toma nota de que el Comité ha puesto en marcha un ejercicio para aprovechar las mejores prácticas de otras instituciones y organismos de la Unión que se traducen en un plan de acción que se pondrá en marcha en 2019 sobre temas como su reglamento interno, su código de conducta de los miembros, la creación de un registro de transparencia y el acceso a los documentos;

62.   

Toma nota de que la Defensora del Pueblo emitió, en junio de 2017, la «Recomendación de la Defensora del Pueblo Europea relativa al presunto incumplimiento por parte del Comité Económico y Social Europeo de la obligación de garantizar que un miembro haya declarado todos los intereses pertinentes», que ha provocado que el Comité haya modificado su Reglamento interno con el fin de reflejar los cambios solicitados por la Defensora del Pueblo Europea y que la modificación que entró en vigor el 15 de marzo de 2019; observa que la Defensora del Pueblo Europea llegó a una conclusión sobre la ausencia de mala administración en una investigación relativa a una reclamación relacionada con un procedimiento de selección en 2018;

63.   

Observa que las declaraciones de intereses del presidente y los vicepresidentes del Comité están disponibles y accesibles en las páginas web de los miembros del Comité; toma nota de que, de conformidad con el Reglamento interno modificado, los miembros deben, una vez designados, elaborar una declaración de intereses, financieros o de otro tipo, que puedan repercutir en su trabajo en el seno del Comité; señala que estas declaraciones también han de ponerse a disposición del público en general en el sitio web del Comité; señala que los miembros deben confirmar explícitamente la validez del contenido de su declaración al menos una vez al año y revisarlo tan pronto como se produzcan cambios en su situación;

64.   

Toma nota de que los miembros no están obligados a declarar la dirección de la organización o sociedad de la que reciben una remuneración; señala, no obstante, que en el momento de tomar posesión del cargo y en el caso de cualquier cambio, los miembros deben cumplimentar y firmar una declaración de intereses; observa que veinticinco miembros han facilitado a la administración una dirección registrada en Bélgica;

65.   

Toma nota de que el Comité no tiene intención de cambiar su sistema de exigir una firma para confirmar la presencia de los miembros en las reuniones a un sistema que requiera dos firmas, una al principio de la reunión y otra al final de la reunión; pide al Comité que, a fin de mejorar sus métodos de trabajo, siga estudiando prácticas y experiencias en el Parlamento y en otras instituciones y órganos de la Unión en relación con el registro de presencia y que evalúe las mejores prácticas; pide al Comité que informe al respecto en su informe anual de actividad;

66.   

Toma nota de la labor realizada por el Comité en relación con la Decisión de la Defensora del Pueblo en el asunto 1306/2014/OV con el fin de preparar directrices sobre la gestión de los conflictos de intereses en el lugar de trabajo, con el objetivo de ofrecer orientación en los casos en que los miembros del personal deban realizar funciones solapadas cuando se trate de una única cuestión, lo que ocurre especialmente en relación con las actividades de representación del personal;

67.   

Acoge con agrado la política de «puertas giratorias» del Comité, que incluye el seguimiento de las actividades externas llevadas a cabo por sus antiguos altos funcionarios; toma nota de que el Comité publica un informe sobre la cuestión cada año;

68.   

Toma nota de que en 2017 el Comité creó un grupo para supervisar la evolución de los acontecimientos relativos a la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión, que evalúa la necesidad de reacciones o posiciones por parte del Comité; observa que, en previsión de una eventual retirada Reino Unido de la Unión, se dedujo del presupuesto de 2019 un total de 318 600 EUR, más un importe adicional de 173 062 EUR con cargo al presupuesto de 2020 para reflejar los «cambios evidentes» en los gastos de viaje de los miembros y en la cofinanciación de los equipos informáticos de los miembros;

69.   

Reitera la necesidad de racionalizar, acelerar y mejorar el procedimiento de aprobación de la gestión; propone, a este respecto, que la fecha límite para la presentación de los informes anuales de actividades sea el 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio contable; lamenta que este plazo no se haya respetado en el caso del informe anual de actividades de 2018, tal como se había solicitado en la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2017; acoge con satisfacción la disposición del Comité a seguir esta mejor práctica, que ofrecería a la institución responsable de la aprobación de la gestión tiempo para un examen más detenido y para una mejor tramitación del procedimiento de aprobación de la gestión;

70.   

Toma nota de que el segundo grupo ad hoc sobre el futuro del Comité, centrado en la racionalización de los órganos internos del Comité, presentó su informe de seguimiento a finales de 2017; observa que la mesa del Comité decidió, en enero de 2018, reducir el número de miembros que participan en un gran número de órganos internos del Comité y limitar el número de reuniones que se celebran cada año; señala que la mesa decidió reorientar las competencias de algunas de las estructuras del Comité; pide al Comité que ofrezca al Parlamento aclaraciones sobre el ahorro relacionado con esta modernización, con el fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas;

71.   

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Comité para promover la economía circular a través de sus dictámenes y, en cooperación con la Comisión, a través de la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular, que recopila iniciativas y mejores prácticas;

72.   

Apoya los esfuerzos realizados por el Comité para reducir su huella ambiental; observa con satisfacción un ligero descenso en el consumo de electricidad (3 %) y papel (17 %) y de residuos de oficina (3 %); observa, no obstante, un aumento del consumo de gas (5 %) y agua (17 %) causado por la instalación de un nuevo calentador de gas y de fugas de agua durante los trabajos de construcción;

73.   

Destaca todo los logros alcanzados en los últimos años, en ámbitos como la presupuestación basada en el rendimiento, el marco ético con todas sus normas y procedimientos conexos, las actividades de comunicación reforzadas y el creciente número de medidas para mejorar la transparencia; acoge con satisfacción la significante cantidad de acuerdos interinstitucionales en materia de servicios y cooperación; subraya la importancia de la colaboración y del intercambio de experiencias entre las instituciones y organismos de la Unión; sugiere que el Comité estudie la posibilidad de establecer actividades oficiales de creación de redes en distintos ámbitos, con el fin de intercambiar mejores prácticas y desarrollar soluciones comunes;

74.   

Señala la importancia del diálogo político entre el Comité y el Parlamento para garantizar la posibilidad de incorporar contribuciones válidas del Comité a los trabajos del Parlamento; reitera, a este respecto, su solicitud de seguir trabajando para reforzar la cooperación política entre ambas instituciones.