16.2.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 56/10


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La transición industrial hacia una economía verde y digital europea: los requisitos reglamentarios y el papel de los interlocutores sociales y la sociedad civil»

(Dictamen exploratorio)

(2021/C 56/02)

Ponente:

Lucie STUDNIČNÁ

Consulta

Parlamento Europeo, 15.9.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en el pleno

2.12.2020

Pleno n.o

556

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

148/89/19

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Existen varias condiciones previas para hacer realidad la transición industrial hacia una economía verde y digital europea con el fin de lograr un futuro sostenible, justo y socialmente aceptable en Europa. La pandemia de COVID-19 ha añadido urgencia a la necesidad de garantizar una participación mucho más amplia y sólida de los interlocutores sociales y la sociedad civil en la formulación de políticas a todos los niveles, así como de establecer un marco reglamentario y normas sólidas en Europa, especialmente en relación con la agenda social. El plan de acción anunciado para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales debe contribuir de manera importante a esta labor.

1.2.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que es fundamental reconocer la complementariedad entre el cambio climático, las políticas de economía circular y la responsabilidad social de las empresas, y destacar las características circulares de la energía procedente de fuentes renovables.

1.3.

El papel de los empleadores y los empresarios, así como el compromiso del sector privado en el impulso del cambio estructural, son factores decisivos para la transición industrial. Dado que la innovación en Europa suele originarse en entidades pequeñas, es necesario centrarse en crear un entorno empresarial favorable para las pymes y en promover el potencial de aquellas pequeñas y medianas empresas que prestan servicios de alto nivel basados en el conocimiento. Estas desempeñan a menudo un papel pionero en el posicionamiento en el mercado de las industrias conexas y son empleadores fiables y resistentes a las crisis. También debería aprovecharse la experiencia de las empresas y organizaciones de la economía social: estas son activas en ámbitos que se ven afectados por las transiciones verde y digital. Así pues, es necesario promover sus actividades y sus procesos de innovación social.

1.4.

Debería establecerse de manera coherente un mecanismo para encauzar los recursos financieros del sector privado hacia inversiones que cumplan con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Por consiguiente, las estrategias sobre la Unión Bancaria, la unión de los mercados de capitales, la financiación sostenible, la financiación digital y las pymes se refuerzan mutuamente y justifican la canalización de los fondos hacia los proyectos más productivos, en una economía que depende del sector bancario hasta en un 80 % de sus necesidades de financiación.

1.5.

Para construir una Europa resiliente, sostenible, justa y próspera es preciso establecer un marco reglamentario que pueda fomentar un proceso de transición justo, teniendo en cuenta al mismo tiempo sus repercusiones éticas y los intereses públicos, como la protección de los consumidores, la salud, la seguridad y la calidad. El CESE recomienda que las instituciones europeas y nacionales establezcan nuevas estructuras de gobernanza que puedan garantizar la participación activa de la economía local, los interlocutores sociales y la sociedad civil en el diseño y la aplicación de medidas equitativas destinadas a garantizar que las transiciones sean socialmente justas. Uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. El CESE recomienda que se incorporen al Semestre Europeo nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los principios del pilar europeo de derechos sociales.

1.6.

Se debe reforzar en la agenda europea el papel de las regiones. El objetivo principal es instaurar una planificación a largo plazo, un sólido enfoque de base local, la especialización inteligente y una agenda de capital humano, así como conciliar la ambición de una transición a largo plazo con las prioridades a corto plazo.

1.7.

El CESE considera que los instrumentos de financiación y apoyo a las actividades relacionadas con la transición en la Unión Europea (UE) deben complementarse con recursos nacionales, y será necesario coordinar los distintos niveles de gobernanza. Para garantizar una financiación suficiente, el CESE también aboga por una gama más amplia de recursos propios.

1.8.

La adopción de una agenda de capital humano es una de las condiciones previas para que la transición se lleve a cabo con éxito. En el ámbito del desarrollo de capacidades y la previsión del conjunto de todas las competencias, nuevas y tradicionales, que se necesitarán en el futuro deben cooperar diversos agentes, entre ellos las instituciones educativas, los empleadores, los sindicatos, los servicios públicos de empleo, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones profesionales.

1.9.

El CESE acoge positivamente el plan de acción anunciado para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. Es preciso reforzar el acervo pertinente de la UE en el ámbito del Derecho laboral, con el fin de fomentar una transición justa para los trabajadores. El plan de acción debe establecer un nivel mínimo de derechos en la UE, como un derecho a la salud y a la seguridad que abarque a todos los trabajadores y nuevos tipos de trabajo; derechos de información, consulta, cogestión y participación que no se limiten a las situaciones de transición; derechos de desarrollo de las capacidades; normas mínimas para el seguro de desempleo; un salario mínimo, y la negociación colectiva.

2.   Observaciones generales y un enfoque orientado al futuro

2.1.

El presente Dictamen exploratorio fue solicitado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo como contribución al futuro plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y a la próxima Cumbre Social de la UE, prevista para mayo de 2021 en Oporto.

2.2.

Las empresas y los trabajadores europeos se enfrentan a las enormes consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. Numerosas empresas se están derrumbando, estamos perdiendo puestos de trabajo y los hogares se quedan sin sus medios de subsistencia. A pesar de las medidas de rescate económico sin precedentes destinadas a amortiguar los efectos del confinamiento en el empleo y las empresas, las previsiones económicas ofrecen un panorama muy preocupante. Se prevé que la economía de la UE se contraiga un 8,3 % en 2020 y crezca un 5,8 % en 2021. El crecimiento en 2021 también será ligeramente menos sólido que el proyectado en primavera (1). Los Estados miembros registran una deuda récord y, además, la UE ha contraído deuda común por primera vez. Igualmente, desconocemos las consecuencias del Brexit.

2.3.

Es necesario indicar cuáles son las industrias y los sectores clave, desde los recursos humanos hasta la investigación, y prestarles apoyo, dando lugar a una política industrial europea que proteja a estos sectores estratégicos en el mercado y garantice la seguridad del suministro de recursos clave. La política industrial europea debería servir de marco para coordinar todas las distintas políticas europeas de manera coherente y global al objeto de generar sinergias. Para llevar a cabo esta transformación será preciso que la Comisión Europea establezca el curso de las políticas de los Estados miembros, que deberán estar armonizadas con las de la UE. Esto no significa que haya que microgestionar, sino conformar las políticas para que sean coherentes y fomenten un cambio transformador. Este proceso solo será posible con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Sin un «pacto social» basado en la participación democrática y efectiva de los ciudadanos de la UE no habrá un Pacto Verde que redunde en beneficio de todos.

2.4.

Debería establecerse de manera coherente un mecanismo para encauzar los recursos financieros del sector privado hacia inversiones que cumplan con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Por consiguiente, las estrategias sobre la Unión Bancaria, la unión de los mercados de capitales, la financiación sostenible, la financiación digital y las pymes se refuerzan mutuamente y justifican la canalización de los fondos hacia los proyectos más productivos, en una economía que depende del sector bancario hasta en un 80 % de sus necesidades de financiación.

2.5.

El término que ha surgido en este contexto en relación con el cambio medioambiental y tecnológico es el de la «transición justa». El CESE considera que la transición justa es un componente esencial tanto del presupuesto como del plan de recuperación que impulsa una economía europea más verde. Por tanto, es necesario desarrollar una interpretación más amplia de la transición justa (más allá de las economías basadas en el carbono) que dé lugar a la aplicación plena del pilar europeo de derechos sociales (2), sobre la base de un nuevo contrato social, e impulse al mismo tiempo la reforma en relación con los sistemas redistributivos, el equilibrio entre vida privada y vida laboral y la igualdad de género. En lo que respecta a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, son especialmente importantes los puestos de trabajo de alta calidad para todos, el acceso a la educación y la formación de alta calidad —incluido el derecho al aprendizaje permanente—, en particular para los grupos vulnerables, la igualdad de acceso de todas las personas a la atención sanitaria y a los servicios sociales, la protección social, y la inclusión de los grupos vulnerables, como los desempleados de larga duración, las mujeres, los jóvenes, los migrantes o las personas con discapacidad. Todos estos importantes objetivos pueden alcanzarse sobre la base de una economía próspera, la oferta de nuevos puestos de trabajo de alta cualificación por parte de los empleadores y la inversión necesaria en nuevas tecnologías.

2.6.

Los países y regiones en transición industrial se enfrentan normalmente a retos en la modernización de su base industrial, la mejora de las capacidades de la población activa, la compensación de las pérdidas de empleo en sectores clave, y el aumento de una productividad baja que limita el crecimiento de los ingresos. En general, se beneficiarán de la ecologización y el progreso tecnológico y los avances asociados, si bien algunos lugares y determinados grupos de población, en particular los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los ancianos, los romaníes y los migrantes, corren el riesgo de que se les deje atrás. Abordar los retos asociados a las transformaciones a largo plazo requiere la anticipación del cambio y una gestión activa de la transición por parte de los responsables de la formulación de políticas, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las principales partes interesadas en estos países y regiones. El diálogo social, la información, la consulta y la participación de los trabajadores y sus organizaciones representativas, incluso en los órganos decisorios (consejos y juntas de supervisión), desempeñan un papel clave a la hora de abordar la toma de decisiones de las empresas e influir en este proceso con el fin de gestionar las transiciones de forma previsora. El CESE insta a la Comisión a que refuerce y desarrolle la dimensión social en la futura estrategia industrial actualizada.

2.7.

Hacer frente a la crisis de la pandemia y facilitar el éxito de la transformación industrial redunda en interés de todos los grupos interesados y exige un esfuerzo conjunto y objetivos comunes (por ejemplo, el desarrollo empresarial a largo plazo), un diálogo social eficaz en un clima de confianza, así como una actitud positiva. El CESE considera que una gestión empresarial adecuada, y por tanto sostenible, con una anticipación conjunta del cambio, ha de basarse en las normas mínimas legales de eficacia probada relativas al mercado interior, y que la voz de los trabajadores debe expresarse a través de la información, la consulta y la participación de los empleados en los órganos corporativos de las empresas.

2.8.

La digitalización y la automatización tienen repercusiones tanto positivas como negativas para la economía y la sociedad. Esta transición necesitaría una reglamentación que siguiera el ritmo de la transformación tecnológica y la anticipación del cambio mediante la participación, por ejemplo, de los interlocutores sociales. Los comités de empresa europeos y los comités de empresa de las sociedades anónimas europeas podrían ser un ejemplo positivo de participación transfronteriza obligatoria de los trabajadores con miras a equilibrar los intereses y explorar soluciones con un espíritu de colaboración social. Para ello es preciso garantizar la formación de los trabajadores y negociar convenios colectivos que apoyen la autonomía laboral y velen por un buen equilibrio entre vida privada y vida laboral. La digitalización y la economía de internet también han dado lugar a la aparición de nuevas formas de trabajo, como el trabajo en plataformas digitales, donde los trabajadores carecen de seguridad social y laboral y desarrollan a menudo su actividad en condiciones muy precarias y con un estatuto poco claro. Es necesario armonizar sus condiciones de trabajo y su estatuto en Europa para fomentar una movilidad y una integración justas en el mercado interior (3). A tal fin, el CESE considera necesario crear seguridad jurídica para los trabajadores mediante la definición de un estatuto jurídico para la mano de obra en la economía de plataformas. El acceso escaso o nulo a la protección social supone un coste, no solo para los propios trabajadores, sino también para los sistemas de seguridad social.

2.9.

La transformación digital también conlleva riesgos en ámbitos como la estabilidad financiera, los delitos económicos y la protección de los consumidores. Esos riesgos podrían aumentar aún más debido a la fragmentada normativa reguladora de la UE y a la desigual evolución mundial de la reglamentación del sector. Así pues, el CESE considera necesario que la UE cree un marco reglamentario completo y estable en este ámbito. También recomienda que la UE retome su iniciativa de impuesto a las grandes empresas digitales (4).

2.10.

Los trabajadores deben poder prepararse adecuadamente para el mercado laboral, y los cambios económicos que ya están en marcha serán fundamentales para el crecimiento de la industria y el éxito económico en general de Europa. Las competencias nuevas y superiores, incluidas las de los trabajadores manuales, suponen un reto para los sistemas de aprendizaje profesional. Unas capacidades superiores requieren más formación profesional en los centros de enseñanza superior. A diferencia de los sistemas de aprendizaje inicial mejor diseñados, la falta de marcos nacionales y de control de calidad constituye un problema, al igual que el paso de la formación inicial de aprendices a la enseñanza superior. En el futuro se necesitarán la cooperación y la innovación tanto de la sociedad civil como de los gobiernos en todos los niveles para crear las condiciones de competencia equitativas que piden las organizaciones representadas en el CESE (5).

2.11.

El CESE señala que las aplicaciones de la tecnología digital y la inteligencia artificial deben estar centradas en el ser humano y redundar en beneficio de nuestra sociedad en su conjunto, y apoya la elaboración de un marco reglamentario relativo a la inteligencia artificial. No hay que oponer resistencia a las transiciones ecológica y digital, y la UE debe promover el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial orientados a aplicaciones concretas para acelerar las transiciones ecológica y climática (6).

3.   Innovación

3.1.

Habrá necesidades importantes en el terreno de la innovación: desde la creación y la aceleración de nuevos procesos de producción con bajas emisiones de carbono (muchos de los cuales requieren modos de diseño y producción fundamentalmente diferentes, además de nuevas materias primas y procesos industriales básicos) hasta la innovación no solo en las cadenas de valor más circulares de las industrias de materiales básicos, sino también en los sistemas energéticos que las impulsan. Además, las tecnologías de baja emisión de carbono más prometedoras tendrán que garantizar su demostración a escala industrial. Para ello se necesitará un rápido apoyo a las políticas con el fin de establecer e impulsar la ampliación de nuevas rutas de producción y nuevos usos de materiales con bajas emisiones de carbono, a más tardar, en 2030.

3.2.

Las transformaciones necesarias para lograr una transición justa en toda la UE exigirán un marco común para movilizar a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en torno a la solución de problemas concretos. La innovación social también puede contribuir de manera fundamental a este proceso. A este respecto, un paso importante podría ser crear una estrategia intersectorial de la UE en materia de innovación social, dar un mayor reconocimiento a los agentes de la economía social, y poner a prueba y, tal vez, utilizar sus modelos de negocio. De esta forma se favorecería el desarrollo de un ecosistema para la experimentación subvencionada a nivel de la UE, nacional, regional y local.

4.   Fomento del emprendimiento y la participación del sector privado

4.1.

El emprendimiento y el compromiso del sector privado en el impulso del cambio estructural desempeñan un papel decisivo en la transición industrial. Diversas barreras al emprendimiento innovador persisten a menudo cuando existe un fuerte patrimonio industrial, como los niveles bajos de actividad en empresas emergentes y en expansión, unas culturas de emprendimiento débiles y la falta de innovación y redes de conocimiento vinculadas eficazmente.

4.2.

Dado que la innovación en Europa suele originarse en entidades pequeñas, es necesario centrarse en promover el potencial de aquellas pymes que prestan servicios de alto nivel basados en el conocimiento, como los de las profesiones liberales, también por lo que respecta a la financiación. Estas desempeñan a menudo un papel pionero en el posicionamiento en el mercado de las industrias conexas y son empleadores fiables y resistentes a las crisis.

4.3.

Las empresas y organizaciones de la economía social, agentes de un sector que ha demostrado una gran resiliencia y que ha contribuido a mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19, son activas sobre todo en los ámbitos que se ven afectados por las transiciones digital y ecológica. Por ello, es necesario garantizar la promoción de sus operaciones y sus procesos de innovación social.

5.   El papel de los interlocutores sociales y la sociedad civil

5.1.

El CESE también destaca que «los cambios que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y los macrodatos están provocando en los procesos productivos y en la economía en general también modifican profundamente el mercado de trabajo. Sin embargo, es importante que estos procesos de cambio tengan lugar en un marco de provechoso diálogo social y que respeten los derechos y la calidad de vida de los trabajadores» (7).

5.2.

Una estrecha cooperación entre las principales partes interesadas locales y regionales resulta esencial para determinar cuáles son las aplicaciones más sostenibles y maximizar el desarrollo socioeconómico. Las buenas prácticas de los interlocutores sociales de todos los niveles, basadas en acuerdos colectivos que crean unas condiciones de competencia equitativas para los competidores económicos de un sector o una región, constituyen un punto de referencia para fomentar una estrategia de transición justa en relación con la descarbonización y otros objetivos de la política climática (8).

6.   Garantizar una transición justa: requisitos de gobernanza/reglamentarios

6.1.

La transición a una economía climáticamente neutra plantea un conjunto de retos complejos en materia de gobernanza para los responsables de las políticas. Uno de ellos consiste en equilibrar la dimensión estratégica a largo plazo de la transición con la necesidad de medidas a corto plazo. Si bien la transición exige planteamientos estratégicos y una formulación de políticas a largo plazo, también requiere capacidad para adaptarse a los ciclos electorales y al deseo asociado de los gobiernos y otras partes interesadas de ver los resultados de los proyectos ejecutados.

6.2.

Uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. Es de suma importancia llevar a cabo una evaluación constante de las políticas europeas y nacionales en los ámbitos social, económico y ambiental. El Semestre Europeo ha desarrollado de forma progresiva una dimensión más social, pero siguen predominando sus dimensiones macroeconómica y presupuestaria. Por tanto, el CESE propone que se incorporen al Semestre Europeo nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los aspectos y los principios del pilar europeo de derechos sociales y de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (9), creando sinergias con el cuadro de indicadores sociales mediante la adopción del concepto de una economía de bienestar sostenible para todos (10), junto con recomendaciones específicas por país en materia social y medioambiental (11). Asimismo, se ha rediseñado el Semestre para prever más medidas de apoyo a la recuperación, y el CESE espera que de esta forma también se pueda contribuir a renovar todo el mecanismo de gobernanza de la UE y hacer que funcione como principio rector para la supervivencia de la democracia, así como la convergencia ascendente dentro de la UE.

6.3.

Un análisis exhaustivo de las sinergias y de los equilibrios indispensables entre los objetivos, las iniciativas y las recomendaciones propuestas por la UE en los distintos ámbitos de actuación del Semestre exigiría un alto grado de integración política, coherencia y coordinación entre los diversos agentes institucionales responsables de las políticas económica, social y medioambiental, así como una mejora de sus capacidades de análisis.

6.4.

Además, para compensar el desequilibrio institucional en la gobernanza económica y social, el CESE recomienda utilizar una «regla de oro» (12) al aplicar las normas presupuestarias de la UE, eximiendo a la inversión pública de las estimaciones de déficit y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los niveles de deuda existentes, a fin de garantizar una infraestructura sanitaria, ecológica, educativa y tecnológica moderna y evitar una recesión sin precedentes (13).

6.5.

Asimismo, el CESE acoge de forma positiva la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por parte de la Comisión Europea y pide que se revise (14) a fin de garantizar tanto la estabilidad como el crecimiento con miras a apoyar la recuperación de la industria de la UE y la transición a una economía circular y digital climáticamente neutra.

7.   Condiciones previas regionales para la transición industrial

7.1.

La transición industrial adopta numerosas formas, lo que dificulta un enfoque «universal» respecto al desarrollo de nuevos patrones industriales. Si bien algunos sectores económicos entrarán en declive, al producirse una disminución «irreversible» de la producción económica y el empleo, otros tendrán que pasar por una reestructuración radical. Todo ello pasa por un enfoque político global y una inversión masiva, tanto pública como privada, y debe ir acompañada de unos mercados laborales locales y regionales que funcionen correctamente.

7.2.

Conciliar la ambición de la transición a largo plazo con las prioridades a corto plazo puede suponer un reto, ya que podría no resultar fácil obtener la aprobación pública de medidas políticas que ejercen un efecto inmediato limitado. Esto coloca a las regiones en transición industrial en una situación difícil. Por una parte, deben hacer frente a la necesidad inmediata de tomar medidas derivadas del declive de las industrias tradicionales, para abordar cuestiones como un mayor desempleo, las pérdidas de ingresos y el deterioro de las condiciones de vida de algunos sectores de la población, especialmente los grupos desfavorecidos y vulnerables, como las personas con discapacidad o los ancianos. Por la otra, deben adoptar medidas para aprovechar las oportunidades asociadas a la modernización industrial, como atraer sectores de mayor valor añadido, crear y atraer nuevas empresas y modelos de negocio, y aprovechar mejor las tecnologías generadoras. Equivocarse tiene consecuencias políticas que también pueden afectar al apoyo a la dimensión climática. El crecimiento de los movimientos de extrema derecha en Europa y en otros lugares del mundo puede atribuirse en parte a la desindustrialización y al hecho de que haya regiones enteras que se están quedando rezagadas (15).

8.   Reunión con las regiones en transición industrial: principales resultados

8.1.

Se debe reforzar en la agenda europea el papel de las regiones en el proceso de transición. La participación de las administraciones regionales podría contribuir a la creación de los ecosistemas necesarios para el éxito de la transición. Se han mencionado como condiciones previas para este proceso la planificación a largo plazo, un sólido enfoque de base local, la especialización inteligente y una agenda de capital humano.

8.2.

Varias regiones de Europa, especialmente las del carbón y del acero, han experimentado ya una transición por razones económicas o climáticas. La principal condición previa para el éxito de la transición reside en un enfoque anticipatorio e integrador que garantice a las personas un futuro digno. En esta labor se incluye el diseño de una hoja de ruta realista, la creación de las infraestructuras de investigación necesarias y la puesta a disposición de instalaciones tecnológicas, de innovación, académicas y educativas, junto con la financiación necesaria. Si se quiere garantizar una financiación adecuada, los instrumentos europeos previstos para apoyar a estas regiones (como, por ejemplo, el Fondo de Transición Justa europeo) no deben sustituir los esfuerzos nacionales.

9.   Financiación y apoyo a actividades y proyectos relacionados con la transición a escala de la UE

9.1.

El proceso de transición industrial puede ofrecer enormes oportunidades, pero su aprovechamiento requiere una inversión sustancial en fabricación avanzada e infraestructuras accesibles, así como en investigación e innovación. También tiene un coste inicial, que incluye prestaciones sustitutorias de los ingresos, así como gastos relativos a la cualificación y el reciclaje profesional de los trabajadores.

9.2.

Existen ya numerosos instrumentos, tanto a escala nacional como de la UE, para apoyar actividades y proyectos relacionados con la transición. El objetivo de lograr una transición justa también se reiteró en el plan de recuperación de la UE. Sin embargo, con excesiva frecuencia, las medidas de apoyo a las políticas se diseñan y se llevan a cabo de manera independiente en diferentes escalas de gobierno, con escasa o nula coordinación y pocas medidas de seguimiento y evaluación.

9.3.

El CESE solicita al Consejo y al Parlamento Europeo que aumenten y asignen fondos suficientes para atender las necesidades de inversión en el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 con el fin de lograr una transición ecológica y digital real y profunda. Para lograr una financiación suficiente, el CESE también aboga por ampliar la gama de recursos propios, tal vez para incluir un impuesto sobre los servicios digitales, una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades y un impuesto sobre las transacciones financieras (16).

9.4.

En el período de programación en curso, las normas aplicables a las grandes empresas que hayan recibido apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos establecen que los beneficiarios deben reembolsar dicha contribución si, en los diez años siguientes al pago final de la ayuda recibida, la actividad productiva se somete a una relocalización fuera de la Unión [artículo 71, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17)]. El CESE considera que deben reforzarse las disposiciones de cara al futuro período de programación con el fin de promover la reorientación y garantizar la cohesión, preservar el tejido/capacidad productiva, impulsar el empleo y promover un «desarrollo territorial» más sostenible.

9.5.

El CESE también respalda la mejora de la gobernanza presupuestaria de la UE, que tendrá en cuenta los riesgos de sostenibilidad y las lecciones extraídas del análisis de las mejores prácticas de presupuestación ecológica y de los planes presupuestarios. Además, se necesitan incentivos fiscales para convencer a las empresas y a los particulares de que inviertan en iniciativas ecológicas con impacto social (18).

9.6.

Los retos que Europa afronta con la transición hacia una economía verde y digital exigen inversiones masivas que el dinero público y la financiación tradicional a través de préstamos bancarios no pueden realizar por sí solos. Se necesitarán ingentes inversiones por parte del sector privado. Debería establecerse de manera coherente un mecanismo para encauzar los recursos financieros del sector privado hacia inversiones que cumplan con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Por consiguiente, las estrategias sobre la Unión Bancaria, la Unión del Mercado de Capitales, la financiación sostenible, la financiación digital y las pymes se refuerzan mutuamente y justifican la canalización de los fondos hacia los proyectos más productivos. El CESE valora positivamente la creación de la Plataforma de Finanzas Sostenibles y prevé un desarrollo acelerado de la taxonomía social.

10.   Implicaciones para el empleo

10.1.

Dado que la transición industrial requiere a menudo el paso de las industrias manufactureras antiguas y tradicionales a actividades orientadas al futuro (incluso en los sectores tradicionales), dicha transición puede dar lugar a un desempleo superior a la media (al menos de forma temporal) debido a la desindustrialización concentrada localmente, así como a la base de capacidades existente en los sectores en declive. Son fundamentales la anticipación y la participación de los representantes de los trabajadores a escala sectorial y empresarial y antes de que se tomen las decisiones. Es crucial que las políticas orientadas a abordar la transición industrial ayuden a los trabajadores y a las comunidades locales, especialmente a los trabajadores con discapacidad y otros trabajadores de grupos vulnerables, a gestionar la transición con la menor perturbación posible, maximizando al mismo tiempo los posibles beneficios.

10.2.   Capacidades

10.2.1.

La transición con éxito al trabajo del futuro requiere adaptar las políticas de empleo y desarrollo de capacidades a las condiciones locales de mercado laboral. Al mismo tiempo, la oferta de capacidades debe adaptarse a su demanda. Una mejor previsión de las necesidades por lo que respecta al conjunto de las competencias futuras y una oferta adecuada mediante el reciclaje y el perfeccionamiento profesional adecuados de los trabajadores, recurriendo también al acceso al aprendizaje permanente, deberán combinarse con políticas que estimulen la inversión en nuevas fuentes de empleo y el crecimiento de la productividad. La investigación y el desarrollo en el ámbito industrial deben procurar específicamente oportunidades para establecer un liderazgo tecnológico que, a su vez, genere oportunidades para la mejora de las capacidades. Los institutos técnicos, las organizaciones profesionales y las organizaciones no gubernamentales, así como las agencias públicas de empleo, también ejercerán una función clave en la provisión de apoyo en forma de programas de reciclaje profesional.

10.2.2.

El CESE observa que el apoyo a las personas mediante formación en las transiciones digital y ecológica comienza con la validación del aprendizaje no formal e informal y con la garantía del reconocimiento y la certificación de cursos de formación que permitan que dicha validación se integre plenamente en el conjunto de cualificaciones de una persona (19).

10.3.

En la Agenda de Capacidades se debe prestar mayor atención al desarrollo de las competencias clave durante los ciclos educativos y los planes de estudio obligatorios, así como al aprendizaje de jóvenes y personas adultas.

10.4.

La Comisión ha publicado un Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) (20). Se trata de una estrategia transversal que también podría aumentar la importancia estratégica de la educación y la formación entre los ámbitos de actuación a nivel europeo.

10.5.   Plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales

Las transiciones justas requieren políticas sociales adecuadas para favorecer las buenas condiciones de trabajo, sistemas de negociación colectiva y de relaciones laborales que funcionen correctamente y una protección social adecuada para ayudar a los trabajadores en la transición. El CESE desea presentar algunas propuestas para el próximo plan de acción de la Comisión orientado a aplicar el pilar europeo de derechos sociales.

10.5.1.

El CESE sugiere que la Comisión reevalúe la adecuación del acervo pertinente de la UE en el ámbito del Derecho laboral, reforzándolo con el fin de que contribuya mejor al logro de una transición justa para los trabajadores.

10.5.2.

El derecho a la seguridad y la salud es un derecho fundamental en el lugar de trabajo para todos los trabajadores, independientemente de su relación laboral o del tipo de modelo de negocio en el que desempeñen su actividad. Al CESE le preocupa mucho que algunos nuevos tipos de trabajo creados por las transiciones climática y digital puedan quedar fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo. Además, ya se ha demostrado la existencia de riesgos importantes en los lugares de trabajo digitalizados, como la intensificación del trabajo, el estrés y la violencia psicosocial (21), y en el futuro cabe prever que haya accidentes causados por la inteligencia artificial (22), accidentes que debemos prevenir. Por consiguiente, el CESE pide que todos los trabajadores de la UE estén protegidos por la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo (23).

10.5.3.

El CESE insta a la Comisión Europea a que revise periódicamente el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa conexa a la luz de los avances tecnológicos (24).

10.5.4.

El diálogo social, a nivel nacional y europeo, contribuye de manera decisiva a la elaboración de las políticas económicas, laborales y sociales. El CESE apoya, en el marco del diálogo social en los ámbitos regional, nacional y europeo adecuados, la elaboración de medidas adecuadas de «transición justa» para gestionar, modificar y ofrecer una protección mínima en caso de reorganización de los lugares de trabajo o de despidos colectivos derivados de las transiciones (tecnológicas, demográficas, de globalización, de cambio climático y de economía circular), incluido el derecho a participar en la negociación colectiva para anticiparse al cambio y prestar apoyo a los trabajadores afectados (adaptando la Directiva relativa a los despidos colectivos) (25).

10.5.5.

El CESE reitera la necesidad de consultar e informar a los trabajadores y sus representantes cuando se introduzcan cambios, nuevas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial que puedan ocasionar cambios en la organización del trabajo, en su supervisión y control, y en los sistemas de evaluación y contratación de los trabajadores. Hay que garantizar los derechos de información y consulta, aplicando debidamente la Directiva sobre el comité de empresa europeo en todas las compañías, a la vez que debe introducirse un marco armonizado en toda la UE sobre la participación en los consejos de administración. Por consiguiente, el CESE pide que se establezca un marco europeo fuerte y sólido de información y consulta y de participación de los trabajadores (26) como un aspecto importante para establecer vías justas y equitativas para la reconstrucción o las transiciones medioambiental y digital. La Comisión debe promover el diálogo social con miras a implicar a los trabajadores en las transiciones climática y digital en todos los Estados miembros y hacer un seguimiento de sus resultados en el transcurso del Semestre Europeo.

10.5.6.

Es necesario adoptar un marco de reestructuración socialmente responsable y de anticipación del cambio corporativo que complemente los derechos existentes de información, consulta y participación de los trabajadores y que coincida con los elementos clave del Modelo Social Europeo (27). El CESE cree que la Comisión Europea debería revisar el Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración, y proponer una base jurídica para determinadas condiciones marco relativas a la participación de los trabajadores, con el fin de mejorar tal participación en la gestión de los retos del Pacto Verde y del proceso de transformación digital (28).

10.5.7.

El plan de acción debe establecer un nivel mínimo de derechos en la UE: el CESE ha pedido que se actúe en materia de protección de la renta mínima (29) para frenar la pobreza y promover un mercado laboral inclusivo y, por tanto, acoge favorablemente los planes de la Comisión y de la Presidencia alemana del Consejo de establecer un marco europeo sobre los regímenes de renta mínima (30). El CESE ha recomendado que se estudie la posibilidad de establecer normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo en los Estados miembros de la UE (31). El Comité también ha pedido que se ponga en marcha una iniciativa europea sobre el salario mínimo y la negociación colectiva (32), y, por tanto, acoge positivamente (33) la iniciativa de la Comisión sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (34).

10.6.   Un nuevo contrato social

Con el fin de establecer las vías de recuperación que inviertan en puestos de trabajo y protejan los derechos y un salario digno, de reconstruir unas instituciones del mercado laboral sólidas para todos los trabajadores, acordes con los compromisos adquiridos, y de garantizar la protección social, el CESE pide que la transición justa ocupe un lugar central en la recuperación a través del diálogo social, con una participación activa de la sociedad civil que ayude a concebir una transición industrial social, justa e inclusiva.

Bruselas, 2 de diciembre de 2020.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG


(1)  «EC Summer 2020 Economic Forecast: A deeper recession with wider divergences» (Previsión económica para el verano de 2020: una recesión más profunda con mayores divergencias).

(2)  DO C 364 de 28.10.2020, p. 1.

(3)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 173.

(4)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 6.

(5)  Estudio del CESE titulado Finding a new consensus on European civil society values and their evaluation (Alcanzar un nuevo consenso sobre los valores de la sociedad civil europea y la forma de evaluarlos).

(6)  DO C 47 de 11.2.2020, p. 64.

(7)  DO C 353 de 18.10.2019, p. 6.

(8)  Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2019-2027 (España); Puestos de trabajo por el clima (Portugal); Acuerdo de los interlocutores sociales sobre transición justa y cambio climático (Grecia); Thyssenkrupp Steel Europe: Pacto futuro por el acero 20-30 (Alemania, marzo de 2020).

(9)  DO C 120 de 14.4.2020, p. 1.

(10)  Charveriat, C., y Bodin, E. (2020), Delivering the Green Deal: the role of a reformed European Semester within a new sustainable economy strategy (Aplicación efectiva del Pacto Verde: el papel de un Semestre Europeo reformado en el marco de una nueva estrategia de economía sostenible).

(11)  DO C 14 de 15.1.2020, p. 1.

(12)  DO C 311 de 18.9.2020, p. 1.

(13)  DO C 311 de 18.9.2020, p. 1.

(14)  DO C 311 de 18.9.2020, p. 1.

(15)  Rodríguez-Pose, A. (2017), «The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)» [La venganza de los lugares que no importan (y qué hacer al respecto)], Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 11, n.o 1, pp. 189-209.

(16)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 106.

(17)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

(18)  DO C 311 de 18.9.2020, p. 63.

(19)  DO C 10 de 11.1.2021, p. 40.

(20)  https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf

(21)  Organización Internacional del Trabajo (2019), The Threat of Physical and Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work (La amenaza de la violencia física y psicosocial y del acoso en el trabajo digitalizado).

(22)  DO C 47 de 11.2.2020, p. 64.

(23)  DO C 14 de 15.1.2020, p. 52.

(24)  DO C 47 de 11.2.2020, p. 64.

(25)  DO C 14 de 15.1.2020, p. 1.

(26)  DO C 10 de 11.1.2021, p. 14.

(27)  DO C 161 de 6.6.2013, p. 35.

(28)  DO C 364 de 28.10.2020, p. 1.

(29)  DO C 190 de 5.6.2019, p. 1.

(30)  Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la protección de la renta mínima para luchar contra la pobreza y la exclusión social durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente.

(31)  DO C 97 de 24.3.2020, p. 32.

(32)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 159.

(33)  DO C 364 de 28.10.2020, p. 1.

(34)  COM(2020) 682 final.


ANEXO

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 59.3 del Reglamento interno):

a)    Punto 2.1 (enmienda 9)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.1.

El presente Dictamen exploratorio fue solicitado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo como contribución al futuro plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y a la próxima Cumbre Social de la UE, prevista para mayo de 2021 en Oporto. El presente Dictamen exploratorio fue solicitado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. De acuerdo con la carta del Parlamento Europeo, el Dictamen debe abordar, en particular, los siguientes temas: la transición justa, el Pacto Verde, la transición digital, la estrategia industrial y las políticas de empleo y de integración social, que constituyen el núcleo de una serie de expedientes legislativos y no legislativos actuales y futuros relacionados con la transformación ecológica y digital.

Resultado de la votación:

A favor:

99

En contra:

129

Abstenciones:

20

b)    Punto 2.2 (enmienda 10)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.2.

Las empresas y los trabajadores europeos se enfrentan a las enormes consecuencias económicas y sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. Numerosas empresas se están derrumbando, las personas estánestamos perdiendo puestos de trabajo y los hogares se quedan sin sus medios de subsistencia. A pesar de las medidas de rescate económico sin precedentes destinadas a amortiguar los efectos del confinamiento en el empleo y las empresas, las previsiones económicas ofrecen un panorama muy preocupante. Se prevé que la economía de la UE se contraiga un 8,3 % en 2020 y crezca un 5,8 % en 2021. El crecimiento en 2021 también será ligeramente menos sólido que el proyectado en primavera (1) . La pandemia COVID-19 ha golpeado duramente a la economía europea: muchas empresas se están hundiendo, estamos perdiendo puestos de trabajo, los hogares se quedan sin sus medios de subsistencia, el servicio de salud disminuye su eficacia. Los Estados miembros registran una deuda récord, que excede las normas de gasto establecidas, y, además, la UE ha contraído deuda común por primera vez. Igualmente, desconocemos las consecuencias del Brexit y no sabemos cuándo terminará la pandemia.

Resultado de la votación:

A favor:

95

En contra:

140

Abstenciones:

22

c)    Punto 2.3 (enmienda 11)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.3.

Es necesario indicar cuáles son las industrias y los sectores clave, desde los recursos humanos hasta la investigación, y prestarles apoyo, dando lugar a una política industrial europea que proteja a estos sectores estratégicos en el mercado y garantice la seguridad del suministro de recursos clave. La política industrial europea debería servir de marco para coordinar todas las distintas políticas europeas de manera coherente y global al objeto de generar sinergias. Para llevar a cabo esta transformación será preciso que la Comisión Europea establezca el curso de las políticas de los Estados miembros, que deberán estar armonizadas con las de la UE. Esto no significa que haya que microgestionar, sino conformar las políticas para que sean coherentes y fomenten un cambio transformador. Este proceso solo será posible con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Sin un «pacto social» basado en la participación democrática y efectiva de los ciudadanos de la UE no habrá un Pacto Verde que redunde en beneficio de todos.

Resultado de la votación:

A favor:

91

En contra:

137

Abstenciones:

18

d)    Punto 2.5 NUEVO (enmienda 13)

Añádase un nuevo punto:

2.5.

La mejor respuesta política consiste en responder a las expectativas del instrumento de recuperación NextGenerationEU, que representa una oportunidad única para una recuperación rápida y transformadora. Debería darse la máxima prioridad a su puesta en marcha y al diálogo con el sector privado.

Resultado de la votación:

A favor:

97

En contra:

136

Abstenciones:

22

e)    Punto 2.6 NUEVO (enmienda 14)

Añádase un nuevo punto:

2.6.

Hay que superar los retos que plantea el Brexit imprimiendo un fuerte impulso que refuerce el mercado único, con lo que se creará un entorno más sólido y competitivo para las empresas.

Resultado de la votación:

A favor:

93

En contra:

141

Abstenciones:

20

f)    Punto 2.4 (enmienda 15)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.4.

El término que ha surgido en este contexto en relación con el cambio medioambiental y tecnológico es el de la «transición justa». El CESE considera que la transición justa es un componente esencial tanto del presupuesto como del plan de recuperación que impulsa una economía europea más verde. Por tanto, es necesario desarrollar una interpretación más amplia de la transición justa (más allá de las economías basadas en el carbono) que dé lugar a la aplicación plena del pilar europeo de derechos sociales  (2) , sobre la base de un nuevo contrato social, e impulse al mismo tiempo la reforma en relación con los sistemas redistributivos, sobre la base del equilibrio entre vida privada y vida laboral y, la igualdad de género., En lo que respecta a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, son especialmente importantes los puestos de trabajo de alta calidad para todos, el acceso a la educación y la formación de alta calidad —incluido el derecho acceso al aprendizaje permanente—, en particular para los grupos vulnerables, la igualdad de acceso de todas las personas a la atención sanitaria y a los servicios sociales, la protección social, y la inclusión de los grupos vulnerables, como los desempleados de larga duración, las mujeres, los jóvenes, los migrantes en situación regular o las personas con discapacidad. Todos estos importantes objetivos pueden alcanzarse sobre la base de una economía próspera, la oferta de nuevos puestos de trabajo de alta cualificación por parte de los empleadores y la inversión necesaria en nuevas tecnologías.

Resultado de la votación:

A favor:

82

En contra:

152

Abstenciones:

20

g)    Punto 2.5 (enmienda 16)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.5.

Los países y regiones en transición industrial se enfrentan normalmente a retos en la modernización de su base industrial, la mejora de las capacidades de la población activa, la compensación de las pérdidas de empleo en sectores clave, y el aumento de una productividad baja que limita el crecimiento de los ingresos, una convergencia al alza y la compensación de unas tendencias demográficas desfavorables. En general, se beneficiarán de la ecologización y el progreso tecnológico y los avances asociados, si bien algunos lugares y determinados grupos de población, en particular los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los ancianos, los romaníes y los migrantes legales, corren el riesgo de que se les deje atrás. Abordar los retos asociados a las transformaciones a largo plazo requiere la anticipación del cambio y una gestión activa de la transición por parte de los responsables de la formulación de políticas, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las principales partes interesadas en estos países y regiones. El diálogo social, la información, la consulta y la participación de los trabajadores y sus organizaciones representativas, incluso también en el proceso órganos decisorios (consejos y juntas de supervisión), desempeñan un papel clave a la hora de abordar la toma de decisiones de las empresas e influir en este proceso con el fin de gestionar las transiciones de forma previsora. El CESE insta a la Comisión a que refuerce y desarrolle la dimensión social en la futura estrategia industrial actualizada.

Resultado de la votación:

A favor:

92

En contra:

152

Abstenciones:

17

h)    Punto 2.6 (enmienda 17)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.6.

Hacer frente a la crisis de la pandemia y facilitar el éxito de la transformación industrial redunda en interés de todos los grupos interesados y exige un esfuerzo conjunto y objetivos comunes (por ejemplo, el desarrollo empresarial a largo plazo), un diálogo social eficaz en un clima de confianza, así como una actitud positiva. El CESE considera que la clave del éxito es una gestión empresarial adecuada, y por tanto sostenible, con una anticipación conjunta del cambio, ha de basarse en las normas mínimas legales de eficacia probada relativas al mercado interior, y que la voz de los trabajadores debe expresarse a través de la información, la consulta y la participación de los empleados en los órganos corporativos de las empresas .

Resultado de la votación:

A favor:

90

En contra:

151

Abstenciones:

18

i)    Punto 2.7 (enmienda 18)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.7.

La digitalización y la automatización tienen repercusiones tanto positivas como negativas para la economía y la sociedad. Esta transición necesitaría enfoques una reglamentación que siguieran el ritmo de la transformación tecnológica y la anticipación del cambio mediante la participación, por ejemplo, de los interlocutores sociales. Los comités de empresa europeos y los comités de empresa de las sociedades anónimas europeas podrían ser un ejemplo positivo de participación transfronteriza obligatoria de los trabajadores con miras a equilibrar los intereses y explorar soluciones con un espíritu de colaboración social. Para ello es preciso garantizar la formación de los trabajadores y negociar convenios colectivos u otros acuerdos sociales que apoyen la autonomía laboral y velen por un buen equilibrio entre vida privada y vida laboral. La digitalización y la economía de internet también han dado lugar a la aparición de nuevas formas de trabajo, como el trabajo en plataformas digitales, donde los trabajadores carecen de seguridad social y laboral y desarrollan a menudo su actividad en condiciones muy precarias y con un estatuto poco claro. Es necesario armonizar sus condiciones de trabajo y su estatuto en Europa para fomentar una movilidad y una integración justas en el mercado interior  (3) . A tal fin, el CESE considera necesario crear seguridad jurídica para los trabajadores mediante la definición de un estatuto jurídico para la mano de obra en la economía de plataformas. El acceso escaso o nulo a la protección social supone un coste, no solo para los propios trabajadores, sino también para los sistemas de seguridad social.

Resultado de la votación:

A favor:

88

En contra:

149

Abstenciones:

24

j)    Punto 2.8 (enmienda 19)

Modifíquese de la manera siguiente:

2.8.

La transformación digital también conlleva riesgos en ámbitos como la estabilidad financiera, los delitos económicos y la protección de los consumidores. Esos riesgos podrían aumentar aún más debido a la fragmentada normativa reguladora de la UE y a la desigual evolución mundial de la reglamentación del sector. Así pues, el CESE considera necesario que la UE cree un marco reglamentario completo y estable en este ámbito. También recomienda que se alcance en 2021 una solución global en materia fiscal a nivel de la OCDE la UE retome su iniciativa de impuesto a las grandes empresas digitales  (4).

Resultado de la votación:

A favor:

89

En contra:

149

Abstenciones:

22

k)    Punto 5.2 (enmienda 21)

Modifíquese de la manera siguiente:

5.2.

Una estrecha cooperación entre las principales partes interesadas locales y regionales resulta esencial para determinar cuáles son las aplicaciones más sostenibles y maximizar el desarrollo socioeconómico. Las buenas prácticas de los interlocutores sociales de todos los niveles, basadas en acuerdos colectivos u otras formas de diálogo social que crean unas condiciones de competencia equitativas para los competidores económicos de un sector o una región, constituyen un punto de referencia para fomentar una estrategia de transición justa en relación con la descarbonización y otros objetivos de la política climática (5).

Resultado de la votación:

A favor:

93

En contra:

146

Abstenciones:

19

l)    Punto 6.2 (enmienda 22)

Modifíquese de la manera siguiente:

6.2.

Uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. Es de suma importancia llevar a cabo una evaluación cíclica constante de las políticas europeas y nacionales en los ámbitos social, económico y ambiental. El Semestre Europeo ha desarrollado de forma progresiva una dimensión más social, pero siguen predominando sus dimensiones macroeconómica y presupuestaria. Por tanto, el CESE propone que se incorporen al Semestre Europeo nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los aspectos y los principios del pilar europeo de derechos sociales y de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible  (6) , creando sinergias con el cuadro de indicadores sociales mediante la adopción del concepto de una economía de bienestar sostenible para todos  (7) , junto con recomendaciones específicas por país en materia social y medioambiental  (8) . Asimismo, se ha rediseñado el Semestre para prever más medidas de apoyo a la recuperación, y el CESE espera que de esta forma también se pueda contribuir a reforzar renovar todo el mecanismo de gobernanza de la UE y hacer que funcione como principio rector para impulsar la supervivencia de la democracia, así como la convergencia ascendente dentro de la UE.

Resultado de la votación:

A favor:

87

En contra:

148

Abstenciones:

21

m)    Punto 6.4 (enmienda 23)

Modifíquese de la manera siguiente:

6.4.

Además, para compensar el desequilibrio institucional en la gobernanza económica y social, el CESE recomienda utilizar una «regla de oro» (9) equilibrada, que no ponga en peligro la estabilidad financiera a medio plazo, al aplicar las normas presupuestarias de la UE, eximiendo a la inversión pública justificada de las estimaciones de déficit y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los niveles de deuda existentes y futuros, a fin de garantizar una infraestructura sanitaria, ecológica, educativa y tecnológica moderna y evitar una recesión sin precedentes (10).

Resultado de la votación:

A favor:

87

En contra:

159

Abstenciones:

16

n)    Punto 9.3 (enmienda 24)

Modifíquese de la manera siguiente:

9.3.

El CESE solicita al Consejo y al Parlamento Europeo que mejoren el clima empresarial y que aumenten y asignen fondos suficientes para atender las necesidades de inversión en el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 con el fin de lograr una transición ecológica y digital real y profunda. Para lograr una financiación suficiente, el CESE también aboga por analizar los efectos de ampliar la gama de recursos propios, tal vez mediante ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, de un mecanismo de ajuste en frontera basado en las emisiones de carbono, y de un impuesto digital  (11).

Resultado de la votación:

A favor:

91

En contra:

157

Abstenciones:

13

o)    Punto 9.4 (enmienda 25)

Modifíquese de la manera siguiente:

9.4.

En el período de programación en curso, las normas aplicables a las grandes empresas que hayan recibido apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos establecen que los beneficiarios deben reembolsar dicha contribución si, en los diez años siguientes al pago final de la ayuda recibida, la actividad productiva se somete a una relocalización fuera de la Unión [artículo 71, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo]. El CESE considera que deben reforzarse las disposiciones de cara al futuro período de programación con el fin de promover la reorientaciónrelocalización y garantizar la cohesión de acuerdo con el espíritu de autonomía estratégica, preservar el tejido/capacidad productiva, impulsar el empleo y promover un «desarrollo territorial» más sostenible.

Resultado de la votación:

A favor:

89

En contra:

149

Abstenciones:

19

p)    Punto 9.5 (enmienda 26)

Modifíquese de la manera siguiente:

9.5.

El CESE también respalda la mejora de la gobernanza presupuestaria de la UE, que tendrá en cuenta los riesgos de sostenibilidad y las lecciones extraídas del análisis de las mejores prácticas de presupuestación ecológica y de los planes presupuestarios. Además, pueden necesitarse se necesitan incentivos fiscales para motivar convencer a las empresas y a los particulares a fin de que inviertan en iniciativas ecológicas con impacto social (12) . Este tipo de subvenciones debe someterse a una evaluación meticulosa mediante un análisis de los costes y beneficios.

Resultado de la votación:

A favor:

93

En contra:

154

Abstenciones:

16

q)    Punto 9.6 (enmienda 27)

Modifíquese de la manera siguiente:

9.6.

Los retos que Europa afronta con la transición hacia una economía verde y digital exigen inversiones masivas que el dinero público y la financiación tradicional a través de préstamos bancarios no pueden realizar por sí solos. Se necesitarán ingentes recursos procedentes del sector privado. Cada año se invierten ingentes cantidades de todo tipo de fondos privados en actividades económicas perjudiciales en todos los sectores industriales, con el riesgo de que terminen convertidos en «activos perdidos» (sunk assets). Debería establecerse de manera coherente un mecanismo para encauzar los recursos financieros del sector privado hacia inversiones que cumplan con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Por consiguiente, las estrategias sobre la Unión Bancaria, la Unión del Mercado de Capitales, la financiación sostenible, la financiación digital y las pymes se refuerzan mutuamente y justifican la canalización de los fondos hacia los proyectos más productivos. El CESE valora positivamente la creación de la Plataforma de Finanzas Sostenibles y prevé un desarrollo acelerado de la taxonomía social.

Resultado de la votación:

A favor:

74

En contra:

154

Abstenciones:

31

r)    Punto 10.1 (enmienda 28)

Modifíquese de la manera siguiente:

10.1.

Dado que la transición industrial requiere a menudo el paso de las industrias manufactureras antiguas y tradicionales a actividades orientadas al futuro (incluso en los sectores tradicionales), dicha transición puede dar lugar a un desempleo superior a la media (al menos de forma temporal) debido a la desindustrialización concentrada localmente, así como a la base de capacidades existente en los sectores en declive. Son fundamentales la anticipación y la participación de los representantes de los trabajadores a escala sectorial y empresarial y antes de que se tomen las decisiones. Es crucial que las políticas orientadas a abordar la transición industrial ayuden a los trabajadores y a las comunidades locales, especialmente a los trabajadores con discapacidad y otros trabajadores de grupos vulnerables, a gestionar la transición con la menor perturbación posible, maximizando al mismo tiempo los posibles beneficios.

Resultado de la votación:

A favor:

88

En contra:

149

Abstenciones:

17

s)    Puntos 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.6 y 10.5.7 (enmienda 30)

Suprímanse:

10.5.

Plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales

Las transiciones justas requieren políticas sociales adecuadas para favorecer las buenas condiciones de trabajo, sistemas de negociación colectiva y de relaciones laborales que funcionen correctamente y una protección social adecuada para ayudar a los trabajadores en la transición. El CESE desea presentar algunas propuestas para el próximo plan de acción de la Comisión orientado a aplicar el pilar europeo de derechos sociales.

10.5.1.

El CESE sugiere que la Comisión reevalúe la adecuación del acervo pertinente de la UE en el ámbito del Derecho laboral, reforzándolo con el fin de que contribuya mejor al logro de una transición justa para los trabajadores.

10.5.2.

El derecho a la seguridad y la salud es un derecho fundamental en el lugar de trabajo para todos los trabajadores, independientemente de su relación laboral o del tipo de modelo de negocio en el que desempeñen su actividad. Al CESE le preocupa mucho que algunos nuevos tipos de trabajo creados por las transiciones climática y digital puedan quedar fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo. Además, ya se ha demostrado la existencia de riesgos importantes en los lugares de trabajo digitalizados, como la intensificación del trabajo, el estrés y la violencia psicosocial  (13) , y en el futuro cabe prever que haya accidentes causados por la inteligencia artificial  (14) , accidentes que debemos prevenir. Por consiguiente, el CESE pide que todos los trabajadores de la UE estén protegidos por la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo  (15).

10.5.3.

El CESE insta a la Comisión Europea a que revise periódicamente el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa conexa a la luz de los avances tecnológicos  (16).

10.5.4.

El diálogo social, a nivel nacional y europeo, contribuye de manera decisiva a la elaboración de las políticas económicas, laborales y sociales. El CESE apoya, en el marco del diálogo social en los ámbitos regional, nacional y europeo adecuados, la elaboración de medidas adecuadas de «transición justa» para gestionar, modificar y ofrecer una protección mínima en caso de reorganización de los lugares de trabajo o de despidos colectivos derivados de las transiciones (tecnológicas, demográficas, de globalización, de cambio climático y de economía circular), incluido el derecho a participar en la negociación colectiva para anticiparse al cambio y prestar apoyo a los trabajadores afectados (adaptando la Directiva relativa a los despidos colectivos)  (17).

10.5.5.

El CESE reitera la necesidad de consultar e informar a los trabajadores y sus representantes cuando se introduzcan cambios, nuevas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial que puedan ocasionar cambios en la organización del trabajo, en su supervisión y control, y en los sistemas de evaluación y contratación de los trabajadores. Hay que garantizar los derechos de información y consulta, aplicando debidamente la Directiva sobre el comité de empresa europeo en todas las compañías, a la vez que debe introducirse un marco armonizado en toda la UE sobre la participación en los consejos de administración. Por consiguiente, el CESE pide que se establezca un marco europeo fuerte y sólido de información y consulta y de participación de los trabajadores  (18) como un aspecto importante para establecer vías justas y equitativas para la reconstrucción o las transiciones medioambiental y digital. La Comisión debe promover el diálogo social con miras a implicar a los trabajadores en las transiciones climática y digital en todos los Estados miembros y hacer un seguimiento de sus resultados en el transcurso del Semestre Europeo.

10.5.6.

Es necesario adoptar un marco de reestructuración socialmente responsable y de anticipación del cambio corporativo que complemente los derechos existentes de información, consulta y participación de los trabajadores y que coincida con los elementos clave del Modelo Social Europeo  (19) . El CESE cree que la Comisión Europea debería revisar el Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración, y proponer una base jurídica para determinadas condiciones marco relativas a la participación de los trabajadores, con el fin de mejorar tal participación en la gestión de los retos del Pacto Verde y del proceso de transformación digital  (20).

10.5.7.

El plan de acción debe establecer un nivel mínimo de derechos en la UE: el CESE ha pedido que se actúe en materia de protección de la renta mínima  (21) para frenar la pobreza y promover un mercado laboral inclusivo y, por tanto, acoge favorablemente los planes de la Comisión y de la Presidencia alemana del Consejo de establecer un marco europeo sobre los regímenes de renta mínima  (22) . El CESE ha recomendado que se estudie la posibilidad de establecer normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo en los Estados miembros de la UE  (23) . El Comité también ha pedido que se ponga en marcha una iniciativa europea sobre el salario mínimo y la negociación colectiva  (24) , y, por tanto, acoge positivamente  (25) la iniciativa de la Comisión sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea  (26).

Resultado de la votación:

A favor:

93

En contra:

149

Abstenciones:

17

t)    Punto 10.6 (enmienda 31)

Suprímase:

10.6.

Un nuevo contrato social

Con el fin de establecer las vías de recuperación que inviertan en puestos de trabajo y protejan los derechos y un salario digno, de reconstruir unas instituciones del mercado laboral sólidas para todos los trabajadores, acordes con los compromisos adquiridos, y de garantizar la protección social, el CESE pide que la transición justa ocupe un lugar central en la recuperación a través del diálogo social, con una participación activa de la sociedad civil que ayude a concebir una transición industrial social, justa e inclusiva.

Resultado de la votación:

A favor:

85

En contra:

146

Abstenciones:

19

u)    Punto 1.1 (enmienda 1)

Modifíquese de la manera siguiente:

1.1.

Existen varias condiciones previas para hacer realidad la transición industrial hacia una economía verde y digital europea con el fin de lograr un futuro sostenible, justo y socialmente aceptable en Europa. No obstante, se ha de tener en cuenta una situación nueva. La pandemia de COVID-19 ha golpeado duramente a la economía europea: muchas empresas se están derrumbando, se están perdiendo puestos de trabajo, los hogares se están quedando sin sus medios de subsistencia, los servicios de salud están perdiendo eficacia. ha Además, ha añadido urgencia a la necesidad de garantizar una participación mucho más amplia y sólida de los interlocutores sociales y la sociedad civil en la formulación de políticas a todos los niveles, así como de establecer un marco reglamentario y normas sólidas realistas en Europa, que tengan en cuenta al mismo tiempo las particularidades de los Estados miembros, el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, y el principio de subsidiariedad, especialmente en relación con la agenda social. El plan de acción anunciado para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales debe contribuir de manera importante a esta labor.

Resultado de la votación:

A favor:

90

En contra:

146

Abstenciones:

18

v)    Punto 1.5 NUEVO (enmienda 4)

Añádase un nuevo punto:

1.5.

La mejor respuesta política consiste en responder a las expectativas del instrumento de recuperación NextGenerationEU, que representa una oportunidad única para una recuperación rápida y transformadora. Debería darse la máxima prioridad a su puesta en marcha y al diálogo con el sector privado.

Resultado de la votación:

A favor:

97

En contra:

136

Abstenciones:

22

w)    Punto 1.6 NUEVO (enmienda 5)

Añádase un nuevo punto:

1.6.

Los retos planteados por el Brexit deberían superarse mediante un fuerte impulso orientado a reforzar el mercado único, que cree un entorno más sólido y competitivo para las empresas.

Resultado de la votación:

A favor:

93

En contra:

141

Abstenciones:

20

x)    Punto 1.4 (enmienda 6)

Modifíquese de la manera siguiente:

1.4.

Para construir una Europa resiliente, sostenible, justa y próspera es preciso establecer un marco reglamentario coherente que pueda fomentar un proceso de transición justo, teniendo en cuenta al mismo tiempo sus repercusiones éticas y los intereses públicos, como la protección de los consumidores, la salud, la seguridad y la calidad. El CESE recomienda que las instituciones europeas y nacionales establezcan nuevas estructuras de gobernanza que puedan garantizar la participación activa de la economía local, los interlocutores sociales y la sociedad civil en el diseño y la aplicación de medidas equitativas destinadas a garantizar que las transiciones sean socialmente justas. Uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. El CESE recomienda que se incorporen al Semestre Europeo nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los principios del pilar europeo de derechos sociales.

Resultado de la votación:

A favor:

80

En contra:

145

Abstenciones:

16

y)    Punto 1.8 (enmienda 8)

Modifíquese de la manera siguiente:

1.8.

El CESE acoge positivamente el plan de acción anunciado para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. Es preciso reforzar el acervo pertinente las políticas pertinentes de la UE en el ámbito del Derecho laboral, con el fin de fomentar una transición justa para los trabajadores. El plan de acción debe establecer un nivel mínimo de derechos en la UE, como un derecho a que garantice, en particular, la una salud y a la seguridad que abarque a todos los trabajadores y nuevos tipos de trabajo; derechos de información, consulta, cogestión y participación que no se limiten a en las situaciones de transición; derechos de desarrollo de las capacidades; normas mínimas para el seguro de desempleo; un salario mínimo, y la negociación colectiva u otros tipos de acuerdos según las competencias de los Estados miembros.

Resultado de la votación:

A favor:

98

En contra:

148

Abstenciones:

17


(1)  «EC Summer 2020 Economic Forecast: A deeper recession with wider divergences» (Previsión económica para el verano de 2020: una recesión más profunda con mayores divergencias).

(2)   European Economic and Social Committee’s contribution to the European Commission’s 2021 Work Programme (Contribución del Comité Económico y Social Europeo al Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2021).

(3)   Dictamen del CESE, SOC/645, sobre «Trabajo digno en la economía de plataformas».

(4)  Dictamen del CESE sobre «La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales».

(5)  Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2019-2027 (España); Puestos de trabajo por el clima (Portugal); Acuerdo de los interlocutores sociales sobre transición justa y cambio climático (Grecia); Thyssenkrupp Steel Europe: Pacto futuro por el acero 20-30 (Alemania, marzo de 2020).

(6)   Dictamen del CESE sobre la «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020», DO C 120 de 14.4.2020, p. 1 .

(7)   Charveriat, C., y Bodin, E. (2020), Delivering the Green Deal: the role of a reformed European Semester within a new sustainable economy strategy (Aplicación efectiva del Pacto Verde: el papel de un Semestre Europeo reformado en el marco de una nueva estrategia de economía sostenible).

(8)   Dictamen del CESE sobre «El pilar europeo de derechos sociales: evaluación de las primeras medidas de aplicación y recomendaciones para el futuro», DO C 14 de 15.1.2020, p. 1 .

(9)   DO C 311 de 18.9.2020, p. 1 .

(10)   DO C 311 de 18.9.2020, p. 1 .

(11)   DO C 440 de 6.12.2018, p. 106 .

(12)   DO C 311 de 18.9.2020, p. 63 .

(13)   Organización Internacional del Trabajo (2019), The threat of Physical and Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work (La amenaza de la violencia física y psicosocial y del acoso en el trabajo digitalizado).

(14)   DO C 47 de 11.2.2020, p. 64.

(15)   DO C 14 de 15.1.2020, p. 52.

(16)   DO C 47 de 11.2.2020, p. 64.

(17)   DO C 14 de 15.1.2020, p. 1.

(18)   Dictamen del CESE, SOC/644, sobre «El diálogo social en favor de la sostenibilidad y la resiliencia económicas» (aprobado el 29 de octubre de 2020 y pendiente de publicación).

(19)   DO C 161 de 6.6.2013, p. 35.

(20)   Resolución del CESE sobre la contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021.

(21)   DO C 190 de 5.6.2019, p. 1.

(22)   Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la protección de la renta mínima para luchar contra la pobreza y la exclusión social durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente.

(23)   DO C 97 de 24.3.2020, p. 32.

(24)   Dictamen del CESE sobre «Salarios mínimos dignos en toda Europa».

(25)   Resolución del CESE sobre la contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021.

(26)   COM(2020) 682 final.