—

Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 21,

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Vista la Carta Social Europea y, en particular, su artículo 11,

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Vista la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (1),

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Visto el Informe publicado por la Comisión Europea en 2011 y titulado «Trans and Intersex People» («Personas transexuales e intersexuales»),

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Vistos los informes finales del proyecto piloto Health4LGBTI, financiado por la Comisión Europea, sobre las desigualdades en materia de salud que sufren las personas LGBTI,

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Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2),

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Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 (3),

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Visto el documento publicado en mayo de 2015 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulado «The Fundamental Rights Situation for Intersex People» («La situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales») (4),

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Vista la publicación en línea de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de noviembre de 2017, titulada «Mapping Minimum Age Requirements Concerning The Rights of The Child in The EU»(«Cartografía de los requisitos en materia de edad mínima en relación con los derechos del niño en la UE») (5),

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Visto el Informe sobre los derechos fundamentales 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

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Visto el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes,

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Vista la Resolución 2191 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 2017, sobre el fomento de los derechos humanos de las personas intersexuales y la eliminación de su discriminación,

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Visto el Informe de 2015 del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa titulado «Human Rights and Intersex People» («Derechos humanos y personas intersexuales»),

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

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Visto el Informe de 2013 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

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Vistos los Principios de Yogyakarta («Principios y obligaciones de los Estados sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales»), aprobados en noviembre de 2006, y los diez principios complementarios («Más diez»), aprobados el 10 de noviembre de 2017,

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Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre los derechos de las personas intersexuales (O-000132/2018 — B8-0007/2019 y O-000133/2018 — B8-0008/2019),

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Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

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Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que los individuos intersexuales nacen con características físicas sexuales que no se ajustan a las normas médicas o sociales de los cuerpos de hombre o mujer y que estas variaciones en las características sexuales se pueden manifestar en las características primarias (como los genitales internos y externos y la estructura hormonal y cromosómica) o secundarias (como la masa muscular, la distribución del vello o la estatura);

B.

Considerando que las personas intersexuales están expuestas a numerosos tipos de violencia y discriminación en la Unión Europea y que la opinión pública y los responsables políticos desconocen, en gran medida, estas violaciones de los derechos humanos;

C.

Considerando que entre los menores intersexuales se registra una prevalencia elevada de intervenciones quirúrgicas y de tratamientos médicos pese a que, en la mayoría de los casos, no son necesarios desde el punto de vista médico; que la cirugía estética y la cirugía de urgencia se pueden proponer como un paquete, lo que impide que las personas intersexuales y sus padres tengan toda la información relativa a las consecuencias de cada una de ellas;

D.

Considerando que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos y quirúrgicos se practican en niños intersexuales sin su consentimiento previo, personal, pleno e informado; que las mutilaciones genitales de las personas intersexuales pueden dejar secuelas de por vida, como por ejemplo traumas psicológicos o deficiencias físicas;

E.

Considerando que las personas y los niños intersexuales que pertenecen a otras minorías y grupos desfavorecidos están marginados en mayor medida, socialmente excluidos y corren el riesgo de ser objeto de violencia y discriminación debido a su cruce de identidades;

F.

Considerando que en la mayoría de los Estados miembros se puede realizar una operación quirúrgica a un niño intersexual o a una persona intersexual con discapacidad con el consentimiento de su tutor legal, independientemente de la capacidad de la persona intersexual para decidir por sí misma;

G.

Considerando que, en muchos casos, los padres o tutores legales están muy presionados para tomar decisiones sin estar completamente informados de las secuelas que puede sufrir su hijo de por vida;

H.

Considerando que numerosas personas intersexuales no disfrutan de un acceso pleno a sus historiales médicos y que, por lo tanto, no saben que son intersexuales o desconocen los tratamientos médicos a los que han sido sometidos;

I.

Considerando que las variaciones intersexuales siguen siendo clasificadas como enfermedad, como ocurre en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud, a falta de pruebas que demuestren la efectividad a largo plazo de los tratamientos existentes;

J.

Considerando que algunas personas intersexuales no se identifican con el género que se les asigna médicamente al nacer; que el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación solo es posible en seis Estados miembros; que muchos Estados miembros siguen exigiendo la esterilización para el reconocimiento legal de género;

K.

Considerando que la legislación contra la discriminación a escala de la Unión, y en la mayoría de los Estados miembros, no incluye la discriminación basada en características sexuales, ya sea como categoría independiente o interpretada como una forma de discriminación basada en el sexo;

L.

Considerando que numerosos niños intersexuales se enfrentan a violaciones de los derechos humanos y a la mutilación genital en la Unión cuando se someten a tratamientos normalizadores del sexo;

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