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Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el proceso electoral en Bolivia, de 22 de octubre de 2019, y sobre la situación en Bolivia, de 15 de noviembre de 2019,

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Vista la declaración de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia de 21 de octubre de 2019,

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Vista la declaración del Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, de 10 de noviembre de 2019,

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Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 16 de noviembre de 2019,

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Visto el referéndum constitucional celebrado en Bolivia el 21 de febrero de 2016,

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

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Vistas los últimos comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Bolivia, en particular los de 23 de octubre, 12 de noviembre y 19 de noviembre de 2019,

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Vista la Constitución boliviana,

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Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia en un clima de gran polarización a causa de la polémica figura del presidente Evo Morales y de la controvertida aceptación de su candidatura;

B.

Considerando que, tras perder en 2016 el referéndum para modificar la Constitución boliviana, Evo Morales presentó su candidatura para un cuarto mandato con la aprobación del Tribunal Constitucional, decisión que puso de manifiesto la evidente falta de independencia del poder judicial en Bolivia;

C.

Considerando que, tras el escrutinio de más del 80 % de los votos mediante el sistema rápido y seguro de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Tribunal Supremo Electoral dejó de difundir los resultados preliminares; que, en ese momento, las cifras apuntaban claramente a la necesidad de celebrar una segunda vuelta; que, como declaró la OEA, veinticuatro horas después el Tribunal Supremo Electoral «presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral»; que el Tribunal Constitucional descartó la celebración de una segunda vuelta al estimar que se había alcanzado la necesaria diferencia de diez puntos porcentuales entre los dos candidatos principales;

D.

Considerando que la actuación del Tribunal Supremo Electoral no solo generó disconformidad y sospechas de fraude entre los partidarios de los candidatos de la oposición, sino también entre los observadores nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad internacional;

E.

Considerando que el presidente Morales se proclamó públicamente ganador de las elecciones, incluso antes de que se hubieran transmitido y anunciado públicamente todos los resultados oficiales;

F.

Considerando que las declaraciones de la OAE, la Unión y la comunidad internacional dejaban constancia de una grave preocupación por la interrupción injustificada del recuento de votos, que apuntaba a la posible parcialidad de los observadores de la comisión electoral; que la recomendación de los interlocutores nacionales e internacionales era organizar la segunda vuelta de las elecciones como salida a la crisis política;

G.

Considerando que la inopinada interrupción del recuento de votos y la proclamación de la victoria del presidente Morales provocaron protestas masivas y la movilización de los partidarios de la oposición y también de los partidarios del propio presidente Morales; que esas manifestaciones han despertado gran preocupación en la comunidad internacional y se han saldado, hasta el momento, con 32 muertos, centenares de heridos y más de seiscientas detenciones; que el país sufría una penuria de alimentos y combustible de graves consecuencias para la población civil debido a los bloqueos de calles por parte de los partidarios de Morales; que existe preocupación por la violencia, las acusaciones de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad, y la fractura social;

H.

Considerando que el órgano encargado de la organización de las elecciones carecía de toda credibilidad, y que uno de sus miembros dimitió durante el escrutinio; que la oposición no reconoció el resultado de las elecciones celebradas en tales condiciones, y denunció un fraude electoral;

I.

Considerando que la Unión no desplegó una misión de observación completa, sino que estaba representada únicamente por un reducido equipo técnico compuesto por tres funcionarios de rango inferior;

J.

Considerando que, con el fin de restablecer la confianza, tanto el Gobierno como las autoridades electorales aceptaron una auditoría técnica vinculante de un equipo profesional de la OEA; que dicha auditoría contó con el respaldo del secretario general de las Naciones Unidas;

K.

Considerando que el 10 de noviembre de 2019, la auditoría de la OEA puso de manifiesto importantes irregularidades y manipulaciones durante las elecciones, pidió la anulación de los resultados y recomendó un nuevo proceso electoral en el que intervinieran nuevas autoridades electorales a fin de garantizar la credibilidad de las elecciones;

L.

Considerando que, tras la presentación del informe de auditoría de la OEA el 10 de noviembre de 2019, en el que se pedía la anulación y repetición del proceso electoral, dimitieron muchos altos cargos del Estado, incluidos el presidente, el vicepresidente, la presidenta del Senado y representantes de la autoridad electoral; que Evo Morales y otros miembros de su Gobierno decidieron salir del país y abandonar sus funciones; que altos mandos del ejército sugirieron que el expresidente Evo Morales debía dimitir; que tanto el ejército como la policía deben abstenerse de influir en los procesos políticos y se han de someter al control civil;

M.

Considerando que Jeanine Áñez ha firmado un controvertido decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas armadas por los actos cometidos al intentar restablecer el orden público;

N.

Considerando que una serie de dimisiones permitió que la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, asumiera la presidencia interina al objeto de organizar rápidamente unas nuevas elecciones presidenciales, ya que esta es la única vía democrática y constitucional para resolver la actual crisis;

O.

Considerando que las cámaras alta y baja de la Asamblea Nacional aprobaron el 23 de noviembre de 2019 una ley que allana el camino a la celebración de nuevas elecciones presidenciales, ley que posteriormente fue firmada por la presidenta interina Áñez; que la ley aprobada prohíbe presentarse a la reelección a quienes hayan cumplido dos mandatos consecutivos como presidente, lo que excluye la candidatura de Evo Morales;

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