(3)El informe específico de 2019 sobre Chipre 3 fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Chipre de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019 4 . El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es esencial que el Estado miembro haga frente a los elevados niveles de deuda privada, deuda pública y deuda exterior y de préstamos no productivos.

(4)El 15 de abril de 2019, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019, y, el 30 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han tenido en cuenta en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 5 , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica 6 .

(6)Chipre se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, se prevé que el saldo de las administraciones públicas, que se convirtió en un déficit del 4,8 % del PIB en 2018 y, por tanto, rebasó el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, alcance un superávit en términos nominales del 3,0 % del PIB en 2019 y algo más del 2,0 % del PIB a lo largo del período del programa. Tomando como base el saldo estructural recalculado 7 , se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, se alcance en el transcurso del período 2019-2022. Se espera que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB, que aumentó hasta situarse en torno al 102,5 % del PIB en 2018, disminuya al 95,7 % en 2019 y siga reduciéndose de manera constante posteriormente, hasta alcanzar el 77,5 % en 2022, según el Programa de Estabilidad de 2019. Las hipótesis macroeconómicas en las que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Tienden a infravalorarse los riesgos asociados con los supuestos macroeconómicos y presupuestarios que se presentan en el Programa de Estabilidad, vinculados principalmente a sucesos externos, así como la posible repercusión fiscal de sentencias judiciales sobre reformas tributarias pasadas y las necesidades de financiación de los hospitales públicos durante los primeros años del sistema nacional de salud. Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión pronostican que el saldo de las administraciones públicas registre un superávit del 3,0 % del PIB en 2019 y del 2,8 % del PIB en 2020. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el 1,1 % del PIB en 2019 y el 0,7 % del PIB en 2020, manteniéndose por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Chipre cumpla la norma en materia de deuda en 2019 y 2020. En general, el Consejo considera que Chipre probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

(7)El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE debido a que, según los datos transmitidos, el déficit global incumplió en 2018 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. La conclusión del informe era que no debían tomarse medidas adicionales que condujeran a una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo. Las ineficiencias de la administración pública y de los gobiernos locales siguen planteando dificultades, pese a los avances realizados en cuanto a servicios de administración electrónica. Esto repercute en el entorno empresarial. Sigue pendiente la aprobación de propuestas legislativas fundamentales para tratar esta cuestión, como los proyectos de ley sobre la reforma de la administración pública y de los gobiernos locales. Las deficiencias del marco de gobernanza de las entidades estatales podrían facilitar la acumulación de pasivos contingentes públicos y obstaculizar la capacidad de inversión en servicios esenciales, como los de telecomunicaciones y energía. La contención de la masa salarial del sector público, que ha sido un factor significativo en el saneamiento presupuestario de Chipre, debería continuar.

(8)Resulta fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los sistemas impositivos sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales que complemente la legislación de la UE. Chipre ha tomado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero los altos niveles de pagos en concepto de dividendos e intereses (en relación con el PIB) inducen a pensar que hay empresas que aprovechan la normativa fiscal chipriota para practicar una planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) en concepto de dividendos, intereses y, en muchos casos, cánones, realizados por empresas establecidas en Chipre a residentes en países terceros puede dar lugar a que dichos pagos eludan por completo el abono de impuestos en aquellos casos en que tampoco estén sujetos a tributación en el país receptor. La ausencia de tales impuestos, junto con las normas sobre residencia fiscal de las empresas, podrían seguir facilitando la planificación fiscal abusiva. El régimen de deducción de los intereses teóricos debe supervisarse estrechamente para evitar que se aproveche indebidamente con fines de planificación fiscal abusiva. Por último, el programa chipriota de naturalización de inversores por exención y el programa de residencia por inversión dan acceso a un tipo impositivo bajo sobre la renta de las personas físicas para rentas procedentes de activos financieros exteriores y no exigen que una persona pase una cantidad significativa de tiempo en el territorio que ofrece el programa. La OCDE ha señalado que presentan un riesgo potencialmente elevado de que se aprovechen para eludir el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

(9)Se aplicaron medidas importantes en el contexto de una estrategia global frente a los préstamos no productivos. Esto condujo a una reducción notable de los préstamos no productivos en el sector bancario, gracias principalmente a la venta y la liquidación del Cyprus Cooperative Bank y a la transferencia de su cartera de préstamos no productivos a una sociedad estatal de gestión de activos. Por otra parte, mejoró la legislación sobre la venta de préstamos y se aprobó una ley sobre la titulización de préstamos. Para maximizar las ganancias procedentes de la venta de activos y, en última instancia, ayudar a reducir la deuda privada, es esencial que la sociedad estatal de gestión de activos tenga una estructura de gobernanza eficaz, una gestión muy especializada, independencia operativa con respecto al Estado chipriota y objetivos bien definidos y acordes con los compromisos contraídos por el gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal relativa a la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. Por otra parte, es importante que se establezca un marco de supervisión adecuado para las empresas que adquieren créditos, incluida la sociedad estatal de gestión de activos, ya que el número de ellas ha aumentado y están planeadas más ventas de carteras de préstamos no productivos en el futuro. La capacidad administrativa y de gobernanza de los supervisores de seguros y fondos de pensiones sigue siendo baja. Debería concretarse sin demora la integración de estos supervisores. En términos más generales, debe reforzarse el marco de supervisión aplicable a los mercados de capitales, habida cuenta de la considerable importancia relativa de las actividades transfronterizas de las empresas de servicios financieros no bancarios y del crecimiento exponencial de las empresas autorizadas en los últimos años.

(10)El empleo está aumentando, el desempleo está disminuyendo y la capacidad a corto plazo de los servicios públicos de empleo para prestar apoyo activo al empleo ha mejorado. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo de la capacidad de estos servicios sigue siendo dudosa, ya que el personal suplementario fue contratado por tan solo dos años. En 2018, la proporción de jóvenes que carecían de empleo y tampoco estaban llevando a cabo estudios ni una formación profesional figuraba entre las más altas de la UE. La escasa eficiencia de los servicios públicos de empleo y su alcance y participación limitados en la adopción de medidas de activación para ayudar a la gente a encontrar trabajo siguen siendo un problema. Por consiguiente, hay margen para reforzar las medidas de proximidad y de apoyo a la activación para el acceso al empleo, en particular las dirigidas a los jóvenes y los desempleados de larga duración. Esto incluye promover el trabajo autónomo y la economía social, así como modernizar las instituciones y los servicios del mercado laboral con el fin de ayudar a las personas a adquirir capacidades que respondan mejor a las necesidades del mercado de trabajo.

(11)La escasez de personal cualificado y la inadecuación de las capacidades se encuentran entre los principales obstáculos a la inversión empresarial, lo que pone de relieve la necesidad de invertir más en la formación profesional de la mano de obra potencial no utilizada e infrautilizada, de ajustar mejor los planes de estudios a las necesidades del mercado de trabajo y de invertir en una infraestructura de formación profesional adaptada a él. Los avances en reformas cruciales de la educación y la formación, como las destinadas a mejorar los procesos de designación y evaluación de los profesores, son desiguales. El rendimiento académico sigue siendo bajo, al igual que la participación en la educación infantil y los cuidados a la infancia, que se han vuelto menos asequibles para los hogares, cuyos ingresos durante la crisis cayeron a un ritmo superior al de los costes de los servicios de atención a la infancia. La continuación de los esfuerzos para modernizar el sistema de educación y de formación a todos los niveles ayudará a mejorar los resultados educativos e incrementará el potencial de crecimiento sostenible de Chipre. La modificación de los planes de estudios de la formación general y profesional es un paso alentador para reducir la inadecuación de las capacidades en el mercado de trabajo. Sin embargo, la elevada proporción de titulados universitarios que se ven afectados por la inadecuación de sus capacidades y la baja participación en la educación de adultos, en especial de las personas con más baja cualificación, indican la necesidad de reforzar las medidas de formación complementaria y reciclaje profesional.

(12)Chipre ha avanzado en materia de asistencia sanitaria con la aprobación de legislación para la creación del nuevo sistema nacional de salud. Con este nuevo sistema se trata de mejorar el acceso, introducir la cobertura sanitaria universal, reducir el elevado nivel de pago directo e incrementar la eficiencia de la prestación de asistencia en el sector público. Antes de que el sistema sea plenamente operativo, en 2020, deberán solventarse aún importantes escollos prácticos y se requerirá una inversión importante. Sigue siendo crucial preservar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, y en concreto garantizar la autonomía financiera y operativa de los hospitales públicos, como está previsto. La adopción de medidas de modernización y mejora de la eficiencia de los proveedores de asistencia sanitaria, incluida la asistencia sanitaria primaria, con la introducción de la sanidad electrónica y la creación de una organización nacional de medicamentos, apuntalaría aún más el sistema sanitario. El nivel de cuidados de larga duración es bajo y sigue planteando un problema, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.

(13)Sigue siendo muy preocupante el deficiente comportamiento medioambiental de Chipre, cuya vulnerabilidad frente al cambio climático se mantiene. Chipre debe mejorar significativamente su sistema de gestión de residuos y la economía circular. La generación de residuos sigue siendo significativamente más elevada que la media de la Unión y ha aumentado desde 2014. Las instalaciones existentes de tratamiento de residuos no permiten niveles elevados de reciclaje y la falta de instrumentos económicos, como los impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos, hace que el reciclaje resulte poco atractivo económicamente. La gestión de los recursos hídricos, sobre todo en las zonas urbanas, se caracteriza por su ineficiencia. La escasez de agua, combinada con la extracción excesiva de agua subterránea, es el principal problema para Chipre. Por lo que respecta a las aguas residuales urbanas, una cantidad considerable se sigue evacuando sin pasar por instalaciones de recogida o depuración; solo alrededor de la mitad de las aguas residuales totales se somete a un tratamiento secundario. Las sequías y la escasez de agua constituyen preocupaciones graves y una respuesta política insuficiente puede afectar a la economía rural y al turismo del Estado miembro. Por consiguiente, una gestión sostenible y un uso eficiente de sus recursos naturales, junto con medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental y climática, son esenciales para que Chipre pueda mitigar los efectos adversos del cambio climático, preservar y restablecer su entorno natural y garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

(14)Chipre puede aprovechar mucho mejor sus fuentes de energía renovables, en especial la solar, y corregir las actuales ineficiencias energéticas. El porcentaje de energía renovable en Chipre fue del 8,9 % en 2017, y su objetivo para 2020 es del 13 %. Los edificios residenciales y comerciales construidos con poca protección térmica o sin ella, especialmente en las zonas urbanas, son una fuente importante de ineficiencia energética. Las condiciones marco para invertir en el sector de las energías renovables han mejorado, y se han introducido diversas medidas, como la instalación de sistemas fotovoltaicos y programas de subvenciones para pymes y hogares. Sin embargo, Chipre aún no ha aprovechado plenamente su considerable potencial de generación de energía renovable, sobre todo la procedente de fuentes solares. La dependencia respecto de las carreteras para el transporte interior plantea una serie de retos políticos, en especial para reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ocasiona graves congestiones de tráfico en las zonas urbanas durante las horas punta, así como en las carreteras que enlazan con los puertos. Con un porcentaje del 2,7 % en 2016, Chipre también va a la zaga en el uso de fuentes de energía renovables en los transportes, y puede tener dificultades para alcanzar el objetivo vinculante del 10 % para 2020.

(15)Invertir en la economía digital y en la mejora de las capacidades digitales de los trabajadores es esencial para impulsar la productividad. Chipre se sitúa en el extremo inferior del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2019 de la Comisión Europea. Solo el 50 % de los chipriotas de entre 16 y 74 años tiene capacidades digitales básicas y los especialistas en informática representan aún una reducida proporción de la población activa en comparación con el resto de la UE (2,3 % frente a 3,7 %), lo cual erosiona el potencial de la economía digital. El nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos es bajo, y solo el 50 % de los chipriotas interactúa en línea. El comercio electrónico está mejorando pero continúa por debajo de la media en la Unión.

(16)Chipre, cuyos resultados en materia de innovación han empeorado desde 2010, sigue siendo un innovador poco destacado. Los niveles de gasto en actividades de investigación y desarrollo públicas y privadas están entre los más bajos de la Unión, lo que obstaculiza la capacidad de los centros de investigación y el sector empresarial para innovar. La interacción entre universidades y empresas es también muy limitada. Para mejorar la competitividad de Chipre y, en concreto, la de sus pequeñas y medianas empresas, es crucial aumentar la capacidad del sector empresarial para innovar e impulsar el acceso a financiación e inversiones centradas en áreas bien definidas de especialización inteligente.

(17)La carga administrativa es elevada, en especial cuando se trata de poner en marcha inversiones estratégicas. Hay margen para simplificar significativamente los procedimientos de obtención de permisos para realizar inversiones estratégicas y falta la legislación pertinente.

(18)La ejecución del plan de acción para el crecimiento ha propiciado algunos progresos en materia de emprendimiento y acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las medidas de apoyo financiero para las pymes siguen consistiendo principalmente en subvenciones. Fuentes alternativas de financiación, como el capital de riesgo, la financiación mediante fondos propios y la microfinanciación colectiva, siguen siendo marginales para las empresas chipriotas. Una mejor coordinación del apoyo a las empresas podría mejorar su implantación. Muchas iniciativas de privatización destinadas a atraer inversiones extranjeras que promuevan la productividad están en suspenso, y solo unos pocos proyectos de privatización avanzan gradualmente.

(19)Las persistentes ineficiencias del sistema judicial siguen afectando al cumplimiento de los contratos e impiden la rápida resolución de asuntos civiles y mercantiles y la investigación de delitos graves. Las engorrosas y anticuadas normas que regulan los procedimientos civiles y el deficiente cumplimiento de las sentencias judiciales merman el incentivo de los bancos para utilizar los marcos de insolvencia y ejecución hipotecaria con el fin de reducir su volumen de préstamos no productivos. Se ha iniciado una serie de reformas para tratar los problemas más graves que afectan al sistema judicial, en particular el anacronismo de las normas de procedimiento civil, la escasa especialización y digitalización de los tribunales, la tramitación del gran volumen de asuntos atrasados y la falta de formación continua para los jueces, pero los avances siguen siendo lentos. La reforma debe ser acorde con los compromisos contraídos por el Gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal sobre la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. En 2018 se adoptaron marcos mejorados para los procedimientos de insolvencia y de ejecución hipotecaria. La aplicación decidida de la nueva legislación, combinada con medidas que garanticen un sistema judicial eficiente y un cumplimiento más estricto de las sentencias, debería contribuir a mejorar la disciplina de reembolso de deudas. Desde diciembre de 2017 se aplica una estrategia nacional anticorrupción, que se ha reforzado con un plan de acción nacional horizontal contra la corrupción aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2019. Se han presentado en el Parlamento sendos proyectos de ley para la creación de un nuevo organismo independiente anticorrupción y para la protección de las personas denunciantes, pero aún no han sido aprobados. Estas leyes ayudarían a reforzar el marco nacional de lucha contra la corrupción. Las reformas anticorrupción deberían acelerarse mediante la rápida aplicación del Plan de Acción Anticorrupción. Debe salvaguardarse la independencia de los fiscales y debe reforzarse la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

(20)El atraso en la expedición de escrituras de propiedad sigue siendo elevado, pese a algunos esfuerzos realizados para reducirlo. Sigue faltando una solución estructural para subsanar las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y la transmisión de escrituras de propiedad). Esto es esencial para facilitar los procedimientos de ejecución hipotecaria y permitir la liquidación de garantías.

(21)La programación de los Fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país 8 . Ello permitiría a Chipre utilizar de manera óptima esos fondos en los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades territoriales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

(22)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.