Bruselas, 12.4.2018

SWD(2018) 93 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Iniciativa para la mejora de la cadena de suministro alimentario (prácticas comerciales desleales)

que acompaña al documento

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario

{COM(2018) 173 final}
{SWD(2018) 91 final}
{SWD(2018) 92 final}


Resumen

Evaluación de impacto sobre la iniciativa para la mejora de la cadena de suministro alimentario (prácticas comerciales desleales)

A. Necesidad de actuar

¿Cuál es el problema y por qué es un problema a escala de la UE?

El poder de negociación difiere entre los distintos agentes de la cadena de suministro alimentario (CSA). Así pues, las partes más débiles (por ejemplo, agricultores y ganaderos) son víctimas de las prácticas comerciales desleales (PCD). Los regímenes nacionales sobre PCD varían, y la coordinación entre los Estados miembros (EM) es escasa. En consecuencia, los agentes de algunos EM se encuentran desprotegidos, las condiciones comerciales varían de un EM a otro y hay incertidumbre de cara al comercio transfronterizo.

¿Qué se pretende conseguir?

La lucha contra las PCD favorece la creación de unas condiciones de competencia equitativas y ofrece vías de recurso eficaces a los agentes que se enfrentan a este tipo de prácticas, lo que a su vez contribuye a la realización de los objetivos de la PAC de garantizar un nivel de vida equitativo a las personas que se dedican a actividades agrarias, reforzar la resiliencia de los agentes más débiles y mejorar el funcionamiento de la CSA.

¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE (subsidiariedad)?

La actuación a nivel de la UE proporciona un marco común mínimo, mejora la protección frente a las PCD y reduce las repercusiones a lo largo de la CSA. Por otra parte, contribuye a garantizar un nivel de vida equitativo para la población agrícola (artículo 39 del TFUE), así como a la coordinación y el intercambio de mejores prácticas entre los EM. Todo ello sería difícil de conseguir sin la actuación de la UE.

B. Soluciones

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida?

Las opciones se desglosan por grado de armonización, alcance de las prohibiciones en materia de PCD, lista de productos cubiertos, agentes cubiertos, control del cumplimiento y coordinación de los EM. La opción preferida es la siguiente: armonización parcial de las normas sobre PCD, cobertura de los productos agrarios y transformados, protección de las pymes, requisitos mínimos para el control del cumplimiento y un mecanismo de control del cumplimiento a escala de la UE.

¿Cuáles son las opiniones de las distintas partes interesadas? ¿Quién apoya cada opción?

La mayoría de las partes interesadas que participaron en la consulta pública abierta apoya firmemente la actuación a nivel de la UE, incluido en lo referente al control del cumplimiento. Los (grandes) minoristas no consideran que las PCD se produzcan de manera generalizada y se oponen a las medidas a nivel de la UE.

C. Repercusiones de la opción preferida

¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (si existe, o bien de las principales)?

Los pequeños agentes se benefician de la protección a través de la legislación en materia de PCD, lo que aumenta su eficiencia. Se espera que estos beneficios generen repercusiones sociales y económicas positivas para la sociedad.

¿Cuáles son los costes de la opción preferida (si existe, o de las principales opciones, si no existe una preferida)?

No se prevé que los costes de cumplimiento para las empresas sean significativos. En cuanto a las repercusiones sociales y medioambientales, se prevé que sean neutras o incluso positivas. Sí podría haber costes para las administraciones nacionales (véase más abajo).

¿Cuáles son las repercusiones en las pymes y la competitividad?

Las pymes gozarían de una mejor protección, y se espera que aumente la competitividad global.

¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?

La mayoría de los EM ya cuenta con algún tipo de normas sobre PCD, de modo que para esta mayoría los costes administrativos serían mínimos, mientras que para el resto los costes serían algo más elevados. No obstante, la experiencia de los EM con la legislación sobre PCD pone de manifiesto que los costes de aplicación son en general bajos y pueden ser absorbidos por las estructuras existentes.

¿Habrá otras repercusiones significativas?

También afectará a los proveedores de terceros países.

¿Proporcionalidad?

Solo se contemplan las pymes, las PCD más perjudiciales y aquellos ámbitos en que los EM no pueden alcanzar los objetivos por sí solos. Así pues, los costes previstos son mínimos. Por otra parte, los EM pueden mantener sus regímenes y legislar más allá del alcance de la política propuesta.

D. Seguimiento

¿Cuándo se revisará la política?

A partir de los informes de los EM, un grupo de expertos ad hoc hará un seguimiento anual de la política. Se llevará a cabo una revisión completa transcurridos cuatro años.