Recomendación de

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Chipre

y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Chipre

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas 1 , y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos 2 , y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea 3 ,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo 4 ,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1, 3 y 5 que figuran más abajo.

(3)El informe específico de 2018 sobre Chipre 5 fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, el seguimiento de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018 6 . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es fundamental que aborde sus grandes desequilibrios en forma de sobreendeudamiento privado, público y exterior, y el alto nivel de préstamos no productivos.

(4)El 19 de abril de 2018, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y el 30 de abril su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 7 , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica 8 .

(6)Chipre se encuentra actualmente sujeto al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario en términos nominales del 1,7 % del PIB en 2018 y ligeramente por debajo del 2,0 % durante el período del programa. Se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales durante el período 2018-2021. Tras haber disminuido hasta aproximadamente el 97,5 % del PIB en 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB llegue al 105,6 % en 2018 y que descienda constantemente con posterioridad, alcanzando el 88 % en 2021, según el Programa de Estabilidad de 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Los riesgos asociados con las hipótesis macroeconómicas presentadas en el Programa de Estabilidad parecen reducirse y están ligados principalmente al gran volumen de préstamos no productivos en el sector financiero.

(7)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Chipre que se mantuviese dentro del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto 9 del 1,9 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 y del 0,5 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Chipre cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y la norma en materia de deuda en 2019. Globalmente, el Consejo considera que Chipre probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de un estrecho seguimiento a corto y medio plazo, especialmente en vista de los posibles futuros riesgos para la solidez de los ingresos.

(8)A pesar de los esfuerzos recientes en materia de Administración electrónica, calidad de la regulación y movilidad del personal, la ineficiencia de la Administración pública sigue siendo un reto y tiene repercusiones sobre la actividad empresarial. Siguen pendientes importantes propuestas legislativas encaminadas a abordar esta cuestión, como los proyectos de ley sobre la reforma de la Administración pública y de los gobiernos locales. Por otra parte, las deficiencias en el marco de gobernanza de las entidades estatales podrían facilitar la acumulación de pasivos contingentes públicos y obstaculizar la capacidad de inversión en servicios esenciales, como telecomunicaciones y energía. La contención de la masa salarial del sector público ha sido un factor significativo en el saneamiento presupuestario de Chipre. Sin embargo, el actual convenio colectivo que limita el aumento de los salarios del sector público expira en 2018 y todavía se carece de una solución más permanente.

(9)En diciembre de 2017, se adoptó una estrategia nacional de lucha contra la corrupción y su plan de actuación. El organismo existente de lucha contra la corrupción sigue falto de recursos, pero el Gobierno estudia la creación de una nueva agencia independiente. Varias iniciativas legislativas, por ejemplo los proyectos de ley sobre protección de denunciantes, grupos de presión y declaraciones de patrimonio, están siendo examinadas actualmente por el Parlamento y, si se aprueban, también contribuirían a reforzar el marco nacional de lucha contra la corrupción.

(10)Como se indica en la Recomendación de 2018 para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. El elevado nivel pagos de dividendos e intereses (con relación al PIB) sigue sugiriendo que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Chipre a residentes en países terceros puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. La ausencia de tales impuestos, junto con las normas sobre fiscalidad de las empresas residentes, podrían seguir facilitando la planificación fiscal abusiva. Mientras que los regímenes de deducción de los intereses teóricos ayudan a reducir el sesgo de la financiación en favor del endeudamiento, también pueden utilizarse con fines de elusión fiscal si no existen normas efectivas contra los abusos. La Comisión toma nota de las recientes medidas positivas anunciadas o adoptadas (es decir, la anunciada revisión de las normas sobre residencia fiscal corporativa y los cambios previstos en las disposiciones sobre precios de transferencia). Sobre la base de recientes conversaciones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

(11)Las ineficiencias en el sistema judicial siguen afectando a la ejecución de los contratos y a la rápida resolución de los asuntos civiles y mercantiles. Los engorrosos procesos civiles y la deficiente aplicación de las decisiones judiciales pesan sobre los incentivos de los bancos para utilizar los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria con objeto de reducir el volumen de sus préstamos no productivos. Una serie de reformas han empezado a abordar los problemas más importantes del sistema judicial, en particular la escasa digitalización de los tribunales y la falta de formación permanente de los jueces.

(12)La utilización de los nuevos marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria siguen siendo limitados, socavando los esfuerzos destinados a reducir los préstamos no productivos. Se creó un grupo de trabajo de las partes interesadas para revisar la aplicación y el cumplimiento de los marcos. Se han adoptado medidas administrativas para reducir el retraso en la expedición de las escrituras de propiedad. Sin embargo, persisten los grandes retrasos y todavía está pendiente una solución estructural a las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y transferencia de escrituras de propiedad).

(13)El alto nivel de préstamos no productivos sigue siendo uno de los principales puntos débiles del sector bancario y afecta a la oferta de crédito. Los bancos siguen enfrentándose a obstáculos para hacer valer sus derechos frente a los prestatarios en situación de impago y la deficiente disciplina de los reembolsos sigue siendo problemática. En 2017, los préstamos no productivos se redujeron, aunque de forma desigual en función de los bancos, como consecuencia de la reestructuración de la deuda a través de condonaciones y permutas financieras. Persisten dudas sobre la viabilidad de los planes de reducción de los bancos, ya que los nuevos impagos de préstamos y la reestructuración siguen siendo altos y la exposición directa de los bancos al mercado inmobiliario aumenta. Estos factores apuntan a la necesidad de una rápida aplicación de una estrategia más general para acelerar el saneamiento de los balances de los bancos, teniendo en cuenta las consecuencias sociales para los grupos vulnerables, y de incentivos cuidadosamente diseñados para reforzar la disciplina en los reembolsos. Como parte de esta estrategia, parecen necesarias modificaciones legislativas para permitir la aplicación eficaz de los créditos y facilitar la venta de préstamos, incluidas las relativas a la protección del prestatario y a la introducción de las subastas electrónicas. Además, la gobernanza y la capacidad administrativa de la supervisión de los seguros y los valores siguen siendo deficientes. El Gobierno tiene la intención de presentar propuestas legislativas en el curso de 2018 para abordar este problema.

(14)La aplicación del plan de acción para el crecimiento ha dado lugar a ciertos progresos en los ámbitos de las inversiones estratégicas, el espíritu empresarial y la mejora de la reglamentación. Sin embargo, algunas importantes reformas se han estancado, especialmente en lo que respecta a la concesión de licencias para proyectos de inversión. El acceso a la financiación ha mejorado gracias a ciertas mejoras en materia de garantías, pero sigue siendo un problema importante, en particular para las pymes. Las medidas de apoyo financiero se basan principalmente en subvenciones. Las fuentes alternativas de financiación, como el capital de riesgo, la financiación mediante fondos propios y la microfinanciación colectiva, siguen siendo marginales para las empresas chipriotas. Los esfuerzos de privatización destinados a atraer inversión extranjera que aumente la productividad se han suspendido en muchos casos y solo unos pocos proyectos de privatización avanzan gradualmente (por ejemplo, el puerto de Larnaca).

(15)El empleo aumenta y el desempleo disminuye rápidamente, aunque sigue siendo elevado entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. Prosiguen los esfuerzos para mejorar la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo. No obstante, siguen suponiendo un reto prestar servicios a las empresas, asegurar la clasificación de clientes, la orientación personalizada y la activación, en particular para los beneficiarios de la renta mínima garantizada. El porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan ni se forman profesionalmente se encuentra entre los más altos de la UE. Las medidas de divulgación y asistencia personalizada y oportuna a los jóvenes son limitadas, como lo confirma su escasa presencia en los correspondientes sistemas de activación.

(16)La modernización del sector de la educación ha avanzado, pero persisten importantes retos. Entre los recientes hechos positivos cabe citar una revisión exhaustiva de los programas escolares y la aplicación de un nuevo sistema de nombramiento de profesores. El gasto en educación de Chipre está por encima de la media de la UE, lo que demuestra un fuerte compromiso con la educación, la formación y el aprendizaje permanente. Sin embargo, los resultados educativos siguen siendo insatisfactorios y el abandono escolar prematuro, aunque muy por debajo de la media de la UE, ha aumentado de manera considerable. La participación en la educación y la formación profesionales es baja, la reforma del sistema de evaluación de profesores está todavía pendiente y una gran proporción de titulados de la enseñanza superior sigue trabajando en empleos que no requieren necesariamente una titulación académica.

(17)Chipre ha realizado avances importantes en el ámbito de la asistencia sanitaria mediante la adopción de legislación para establecer el nuevo Sistema Nacional de Salud, que pretende mejorar el acceso, introducir la cobertura sanitaria universal, reducir el elevado nivel de pagos directos y aumentar la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria en el sector público. Antes de que el sistema esté a pleno funcionamiento en 2020, se plantean importantes problemas de aplicación así como necesidades de inversión. Es preciso proseguir los esfuerzos para protegerse contra posibles sobrecostes, modernizar y mejorar la eficiencia de los prestadores de asistencia sanitaria, incluida la atención sanitaria primaria, la introducción de la salud electrónica y la creación de la Organización Nacional de Medicamentos. El nivel de los cuidados de larga duración es bajo y sigue constituyendo un reto, dado el creciente envejecimiento de la población.

(18)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(19)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima que cabe esperar que Chipre cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(20)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

1.Adoptar reformas legislativas clave destinadas a mejorar la eficiencia del sector público, en particular por lo que respecta al funcionamiento de la Administración pública, la gobernanza de las entidades estatales y las administraciones locales.