8.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/1

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el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018 (COM(2017) 650 final),

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su Resolución, de 22 de marzo de 2017, sobre la contribución al programa de trabajo de la Comisión para 2018,

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el Protocolo de Cooperación con la Comisión Europea, de febrero de 2012;

1.

subraya la urgente necesidad de contar en la UE con una estrategia a largo plazo que, como sucesora de la Estrategia Europa 2020, vaya encaminada a garantizar un crecimiento sostenible, resiliente e integrador y a facilitar orientaciones sobre el marco financiero plurianual, el Semestre Europeo y las políticas de la UE, como parte de un enfoque sistemático; sugiere, considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) proporcionan el marco para dicha estrategia, que la presentación de la estrategia global de la UE sobre la aplicación de los ODS se lleve a cabo en estrecha vinculación con la de las propuestas para el marco financiero plurianual; destaca, a este respecto, el papel decisivo de la Agenda Urbana de la UE en la aplicación de los ODS e invita a la Comisión a tener en cuenta las recomendaciones pertinentes del CDR;

2.

hace hincapié en que el futuro presupuesto de la UE debería ser capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos y de mantener las políticas tradicionales de la UE con un valor añadido europeo demostrado; rechaza hipótesis como las presentadas en el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE que apuntan a que, en términos relativos y tomando en consideración el impacto del brexit, cabe esperar que el presupuesto de la UE se reduzca o se mantenga sin cambios a pesar de la necesidad de hacer frente a nuevos desafíos; confía, por lo tanto, en que la Comisión realice una propuesta más concreta sobre los recursos propios de la UE en su propuesta para el próximo marco financiero plurianual;

3.

subraya, junto con los socios de la #Alianza por la Cohesión, la importancia de una política de cohesión fuerte y efectiva para el futuro de la Unión Europea en su conjunto, ya que considera que las tres dimensiones de la cohesión (económica, social y territorial) forman parte integral de los objetivos de la política de la UE; señala, por lo tanto, que la política de cohesión mejorada debería mantenerse como política fundamental de inversión de la UE para todas las regiones con suficientes recursos después de 2020, y en la misma proporción que en la actualidad; reitera, a este respecto, la necesidad de que la política de cohesión sea más flexible y sencilla en el próximo período de financiación sin poner en riesgo el enfoque estratégico y la seguridad de planificación de los entes regionales y locales, a fin de garantizar el funcionamiento de una gobernanza multinivel, el principio de asociación y el enfoque ascendente mediante una gestión compartida y realizar un examen exhaustivo de los requisitos de los sistemas de gestión y de control de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

4.

reitera, con respecto a las propuestas legislativas relacionadas con los Fondos EIE para el período de programación posterior a 2020, su solicitud para que se complemente el indicador del PIB con indicadores regionales (relativos, entre otras cosas, a la demografía, la inclusión social, la accesibilidad y el cambio climático) y para que se simplifique drásticamente el sistema de ejecución de los Fondos EIE; apoya un sistema común de normas para los Fondos EIE al objeto de reducir la complejidad de la legislación y respalda el mantenimiento del Fondo Social Europeo dentro la estructura de los Fondos EIE;

5.

hace hincapié en la necesidad de una rápida ejecución del FEIE 2.0 y del Reglamento «ómnibus» revisado, en particular con vistas a facilitar la combinación de los Fondos EIE y el FEIE; aboga, además, por una mejor coordinación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y la Iniciativa Horizonte 2020 con otros fondos, y lamenta la complejidad de los procedimientos de estos instrumentos;

6.

insta a mejorar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) mediante la revisión de su presupuesto, la reducción significativa de los umbrales de activación del FEAG y la mejora de las sinergias con los Fondos EIE;

7.

subraya el papel importante de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo, ya que reciben directamente más del 60 % de las recomendaciones específicas por país; reitera, por consiguiente, su solicitud a la Comisión para que colabore con el Parlamento Europeo y el Consejo en un código de conducta para lograr la participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo sobre la base de la propuesta del CDR;

8.

subraya que las autoridades públicas, en todos sus niveles, los interlocutores sociales y la sociedad civil comparten una responsabilidad e interés a la hora de trabajar en pro de una Europa más próspera y duradera, en la que la evolución económica y social vayan de la mano;

9.

aboga por que se transponga al Derecho primario el acuerdo de enero de 2015 sobre los márgenes de flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; reitera, asimismo, su petición de medidas adicionales para impulsar la inversión pública, en especial mediante la exclusión de la cofinanciación nacional, regional o local en el marco de los Fondos EIE de la contabilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como ya está previsto en el caso de la cofinanciación en el marco del FEIE, y mediante la propuesta de inclusión de un indicador relacionado con la tasa de inversiones en el cuadro de indicadores macroeconómicos;

10.

anima a la Comisión a luchar contra la evasión fiscal más allá del establecimiento de una lista negra de paraísos fiscales o de la reforma del IVA, proponiendo una votación por mayoría cualificada de las cuestiones fiscales, a fin de acelerar un proceso decisorio en el Consejo;

11.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para establecer normas que permitan la imposición sobre los beneficios generados por multinacionales a través de la economía digital;

12.

hace hincapié en la necesidad de mejorar la dimensión social de la UE complementando el pilar europeo de derechos sociales con una sólida agenda social europea, que contemple, entre otras cosas, un papel más importante de los indicadores sociales en el Semestre Europeo y la convergencia de los salarios reales en consonancia con la productividad;

13.

se propone prestar especial atención a las nuevas propuestas legislativas cuyo objetivo sea la creación de convergencias entre los Estados miembros con vistas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, como la propuesta para la creación de una autoridad común para el mercado laboral, así como las propuestas previstas para modernizar las normas de los contratos laborales y garantizar el acceso para todos a la protección social;

14.

propugna una mayor simplificación de la normativa sobre ayudas estatales, especialmente las relativas a los servicios de interés económico general (SIEG), mediante una revisión a fondo de la Decisión y el marco pertinentes («paquete Almunia»); pide además a la Comisión que investigue si las perturbaciones económicas provocadas por la intención del Reino Unido de abandonar la UE deberían dar lugar a una ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento general de exención por categorías y a una flexibilización temporal o suspensión de las normas sobre ayudas estatales para ciertas actividades y sectores que puedan verse más afectados;

15.

hace hincapié en la importancia de una estrategia industrial que impulse la competitividad y reafirma su compromiso de dar mayor relevancia al papel de los entes locales y regionales en esta estrategia;

16.

insta a la Comisión a que actualice la «Small Business Act» y mantenga su coherencia a raíz de la propuesta de la CE acerca de la iniciativa sobre empresas emergentes y en expansión;

17.

lamenta que la solicitud del CDR para incluir formal y sistemáticamente a representantes de las pymes regionales y locales en la red de representantes de las pymes no haya sido incluida en el programa de trabajo de la Comisión;

18.

acoge con satisfacción la puesta en marcha de la plataforma participativa de banda ancha entre la Comisión y el CDR y el continuo diálogo sobre las necesidades de un mejor despliegue de la infraestructura de banda ancha en la UE, en especial con vistas al próximo período de programación y de un seguimiento adecuado de la iniciativa «Smart Villages» («pueblos inteligentes»); insta, con este fin, a que las inversiones en desarrollo digital en zonas rurales y escasamente pobladas se reconozcan como servicios de interés económico general, al objeto de garantizar un acceso a la banda ancha asequible en las zonas en que el mercado no cumple su función, y que se apliquen consecuentemente las normas sobre ayudas estatales;

19.

pide que la política agrícola común de la UE (PAC) se transforme en una política agrícola justa, sostenible y basada en la solidaridad en beneficio de los productores agrícolas, las regiones, los consumidores y el público en general, y aboga por la fijación de límites máximos y la modulación de los pagos directos por trabajador agrícola, así como por su armonización entre los Estados miembros de la UE en el primer pilar; subraya la importancia de una revisión más amplia de la PAC con el fin de incentivar tanto a los agricultores como a los fabricantes de alimentos a producir de forma sostenible;

20.

manifiesta su decepción por la falta de una propuesta en el programa de trabajo de la Comisión relativa a una estrategia rural de la UE, lo que agrava la disminución de las ayudas financieras globales de la UE para el desarrollo rural en comparación con el período de programación anterior;

21.

reitera su solicitud de que la Comisión esclarezca el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios en la economía participativa/colaborativa y presente propuestas para proteger los derechos de los trabajadores en las nuevas formas de empleo propias de la economía participativa/colaborativa;

22.

pide a la Comisión que aclare las restricciones existentes en sus normas sobre contratación pública, con el fin de aplicar criterios de sostenibilidad de forma más sencilla; muestra su preocupación por que la legislación de la UE prohíba actualmente que se especifiquen preferencias territoriales (como alimentos locales) en los contratos públicos;

23.

insta a la Comisión a que dé un nuevo impulso a la economía azul europea mediante la presentación de un Libro Blanco titulado «El mar en el centro de las políticas europeas», que establezca un mecanismo de inversión en la economía azul y cree una plataforma normativa sobre la gobernanza de los océanos; reitera además su solicitud para que se cree una comunidad de conocimiento e innovación dedicada específicamente a la economía azul con el fin de conseguir una mejor transferencia de ideas de la investigación marina al sector privado;

24.

solicita, conforme al actual Acuerdo Interinstitucional, que la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el CDR organicen de manera conjunta un diálogo estructurado, de carácter periódico, sobre la gobernanza de los océanos, para desarrollar conjuntamente nuevas iniciativas políticas relacionadas con el ámbito marino;

25.

solicita su participación en los intercambios voluntarios planificados como parte del proceso sobre la situación de la salud en la UE en 2018;

26.

considera que la salud debe ser uno de los temas prioritarios en el proceso de la Agenda Urbana de la UE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en 2018 para iniciar una cooperación sobre materia de salud;

27.

manifiesta su esperanza de que la Comisión y las presidencias del Consejo en 2018 y 2019 realicen un seguimiento exhaustivo de las conclusiones del Consejo EPSCO de diciembre de 2017 sobre la desinstitucionalización, y declara su apoyo a una transición desde una prestación institucional de cuidados hacia servicios asistenciales comunitarios, respetuosos de los sistemas médico-sociales nacionales y regionales y las preferencias de la sociedad;

28.

recuerda a la Comisión la necesidad de una estrategia europea en materia de evolución demográfica;

29.

reitera su petición a la Comisión para que realice una revisión exhaustiva de su estrategia de turismo 2010 con un programa de trabajo plurianual claro, que garantice una partida presupuestaria dedicada a financiar proyectos europeos de turismo después de 2020; apoya, en este contexto, el establecimiento en 2018 de un grupo interinstitucional de contacto sobre turismo, aprovechando la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural;

30.

lamenta que la Comisión no haya propuesto una estrategia de pleno derecho de la UE sobre relaciones culturales internacionales y el desarrollo de la diplomacia cultural y no mencione el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 en su programa de trabajo; reitera su compromiso de contribuir de forma activa a la celebración de este Año a nivel europeo, nacional, regional y local, a fin de destacar el valor de la diversidad cultural y lingüística de nuestro continente;

31.

solicita a la Comisión la participación del CDR en la preparación de la futura política en materia de clima y energía de la UE con vistas a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, que requerirán una mayor ambición a nivel de la UE; recuerda, en este contexto, el papel esencial que desempeñan los entes locales y regionales tanto en la mitigación del cambio climático como en la adaptación al mismo, y destaca que apoya la idea de desarrollar un sistema de contribuciones determinadas a nivel local que complemente las contribuciones determinadas a nivel nacional sobre la reducción de las emisiones de CO2;

32.

pide a la Comisión que, en lo concerniente a la gobernanza de la Unión de la Energía, colabore con el CDR en la preparación de recomendaciones para los Estados miembros en relación con la inclusión adecuada de elementos locales y regionales en su planificación, supervisión y elaboración de informes a nivel nacional, y recuerda que el CDR debería contar con representación en el futuro Comité de la Unión de la Energía que se creará en virtud del nuevo Reglamento sobre la gobernanza;

33.

confía en que la Comisión, en cooperación con el BEI y el sector privado, intensifique los esfuerzos en el desarrollo de la iniciativa «Financiación inteligente para edificios inteligentes» y aumente la transparencia de este proceso, y que garantice que se tienen en cuenta las recomendaciones del Comité a este respecto, creando sinergias entre las diferentes fuentes de financiación disponibles a nivel local y regional, e incluyendo asistencia técnica permanente para proyectos locales de energía sostenible de pequeña escala a fin de facilitar la agrupación de proyectos para que sean más financiables;

34.

habida cuenta de que el acceso a la financiación es importante para el éxito de la transición energética, pide a la Comisión Europea que desarrolle una clasificación de activos sostenibles que incluya definiciones claras y vinculantes de los diferentes tipos de «financiación para la lucha contra el cambio climático», con el fin de facilitar el despliegue de nuevos instrumentos como los bonos verdes y las garantías colectivas; subraya la necesidad de lograr que las inversiones en medio ambiente y en el clima sean más operativas con arreglo a la normativa de la UE sobre ayudas estatales y las normas contables europeas para organismos públicos;

35.

solicita a la Comisión que mantenga la representación de las diferentes estructuras subnacionales de diversos tamaños en las estructuras del Pacto Mundial y que preserve en este los principios de asociación y gobernanza multinivel;

36.

exige la inclusión formal de los entes locales y regionales en los mecanismos de gobernanza de la CMNUCC y pide a la Comisión que dé prioridad a la dimensión local y regional en la próxima revisión de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE;

37.

se declara dispuesto a garantizar una mayor participación de los entes locales y regionales a lo largo de todo el ciclo de revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR) y a contribuir a la revisión de las Directivas medioambientales fundamentales, en particular las relativas a las normas mínimas de calidad para el agua reutilizada y el REFIT de la Directiva sobre agua potable; expresa su esperanza, en concreto, de colaborar estrechamente en el futuro marco de seguimiento de la economía circular y otras iniciativas que faciliten una pronta aplicación del paquete sobre la economía circular; planea, además, contribuir al programa de acción medioambiental después de 2020, al mismo tiempo que evalúa el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente;

38.

apoya la aplicación del Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía; tiene previsto proseguir la cooperación en los premios Natura 2000 y en los premios Capital Verde Europea y Hoja Verde Europea, y espera continuar su cooperación en la preparación de la Semana Verde;

39.

subraya que todos los proyectos de la UE relacionados con la construcción de nuevas infraestructuras (independientemente de si se realizan mediante los Fondos EIE o el FEIE) deben ser compatibles con los compromisos de la UE en materia de sostenibilidad contraídos en el marco de los ODS y, en particular, resistentes a las catástrofes; pide que se mencione este principio de forma explícita en las normas de aplicación de los fondos; solicita además a la Comisión que publique un plan de acción en relación con la rehabilitación sísmica de los edificios existentes como prioridad en los programas operativos de desarrollo regional de los Estados miembros;

40.

toma nota de las propuestas para la realización de la unión europea de la seguridad y recuerda la necesidad de conseguir un equilibrio entre las cuestiones de seguridad y los derechos individuales fundamentales, incluida la protección de datos; reitera especialmente su petición a la Comisión para que apoye a los entes locales y regionales a la hora de abordar el problema de la radicalización que conduce al extremismo violento mediante la publicación de directrices para los gobiernos locales y regionales sobre el establecimiento de estrategias de prevención contra la radicalización. Pide además a la Comisión que adopte un planteamiento multiinstitucional ante los diferentes aspectos de la radicalización y el extremismo, y que aumente la transparencia en relación con las oportunidades de financiación disponibles en esta área y promueva la participación del sector privado y las empresas públicas;

41.

pide a la Comisión que proponga rápidamente un mecanismo revisado de la UE para el Estado de Derecho único y efectivo, que debería incorporar los instrumentos existentes para la protección de la democracia y los derechos fundamentales y ser aplicable en todos los niveles de gobierno;

42.

insta a los Estados miembros a que acuerden con el Parlamento Europeo la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo antes de junio de 2018, tomando en consideración la importante repercusión que la acogida de migrantes y la integración de refugiados tienen para las ciudades y regiones, así como las recomendaciones formuladas hasta la fecha por el CDR; solicita a los Estados miembros y al Parlamento que basen las nuevas normas sobre los principios del respeto de los derechos humanos y las obligaciones internacionales, la solidaridad y la reciprocidad; en el contexto de la revisión de la Agenda Europea de Migración, espera también que se apliquen las propuestas de la Comisión relativas a la mejora de las vías legales para las personas que necesitan protección internacional y, por consiguiente, la recuperación del pleno control de las rutas migratorias;

43.

invita a la Comisión a simplificar y acelerar aún más los procedimientos de financiación y a facilitar el acceso de las regiones y ciudades a los recursos financieros ideados para hacer frente a las crisis humanitarias y la integración de refugiados;

44.

insta a la Comisión a que garantice que se tiene en cuenta la dimensión local y regional de las políticas de comercio de la UE cuando negocie nuevos acuerdos comerciales, y pide un acceso constante a los documentos de negociación pertinentes a través del procedimiento de sala de lectura;

45.

hace hincapié en el compromiso del CDR con el objetivo de la Comisión de fomentar la estabilidad y la prosperidad fuera de la UE, mediante sus comités consultivos mixtos y grupos de trabajo con países candidatos y potencialmente candidatos, así como mediante la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap), el Grupo Operativo para Ucrania del CDR, el programa de responsabilización de los entes locales, rendición de cuentas y desarrollo de Ucrania (U-LEAD) y la Iniciativa de Nicosia para la cooperación con las autoridades locales libias;

46.

hace hincapié en la dimensión territorial de las estrategias de adhesión y la importancia de incluir a los entes locales y regionales en el desarrollo de las estrategias pertinentes;

47.

observa que es necesario un debate público permanente sobre la ampliación de la UE en todos los niveles de gobernanza a fin de garantizar que la perspectiva de la adhesión a la Unión pueda seguir fomentando la subsidiariedad, la democracia, la protección de los derechos de las minorías nacionales y la seguridad; reitera, a este respecto, su invitación a la Comisión Europea para que organice anualmente el Día de la Ampliación junto con el CDR, al objeto de proporcionar información y apoyo político a los entes locales y regionales de los países de la ampliación;

48.

expresa su esperanza de que la estrategia de la Comisión sobre los Balcanes Occidentales anunciada para principios de 2018 ponga un gran énfasis en su dimensión local y regional;

49.

insta a la Comisión a que reconozca el papel de los entes locales libios en la estabilización del país y en la contención de la explotación de rutas migratorias a Europa, y pide que, siempre que se comprometa a respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho, se incluya a Libia en los programas de la UE que están en marcha en el Mediterráneo, como por ejemplo el programa CBC Med. Propone la utilización de instrumentos legales innovadores como la AECT para permitir que las ciudades libias participen en acciones de cooperación transfronterizas y en asociaciones directas con las ciudades y regiones de la UE; solicita a la Comisión Europea la asociación del CDR, y de las autoridades regionales y locales que representa, a la planificación, puesta en marcha y seguimiento de los programas de la Unión Europea en América Latina, y muy especialmente en los destinados a promover la cooperación al desarrollo sostenible y a la cohesión social;

50.

pide a la Comisión Europea que incluya a los entes locales y regionales, por intermedio del CDR, en la aplicación de la Agenda 2030 y el Nuevo consenso Europeo en materia de Desarrollo, y que apoye la coordinación de todos los agentes en la cooperación descentralizada para el desarrollo;

51.

reitera su petición para que los sistemas de financiación de la UE existentes, en especial TAIEX y el programa de hermanamiento, sigan adaptándose para centrarse en las necesidades de las partes interesadas regionales y locales;

52.

subraya la necesidad de que se incluya de manera efectiva a los entes locales y regionales en la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible y respalda la intención de la Comisión de avanzar con rapidez para dar apoyo a proyectos locales a través de dicho fondo;

53.

subraya que está dispuesto a aportar su contribución a la labor del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad y Proporcionalidad a través de sus tres representantes en dicho grupo, y a ofrecer su experiencia basada, en particular, en su Red de Seguimiento de la Subsidiariedad y en el trabajo que realiza desde hace tiempo sobre estas cuestiones; a este respecto, acoge con satisfacción el hecho de que el mandato del Grupo Operativo se refiera explícitamente a la manera de asociar mejor a los entes locales y regionales en la preparación y el seguimiento de las políticas de la Unión, y subraya que ello requiere un debate no solo sobre la posible redelegación de determinadas competencias a los Estados miembros, sino también sobre un enfoque global de la gobernanza multinivel en la UE;

54.

hace hincapié en la contribución que está realizando al debate democrático e inclusivo sobre el futuro de Europa, que el CDR también enriquecerán con la aportación de un dictamen antes de octubre de 2018, en particular mediante un amplio movimiento de reflexión con un enfoque ascendente que ha puesto en marcha con la participación de ciudadanos y agentes locales y regionales, con el propósito de determinar los principales desafíos que se plantean a los ciudadanos de la UE, así como propuestas concretas sobre el rumbo que debería adoptar la UE en el futuro para reforzar su legitimidad; en tal sentido, llama la atención sobre las propuestas formuladas con este objeto en el Dictamen sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017 aprobado en el pleno de noviembre del CDR;

55.

aguarda con sumo interés la Comunicación sobre el modo de conseguir una Unión más unida, más fuerte y más democrática en términos de comunicación, y reitera su buena disposición para contribuir al desarrollo de estrategias y actividades de comunicación descentralizada en estrecha cooperación con el resto de las instituciones de la UE y los entes locales y regionales de toda la Unión;

56.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a las Presidencias estonia y búlgara del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo.