COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 22.3.2017

COM(2017) 142 final

2017/0063(COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2017) 114 final}
{SWD(2017) 115 final}
{SWD(2017) 116 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Contexto general

Razones y objetivos de la propuesta

1. Algunas ANC carecen de garantías efectivas que les permitan aplicar las normas de competencia de la UE de forma independiente sin aceptar instrucciones de entidades públicas o privadas. Algunas de estas autoridades deben hacer frente a insuficientes recursos humanos y financieros, lo que puede influir en su capacidad de hacer cumplir las normas con eficacia. Por ejemplo, algunas ANC no pueden realizar inspecciones simultáneas de todos los miembros de un presunto cártel, lo que da a los demás miembros un tiempo precioso para destruir pruebas y eludir la detección. Otras carecen de los instrumentos informáticos forenses adecuados para encontrar pruebas de las infracciones.

2. Muchas de las ANC no disponen de todas las herramientas que necesitan para detectar y afrontar eficazmente las infracciones del Derecho de la competencia. Algunas ANC no tienen facultades de investigación clave, como recabar pruebas almacenadas en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, etc., lo que constituye un serio inconveniente en la era digital. Sus competencias de investigación a menudo carecen de fuerza al no estar respaldadas por sanciones efectivas si las empresas no las respetan.

3. No todas las ANC pueden imponer multas efectivas: en algunos Estados miembros, la legislación nacional impide que las ANC impongan multas efectivas en caso de infracciones de la legislación de competencia de la UE; por ejemplo, en algunos Estados miembros las empresas pueden reestructurarse para evitar el pago de multas. En algunos Estados miembros, se imponen pocas multas o ninguna por las infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE. El nivel de las multas es muy variable: la sanción por la misma infracción puede ser mucho mayor en un Estado miembro que en otro sin que tal diferencia esté justificada por circunstancias objetivas.

4. Los programas de clemencia son un instrumento esencial para la detección de cárteles. Animan a las empresas a facilitar información valiosa sobre cárteles en los que participaron a cambio de la dispensa total o parcial del pago de las multas. Las empresas que contemplan la posibilidad de solicitar clemencia necesitan un grado suficiente de seguridad jurídica que las incentive a cooperar con las autoridades. Y la necesitan sobre todo cuando solicitan clemencia en diferentes Estados miembros porque el cártel afecta a varias jurisdicciones. Sin embargo, las divergencias en los programas de clemencia en Europa desaniman a las empresas a facilitar información y aportar pruebas de estas prácticas contrarias a la competencia.

5. Las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC también socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE sobre la base de una estrecha cooperación dentro de la REC. Este sistema depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que la una realice pesquisas en nombre de la otra. Pero este sistema no funciona bien cuando sigue habiendo ANC que no tienen herramientas de investigación adecuadas. Otras carencias en la capacidad de las ANC para prestar asistencia mutua también socavan el sistema europeo de aplicación de las normas de competencia, que está pensado para funcionar como un todo coherente. Por ejemplo, las ANC administrativas no pueden pedir la ejecución de sus multas transfronterizas si el infractor no tiene presencia legal en su territorio. En la era digital, muchas empresas venden por internet en un número potencialmente elevado de países, pero solo pueden tener una presencia legal, por ejemplo, en un Estado miembro. Estas empresas tienen en la actualidad un refugio seguro que las ampara del pago de multas.

Por consiguiente, es necesaria una propuesta legislativa que capacite a las ANC para ejecutar con más eficacia las normas de competencia de la UE con el fin de garantizar que dichas autoridades tengan las necesarias garantías de independencia y recursos y competencias de aplicación e imposición de multas. La eliminación de los obstáculos nacionales que impiden a las ANC aplicar las normas de manera eficaz ayudará a eliminar los falseamientos de la competencia en el mercado interior y pondrá fin a que estas medidas pongan a consumidores y empresas, incluidas las pymes, en situación de desventaja y se apliquen en su detrimento. Por otra parte, capacitar a las ANC para que se presten efectivamente asistencia mutua garantizará unas condiciones de competencia más equitativas y salvaguardará la estrecha cooperación dentro de la REC.

Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito de actuación

Coherencia con otras políticas de la Unión

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

Base jurídica

Subsidiariedad

El Reglamento (CE) n.º 1/2003 estableció un sistema de aplicación descentralizada, pero aún está por realizarse todo el potencial de este sistema. La Directiva propuesta garantizaría que la aplicación de las normas de competencia sea efectiva a nivel nacional concediendo a las ANC las garantías e instrumentos que necesitan para ser eficaces.

Interconexión entre los programas de clemencia de las autoridades de competencia en Europa

Proporcionalidad

En la mayoría de los aspectos, la propuesta fijará normas mínimas encaminadas a facultar a las ANC para hacer cumplir de forma efectiva las normas de competencia de la UE. Así se garantizará un equilibrio entre la consecución de objetivos generales y específicos, sin interferir indebidamente en las tradiciones nacionales. Los Estados miembros podrán seguir fijando niveles más altos y adaptar sus normas a las especificidades nacionales. Por ejemplo, los Estados miembros seguirán teniendo libertad para diseñar, organizar y financiar sus autoridades nacionales de competencia como consideren conveniente, siempre y cuando su eficacia esté garantizada. Además, la propuesta de Directiva garantiza también que se respete plenamente la decisión de aquellos Estados miembros que hayan optado por un modelo judicial de aplicación de las normas de competencia.

Elección del instrumento

El objetivo de la propuesta de Directiva es mejorar la eficacia de las ANC, sin por ello imponer un enfoque único para todos, de manera que se tengan en cuenta las tradiciones jurídicas y las particularidades institucionales de los Estados miembros. Por consiguiente, una directiva es la mejor manera de garantizar que las ANC cuenten con las garantías que necesitan para ser más eficaces en la aplicación de las normas, sin interferir indebidamente en las particularidades y tradiciones nacionales. A diferencia de un reglamento, una directiva dejará a los Estados miembros la elección de los medios más adecuados para aplicar las medidas previstas en ella. Además, una directiva es un instrumento flexible para garantizar que las ANC cuenten con las necesarias garantías de independencia y recursos y competencias de aplicación y de imposición de multas, pero dejando un margen suficiente a los Estados miembros para ir más lejos si así lo desean.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente

Consultas a las partes interesadas

Obtención y uso de asesoramiento especializado

Evaluación de impacto

Derechos fundamentales

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

5.OTROS ELEMENTOS

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

El Plan de ejecución incluye: i) un único punto de contacto con la Comisión, a través de un buzón electrónico al que los Estados miembros pueden recurrir para todas las cuestiones relacionadas con la Directiva propuesta, y ii) una serie de acciones que deben llevar a cabo la Comisión y los Estados miembros para abordar los tres retos principales en materia de aplicación: a) aplicación dentro de los plazos, b) prestación de formación y apoyo para las ANC, y c) garantía de información adecuada para el mundo empresarial.

La Comisión seguirá de cerca la transposición y la aplicación de la Directiva, tanto durante el período anterior a la fecha de transposición como después de la misma.

A los cinco años de la fecha de su transposición se realizará una evaluación ex post de la Directiva.

Documentos explicativos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Las competencias y procedimientos de investigación y toma de decisiones son los principales instrumentos de trabajo de las autoridades responsables de la competencia. No obstante, en la actualidad existe un mosaico de competencias en Europa, y muchas ANC no tienen todas las competencias que necesitan. El alcance de las competencias de investigación y toma de decisiones de las ANC varía considerablemente, lo que puede tener una incidencia significativa sobre su eficacia.

2017/0063 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 103 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 21 ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)Los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) son disposiciones de orden público y deben aplicarse eficazmente en toda la Unión para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior. Es necesaria la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE para garantizar mercados más abiertos y competitivos en los que las empresas compitan sobre la base de sus méritos, sin levantar barreras a la entrada en el mercado, permitiéndoles generar riqueza y crear puestos de trabajo. Dicha aplicación protege a los consumidores de las prácticas comerciales que mantienen los precios de bienes y servicios a niveles artificialmente elevados y aumenta sus posibilidades de elección de bienes y servicios innovadores.

(2)La aplicación pública de los artículos 101 y 102 del TFUE la llevan a cabo las autoridades nacionales de competencia (ANC) de los Estados miembros, paralelamente a la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo( 22 ). Las ANC y la Comisión forman conjuntamente una red de autoridades públicas que aplican las normas de competencia de la UE en estrecha cooperación (Red Europea de Competencia).

(3)El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 obliga a las ANC a aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE a los acuerdos o comportamientos que puedan afectar al comercio entre Estados miembros. En la práctica, la mayoría de las ANC aplican las disposiciones de la legislación nacional de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Por lo tanto, la presente Directiva, cuyo objetivo es velar por que las ANC dispongan de las garantías necesarias de independencia y las facultades de aplicación e imposición de multas para poder aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE, tendrá un impacto inevitable en las disposiciones de la legislación nacional de competencia aplicadas en paralelo por parte de las ANC.

(4)Además, otorgar a las ANC la facultad de obtener toda la información relativa a la empresa objeto de la investigación en forma digital, independientemente del soporte en que se almacene, debe influir también en el ámbito de aplicación de las competencias de las ANC cuando, en las fases iniciales del procedimiento, adopten las oportunas medidas de investigación también sobre la base de las disposiciones del Derecho nacional en materia de competencia aplicadas en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Dotar a las ANC de facultades de inspección con un alcance diferente dependiendo de si, en última instancia, solo aplicarán las disposiciones de Derecho nacional en materia de competencia o también los artículos 101 y 102 del TFUE en paralelo, afectaría a la eficacia de la aplicación de la normativa de competencia en el mercado interior. Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva debe abarcar tanto la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE de manera independiente como la aplicación del Derecho nacional en materia de competencia en paralelo al mismo asunto. Aquí se exceptúa la protección de las declaraciones de clemencia y las solicitudes de transacción, que se hace extensiva también a la legislación nacional en materia de competencia aplicada de manera independiente.

(5)La legislación nacional impide a muchas ANC tener las garantías de independencia y las facultades de aplicación e imposición de multas que les son necesarias para poder hacer cumplir estas normas de manera eficaz. Esto socava su capacidad para aplicar de manera efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, si procede. Por ejemplo, según la legislación nacional, muchas ANC no disponen de instrumentos eficaces para constatar la existencia de infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE o imponer multas a las empresas que infrinjan las normas de la competencia o no tienen los recursos necesarios para aplicar de manera eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE. Esto puede impedirles totalmente tomar medidas o provocar que limiten su aplicación de la normativa. La falta de instrumentos operativos y garantías de muchas ANC para aplicar de manera efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE significa que las empresas que participan en prácticas contrarias a la competencia pueden encontrarse ante situaciones muy distintas en un procedimiento dependiendo de los Estados miembros en los que estén presentes: tal vez no se les apliquen en absoluto las normas contempladas en los artículos 101 o 102 del TFUE o no se les apliquen con eficacia. Por ejemplo, en algunos Estados miembros, las empresas pueden eludir su obligación de pagar una multa simplemente mediante una reestructuración. La aplicación desigual de los artículos 101 o 102 del TFUE y de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en la pérdida de oportunidades para eliminar las barreras a la entrada al mercado y crear mercados más abiertos y competitivos en todo el territorio de la Unión Europea en los que las empresas compitan sobre la base de sus méritos. Las empresas y los consumidores sufren especialmente en aquellos Estados miembros en los que las ANC están peor equipadas para aplicar las normas con eficacia. Las empresas no pueden competir sobre la base de sus méritos cuando existen refugios seguros para las prácticas contrarias a la competencia, por ejemplo, porque no pueden recabarse pruebas de dichas prácticas o porque las empresas pueden eludir su obligación de pagar una multa. Esto, por tanto, las disuade de entrar en dichos mercados y de ejercer sus derechos de establecimiento y de ofrecer bienes y servicios en esos países. Los consumidores de Estados miembros en los que la aplicación de las normas es menor no se benefician de las ventajas de la aplicación efectiva de la competencia. Así pues, la aplicación desigual de los artículos 101 y 102 del TFUE y la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE en toda Europa falsean la competencia en el mercado interior y van en detrimento de su correcto funcionamiento.

(6)Las lagunas y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, pensado para funcionar como un todo coherente sobre la base de una estrecha cooperación dentro de la Red Europea de Competencia. Este sistema depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que las unas realicen pesquisas en nombre de las otras. Pero este sistema no funciona bien cuando sigue habiendo ANC que carecen de instrumentos de investigación adecuados. En otros aspectos clave, las ANC no pueden prestarse asistencia mutua. Por ejemplo, en la mayoría de los Estados miembros, las empresas que operan a escala transfronteriza pueden eludir el pago de multas simplemente por no tener presencia jurídica en algunos de los territorios de los Estados miembros en los que operan. Esto reduce los incentivos para cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del TFUE. La aplicación ineficaz que resulta de ello falsea la competencia para las empresas que respetan la ley y mina la confianza de los consumidores en el mercado interior, en particular en el entorno digital.

(7)Para garantizar un verdadero espacio común de aplicación de la normativa de competencia en Europa que ofrezca unas condiciones más equitativas a las empresas que operan en el mercado interior y reduzca la desigualdad de condiciones de los consumidores, es necesario establecer unas garantías de independencia y unos recursos mínimos, así como competencias esenciales de aplicación e imposición de multas al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia aplicadas en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, de modo que las ANC puedan ser plenamente eficaces.

(8)Es conveniente basar la presente Directiva en la doble base jurídica de los artículos 103 y 114 del TFUE. Esto se debe a que la presente Directiva cubre no sólo la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a dichos artículos, sino también las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, que afectan negativamente tanto a la competencia como al correcto funcionamiento del mercado interior.

(9)La implantación de garantías mínimas que garanticen que las ANC apliquen de manera eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE se entenderá sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros de mantener o introducir garantías de independencia y recursos más amplios para las ANC y normas más detalladas sobre las facultades de aplicación e imposición de multas de dichas autoridades. En particular, los Estados miembros podrán conferir a las ANC facultades adicionales que superen el conjunto básico previsto en la presente Directiva a fin de aumentar su eficacia.

(10)En cambio, son necesarias normas detalladas en cuanto a las condiciones de concesión de clemencia a los cárteles secretos. Las empresas solo facilitarán información sobre cárteles secretos en los que hayan participado si tienen suficiente seguridad jurídica de que van a beneficiarse de una dispensa del pago de las multas. Las considerables diferencias entre los programas de clemencia aplicables en los Estados miembros generan inseguridad jurídica a los posibles solicitantes de clemencia, lo que puede debilitar sus incentivos para solicitarla. Si los Estados miembros pudieran aplicar o ejecutar normas más o menos restrictivas en materia de clemencia en el ámbito cubierto por la presente Directiva, no solo sería contrario al objetivo de mantener los incentivos para los solicitantes con el fin de que la aplicación de la normativa de competencia de la Unión sea lo más eficaz posible, sino que además se podría poner en peligro la igualdad de condiciones para las empresas que operan en el mercado interior. Esto no impide que los Estados miembros apliquen programas de clemencia que no cubran únicamente cárteles secretos, sino también otras infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones nacionales equivalentes.

(11)La presente Directiva no se aplicará a las legislaciones nacionales que prevean la imposición de sanciones penales a las personas físicas. con la excepción de las normas que regulan la interacción entre los programas de clemencia con la imposición de sanciones a las personas físicas.

(12)El ejercicio de las competencias conferidas a las ANC debe estar sujeto a salvaguardias adecuadas que cumplan al menos las normas de los principios generales del Derecho de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre estas garantías está el derecho a una buena administración y el respeto de los derechos de defensa de las empresas, del que el derecho a ser oído es un componente esencial. En particular, las ANC deben informar a las partes investigadas de los cargos preliminares formulados contra ellas en virtud del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE antes de adoptar una decisión que afecte negativamente a sus intereses, y dichas partes deben tener la oportunidad de manifestar efectivamente sus puntos de vista sobre estos cargos antes de que se adopte tal decisión. Las partes a las que se hayan notificado cargos preliminares sobre una supuesta infracción del artículo 101 o el artículo 102 del TFUE deben tener derecho a acceder al expediente pertinente de las ANC para que puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa. Dicho derecho está supeditado al interés legítimo de las empresas en la protección de sus secretos comerciales y no se hace extensivo a la información confidencial ni a los documentos internos de las ANC y de la Comisión, ni a la correspondencia entre ellas. Además, los destinatarios de decisiones firmes de las ANC que apliquen los artículos 101 y 102 del TFUE han de tener derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esas decisiones firmes de las ANC deben ser motivadas con el fin de que los destinatarios de las mismas puedan conocer las razones de la decisión y ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. La concepción de estas salvaguardias debe encontrar un equilibrio entre el respeto de los derechos fundamentales de las empresas y el deber de garantizar que los artículos 101 y 102 del TFUE se apliquen de manera eficaz.

(13)Facultar a las ANC a aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE con imparcialidad y en el interés común de la aplicación eficaz de las normas europeas de competencia es un componente esencial de la aplicación eficaz y uniforme de estas normas.

(14)La independencia de las ANC debe reforzarse a fin de garantizar la aplicación eficaz y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE. Para ello, debe disponerse expresamente en el Derecho nacional que, al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, las ANC estén protegidas de intervenciones externas o presiones políticas que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que les hayan sido sometidos. A tal efecto, deben establecerse de antemano las normas relativas a los motivos de despido de los miembros del órgano decisorio de las ANC con el fin de disipar cualquier duda razonable en cuanto a la imparcialidad de este órgano y su impermeabilidad respecto de factores externos.

(15)Para garantizar la independencia de las ANC, su personal y los miembros del órgano decisorio deben actuar con integridad y abstenerse de cualquier acción que sea incompatible con el ejercicio de sus funciones. La necesidad de evitar que la evaluación independiente del personal o de los miembros del órgano decisorio se vea comprometida implica que, mientras dure su relación laboral y su mandato y durante un periodo razonable posteriormente, deben abstenerse de cualquier actividad profesional incompatible, sea o no remunerada. Además, esto también supone que, mientras dure su relación laboral y su mandato, no deben tener intereses en ninguna empresa u organización que tenga relación con una ANC, puesto que esto podría comprometer su independencia. El personal y los miembros del órgano decisorio deben declarar cualquier interés o activo que pueda crear un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. Están obligados a informar al órgano decisorio, a los demás miembros del mismo o, en el caso de las ANC en las que el poder decisorio recaiga en una sola persona, a su autoridad facultada para proceder a los nombramientos si, en el ejercicio de sus funciones, deben decidir sobre un asunto en el que tengan un interés que pudiera menoscabar su imparcialidad.

(16)La independencia de las ANC no excluye al control jurisdiccional ni una supervisión parlamentaria conforme al Derecho de los Estados miembros. Los requisitos de rendición de cuentas contribuyen también a garantizar la credibilidad y la legitimidad de las actuaciones de las ANC. Entre los requisitos de rendición de cuentas proporcionados están los informes periódicos sobre sus actividades que las ANC transmiten a un organismo gubernamental o parlamentario. Las ANC pueden asimismo ser objeto de control o de seguimiento de sus gastos financieros, siempre y cuando ello no afecte a su independencia.

(17)Las ANC deben poder dar prioridad a sus procedimientos de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE para hacer un uso eficaz de sus recursos y centrarse en la prevención y erradicación de las conductas contrarias a la competencia que falsean la competencia en el mercado interior. Para ello, deben poder desestimar aquellas denuncias que no constituyan una prioridad. Esto debe entenderse sin perjuicio de la facultad de las ANC de desestimar denuncias por otros motivos, como carecer de competencias, o de decidir que no existen motivos para una intervención por su parte. La facultad de las ANC de dar prioridad a sus procedimientos de aplicación se entenderá sin perjuicio del derecho de un Gobierno de un Estado miembro de dar orientaciones prioritarias de política general a las autoridades nacionales de competencia que no estén relacionadas con procedimientos específicos para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE.

(18)Las ANC deben contar con los recursos necesarios, en cuanto a personal, conocimientos específicos, medios económicos y equipo técnico para garantizar que puedan desempeñar de manera eficaz sus funciones a la hora de aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. En caso de que se amplíen sus obligaciones y competencias en virtud de la legislación nacional, los recursos necesarios para llevar a cabo dichas tareas deben seguir siendo suficientes.

(19)Las ANC deben disponer de un conjunto mínimo de competencias comunes de investigación y toma de decisiones para aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE.

(20)Las ANC deben estar facultadas para tener competencias de investigación eficaces que permitan detectar todo acuerdo, decisión o práctica concertada prohibida por el artículo 101 del TFUE, así como todo abuso de posición dominante prohibido por el artículo 102 del TFUE, en todas las fases de los procedimientos presentados que les sometan.

(21)Las competencias de investigación de las autoridades administrativas nacionales de competencia deben ser suficientes para hacer frente a los retos que supone el entorno digital en cuanto a la aplicación de la normativa y deben permitir que las autoridades nacionales de competencia obtengan toda la información en formato digital, incluidos los datos obtenidos por procedimientos técnico-legales, relativos a la empresa o asociación de empresas que esté siendo investigada, con independencia del soporte en que se almacene, tales como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles.

(22)Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar facultadas para inspeccionar los locales tanto de las empresas como de las asociaciones de empresas sometidas al procedimiento para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, así como de otros agentes del mercado que puedan estar en posesión de información que sea relevante para dicho procedimiento. Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la posibilidad de llevar a cabo tales inspecciones cuando haya al menos motivos razonables para sospechar de la existencia de una infracción del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE.

(23)Para ser efectiva, la facultad de las autoridades administrativas nacionales de competencia de realizar inspecciones debe permitirles tener acceso a información a la que puedan acceder la empresa, la asociación empresarial o la persona que se esté investigando y que esté relacionada con la empresa investigada.

(24)Para reducir al mínimo la prolongación innecesaria de las inspecciones, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de seguir realizando búsquedas de copias o extractos de libros y registros relacionados con la actividad de la empresa o asociación de empresas investigada en las oficinas de la autoridad o en otros locales designados.

(25)La experiencia demuestra que pueden conservarse documentos de índole profesional en los domicilios particulares de los directivos y de los colaboradores de las empresas, especialmente debido al mayor uso de modalidades de trabajo más flexibles. A fin de garantizar que las inspecciones sean eficaces, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de acceder a todos los locales, incluidos los domicilios particulares, cuando exista una sospecha razonable de que se conservan documentos de índole profesional que pueden ser relevantes para demostrar una infracción grave del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE. El ejercicio de esta facultad debe estar supeditado a la autorización previa de una autoridad judicial. Ello no impide a los Estados miembros encomendar las funciones de una autoridad judicial nacional a una autoridad administrativa nacional en materia de competencia que actúe como autoridad judicial, en casos de extrema urgencia.

(26)Las ANC deben tener competencias reales para solicitar que se les entregue la información que sea necesaria a fin de detectar cualquier acuerdo, decisión o práctica concertada prohibida por el artículo 101 del TFUE o cualquier abuso prohibido por el artículo 102 del TFUE. Esto debe incluir el derecho de solicitar información con independencia de dónde se almacene, siempre y cuando sea accesible para el destinatario de la solicitud de información. La experiencia pone de manifiesto que la información facilitada con carácter voluntario por parte de terceros, tales como competidores, clientes y consumidores en el mercado, también puede ser una valiosa fuente de información para una aplicación rigurosa e informada y las ANC deberían fomentarla.

(27)Las ANC deben disponer de medios eficaces para restablecer la competencia en el mercado imponiendo medidas correctoras estructurales y de comportamiento proporcionadas.

(28)Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibición de un acuerdo o de una práctica las empresas o asociaciones de empresas ofrezcan a las ANC compromisos que den respuesta a sus reservas, dichas autoridades deben poder adoptar decisiones que hagan vinculantes y exigibles estos compromisos para las empresas en cuestión. Tales decisiones relativas a los compromisos deben constatar que ya no hay motivos para la intervención de las ANC sin pronunciarse sobre si ha habido o no una infracción del artículo 101 del TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las decisiones relativas a los compromisos se entenderán sin perjuicio de las facultades de las autoridades de competencia y de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para pronunciarse sobre una infracción y adoptar una decisión sobre el asunto.

(29)Para garantizar la aplicación efectiva y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de imponer multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas que infrinjan los artículos 101 o 102, ya sea ellas directamente en el marco de un procedimiento administrativo, ya sea solicitando la imposición de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que prevea la imposición de sanciones por los órganos jurisdiccionales en procedimientos penales por la infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE.

(30)Para garantizar que las empresas y asociaciones de empresas respeten las competencias de investigación y toma de decisiones de las ANC, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben poder imponer sanciones eficaces en caso de incumplimiento, y pagos de multas coercitivas para obligar al cumplimiento de estas competencias, ya sea ellas directamente en el marco de un procedimiento administrativo, ya sea solicitando la imposición de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio de las legislaciones nacionales de los Estados miembros que prevean la imposición de tales multas por los órganos jurisdiccionales en procedimientos judiciales penales. Por otra parte, la presente Directiva no afecta ni a las normas nacionales en materia de fuerza probatoria ni a las obligaciones de las ANC de determinar los hechos del asunto pertinente, siempre y cuando la fuerza probatoria y las obligaciones sean compatibles con los principios generales del Derecho de la Unión. Las multas y multas coercitivas deben determinarse de forma proporcional al volumen de negocios total de las empresas y asociaciones de empresas en cuestión.

(31)Para garantizar la aplicación efectiva y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE, el concepto de empresa, tal como figura en los artículos 101 y 102 del TFUE, debe aplicarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que designa una unidad económica, aun cuando esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Por consiguiente, las ANC deben poder aplicar el concepto de empresa para considerar responsable a una sociedad matriz, e imponerle multas, por la conducta de alguna de sus filiales cuando la sociedad matriz y su filial formen una única unidad económica. Para evitar que las empresas eludan su obligación de pagar una multa por las infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE mediante cambios jurídicos u organizativos, las ANC han de poder considerar responsables a los sucesores jurídicos o económicos de la empresa, e imponerles multas, por una infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(32)Con objeto de garantizar que las multas impuestas por infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la importancia económica de la infracción, las ANC deben tener en cuenta la gravedad de la misma. Las ANC también deben poder fijar multas que sean proporcionales a la duración de la infracción. Estos factores deben evaluarse de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En particular, por lo que respecta a la apreciación de la gravedad de la infracción, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que deben tenerse en cuenta las circunstancias del asunto, el contexto en el que se produce la infracción y el efecto disuasorio de las multas. Factores que puedan formar parte de esta evaluación son el volumen de negocios de los productos y servicios respecto de los cuales se ha cometido la infracción, así como la dimensión y la capacidad económica de la empresa, puesto que reflejan la influencia que la empresa haya podido ejercer en el mercado. Por otra parte, la reincidencia en las infracciones por parte del mismo infractor pone de manifiesto su propensión a cometer tales infracciones y es, por tanto, un indicio muy significativo de la gravedad del comportamiento considerado y, por consiguiente, de la necesidad de elevar el nivel de la sanción para lograr un efecto disuasorio eficaz. A la hora de determinar la multa que debe imponerse, las ANC deben tener en cuenta el valor de las ventas de la empresa de los productos y servicios a que se refiere la infracción directa o indirectamente. Del mismo modo, las ANC deben tener derecho a aumentar el importe de la multa que se imponga a una empresa o asociación de empresas que continúe la misma infracción, o cometa una infracción similar, después de que la Comisión o una autoridad nacional de competencia haya adoptado una decisión por la que se declare que la misma empresa o asociación de empresas ha infringido los artículos 101 o 102 del TFUE.

(33)La experiencia ha demostrado que las asociaciones de empresas suelen desempeñar un papel en las infracciones de la competencia y las ANC deben poder multar efectivamente a dichas asociaciones. A la hora de evaluar la gravedad de la infracción con el fin de determinar el importe de la multa en un procedimiento interpuesto contra asociaciones de empresas cuando la infracción esté relacionada con las actividades de sus miembros, debe tenerse en cuenta la suma de las ventas de las empresas que son miembros de la asociación de los bienes y servicios a los que se refiere directa o indirectamente la infracción. Con objeto de garantizar el cobro efectivo de las multas impuestas a las asociaciones de empresas por las infracciones que hayan cometido, es necesario establecer las condiciones en las cuales las ANC pueden exigir el pago de la multa a los miembros de la asociación en caso de que la asociación sea insolvente. Al hacerlo, las ANC deben tener en cuenta las dimensiones relativas de las empresas que pertenezcan a la asociación y, en particular, la situación de las pequeñas y medianas empresas. El pago de la multa por parte de uno o varios miembros de una asociación se entiende sin perjuicio de las normas de Derecho nacional que prevean el cobro del importe pagado a otros miembros de la asociación.

(34)El efecto disuasorio de las multas difiere ampliamente en Europa y en algunos Estados miembros la cuantía máxima de la multa que puede imponerse es muy baja. Para garantizar que las ANC puedan fijar multas disuasorias, la cuantía máxima de la multa debe fijarse en un nivel no inferior al 10 % del total del volumen de negocios mundial de la empresa de que se trate. Esto no debe impedir que los Estados miembros mantengan o instauren un importe máximo de las multas más elevado.

(35)Los programas de clemencia son una herramienta esencial para la detección de cárteles secretos y, por tanto, contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposición de sanciones a las infracciones más graves del Derecho de la competencia. No obstante, en la actualidad hay marcadas diferencias entre los distintos programas de clemencia aplicables en los Estados miembros. Estas diferencias ocasionan inseguridad jurídica a las empresas infractoras en cuanto a las condiciones en las que pueden solicitar clemencia así como a sus posibilidades de dispensa en virtud del programa o programas de clemencia respectivos. Esta incertidumbre puede debilitar los incentivos de los posibles candidatos para solicitar clemencia. Eso, a su vez, puede producir una aplicación de la competencia en la Unión menos eficaz, ya que se descubrirán menos cárteles.

(36)Las diferencias entre los programas de clemencia de los distintos Estados miembros también ponen en peligro la igualdad de condiciones para las empresas que operan en el mercado interior. Por tanto, procede incrementar la seguridad jurídica reduciendo estas diferencias.

(37)Las ANC deben conceder a las empresas la dispensa o la reducción de las multas si se reúnen determinadas condiciones. Se considerará que las empresas han aportado a una autoridad nacional de competencia pruebas de un cártel secreto que permita la constatación de una infracción del artículo 101 del TFUE si dicha autoridad nacional de competencia no disponía de pruebas suficientes para constatar una infracción del artículo 101 del TFUE en relación con el mismo cártel en el momento de la presentación por parte de la empresa de tales pruebas.

(38)Los solicitantes deben tener la posibilidad de solicitar clemencia por escrito o, cuando proceda, por otros medios que no requieran la presentación de documentos, información u otros materiales en su posesión o bajo su custodia o control. Para ello, las ANC deben disponer de un sistema que les permita aceptar declaraciones de clemencia, ya sea oralmente o por otros medios, particularmente en formato digital.

(39)Los solicitantes que hayan presentado una solicitud de clemencia a la Comisión Europea en relación con un presunto cártel secreto deben poder presentar solicitudes abreviadas en relación con el mismo cártel a las ANC que consideren pertinentes. Las ANC deben aceptar solicitudes abreviadas que contengan un conjunto de datos mínimo en relación con el presunto cártel y no solicitar información adicional además de este conjunto mínimo antes de que tengan intención de actuar en el asunto. No obstante, corresponde a los solicitantes informar a las ANC a las que hayan presentado solicitudes abreviadas si cambia el alcance de su solicitud de clemencia a la Comisión. Las ANC deben facilitar a los solicitantes un acuse de recibo en el que se indicará la fecha y la hora de recepción, e informarán al solicitante de si han recibido ya anteriormente un resumen o una solicitud de clemencia en relación con el mismo cártel. Una vez que la Comisión haya decidido no seguir adelante con el asunto, en su totalidad o en parte, los solicitantes deben tener la posibilidad de presentar solicitudes de clemencia completas a las ANC a las que hayan presentado solicitudes abreviadas.

(40)La inseguridad jurídica en cuanto a si los empleados de las empresas están protegidos frente a posibles sanciones individuales puede impedir que los potenciales solicitantes soliciten clemencia. Los empleados y directivos, actuales y antiguos, de empresas que soliciten la dispensa del pago de las multas a las autoridades de competencia deben, por tanto, estar protegidos frente a cualquier sanción impuesta por las autoridades públicas por su participación en el cártel secreto a que se refiera la solicitud. Dicha protección debe depender de que dichos empleados y directivos cooperen activamente con las ANC de que se trate y la solicitud de dispensa sea anterior al inicio del procedimiento penal.

(41)En un sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE se requiere una estrecha colaboración entre las ANC. En particular, cuando una ANC realice una inspección en nombre de otra ANC, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, la presencia y la asistencia de los funcionarios de la autoridad requirente debe poder aumentar la eficacia de dicha inspección, aportando recursos, conocimientos y competencias técnicas adicionales.

(42)Del mismo modo, deben tomarse las medidas oportunas que permitan a las ANC solicitar asistencia mutua para la notificación de decisiones y cargos preliminares y la ejecución de las decisiones que impongan multas o multas coercitivas cuando la empresa de que se trate no tenga presencia legal en su territorio. De esta forma se aseguraría la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE y se contribuiría al buen funcionamiento del mercado interior.

(43)Para garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE por parte de las ANC es necesario prever normas viables en materia de suspensión de la prescripción. En particular, en un sistema de competencias paralelas, deben suspenderse los plazos de prescripción nacionales mientras duren los procedimientos ante las ANC de otro Estado miembro o ante la Comisión. Ello no impide a los Estados miembros mantener o introducir plazos de prescripción absolutos, siempre y cuando la duración de tales plazos de prescripción absolutos no haga prácticamente imposible o excesivamente difícil la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

(44)Con el fin de garantizar que los asuntos se tramiten de forma eficiente y eficaz dentro de la Red Europea de Competencia, en aquellos Estados miembros en los que una autoridad de competencia administrativa nacional sea competente para investigar las infracciones de los artículos 101 o 102 del TFUE y una autoridad de competencia judicial nacional sea competente para adoptar una decisión por la que se constate una infracción o se imponga una multa, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben poder interponer directamente recurso ante la autoridad de competencia judicial nacional. Además, en la medida en que los órganos jurisdiccionales nacionales actúen como tribunales de apelación contra las decisiones de las ANC por las que se apliquen los artículos 101 o 102, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar plenamente legitimadas por derecho propio a participar como parte recurrente o parte recurrida en dicho procedimiento, y disfrutar de los mismos derechos que dichas partes en el procedimiento.

(45)El riesgo de que se revele material autoinculpatorio fuera del contexto de la investigación para la que se hubiera proporcionado puede debilitar los incentivos de los posibles solicitantes de clemencia a cooperar con las autoridades de competencia. Como consecuencia, con independencia de la forma en que se presenten las declaraciones de clemencia, la información contenida en dichas declaraciones obtenida a través del acceso al expediente solo debe utilizarse cuando sea necesario para el ejercicio de los derechos de defensa en procedimientos ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en determinados casos muy limitados que estén directamente relacionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso. Ello no debe impedir que las autoridades de competencia publiquen sus decisiones de conformidad con la legislación de la Unión o nacional aplicable.

(46)Las pruebas son un elemento importante en la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Las ANC deben poder examinar las pruebas relevantes independientemente de si son escritas, orales o en forma de grabación, incluidas las grabaciones ocultas realizadas por personas físicas o jurídicas, siempre que no sean la única fuente de pruebas. Esto se entiende sin perjuicio del derecho a ser oído.

(47)Para apoyar la estrecha cooperación en la Red Europea de Competencia, la Comisión debe mantener, desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central de información (Sistema de Red Europea de Competencia) en cumplimiento de las normas relevantes de confidencialidad, protección de datos y seguridad de los datos. La Red Europea de Competencia depende de la interoperabilidad para su funcionamiento efectivo y eficaz. El presupuesto general de la Unión debe asumir los costes de mantenimiento, desarrollo, alojamiento, asistencia a los usuarios y funcionamiento del sistema central de información, así como otros costes administrativos incurridos en relación con el funcionamiento de la Red Europea de Competencia, en particular, los costes relacionados con la organización de reuniones. Hasta 2020, está previsto que los costes del Sistema de la Red Europea de Competencia los cubra el programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas europeas (programa ISA2), supeditado a criterios de priorización y elegibilidad y a los recursos disponibles del programa.

(48)Dado que los objetivos de la presente Directiva -a saber, velar por que las ANC dispongan de las necesarias garantías de independencia, los recursos y las competencias de aplicación e imposición de multas que se necesitan para poder aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE y la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, y garantizar el funcionamiento efectivo del mercado interior y la Red Europea de Competencia- no pueden alcanzarlos de manera suficiente los Estados miembros por sí solos, y que, debido a la necesaria eficacia y uniformidad de la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, en particular teniendo en cuenta su ámbito de aplicación territorial, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad expuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr este objetivo.

(49)De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos 23 , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en los casos justificados, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.La presente Directiva establece determinadas normas para garantizar que las autoridades nacionales de competencia dispongan de las garantías de independencia, los recursos y las competencias de aplicación e imposición de multas que se necesitan para poder aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE, de modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y los consumidores y las empresas no se vean perjudicados por la legislación y las medidas nacionales que impiden la aplicación eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales de competencia. El ámbito de aplicación de la Directiva abarca la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y de las disposiciones de la legislación nacional de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE al mismo asunto, con la excepción del artículo 29, apartado 2, que se extiende también a la legislación nacional de competencia aplicada exclusivamente.

2.La presente Directiva establece determinadas normas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y del sistema de cooperación dentro de la Red Europea de Competencia.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)«autoridad nacional de competencia»: la autoridad designada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 como responsable de la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Los Estados miembros podrán designar una o varias autoridades administrativas («autoridad administrativa nacional en materia de competencia»), así como autoridades judiciales («autoridad judicial nacional en materia de competencia») para llevar a cabo estas funciones;

2)«autoridad de competencia»: una autoridad nacional de competencia, la Comisión o ambas, según el contexto;

3)«Red Europea de Competencia»: la red de autoridades públicas formada por las autoridades nacionales de competencia y la Comisión con el fin de proporcionar un foro de discusión y cooperación para la aplicación y ejecución de los artículos 101 y 102 del TFUE;

4)«disposiciones de la legislación nacional de competencia»: las disposiciones del Derecho nacional que persiguen predominantemente el mismo objetivo que los artículos 101 y 102 del TFUE y se aplican al mismo asunto y en paralelo a la legislación de defensa de la competencia de la Unión de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003, con la excepción del uso de información obtenida de declaraciones de clemencia y solicitudes de transacción contemplada en el artículo 29, apartado 2, y con exclusión de las disposiciones de Derecho nacional que imponen sanciones penales a las personas físicas.

5)«órgano jurisdiccional nacional»: un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a tenor del artículo 267 del TFUE;

6)«órgano jurisdiccional competente»: todo órgano jurisdiccional nacional facultado para revisar mediante recurso ordinario las resoluciones adoptadas por una autoridad nacional de competencia, o las resoluciones judiciales en que se haya fallado sobre aquellas, con independencia de si dicho órgano jurisdiccional está facultado para determinar por sí mismo la existencia de una infracción del Derecho de competencia;

7)«procedimiento»: el procedimiento ante una autoridad nacional de competencia para la aplicación del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE, hasta que dicha autoridad haya dado por concluido este procedimiento mediante la adopción de una decisión contemplada en el artículo 9 o el artículo 11, o haya llegado a la conclusión de que no existen motivos para la adopción de nuevas medidas por su parte, o en el caso de la Comisión, el procedimiento ante ella para la aplicación del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE hasta que la Comisión haya concluido el procedimiento mediante la adopción de una decisión con arreglo a los artículos 7, 9 o 10 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, o bien haya llegado a la conclusión de que no existen motivos para la adopción de nuevas medidas por su parte;

8)«empresa»: según se recoge en los artículos 101 y 102 del TFUE, cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

9)«cártel secreto»: todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como la fijación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, la asignación de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las colusiones en procedimientos de licitación, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas anticompetitivas contra otros competidores, que solo es conocido, parcial o totalmente, por los participantes;

10)«dispensa del pago de multas»: el hecho de no imponer ninguna multa a una empresa por su participación en un cártel secreto como recompensa por su cooperación con una autoridad de competencia en el marco de un programa de clemencia;

11)«reducción de multas»: el hecho de imponer una multa menor que le que se le habría impuesto a una empresa por su participación en un cártel secreto, como recompensa por su cooperación con una autoridad de competencia en el marco de un programa de clemencia;

12)«clemencia»: tanto la dispensa del pago de multas como la reducción de su importe;

13)«programa de clemencia»: todo programa relativo a la aplicación del artículo 101 del TFUE o de la legislación nacional en materia de competencia según el cual un participante en un cártel secreto, independientemente de las otras empresas implicadas, coopera con la investigación de la autoridad de competencia, facilitando voluntariamente declaraciones de lo que él mismo conozca del cártel y de su papel en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisión o un sobreseimiento del procedimiento, la dispensa del pago de cualquier multa por su participación en el cártel o una reducción de la misma;

14)«declaración en el marco de un programa de clemencia»: toda declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona física, o en su nombre, a una autoridad de competencia, o la documentación al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona física posea sobre un cártel secreto y su papel en el mismo, y que se haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la dispensa o una reducción del pago de multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta definición incluya la información preexistente; 

15)«información preexistente»: las pruebas que existen independientemente del procedimiento de una autoridad de competencia, tanto si esa información consta en el expediente de una autoridad de competencia como si no;

16)«solicitud de transacción» toda declaración efectuada voluntariamente por una empresa, o en su nombre, a una autoridad de competencia en la que reconozca, o renuncie a discutir, su participación y su responsabilidad en una infracción del artículo 101 del TFUE o del Derecho nacional de la competencia, y que haya sido elaborada específicamente para que la autoridad de competencia pueda aplicar un procedimiento simplificado o acelerado;

17)«solicitante»: toda empresa que solicite la dispensa o la reducción de multas en el marco de un programa de clemencia; 

18)«autoridad requirente»: toda autoridad nacional de competencia que formule una solicitud de asistencia mutua a que se refieren los artículos 23, 24 o 25;

19)«autoridad requerida»: toda autoridad nacional de competencia que reciba una solicitud de asistencia mutua (en el caso de una solicitud de asistencia a que se refieren los artículos 24 y 25), podría entenderse la oficina, la autoridad o el departamento competente que asuman la responsabilidad principal de la ejecución de tales decisiones de conformidad con disposiciones legislativas y reglamentarias y las prácticas administrativas nacionales.

Todas las referencias a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y a las infracciones de los mismos se entenderá que incluyen la aplicación paralela de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia al mismo asunto.

CAPITULO II

DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 3

Salvaguardias

El ejercicio de las competencias de las autoridades nacionales de competencia a que hace referencia la presente Directiva estará sujeto a salvaguardias adecuadas, incluido el respeto de los derechos de defensa de las empresas y el derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

CAPÍTULO III

INDEPENDENCIA Y RECURSOS

Artículo 4

Independencia

1.Para garantizar la independencia de las autoridades administrativas nacionales de competencia al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, los Estados miembros se asegurarán de que estas desempeñan sus funciones y ejercen sus competencias con imparcialidad y en interés de una aplicación eficaz y uniforme de dichas disposiciones, supeditadas a requisitos de rendición de cuentas proporcionados y sin perjuicio de una estrecha cooperación entre las autoridades de competencia de la Red Europea de Competencia.

2.En particular, los Estados miembros se cerciorarán de que:

a) el personal y los miembros del órgano decisorio de las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE con independencia de influencias externas, tanto políticas como de otro tipo;

b) el personal y los miembros del órgano decisorio de las autoridades administrativas nacionales de competencia no pida ni acepte instrucciones de ningún Gobierno u otra entidad pública o privada en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE;

c) el personal y los miembros del órgano decisorio de las autoridades administrativas nacionales de competencia se abstengan de cualquier acción que sea incompatible con el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE;

d) los miembros del órgano decisorio de las autoridades administrativas nacionales de competencia solo puedan ser cesados en caso de que dejen de reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o hayan cometido una falta grave con arreglo al Derecho nacional; los motivos del cese deben ser establecidas de antemano en el Derecho nacional; no deberán ser cesados por razones relacionadas con el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias en la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en el artículo 5, apartado 2;

e) las autoridades administrativas nacionales de competencia tengan la facultad de establecer sus prioridades a fin de efectuar las tareas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, definida en el artículo 5, apartado 2; puesto que dichas autoridades están obligadas a examinar las denuncias presentadas formalmente, esto incluirá su facultad para desestimar aquellas denuncias que no consideren prioritarias. esto se entiende sin perjuicio de la facultad de las autoridades nacionales de competencia de desestimar denuncias por otros motivos definidos por el Derecho nacional.

Artículo 5

Recursos

1.Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de competencia tengan los recursos humanos, financieros y técnicos que sean necesarios para el desempeño efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus competencias con vistas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, definida en el apartado 2.

2.La aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE por parte de las autoridades nacionales de competencia incluirá: la realización de investigaciones con vistas a dicha aplicación; la toma de decisiones para la aplicación de estas disposiciones sobre la base del artículo 5 del Reglamento n.º 1/2003; y la estrecha cooperación en la Red Europea de Competencia, con el fin de garantizar la aplicación efectiva y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE.

CAPÍTULO IV

FACULTADES

Artículo 6

Facultad para inspeccionar locales comerciales

1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan realizar todas las inspecciones necesarias sin previo aviso en las empresas y asociaciones de empresas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Los Estados miembros velarán por que los agentes y sus acompañantes acreditados por las autoridades nacionales de competencia para proceder a una inspección estén facultados, como mínimo, para:

a) acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas;

b) examinar los libros y otra documentación en relación con la actividad empresarial, cualquiera que sea su soporte material, incluido el derecho a acceder a información a la que tiene acceso la entidad inspeccionada;

c) hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o documentación y, cuando lo consideren necesario, seguir realizando búsquedas en dichas copias o extractos en sus locales o en otros locales designados;

d) precintar todos los locales y libros o documentos de la empresa durante el desarrollo de la inspección y en la medida en que sea necesario para los fines de esta;

e) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

2.Los Estados miembros velarán por que las empresas y asociaciones de empresas estén obligadas a someterse a inspecciones realizadas por las autoridades administrativas nacionales de competencia. Si una empresa o asociación de empresas se opone a una inspección ordenada por una autoridad administrativa nacional de competencia o autorizada por una autoridad judicial nacional, las autoridades nacionales de competencia podrán recabar la asistencia necesaria por parte de la policía o de un servicio con funciones coercitivas equivalente, a fin de permitirles llevar a cabo la inspección. Esta asistencia también podrá obtenerse como medida preventiva.

Artículo 7

Facultad para inspeccionar otros locales

1.Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando exista una sospecha razonable de que los libros u otros documentos relativos a la actividad empresarial y al asunto de la inspección que puedan ser relevantes para probar una infracción grave del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se guardan en locales distintos de los contemplados en el artículo 6, terrenos, medios de transporte, incluidos los domicilios particulares de los directivos, gestores y otros miembros del personal de las empresas y asociaciones de empresas, las autoridades administrativas nacionales de competencia podrán realizar inspecciones sin previo aviso en dichos locales, terrenos y medios de transporte.

2.Estas inspecciones no se podrán llevar a cabo sin la autorización previa de una autoridad judicial nacional.

3.Los Estados miembros velarán por que los agentes y sus acompañantes acreditados por los órganos jurisdiccionales nacionales para llevar a cabo una inspección de conformidad con el apartado 1 del presente artículo tengan al menos las facultades previstas en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c), y en el artículo 6, apartado 2.

Artículo 8

Solicitudes de información

Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas facilitar toda la información necesaria para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE en un plazo determinado. Esta obligación se referirá a información que esté a disposición de la empresa o asociación de empresas.

Artículo 9

Constatación y cese de la infracción

Los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de competencia constaten la existencia de una infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE, podrán, mediante decisión, ordenar a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción constatada. A tal efecto, podrán imponer medidas correctoras estructurales o de comportamiento que sean proporcionadas a la infracción cometida y necesarias para producir el cese efectivo de la misma.

Artículo 10

Medidas cautelares

Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia actuando de oficio puedan, mediante decisión, ordenar la imposición de medidas cautelares a las empresas, al menos en caso de urgencia justificada por el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia y sobre la base de la constatación prima facie de una infracción del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE. Tal decisión será aplicable durante un período determinado y podrá renovarse, siempre que sea necesario y adecuado.

Artículo 11

Compromisos

Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos incoados con vistas a una decisión que ordene el cese de una infracción del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE, las autoridades nacionales de competencia podrán, mediante decisión, hacer vinculantes los compromisos ofrecidos por las empresas para responder a las reservas manifestadas por dichas autoridades. La decisión podrá ser adoptada por un período de tiempo determinado y en ella constará que ya no hay motivos para la intervención de la autoridad nacional de competencia de que se trate.

CAPÍTULO V

MULTAS Y MULTAS COERCITIVAS

Artículo 12

Multas a empresas y asociaciones de empresas

1.Sin perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que prevea la imposición de sanciones en procedimientos judiciales penales, los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan imponer mediante decisión en el marco de un procedimiento administrativo o solicitar en procedimientos judiciales no penales que se impongan sanciones pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas o asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan los artículos 101 o 102 del TFUE.

2.Sin perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que prevea la imposición de sanciones en procedimientos judiciales penales, los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan imponer mediante decisión en el marco de un procedimiento administrativo o solicitar en procedimientos judiciales no penales que se impongan sanciones pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas o asociaciones de empresas, que se determinarán en proporción a su volumen de negocios total, cuando, deliberadamente o por negligencia:

a)se nieguen a someterse a una inspección contemplada en el artículo 6, apartado 2;

b)hayan roto los precintos colocados por los agentes o sus acompañantes acreditados por las autoridades nacionales de competencia a que hace referencia el artículo 6, apartado 1, letra d);

c)en respuesta a una pregunta contemplada en el artículo 6, apartado 1, letra e), den una respuesta incorrecta, engañosa, omitan o se nieguen a dar una respuesta completa, o no rectifiquen una respuesta incorrecta, engañosa o incompleta dada por un miembro de su personal dentro de un plazo máximo establecido por la autoridad nacional de competencia;

d)faciliten información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud cursada mediante decisión adoptada conforme al artículo 8, o no faciliten la información en el plazo fijado;

e)no respeten una decisión contemplada en los artículos 10 y 11.

3.Los Estados miembros velarán por que el concepto de empresa se aplique a efectos de imponer multas a las sociedades matrices y a los sucesores legales y económicos de las empresas.

Artículo 13

Cálculo del importe de las multas

1.Los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de competencia determinen el importe de la multa correspondiente a una infracción del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se tenga en cuenta tanto la gravedad como la duración de la infracción.

2.Los Estados miembros velarán por que cuando se imponga una multa a una asociación de empresas tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros y esta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa.

Cuando sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de competencia tengan derecho a exigir el pago de la cantidad pendiente de pago de la multa de cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos decisorios de la asociación. En la medida en que aún sea necesario, las autoridades nacionales de competencia también estarán autorizadas a exigir el pago del importe pendiente de la multa de cualquiera de los miembros de la asociación que estaban activos en el mercado en el que se haya cometido la infracción. No obstante, el pago no se exigirá de los miembros de la asociación que no cometieron la infracción y no tuvieron conocimiento de la misma o bien se distanciaron activamente de ella antes de que se iniciara la investigación.

Artículo 14

Importe máximo de la multa

1.Los Estados miembros velarán por que la cuantía máxima de la multa que puede imponer una autoridad nacional de competencia a cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE no debe fijarse por debajo del 10 % de su volumen de negocios mundial total realizado en el ejercicio social anterior a la Decisión.

2.Cuando una infracción cometida por una asociación de empresas se refiera a las actividades de sus miembros, la cuantía máxima de la multa no se fijará en un nivel inferior al 10 % de la suma del volumen de negocios mundial de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación. No obstante, la responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no excederá de la cantidad máxima fijada de conformidad con el apartado 1.

Artículo 15

Multas coercitivas

Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan, mediante decisión, imponer multas coercitivas eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas, que se determinarán en proporción a su volumen de negocios total diario con el fin de obligarlas a:

a)someterse a la inspección contemplada en el artículo 6, apartado 2;

b) facilitar, de forma completa y exacta, la información contemplada en el artículo 8;

c) respetar una decisión contemplada en los artículos 9, 10 y 11.

Capítulo VI

CLEMENCIA

Artículo 16

Dispensa de las multas

1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia apliquen programas de clemencia que les permitan conceder la dispensa del pago de las multas a las empresas.

2.Los Estados miembros velarán por que la dispensa solo pueda concederse si la empresa:

a)cumple las condiciones establecidas en el artículo 18;

b)revela su participación en un cártel secreto; y

c)es la primera en presentar pruebas que:

i.en el momento en que la autoridad nacional de competencia reciba la solicitud, le permitan realizar una inspección específica en relación con el cártel secreto, siempre y cuando la autoridad nacional de competencia aún no estuviera en posesión de pruebas para efectuar una inspección en relación con el cártel secreto o no hubiera llevado ya a cabo una inspección de este tipo; o

ii.en opinión de la autoridad nacional de competencia, permita la constatación de una infracción del Derecho de la competencia, siempre y cuando la autoridad nacional de competencia aún no estuviera en posesión de pruebas para constatar tal infracción y que ninguna otra empresa pudiera acogerse anteriormente a la dispensa con arreglo al apartado 2, letra c), inciso i), en relación con el mismo cártel.

3.Los Estados miembros velarán por que todas las empresas puedan acogerse a la dispensa del pago de las multas, con la excepción de las empresas que hayan tomado medidas para obligar a otras empresas a participar en un cártel secreto.

Artículo 17

Reducción del importe de las multas

1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia apliquen programas de clemencia que les permitan reducir el importe de las multas a las empresas que no puedan acogerse a la dispensa.

2.Los Estados miembros velarán por que solo se conceda una reducción del importe de las multas si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18 y el solicitante divulga su participación en un cártel secreto y proporciona a la autoridad nacional de competencia pruebas del presunto cártel secreto que representen un valor añadido significativo a efectos de demostrar la infracción del artículo 101 del TFUE o de una disposición correspondiente de conformidad con el Derecho nacional, con respecto a las pruebas de que ya disponía la autoridad nacional de competencia en el momento de presentar la solicitud.

3.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia puedan conceder una reducción adicional del importe de la multa si el solicitante presenta pruebas que la autoridad nacional de competencia utilice, sin necesidad de ulterior confirmación, para probar hechos adicionales que den lugar a un incremento de las multas con respecto a las multas que de otro modo se habrían impuesto a los participantes en el cártel secreto. La reducción del importe de las multas para el solicitante deberá ser proporcional a ese aumento de las multas.

Artículo 18

Condiciones generales de clemencia

Los Estados miembros velarán por que, para acogerse a la clemencia, el solicitante cumpla las siguientes condiciones acumulativas:

a)haber puesto fin a su implicación en el presunto cártel secreto inmediatamente después de presentar su solicitud, excepto en la medida en que, en opinión de la autoridad nacional de competencia, sea razonablemente necesaria para preservar la integridad de su investigación;

b)cooperar verdadera, plena, continua y diligentemente con la autoridad nacional de competencia desde el momento en que presenta la solicitud hasta que la autoridad haya dado por concluido el procedimiento contra todas las partes objeto de la investigación mediante la adopción de una decisión o haya concluido de otro modo su procedimiento; se trata, en particular, de:

i.facilitar inmediatamente a la autoridad nacional de competencia toda la información y las pruebas pertinentes en relación con el presunto cártel secreto que estén en su poder o a su disposición;

ii.permanecer a disposición de la autoridad nacional de competencia para responder a cualquier petición que pueda contribuir a la determinación de los hechos;

iii.permitir a los actuales (y, si es posible, antiguos) empleados y directivos entrevistarse con la autoridad nacional de competencia;

iv.no destruir, falsificar u ocultar información o pruebas pertinentes; y

v.no divulgar el hecho ni el contenido de su solicitud antes de que la autoridad nacional de competencia haya emitido cargos en el marco del procedimiento, salvo que se convenga otra cosa; y

c)mientras contempla la posibilidad de presentar una solicitud a la autoridad nacional de competencia, no deberá:

i.haber destruido, falsificado u ocultado pruebas del presunto cártel secreto; ni

ii.divulgado el hecho ni el contenido de su solicitud prevista, excepto a otras autoridades de competencia.

Artículo 19

Formulario de las solicitudes de clemencia

Los Estados miembros velarán por que los solicitantes de clemencia puedan hacerlo por escrito y por que las autoridades nacionales de competencia dispongan de un sistema que les permita aceptar declaraciones de clemencia, ya sea oralmente o por otros medios que no requieran la presentación de documentos, información u otros materiales en posesión del solicitante o bajo su custodia o control.

Artículo 20

Indicador de una solicitud formal de dispensa

1.Los Estados miembros velarán por que una empresa que desee presentar una solicitud de dispensa pueda pedir inicialmente un indicador a las autoridades nacionales de competencia. El indicador reserva al solicitante un puesto según el orden de presentación de la solicitud durante un periodo de tiempo que fijará en cada caso la autoridad nacional de competencia a la que se solicite el indicador. Esto permite al solicitante recabar la información y las pruebas necesarias para alcanzar el umbral de exigencia de pruebas para la dispensa.

2.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia tengan discreción para conceder o no un marcador.

3.Los Estados miembros velarán por que, si el solicitante formaliza la solicitud en el plazo señalado, la información y las pruebas facilitadas se consideren presentadas en la fecha en que se atribuyó el indicador.

Artículo 21

Solicitudes abreviadas

1.Los Estados miembros velarán por que quienes hayan solicitado clemencia a la Comisión en relación con un presunto cártel secreto, ya sea pidiendo un indicador o presentando una solicitud completa, puedan presentar solicitudes abreviadas en relación con el mismo cártel a las autoridades nacionales de competencia que, a juicio del solicitante, sean adecuadas para tramitar el asunto.

2.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia acepten una solicitud abreviada siempre y cuando adopte alguna de las formas contempladas en el artículo 19, se refiera al mismo producto, ámbito geográfico y periodo que la solicitud de clemencia presentada a la Comisión, e incluya una breve descripción de lo siguiente, en la medida en que el solicitante conozca estos datos en el momento de su solicitud:

a)el nombre y la dirección del solicitante;

b)los demás participantes en el presunto cártel secreto;

c)el producto o productos afectados;

d)el territorio o territorios afectados;

e)la duración;

f)la naturaleza de la conducta del presunto cártel;

g)el Estado miembro o Estados miembros donde es probable que se encuentren las pruebas; y

h)la información sobre las demás solicitudes de clemencia que haya presentado o tenga previsto presentar el solicitante en relación con el presunto cártel secreto.

3.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia se abstengan de pedir al solicitante información relativa a la presunta infracción cubierta por la solicitud abreviada aparte de los elementos contemplados en el apartado 2 antes de que pidan la presentación de una solicitud completa de conformidad con el apartado 6.

4.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia que reciban una solicitud abreviada proporcionen al solicitante un acuse de recibo en el que se indicarán la fecha y hora de recepción.

5.Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia que reciban una solicitud abreviada comprueben si ya se ha recibido previamente una solicitud abreviada o una solicitud de clemencia en relación con el mismo presunto cártel secreto en el momento de su recepción e informen de ello al solicitante.

6.Los Estados miembros velarán por que los solicitantes tengan la posibilidad de presentar solicitudes de clemencia completas, formalizando las solicitudes abreviadas a que se refiere el apartado 1, a las autoridades nacionales de competencia de que se trate, una vez que la Comisión haya informado a dichas autoridades de que no tiene la intención de actuar en el asunto en su totalidad o en parte. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia tengan la facultad de fijar un plazo razonable dentro del cual el solicitante deberá presentar la solicitud completa, junto con las correspondientes pruebas e información.

7.Los Estados miembros velarán por que, si el solicitante presenta la solicitud completa de conformidad con el apartado 6, dentro del plazo fijado por la autoridad nacional de competencia, la información contenida en ella se considerará presentada en la fecha y hora de la solicitud abreviada. Si el solicitante hubiera presentado la solicitud abreviada no más tarde de cinco días hábiles después de la presentación de la solicitud de clemencia a la Comisión, la solicitud abreviada se considerará presentada en la fecha y hora de la solicitud de clemencia presentada a la Comisión.

Artículo 22

Interacción entre los programas de clemencia y las sanciones impuestas a las personas físicas

Los Estados miembros velarán por que los empleados y directivos, actuales y antiguos, de empresas que soliciten la dispensa del pago de las multas a las autoridades de competencia estén protegidos de cualquier sanción administrativa y penal y de las sanciones impuestas en procedimientos judiciales no penales por su participación en el cártel secreto al que se refiere la solicitud, si dichos empleados y directivos cooperan activamente con las autoridades de competencia de que se trate y la solicitud de dispensa es anterior al inicio del procedimiento penal.

CAPÍTULO VII

ASISTENCIA MUTUA

Artículo 23

Cooperación entre las autoridades nacionales de competencia

Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades administrativas nacionales de competencia realicen una inspección en nombre y por cuenta de otras autoridades nacionales de competencia de conformidad con el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, los agentes y sus acompañantes acreditados por la autoridad nacional de competencia requirente estarán autorizados a asistir y ayudar activamente a la autoridad nacional de competencia requerida en la inspección, mediante el ejercicio de las competencias contempladas en los artículos 6 y 7.

Artículo 24

Solicitudes para la notificación de cargos preliminares y decisiones

1.Sin perjuicio de cualquier otra forma de notificación efectuada por la autoridad nacional de competencia del Estado miembro requirente de conformidad con la normativa vigente en ese Estado miembro, los Estados miembros garantizarán que, a petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida notifique al destinatario en nombre de la autoridad requirente los cargos preliminares relativos a la presunta infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE y las decisiones por las que se apliquen dichos artículos, así como los documentos que se refieran a la ejecución de las decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas.

2.La autoridad requerida velará por que la notificación en el Estado miembro requerido se efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas administrativas nacionales en vigor en dicho Estado miembro.

Artículo 25

Solicitudes para la ejecución de decisiones por las que se impongan multas o multas coercitivas

1.Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejecute las decisiones por las que se impongan multas o multas coercitivas que haya adoptado, de conformidad con los artículos 12 y 15, la autoridad requirente. Esto se aplicará únicamente en la medida en que:

a)la empresa contra la cual la multa o multa coercitiva tiene fuerza ejecutiva no tenga una presencia legal en el Estado miembro de la autoridad requirente; o

b) sea evidente que la empresa contra la cual la multa o multa coercitiva tiene fuerza ejecutiva no tiene suficientes activos en el Estado miembro de la autoridad requirente.

2.La autoridad requerida velará por que la ejecución en el Estado miembro requerido se efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas administrativas nacionales en vigor en dicho Estado miembro.

3.La autoridad requirente solo podrá formular una solicitud de ejecución cuando la decisión que permita su ejecución en el Estado miembro requirente sea firme y contra la que ya no quepa la posibilidad de interponer recurso ordinario.

4.Las cuestiones relativas a los plazos de prescripción se regirán por las disposiciones legales vigentes en el Estado miembro requirente.

5.La autoridad requerida no estará obligada a ejecutar las decisiones de conformidad con el apartado 1 si esto fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en el que se solicite la ejecución.

Artículo 26

Litigios relativos a las solicitudes de notificación y de ejecución de decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas

1.Los litigios relativos a la legalidad de una medida que se vaya a notificar o una decisión por la que se imponen multas o multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 15 adoptada por una autoridad requirente entran dentro del ámbito de competencia de los órganos competentes del Estado miembro requirente y se regirán por las normas nacionales de dicho Estado.

2.Los litigios referentes a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado miembro requerido o a la validez de una notificación efectuada por la autoridad requerida entran en el ámbito de competencia de los órganos competentes del Estado miembro requerido y se regirán por las normas en vigor en dicho Estado.

CAPÍTULO VIII

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

Artículo 27

Suspensión de los plazos de prescripción para la imposición de sanciones

1.Los Estados miembros velarán por que los plazos de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas por las autoridades nacionales de competencia en aplicación de los artículos 12 y 15 se suspendan mientras dure el procedimiento ante las autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros o ante la Comisión con respecto a una infracción relativa al mismo acuerdo, la misma decisión de asociación o la misma práctica concertada. La suspensión comenzará a computarse a partir de la notificación de la primera medida de investigación formal a la empresa objeto del procedimiento. Terminará el día en que la autoridad correspondiente haya dado por concluido el procedimiento e informado a la empresa. La duración de esta suspensión se entenderá sin perjuicio de los plazos de prescripción absolutos previstos en el Derecho nacional.

2.La prescripción en materia de imposición de multas o multas coercitivas quedará suspendida mientras la decisión de la autoridad de competencia sea objeto de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28

Papel de las autoridades administrativas nacionales de competencia ante los órganos jurisdiccionales nacionales

1.Los Estados miembros que designen una autoridad administrativa nacional de competencia, facultada para investigar las infracciones de los artículos 101 o 102 del TFUE, y una autoridad judicial nacional de competencia, facultada para adoptar una decisión por la que se constata una infracción o por la que se impone la multa, velarán por que el recurso ante la autoridad judicial nacional de competencia pueda impugnarlo directamente la autoridad administrativa nacional de competencia.

2.En la medida en que los órganos jurisdiccionales nacionales actúan en un procedimiento interpuesto contra las decisiones de ejecución de las autoridades nacionales de competencia por las que se aplican los artículos 101 o 102 del TFUE, los Estados miembros velarán por que la autoridad administrativa nacional en materia de competencia esté plenamente legitimada por derecho propio a participar como parte recurrente o parte recurrida en dicho procedimiento, y disfrute de los mismos derechos que dichas partes en el procedimiento.

Artículo 29

Limitaciones en la utilización de información

1.La información recabada sobre la base de las disposiciones contempladas en la presente Directiva solo deberá utilizarse para los fines para los que haya sido recabada. No deberá utilizarse como prueba para imponer sanciones a personas físicas.

2.Los Estados miembros velarán por que el acceso a las declaraciones de clemencia o solicitudes de transacción solo se conceda con fines del ejercicio de los derechos de defensa en el marco de un procedimiento ante una autoridad nacional de competencia. Los Estados miembros velarán por que la información extraída de dichas declaraciones de clemencia y solicitudes de transacción solo pueda ser utilizada por la parte que haya obtenido el acceso al expediente cuando sea necesario para el ejercicio de sus derechos de defensa en el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en asuntos que estén directamente relacionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso, y que se refieran a lo siguiente:

a)la distribución entre los participantes en un cártel de una multa impuesta solidariamente por una autoridad nacional de competencia; o

b)la revisión de una decisión por la que una autoridad nacional de competencia haya constatado una infracción del artículo 101 del TFUE o de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia.

3.Los Estados miembros velarán por que las siguientes categorías de datos obtenidos durante el procedimiento ante una autoridad nacional de competencia no se utilicen en procedimientos ante los órganos jurisdiccionales nacionales antes de que la autoridad nacional de competencia haya dado por concluido el procedimiento contra todas las partes objeto de la investigación mediante la adopción de una decisión contemplada en el artículo 9 o en el artículo 11 o de otro modo haya concluido su procedimiento:

a)la información que haya sido preparada por otras personas físicas o jurídicas específicamente para el procedimiento de la autoridad nacional de competencia; y

b)la información que la autoridad nacional de competencia haya elaborado y que haya sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento.

4.Los Estados miembros velarán por que las declaraciones de clemencia solo puedan ser intercambiadas entre las autoridades de competencia nacionales conforme al artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 1/2003:

a)con el consentimiento del solicitante; o

b)cuando la autoridad receptora también haya recibido del mismo solicitante una solicitud de clemencia relacionada con la misma infracción que la autoridad remitente, siempre y cuando, en la fecha de transmisión de la información, el solicitante no pueda retirar la información que haya facilitado a dicha autoridad receptora; o

c)cuando la autoridad receptora se haya comprometido por escrito a que ni la información que le haya sido transmitida, ni cualquier otra información que pueda obtener con posterioridad a la fecha y hora de la transmisión, registradas por la autoridad remitente, será utilizada por ella misma ni por ninguna otra autoridad a la que transmita la información para imponer sanciones al solicitante, a cualquier otra persona física o jurídica cubierta por el trato favorable ofrecido por la autoridad remitente como resultado de la solicitud presentada por el solicitante en el marco de su programa de clemencia o a cualquier empleado o antiguo empleado de cualquiera de las personas antes citadas;

y siempre y cuando la protección contra la divulgación concedida por la autoridad nacional de competencia receptora sea equivalente a la que confiere la autoridad nacional de competencia remitente.

5.Cuando una autoridad de competencia transmita información facilitada de forma voluntaria por un solicitante con arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 sin el consentimiento del solicitante, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de competencia puedan comprometerse a lo dispuesto en el apartado 4, letra c).

6.Los apartados 2 a 5 se aplican con independencia de la forma en que se presenten las declaraciones de clemencia de conformidad con el artículo 19.

Artículo 30

Admisibilidad de pruebas ante las autoridades nacionales de competencia

Los Estados miembros velarán por que los tipos de prueba admisibles como prueba ante una autoridad nacional de competencia incluyan documentos, declaraciones orales, grabaciones y todos los demás objetos que contengan información, independientemente del soporte en que se almacene la información.

Artículo 31

Costes del Sistema de la Red Europea de Competencia

Los costes soportados por la Comisión en relación con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de la Red Europea de Competencia y la cooperación dentro de dicha Red serán sufragados por el presupuesto general de la Unión, dentro de los límites de los créditos disponibles.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32

Transposición

1.Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [periodo de dos años para la transposición]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 33

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 34

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) de actuación afectado(s) en la estructura GPA/PPA

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

1.4.Objetivo(s)

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.6.Duración e incidencia financiera

1.7.Modos de gestión previstos

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

2.2.Sistema de gestión y de control

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2.Incidencia estimada en los gastos 

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

3.2.3.Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5.Contribución de terceros

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

1.2.Ámbito(s) de actuación afectado(s) en la estructura GPA/PPA 24  

Ámbito de actuación:    Título 03 – Política de competencia

Actividades:    03 02 — Coordinación de las políticas, Red Europea de Competencia y cooperación internacional.

03 05 – Cárteles, defensa de la competencia y liberalización.

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva. 

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa

Objetivo general A: Nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión.

1.4.2.Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

Objetivo específico n.º 2: Aplicación efectiva y coherente del Derecho de competencia de la UE por parte de las ANC y los órganos jurisdiccionales nacionales.

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s): 03 02 — Coordinación de las políticas, Red Europea de Competencia y cooperación internacional y 03 05 — Cárteles, defensa de la competencia y liberalización.

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

1.4.4.La iniciativa tendrá mayor incidencia sobre las ANC, las empresas y los consumidores, como se explica en el apartado 2 de la exposición de motivos. Indicadores de resultados e incidencia

El cuadro que figura a continuación recoge los indicadores que se podrían utilizar para medir los resultados y la incidencia.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo

El principal objetivo de la presente iniciativa legislativa es garantizar que se realice todo el potencial del sistema de aplicación descentralizada de las normas de competencia de la UE establecido por el Reglamento (CE) n.º 1/2003, facultando a las ANC para aplicar la normativa con más eficacia. Esto aumentará la aplicación efectiva de las normas de competencia de la UE. También apoyará una estrecha cooperación en la Red Europea de Competencia.

Para ello, deben alcanzarse los siguientes objetivos operativos:

1.    garantizar que todas las ANC cuenten con instrumentos eficaces de investigación y toma de decisiones;

2.    garantizar que todas las ANC puedan imponer multas disuasorias eficaces;

3.    garantizar que todas las ANC dispongan de un programa de clemencia bien diseñado que facilite también la aplicación de la clemencia en varias jurisdicciones; y

4.    garantizar que las ANC dispongan de recursos suficientes y puedan aplicar las normas de competencia de la UE con independencia.

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la UE

Existen varias razones que justifican la intervención de la UE para lograr los objetivos descritos en la sección 1.5.1 y explotar todo el potencial del sistema descentralizado de aplicación de la normativa de competencia de la UE, como se explica en el apartado 2 de la exposición de motivos.

1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

El Reglamento (CE) n.º 1/2003 facultó a las ANC para aplicar las normas de competencia de la UE. Como resultado, la aplicación de las normas de competencia de la UE ya se está produciendo a una escala que la Comisión nunca podría haber logrado por sí sola. Desde 2004, la Comisión y las ANC han adoptado más de 1 000 decisiones de ejecución, siendo responsables del 85 % de ellas las ANC. La propuesta legislativa se basa en la experiencia de aplicación de las ANC y en investigación adicional desde 2004.

1.5.4.Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

La propuesta legislativa es compatible con el Reglamento (CE) n.º 1/2003 y tendrá importantes sinergias con el mismo, ya que permitirá a las ANC alcanzar su pleno potencial en el sistema descentralizado de aplicación de las normas de competencia de la UE contemplado por dicho Reglamento.

1.6.Duración e incidencia financiera

Propuesta/iniciativa de duración ilimitada

1.7.Modos de gestión previstos 25  

Gestión directa a cargo de la Comisión y de sus servicios.

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

Los créditos servirán para mantener, desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central de información (Sistema de Red Europea de Competencia) en cumplimiento de las normas relevantes de confidencialidad y seguridad de los datos. Garantizarán la estrecha cooperación entre las ANC y la Comisión en la Red Europea de Competencia a través de diversos medios. Se aplicarán las disposiciones de la Dirección General en materia de informes.

2.2.Sistema de gestión y de control

2.2.1.Riesgo(s) definido(s)

Por lo que se refiere a las TI: riesgo de que los sistemas informáticos no apoyen eficazmente el funcionamiento de la Red Europea de Competencia.

2.2.2.Información relativa al sistema de control interno establecido

TI: Procesos de gobernanza de la TI eficaces, que implican activamente a los usuarios de los sistemas.

Gastos: los procesos de control interno pretenden garantizar la gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, así como la naturaleza de los pagos. Por otra parte, el sistema de control consta de varios componentes, tales como la información a la alta dirección, la verificación ex ante por el servicio financiero central, la intervención de la Comisión consultiva de compras y contratos, los controles ex post y auditorías del Servicio de Auditoría Interna y del Tribunal de Cuentas Europeo.

2.2.3.Estimación de los costes y beneficios de los controles y evaluación del nivel de riesgo de error esperado

Gastos: El coste de los controles se estima en menos del 3 % del gasto total. Los beneficios de los controles en términos no financieros comprenden: una mejor relación calidad-precio, efectos disuasorios, aumentos de eficiencia, mejoras del sistema y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.

Los riesgos son efectivamente atenuados por medio de los controles implantados, y el nivel de riesgo de error estimado es inferior al 2 %.

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

El riesgo de fraude está atenuado por controles específicos. Las actividades y operaciones de mayor riesgo de fraude son objeto de seguimiento y control más exhaustivos. El citado sistema de control y la naturaleza de los gastos en régimen de gestión directa permiten estimar que la probabilidad de fraude será baja.

Todas las transacciones estarán sujetas a controles de primer nivel ex ante de conformidad con nuestros circuitos financieros. Los controles son tanto operativos como financieros, la iniciación y la verificación operativas las lleva a cabo la dirección operativa mientras que la iniciación y la verificación financieras las lleva a cabo la célula financiera de la Unidad COMP R2.

El riesgo de fraude se evalúa cada año en el contexto del ejercicio de gestión de riesgos.

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

Líneas presupuestarias existentes

En 2016, los sistemas de información que apoyan las operaciones de la Red Europea de Competencia fueron financiadas por el programa ISA2 con cargo a la acción ABCDE. Otros costes soportados en relación con el funcionamiento de la Red Europea de Competencia se financian con cargo a los gastos administrativos. Lo mismo se aplica en 2017 y hasta 2020. Las modalidades de la incidencia presupuestaria de la propuesta después de 2020 estarán supeditadas a propuestas de la Comisión sobre el próximo MFP y al resultado final de las negociaciones sobre el MFP posterior a 2020.

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

3.2.Incidencia estimada en los gastos

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

En millones EUR (tres cifras decimales)

En millones EUR (tres cifras decimales)

En millones EUR (tres cifras decimales)

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

No es posible para la DG Competencia facilitar una lista exhaustiva de los resultados que deben alcanzarse por medio de intervenciones financieras, su coste medio y su número, tal como se solicita en esta sección, ya que se trata de una iniciativa nueva y no hay datos estadísticos anteriores en los que poder basarse.

Para sustentar la estrecha cooperación en la Red Europea de Competencia y alcanzar los objetivos de manera óptima, se prevén, entre otras cosas, los siguientes gastos:

gastos para mantener, desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central de información (Sistema de Red Europea de Competencia) en cumplimiento de las normas relevantes de confidencialidad y seguridad de los datos. La Red Europea de Competencia depende de la interoperabilidad para su funcionamiento efectivo y eficaz.

otros gastos administrativos derivados del funcionamiento de la Red Europea de Competencia, relativos en particular a:

la organización de reuniones;

la formación para las autoridades nacionales de competencia;

los documentos impresos traducidos a todas las lenguas;

las prácticas recomendadas/orientaciones traducidas a todas las lenguas;

las evaluaciones/estudios/encuestas de seguimiento.

3.2.3.Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.3.1.Resumen

La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de carácter administrativo adicionales.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las restricciones presupuestarias existentes. Lo mismo se aplica a los créditos necesarios para cubrir otros gastos administrativos.

3.2.3.2.Necesidades estimadas de recursos humanos

La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a jornada completa

XX es el ámbito de actuación o título presupuestario en cuestión.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las restricciones presupuestarias existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual vigente y la actual programación financiera del programa ISA2, y no son necesarios recursos adicionales.

3.2.5.Contribución de terceros

La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros.

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

(1) Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

(2) COM(2016) 710 final.

(3) Comunicación de la Comisión - Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación, C/2016/8600 (DO C 18 de 19.1.2017, p.10).

(4) Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33); Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 55); Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (DO L 337 de 18.12.2009, p. 1); Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 326 de 8.12.2011, p. 1); Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32); Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671); Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión (DO L 158 de 27.5.2014, p. 77).

(5) Asunto C-557/12, Kone AG / ÖBB -Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317, apartado 32.

(6) Asunto C-439/08, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) WZW, EU:C.2010:739, apartados 56 y 57.

(7) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) n.º 1/2003: logros y perspectivas futuras COM(2014) 453, y los documentos de trabajo que la acompañan: Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) n.º 1/2003 SWD(2014) 230 y «Enhancing competition enforcement by the Member States’ competition authorities: institutional and procedural issues» SWD(2014) 231 (Mejorar la aplicación de las normas de competencia por parte de las autoridades de competencia de los Estados miembros: cuestiones institucionales y procesales), http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html.

(8) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Informe sobre el funcionamiento del Reglamento 1/2003, COM(2009) 206 final y documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña, SEC(2009) 574 final, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html.

(9) El 8 % restante respondió: «No sabe / no contesta».

(10) Véase el apartado 6.3 del informe de evaluación de impacto en: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.

(11) Véanse los dictámenes de 28 de septiembre de 2016 y de 9 de diciembre de 2016, en la dirección: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia. Véase también el anexo I del informe de la evaluación de impacto.

(12) Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (DO L 318 de 4.12.2015, p. 1).

(13) DO L 349 de 5.12.2014, p. 1.

(14) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico [de la Unión] vinculan, asimismo, a los Estados miembros cuando aplican la normativa [de la UE]», sentencia Karlsson y otros en el asunto C-292/97 ECLI: EU:C:2000:202, apartado 37. Véase también la sentencia Eturas, en el asunto C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42, apartado 38, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recordó que la presunción de inocencia es un principio general del Derecho de la Unión, actualmente consagrado en el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia E.ON Energie/Comisión, C 89/11 P, ECLI: EU:C:2012:738, apartado 72), que los Estados miembros deben observar al aplicar el Derecho de competencia de la UE. Véase también al respecto, la sentencia VEBIC en el asunto C 439/08, ECLI: EU:C:2010:739, apartado 63.

(15) Sentencia Inspecteur van de Belastingdienst/X BV, en el asunto C-429/07, EU:C:2009:359, apartados 39 a 36.

(16) El término «multas civiles» se utiliza para designar aquellas multas impuestas en procedimientos judiciales no penales.

(17) Sentencia en el asunto C-97/08 P, Akzo Nobel NV/Comisión, ECLI:EU:C:2009:536). Debe demostrarse que la sociedad matriz ejerce una influencia determinante sobre la filial que cometió la infracción.

(18) http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.

(19) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254.

(20) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el artículo 35 del Reglamento n.º 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permita que las ANC participen, como parte recurrida, en un procedimiento judicial interpuesto contra una decisión de la que sea autora la propia ANC, sentencia VEBIC en el asunto C-439/08 ECLI:EU:C:2010:739, apartado 64.

(21) DO C […] de […], p. […].

(22) Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

(23) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

(24) GPA: gestión por actividades. PPA: presupuestación por actividades.

(25) Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio web de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm.

(26) CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.

(27) AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.

(28) Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

(29) Estos importes tienen carácter indicativo, sin perjuicio del procedimiento presupuestario anual y de las prioridades establecidas en el programa de trabajo anual del programa ISA².

(30) Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(31) El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa.

(32) AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JED = joven experto en delegación.

(33) Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).