13.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 54/32

1.

acoge con satisfacción el hecho de que, al presentar el «Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización», la Comisión reconoce que la globalización es un elemento esencial del proceso de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea (1). En efecto, la capacidad de la UE para conformar la globalización y abordar sus efectos resulta clave en el debate público sobre el futuro de Europa y su legitimidad respecto de las expectativas de los ciudadanos hacia la UE;

2.

reconoce el enfoque completo e informado con que la Comisión ha afrontado hasta ahora este asunto, en concreto presentando el 14 de septiembre de 2017 medidas rápidas de seguimiento del documento de reflexión en forma de un paquete comercial que presenta un marco europeo para controlar la inversión extranjera directa, así como un tribunal multilateral permanente de inversiones. Este paquete comercial será objeto de otro dictamen del CDR. Insiste, sin embargo, en la necesidad de que la Comisión adopte un enfoque holístico con respecto a la globalización, que englobe, en particular, las políticas sociales y en favor del capital humano y la innovación, la migración y los cambios demográficos y sus efectos territoriales;

3.

acoge asimismo con satisfacción la presentación equilibrada de las oportunidades y retos de la globalización en el «Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización». La globalización ha contribuido al crecimiento económico en muchas regiones del mundo, mejorando así la calidad de vida de muchas ciudadanas y ciudadanos europeos. Sin embargo, no todas las regiones y grupos de población se han beneficiado por igual de los efectos de la globalización. Además, muchas personas muestran inseguridad en cuanto a estos cambios profundos. La UE debe seguir asumiendo un papel activo en la estructuración del proceso de globalización y aprovechar de forma activa las oportunidades que ofrece. El objetivo debe ser conseguir una distribución más justa de las oportunidades de la globalización tanto dentro de la UE como en el resto del mundo;

4.

hace hincapié en el papel clave que desempeñan las reflexiones estratégicas sobre las finanzas, el pilar social y las políticas de cohesión para reforzar la capacidad de la Comisión de responder de forma positiva a los retos de la globalización, así como en la urgencia de mejorar y reforzar su coordinación;

5.

apoya la intención de la Comisión de reforzar la gobernanza global para conseguir una distribución más justa de las oportunidades de la globalización junto con los socios internacionales. Debe mejorarse la aceptación de las políticas internacionales, celebrando más debates democráticos que requieren tiempo y que deben estructurarse apropiadamente. La UE puede aportar a este respecto su experiencia en el proceso de integración europea y, de este modo, afirmar su compromiso con un orden internacional pacífico respaldado por normas fuertes y marcado por el multilateralismo;

6.

acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de la fuerte dimensión regional en los diferentes ámbitos políticos relacionados con la globalización (2), del impacto desigual de la globalización desde el punto de vista territorial y de la responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno para que la economía europea sea más competitiva, sostenible y resiliente respecto de la globalización, y garantizar que, como se subrayó en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) 2017, los beneficios de la globalización «se distribuyan de forma equitativa entre los diferentes grupos sociales, sobre todo los jóvenes. La preocupación por la igualdad, la equidad y la integración requiere aumentar la sensibilización a todos los niveles acerca de la repercusión de las políticas y las reformas en la distribución de la renta» (3);

7.

no obstante, subraya que, a la hora de analizar los desiguales efectos de la globalización en los mercados laborales, el documento no aborda adecuadamente las cuestiones de la variabilidad territorial de esos efectos dentro de la Unión, su interacción con la crisis y las políticas de austeridad y la relevancia de los fenómenos de la «inflación de capacidades» y del subempleo en los segmentos superiores de la oferta de empleo, especialmente entre las generaciones jóvenes, y su vínculo con la reducción de oferta en los segmentos inferiores;

8.

subraya que es esencial preservar la capacidad de los entes locales y regionales para invertir como factor de resiliencia frente a la globalización; reitera, por consiguiente, que el gasto público realizado por los Estados miembros y los entes locales y regionales en el marco de la cofinanciación de los Fondos EIE y el BEI no se incluya en los gastos estructurales, según se definen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), ya que se trata, por definición, de inversiones de interés general europeo cuyo efecto multiplicador en términos de crecimiento económico ha quedado demostrado (4);

9.

reitera su convicción de que el crecimiento no puede ir acompañado de las desigualdades y la exclusión social y recuerda que el artículo 3, apartado 3, del TUE obliga a la Unión Europea a establecer una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social; destaca además que el artículo 9 del TFUE, la cláusula «social» horizontal del TFUE, insta a la UE a tener en cuenta las exigencias relacionadas con la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social en todas sus políticas y acciones;

10.

subraya que, según estudios recientes, el coste de las políticas de bienestar no perjudica la competitividad y que, por lo tanto, los sistemas de bienestar nacionales deben considerarse más bien como un factor productivo y no una rémora para la economía; señala, a este respecto, que por primera vez también la OCDE (5) considera que la inclusión es un objetivo esencial, junto con la productividad y el empleo, destacando la necesidad de que los gobiernos dediquen mayor atención a los grupos sociales más expuestos a los costes de las reformas;

11.

reitera su preocupación por que las normas del presupuesto europeo a veces hacen difícil redistribuir los beneficios de la globalización a los grupos socialmente desfavorecidos, y también suelen agravar las dificultades mediante la reducción de los mecanismos de protección social y redistribución de la riqueza; subraya el papel clave que desempeñan los entes regionales y locales en la prestación de servicios públicos (6) y lamenta la creciente dificultad que tienen para mantener la calidad y garantizar su innovación debido a las propias normas presupuestarias. Espera, por lo tanto, un mayor reconocimiento, en particular en el proceso del Semestre Europeo, del papel que desempeñan los entes locales y regionales en la aplicación del objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con la inclusividad, la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad;

12.

acoge con satisfacción el documento de reflexión de la Comisión sobre la dimensión social de Europa (7) y su propuesta de un pilar europeo de derechos sociales, y considera que ambas iniciativas constituyen avances decisivos en el proceso de convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y trabajo en Europa y en la mejor distribución de los beneficios de la globalización; apoya la idea de un cuadro de indicadores sociales y considera necesario incluir objetivos sociales vinculantes;

13.

sugiere dejar de promover «reformas estructurales de espaldas a los territorios» y, a la vez, elaborar una estrategia de la UE para encauzar la globalización construida en torno a tres ejes principales: una clara estrategia proactiva para mejorar las capacidades, conocimientos e infraestructuras y, por tanto, la competitividad regional, a fin de ayudar a todos los territorios de la UE a aprovechar las oportunidades de la globalización; una estrategia de mitigación, incluido el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y otros instrumentos de política social; y una estrategia participativa basada en una rendición de cuentas democrática a escala europea, nacional, regional y local para mejorar la participación de los ciudadanos en la elaboración de políticas de la UE;

14.

reitera la importancia de un enfoque renovado y reforzado basado en el territorio («place-based») de las políticas europeas que permita un gobierno eficaz de los procesos de reorganización y aglomeración territorial generados por la integración global de los mercados. Esta reorientación, que es fundamental en la política de cohesión, es esencial para reducir las crecientes desigualdades sociales y territoriales registradas entre las zonas metropolitanas y urbanas y entre estas y las zonas rurales, cuyo impacto negativo en los niveles de bienestar social puede poner en peligro los equilibrios político e institucional de la Unión;

15.

destaca que el comercio no es un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como un medio para alcanzar los objetivos fundamentales de la UE, enunciados en el artículo 3 del TUE, así como en la Estrategia Europa 2020, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (8);

16.

acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de incrementar la transparencia de los procesos de negociación comercial. Pide a la Comisión Europea que, cuando participe en negociaciones y en el proceso de toma de decisiones relacionado con acuerdos comerciales, dialogue efectivamente con todos los niveles de gobierno y partes interesadas a la hora de establecer una posición común de la UE y comunique efectivamente los resultados de las negociaciones. Pide asimismo a los Estados miembros que aumenten ya la transparencia en la fase en que se formulan los objetivos de política comercial para una negociación comercial concreta;

17.

señala que la política comercial común, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del TFUE, es uno de los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión. No obstante, cuando las negociaciones comerciales abarcan también ámbitos de competencias compartidas con los Estados miembros, el reparto de competencias en estas negociaciones también debe clarificarse en la fase más temprana posible habida cuenta asimismo del principio de subsidiariedad;

18.

considera que la Comisión y los Estados miembros deberían adoptar medidas para garantizar la participación de los entes locales y regionales en los procesos de negociación comercial;

19.

recuerda que, apenas unos días después de la publicación del documento de reflexión de la Comisión (10 de mayo de 2017), el 16 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó el Dictamen 2/2015 sobre el acuerdo de libre comercio con Singapur, en el que llega a la conclusión de que este tipo de acuerdo entra dentro de las competencias exclusivas de la UE, con excepción de las disposiciones relativas a la protección de las inversiones, que afectan a una competencia compartida entre la UE y los Estados miembros. Por lo tanto, como orientación general, la Comisión podría en el futuro proponer acuerdos comerciales que solo abarquen los ámbitos de competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, este planteamiento no debe llevar a la Comisión a rebajar sus aspiraciones en cuanto a transparencia e inclusión respecto de todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, el CDR espera que la Comisión prevea una representación del Comité dentro del grupo consultivo sobre las negociaciones comerciales de la UE, cuya creación se anunció en su Comunicación de 13 de septiembre de 2017 sobre «Una política comercial equilibrada y progresista para encauzar la globalización» (9);

20.

pide a la Comisión que ponga en práctica los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible mediante el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. La lucha contra las causas estructurales de la pobreza y el crecimiento de las desigualdades en todo el mundo puede contribuir también a combatir las causas que originan los flujos migratorios;

21.

señala que la mayor parte del crecimiento mundial procederá de fuera de la UE en el futuro. Al mismo tiempo, las barreras arancelarias ya se han reducido de forma considerable por medio de acuerdos bilaterales y multilaterales. Por lo tanto, espera que se ejerza más presión sobre las barreras no arancelarias y las cuestiones reglamentarias. No obstante, el derecho a regular en aras del interés general por parte de las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales así como el papel y el amplio margen de discrecionalidad de las autoridades nacionales, regionales y locales en la organización y prestación de servicios de interés económico general deben seguir respetándose plenamente. La cooperación en materia de reglamentación no deberá socavar los procedimientos legislativos democráticos;

22.

acoge con satisfacción el planteamiento de la Comisión sobre la necesidad de aspirar a una mayor cooperación con el sector privado para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en los países en desarrollo mediante el Plan de Inversiones Exteriores propuesto en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS). A este respecto, deben crearse instrumentos adecuados que garanticen un efecto sostenible y justo de las inversiones privadas, que se ajuste también a los intereses de los países en desarrollo y no tenga como objetivo único la obtención de beneficios;

23.

hace hincapié en que, en su Dictamen 2/2015, el TJUE considera que «(…) la liberalización (…) [del comercio se supedita] al requisito de que las Partes respeten sus obligaciones internacionales en materia de protección social de los trabajadores y de protección del medio ambiente» (apartado 166). Considera, por lo tanto, que las directrices de negociación para las negociaciones de acuerdos de libre comercio (ALC) deberían mantener el requisito de evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad previas. Los acuerdos comerciales deben respetar las normas reguladoras y las normas laborales vigentes, que deberían ser objeto de un capítulo específico en los futuros acuerdos de libre comercio;

24.

apoya a la Comisión en su intención de afirmar su compromiso con un orden internacional pacífico respaldado por normas fuertes y marcado por el multilateralismo. A este respecto cabe citar el cumplimiento, la ejecución efectiva y el desarrollo transparente de los acuerdos comerciales para garantizar condiciones de competencia equitativas, reforzar los derechos laborales fundamentales en el sentido de las ochos normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y salvaguardar las elevadas normas de protección europeas, en particular frente al Sur Global;

25.

insta al Consejo a que llegue a un acuerdo rápido sobre la reforma de los instrumentos de defensa comercial de la UE y, en particular, la nueva metodología antidumping. Por lo demás, sobre la base del artículo XXI del GATT, así como los artículos 65 y 346 del TFUE, defiende que se armonicen los criterios para definir las «inversiones estratégicas», tanto respecto del valor (umbrales de intervención) como de los sectores, cuando esté en juego la seguridad pública y los socios comerciales no garanticen la reciprocidad. Acoge favorablemente, en este contexto, la filosofía de la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión el 13 de septiembre para controlar la inversión extranjera en sectores estratégicos de la UE como medida importante para igualar las condiciones en Europa y mejorar la protección, en particular en el caso de las adquisiciones empresariales en la UE por parte de empresas públicas de terceros países;

26.

señala que, cuando se concluyan otros acuerdos de libre comercio, debe prestarse atención a que se respeten las elevadas normas vigentes en la UE, concretamente las relativas a la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente y la naturaleza y la protección de datos;

27.

hace hincapié en que, como economía orientada a la exportación, la UE solo puede obtener beneficios con la inclusión de la contratación pública en los acuerdos comerciales internacionales. La UE ya es en este ámbito una de las economías más abiertas del mundo debido a la vigencia del Acuerdo sobre Contratación Pública en el marco de la OMC. Una mayor apertura asimétrica de los mercados de contratación pública no resulta oportuna. Debido a que es demasiado amplio el desajuste existente entre la apertura de los mercados de contratación pública de la UE y las prácticas restrictivas de los principales socios comerciales y de que no se garantice la reciprocidad sobre la apertura, debería considerarse la posibilidad de adoptar una iniciativa voluntaria y no vinculante en la UE en el sentido de una Carta para comprar productos de las regiones europeas («Buy from European Regions Charter»), con el fin de apoyar los productos locales y regionales en Europa. Dicha iniciativa podría clarificar, entre otras cosas, la manera de fomentar productos con la indicación «Hecho en las regiones europeas». Asimismo, el CDR reitera la petición formulada hace tiempo a la Comisión para que presente una propuesta legislativa sobre la extensión de la protección de las indicaciones geográficas a los productos no agrícolas;

28.

destaca que el porcentaje de pymes dedicadas a actividades internacionales sigue siendo muy bajo; reconoce la importancia de una diplomacia económica de la UE para hacer pleno uso de este potencial inexplorado y hace hincapié en la necesidad de una mejor coordinación entre la UE, los Estados miembros, los entes locales y regionales y las instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para superar las barreras persistentes de acceso al mercado y utilizar mejor la red de delegaciones de la UE en el mundo, así como las cámaras europeas de comercio e industria;

29.

considera que la UE debería situar la transparencia fiscal, la equidad y la eficiencia entre las máximas prioridades de su política comercial y garantizar la armonización mundial de la aplicación de normas comunes, como las propuestas por la OCDE en su Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, en inglés);

30.

apoya asimismo la petición relacionada con la política fiscal de que, en las siguientes propuestas de directivas de la Comisión sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, la Comisión proponga establecer el llamado «impuesto compensatorio» sobre el volumen de negocios generado en Europa por empresas digitales, que se basaría en el artículo 116 del TFUE, a fin de evitar condiciones de competencia falseadas en el mercado único;

31.

manifiesta su preocupación por la falta, a pesar de los considerables análisis efectuados por Eurofound, en particular a través del Observatorio Europeo de la Relocalización, de herramientas adecuadas para medir mediante datos concretos la posible asimetría de las repercusiones de la globalización a nivel regional; por lo tanto, reitera su llamamiento a favor de evaluaciones de impacto territorial sistemáticas realizadas por la Comisión en cooperación con el CDR y el Centro de Conocimiento sobre Políticas Territoriales del CCI antes de iniciar negociaciones comerciales;

32.

esperaba que el documento de reflexión propusiera medidas concretas para mejorar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), abordando algunas de sus deficiencias, en particular: su limitado alcance presupuestario (150 millones de euros anuales durante el período 2014-2020); unos procedimientos farragosos, debido a que no forma parte del marco financiero plurianual de la UE (MFP); la alta proporción de cofinanciación necesaria por parte de los Estados miembros (mínimo del 40 %). En consecuencia, pide lo siguiente: complementar el FEAG con un componente preventivo; aumentar su presupuesto como mínimo a 500 millones de euros por año; integrarlo en el MFP; reducir de forma significativa los criterios para movilizar el FEAG (10); alcanzar sinergias con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); garantizar una mayor flexibilidad para responder a las necesidades específicas de las regiones y territorios;

33.

está convencido de que las presiones mundiales actuales requieren una estrategia industrial de la UE (11) global y de base territorial, que abarque la coordinación estratégica entre las políticas e instrumentos correspondientes de la UE;

34.

subraya que, según recogen los documentos de la Comisión, la transformación económica fundamental ocurre a nivel local, donde interactúan la industria y los ciudadanos. Por lo tanto, es prioritario centrarnos en las necesidades de inversión a escala local y regional, a fin de que todas las regiones puedan beneficiarse del mercado interior y prepararse mejor para hacer frente a los desafíos de la globalización. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, deben estar coordinados para ayudar a las regiones en sus estrategias de especialización «inteligente», y resultar accesibles eficazmente al conjunto del tejido regional a través de un proceso gradual de innovación, que debe contemplar a todos los agentes del territorio;

35.

subraya que la UE, que es actualmente el mayor importador y exportador mundial de alimentos, ha aumentado su dependencia de terceros países. Los precios agrícolas europeos están cada vez más vinculados al precio más bajo del mercado mundial, por lo que los agricultores europeos soportan una mayor competencia, a pesar de que deben cumplir unas normas medioambientales, sociales y sanitarias más estrictas. La dependencia cada vez mayor de la UE de las importaciones también está en contradicción con su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, las exportaciones de los excedentes de la UE a precios inferiores a los costes de producción en Europa ponen en peligro los medios de subsistencia de los agricultores en los países en desarrollo y alientan a la población rural a emigrar, en contra del compromiso de la UE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Por tanto, reitera su llamamiento para reformar la PAC de modo que sea más justa y más sostenible (12);

36.

manifiesta su preocupación por la pérdida de empleo resultante de la deslocalización de empresas europeas hacia territorios fuera de Europa con menores exigencias en materia social, fiscal y medioambiental;

37.

subraya que el pilar europeo de derechos sociales puede contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo y combatir la pobreza si se traduce en medidas de seguimiento legislativas concretas y si en el Semestre Europeo se refuerzan el papel y la visibilidad de los indicadores sociales;

38.

subraya la importancia que tiene la cuestión de las migraciones internacionales para elaborar una estrategia europea sobre la globalización, reitera (13) su apoyo a la Agenda Europea de Migración 2015 y recuerda, en particular, la necesidad de dar continuidad a los compromisos asumidos sobre la adopción de una política común sólida en el ámbito del asilo y la migración legal, el desarrollo de asociaciones con terceros países en los que se reconozca el papel de los entes locales y regionales, así como la puesta en marcha de un plan internacional de inversiones para aplicar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas;

39.

aunque la migración irregular de trabajadores cualificados procedentes de terceros países contribuye al crecimiento sostenible de la economía de la UE, es importante tomar nota del efecto negativo que tiene esta fuga de cerebros en el futuro desarrollo económico de los países socios;

40.

reitera la necesidad de que la política de cohesión esté más preparada para atenuar los efectos negativos de la globalización en las regiones y territorios, desarrollando en cambio los efectos positivos mediante la elaboración y ejecución de estrategias de desarrollo local que contribuyan a hacer la economía europea más competitiva, sostenible y resistente; con tal fin, es necesario invertir en el papel de los entes locales y regionales y en su capacidad para movilizar los recursos necesarios –información, competencias y legitimidad– con el fin de elaborar estas estrategias, con especial referencia a los territorios más vulnerables a los retos de la competencia internacional (derecho territorial a la globalización);

41.

destaca la contribución de los migrantes a las economías de los países de acogida, y pide que se preste una mayor atención a su eficaz integración a través de la educación y la formación profesional;

42.

lamenta que en el documento no se mencione de forma adecuada la necesidad de mejorar la capacidad institucional de todos los niveles de gobierno como una condición esencial para aplicar eficazmente todos los instrumentos destinados a fomentar el desarrollo territorial; señala que un análisis del CDR muestra que el 53 % de las recomendaciones específicas por país de 2017 se refieren a este ámbito y que, justamente, es en el que los avances de la aplicación han sido menores. Reitera su petición de un código de conducta para dar una dimensión territorial al Semestre Europeo que, aunque es el principal instrumento de coordinación de la política económica y presupuestaria a nivel europeo, no está a la altura de sus promesas debido a la aplicación insuficiente de las recomendaciones específicas por país y la escasa apropiación;

43.

destaca la contribución que la Agenda Urbana de la UE –el Pacto de Ámsterdam– ofrece para establecer las políticas de desarrollo territorial; propone reforzar más sus instrumentos de aplicación (Urbact, Acciones Urbanas Innovadoras, Pacto de los Alcaldes, Ciudades y Comunidades Inteligentes); asimismo, pide a la Comisión que garantice un mayor nivel de utilización de los instrumentos clave de la política de cohesión como la Inversión territorial integrada (ITI) y el Desarrollo Local Participativo (DLP), lo que no es el caso actualmente;

44.

pide a la Comisión que, en el desarrollo del FEAG, tenga también en cuenta especialmente a las regiones y territorios que sufren en particular las repercusiones negativas de la globalización para que no se los deje atrás como «perdedores en el proceso de la globalización». Los cambios derivados de la globalización deben aportar ventajas a todas las ciudadanas y ciudadanos europeos;

45.

reitera que, en línea con la reforma de la política de cohesión (14), son necesarios enfoques diferenciados y reformas basados en el territorio que valoricen, entre otros, las características y el potencial de las zonas rurales, con el fin de reafirmar un modelo de desarrollo más sostenible, que se base en la conservación de los equilibrios ecológicos y demográficos del territorio europeo y la plena explotación de sus recursos (15);

46.

pide a la Comisión que siga desarrollando el concepto de «resiliencia territorial» y lo convierta en un paradigma europeo que progresivamente conforme las políticas de la Unión Europea. A la hora de desarrollar este paradigma se tendrán en cuenta cuestiones como la diversificación de las bases productivas y económicas territoriales, el desarrollo de los vínculos productivos, sociales e institucionales entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, la transformación sostenible de los ciclos de los recursos, la capacidad de responder a los nuevos riesgos y retos como el cambio climático y el desarrollo proactivo de capital social a nivel local.