12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/10

1.

celebra la iniciativa de la Comisión Europea de asociar el Comité Europeo de las Regiones al ejercicio de prospectiva relativo a la PAC después de 2020 y observa que la agricultura, la alimentación y los territorios rurales se enfrentan a grandes desafíos, que hacen esencial reformar la PAC;

2.

destaca que la PAC ha jugado, y debe seguir jugando, un papel fundamental en la construcción europea; los objetivos recogidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siguen plenamente vigentes en el marco del proceso de revisión en el que nos encontramos;

3.

señala que el sector agrícola es el segundo mayor sector de empleo industrial en la UE, pues emplea a 22 millones de agricultores y 44 millones de personas en el resto de la cadena agroalimentaria, suministrando a más de 500 millones de europeos alimentos de la mejor calidad a precios asequibles; la incidencia de la agricultura en el empleo es aún más grande si se tienen en cuenta la producción, reparación y comercialización de maquinaria agrícola así como la producción y comercialización de los insumos agrícolas;

4.

pide que se haga de la PAC una política agrícola justa, sostenible, solidaria y de calidad al servicio de los agricultores, los territorios, los consumidores y los ciudadanos; considera que solo una política agrícola y alimentaria europea fuerte y común puede garantizar la seguridad alimentaria europea y el dinamismo de los territorios rurales;

5.

señala que los agricultores y los ganaderos son los principales protagonistas y destinatarios de la PAC. Sin su concurso no es posible aplicar las medidas con las que pretendemos alcanzar los objetivos deseados. La PAC debe tener presente su papel y su implicación, en particular la necesidad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean sostenibles económicamente para que puedan ser un medio digno de vida, manteniendo un medio rural vivo con un adecuado nivel de empleo;

6.

considera que en la confección de la futura PAC deberá contarse con los consumidores europeos. La divulgación de los beneficios de la PAC, la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente son retos que deberían compartir los consumidores europeos;

7.

cree que, para hacer de la agricultura una profesión atractiva y garantizar la seguridad y calidad de la agricultura europea, unos mercados regulados permitirían remunerar mejor a los agricultores, por medio de medidas e instrumentos de gestión públicos y privados que estabilizan los precios agrícolas e impiden las prácticas comerciales desleales; asimismo, que es necesario reforzar la posición de los agricultores frente a los demás agentes del sector;

8.

reconoce que la legitimidad económica, social, medioambiental, territorial e internacional de la PAC condicionan su supervivencia. El sector agrícola europeo atesora importantes cualidades que constituyen la base de su competitividad: capacidad de innovación, logística e infraestructura sólidas, gran diversidad, importantes características naturales y culturales de las zonas agrícolas, numerosas empresas familiares y espíritu empresarial muy desarrollado, así como unos productos que respetan unas estrictas normas medioambientales y sanitarias. Todas estas cualidades ofrecen potencial y deben ser explotadas mejor mediante una PAC orientada a reforzar aún más la agricultura y las zonas rurales;

9.

está convencido de que es urgente reformar la PAC para hacerla más acorde con las expectativas de los ciudadanos y legitimar su presupuesto en un contexto en el que, en una situación de recursos presupuestarios constantes, estará en el punto de mira de muchos;

10.

está convencido de que el éxito de la PAC se basa en la unidad y que en el futuro no debería evolucionar hacia una renacionalización, esperando que se refuercen las regiones, de conformidad con el principio de subsidiariedad; la PAC, manteniendo su carácter de política común, ha de ser flexible para tener en cuenta las distintas realidades, en particular de las regiones mediterráneas y ultraperiféricas;

11.

llama la atención de la Comisión Europea sobre la creciente sensibilización de los consumidores, como demuestra también el aumento de la demanda, respecto de aquellos alimentos de producción local de calidad y a un precio justo que acatan las normas de bienestar animal, tienen un alto valor medioambiental y social y generan empleo y valor añadido;

12.

considera que la trazabilidad alimentaria de los modos de producción, que es una garantía de seguridad para los consumidores y los productores, debe reforzarse y apoyarse;

13.

la falta de atractivo económico de la profesión de agricultor en muchos ámbitos productivos y subsectoriales, que agrava una pirámide de edades, es muy desfavorable para la renovación generacional (1); considera que la escasez de jóvenes que se dedican a la agricultura supone una amenaza para preservar la agricultura familiar europea y la vitalidad de las zonas rurales; por lo tanto, juzga esencial aplicar medidas de apoyo a la entrada de jóvenes agricultores en el sector;

14.

observa que la PAC, a pesar de disponer de un presupuesto importante, va acompañada de una fuerte disminución del empleo agrícola (el número de explotaciones europeas se redujo en un 20 % entre 2007 y 2013); observa que el presupuesto de la PAC ha disminuido en porcentaje en los últimos 30 años, pasando del 75 % al 40 % del presupuesto de la UE;

15.

recuerda que la PAC debe promover la producción agrícola, tal como prevé el Tratado, dando los medios a los agricultores para obtener sus rentas esencialmente a través del mercado, con un coste razonable y justificado para los ciudadanos y consumidores europeos; destaca que numerosos estudios han demostrado que la PAC ha ayudado a concentrar la producción agrícola en determinadas regiones en detrimento de otras, incumpliendo así el objetivo europeo de cohesión territorial;

16.

considera que la PAC debe reflejar las diferentes situaciones agroclimáticas de Europa, en especial las de las zonas desfavorecidas, como la agricultura de pastos en colina y la agricultura de montaña, las de la cuenca mediterránea, las regiones árticas y las regiones ultraperiféricas; la PAC debe tener en cuenta sus funciones de protección del territorio y de las tierras, apoyo al mantenimiento de las comunidades rurales y sus valores culturales, así como su papel en el mantenimiento de un sistema social activo en dichas regiones;

17.

recuerda que, a pesar de las advertencias del Tribunal de Cuentas Europeo, el reparto de la ayuda pública sigue siendo muy desigual entre explotaciones y entre Estados miembros; observa que la asignación de los pagos directos sobre la base de la superficie ha conducido a una gran concentración de las tierras agrícolas y de los pagos directos, mientras que estos deberían más tener en cuenta los diferentes modelos agrícolas, el nivel de renta, el valor añadido producido y los empleos ocupados, así como velar por mantener la agricultura en todos los territorios;

18.

toma nota de que gran número de agricultores disponen de una renta muy baja, inferior al umbral de pobreza, lo que incumple el objetivo del Tratado de Roma de «garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola» (artículo 39), y que es necesario proteger los ingresos agrícolas (precios, ayudas directas);

19.

considera que los apoyos de la PAC deberían destinarse únicamente a los productores que verdaderamente ejercen la actividad agraria, y que no se apoye a explotaciones inactivas en las que la renta agraria es insignificante para sus titulares;

20.

señala que los agricultores se ven obligados con demasiada frecuencia a vender sus productos a precios inferiores al coste de producción, arrastrados por una espiral de descenso de costes y de precios;

21.

apoya las conclusiones del Grupo operativo de la Comisión Europea para los mercados agrícolas, de noviembre de 2016, y pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para luchar contra las prácticas comerciales desleales;

22.

señala que la exportación de los recursos genéticos de la UE, y de razas animales en particular, contribuye a la erosión genética de importantes razas autóctonas, sobre todo en terceros países, a la vez que contradice el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.o 15 de las Naciones Unidas, encaminado a la conservación de la biodiversidad y, particularmente, de los recursos genéticos con repercusiones para la seguridad alimentaria;

23.

considera que la regulación de los mercados, como ha demostrado el estudio del CDR sobre el programa de responsabilización de los mercados en el sector lácteo, es más eficaz y menos costosa para muchos sectores que la activación de medidas de crisis a posteriori y permitiría utilizar mejor el presupuesto de la PAC;

24.

considera que los regímenes de seguros de renta podrían beneficiar más a las compañías de seguros que a los agricultores y salir caros al contribuyente en caso de caída importante de los precios, sin contrarrestar su volatilidad; desea que se lleve a cabo un estudio y una evaluación del régimen de seguros establecido en Estados Unidos; asimismo, debería estudiarse el caso concreto de las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de las condiciones de mercado particulares;

25.

considera que es necesario contar con un marco legislativo claro y estable que garantice a los agricultores y ganaderos la necesaria seguridad jurídica para poder adoptar decisiones empresariales a medio y largo plazo;

26.

subraya que la UE, que se ha convertido en el primer importador y exportador de alimentos mundial, ha aumentado su dependencia de terceros países y desarrollado una política comercial contraria a sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;

27.

observa que una parte creciente de los productos agrícolas que antes se producían en Europa se importa de países con bajos costes de mano de obra, lo que constituye una desventaja competitiva importante respecto del precio de los productos producidos en la UE;

28.

señala también los aspectos positivos que las exportaciones de la UE revisten para la economía, cuando se trata de productos agrícolas y alimenticios de alto valor añadido que generan ingresos y empleo en el sector agrícola y agroalimentario europeo;

29.

señala que las cooperativas, las organizaciones de productores y determinadas formas de integración de productores pueden desempeñar un papel fundamental en los sectores agroalimentarios al permitir a los agricultores concentrar la oferta, reducir los costes, prestar una serie de servicios y reforzar su posición en la cadena alimentaria;

30.

constata que las exportaciones europeas de excedentes (leche en polvo, pollo, concentrado de tomate, etc.) a precios inferiores al coste de producción europeos y a los costes de producción africanos reducen la capacidad productiva de los países africanos y favorecen la emigración de los habitantes del campo, a pesar del compromiso contraído por la UE, en su «política de coherencia en favor del desarrollo», de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015; asimismo, señala que la Unión Europea es el mayor importador de alimentos de los países en desarrollo, creando empleo en el sector agroalimentario de dichos países; no obstante, constata que las importaciones europeas (frutas, hortalizas, cordero, etc.) a precios inferiores al coste de producción europeo reducen la capacidad productiva en la UE y pueden implicar riesgos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria;

31.

observa que los precios agrícolas europeos están cada vez más vinculados al precio más bajo del mercado mundial, y que los agricultores europeos soportan una mayor competencia, a pesar de que deben cumplir unas normas medioambientales y sanitarias más estrictas;

32.

hace hincapié en que una parte importante del valor añadido del trabajo de producción agrícola ha sido captado en fases anteriores y posteriores, dado que la posición de los productores agrícolas respecto de la industria agroalimentaria y el sector de la distribución es demasiado débil; una mejor concertación dentro de la cadena, entre el sector agrícola, la industria agroalimentaria y el sector comercial, debe llevar a un mejor reparto de los márgenes;

33.

constata que las zonas rurales se están quedando rezagadas respecto de las urbanas y que esta brecha es especialmente preocupante, ya que se está agravando, en especial bajo el efecto de la aceleración del desarrollo de las grandes ciudades y capitales (2);

34.

lamenta la desaparición acelerada de la biodiversidad agrícola y silvestre, que pone en peligro la resiliencia de nuestros sistemas agrícolas y nuestros espacios naturales;

35.

manifiesta su preocupación por que la erosión y la degradación del suelo provocadas por unas prácticas agrícolas muy poco sostenibles pongan en peligro su fertilidad, y que la creciente alteración artificial de los suelos agrícolas conduzca a la desaparición de espacios necesarios para la seguridad alimentaria europea;

36.

señala la contaminación agrícola de determinados acuíferos y ríos, así como su explotación para el riego en ocasiones excesiva;

37.

destaca que el cambio climático está produciendo ya efectos agrícolas importantes, que hacen que resulte tanto más urgente reorientar los modos de producción;

38.

subraya la necesidad de invertir en la innovación digital que pueda generar un impactos positivo respecto de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la eficiencia de los recursos, la reducción de los residuos, los circuitos cortos, etc.; al mismo tiempo, destaca que es imprescindible examinar meticulosamente sus repercusiones económicas y sociales para la agricultura familiar, y manifiesta su preocupación por el uso potencial de los «macrodatos» por empresas privadas, lo cual plantea el riesgo de que las explotaciones agrícolas acaben bajo tutela técnica y financiera;

39.

observa que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea puede conducir a una disminución de los recursos destinados a la PAC, así como a una pérdida de mercados de la UE en el Reino Unido; pide al Reino Unido y a la UE que mantengan una cooperación comercial estrecha en materia agraria y alimentaria;

40.

recuerda que la parte del presupuesto de la UE dedicada a la agricultura, pese a estar fijada en solo el 0,70 % del PIB europeo en 2014, solo permite apoyar una auténtica política europea común de importancia estratégica para la seguridad alimentaria, pero que en lo que respecta al desarrollo rural y al segundo pilar los recursos no alcanzan un nivel suficiente en un determinado número de ámbitos, siendo necesaria la consideración de los nuevos objetivos de la PAC en el nuevo presupuesto;

41.

rechaza la idea de una cofinanciación del primer pilar de la PAC, que pondría en tela de juicio el hecho de que la PAC es la única política integrada de la UE, renacionalizaría de hecho la PAC y discriminaría a las agriculturas de los Estados más pobres de la UE cuya tasa de dependencia de la financiación de la UE es mayor;

42.

observa que el coste para la sanidad pública de algunos regímenes alimentarios que favorecen la obesidad, la diabetes, etc., y de determinadas prácticas agrarias (consumo excesivo de antibióticos en algunas explotaciones, mezclas de plaguicidas, etc.) es mucho más alto que el presupuesto de la PAC; pide que se realice una coordinación más estrecha de las políticas agrarias y alimentarias;

43.

recomienda informar y favorecer el consumo de alimentos que forman parte de dietas saludables como la mediterránea, con programas específicos de apoyo al vino, las frutas, hortalizas y apicultura, reforzando la calidad y el valor añadido de las producciones;

44.

recuerda las características específicas de las regiones ultraperiféricas (RUP) y teniendo en cuenta que no es concebible la transposición del modelo agrícola europeo a las RUP, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite expresamente al Consejo la adopción de disposiciones específicas destinadas a adaptar la legislación de la UE, incluida la PAC, en su aplicación a las regiones ultraperiféricas. En este marco, la PAC posterior a 2020 deberá mantener un trato diferenciado para las RUP, encarnado en las necesarias adaptaciones del Feader, POSEI, las ayudas estatales y otros instrumentos que se instituyan;

45.

propone que la futura política agrícola europea después de 2020 se centre en los siguientes objetivos ampliamente compartidos:

46.

señala que la PAC es compleja, lo que hace difícil e incluso arriesgado para los empresarios individuales y los agricultores solicitar una subvención. Es ineludible simplificarla para que siga gozando de aceptación y siendo atractiva. Es conveniente simplificar y acelerar el proceso, en particular para las transacciones de poco valor, así como racionalizar las cargas administrativas;

47.

manifiesta su deseo de que el presupuesto de la PAC se mantenga a un nivel suficientemente importante, en consonancia con los principios establecidos en los Tratados europeos y a la altura de su condición de única política integrada de la Unión Europea, para las necesidades de la agricultura europea, las zonas rurales y sus comunidades, así como para responder a las demandas que la sociedad plantea;

48.

señala que la agricultura puede hacer frente a muchos de los retos mencionados (clima, energía, producción de alimentos, biodiversidad). Sin embargo, es necesario apoyar financieramente las iniciativas técnicas y las soluciones innovadores de carácter empresarial o cooperativo, a fin de acelerar la transición;

49.

llama la atención sobre la necesidad, por lo que se refiere a los pagos directos y los pagos por superficie, de concentrar los recursos principalmente en las pequeñas explotaciones y las explotaciones familiares, dando prioridad a las soluciones financieras para las grandes explotaciones afectadas por la limitación de las ayudas;

50.

pide a la Comisión Europea que realice una evaluación precisa de los resultados de la PAC actual en términos de consecución de los objetivos que le asignan los Tratados europeos en materia de renta agraria y estabilización de los mercados;

51.

recomienda luchar contra la volatilidad de los precios agrícolas, proporcionar a los agricultores perspectivas de ingresos a través del mercado y hacer que los sectores alimentarios sean más equitativos (3);

52.

pide que se siga manteniendo el tratamiento otorgado para la agricultura de las regiones ultraperiféricas, conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a través del régimen POSEI, tal como la propia Comisión Europea reconoce en su informe COM(2016) 797 al Parlamento Europeo y al Consejo de 15 de diciembre de 2016;

53.

pide que se refuerce el apoyo a la viticultura, la olivicultura y la ganadería en terrenos muy inclinados o de montaña, y en las zonas desfavorecidas con bajos rendimientos y las regiones ultraperiféricas, así como el apoyo a los modos de gestión agrícola que contribuyen al aumento de la biodiversidad de los pastos y pastizales de montaña;

54.

pide a la UE que utilice toda su influencia como primer importador y exportador mundial de alimentos para modificar las normas del comercio agrícola internacional (OMC, 1994) en el sentido de unas relaciones comerciales más justas y solidarias; constata que la volatilidad de los precios es un desafío para la agricultura europea e insta a la Comisión Europea a que examine medidas para mitigar los riesgos derivados de una mayor exposición al mercado mundial;

55.

opina que un enfoque de la renta agrícola más orientado al mercado que las subvenciones puede reforzar el reconocimiento económico de la profesión de agricultor, así como su atractivo; recomienda, a tal fin, que la UE regule sus mercados agrícolas para evitar carencias o excedentes y estabilizar los precios agrícolas a un nivel satisfactorio;

56.

propone instaurar un ahorro de precaución anual, aplazado cada año si no se utiliza en su totalidad (4);

57.

pide a la UE que garantice condiciones equitativas en los acuerdos comerciales y las asociaciones bilaterales concluidos con terceros países; asocia, a tal fin, el deber de poner fin a las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios a precios inferiores a los costes medios de producción europeos con el derecho a proteger la producción europea de importaciones a muy bajo precio que menoscaban su capacidad de producción o no se ajustan a las normas de producción europeas;

58.

subraya la importancia de las cadenas de suministro cortas locales y regionales, tanto por su mayor sostenibilidad medioambiental en términos de menor contaminación producida por los medios de transporte, como por su fomento de una agricultura que exalta la calidad típica, la tradición y el patrimonio económico y cultural;

59.

pide a la UE que revise los capítulos agrarios de los acuerdos bilaterales de «libre» comercio o de «asociación» económica con terceros países, dotados de medios adecuados y que den prioridad a la agricultura familiar intensiva en empleo centrada, sobre todo, en los mercados locales y regionales, así como a los circuitos cortos; pide a la UE que refleje adecuadamente los intereses del sector agrícola de la UE en los acuerdos comerciales y que minimice las amenazas para la producción europea; pide a la UE que refleje adecuadamente los intereses del sector agrícola de la UE en los acuerdos comerciales y que minimice las amenazas para la producción europea, estableciendo una lista estratégica de productos que puedan resultar vulnerables a la presión excesiva; solicita que los productos que puedan ser sensibles a la liberalización sean objeto de un adecuado trato especial y diferenciado en los acuerdos comerciales;

60.

sugiere una revisión del Derecho europeo de la competencia que permita a todos los agentes de un sector, incluidos los consumidores y los poderes públicos, decidir una distribución justa del valor añadido y los márgenes en toda la cadena de valor, y que permita a los agricultores avanzar hacia una posición más equitativa en la cadena alimentaria, y fortalecer su posición en el mercado;

61.

solicita una revisión del Derecho europeo en materia de adjudicación de contratos públicos en el sector de la restauración colectiva, de forma que se incluya una cláusula relativa a la producción local de los alimentos, y pide un mayor intercambio de buenas prácticas entre los entes locales y regionales a fin de favorecer una alimentación y un mercado locales para una producción agrícola ecológica y una transformación artesanal generadoras de empleo en las zonas rurales;

62.

pide que la investigación financiada por el presupuesto europeo y el BEI en materia agrícola y rural se oriente en particular a:

63.

preconiza que se pase de los pagos directos por hectárea a los pagos directos por hectárea limitados y modulados por activo agrícola, entendido como un agricultor activo, a fin de:

64.

aboga por reforzar gradualmente, en el marco de la ecologización, las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante:

65.

recomienda que, a fin de respetar los derechos de los trabajadores agrícolas, se disminuyan los futuros pagos directos a las explotaciones agrícolas que no respeten las normas sociales vigentes en sus Estados miembros;

66.

pide el reforzamiento del segundo pilar de la PAC y un aumento del presupuesto dedicado al desarrollo rural; solicita una mayor subsidiariedad para que los Estados miembros puedan transferir fondos del primer al segundo pilar;

67.

llama la atención sobre la importante contribución al logro de los objetivos de la PAC a nivel local y regional obtenida gracias al enfoque denominado de «desarrollo local participativo» (DLP) y al enfoque Leader y, por lo tanto, recomienda dedicar, en el marco de los programas nacionales y regionales de aplicación de la PAC, hasta un 20 % de los recursos previstos para la aplicación del segundo pilar;

68.

reitera que deberían concederse nuevas competencias a los Estados miembros y las regiones para regular las tierras agrícolas y establecer restricciones en la materia, en particular para luchar contra la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa, que constituyen un freno para los jóvenes agricultores recién llegados al sector (5);

69.

pide que se reserve una cuota suficiente de fondos para el desarrollo de las regiones rurales potenciando el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a fin de garantizar el desarrollo armonioso e integrado de estas regiones —también por medio de infraestructuras locales—, y apoyando a las pymes, la renovación de los pueblos y una diversificación de la economía más amplia;

70.

recomienda a la UE que se preste una especial atención a las regiones ultraperiféricas, en las que el sector agrario es fundamental para la creación de empleo y riqueza, así como para el fomento del desarrollo de la industria agroalimentaria, la investigación y la innovación, la protección de espacios ordenados de calidad y su promoción, así como la lucha contra el cambio climático;

71.

propone que los fondos del segundo pilar se orienten de forma prioritaria a:

72.

propone pasar de una lógica de «ventanilla» a otra de «contrato» entre determinados tipos de empresas, sectores y territorios; a partir de un número reducido de objetivos (calidad, productividad y sostenibilidad), propone apoyar proyectos de innovación concebidos para este fin y que sean capaces de incidir positivamente en el empleo;

73.

propone aumentar el apoyo financiero de la UE al desarrollo rural, que se ha reducido significativamente en comparación con el anterior período de programación, manteniendo suficientes fondos disponibles del primer pilar;

74.

propone brindar un amplio y firme apoyo a la inversión sostenible para mantener las explotaciones agrícolas familiares, sobre todo en los ámbitos de la producción, distribución y diversificación;

75.

recomienda la adopción de una estrategia rural para que todas las políticas europeas contribuyan más a la innovación y la colaboración y al desarrollo de las zonas rurales en consonancia con los objetivos de cohesión territorial (6);

76.

propone simplificar la integración de los recursos de los distintos fondos que financian el desarrollo rural no agrícola para apoyar:

77.

asimismo, aboga por usar el amplio potencial de las zonas agrícolas y forestales, en especial las zonas periurbanas, en favor de objetivos económicos, medioambientales, climáticos, energéticos y recreativos, por ejemplo, la producción local de alimentos y energía y el turismo rural. Ello hace necesario que la PAC se centre no solo en los agricultores. Las iniciativas Leader son y deben seguir siendo una oportunidad de colaboración e innovación para los agentes rurales y periurbanos;

78.

pide una evaluación rigurosa de los Fondos Estructurales en apoyo del desarrollo de las zonas rurales y la promoción de políticas globales para potenciar dichas zonas mejorando la conectividad, tanto en el ámbito del transporte como de la banda ancha digital, en equilibrio con la protección medioambiental, mediante la aplicación del «test rural», tal como se recomienda en la Declaración de Cork 2.0 (7);

79.

destaca que un desarrollo territorial equilibrado presupone un nivel adecuado de apoyo a las zonas rurales y periurbanas y zonas con desventajas (por ejemplo, zonas de montaña u otras zonas caracterizadas por desafíos naturales o demográficos), a fin de facilitarles las inversiones necesarias en crecimiento, empleo, inclusión social y sostenibilidad medioambiental;

80.

pide que se mejoren los vínculos entre las zonas rurales y urbanas para implicar plenamente a las ciudades y municipios rurales más pequeños, al objeto de evitar que las políticas de la UE alimenten una relación de competencia entre las dimensiones urbana, costera y rural;

81.

acoge favorablemente la iniciativa de «pueblos inteligentes» de la Comisión Europea así como la contribución del Parlamento Europeo al éxito del proceso, y propone ampliar este concepto a los «territorios rurales inteligentes»; solicita, además, poder desempeñar el papel más amplio posible en los debates relativos al desarrollo de un marco de actuación local y regional en relación con esta iniciativa;

82.

insiste en la necesidad de proseguir la armonización de las normas de funcionamiento de los Fondos Estructurales a través de un marco estratégico común, con el fin de facilitar la programación y la gestión del desarrollo rural y fomentar los enfoques integrados y anclados en el territorio (8);

83.

propone que se refuerce el enfoque del fondo principal a fin de armonizar la ejecución de los proyectos financiados con cargo a varios fondos;

84.

sugiere entablar un debate sobre el acercamiento de los distintos fondos que intervienen en materia de desarrollo regional no agrícola.