a)

estudiar, analizar y evaluar con imparcialidad los datos proporcionados por los servicios de seguridad de los Estados miembros, las agencias de la Unión competentes y los expertos reconocidos, así como el alcance de la amenaza terrorista en suelo europeo, y proponer medidas adecuadas para que la Unión Europea y sus Estados miembros puedan ayudar a prevenir, investigar y perseguir los delitos relacionados con el terrorismo;

b)

determinar y analizar con imparcialidad y con arreglo a un planteamiento basado en las pruebas los posibles fallos y casos de mal funcionamiento que han permitido que se cometiesen los recientes atentados terroristas en distintos Estados miembros, en particular recabando, recopilando y analizando toda la información sobre los autores a disposición de los servicios de inteligencia o las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros antes de la comisión de los delitos de terrorismo;

c)

examinar y evaluar la aplicación de las medidas e instrumentos vigentes en los ámbitos de la gestión de las fronteras exteriores, incluido el mal funcionamiento de los controles en las fronteras exteriores que ha permitido que entrasen en Europa personas con documentos falsos, y evaluar las causas del incumplimiento por parte de algunos Estados miembros de las obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (Reglamento del Sistema de Información de Schengen); recabar y analizar información sobre posibles deficiencias de los Estados miembros y de la Comisión a la hora de garantizar la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (Código de fronteras Schengen) y proponer medidas adecuadas para colmar las lagunas halladas;

d)

detectar las deficiencias en el intercambio de información judicial, policial y de inteligencia entre los Estados miembros; investigar, en particular, los presuntos casos de incumplimiento generalizados en la recopilación, el análisis y la comunicación de información que podría ayudar a prevenir ataques, en especial mediante las siguientes acciones:

e)

evaluar la repercusión de la legislación antiterrorista de la Unión y su aplicación sobre los derechos fundamentales;

f)

evaluar la disponibilidad y la eficacia de todos los recursos asignados a las autoridades competentes que participan en la lucha contra el terrorismo (policía, ejército, justicia, presupuesto, inteligencia, vigilancia, información, tecnologías de la información, etc.), tanto en los Estados miembros como a escala de la Unión; analizar las posibles deficiencias en la cooperación policial y los obstáculos a la práctica de la cooperación judicial y policial transfronteriza en el marco de las investigaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, determinando las limitaciones técnicas, estructurales y jurídicas de las capacidades de investigación;

g)

investigar las deficiencias de los sistemas judiciales y de la cooperación judicial a escala de la Unión, así como de la cooperación en las investigaciones transfronterizas, sobre todo a través de Eurojust, la Red Judicial Europea, los equipos conjuntos de investigación, la orden de detención europea y la orden europea de investigación; determinar las limitaciones técnicas, estructurales y jurídicas de las capacidades de investigación y enjuiciamiento;

h)

examinar el actual intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre las autoridades nacionales y los órganos pertinentes de la Unión en relación con la protección de objetivos vulnerables, incluidas zonas de tránsito como aeropuertos y estaciones de tren, así como la protección de infraestructuras críticas con arreglo a la Directiva 2008/114/CE del Consejo (10);

i)

investigar los mecanismos actuales a disposición de las víctimas del terrorismo, en especial la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) y determinar las buenas prácticas existentes que pueden ser objeto de intercambio;

j)

recabar información y analizar el proceso de radicalización y la eficacia de los programas de desradicalización establecidos en un número limitado de Estados miembros; determinar las buenas prácticas que pueden ser objeto de intercambio y verificar si los Estados miembros han tomado las medidas apropiadas al respecto;

k)

evaluar la eficacia de la cooperación entre los Estados miembros, así como la eficacia de la cooperación entre las autoridades competentes, las entidades obligadas y los cuerpos de seguridad, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), e intercambiar información con los actores pertinentes del sector bancario, la investigación de fraudes y los servicios de seguridad para detectar nuevas formas de financiación del terrorismo, incluidos sus vínculos con la delincuencia organizada;

l)

formular las recomendaciones que considere necesarias en todos los ámbitos mencionados anteriormente y, a tal fin, establecer los contactos necesarios, realizar visitas y organizar audiencias con las instituciones y las agencias pertinentes de la Unión Europea y las instituciones internacionales y nacionales, los Parlamentos y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros y de terceros países, los funcionarios implicados en la lucha diaria contra el terrorismo, como los cuerpos de seguridad, las autoridades policiales, los servicios de inteligencia, los jueces y magistrados, y los representantes de la comunidad científica, las empresas y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de víctimas;