25.7.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 262/86


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía»

[COM(2017) 688 final]

(2018/C 262/15)

Ponente:

Toni VIDAN

Coponente:

Christophe QUAREZ

Consulta

Comisión Europea, 18.1.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

 

 

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

5.4.2018

Aprobado en el pleno

19.4.2018

Pleno n.o

534

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

159/5/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía, respalda los objetivos del proyecto de la Unión de la Energía y celebra que se haga hincapié en el compromiso y la movilización de la sociedad de la UE para que haga plenamente suya la Unión de la Energía. Reitera su propuesta de entablar un diálogo efectivo en materia de energía con la sociedad civil organizada a escala local, regional, nacional y de la UE.

1.2.

El CESE siempre ha considerado que la idea de la Unión de la Energía reviste suma importancia para el éxito de la Unión Europea. Comparte la opinión de la Comisión de que la Unión de la Energía no se limita solo a los ámbitos de la energía y el clima. El CESE considera que la transición energética brinda la oportunidad de construir una Europa más democrática, más cohesionada, más competitiva y más justa. El esfuerzo conjunto encaminado a crear una Unión de la Energía también debe reforzar la sostenibilidad medioambiental, política, económica y social de la Unión Europea, de acuerdo con sus valores fundamentales.

1.3.

El CESE valora positivamente el paquete de medidas «Energía Limpia», que constituye un paso en la dirección correcta, pero lamenta que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía no haga mención del carácter insuficiente de los objetivos fijados en el paquete. El CESE respalda las iniciativas emprendidas por el Parlamento Europeo para reforzar el marco jurídico, y expresa su preocupación por los intentos del Consejo de desvirtuar las disposiciones futuras. El CESE pide a la UE que intensifique sus acciones para acercar a Europa y al mundo al objetivo de un balance neutral de carbono, consagrado en el Acuerdo de París y ratificado por todos los Estados miembros.

1.4.

El CESE lamenta que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía no desarrolle la perspectiva a largo plazo de la Unión de la Energía, y pide a la Comisión Europea que incluya plenamente la perspectiva de 2050 en la Unión de la Energía y que presente una propuesta de actualización de la Hoja de ruta para 2050 con arreglo al Acuerdo de París. Esto estaría en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo en la que pide que se elabore, de aquí a 2018, una estrategia de la UE de cero emisiones para mediados de siglo [2017/2620(RSP)].

1.5.

El CESE destaca, a este respecto, la fundamental importancia que reviste la gobernanza de la Unión de la Energía. De acuerdo con lo expuesto en su dictamen sobre el tema «Gobernanza de la Unión de la Energía» (1), el CESE considera esencial garantizar que la gobernanza anime a los responsables políticos, a todos los niveles, a elaborar planes a largo plazo más allá de 2030, a tener en cuenta los intereses y puntos de vista de todas las partes interesadas de la sociedad, en particular los grupos vulnerables, a llevar a cabo una adaptación al cambio normativo y tecnológico, y a permitir que los ciudadanos exijan responsabilidades a los responsables políticos.

1.6.

El CESE observa que la transición energética ya ha comenzado en Europa: las tecnologías eficientes y la preferencia de los ciudadanos por la energía limpia están haciendo que disminuya el consumo energético y que aumente al mismo tiempo la producción de energías renovables. No obstante, en determinados aspectos, el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía hace una evaluación excesivamente optimista de los avances realizados. El CESE acoge con satisfacción las conclusiones de dicho Informe en relación con la importancia del Diálogo de Talanoa de 2018 sobre el clima y hace hincapié en que es necesario realizar un mayor esfuerzo en términos de innovación, inversión, cooperación y comercio mundiales para que la UE pueda convertirse en el líder mundial que aspira a ser.

1.7.

El CESE lamenta que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía se concentre principalmente en los obstáculos a la infraestructura técnica. En el futuro se debe dedicar mucha más atención a otras barreras de mercado e institucionales que impiden al público en general, consumidores, comunidades y pymes participar y beneficiarse de la transición a la energía limpia y los mecanismos de apoyo conexos de la UE. Entre los ejemplos de obstáculos no considerados, cabe mencionar las diferencias en el coste de capital para la inversión en energías renovables en la UE, la escasa aplicación del Estado de Derecho, la corrupción, la capacidad administrativa insuficiente, las dificultades de acceso a la red y la falta de digitalización y democratización en el sistema energético.

1.8.

El CESE se congratula de que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía tome nota de la disminución del coste de las energías renovables y de otras tecnologías de energía limpia. Pide a la Comisión que incorpore estos avances en sus instrumentos futuros de política e inversión y que garantice que la perspectiva social sea el eje central de la Hoja de ruta para 2050 actualizada.

2.   Antecedentes y reflexión sobre las recomendaciones anteriores del CESE

2.1.

Existe un respaldo firme y creciente entre el público de la UE a los objetivos de la Unión de la Energía y a unas políticas climáticas y energéticas más ambiciosas. Según la última encuesta Eurobarómetro sobre el cambio climático (2), realizada en marzo de 2017, el 74 % de los encuestados consideró el cambio climático como un problema muy grave, el 79 % opinó que la lucha contra el cambio climático y un uso más eficiente de la energía podrían impulsar la economía y la creación de empleo en la UE, y el 77 % estimó que el fomento de la experiencia de la UE en materia de nuevas tecnologías limpias en terceros países puede beneficiar económicamente a la UE, mientras que un 65 % coincidió en que una disminución de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de terceros países puede reportar beneficios económicos a la UE. Del mismo modo, una gran mayoría de los encuestados se mostró de acuerdo en que se ha de reforzar el apoyo financiero público a la transición hacia energías limpias, aunque ello implique reducir las subvenciones a los combustibles fósiles (79 %), y que la reducción de las importaciones de combustibles fósiles puede aumentar la seguridad del suministro energético de la UE (64 %).

2.2.

Existe también un apoyo creciente a los objetivos de la Unión de la Energía entre la comunidad empresarial europea, tanto dentro como fuera del sector energético. Un buen ejemplo de este apoyo es la nueva visión de la asociación europea de la industria eléctrica, Eurelectric (3). Eureletric afirma que, en vista del Acuerdo de París y la urgencia de abordar el cambio climático, la contaminación atmosférica y el agotamiento de los recursos naturales, se compromete a invertir en la generación de energía limpia y en soluciones que faciliten la transición, a reducir las emisiones y proseguir de forma activa los esfuerzos para alcanzar la neutralidad de carbono mucho antes de mediados de siglo, a promover el tan necesario cambio de una economía europea basada en los recursos a una basada en la tecnología, a facilitar la sostenibilidad social y medioambiental, a incorporar la sostenibilidad en todos los componentes de la cadena de valor y a tomar medidas para respaldar la transformación de los activos existentes en una sociedad sin emisiones de carbono.

2.3.

Existe un número creciente de conclusiones técnicas y científicas que confirman que el sector de la electricidad y energía de la UE puede beneficiarse considerablemente de la rápida caída de los precios de las tecnologías de energía fotovoltaica, energía eólica y equilibrado de la red. En un informe publicado recientemente (4) por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) se concluye que la UE podría aumentar la cuota de energías renovables de su combinación energética hasta un 34 % de aquí a 2030, lo que representaría el doble que en 2016, con una incidencia económica neta positiva. Este incremento se traduciría en un ahorro anual de entre 44 000 millones EUR y 113 000 millones EUR hasta 2030, al contabilizarse el ahorro relacionado con el coste de la energía y los costes ambientales y sanitarios evitados. Según otras investigaciones recientes (5), publicadas por Energy Union Choices, la hipótesis más rentable para la combinación de electricidad de la UE consiste en una cuota de energías renovables mucho más elevada para la electricidad que la prevista por la Comisión Europea, a saber, el 61 % en lugar del 49 % de aquí a 2030. Con esta hipótesis, la UE no solo evitaría 265 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 y 600 millones EUR en costes anuales del sistema energético de aquí a 2030, sino que crearía 90 000 puestos de trabajo adicionales (netos).

2.4.

Se han emprendido iniciativas importantes, en particular, la declaración de Malta de mayo de 2017, para acelerar la transición a la energía limpia en las islas, incluidas las regiones ultraperiféricas de Europa, el Foro de competitividad industrial de las energías limpias, la Comunicación sobre una estrategia industrial para Europa y los esfuerzos para crear una «Alianza de las Baterías de la UE». Todos estos esfuerzos son esenciales para impulsar una política industrial integrada que pueda respaldar la transición energética y potenciar al mismo tiempo la creación de empleos de calidad, y deben considerarse como una oportunidad para el sector de demostrar la capacidad de Europa para desarrollar soluciones adecuadas para los desafíos actuales.

2.5.

El CESE ha afirmado en reiteradas ocasiones que la Unión de la Energía ha de crear un entorno estable y favorable para las empresas europeas, con vistas a facilitarlas y animarlas a invertir y crear puestos de trabajo, prestando especial atención al potencial de las pymes. Para ello, debe establecerse conjuntamente un buen sistema de gobernanza de la Unión de la Energía, lo que pasa necesariamente por una modificación profunda del Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía propuesto por la Comisión Europea.

2.6.

El CESE siempre ha considerado que la disponibilidad de una energía asequible y el acceso físico a la misma son fundamentales para evitar la pobreza energética, un problema que también impide a los ciudadanos pasar a soluciones hipocarbónicas. Acoge, por consiguiente, el lanzamiento del Observatorio de la Pobreza Energética, que constituye un primer paso hacia el desarrollo de una acción europea de mayor alcance, dirigida a la erradicación de la pobreza energética en Europa.

2.7.

El CESE ha pedido que se incluya la dimensión social entre los criterios de evaluación del próximo Informe sobre el estado de la Unión de la Energía. Por ello, acoge con gran satisfacción las iniciativas sociales emprendidas por la Comisión Europea, como las relacionadas con las regiones que hacen un uso intensivo del carbono y con la pobreza energética, y celebra asimismo la creación de un subapartado específico en el Informe sobre el estado de la Unión de la Energía, dedicado a la dimensión social de dicha Unión. Este excelente primer paso ha de seguir siendo respaldado en el futuro, por ejemplo mediante la elaboración conjunta de un pacto social para una transición energética liderada por los ciudadanos.

2.8.

El CESE señala que la transición energética no requiere unas cantidades de inversión considerablemente diferentes en comparación con las cantidades necesarias para mantener el sistema energético actual basado principalmente en combustibles fósiles importados. No obstante, sí que requiere tipos de inversión diferentes, entre los que se incluye la inversión dirigida a la descarbonización, la digitalización, la democratización y la descentralización. El principal desafío consiste en reasignar el capital, de los activos e infraestructuras con altas emisiones de carbono a los hipocarbónicos. Dicha reasignación debe emplear los fondos públicos nacionales y de la UE de forma eficaz, por ejemplo, suprimiendo progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles, incluidas las ayudas públicas de la UE a los gasoductos, sin obrar en detrimento de la competitividad industrial y el empleo, y sin distorsionar el mercado único.

2.9.

A fin de ayudar a los inversores privados a realizar estas reasignaciones de capital, las autoridades públicas deben garantizar que los precios del carbono sean eficaces y predecibles para todas las actividades económicas. Entre los posibles elementos, cabe mencionar un precio base del carbono para el RCDE, junto con la armonización de los impuestos sobre la energía. Para ello, será necesario simplificar los instrumentos políticos de la UE y evitar los instrumentos que se solapan y distorsionan las señales de inversión. El CESE ha pedido también a la Comisión que haga todo lo posible para implantar un sistema mundial de tarificación del carbono, lo que permitiría establecer condiciones equitativas para las empresas europeas en los mercados de exportación y en relación con los bienes importados.

3.   Observaciones sobre el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía y medidas de seguimiento

3.1.   Crear una gobernanza fuerte y democrática para la transición energética europea

3.1.1.

El CESE considera que la UE y la mayoría de sus Estados miembros deben democratizar aún más su formulación de políticas en materia de energía, por ejemplo, mediante el fomento de un uso eficaz de instrumentos como las encuestas deliberativas y las iniciativas ciudadanas europeas, y garantizando el compromiso sistémico y los recursos necesarios para que la sociedad civil organizada participe en la elaboración y aplicación de los planes nacionales de energía y clima.

3.1.2.

El CESE reconoce que una gobernanza firme y democrática de la Unión de la Energía exige la creación de un servicio europeo de información energética, dentro de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que sea capaz de garantizar la calidad de la información proporcionada por los Estados miembros, desarrollar un punto de entrada para todos los conjuntos de datos necesarios para evaluar el progreso de la Unión de la Energía, desarrollar, junto con las partes interesadas, los supuestos para los diversos escenarios, proporcionar modelos de fuente abierta que permitan verificar los diferentes supuestos y comprobar la coherencia entre diferentes previsiones. Su labor debería ser de libre acceso para todos los responsables de la toma de decisiones, las empresas y el público en general.

3.1.3.

A fin de facilitar un entorno empresarial estable y favorable para las empresas europeas, en particular las pymes, la UE y los Estados miembros deben elaborar planes energéticos a largo plazo para alcanzar el objetivo de la neutralidad de carbono con el que se comprometieron en el Acuerdo de París. Dichos planes han de ser elaborados de la forma más inclusiva posible y alimentar los planes para 2030 y a largo plazo, previstos en el Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía. Asimismo, es preciso elaborar estrategias relativas al sector y a la descarbonización regional para detectar las oportunidades empresariales y locales y anticipar las futuras ganancias y pérdidas laborales con el objetivo de garantizar una transición fluida.

3.1.4.

El CESE acoge con satisfacción las iniciativas dirigidas a asistir en su transición energética a las regiones e islas que hacen un uso intensivo del carbono. Solicita a la Comisión Europea que continúe respaldando los planteamientos regionales para la transición energética. En este sentido, la Comisión Europea debe implicar a todos los Estados miembros y regiones participantes en la tarea de inventariar los puntos fuertes y débiles de cada región europea con respecto a la transición energética. Este proceso de inventariado debe integrarse en sus estrategias industriales y ayudarles a anticipar los resultados posibles en materia de creación, pérdidas y redefinición de empleos como consecuencia de la transición.

3.1.5.

El CESE pide también a la Comisión que siga desarrollando indicadores para supervisar las consecuencias de la transición energética para las industrias relacionadas con la energía y su desarrollo, mejorando los indicadores sociales e incluyendo la recopilación de datos más precisos y nuevos indicadores relacionados con el público en general y la sociedad civil, de conformidad con los dictámenes del CESE relativos a estas cuestiones (6).

3.2.   Elaboración conjunta de un pacto social para una transición energética liderada por los ciudadanos

3.2.1.

El CESE considera que Europa necesita un pacto social para una transición energética liderada por los ciudadanos, que deberán acordar la UE, los Estados miembros, las regiones, las ciudades, los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada, a fin de garantizar que la transición no excluya a nadie. El pacto debe convertirse en la sexta dimensión de la Unión de la Energía e incluir todos los aspectos sociales, incluida la creación de empleos de calidad, la formación profesional, la educación y formación de los consumidores, la protección social, la elaboración de planes específicos para las regiones en transición cuando se pierden puestos de trabajo, la salud y la pobreza energética.

3.2.2.

El CESE considera que la Unión de la Energía requiere un fondo europeo de ajuste a la transición energética para atender a los trabajadores en riesgo de perder su puesto de trabajo como consecuencia de la transición energética. Esto pondría de manifiesto la voluntad de Europa de garantizar que la transición energética no excluya a nadie.

3.2.3.

El CESE considera que la transición energética es una oportunidad para erradicar la pobreza energética en Europa y mejorar la calidad de vida, la creación de empleo y la inclusión social. Sobre la base de las conclusiones del Observatorio de la Pobreza Energética, se debe elaborar un plan de acción europeo para erradicar la pobreza energética, en colaboración con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores, para garantizar que la acción pública se dirija cada vez más a las causas fundamentales de la pobreza energética. El CESE recuerda que en su dictamen relativo al «Paquete sobre la energía limpia para todos los europeos» (7) concluyó que la pobreza energética tiene que ver con la inversión y que existen obstáculo que impiden sobre todo a los hogares vulnerables acceder a la financiación, por lo que destaca la necesidad de pasar progresivamente de medidas paliativas a medidas preventivas, como la renovación para transformar edificios antiguos en edificios de consumo de energía casi nulo. En este sentido, las tarifas sociales solo pueden ser un alivio temporal que ha de ser sustituido paulatinamente por mecanismos como los cheques energéticos o subvenciones a las grandes renovaciones de edificios y la adquisición de automóviles eléctricos.

3.2.4.

A fin de garantizar una transición energética impulsada por los ciudadanos y ofrecer el mayor número posible de ventajas sociales y económicas a la sociedad en general, resulta esencial reconocer y respaldar un sentimiento de apropiación entre los ciudadanos y las comunidades en lo relativo a los recursos energéticos renovables locales. Todos los mecanismos de apoyo y las reformas del mercado energético deben permitir a las comunidades locales participar activamente en la producción energética y gozar de un acceso equitativo al mercado de la energía. Se ha de ayudar activamente a los Estados miembros que carecen de la capacidad institucional para garantizar dicha participación pública activa en la transición energética, en concreto la capacidad institucional para proporcionar apoyo y proyectos comunitarios para acceder a los mecanismos financieros de la UE.

3.2.5.

El CESE considera que la Comisión Europea debe elaborar un «programa Erasmus Pro ecológico», basándose en su proyecto piloto Erasmus Pro, así como otros proyectos que puedan atraer a un mayor número de jóvenes hacia los sectores emergentes de la transición energética, mejorando la imagen y las condiciones laborales de estos empleos.

3.2.6.

El CESE acoge con satisfacción la intención de la Comisión Europea de reducir en un 50 %, de aquí a 2030, el número de muertes prematuras provocadas por la contaminación atmosférica (en 2015 se produjeron 400 000 muertes prematuras en Europa). El CESE estima que la UE y sus Estados miembros deben convertir la lucha contra la contaminación atmosférica en una prioridad política de alto nivel. Es preciso reforzar las medidas normativas dirigidas a la reducción de los contaminantes atmosféricos emitidos por vehículos y centrales eléctricas y adoptar medidas para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles en el transporte y la generación de electricidad.

3.2.7.

El CESE acoge con satisfacción las mejoras del Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía en lo que respecta a la información sobre el uso de los instrumentos de inversión de la UE y su impacto en el público en general, las comunidades y las pymes, pero destaca la necesidad de mejorar los medios para que los ciudadanos y los proyectos comunitarios accedan a estos recursos (por ejemplo, mediante el apoyo a las plataformas financieras, en particular en los Estados miembros que carecen de entidades de este tipo).

3.2.8.

El CESE destaca las conclusiones y los resultados del Estudio sobre prosumidores residenciales en la Unión Europea de la Energía, que forma parte de los documentos que acompañan al Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía y, en concreto, la conclusión en el sentido de que no se dispone de un marco normativo armonizado para los prosumidores residenciales en la UE y que los Estados miembros adoptan planteamientos divergentes, así como la recomendación de que una definición común y exhaustiva de los prosumidores residenciales podría ser un catalizador para el desarrollo de una política de la UE clara y firme y un marco normativo que respaldara la autogeneración por parte de los consumidores (8).

3.3.   Transporte

3.3.1.

La dimensión de electrificación de la transición energética requiere una mayor coherencia política y legal entre segmentos tradicionalmente separados del sector energético. Ya existe una mayor interacción entre los sectores eléctrico y del transporte, y el CESE acoge favorablemente los esfuerzos destinados a garantizar la coherencia entre los paquetes legislativos «Energía limpia para todos los europeos» y «Movilidad limpia».

3.3.2.

El CESE toma nota de que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía no contempla la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en la venta o la utilización de turismos, anunciada recientemente por diversos Estados miembros y ciudades, como los Países Bajos y París. Los incidentes en torno al escándalo de las emisiones de los vehículos y las consecuencias para el cambio climático, la contaminación atmosférica, la salud y el medio ambiente apuntan a la necesidad urgente de actuar. El CESE considera que la UE debe proporcionar un marco coordinado para la eliminación progresiva del gasóleo y la gasolina para los turismos, con vistas a evitar que las decisiones descoordinadas e imprevisibles adoptadas a nivel nacional y subnacional tengan un impacto adverso en la competitividad industrial y el empleo y distorsionen el mercado único.

3.3.3.

A fin de evitar que los usuarios de bajos ingresos queden rezagados por poseer vehículos contaminantes con un acceso cada vez más limitado a numerosas zonas urbanas, es preciso introducir incentivos legislativos y financieros a nivel de la UE para facilitar las renovaciones o transformaciones de bajo coste de los sistemas de tracción de los vehículos existentes, pasando de combustibles fósiles a tecnologías de cero emisiones. Una medida de este tipo permitiría, asimismo, reducir al mínimo la utilización de recursos y el coste social de la transición de turismos que emplean combustibles fósiles a vehículos eléctricos, y podría contribuir a una transición con una mayor coherencia entre regiones y Estados miembros con niveles de ingresos inferiores y superiores.

3.3.4.

El CESE se congratula de que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía reconozca que las baterías «son un elemento estratégico de las prioridades de innovación», y el hecho de que estas «serán una tecnología facilitadora esencial para alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía». El CESE respalda las iniciativas encaminadas a garantizar «un apoyo sustancial para la tecnología de baterías y acumuladores» y que la UE desempeñe un papel ambicioso en el mercado mundial.

3.4.   Infraestructura y desarrollo industrial para la transición energética

3.4.1.

La transición energética tiene consecuencias considerables para diversas industrias: en primer lugar, para los productores de energía, o el propio sector energético, en segundo lugar, para las industrias que emplean la energía como un factor de producción, en especial las industrias de gran consumo de energía, y en tercer lugar, para las industrias que ofrecen tecnologías y soluciones energéticas y climáticas. Esta transición implica riesgos y ventajas para las empresas, y resulta fundamental para la UE ayudar a las industrias a aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos.

3.4.2.

El CESE toma nota de que el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía no considera la anunciada retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París como una oportunidad histórica para que las empresas, los innovadores, los trabajadores y los inversores europeos asuman el liderazgo mundial en los mercados en auge de energía limpia. La UE debe ser más ambiciosa en todos los ámbitos de la energía limpia, desde la eficiencia energética a la electromovilidad, para proporcionar a las empresas europeas un mercado nacional sólido en el que la innovación pueda desarrollarse en un entorno seguro, así como una estrategia integrada dirigida a la exportación de soluciones de energía limpia al resto del mundo.

3.4.3.

El CESE reitera su llamamiento a la Comisión para que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los actuales instrumentos de política hipocarbónica, a fin de garantizar que se utilicen las herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente en mercados bien regulados. Es preciso evitar que pesen cargas excesivas y otras dificultades, como la complejidad de las facturas, sobre los usuarios de energía como consecuencia de una falta de competencia y transparencia en el mercado.

3.4.4.

La nueva lista de proyectos de interés común (PIC) que pueden optar a subvenciones públicas de la UE, adjunta al Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía, refleja una disminución de los proyectos de combustibles fósiles, hasta 53 proyectos de gas, en comparación con los 77 de la lista anterior. No obstante, algunos analistas afirman que esto no es más que el resultado del agrupamiento y la concentración de múltiples proyectos, y que la nueva lista incluye alrededor de 90 proyectos de gas, lo que representa realmente un aumento de los proyectos de gas. Estos proyectos y la atribución de la calificación de PIC deberían reevaluarse cuanto antes, habida cuenta de los importantes riesgos medioambientales y económicos que plantean los activos obsoletos a la hora de invertir en infraestructuras de combustibles fósiles.

3.5.   Seguridad energética y dimensión geopolítica de la Unión de la Energía

3.5.1.

Conforme a lo expuesto en su dictamen del año pasado, el CESE aboga por que la seguridad energética siga siendo un objetivo fundamental de la Unión de la Energía. Una economía eficiente desde el punto de vista energético, una generación de energía localizada sostenible y fiable, una infraestructura de transmisión y almacenamiento, mercados energéticos funcionales y relaciones comerciales que cumplan plenamente el acervo de la UE son factores clave que contribuyen a esta seguridad y que deben garantizarse. El objetivo de la seguridad energética debe definirse mejor, mirando más allá de los aspectos relacionados con las importaciones de energía y la producción nacional, para centrarse en el potencial de una mayor resiliencia en todo el sistema energético, la innovación social, el cambio de comportamiento y la ciberseguridad.

3.5.2.

El CESE acoge con satisfacción la dimensión exterior de la Unión de la Energía, como se presenta en el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía, y se muestra de acuerdo en que «la política exterior y la política de desarrollo son esenciales para respaldar la transición a una economía de energía limpia con bajo nivel de emisiones de carbono a escala mundial, y para reforzar la competitividad y la seguridad energética de la UE». Lamentablemente, existen cada vez más pruebas de que algunos Estados y empresas, activos en la importación de combustibles fósiles a la UE, llevan a cabo prácticas que resultan inapropiadas en las prácticas comerciales normales y, en ocasiones, intentan influir de manera agresiva en las políticas energéticas y climáticas de los Estados miembros y otras partes interesadas pertinentes. A fin de garantizar un entorno creíble y democrático para el debate político sobre la realización de la Unión de la Energía, es necesario efectuar un seguimiento sistemático de dichas actividades, divulgarlas públicamente y dar una respuesta enérgica.

3.5.3.

Debido a la digitalización de los sistemas energéticos, es preciso construir una infraestructura digital avanzada, procurando que las medidas para mejorar la ciberseguridad sean una parte importante de los esfuerzos encaminados a garantizar la seguridad energética. Habida cuenta de la interacción entre las redes eléctricas inteligentes y los vehículos eléctricos, la infraestructura eléctrica se convertirá también en un elemento clave del sistema de transporte. En este sentido, la ciberseguridad de los sectores conectados de la energía y el transporte y sus infraestructuras digitales tendrán una importancia todavía mayor.

3.5.4.

El éxito de la Unión Europea de la Energía depende de la capacidad para hacer cumplir la legislación europea y garantizar que los proyectos energéticos se lleven a cabo en Europa con arreglo a la legislación europea relativa al mercado. A este respecto, los proyectos de inversión que entran potencialmente —para muchos, claramente— en conflicto con los objetivos de la Unión de la Energía, son objeto de especial inquietud. Suscitan preocupaciones políticas y económicas en varios Estados miembros, lo que a su vez parece contribuir a la pérdida de confianza de las sociedades de estos países en los valores por los que se guiaron para adherirse a la Unión Europea. El incumplimiento del Estado de Derecho también es utilizado por políticos reacios a la integración europea como ejemplo para señalar las deficiencias de la integración de la Unión, lo cual redunda en perjuicio de la unidad y la integridad de la UE. Por tanto, el Comité recomienda encarecidamente que los proyectos como Nord Stream 2 o cualquier otro proyecto de importancia estratégica se desarrollen de conformidad con las normas de la Unión de la Energía.

4.   Participación de la sociedad civil y contribución del CESE

4.1.

El CESE está convencido de que garantizar el éxito de 2018 como «el año del compromiso» de la Unión de la Energía resulta fundamental no solo por razones democráticas, sino también en aras de la eficiencia de la propia transición energética. En efecto, la transformación del sistema energético europeo será más rápida, barata y democrática si es impulsada por personas cada vez más activas como consumidores, prosumidores, trabajadores y agentes de la externalización abierta (crowdsourcers) y de la financiación participativa (crowdfunding) de la transición energética. Los medios de microfinanciación, facilitados por ejemplo mediante préstamos locales, y la facilitación de la inversión resultan fundamentales para favorecer la democratización, la participación social amplia y la sostenibilidad social de la transición energética. La Unión Europea debe tratar de pasar de una situación en la que la política energética, incluso a nivel nacional, ha estado impulsada por las decisiones de unos pocos, a una política energética impulsada de forma eficaz por la actuación de todas las partes interesadas.

4.2.

El CESE acoge con satisfacción el llamamiento del Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía a favor de la movilización de toda la sociedad. Sigue sin estar claro cómo garantizará la Comisión esta movilización, dada la ausencia de una propuesta concreta a tal fin, y el informe incluso da ejemplos sumamente problemáticos de «precursores» de la transición hacia la energía limpia. El CESE pide a la Comisión Europea que interactúe cada vez más con los responsables políticos y las partes interesadas y, en particular, que se reúna con los consejos económicos y sociales nacionales y regionales, así como con la sociedad civil organizada, para proporcionar de forma conjunta una energía limpia a todos los europeos.

4.3.

El CESE manifiesta su preocupación por el nivel de participación pública de personas y comunidades en la elaboración de propuestas legislativas después de que se anunciara y se entablara un «amplio debate público» el año pasado. Propone que los próximos informes sobre el estado de la Unión de la Energía reflejen y presenten claramente las mejoras en las políticas y las prácticas de la Unión de la Energía, adoptadas sobre la base de los debates públicos y la participación de los ciudadanos.

4.4.

En este contexto, el CESE respalda el informe, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, según el cual «Los Estados miembros deben establecer una plataforma permanente de diálogo energético multinivel que reúna a las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores y otras partes interesadas pertinentes para debatir sobre las diferentes opciones previstas para las políticas energéticas y climáticas», reiterando la importancia de contar con la participación de los sindicatos, las organizaciones de consumidores y las organizaciones de la sociedad civil medioambientales en estas plataformas, y de garantizar los recursos necesarios para una participación efectiva.

4.5.

El CESE desea contribuir activamente a un mayor desarrollo de las sinergias y la colaboración entre las instituciones de la UE, la sociedad civil organizada y los entes locales y regionales y sus instituciones, en lo que se refiere a los objetivos de la Unión de la Energía. Los entes locales y regionales, gracias a su proximidad al público en general y su conocimiento de cada contexto local específico, son decisivos a la hora de adaptar y aplicar de forma eficaz las políticas relacionadas con la energía. Constituyen un nivel de toma de decisiones fundamental en sectores como el transporte, la planificación urbana, la construcción y el bienestar, razón por la cual son extremadamente importantes para la aplicación de las medidas coordinadas en favor de la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables.

4.6.

El CESE considera que las ciencias sociales y las humanidades (CSH) están llamadas a desempeñar un papel fundamental a la hora de facilitar a los responsables de las decisiones políticas y económicas, así como al público, los instrumentos adecuados para comprender las motivaciones de las decisiones energéticas de los usuarios finales, incluidas las pymes y los ciudadanos. La Unión de la Energía precisa, por tanto, un programa de investigación e innovación posterior a 2020 orientado a una misión, que integre plenamente las CSH, tal y como sugiere el informe de la Comisión Europea elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre maximización del impacto de los programas de investigación e innovación de la UE (Informe Lamy).

Bruselas, 19 de abril de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 246 de 28.7.2017, p. 34.

(2)  https://ec.europa.eu/clima/news/eu-citizens-increasingly-concerned-about-climate-change-and-see-economic-benefits-taking-action_es

(3)  https://cdn.eurelectric.org/media/2189/vision-of-the-european-electricity-industry-02-08-2018-h-864A4394.pdf

(4)  http://irena.org/newsroom/pressreleases/2018/Feb/EU-Doubling-Renewables-by-2030-Positive-for-Economy

(5)  http://www.energyunionchoices.eu/cleanersmartercheaper/

(6)  DO C 264 de 20.7.2016, p. 117, DO C 288 de 31.8.2017, p. 100.

(7)  DO C 246 de 28.7.2017, p. 64.

(8)  Estudio JUST/2015/CONS/FW/COO6/0127.