18.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/4

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vistos su Resolución, de 4 junio de 2015, sobre las prioridades del Comité Europeo de las Regiones para el sexto mandato 2015-2020, su Resolución, de 4 de diciembre de 2015, sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2016, y el Protocolo de cooperación entre la Comisión Europea y el Comité de las Regiones, de febrero de 2012;

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vistos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, considera importante que la Comisión siga expresando, mediante su trabajo, el compromiso de respetar estos principios, mediante la aplicación de un enfoque político integrado y multinivel, y defiende una participación cada vez mayor de los entes locales y regionales en el proceso europeo de toma de decisiones;

1.

pide a la Comisión que presente sin dilación, sobre la base de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 y la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, una nueva estrategia a largo plazo para el desarrollo sostenible de la Unión (estrategia europea de sostenibilidad) para el horizonte 2030;

2.

destaca el papel de los entes locales y regionales a la hora de abordar los obstáculos a la inversión, como se señala en los informes sobre los países y las recomendaciones específicas por país de 2016, y que todos los niveles de gobierno deben trabajar juntos para identificar y abordar tales obstáculos en sus respectivos países;

3.

insta a la Comisión y al BEI a que adopten las medidas necesarias para garantizar la complementariedad y adicionalidad entre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), así como con otros programas de financiación de la Unión; reitera su petición de una mayor participación del CDR en la ejecución, supervisión y evaluación del Plan de Inversiones, especialmente en lo relativo a la promoción de las plataformas de inversión y al análisis del impacto real del FEIE en la corrección del desfase de inversión a nivel regional y local;

4.

subraya que la Comisión Europea —en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones— debería especificar el papel de los bancos de fomento y otras instituciones financieras regionales en el marco del incipiente sistema de las plataformas de inversión en cuanto instrumentos que permiten aplicar el Plan de Inversiones para Europa (1);

5.

destaca que la simplificación es necesaria para maximizar el impacto y hacer mejor uso de los programas de los Fondos EIE y propone la adopción rápida de una serie de medidas de simplificación para el actual período de programación; también propone que se intensifique el trabajo sobre una revisión fundamental del sistema de ejecución de la política de cohesión para el próximo período de programación, apoyando el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre simplificación e iniciando un diálogo integral multinivel especialmente con los entes locales y regionales;

6.

propone desarrollar exenciones más amplias de la financiación de los Fondos EIE de las normas en materia de ayudas estatales;

7.

acoge con satisfacción la «Revisión Transfronteriza», cuyo fin es eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos para la cooperación transfronteriza, e insta a la Comisión a presentar en 2017 acciones concretas encaminadas a la supresión de estos obstáculos teniendo en cuenta la propuesta de la Presidencia luxemburguesa de un «Convenio-Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza»; pide a la Comisión que supervise detenidamente la aplicación de la Directiva 2011/24/UE sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, con vistas a abordar sus posibles deficiencias;

8.

lamenta que las revisiones intermedias de ciertos programas e iniciativas de la Unión, cuya finalización se prevé para el último trimestre de 2017, no se ajusten a la revisión intermedia del actual Marco Financiero Plurianual (MFP); por ello, insta a la Comisión a que concluya sus revisiones antes del 1 de julio de 2017 y proceda a acometer una propuesta integral para al próximo MFP, cuya presentación se prevé para el 1 de enero de 2018; espera, en este sentido, que los retrasos en las revisiones de estos programas no den lugar a una adopción tardía de las propuestas legislativas relativas al próximo MFP;

9.

subraya la importancia de adoptar una Agenda Urbana de la UE, acordada por los Jefes de Estado o de Gobierno, en colaboración con los entes locales y regionales; destaca la importancia de garantizar que la Agenda Urbana de la UE sea coherente con el Programa de Mejora de la Legislación de la UE, pide que se incluya la Agenda Urbana de la UE en el programa de trabajo anual de la Comisión para 2017 y propone que también se incluya la elaboración de un Libro Blanco sobre la adopción de la Agenda Urbana de la UE en el programa de trabajo para 2017;

10.

solicita a la Comisión que incluya la elaboración de la visión territorial para 2050 en su programa de trabajo para 2017; subraya la necesidad de adoptar una nueva visión territorial, puesto que debe actualizarse el Acuerdo de Perspectiva del Desarrollo Territorial Europeo de 1999, tal y como se indica en las conclusiones de la reunión ministerial sobre la cohesión territorial y la política urbana, celebrada el 27 de noviembre de 2015;

11.

pide a la Comisión que se centre en eliminar los puntos de estrangulamiento en materia de transporte y en proporcionar conexiones transfronterizas suficientes, en especial abordando la falta de conexiones de transporte transfronterizas a nivel local y regional; para ello debe asignarse una financiación adecuada sobre todo para las infraestructuras pequeñas con relevancia transfronteriza; espera que la Comisión Europea presente una propuesta concreta y un calendario para la introducción de servicios de planificación de itinerarios multimodales transfronterizos y sistemas de billetería de transportes interoperables e integrados;

12.

reitera su llamamiento a la Comisión Europea para que publique un Libro Verde sobre la movilidad en las regiones geográfica y demográficamente más desfavorecidas;

13.

anima a la Comisión a que reabra el debate sobre «Más allá del PIB» y examine la necesidad y la viabilidad del desarrollo de indicadores alternativos o complementarios para el rendimiento económico, el bienestar y el desarrollo sostenible;

14.

recomienda a la Comisión Europea la creación de una «garantía mínima de cualificaciones y capacidades», reconocida y validada en todos los Estados miembros (sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la organización de los sistemas educativos, en virtud del artículo 165 del TFUE), y espera que se apliquen las medidas necesarias para el reconocimiento de la educación no formal e informal para 2018; subraya la necesidad de ajustar la cualificación de la mano de obra a las necesidades del mercado, teniendo debidamente en cuenta las necesidades formativas de los jóvenes desempleados en el programa de trabajo de la Comisión para 2017;

15.

invita a la Comisión a desarrollar una estrategia europea sobre el cambio demográfico, así como la inclusión en la revisión intermedia de la Estrategia 2020 de una iniciativa emblemática en materia demográfica, y a entablar pronto un diálogo con el CDR sobre la futura definición de regiones con desventajas demográficas graves y permanentes;

16.

espera que la Comisión presente a principios de 2017 una propuesta legislativa sobre un pilar europeo de derechos sociales, con el fin de abordar la asimetría entre las libertades económicas y los derechos sociales;

17.

insta a la Comisión Europea a presentar un marco jurídico que incluya un conjunto de definiciones comunes aplicables a las diversas formas de economía social existentes en Europa, como las cooperativas, fundaciones, mutuas y asociaciones, para que las empresas de la economía social puedan operar en una base jurídica segura y sacar así partido de las ventajas del mercado interior y de la libre circulación;

18.

insta a la Comisión a proponer una nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres 2016-2020 y a diseñar una propuesta legislativa de revisión de la Directiva 92/85/CEE del Consejo sobre el permiso de maternidad;

19.

pide a la Comisión que presente (con la participación del CDR y de los Estados miembros) un segundo informe sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y evalúe el desarrollo ulterior de la estrategia;

20.

pide a la Comisión que aborde el fenómeno de las «sociedades ficticias»;

21.

tiene la intención de contribuir al Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, acercando el conocimiento sobre el patrimonio cultural a una mayor audiencia a nivel de base;

22.

hace hincapié en la necesidad de renovar la estrategia europea sobre el turismo y señala que el Comité de las Regiones ha comenzado a elaborar un dictamen al respecto sobre el tema «El motor del turismo para impulsar la cooperación regional en la UE» y que presentará a la Comisión Europea propuestas para esta estrategia europea renovada;

23.

pide a la Comisión que adopte un enfoque más sistemático en torno a la dimensión rural de todos los ámbitos políticos de la UE y que elabore un Libro Blanco sobre las zonas rurales que sirva como punto de partida para la política de desarrollo rural posterior a 2020;

24.

pide a la Comisión un mayor fomento del crecimiento azul por medio de un nuevo plan integral de desarrollo de la economía azul en Europa, que se fundamente principalmente en una estrategia europea común sobre cartografía costera e información marina, con objeto de ayudar al desarrollo de la economía azul mediante una mejora de la disponibilidad de información evitando al mismo tiempo la fragmentación y haciendo uso de las sinergias transfronterizas; también pide la creación de una comunidad de conocimiento e innovación centrada en la economía azul;

25.

pide a la Comisión que integre en sus políticas y fondos el principio de inversión resistente a los desastres; pide a la Comisión que elabore, en consulta y cooperación con los gobiernos locales, regionales y nacionales y las partes interesadas, orientaciones sobre lo que representa para Europea el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la mejor manera de aplicarlo;

26.

pide a la Comisión la ejecución completa del Plan de Acción sobre la Economía Circular y que evalúe la necesidad de presentar en 2017 las propuestas necesarias, en particular una estrategia ambiciosa sobre plásticos en una economía circular, una legislación que establezca los requisitos mínimos de calidad para agua reutilizada y nuevas iniciativas en el sector de la construcción y la demolición;

27.

pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones de impacto territorial de todos los actuales objetivos vinculantes en materia de medio ambiente;

28.

insta a la Comisión a revisar los objetivos climáticos de la UE y los medios necesarios para su consecución conforme a los objetivos globales acordados en París durante la COP21; recuerda a la Comisión su recomendación inicial de una reducción del 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 1990; considera que todos los nuevos objetivos deben someterse a una evaluación de impacto territorial, y no deben restringir el derecho de los Estados miembros a determinar la combinación de energías que desean utilizar;

29.

pide a la Comisión que ponga en práctica el preámbulo 15 del acuerdo mundial sobre el clima, en el que se reconoce la importancia de un enfoque de gobernanza multinivel, que no solo incluya ciudades, sino también regiones;

30.

pide participar en el foro específico de infraestructuras energéticas de la UE para representar a los entes locales y regionales en el proceso de elaboración de políticas relativas a la inversión en infraestructuras energéticas, especialmente en el ámbito de la generación de energía descentralizada, incluida la producción a pequeña escala y la distribución;

31.

pide participar, desde el inicio del proceso de planificación política, en la revisión de las Directivas de la UE sobre eficiencia energética, promoción de las fuentes renovables de energía y diseño del mercado energético;

32.

pide a la Comisión que presente iniciativas más específicas en el ámbito de la producción combinada de calor y electricidad y de las redes de calefacción y refrigeración urbana, con el objetivo de conseguir una mayor reducción de las emisiones de CO2 y de aumentar la seguridad energética;

33.

opina que la Comisión debe aumentar sus ambiciones en materia de política energética apoyando, adaptando y divulgando aún más el modelo del Pacto de los Alcaldes tanto en el interior como en el exterior de la UE, ayudando a transformar la gobernanza urbana, la acción sobre el clima y la participación ciudadana de forma más consistente y sostenible;

34.

pide la aplicación completa del 7.o Programa de Acción en materia de medio ambiente de la UE 2014-2020, e insta a la Comisión a presentar una propuesta de Directiva cuyo objeto sea establecer disposiciones de garantía del cumplimiento para todo el acervo medioambiental de la UE (2);

35.

pide una aplicación completa de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 y, en consecuencia, insta a la Comisión a presentar en 2017 su ya retrasada iniciativa sobre pérdida neta cero de biodiversidad y de servicios ecosistémicos; también reitera su solicitud a la Comisión de no revisar las Directivas sobre protección de la naturaleza, sino de presentar pronto una Comunicación que incluya acciones concretas que apoyen una mejor ejecución de las mismas (3);

36.

pide a la Comisión que presente una Comunicación sobre alimentación sostenible, en la que establezca un marco político coherente a nivel de la UE para abordar la sostenibilidad de la agricultura, la producción alimentaria y la cadena de suministro y los aspectos comerciales, y reitera su solicitud a la Comisión Europea para que establezca objetivos más específicos con el objetivo de reducir los residuos alimentarios en un 30 % para 2025 (4); también reitera su solicitud de creación de un nuevo logotipo europeo y de un símbolo común y una iniciativa para identificar los productos locales;

37.

pide a la Comisión que publique una nueva estrategia en materia de alcohol para el período 2016-2025 que se base en los datos más recientes, que tenga en cuenta los cambios en la sociedad y que apoye los programas ya ejecutados a nivel nacional, regional y local;

38.

apoya el llamamiento del Parlamento Europeo en favor de la inclusión del pilar del mercado único en el Semestre Europeo, junto con un sistema de seguimiento y evaluación con carácter periódico;

39.

acoge con satisfacción el paquete de simplificación del IVA para PYME y la iniciativa sobre empresas emergentes como pasos concretos para reducir la carga regulatoria y administrativa sobre estas empresas; subraya la necesidad de una simplificación regulatoria importante, sobre todo en lo relativo al acceso de las PYME a la contratación pública y su participación en proyectos financiados con Fondos EIE;

40.

acoge con satisfacción la atención de la Comisión hacia la economía colaborativa, pero reitera que cualquier iniciativa normativa de importancia debe tener un enfoque sectorial y tomar en consideración la escala de la iniciativa como criterio para la elaboración de instrumentos normativos;

41.

considera que la Comisión debe prestar mayor atención a los importantes retos de financiación a los que se enfrentan los servicios de interés general y, por ello, pide a la Comisión que evalúe el impacto territorial de la legislación de la UE en materia de prestación de servicios de interés general, con especial atención a las normas sobre ayudas estatales y contratación pública, y aprovechar cualquier margen para la simplificación, incluida la simplificación de los instrumentos financieros de la UE; espera, en este contexto, que se le consulte adecuadamente sobre la revisión de 2017 del «paquete Almunia» en relación con la financiación de los servicios de interés económico general;

42.

propone que a la evaluación en curso por parte de la Comisión de la Directiva sobre procedimientos de recurso en el ámbito de la contratación pública le siga una revisión de la Directiva para abordar deficiencias desde la perspectiva de los entes locales y regionales;

43.

reitera su demanda a la Comisión y al Parlamento de que establezcan un código de conducta que garantice la participación estructurada de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo y se compromete a mantener un diálogo continuado con la Comisión sobre esta cuestión;

44.

vuelve a pedir a la Comisión que evalúe la incidencia de las normas del nuevo SEC 2010 sobre la capacidad inversora de los entes locales y regionales;

45.

insta a la Comisión a que cuente con la participación del CDR en la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma de la UEM, en la que debe abordarse su competitividad y su dimensión social;

46.

considera que uno de los retos principales del mercado único digital reside en la creación de una economía de la información sostenible, también en un contexto industrial («Industry 4.0»); recomienda crear las condiciones necesarias para proporcionar a todas las regiones conexiones de banda ancha y trabajar con la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones para acceder a la financiación y sistemas de apoyo para infraestructuras TIC y pide a la Comisión que, en el marco del establecimiento del mercado único digital, elabore informes regulares sobre los avances en la reducción de la «brecha digital», principalmente a escala regional y local;

47.

pide a la Comisión que presente propuestas encaminadas a mejorar el uso de los programas de investigación financiados por la UE creando sinergias entre la financiación de Horizonte 2020, los Fondos EIE y el FEIE, y reforzando los vínculos con las estrategias de especialización inteligente a nivel regional; propone prestar una atención especial al impacto de la financiación de Horizonte 2020 sobre el crecimiento y abordar la «brecha de la innovación» al realizar la evaluación intermedia;

48.

propone una participación activa del CDR en la revisión de la estrategia para la bioeconomía en 2017;

49.

destaca que la aplicación de nuevos instrumentos de la Unión como el Consejo Europeo de la Innovación, así como las iniciativas sobre datos abiertos e innovación abierta, debe tener en cuenta la dimensión regional y contribuir a la reducción de la «brecha de la innovación»;

50.

pide a la Comisión que cada iniciativa importante en el ámbito de la política comercial vaya acompañada de evaluaciones de impacto territorial y que los nuevos acuerdos comerciales no impongan restricciones a los entes locales y regionales en lo que respecta a la prestación de servicios de interés general;

51.

solicita a la Comisión la elaboración sistemática de evaluaciones ex post con objeto de medir el impacto económico, medioambiental, social y territorial, tanto positivo como negativo, de los acuerdos comerciales;

52.

pide a la Comisión que, para abordar los problemas con respecto a la transparencia en la política comercial de los Estados miembros, presente directrices sobre cómo se formulan los objetivos de política comercial antes del inicio de las negociaciones, es decir, en la fase en que los veintiocho Estados miembros establecen el mandato;

53.

pide a la Comisión, respecto de la justicia, que potencie formas de incentivación que ayuden a los Estados a mejorar las condiciones carcelarias de las personas detenidas, que fomenten el establecimiento de procedimientos de mediación penal y orientados a una justicia reparadora, la valorización de alternativas a la detención e itinerarios de formación que permitan salir de un contexto social basada en la ilegalidad y la delincuencia;

54.

acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión Europea para abordar los retos originados por la llegada de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes económicos a Europa en un número sin precedentes y considera que las propuestas relativas a la reforma del sistema de Dublín constituyen un paso importante en este sentido; espera, no obstante, que en 2017 se presenten nuevas propuestas concretas con el fin de elaborar una política global de la UE en materia de migración y asilo, basada en el respeto de los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales, así como en el principio de solidaridad;

55.

invita a la Comisión, en colaboración con los Estados miembros a seguir forjando un consenso sobre una lista común europea de países de origen seguros, y a colaborar con los países de origen y tránsito considerados seguros con el fin de aplicar políticas de retorno rápidas y efectivas, respetando plenamente los derechos humanos y las obligaciones internacionales;

56.

pide a la Comisión que proponga el establecimiento de mecanismos que permitan a los solicitantes de asilo solicitar un visado humanitario desde fuera de la UE, que les permita su entrada legal en la UE;

57.

reconoce la gran contribución de la migración al crecimiento de la economía europea y pide que el Semestre Europeo tenga en cuenta esta dimensión principalmente en lo que respecta a los gastos de garantizar la integración de los migrantes;

58.

considera que ahora es más importante que nunca conservar Schengen e insta a la Comisión a hacer todo lo posible, junto con los Estados miembros, para recuperar la necesaria estabilidad del sistema; recuerda que suspender el acuerdo de Schengen sobre la libertad de circulación entre fronteras conlleva consecuencias importantes en términos de controles físicos y puede tener graves repercusiones económicas sin conseguir resolver el problema de la presión migratoria;

59.

insta a la Comisión a conceder una mayor financiación a los entes locales y regionales para que puedan cumplir eficazmente su importante función en el apoyo y la integración de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes;

60.

considera que una mejor asignación a nivel regional y local de los Fondos de Inversión Europeos y de los Fondos Estructurales constituye una condición previa para apoyar las políticas de integración. En este sentido, pide la asignación de más recursos y que se distribuyan mejor, así como la máxima eficiencia en el uso de estos recursos para abordar en los próximos años la cuestión de los solicitantes de asilo, los refugiados y la migración;

61.

pide a la Comisión que: 1) proporcione ayuda a los entes regionales en el desarrollo de estrategias de prevención a nivel local, regional y nacional para combatir la radicalización; 2) siga reuniendo y divulgando en un manual las mejores prácticas sobre cómo evitar la radicalización; 3) proporcione apoyo a la cooperación entre ciudades para combatir la radicalización;

62.

manifiesta su preocupación por las dificultades para controlar la presencia de menores no acompañados y el riesgo de que se vean envueltos en sistemas de trata y explotación; defiende que se apliquen programas de inclusión y de formación, especialmente para los menores que se encuentren en los Estados miembros, y prácticas de acogida que incluyan a las comunidades de origen de los menores ya arraigadas en el país de acogida, garantizando a los menores la posibilidad de vivir en familia o en entornos de tipo familiar;

63.

destaca que, al aplicar la revisión de la Política Europea de Vecindad, se debe dar prioridad a las iniciativas de apoyo a los procesos de descentralización, hermanamiento y capacitación a escala subnacional; insta a la Comisión a reactivar el instrumento para la administración local (IAL) y a extenderlo a todos los países vecinos y reitera su propuesta de incorporar los métodos, conceptos e instrumentos de la política europea de cohesión a la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad;

64.

insta a la Comisión a examinar con mayor detalle los procesos de descentralización, así como la situación de autogobierno local en los países candidatos a la adhesión en el contexto de sus informes anuales sobre los progresos realizados;

65.

insiste en que los entes locales y regionales de la Unión deben aportar una contribución adecuada a la cooperación en el ámbito del desarrollo con el fin de obtener resultados sostenibles, incluido el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III);

66.

pide a la Comisión que preste especial atención a la protección de los refugiados en sus zonas de origen, lo que constituye un elemento importante en la gestión del número cada vez mayor de personas en busca de protección internacional; En ese contexto acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de crear un Nuevo Marco de Asociación con los terceros países que acogen a gran número de refugiados; estos países necesitan desarrollar una capacidad de recepción sostenible y proporcionar perspectivas duraderas cerca de su país a millones de personas que huyen de la guerra y la persecución. A este respecto, reconoce la necesidad de un Plan de Inversión Exterior movilizando inversiones en terceros países, y pide que los entes locales y regionales europeos participen plenamente en este proceso. se debe instar a los entes locales y regionales a ayudar a sus homólogos en los países de acogida fuera de la Unión proporcionando asistencia técnica y promoviendo un enfoque más estructurado en torno a la protección de los refugiados;

67.

reitera su petición de simplificar y mejorar el marco legal de la Iniciativa Ciudadana Europea como el único instrumento de participación directa a nivel de la UE;

68.

atrae la atención de la Comisión sobre el éxito en la organización de actividades de comunicación descentralizada sobre asuntos de la Unión en colaboración con los medios de comunicación locales y regionales, la sociedad civil y las instituciones de la UE, e insta a la Comisión Europea a intensificar sus esfuerzos en este ámbito mucho antes de las elecciones europeas de 2019;

69.

pide a la Comisión que elabore una definición de sobrerregulación estándar a nivel de la Unión con objeto de mejorar la seguridad jurídica en la aplicación y ejecución del Derecho de la Unión y limitar la burocracia excesiva;

70.

pide una mayor transparencia, cooperación y eficiencia entre las instituciones de la Unión tras la adopción del nuevo Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», así como la participación del CDR en todas las etapas del proceso legislativo a fin de utilizar todo su potencial en el ciclo legislativo y en las consultas;

71.

subraya la buena cooperación con la Comisión en la prueba piloto de la evaluación de impacto territorial realizada durante 2015 y 2016; sobre la base de esta buena cooperación, el CDR pide a la Comisión que la elaboración de una evaluación de impacto territorial sea una práctica estándar en la evaluación de impacto de toda legislación que pudiera producir efectos territoriales asimétricos, así como en el programa de mejora de la legislación;

72.

espera una mayor cooperación con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo en el control de la subsidiariedad y en torno a la Conferencia sobre Subsidiariedad en 2017;

73.

encarga al presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al presidente del Consejo Europeo.