21.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 389/1

1.

El Comité Económico y Social Europeo expresa su profunda preocupación por la situación de la Unión Europea. El actual contexto político y económico, en un entorno de creciente desconfianza por parte de los ciudadanos europeos hacia el proceso de integración de la UE, implica que la Comisión Europea debe trabajar para restablecer un espíritu de solidaridad y responsabilidad, como ya indicó en el programa de trabajo para 2016. Existen cada vez más indicios de falta de voluntad por parte de los Estados miembros para encontrar soluciones comunes y cohesivas. Al mismo tiempo, convencer a los ciudadanos para que se apropien de los objetivos de la UE debería ser un pilar de acción de la Unión.

2.

La crisis de los refugiados exige una acción humanitaria urgente. Al mismo tiempo, debe prestarse especial atención a la dificultad con la que se encuentran los gobiernos europeos para impulsar soluciones acordadas por todos los ciudadanos europeos, que sienten temor e inseguridad. Deben abrirse corredores legales seguros y la UE debe avanzar firmemente hacia un sistema común de asilo, finalizando las iniciativas políticas y legislativas publicadas en mayo y julio de 2016. La Comisión Europea debería redoblar sus esfuerzos para imponer el Estado de Derecho en la aplicación del acervo de la UE en los ámbitos de la migración y el asilo y garantizar la gestión responsable del espacio Schengen con objeto de restablecer la confianza mutua y la sostenibilidad de la zona de libre circulación. La puesta en peligro del Acuerdo de Schengen supondría un ataque al corazón mismo del proyecto europeo y limitaría su avance. La demanda justa de una gestión y control más regulados de las fronteras exteriores, en el respeto riguroso del Estado de Derecho, la petición legítima de mayor seguridad por parte de los ciudadanos y la demanda de una cooperación más estrecha en la lucha contra el terrorismo no pueden conllevar el levantamiento de barreras dentro de la UE y la restricción de la libre circulación de las personas.

3.

La propagación de los sentimientos antieuropeos y la creciente representación política de movimientos xenófobos y populistas en los parlamentos nacionales y en el conjunto de la sociedad suscitan mayor preocupación y amenazan los valores democráticos de Europa. En algunos Estados miembros, estos movimientos están en posición de influir en el gobierno. Esta hostilidad hacia Europa en su conjunto puede dar lugar a un debate arriesgado sobre los mecanismos de autoexclusión concedidos a los Gobiernos sobre la base de sus respectivas necesidades contemporáneas, como ha demostrado el debate en torno al Brexit. La UE tiene que responder a esta deriva hacia el proteccionismo y el nacionalismo confrontándolos también a nivel cultural.

4.

Sin embargo, no debemos olvidar o socavar lo que ha logrado la UE hasta la fecha, y la integración económica debe completarse ahora con una integración política y social más profunda. El mercado único es un elemento central de la integración europea y la igualdad de condiciones ha de preservarse a toda costa. Los ciudadanos deben formar parte activa de este progreso. El diálogo a nivel local, nacional y europeo debe reforzarse y estructurarse con la ayuda de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, que son cruciales para trazar el nuevo curso de Europa.

5.

Los jóvenes son una prioridad para este cambio cultural, ya que son los más afectados por el desempleo, pero también ofrecen el mayor potencial para resolver la crisis. Basándose en las lecciones aprendidas, la «generación Erasmus» muestra apertura y disposición a hablar y a crecer junto con distintas personas y culturas. Por este motivo, la Comisión debe ofrecer oportunidades, aparte de los tímidos resultados de la Garantía Juvenil, para que todos los jóvenes se beneficien de los intercambios europeos, independientemente de su nivel educativo y situación laboral.

6.

En un clima económico y social que sigue siendo incierto, se insta a la Comisión Europea a aprovechar todos los recursos disponibles para impulsar el crecimiento, el empleo de alta calidad y el progreso social. Las inversiones financieras, productivas y sociales están lejos de volver a los niveles anteriores a la crisis. Es necesario un entorno macroeconómico que estimule el crecimiento, impulsado por un entorno de inversiones favorable dentro de un mercado interior que funcione bien. Deberían abordarse todos los aspectos de la competitividad internacional, y el aumento de la demanda interna puede servir de trampolín a las empresas europeas en el mercado mundial, estimulando un círculo virtuoso que beneficiará a todo el mundo.

7.

La gobernanza económica debe orientarse hacia el crecimiento y el progreso social, aplicando todas las prioridades de la Comunicación sobre las medidas destinadas a realizar la unión económica y monetaria y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016. Las recomendaciones específicas por país deberían hacer un mejor uso de la flexibilidad del Pacto de estabilidad y crecimiento existente para estimular el crecimiento. El sentimiento de apropiación del Semestre Europeo debe incrementarse, implicando a la sociedad civil en general y reconociendo la especificidad de los interlocutores sociales a nivel europeo y nacional.

8.

La Estrategia Europa 2020 actualizada debería vincularse a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que incorpora los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considera componentes inseparables e interdependientes los aspectos económicos, sociales y medioambientales, y renueva los esfuerzos para cumplir estos objetivos sociales en los que la UE se está quedando atrás.

9.

El CESE pide a la Comisión que ejerza su liderazgo para fomentar el consenso y el compromiso en el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de cumplir la agenda interior y exterior de la UE.

10.

En este contexto, el CESE pide a la Comisión que centre su programa de trabajo para 2017 en los tres ámbitos estratégicos siguientes, reconociendo que las dimensiones interna y externa y las dimensiones económica, social y política son inseparables:

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Para lograr un plan de inversiones que sumen como mínimo el 2 % del PIB de la UE, el CESE recomienda un estímulo fiscal, a través de inversiones públicas entre otras cosas, orientado a inversiones que estimulen la innovación y el crecimiento, dando prioridad a sectores como la energía, las infraestructuras de transporte y banda ancha, la digitalización, la economía circular con bajas emisiones de carbono, la economía social y las competencias para el emprendimiento y el empleo de calidad. El uso de los fondos europeos debe ser coherente con estos objetivos. Deben promoverse las empresas sostenibles y el crecimiento industrial mediante un plan específico para pyme.

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En cuanto al proceso del Semestre Europeo, el CESE pide a la Comisión que realice un seguimiento preciso y cumpla todos los objetivos, tanto económicos como sociales, relacionados con la elaboración de las recomendaciones sociales específicas por países para registrar resultados tangibles en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluida la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

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La realización del mercado único exige un firme compromiso por parte de la Comisión con las prioridades establecidas en 2016. La libre circulación de los trabajadores debe seguir siendo una prioridad; la movilidad justa implica garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación por motivos de nacionalidad, de acuerdo con el acervo de la UE para los trabajadores europeos.

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El principio de «igual salario a igual empleo en el mismo puesto de trabajo», como afirmó el presidente Juncker, en el marco de la movilidad laboral de la UE, está siendo objeto de debate en el CESE. El Comité ya ha expresado su preocupación por las distorsiones que pueden ir en detrimento de la integración en el mercado laboral y una competencia leal.

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La unión económica y monetaria es el núcleo del mercado único y el CESE insiste en que deben desarrollarse sus pilares económico, social y político. La zona del euro, incluidos los países que deseen adherirse, necesita una identidad más sólida.

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El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la digitalización exige tomar medidas en numerosos ámbitos. El CESE pide a la Comisión que establezca un proceso consultivo periódico para gestionar el impacto en los aspectos cualitativos y cuantitativos del empleo, la producción, el consumo y los servicios públicos para los ciudadanos. Debe prestarse especial atención a la aplicación de la agenda de competencias digitales, especialmente en lo que se refiere a garantizar la accesibilidad de todos.

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Sin embargo, la Unión de la Energía dista mucho de estar completa. El CESE exhorta a la Comisión a agilizar la aplicación de la estrategia sobre la Unión de la Energía para garantizar la seguridad del suministro energético y precios razonables mediante fuentes de energía diversificadas y un mercado interior de la energía plenamente integrado. Es necesario un fondo de transición justa para apoyar el proceso de transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. En cuanto a la política climática, se necesitan medidas concretas inmediatamente. La Comisión Europea debería garantizar que la sociedad civil y los ciudadanos a nivel internacional, nacional y subnacional participen más en la elaboración, la revisión y, sobre todo, la aplicación del Acuerdo de París.

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La crisis de los refugiados debe gestionarse adecuadamente. Deben abrirse corredores humanitarios seguros y la UE debe avanzar firmemente hacia un sistema común de asilo.

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En 2016, la UE ha crecido como actor global y debería reforzar su posición en el fomento de la paz y la estabilización en zonas de conflicto. Sin embargo, la insuficiente cohesión interna y la falta de compromiso político han debilitado hasta ahora la influencia de la UE en el mundo. Como requisito indispensable para una acción exterior eficaz, se necesitan medidas políticas integradas, hasta donde sea posible, entre sus políticas interiores y exteriores.

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Se necesitan medidas prácticas adicionales para reforzar la seguridad en Europa: una política exterior común sólida para abordar los conflictos abiertos en los países vecinos, una política de desarrollo coherente con la de otras instituciones internacionales, cooperación policial internacional y un control eficaz de las fronteras exteriores sin restringir las libertades individuales y la privacidad.

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El CESE considera esencial concluir las actuales negociaciones bilaterales sobre comercio e inversión, garantizando un equilibrio de los intereses determinados en el dictamen del Comité sobre la Comunicación de la Comisión Europea «Comercio para todos», y trabajar en su correcta aplicación. También debe buscarse la transparencia y el equilibrio justo de intereses en el enfoque multilateral de los acuerdos comerciales en el marco de la OMC. Las normas medioambientales, sociales, laborales, sobre los consumidores y de otra índole, junto con los servicios públicos, no deben ser rebajadas por los acuerdos de la UE y, de hecho, estos acuerdos deberían aspirar a mejorarlas.

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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas deben integrarse en los ámbitos políticos relacionados con la acción exterior de la Unión.

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El CESE pide a la Comisión que centre sus esfuerzos en influir e impulsar el desarrollo y la exportación de tecnologías y soluciones climáticas a escala mundial.

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El CESE pide a la CE que entable un debate sobre el funcionamiento de la UE. Tenemos que reafirmar los valores europeos en el marco de una visión compartida, la importancia de la dimensión basada en la solidaridad de Europa, la cohesión social y la construcción de una democracia participativa e inclusiva.

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El CESE anima decididamente a la Comisión a seguir de cerca el cumplimiento por parte de los Estados miembros del Estado de Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales y a responder activamente a las infracciones.

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El CESE lamenta que la Comisión no haya tenido debidamente en cuenta la contribución del Comité al programa de trabajo para 2016 y no haya considerado oportuno mantener un exhaustivo intercambio de puntos de vista sobre las decisiones políticas tomadas por la propia Comisión. La construcción de un diálogo sistemático con las organizaciones de la sociedad civil y el refuerzo del diálogo social a todos los niveles son fundamentales para lograr los objetivos de la UE.

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Inversiones en infraestructuras, producción y empleos de calidad.

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Un Semestre Europeo renovado para el crecimiento, la competitividad y el progreso social.

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Avance rápido hacia una economía circular con bajas emisiones de carbono.

1.1.

El empleo sigue siendo la principal prioridad en 2017, en particular a través de la creación de nuevos puestos de trabajo para los desempleados de larga duración, las mujeres, los jóvenes y los migrantes.

1.2.

En cuanto a los fondos europeos, la Comisión debería evaluar su uso y velar por que la financiación se asigne de una manera que sea eficazmente selectiva y maximice la estimulación de la innovación y el crecimiento, priorizando las inversiones en infraestructuras, producción y empleo de calidad. Las irregularidades en el uso de los fondos de la UE deben controlarse y sancionarse.

1.3.

Los sectores de servicios sociales son uno de los mayores creadores de empleo en Europa. Por lo tanto, la Comisión debería elaborar un plan de acción para maximizar su potencial y desbloquear el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para el sector social.

1.4.

En 2017, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento también debería priorizar la inversión social y ayudar a las economías rezagadas a llegar a los niveles económicos y sociales europeos.

1.5.

Es necesaria una ofensiva en materia de cualificaciones basada en la rápida aplicación de la Agenda de nuevas cualificaciones para Europa y el paquete de empleo juvenil (Garantía Juvenil y Alianza Europea para la Formación de Aprendices).

1.6.

Las medidas previstas en el Plan de Acción para la Economía Circular deben aplicarse sin demora, dando prioridad a las medidas que ayudan a asegurar un entorno más competitivo para las empresas europeas. El Comité quiere que la Comisión Europea analice la viabilidad de crear una plataforma europea abierta para la economía circular que reúna a todas las partes interesadas y se aloje en el CESE.

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Impulsar la digitalización de las infraestructuras, la producción y los servicios públicos.

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Aumentar las cualificaciones y la aceptación del cambio digital en la sociedad en general y entre los trabajadores.

2.1.

La digitalización de la industria será un factor decisivo para la competitividad de la economía europea. El proceso de digitalización está teniendo una repercusión significativa en la sociedad civil europea y se ha vuelto esencial para la vida de las personas. El CESE, con sus responsabilidades transversales -un foro que representa a la sociedad civil organizada- actuará para impulsar la aceptación de políticas en este ámbito en el seno de la sociedad civil europea.

2.2.

El potencial de la economía digital, ligado a otros importantes cambios económicos (por ejemplo, la transición a una economía colaborativa y una economía con bajas emisiones de carbono), debe orientarse más estratégicamente hacia la consecución de los ODS de las Naciones Unidas.

2.3.

Para eliminar las disparidades entre personas y entre pequeñas empresas, la agenda de digitalización debe utilizarse plenamente en el desarrollo de una fabricación inteligente, redes de energía inteligentes, transporte y movilidad inteligentes, viviendas inteligentes y comunidades inteligentes. También existe un margen considerable para utilizar la digitalización con el fin de mejorar los servicios públicos y la administración. La Comisión debería promover el intercambio de mejores prácticas en este ámbito entre Estados miembros.

2.4.

Debe pedirse a los interlocutores sociales, en el marco de una estrategia europea coordinada, que aprovechen todos los instrumentos del diálogo social para abordar las dificultades del proceso de digitalización con el fin de maximizar las oportunidades de empleo de calidad, reciclar o mejorar las cualificaciones de los trabajadores afectados e identificar nuevas formas de protección de estos trabajadores. Para garantizar un enfoque integral, es aconsejable establecer un proceso consultivo periódico con otras organizaciones de la sociedad civil.

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Aplicación de la Estrategia para la Unión de la Energía, incluida su dimensión exterior.

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Aplicación y refuerzo mundial de las decisiones de la COP21.

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Previsión de una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

3.1.

La Comisión debe seguir aplicando una estrategia ambiciosa en consonancia con el programa de trabajo adjunto a la Comunicación sobre el Estado de la Unión de la Energía 2015.

3.2.

La propuesta del CESE relativa a un diálogo europeo sobre la energía debe convertirse en un mecanismo clave para garantizar que los conocimientos, las preocupaciones y los intereses de la sociedad civil se incorporen al proceso de la Unión de la Energía.

3.3.

Las decisiones de la COP21 deben aplicarse sin demora y con la plena participación de la sociedad civil organizada. Es necesaria una igualdad de condiciones para las empresas que compiten a nivel internacional con el fin de evitar la fuga de carbono. Instar a los Estados miembros de la UE a que anuncien sus contribuciones nacionales determinadas enviaría la señal correcta. También habría que tener en cuenta la necesidad de reactivar la inversión y consolidar el liderazgo de la UE en las tecnologías ecológicas.

3.4.

En vista de los compromisos de la COP21, deben evaluarse detenidamente los riesgos de fuga de carbono y deben aplicarse los instrumentos normativos para paliarlos, especialmente en el contexto del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE para el período 2021-2030.

3.5.

El sistema alimentario es una de las principales causas del cambio climático, pero también se verá notablemente afectado por el mismo. El papel desempeñado por el sector agroalimentario en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático deberá reforzarse. La importancia de la prevención y reducción del desperdicio de alimentos y los esfuerzos de la sociedad civil deberían destacarse en el contexto del plan de acción sobre la economía circular de la UE.

3.6.

Además del fondo de transición justa, la UE debe aplicar el Fondo de innovación y el Fondo de modernización e incluir a todos los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en la gestión de estos fondos.

3.7.

A raíz del resultado del estudio del CESE sobre la obsolescencia programada, debería ponerse en marcha un proyecto piloto sobre la inclusión de la vida útil mínima estimada o media en el sistema de etiquetado de productos.

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Una creciente industria y una Unión de Mercados de Capitales funcional.

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Fomentar una economía más competitiva y ecológica, desarrollar empresas de economía social y aplicar modelos innovadores.

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Poner a disposición de todos la movilidad laboral justa.

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Hacia una fiscalidad más justa.

4.1.

Puesto que la industria es el núcleo del mercado único, la Unión Europea debe seguir concentrándose en revitalizarla y cumplir el objetivo de aumentar su contribución al PIB de la UE hasta el 20 % para 2020. Debe prestarse especial atención a las dificultades que afronta la industria siderúrgica mediante una remodulación de la ayuda estatal y un uso más selectivo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. También debe ponerse en práctica un plan de acción para la industria europea de la defensa, que generaría ahorros considerables en la adquisición de defensa.

4.2.

El CESE pide medidas eficaces para mejorar el acceso a la financiación, junto con iniciativas emprendidas en el marco de la Unión de Mercados de Capitales. El marco normativo y supervisor (micro y macroprudencial) del sector financiero debe adaptarse para reducir el riesgo de arbitraje regulador. También debe abordarse en este contexto el sector bancario sumergido. Además, deben desarrollarse medios para aprovechar mejor el capital disponible en fondos soberanos de inversión. En el proceso de unión bancaria habría que hacer referencia al componente de servicio público de los servicios bancarios. Los ciudadanos deben poder utilizar estos servicios sabiendo que son transparentes, fiables y de bajo coste.

4.3.

Es necesario un plan de acción concreto para eliminar los obstáculos con los que se encuentran las pyme, incluidas las microempresas y las empresas familiares, a nivel interno y en el comercio transfronterizo.

4.4.

Para liberar todo el potencial de las empresas de la economía social, el CESE insta a la Comisión a poner en marcha un plan de acción para la economía social, que proporcione un ecosistema completo para su desarrollo y crecimiento.

4.5.

El CESE subraya la necesidad de aumentar la competitividad europea y respaldar la economía ecológica. En este contexto, al revisar la Estrategia para el Mercado Único en 2017, es importante fomentar —además del principio de mantener la igualdad de condiciones—, nuevos modelos empresariales que equilibren los aspectos económicos, sociales y medioambientales. La economía colaborativa, la economía funcional y la economía circular necesitan directrices claras para florecer. Es esencial un enfoque integral que tenga en cuenta los distintos aspectos sociales, económicos y medioambientales en un marco normativo coherente. Es crucial establecer una estrategia de responsabilidad social empresarial más ambiciosa que reconozca mejor las contribuciones de las empresas al bien común, midiendo indicadores de bienestar y desarrollo social más allá del PIB.

4.6.

En cuanto a la contratación pública con arreglo a las nuevas directivas, es necesario facilitar la aplicación de cláusulas sociales y un mercado reservado, diseñando una guía para los poderes adjudicadores.

4.7.

Debe salvaguardarse la movilidad laboral justa. En este sentido, el CESE está elaborando un dictamen sobre la propuesta de la Comisión relativa a la revisión de la Directiva 96/71/CE y está considerando las cuestiones de apoyar la libertad de prestación de servicios y de preservar tanto la competencia leal en el mercado de servicios como la igualdad de trato en el mercado laboral.

4.8.

Las necesidades de desarrollo político de la PAC, en el contexto de la revisión intermedia del MFP 2014-2020, deben orientarse al mantenimiento de la multifuncionalidad, la agricultura familiar y la sostenibilidad en el centro de la agricultura europea. La Comisión debería preparar una estrategia alimentaria europea con un enfoque integral que englobe toda la cadena de suministro, desde el agricultor hasta el consumidor, y que garantice la coherencia normativa entre distintos ámbitos políticos, desde las políticas agrícolas hasta las políticas comerciales, educativas y climáticas.

4.9.

La Agenda Urbana de la UE reviste la máxima importancia. La Comisión debería preparar un libro blanco sobre las zonas rurales. Sin embargo, cabe señalar que las zonas urbanas y rurales están estrechamente ligadas entre sí y no tienen alternativas.

4.10.

Es importante aprovechar los beneficios en materia de empleo que conlleva el impulso del mercado único, especialmente con respecto a los servicios, la digitalización y el mercado laboral. El correcto funcionamiento del mercado único y un marco que garantice la seguridad de las personas y la competencia leal son la base para la recuperación económica de Europa. El CESE también hace hincapié en la necesidad de hacer frente a la situación de los trabajadores pobres y desarrollar herramientas y políticas eficaces para salvaguardar un salario digno y garantizar la seguridad en el ámbito de las nuevas relaciones laborales.

4.11.

El Plan de Acción para un impuesto de sociedades más equitativo y más eficiente debe seguir adelante, en concreto en lo que respecta a la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). El CESE pide medidas enérgicas para frenar el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva. Los impuestos deberían recaudarse en el lugar donde se encuentra el contenido económico. Para ello, el CESE quiere garantizar que la UE participe plenamente en el plan de acción de la OCDE para luchar contra la elusión de las normas fiscales, la erosión de la base tributaria y la transferencia de beneficios (Plan de Acción BEPS).

4.12.

El CESE acoge con satisfacción la atención prestada por la Comisión durante el último ciclo del Semestre Europeo a un traslado progresivo de las cargas fiscales de los contribuyentes de renta baja a un sistema impositivo más eficiente y equitativo, favoreciendo el paso a impuestos que tengan menos efectos moderadores que los impuestos sobre el trabajo. Además, es necesario reformar los sistemas tributarios para asegurar su papel redistributivo que pueda ayudar a eliminar las desigualdades.

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Una hoja de ruta para completar la UEM, incluida la unión bancaria.

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Seguir adelante con la unión económica y política.

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Hacer que el Semestre Europeo cumpla los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sociales.

5.1.

Teniendo en cuenta la capacidad seriamente limitada de la política monetaria para estimular la demanda, la economía de la zona del euro se halla en lo que se conoce como una «trampa de liquidez». Es necesaria una mayor solidaridad de los países con superávits estructurales, que deberían contribuir de manera más amplia a las políticas expansionistas.

5.2.

La zona del euro debe reforzar su potencial de crecimiento y su capacidad para lidiar con choques asimétricos y promover la gobernanza económica y social. Esto requiere una nueva regulación de la capacidad fiscal específica. El CESE pide que se establezca un diálogo macroeconómico en la zona del euro como contribución fundamental al desarrollo democrático y social de la UEM. El CESE hace hincapié en que los futuros debates no deberían versar sobre «consejos de competitividad», sino sobre «consejos de competitividad, cohesión social y sostenibilidad». La zona del euro tendrá que hablar con una sola voz en los organismos internacionales.

5.3.

El CESE espera que las instituciones europeas se embarquen en la segunda fase de la hoja de ruta para la realización de la UEM en 2017, dando una identidad clara a la zona del euro. Una hoja de ruta correspondiente debería incluir un debate político sobre la aplicación de medidas institucionales, algunas de las cuales pueden requerir cambios del Tratado.

5.4.

El debate idealmente debería tratar las siguientes cuestiones: una estructura más sólida para la zona del euro, la capacidad presupuestaria de la zona del euro y la emisión conjunta de deuda por los Estados miembros, gestionada por un fondo monetario europeo, la mejora de la rendición de cuentas y la legitimidad democrática de la UEM, lograda mediante el refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo, y una conferencia interparlamentaria mejor estructurada y un compromiso más firme por parte de los Parlamentos nacionales, así como una votación por los diputados al PE de la zona del euro únicamente sobre cuestiones competencia de la UEM.

5.5.

En el marco del Semestre Europeo, el diálogo civil puede impulsar el éxito económico, sostenible e inclusivo, así como el empleo y las reformas sociales. Debe hacerse partícipes a los Parlamentos nacionales en la planificación y la evaluación de los programas nacionales de reformas (PNR) y la aplicación de las recomendaciones específicas por país (REP), en consonancia con los objetivos de Europa 2020. Los interlocutores sociales tienen un papel específico que desempeñar en relación con sus funciones, responsabilidades y competencias exclusivas.

5.6.

Han de aplicarse medidas inmediatas para implantar redes de seguridad para los trabajadores de renta baja y vulnerables, garantizar unos ingresos dignos a los hogares, poner el punto de mira en las zonas de pobreza y compensar las desigualdades. El pilar europeo de derechos sociales tiene que definirse claramente y aplicarse en 2017 con la contribución activa de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, dicho pilar debería contribuir a apoyar el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo, y, para ello, debería lograr resultados tangibles que mejoren la calidad de vida y trabajo de las personas en Europa y que fomenten unos mercados de trabajo integradores y eficientes y unos servicios públicos de calidad y accesibles para todos.

5.7.

En el marco de la unión financiera, la unión bancaria es fundamental para garantizar la integridad del euro y aumentar el reparto de riesgos con el sector privado. La propuesta de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) es una parte esencial de la unión bancaria. El mayor reparto del riesgo en el marco del SEGD debe ir acompañado de una mayor limitación del riesgo en la unión bancaria. Ambos deben abordarse y ponerse en marcha sin demora y en paralelo. La Comisión debería llevar a cabo un estudio de impacto exhaustivo, con objeto de reforzar en mayor medida la legitimidad de la propuesta.

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Conclusión de los acuerdos comerciales con capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible innovadores y ambiciosos.

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Aprovechamiento de las ventajas del diálogo civil y social.

6.1.

Es necesaria una coherencia entre las políticas de comercio y desarrollo. Como se afirmó en la Comunicación «Comercio para todos», las normas en materia de medio ambiente, protección social, trabajo, consumidores y otras normas, junto con los servicios públicos, no deben verse rebajadas por los acuerdos de la UE, sino mejoradas.

6.2.

El Comité considera importante, en estas condiciones, concluir las actuales negociaciones sobre comercio e inversión de manera equilibrada (incluida la ATCI, el AEGC, las negociaciones sobre inversión entre la UE y Japón y la UE y China, las negociaciones con los países de la ASEAN y los AAE pendientes) y, tras la ratificación de los acuerdos, supervisar su aplicación efectiva.

6.3.

También debe buscarse la transparencia y el equilibrio justo de intereses en las negociaciones multilaterales sobre servicios (ACS) y bienes medioambientales.

6.4.

La celebración de negociaciones comerciales bilaterales no debería debilitar el compromiso de la UE con la OMC y un sólido acuerdo mundial multilateral y debería evitar posibles normas contradictorias. En el marco de las negociaciones de la OMC, es necesario un enfoque más centrado en el comercio digital, por ejemplo.

6.5.

El comercio es un tema esencial para los sectores de fabricación de la UE y para defender el mercado europeo frente al comportamiento desleal y el dumping, mediante instrumentos de defensa comercial actualizados para proteger plenamente el mercado interior de importaciones injustas de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, la Comisión Europea debería evaluar detenidamente la repercusión de la decisión sobre el reconocimiento de la condición de economía de mercado de China.

6.6.

Aunque el Sistema de Tribunales de Inversiones recientemente propuesto por la Comisión Europea representa una mejora respecto al desacreditado mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados respaldado por los Estados Unidos, sigue siendo controvertido y requiere una evaluación más en profundidad.

6.7.

La política comercial de la UE debe tener en cuenta las distintas opiniones expresadas en relación con las consecuencias de los acuerdos comerciales. Debe prestarse una atención especial a la inclusión de organismos conjuntos integrados por todas las partes de la sociedad civil en el seguimiento de todos los aspectos de los acuerdos de libre comercio. La especialización del CESE confiere un valor único al trabajo. Los estudios de impacto sobre las negociaciones en curso o futuras siguen siendo un instrumento clave para todos los interesados en el seguimiento de las negociaciones.

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Mejorar la seguridad de los ciudadanos.

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Respetar el Estado de Derecho.

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Eliminar los obstáculos y cubrir las lagunas.

7.1.

La creciente demanda de seguridad por parte de los ciudadanos europeos requiere una respuesta inmediata para proteger los principales logros de la integración europea y restablecer la confianza entre Estados miembros. La lucha contra el terrorismo exige una cooperación más estrecha entre Estados miembros y entre autoridades.

7.2.

La búsqueda de la paz en Oriente Medio, la cooperación policial internacional, el control eficaz de las fronteras exteriores y la política de desarrollo son complementos indispensables de las medidas destinadas a reforzar la seguridad en Europa.

7.3.

En 2017, la UE debe reforzar los pilares de la acción de la Unión establecidos en la Agenda Europea de Seguridad. Dicha agenda debe garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros, incluida la democracia, los derechos humanos, los derechos económicos y sociales y un diálogo eficaz con la sociedad civil.

7.4.

Debe desbloquearse la propuesta de Directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato [COM(2008) 426 final] y darse un impulso significativo al aspecto participativo de la sociedad civil.

7.5.

La Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 necesita una estrategia revitalizada con objetivos claros, medidas prácticas y un seguimiento eficaz de los avances contra la discriminación de género en el mercado laboral, la educación y la toma de decisiones, así como en la lucha contra la violencia de género.

7.6.

La Estrategia Europea sobre Discapacidad debe mejorarse de conformidad con las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, mediante una legislación pertinente y la puesta en marcha de una tarjeta prioritaria europea que se reconozca en todos los Estados miembros.

7.7.

En el contexto de la lucha contra la pobreza, deben establecerse indicadores y objetivos específicos para los niños en situaciones vulnerables.

7.8.

Deben abordarse las nuevas formas de vulnerabilidad, como el trabajo precario, la pobreza activa y los problemas de las mujeres de edad y jóvenes, las madres solteras y las mujeres migrantes.

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Gestión adecuada de los refugiados.

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Integración de los migrantes.

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Lucha contra el populismo y la xenofobia.

8.1.

La UE debe responder a las dificultades de la migración y el asilo con una cooperación más estrecha entre los Estados miembros y medidas unificadas y prácticas. El CESE se remite a las recomendaciones y al informe que elaboró sobre la base de las visitas de investigación realizadas a once Estados miembros. Debe darse prioridad a las propuestas resultantes del informe del Parlamento Europeo sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración.

8.2.

En 2017, deben establecerse las condiciones para poner fin a las excepciones a los controles fronterizos establecidos por las normas de Schengen y garantizar el Estado de Derecho en la gestión del espacio Schengen.

8.3.

El sistema común de asilo propuesto es razonablemente viable a medio plazo. Deben aprobarse con rapidez las iniciativas legislativas y normativas propuestas por la Comisión Europea, respetando el interés general de los solicitantes de protección internacional y el Estado de Derecho como expresión de solidaridad concreta entre Estados miembros.

8.4.

Por lo tanto, es importante reconsiderar la propuesta sobre el reasentamiento, la reubicación y la protección de los solicitantes de asilo para abrir rutas legales y seguras para estos últimos.

8.5.

En este sentido, el CESE desea destacar que el acuerdo entre la UE y Turquía carece de las garantías necesarias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la UE. Son necesarias medidas firmes para restablecer la cooperación positiva con las autoridades turcas y los países vecinos que siguen siendo fundamentales para mantener la seguridad en las fronteras de la UE.

8.6.

La política migratoria requiere recursos para integrar a los migrantes y los refugiados. El Comité valora el esfuerzo para hacer un uso más racional de los recursos disponibles en el marco de los distintos fondos europeos. Deben incrementarse los recursos, en particular en el FSE, para los Estados miembros más expuestos a la dificultad de integración de los migrantes y los refugiados.

8.7.

En cuanto a las personas que residen legalmente en Europa, es esencial lograr que cursen una formación, ayudarles a entrar en el mercado laboral y ayudarles a integrarse en la sociedad en general. Asimismo, es fundamental atajar el creciente fenómeno de la xenofobia y el populismo que suelen estar ligados a flujos migratorios significativos. La declaración conjunta emitida por los interlocutores sociales y económicos europeos (CESE, Business Europe, CEEP, UEAPME y Eurochambres) y la labor realizada por las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas de la economía social marcan la ruta.

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Cohesión interior y acción exterior.

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Cooperación con los vecinos y los socios estratégicos.

9.1.

La UE debe reforzar su posición como actor global de paz y estabilización en las zonas en conflicto en el marco de las instituciones internacionales y mediante una actuación más cohesiva. Para lograr una acción exterior eficaz, se necesitan medidas normativas integradas entre las políticas interiores y exteriores de la Comisión. Es esencial mejorar las relaciones y la cooperación con los socios estratégicos para desempeñar un papel más destacado como actor global.

9.2.

La contribución de la UE a la cooperación y al desarrollo debería priorizar los procesos de democratización en sus países vecinos. Se necesitan medidas concretas, respaldadas por inversiones bien planificadas financiadas por la UE en coordinación con el Banco Mundial.

9.3.

El diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los contactos interpersonales deben integrarse adecuadamente en la acción exterior de la UE. Es esencial apoyar la creación de un diálogo estructurado con las OSC en la región para evaluar la política europea de vecindad (PEV). Además, el diálogo social debería convertirse en una parte integral de los programas de cooperación y desarrollo de la UE.

9.4.

La evaluación de la PEV debería ser prioritaria. Las relaciones con los países del sur y este del Mediterráneo no debería centrarse en un enfoque defensivo basado en aspectos relativos a la seguridad o la crisis de los refugiados, sino convertirse en una verdadera política de codesarrollo entre socios iguales.

9.5.

Debe prestarse una atención específica a las relaciones con Rusia, incluida una diplomacia más activa con este país, especialmente en lo que se refiere a las relaciones energéticas.

9.6.

La necesidad de cumplir y empezar a aplicar tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como los objetivos de la COP 21 será de vital importancia. Los ODS en particular deben configurar la agenda de la UE para el desarrollo. La UE debe evaluar de manera proactiva los medios, incluidas las necesidades presupuestarias, que necesitará para hacer frente a esos retos. Un marco de gobernanza adecuado debe garantizar la activa participación de la sociedad civil. El CESE reitera su propuesta de un Foro Europeo de Desarrollo Sostenible.

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Fomentar la ciudadanía activa y la democracia participativa.

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Aumentar la apertura y transparencia.

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Mejorar el diálogo civil y reforzar el diálogo social.

10.1.

Para superar los complejos desafíos comunes que afronta la UE, es esencial movilizar todos los sectores y recursos para la búsqueda de soluciones conjuntas. La sociedad civil es fundamental para impulsar esta innovación vital, y el cambio requiere específicamente la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, debe incluirse a las partes interesadas de la sociedad civil en las mismas condiciones que otras partes interesadas para que puedan aprovecharse plenamente sus contribuciones. Esto exige un cambio de cultura, pero también apoyo al valor de un sector de la sociedad civil sólido e independiente a nivel nacional y europeo.

10.2.

En este contexto, el CESE recuerda a la Comisión su petición de que publique un libro verde sobre cómo podría organizarse de manera eficaz y con carácter permanente el diálogo civil.

10.3.

El CESE pide también una vez más la mejora de los procesos de consulta con las partes en cuestión en lo tocante a la representatividad, accesibilidad, transparencia y críticas constructivas.

10.4.

Deben adoptarse medidas sobre la propuesta para revisar el Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea para mejorar su eficacia.

10.5.

El CESE sigue considerando prioritario el refuerzo de la democracia participativa, con el objetivo de mejorar la resistencia democrática del proceso decisorio de la Unión Europea. En este contexto, el nuevo acuerdo interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento debería permitir que los órganos consultivos como el CESE tengan una mayor influencia en las propuestas legislativas en el proceso decisorio.

10.6.

La mejora de la legislación debe ser un método para garantizar unos textos normativos más eficientes y simplificados, que sean claros y transparentes en sus objetivos. Debe considerarse la propuesta de «huella legislativa» para supervisar mejor la elaboración de legislación que permita participar a las organizaciones de la sociedad civil y reforzar la participación de los interlocutores sociales en el proceso legislativo, asegurando que se atiendan sus necesidades y expectativas.

10.7.

La Comisión debe continuar con el proceso REFIT, en el que el CESE debería tener un mayor papel que desempeñar. Sin embargo, el programa REFIT no debe menoscabar los derechos laborales y sociales o la protección del medio ambiente y los consumidores. El aumento de la eficiencia de la legislación, también para las pyme, podría derivarse de la apertura y la transparencia de los procesos de mejora de la legislación, que deberían alentar a los beneficiarios a proponer iniciativas legislativas ascendentes y dar lugar en particular a una mayor participación de los actores de la sociedad civil.

10.8.

En marzo de 2016, los interlocutores sociales europeos presentaron cuatro posiciones conjuntas sobre la reactivación del diálogo social, los refugiados, las políticas industriales y la digitalización. Deben incorporarse al programa de trabajo de la Comisión para 2017 y promoverse como tales.