(4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica 8 .

(5)El tercer programa de asistencia financiera sobre la balanza de pagos (2013-2015) concluyó en septiembre de 2015 sin una evaluación completa. No ha concluido la tercera misión de evaluación formal (16-30 de junio de 2015) que debía analizar la aplicación de las condiciones del programa. Si bien se ha avanzado en diversos ámbitos, los logros del actual programa y de los anteriores se han visto neutralizados en ámbitos políticos clave. La supervisión posterior al programa comenzó el 1 de octubre de 2015 y continuará hasta que se haya reembolsado, como mínimo, el 70 % del préstamo concedido en virtud del primer programa de la balanza de pagos, es decir, al menos hasta la primavera de 2018.

(6)Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el gobierno prevé un deterioro del saldo presupuestario del -0,7 % en 2015 al -2,9 % del PIB en 2016 y 2017. Se prevé que el saldo estructural también se deteriorará. El Programa prevé apartarse del objetivo presupuestario a medio plazo, consistente en un déficit estructural del 1 % del PIB, que se había alcanzado en 2014 y 2015, y no tiene previsto volver a alcanzarlo en el período del Programa. Según el Programa de Convergencia, la ratio deuda pública/PIB se mantendría por debajo del 40 % durante el horizonte del programa. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2016 y ligeramente optimista para 2017. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, existe un riesgo de desviación significativa tanto en 2016 como, suponiendo que no cambien las políticas, en 2017. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016 prevén un déficit de las administraciones públicas del 3,4 % del PIB en 2017, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. A tenor de su evaluación del Programa de Convergencia y habida cuenta de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, el Consejo estima que existe el riesgo de que Rumanía no cumpla lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar dicho cumplimiento en 2016 y 2017.

(7)Las disposiciones del marco presupuestario de Rumanía son adecuadas, pero en la práctica no se aplican de manera efectiva. No se ha iniciado y aprobado como parte del procedimiento presupuestario normal ninguna de las recientes medidas presupuestarias de aumento del déficit. En 2015, se incumplió la exigencia de incluir una evaluación de impacto verificada por el Ministerio de Hacienda para las nuevas iniciativas legislativas que conlleven un aumento del gasto público o una reducción de los ingresos públicos, de respetar los límites máximos de gasto y de proponer medidas compensatorias para las reducciones de ingresos. En la práctica, se ofrece al Consejo Fiscal muy poco tiempo para reaccionar ante las propuestas presupuestarias, y no se tienen suficientemente en cuenta sus dictámenes y recomendaciones. En la Ley Presupuestaria para 2016 se prevé un déficit presupuestario del 2,95 % del PIB, lo que provocará una desviación significativa del objetivo a medio plazo. Esto supone una desviación respecto al marco presupuestario nacional.

(8)Se están aplicando diversas medidas para mejorar la recaudación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Dichas medidas incluyen cajas registradoras obligatorias, un refuerzo de las normas sobre pagos al contado, un nuevo procedimiento de registro del IVA, una intensificación de las auditorías efectuadas por la administración tributaria (ANAF) y la reorganización en curso de la administración. Sin embargo, la elevada evasión fiscal y el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias siguen suponiendo un desafío. El trabajo no declarado y la infradeclaración de los ingresos siguen pesando sobre los ingresos tributarios y distorsionan la economía. La eficacia de las medidas, también las de la Inspección de trabajo, para reducir el trabajo no declarado sigue siendo escasa.

(9)La Ley de igualación de la edad de jubilación de hombres y mujeres está pendiente en el Parlamento desde el año 2013. Su aprobación supondría un aumento considerable de la participación de las mujeres de más edad en el mercado laboral, una reducción de la brecha de género en las pensiones y una mitigación del riesgo de que caigan en la pobreza en la vejez.

(10)La situación del mercado laboral mejoró en 2015. El desempleo es bajo y la tasa de empleo ha ido en aumento. El desempleo de larga duración es inferior a la media de la UE. No obstante, siguen existiendo desafíos importantes, en particular en relación con el elevado índice de jóvenes que ni trabajan, ni siguen estudios ni formación, y el margen para activarlos de forma eficaz es limitado.

(11)La Agencia nacional de empleo se encuentra a la zaga a la hora de ofrecer servicios personalizados a los demandantes de empleo, y el número de servicios que ofrece a los empleadores es limitado, pese a que es obligatorio enviar a dicha Agencia los puestos vacantes. Se ha adoptado un procedimiento para ofrecer apoyo personalizado a las diferentes categorías de desempleados, pero aún no se ha aplicado. La cooperación entre los servicios sociales y de empleo es muy limitada, lo que hace que sea aún más difícil activar a los beneficiarios de asistencia social.

(12)El salario mínimo, que es uno de los más bajos de la UE, ha aumentado considerablemente desde 2013, y la falta de criterios objetivos para su fijación genera incertidumbre. Se ha creado un grupo de trabajo tripartito para reformar la fijación del salario mínimo, pero siguen sin existir directrices ni criterios claros que tengan en cuenta su incidencia en la creación de empleo, las condiciones sociales y la competitividad. En general, el diálogo social sigue siendo limitado.

(13)Rumanía presenta uno de los mayores riesgos de pobreza o exclusión social de la UE. La activación laboral de los beneficiarios de asistencia social es muy limitada, sobre todo en zonas rurales. El índice de referencia social, sobre el que se basan las cuantías de las prestaciones sociales, no se actualiza con regularidad en consonancia con el contexto económico, lo cual puede afectar a la adecuación de las prestaciones con el paso del tiempo. Se ha remitido al Parlamento para su aprobación la Ley de la renta mínima de inserción, que se espera que mejore la orientación y la adecuación de las prestaciones, así como la incorporación de los beneficiarios de una renta mínima de inserción al mercado laboral. Sin embargo, varias medidas del paquete gubernamental de lucha contra la pobreza pretenden abordar esta cuestión con un enfoque integrador (educación, salud, protección social, vivienda, transporte).

(14)Rumanía todavía se enfrenta a varios desafíos en materia de educación. El aprendizaje permanente, la formación profesional, la educación superior y el abandono escolar prematuro se abordan mediante diversas estrategias. Sin embargo, el índice de abandono escolar prematuro sigue muy por encima de la media de la UE, debido en parte a los significativos retrasos sufridos en la ejecución de la estrategia aprobada en 2015. Los programas de prevención y correctores son limitados. Los grupos vulnerables, como la población romaní y los niños de familias pobres, siguen encontrando obstáculos para acceder a una educación de calidad y para completarla, en particular en zonas rurales. En materia de educación y atención de primera infancia, Rumanía ha tomado medidas para incentivar la participación de los alumnos desfavorecidos de 4 a 6 años de edad en la educación preescolar. La prestación de servicios de primera infancia para los niños de hasta tres años sigue siendo limitada. La legislación reciente destinada a ampliar las disposiciones en materia de permiso parental, junto a unos insuficientes incentivos al trabajo, pueden incrementar los obstáculos para que las mujeres participen en el mercado laboral. La participación en la formación profesional de ciclo superior está por encima de la media de la UE, pero los índices de abandono siguen siendo elevados. El índice de personas que han completado estudios superiores es cada vez mayor, pero la calidad de la enseñanza superior y su adecuación al mercado laboral son reducidas. La participación en los programas de educación para adultos es muy baja.

(15)Los indicadores sanitarios de Rumanía son pobres. La esperanza de vida al nacer está muy por debajo de la media de la UE, tanto para hombres como para mujeres. El acceso a la asistencia sanitaria y la dependencia excesiva de la asistencia hospitalaria siguen siendo importantes motivos de preocupación. El recurso generalizado a los pagos informales reduce el acceso de las personas con rentas bajas a la asistencia sanitaria. Rumanía ha adoptado medidas destinadas a mejorar el acceso a la asistencia sanitaria para los pensionistas con bajos ingresos y las personas de comunidades remotas y aisladas. Se está desarrollando una red de mediadores sanitarios y sociales, y se ha propuesto un proyecto de ley sobre servicios comunitarios. La desinstitucionalización de las personas con discapacidad sigue suponiendo un desafío.

(16)Rumanía ha tomado medidas para abordar la escasa financiación del sistema sanitario y su utilización ineficaz de los recursos públicos. Dichas reformas incluyen la regularización de los atrasos en el sector sanitario, la mejora de la sostenibilidad de los gastos farmacéuticos, la aplicación de soluciones de salud electrónica, la mejora de la financiación del sistema sanitario, la elaboración de una estrategia para desviar recursos de la asistencia hospitalaria hacia la prevención y la atención primaria, así como procedimientos de contratación centralizada. Sin embargo, la falta de capacidad administrativa está retrasando la ejecución de la Estrategia nacional de asistencia sanitaria 2014-2020. En particular, la eficiencia del sistema sanitario se ve limitada por los retrasos sufridos a la hora de racionalizar el sector hospitalario y de reducir la hospitalización en favor de una mayor asistencia ambulatoria, que tiene una mejor relación coste-eficacia.

(17)Las diferencias de desarrollo más importantes de Rumanía son las existentes entre las zonas urbanas y rurales. En estas últimas, los resultados en materia social, sanitaria, educativa y de empleo son inferiores, y las personas tienen mucho menos acceso a la educación, la asistencia médica, los servicios esenciales y los servicios públicos, ya que la capacidad administrativa local es escasa y fragmentada. Al mismo tiempo, el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales se ve limitado por el poco desarrollo de la infraestructura de transporte y las limitaciones del transporte público y privado, junto a unos elevados costes de desplazamiento y a un acceso limitado a la infraestructura de banda ancha. El escaso valor añadido en la agricultura y la falta de diversificación económica en las zonas rurales dificulta el desarrollo de una economía rural sostenible. Una elevada proporción de la población activa rural trabaja en la agricultura de subsistencia o de semisubsistencia asociada al desempleo oculto o al trabajo familiar no retribuido, a la baja productividad y a la pobreza. Un paquete de lucha contra la pobreza, que se financiará principalmente con fondos de la UE, ofrece un enfoque integrado para combatir la pobreza, también en zonas rurales. Se prevé crear equipos comunitarios integrados que ofrezcan diversos servicios integrados a las comunidades desfavorecidas, pero este proyecto aún no se ha aplicado.

(18)El marco estratégico para la reforma de la administración pública está en vigor desde 2014, pero su aplicación ha sido lenta en 2015. En 2016 se han adoptado algunas iniciativas clave para aumentar la transparencia y la eficacia del funcionamiento de la administración pública. No obstante, los retrasos en la adopción de un planteamiento global y transparente de gestión de los recursos humanos, en particular en materia de contratación/nombramiento, evaluación, sueldos, formación y desarrollo profesional en todas las categorías de personal, deja margen para un enfoque arbitrario de las decisiones y los procedimientos clave. Todo ello, junto con la inestablidad de las estructuras organizativas, incide negativamente en la independencia y profesionalidad de la función pública y, por consiguiente, en su eficacia y eficiencia. La complejidad de los procedimientos administrativos, la ineficacia del sistema de contratación pública y la corrupción generalizada limitan la prestación de servicios (incluidos los servicios de administración electrónica) a los ciudadanos y a las empresas. Todavía se utilizan poco la planificación estratégica, la presupuestación por programas, las prácticas de consulta y la elaboración de políticas basadas en datos concretos. Estos desafíos obstaculizan la aplicación de importantes medidas políticas en numerosos ámbitos, incluida la adopción efectiva de los fondos disponibles de la UE y otras ayudas financieras.

(19)Las empresas públicas dominantes en los sectores clave de la economía tienden a obtener resultados inferiores a lo normal. Son especialmente frecuentes en los principales sectores de infraestructuras, que suponen el 44 % del volumen de negocios y el 77 % del empleo en el sector de la energía y el 24 % y el 28 %, respectivamente, en el sector de los transportes. El Decreto-ley con carácter de urgencia 109/2011, sobre el buen gobierno de las empresas públicas, ha sido convalidado como Ley el 10 de mayo de 2016, con enmiendas que lo adaptan mejor a las buenas prácticas internacionales. Rumanía ha vuelto a contratar gestores profesionales para sustituir a los gestores provisionales de varias empresas estatales, pero los avances han sido más lentos de lo anunciado inicialmente. La transparencia y la rendición de cuentas de las empresas públicas mejorarían si se acelerara la adopción de los presupuestos anuales, así como la aprobación y publicación de las cuentas anuales auditadas. Se está elaborando una nueva ley de privatización. No obstante, podría incluir disposiciones contrarias a la legislación sobre buen gobierno de las empresas. Preocupan especialmente los probables solapamientos de las responsabilidades del administrador especial en materia de privatización y los gestores de la empresa.

(20)A pesar de los esfuerzos de las instituciones judiciales para luchar contra la corrupción de alto nivel, la corrupción sigue presente en muchos sectores económicos y afecta a cargos públicos nombrados y electos de todos los niveles de la administración, así como a funcionarios y empleados de las instituciones públicas. Se están llevando a cabo importantes reformas judiciales, pero sigue preocupando la elevada carga de trabajo de los tribunales, la previsibilidad y la correcta aplicación de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, así como las presiones externas sobre el poder judicial. En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, Rumanía recibe recomendaciones en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para Rumanía.

(21)La solidez del sector financiero ha mejorado. Sin embargo, el sector sigue siendo vulnerable a las iniciativas jurídicas nacionales. La recientemente adoptada Ley de la condonación de la deuda, con aplicación retroactiva sobre el stock de préstamos, puede suponer un desafío para varias entidades de crédito y provocar la disminución de la actividad crediticia. Esta Ley puede aumentar los riesgos para la estabilidad del sector financiero, con consecuencias para la economía en su conjunto. Otras novedades que pueden afectar negativamente a los bancos son la propuesta de transformar los préstamos en divisas extranjeras en préstamos en moneda nacional y algunas resoluciones judiciales sobre cláusulas contractuales abusivas en contratos de préstamo.

(22)La insuficiencia o baja calidad de las infraestructuras es uno de los factores más problemáticos a la hora de hacer negocios en Rumanía y supone un obstáculo para el comercio y el desarrollo económico. A pesar de una ligera mejora reciente, Rumanía todavía se encuentra en último lugar entre sus homólogos regionales en cuanto a la apreciación de la calidad de las infraestructuras de transporte y comunicaciones. Su red de carreteras y autopistas es pequeña en comparación con las de sus homólogos y con el tamaño del país. La adopción del plan general de transporte y la consiguiente reforma del ferrocarril se han retrasado repetidamente.

(23)Rumanía tiene el segundo nivel más bajo de inversión pública entre los países comparables, y es el único entre sus homólogos en el que la inversión pública ha disminuido de año en año desde 2008. Recientemente ha realizado esfuerzos, y los sigue haciendo, para reforzar la cooperación interministerial y reorganizar el sistema de contratación pública, así como para mejorar la planificación y ejecución de los proyectos de inversión. No obstante, la preparación de los proyectos de inversión pública sigue siendo insuficiente y sensible a la influencia exterior. La selección de los proyectos sigue viéndose dificultada por la falta de prioridades estratégicas y de planificación a medio y largo plazo, la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los numerosos responsables de la toma de decisiones y las limitadas competencias de aplicación de la unidad de evaluación de la inversión pública del Ministerio de finanzas públicas, así como por la falta de criterios de selección en el programa nacional de desarrollo local.

(24)Pese a las importantes mejoras de la competitividad en materia de costes y de los resultados comerciales, la competitividad no relacionada con los costes sigue suponiendo un desafío para Rumanía. La transición a una economía de mayor valor añadido se ve dificultada por obstáculos estructurales, que limitan la capacidad de Rumanía para estimular el crecimiento sostenible. La complejidad de los procedimientos administrativos, la volatilidad de las políticas fiscales y tributarias, así como el frágil entorno empresarial, siguen afectando a las decisiones de inversión. La elevada evasión fiscal y el trabajo no declarado reducen los ingresos tributarios y distorsionan la economía. El acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación sigue siendo limitado.

(25)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

(26)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen 9 se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

RECOMIENDA a Rumanía que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

1.Limitar la desviación con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograr un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo se cumpla con un menor esfuerzo. Garantizar la aplicación del marco presupuestario y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. Garantizar que las iniciativas legislativas no menoscaban la seguridad jurídica ni ponen en peligro la estabilidad financiera. Si fuera necesario, adoptar medidas que mitiguen dichos riesgos.

2.Reforzar los servicios que la Agencia nacional de empleo ofrece a los empleadores y demandantes de empleo, en particular adaptando los servicios a los perfiles de los demandantes de empleo, vinculándolos mejor con los servicios sociales y haciéndolos llegar a los jóvenes no inscritos. Establecer, en consulta con los interlocutores sociales, criterios objetivos para fijar el salario mínimo. Adoptar medidas para prevenir el abandono escolar prematuro y mejorar la prestación de una educación de calidad, en particular para la población romaní. Adoptar la igualación de la edad de jubilación para hombres y mujeres.

3.Frenar los pagos informales en el sistema sanitario y aumentar la disponibilidad de la asistencia ambulatoria. Reforzar la independencia y transparencia de la gestión de recursos humanos en la administración pública. Simplificar los procedimientos administrativos para las empresas y los ciudadanos. Reforzar el buen gobierno de las empresas estatales.

4.Mejorar el acceso a los servicios públicos integrados, ampliar las infraestructuras básicas y fomentar la diversificación económica, en particular en zonas rurales. Adoptar y aplicar el plan director de transporte. Reforzar la fijación de prioridades y la elaboración de los proyectos de inversión pública.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente