17.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 423/64

1.

Subraya que, para alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía, los Estados miembros y los entes locales y regionales deben garantizar una aplicación estricta de la legislación vigente en lo que se refiere al mercado interior y las políticas climática y energética;

2.

Recuerda que la energía ha constituido un elemento central de la construcción europea (Tratado de París de 1951, Tratado Euratom de 25 de marzo de 1957); señala que la elección entre las distintas fuentes energéticas y la estructura general del suministro siguen siendo una prerrogativa de los Estados miembros (artículo 194 del TUE), pero subraya que en el ámbito de la UE se necesita una mayor coordinación para garantizar el funcionamiento adecuado del mercado de la energía, reforzar la competitividad y facilitar la transición hacia un suministro energético sostenible y seguro en todos los territorios de la Unión Europea;

3.

Hace hincapié en que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de marzo de 2015, la Unión de la Energía abarca cinco dimensiones de igual valor;

4.

Acoge favorablemente la aprobación por parte de la Comisión del paquete no legislativo «Unión de la Energía», que constituye un auténtico avance hacia una mayor integración del mercado de la energía entre los Estados miembros, y ofrece un marco para ampliar el debate sobre las principales problemáticas que plantea actualmente la política energética; el Comité de las Regiones Europeo, por su parte, ya ha abordado estas cuestiones en sus trabajos políticos y dictámenes recientes sobre la energía sostenible, la energía a un precio asequible y competitivo y la seguridad del suministro;

5.

Pide a la Comisión Europea que respete los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad en las futuras propuestas legislativas sobre la Unión de la Energía;

6.

Recuerda el peso de las importaciones energéticas en la balanza comercial de la UE y la dependencia creciente de esta respecto de terceros países;

7.

Pide, por consiguiente, que se adopten iniciativas en materia de regulación y que se pongan en marcha proyectos de infraestructuras para poder resolver el problema de la excesiva dependencia que tienen los Estados miembros de la UE de las importaciones de determinados proveedores;

8.

Recuerda asimismo que en la actualidad el sistema eléctrico europeo se encuentra en plena transformación. Dispone de una amplia capacidad de producción excedentaria debido a la integración de las energías renovables intermitentes, lo que a su vez hace necesaria más energía de ajuste y la sustitución de muchas centrales eléctricas vetustas; por otra parte, la seguridad del suministro genera ciertas preocupaciones a las que es preciso ofrecer rápidamente respuesta;

9.

Constata que el aumento de la producción de energías renovables ha generado una caída de los precios del mercado mayorista europeo y una disminución de la rentabilidad de los medios de producción históricos, lo que, paradójicamente, a su vez ha dado lugar en algunos casos a la reapertura de centrales de carbón y, consiguientemente, a un incremento de las emisiones de CO2; reconoce que esta situación se debe, entre otras cosas, a la falta de mecanismos suficientes para promover las inversiones que permitirían que el sistema fuera más eficiente y sostenible;

10.

En los documentos sometidos a examen no encuentra apenas indicaciones sobre cómo resolver uno de los principales problemas de la utilización de energía, a saber, cómo conjugar inversiones a largo plazo con la elevada volatilidad causada por la apertura del mercado. Cabe citar, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas y las de bombeo, las modernas centrales alimentadas con gas para la generación combinada de calor y electricidad, así como las de gas y vapor;

11.

Pone de relieve los grandes retos a que hace frente el mercado de la electricidad, con unos precios del mercado mayorista cada vez más bajos y que no reflejan los costes totales necesarios para desarrollar y modernizar las infraestructuras; subraya, asimismo, que este mercado debe basarse en los recursos e infraestructuras existentes en los diferentes Estados miembros, pero sin olvidar que algunos agentes del mercado operan en varios países o incluso a escala europea;

12.

Constata que, para los ciudadanos europeos, el precio final de la electricidad es cada vez más elevado como consecuencia de las grandes necesidades de inversión, el aumento de los impuestos, las ayudas a las energías renovables y otras energías y la situación de monopolio en la fijación de precios para el consumidor, pero se explica también por los subsidios ocultos a las modalidades de energía no renovables, como la de origen fósil;

13.

Considera primordial vincular la política europea de lucha contra el calentamiento global con la política energética, y recuerda que el buen funcionamiento del mercado del carbono, que genera un precio efectivo del CO2, junto con la mejora de la eficiencia energética y el aumento de la inversión en energías renovables, constituyen los instrumentos más eficaces para conseguir las deseadas inversiones en la economía verde hipocarbónica;

14.

Señala la necesidad de poner fin a la «caza de subvenciones» mediante la plena internalización de los costes de la energía y la reducción del desequilibrio entre los diferentes regímenes de ayuda y subsidios; pide a la Comisión Europea que publique orientaciones y recomendaciones para armonizar los diferentes regímenes de ayudas, subsidios e incentivos fiscales en toda la UE;

15.

Expresa su gran preocupación por el peligro de que se ignoren totalmente los riesgos y desventajas objetivas de la energía nuclear. Cuando se afirma que la UE ocupa una posición de liderazgo en la «producción de energía nuclear más segura del mundo», se sugiere una presunta seguridad, mientras que no se mencionan los peligros de la energía nuclear. Del mismo modo, la afirmación de que la UE debe asegurar el respeto de las normas más estrictas de gestión de los residuos nucleares sugiere que existe una verdadera gestión de dichos residuos. Sin embargo, lamentablemente, dado el estado actual de la técnica, solo es posible almacenar, pero no eliminar, los residuos nucleares. Así el problema de la gestión de los residuos solo se aplaza, pero de ningún modo se ha resuelto;

16.

Lamenta que la energía nuclear se presente de forma particularmente desequilibrada y en términos excesivamente positivos y se evalúe en general de forma poco crítica. En muchos pasajes se utiliza el concepto de «bajas emisiones de carbono» para referirse, sin nombrarla, a la energía nuclear; si ese concepto se utilizase ante todo para las fuentes de energía renovable, se recurriría a la expresión «energía renovable hipocarbónica». Se da la impresión de que la energía nuclear sea un medio necesario para la descarbonización; la asociación entre reducción de las emisiones de CO2 y energía nuclear constituye, de hecho, una afirmación discutible frente a la mencionada libertad de elección de los Estados miembros en materia de energía;

17.

Acoge con satisfacción la propuesta de reforma del régimen de comercio de derechos de emisión y hace hincapié en que la Unión de la Energía debe ir de la mano de una mejora de este régimen, ya que su mal funcionamiento resultará en una fragmentación del mercado interior y una distorsión de las condiciones equitativas de mercado, provocando una vuelta a las medidas nacionales;

18.

Opina que la política energética europea ejerce un importante efecto de palanca para la cohesión territorial en toda la Unión Europea, ya que tiene en cuenta las ventajas y desventajas de cada región y la combinación de los puntos fuertes y débiles de cada uno conduce necesariamente a una mejora para todos; subraya en particular que la transición hacia una energía sostenible hipocarbónica ofrece un enorme potencial de desarrollo en numerosas regiones, especialmente en aquellas que, aun rezagadas, pueden ser ricas en fuentes energéticas sostenibles como la solar o la eólica;

19.

Expresa su voluntad de participar como socio institucional en el debate sobre la Unión de la Energía que acaba de abrirse, y de contribuir, con sus recomendaciones políticas, al trabajo de las demás instituciones, en particular sobre la legislación y la gobernanza de la Unión de la Energía;

20.

Subraya la importancia de los entes locales y regionales para reforzar la seguridad del suministro energético y desarrollar un mercado común de la energía en la Unión Europea;

21.

toma nota asimismo del papel específico asignado a los entes locales y regionales en el paquete «Unión de la Energía» en relación con los esfuerzos requeridos en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios, y acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de mejorar las condiciones marco para la financiación de los proyectos de eficiencia energética, también a nivel local y regional;

22.

Pide que se lo asocie más estrechamente a los trabajos de la Comisión destinados concretamente a poner en marcha una nueva iniciativa de «financiación para edificios inteligentes» y medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes;

23.

Lamenta, no obstante, que no se haga referencia alguna a los entes locales y regionales en los ámbitos esenciales del paquete «Unión de la Energía», a saber, las energías renovables, la innovación y la tecnología, la seguridad del suministro y las relaciones exteriores, y pide una mayor participación del Comité de las Regiones Europeo y que se tengan en cuenta sus recomendaciones políticas cuando la Comisión prepare nuevas normativas previstas en dicho paquete;

24.

Señala que el éxito de la Unión de la Energía se medirá según su valor añadido, que consiste en garantizar el libre flujo de la energía, la seguridad del abastecimiento energético y la transparencia del sector de la energía a precios competitivos y asequibles, ya que esta es la base que permite modernizar el sector de la energía para desarrollar la economía hipocarbónica y alcanzar los objetivos en materia de cambio climático; la seguridad del abastecimiento energético, la realización del mercado interior de la energía y la modernización de las infraestructuras constituyen el núcleo de la Unión de la Energía, de modo que el resto de las medidas encaminadas a crear la Unión de la Energía debe orientarse a reforzar estas cuestiones clave;

25.

Recuerda la importancia de contar con una adhesión política a todos los niveles para la buena consecución de las políticas europeas, y subraya que, para concretar la ambiciosa visión de la Unión de la Energía, se requerirá el compromiso sólido de las instituciones europeas, los Estados miembros, los parlamentos nacionales, los entes locales y regionales, las empresas y los ciudadanos, cada uno a su nivel y en el respeto mutuo de las competencias respectivas;

26.

Pone de relieve el papel de los entes locales y regionales como agentes indispensables de la Unión de la Energía, en particular en lo relativo al ahorro de energía en el transporte urbano e interurbano, las estrategias de comunicación interregionales, las infraestructuras energéticas transfronterizas, la cooperación en el ámbito de las nuevas tecnologías de almacenamiento, la cofinanciación de edificios públicos inteligentes de bajo consumo, la adopción de normas para promover la economía hipocarbónica y el uso de los Fondos EIE para impulsar la colaboración transfronteriza en materia de energías renovables. En ocasiones, los entes territoriales poseen infraestructuras de producción y son, por lo tanto, productores de energía;

27.

Subraya que el Pacto de los Alcaldes constituye un buen ejemplo de la contribución de los entes locales y regionales a la aplicación de una política energética sostenible; recuerda que el Comité de las Regiones Europeo ha respaldado enérgicamente esta iniciativa y considera que conviene valorarla en mayor medida como posible vector de la Unión de la Energía y de los objetivos energéticos de la UE de aquí a 2030; pide a la Comisión que refuerce su apoyo al Pacto de los Alcaldes hasta esa fecha, a fin de conseguir nuevos signatarios; asimismo, pide que se estimulen las iniciativas locales y regionales que no están incluidas en el Pacto pero que han permitido alcanzar unos resultados ambiciosos, como Eurocities y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa;

28.

Considera que deben crearse estructuras internacionales, nacionales y regionales de apoyo al trabajo en materia de clima y energía a nivel local y regional, o reforzarse las existentes. Esto puede hacerse tanto en el marco del Pacto de los Alcaldes como fuera de él, mediante colaboraciones entre los entes locales y regionales, los Estados miembros, las regiones, las oficinas regionales de energía, etc.;

29.

Destaca que la cooperación regional es uno de los factores más importantes para la creación tanto de un mercado de la energía en la UE único y plenamente operativo como de la Unión de la Energía; es necesario seguir reforzando la cooperación regional y llevarla a un nivel superior, en particular para poder perseguir prioridades políticas más elevadas y garantizar el funcionamiento de una auténtica Unión de la Energía gracias a la integración regional;

30.

Recuerda que las medidas de la UE no deberían orientarse únicamente a las grandes ciudades, ya que aproximadamente un 56 % de las ciudades europeas son pequeñas o medianas, con una población entre 5  000 y 1 00  000 personas, y tienen un importante efecto acumulativo;

31.

Propone a tal efecto, por ejemplo, que se examine la posibilidad de crear un foro territorial para los entes locales y regionales de la UE, en estrecha cooperación con el Pacto de los Alcaldes, que sería respaldado por el Comité de las Regiones Europeo y contaría con una sección consagrada a la Unión de la Energía. Este foro podría contribuir a difundir las buenas prácticas en el sector de la energía y las oportunidades de financiación, así como buscar y fomentar métodos que susciten el apoyo y la aceptación por parte de los ciudadanos a los proyectos relacionados con la transición energética;

32.

Considera que las medidas adoptadas a nivel local y regional deberían intentar diversificar los proveedores, las fuentes de materias primas y las vías de suministro. Por consiguiente, es fundamental poner en marcha proyectos de interés común también a nivel local y regional mediante la racionalización de los procedimientos, la concesión de licencias, etc.;

33.

Pide que en el contexto del proceso de consulta sobre los proyectos de interés común se tengan en cuenta los puntos de vista de las regiones implicadas;

34.

Recuerda que, con frecuencia, los entes locales y regionales aplican, con carácter voluntario, objetivos más ambiciosos que los establecidos por la legislación de la Unión Europea;

35.

Hace hincapié en que es necesario establecer mecanismos voluntarios de agrupación de la demanda (adquisición conjunta) y llama la atención sobre las buenas prácticas de los entes locales y regionales en este ámbito que han mostrado su eficacia (por ejemplo, adquisición conjunta de energía de calefacción);

36.

Pide a la Comisión que haga una recopilación de estas buenas prácticas y se inspire en ellas a la hora de plasmar en la legislación los objetivos de la Unión de la Energía;

37.

Propone que un foro territorial, en estrecha colaboración con el Pacto de los Alcaldes, asista a la Comisión Europea en esta tarea; este foro podría aunar los compromisos de los entes locales, darles la difusión necesaria y garantizar su coherencia y solidez;

38.

Recuerda que el enfoque multinivel se ha aplicado con éxito al Pacto de los Alcaldes, y que este enfoque debería reforzarse y extenderse a otros ámbitos de acción en el marco de la Unión de la Energía;

39.

Afirma que está dispuesto a contribuir a la definición de la estrategia del Pacto de los Alcaldes para después de 2020;

40.

Destaca la importancia de que los datos sobre energía, de conformidad con el marco legislativo de los Estados miembros y en su caso respetando una futura legislación de la UE, se compartan entre los agentes clave del sector implicados en el desarrollo, la gestión y la explotación de proyectos e instalaciones energéticas a nivel local y regional, incluidas las agencias de energía, los operadores de redes, los observatorios y las empresas, con el fin de desarrollar, aplicar y evaluar planes de acción para la energía sostenible (PAES), utilizando a tal fin los datos energéticos locales para el cálculo del inventario de referencia de las emisiones;

41.

Reconoce el carácter específico de las regiones ultraperiféricas, que en la mayor parte de los casos carecen de interconexiones y dependen de una producción energética hipercarbónica onerosa, aun cuando presentan un alto potencial en materia de energías renovables;

42.

Insta a la Comisión a acompañar los proyectos innovadores en las regiones ultraperiféricas a fin de convertirlas en auténticos laboratorios de la transición energética;

43.

Confirma que su prioridad es colaborar con las demás instituciones a fin de mejorar las condiciones reglamentarias y financieras aplicables a las inversiones locales y regionales en la energía sostenible; subraya la importancia de las iniciativas del BEI que han prosperado y de proseguir la colaboración en el ámbito de las medidas de ingeniería financiera;

44.

Reconoce la importancia de mejorar el fomento de los instrumentos financieros, especialmente en favor de la eficiencia energética, las energías renovables y las tecnologías hipocarbónicas en los sectores del transporte y la construcción, en particular a nivel local, como la futura iniciativa de «financiación inteligente para edificios inteligentes» de la Comisión, que el Comité de las Regiones Europeo considera como una iniciativa de primer orden;

45.

Pide a la Comisión que seleccione y valore las buenas prácticas a nivel local destinadas a apoyar las obras para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de desarrollar mecanismos de financiación innovadores y eficaces en el marco de los fondos del BERD, el BEI y demás programas de financiación de la UE y de crear sinergias entre ellos. En este contexto habría que centrarse no solo en el aumento de la eficiencia del envoltorio de los edificios, sino también en la reducción de la necesidad de energía gracias a soluciones locales y colectivas como los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración;

46.

Solicita, en este contexto, que los fondos y los instrumentos financieros de la UE y el BEI no solo respalden grandes proyectos de infraestructuras, sino también proyectos de menor tamaño en relación con su valor para las comunidades locales;

47.

Subraya que, en muchos casos, la eficacia de estas políticas dependerá de la movilización de fondos privados. Para ello es preciso armonizar y consolidar el entorno reglamentario, aunque sin poner trabas al desarrollo de la innovación, a fin de garantizar servicios de más calidad y más económicos para el consumidor;

48.

Señala que la inversión pública en la producción de energías renovables se vería sensiblemente obstaculizada si se ponen en práctica los planes de la Comisión Europea. Será sumamente improbable conseguir el ambicioso objetivo de elevar al menos al 27 % la cuota de energía renovable de toda la UE antes de 2030 si solo se cuenta con mecanismos de mercado que no provoquen distorsiones del mercado interior de la energía, dado que ello reducirá sustancialmente el margen de maniobra de los Estados miembros y de los entes regionales y locales;

49.

Solicita que en el futuro sea posible utilizar y fomentar las fuentes de energía renovable en todos los Estados miembros, dado que una gestión centralizada a nivel de la UE impediría seguir apoyando muchas energías renovables en algunos Estados miembros; ello supondría un sensible aumento de la necesidad de interconexiones. No se deben penalizar las energías renovables regionales;

50.

Pide a la Comisión que actúe para que las nuevas orientaciones sobre las ayudas estatales no supongan cargas suplementarias para los proyectos locales y regionales en materia de energías renovables y eficiencia energética o para los modelos locales construidos en torno a redes inteligentes y de almacenamiento, que no pueden resistir a la competencia de los grandes operadores;

51.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía», pues abarca ámbitos que el Comité ha considerado esenciales para ellos, en particular la implicación activa de los consumidores en el sistema energético; asimismo, recuerda que las cuestiones de la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables se deben abordar en el ámbito de la UE;

52.

Reconoce que el objetivo de la Unión Europea de explotar en mayor medida el potencial de eficiencia energética del sector de la construcción resulta primordial. Las medidas en este ámbito permitirán reducir la factura energética de los habitantes, además de limitar la huella de carbono de la UE y su dependencia de las importaciones de energía;

53.

Recuerda que apoyar la eficiencia del aislamiento energético de las viviendas puede constituir una medida importante para combatir la pobreza energética y desarrollar el empleo a nivel local;

54.

Subraya que esta política solo podrá tener plenamente efecto si se aplica a gran escala;

55.

Recuerda, en este sentido, que la eficacia de esta medida reposa tanto en unos objetivos ambiciosos de rendimiento energético como en la estrecha cooperación de los entes locales y los habitantes;

56.

Subraya que la reglamentación es un elemento esencial del funcionamiento del mercado de la energía y que la introducción de una señal de precios es primordial para permitir una ubicación óptima de las infraestructuras y los medios de producción y para posibilitar acciones conjuntas destinadas a optimizar los costes de los usuarios de energía; por otra parte, el desglose de las tarifas energéticas a efectos comparativos garantizaría la transparencia de las condiciones de competencia;

57.

Toma nota de que, desde el punto de vista del consumidor, es esencial garantizar la transparencia en el funcionamiento de los mercados del gas y la electricidad en la Unión Europea. A tal efecto, conviene aplicar de forma adecuada los instrumentos existentes, por ejemplo, en el marco del Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). Por ello, el Comité de las Regiones Europeo pide a la Comisión Europea que proporcione los recursos adecuados para que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) pueda desempeñar esta tarea a partir de 2016;

58.

Pide a la Comisión Europea que, en el marco de las propuestas legislativas previstas, presente un mecanismo eficaz para la verificación ex ante de los contratos y acuerdos de comercio internacionales, con el que se garantice que sean conformes con la legislación de la UE y con las prioridades de las políticas de la UE en materia de independencia energética;

59.

Señala, en este contexto, la necesidad de reforzar la transparencia del mercado, también en el marco de la revisión del Reglamento relativo a la seguridad del suministro de gas;

60.

Recuerda que el sector energético sigue siendo muy intensivo en capital, lo que exige una estabilidad normativa a largo plazo;

61.

señala que el crecimiento de la producción de energía renovable, que por su naturaleza misma es más difusa, implica una dispersión de los puntos de producción y, por consiguiente, una importante implicación de los entes locales y regionales. Ello permitirá en especial reforzar la producción de energía dentro de la UE;

62.

Pide que la Unión Europea inste a los organismos reguladores nacionales a que integren en su seno a un representante de los entes locales y regionales;

63.

Pide que el órgano colegiado de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) cuente con un representante de los entes locales y regionales, que podría estar designado por el Comité de las Regiones Europeo;

64.

Deplora el aumento de la pobreza energética, es decir, la situación de las personas que no pueden tener un acceso normal y regular a las fuentes de energía para satisfacer sus necesidades, tanto en su vivienda como para sus desplazamientos;

65.

Propone que se establezca una definición de «pobreza energética» que tenga en cuenta las particularidades de cada Estado miembro y que se fijen indicadores europeos para limitar y abordar mejor este problema;

66.

Propone que el foro de entes locales y regionales organice periódicamente un encuentro para debatir sobre la pobreza energética, a fin de promover las iniciativas locales, nacionales y europeas y formular recomendaciones de tipo práctico para los responsables políticos, asociativos y empresariales;

67.

Considera que la lucha contra la pobreza energética debe ser el resultado de políticas aplicadas en los ámbitos de la eficiencia energética, especialmente mediante medidas centradas en los edificios ocupados por familias con bajos ingresos, y de los transportes, así como educativo y asociativo;

68.

considera que el tratamiento de las situaciones más difíciles requiere un enfoque global del problema, que podría incluir no solo medidas de política social, ayudas económicas directas o iniciativas de información y asesoría, sino también medidas a más largo plazo en materia de política energética;

69.

Insiste en la necesidad de acelerar la implantación de un sistema inteligente, tanto a nivel de las redes como del productor/consumidor, a fin de optimizar el sistema en su conjunto, y la instalación de contadores inteligentes como catalizador esencial de una gestión óptima de la demanda con una implicación activa del consumidor; recuerda la necesidad de abordar las cuestiones de la protección y la seguridad de los datos en este ámbito;

70.

Reconoce la importancia estratégica de un mercado interior de la energía plenamente integrado que permita la interconexión del gas y la electricidad en el conjunto de la UE; conviene en que, antes de invertir en nuevas infraestructuras, es esencial comprobar que las existentes se utilizan de manera óptima y en que invertir en la inteligencia de las redes y del sistema es la principal prioridad;

71.

Subraya la importancia de invertir en las infraestructuras de energía y pide que se le asocie a las actividades del foro de las infraestructuras energéticas;

72.

Subraya la necesidad de invertir en infraestructuras energéticas resistentes, con el fin de reducir los riesgos asociados a las catástrofes naturales y de origen humano. Recuerda que, en términos de costes, es más eficaz construir infraestructuras resistentes que adaptarlas a posteriori;

73.

Recuerda, no obstante, que dado que las infraestructuras están financiadas por los consumidores, es preciso basarse en análisis pormenorizados de coste-beneficio y en unos esfuerzos verdaderos para informar e implicar a la ciudadanía a fin de garantizar a estas inversiones un amplio apoyo público en un plazo razonable;

74.

Propone, con el fin de garantizar la máxima eficacia de los mecanismos de solidaridad en el marco del Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas, introducir planes vinculantes de prevención y de emergencia transfronterizos. Es necesario armonizar la definición del concepto de «consumidores protegidos» en el sentido de dicho Reglamento para no restringir las posibilidades de asistencia mutua entre los Estados miembros en caso de crisis de suministro de gas;

75.

Constata que los entes locales y regionales son importantes para asegurar que se cubran las necesidades de producción energética gracias a una implantación óptima de los medios de producción, en particular teniendo en cuenta el potencial energético local;

76.

Considera que también deben favorecerse a nivel local la innovación en energías renovables, los modos de desplazamiento respetuosos con el medio ambiente, la modernización de las infraestructuras energéticas existentes, la construcción de centrales eléctricas inteligentes, la captura de carbono y el almacenamiento de energía;

77.

Propone que, en el respeto del principio de subsidiariedad, la Unión Europea podría promover la elaboración de planes regionales de desarrollo del sistema energético como mínimo a escala regional, y cuya coherencia debe supervisarse a escala europea;

78.

Lamenta que, debido al propio efecto de frontera, así como a la heterogeneidad de las legislaciones nacionales, muchas zonas transfronterizas se encuentren a menudo en desventaja o sean incapaces de aprovechar plenamente su potencial para desarrollar soluciones energéticas innovadoras y sostenibles, por lo que propone que la Comisión respalde los enfoques voluntarios de las regiones con vistas a eliminar los efectos negativos de frontera;

79.

Pide a la UE que apoye, en caso necesario, marcos reglamentarios y reguladores como la AETC, que puedan favorecer la interconexión entre las redes de distribución que se encuentran a uno y otro lado de una frontera, y optimizar por tanto la integración energética;

80.

Insta a la Comisión Europea a acompañar y respaldar de forma específica los proyectos de cooperación regional en materia de distribución;

81.

Propone que se encuentre en todo momento un justo equilibrio entre los gastos de la Unión Europea en grandes infraestructuras transfronterizas y la respuesta a las necesidades locales, de modo a integrar aún mejor en las redes las energías renovables de producción local y a desarrollar de forma simultánea las redes de distribución inteligentes;

82.

Reconoce el papel estratégico de la investigación y la innovación en las tecnologías energéticas para conseguir la descarbonización del sistema energético de la UE y, por consiguiente, una reducción de las emisiones;

83.

Subraya que la constitución de redes industriales de fuerte contenido tecnológico que favorezcan la gestión activa de la demanda, los usos inteligentes de la energía y la eficiencia energética, con la colaboración estrecha de los centros de investigación y universidades, debe ser una de las prioridades de la Unión de la Energía; considera, por tanto, que debe darse prioridad a las innovaciones de los sectores industriales que registran el consumo de energía más elevado;

84.

Considera que esta transición, en caso de realizarse rápidamente, podría constituir el primer paso para aumentar la competitividad energética, reducir las emisiones de CO2 y crear puestos de trabajo que no sea necesario deslocalizar;

85.

Considera que, en el ámbito del empleo y la innovación, los entes locales y regionales disponen de poderosos mecanismos para incrementar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética mediante sus políticas en materia de construcción, vivienda, movilidad y ordenación territorial, así como mediante la educación y la formación profesional;

86.

Expresa su deseo de colaborar con las DG Energía y Política Regional y Urbana, así como con el Centro Común de Investigación, para examinar las posibilidades de establecer los mejores vínculos y sinergias entre las políticas de la UE y sus programas de financiación, a fin de optimizar, en el marco de las estrategias de especialización inteligente, los esfuerzos regionales y locales de inversión en el ámbito de la energía;

87.

Pone de relieve el alto valor añadido que produciría reforzar la Comunidad de la Energía y que se obtendría, en particular, perfeccionando los mecanismos de aplicación del Derecho de la UE en los países que forman parte de dicha comunidad; señala, además, que asociar a estos países a los mecanismos de la UE destinados a garantizar la seguridad energética, incluido el nuevo Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas, generaría un fuerte valor añadido de este tipo;

88.

Pide a los Estados miembros que, en virtud del principio de solidaridad, coordinen sus posiciones y negocien de una sola voz con terceros países; señala que la cooperación en el ámbito de la energía puede contribuir a fomentar y reforzar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en los países socios;

89.

Subraya que el Comité de las Regiones Europeo ha participado regularmente en la Plataforma de la Asociación Oriental sobre Seguridad Energética, y que la experiencia de la Unión Europea debe poder beneficiar a nuestros socios externos, al mismo tiempo que se valora el saber industrial y tecnológico de nuestras empresas;

90.

Subraya que los proyectos de energía sostenible a nivel local y regional son fundamentales para reducir la dependencia energética de la Unión Europea de cara a las fuentes de energía y los terceros países a los que suelen estar vinculados los proveedores externos y que es necesario actuar en mayor medida para explorar plenamente este potencial; propone que el Comité de las Regiones Europeo participe de manera directa en la concepción de futuras iniciativas en materia de política energética exterior, especialmente en el ámbito local y regional.