18.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 177/28

Ponente:

Carmelo CEDRONE

1.1.

El CESE considera que la Comunicación de la Comisión sobre las «Medidas destinadas a realizar la unión económica y monetaria» podría representar una gran oportunidad para iniciar un debate, tanto a nivel político como de la sociedad civil, destinado a llevar a cabo una «operación verdad» sobre todos los temas relacionados con la zona del euro, sin olvidar lo sucedido desde Maastricht y la crisis financiera y económica que ha sacudido, en particular, la zona del euro, a fin de presentar propuestas de soluciones que vayan más allá del contenido de la Comunicación actual. A continuación se presentan sus puntos principales.

1.2.

Semestre: sería más útil presentar una propuesta para el Semestre enmarcada en un acuerdo global sobre la gobernanza económica, que rebase lo que se ha hecho hasta ahora, modificando la macrocondicionalidad y reforzando el papel de la Comisión interparlamentaria, conforme al deseo expresado anteriormente por el CESE.

1.3.

Gobernanza económica: una gobernanza económica global de la zona del euro (a nivel macroeconómico, microeconómico, monetario, etc.) debe ir mucho más allá de lo propuesto por la Comisión. Es preciso cambiar radicalmente los modelos económicos actuales. En particular, los consejos nacionales de competitividad también deberían tener en cuenta las políticas de cohesión, las consecuencias sociales y el empleo, que se derivan de los desequilibrios y las divergencias entre los distintos países, que han aumentado con la crisis (1). La Comisión Europea y el Consejo también deberían tener en cuenta los nuevos factores y parámetros que respaldan y seguirán siendo la base de la competitividad y la competencia entre bloques económicos mundiales. El Consejo Fiscal consultivo debería seguir un procedimiento más transparente y democrático, tanto en lo que respecta al nombramiento de sus miembros como al uso de sus orientaciones, que podrían quedar fuera de todo control democrático.

1.4.

Representación exterior de la zona del euro: la propuesta es justa y necesaria pero, además de fijar unos plazos demasiado largos, plantea la cuestión del control democrático de esta función y de los cambios legislativos necesarios para reconocer el papel de la UEM respecto de cuestiones relativas a la zona del euro (2).

1.5.

Unión financiera: la propuesta es positiva, aunque se ha perdido el impulso político y temporal. Es la decisión más importante, pero a condición de que se realice rápidamente y que, a través de los mecanismos previstos (3) — mecanismo único de resolución y sistema de garantía de depósitos — y la Unión de los mercados de capitales (4), se aplique plenamente y en breve a los sistemas europeos de normas comunes. A este respecto, resultaría muy útil que la Comisión elaborase una propuesta sobre la cuestión de la deuda pública y privada para reducir los riesgos y la especulación sobre el sistema financiero de la zona del euro. De hecho, el CESE ya había formulado una propuesta de este tipo (5).

1.6.

Legitimidad democrática: es el punto más débil de la Comunicación, al menos mientras esta permanezca en la fase actual, en espera de la fase 2. El tema se trata de manera muy superficial y aproximativa cuando, en realidad, es esencial y está en el centro del debate y de las preocupaciones de los ciudadanos europeos, sobre todo en los últimos meses: por ahí es por donde pasa el futuro de la zona del euro y de la UE. La cuestión del control democrático no se plantea seriamente en ninguna de las propuestas operativas de la Comisión, como se ha señalado antes.

1.6.1.

Una contribución sobre este tema podría proceder del diálogo social tripartito, siempre y cuando se elabore de manera estructurada y la aplicación de los acuerdos alcanzados entre las partes sea obligatoria.

1.7.

Fase 2 — Completar la UEM: es una fase prioritaria y fundamental para dar credibilidad al resto de las propuestas ya presentadas. Desgraciadamente, esta fase se basa esencialmente en la presentación de un «Libro Blanco» a finales de 2017. Hacer depender todo el proceso de un Libro Blanco, elaborado a través de consultas y de «diálogos con los ciudadanos», sin explicar cómo se realizarán y sin siquiera asociar al CESE, nos parece ser un planteamiento muy endeble teniendo en cuenta que se trata del tema más importante y central de la Comunicación, el de la democracia y la construcción del pilar político de la zona del euro, que está en espera de la fase 2.

1.8.

Además, el CESE considera que la hoja de ruta propuesta por la Comisión es inadecuada dada la importancia de las cuestiones que han de afrontarse y la urgencia con que se deberían resolver (se aplazan continuamente y no se fijan plazos). Por lo tanto, el CESE se compromete a presentar, posiblemente junto a la Comisión, un plan propio sobre la fase 2, elaborado sobre la base de su propia hoja de ruta, preparada desde hace tiempo, para debatir estos temas en los países de la UE, empezando por los de la zona del euro.

1.9.

Las propuestas: en una serie de dictámenes elaborados desde que comenzó la crisis, el CESE ha formulado propuestas sobre varios de los aspectos de la crisis financiera y sobre los límites de las políticas económicas aplicadas por la UE. El CESE, en particular a través de varios dictámenes de iniciativa, ha elaborado propuestas específicas, por ejemplo, sobre la gobernanza económica, financiera y monetaria de la UEM, y sobre la gobernanza política de la zona del euro, mucho antes de la propia Comisión. En consecuencia, por lo que se refiere a las propuestas marco relativas a los ámbitos cubiertos por la Comunicación objeto de examen, se remite a los Dictámenes anteriores (6) y a los que están en curso de elaboración sobre las propuestas específicas de la Comisión (7).

2.1.

El presente Dictamen tiene por objeto proporcionar una visión de conjunto sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la zona del euro. Los aspectos específicos de esta cuestión se abordan en otros Dictámenes del CESE.

2.2.

La Comunicación de la Comisión surge de la necesidad de poner en práctica el segundo informe de los cinco presidentes sobre la UEM, dado que el primero había sido completamente ignorado por la Comisión Barroso. Los dos informes tenían por objetivo poner remedio a las limitaciones de la UEM, que, como es sabido, la crisis financiera y económica había puesto de manifiesto y hecho patentes a todos los europeos, y no solo a ellos. Esas limitaciones han facilitado y orientado la especulación sobre el euro, por lo que han sido y son la causa principal del surgimiento de la crisis y de que esta perdure en la zona del euro.

2.3.

La misma razón había impulsado al CESE, antes que a la Comisión y a otros organismos comunitarios, a formular propuestas concretas al respecto, que solo hace poco han sido escuchadas y encontrados la justa consideración y reconocimiento (8). A este respecto, el Comité aplaude y destaca la valoración expresada por la Comisión en un informe de seguimiento relativo a Dictámenes recientes del CESE y, en particular, el hecho de que «[la] Comisión desea agradecer al Comité Económico y Social Europeo su detallado y exhaustivo Dictamen sobre el pilar político de la unión económica y monetaria. Dicho Dictamen no solo analiza la situación actual y los fallos de la UEM, sino que presenta propuestas muy interesantes para completarla».

2.4.

El segundo informe de los cinco presidentes, y por ende la Comunicación de la Comisión, en la que se debería poner en práctica, es más débil y menos ambicioso que el primero, que ya era insuficiente, quizás debido a la menor presión de la crisis de la zona del euro, o a las dificultades de los Estados a la hora de compartir la soberanía, y esto no es un elemento positivo.

2.5.

Por otra parte, las cuestiones de los migrantes, los refugiados y la seguridad, tras los atentados terroristas islamistas, han sembrado el pánico entre los ciudadanos y la clase política europea, han acentuado las divisiones entre Estados y provocado el resurgimiento de los nacionalismos y están conduciendo al cierre de las fronteras. El plan para completar la UEM ya no urge y se ha relegado a un segundo plano. Ha desaparecido del debate político y de los medios de comunicación, lo que ha supuesto quizás un descanso para muchos políticos, y no solo adversarios de la UE, aliviados de haber «escapado del peligro».

2.6.

Para el CESE, en cambio, esta situación no hace más que poner de relieve la necesidad de actuar, de retomar la iniciativa, más urgente que nunca, a fin de mejorar Europa, recuperando los principios y valores que la inspiraron (paz, prosperidad, cohesión social) y que quedan consagrados en el Tratado. Todo ello en aras del interés común y de cada uno, porque los países europeos y sus ciudadanos deben recuperar el sentido de la responsabilidad compartida y restaurar la confianza mutua; no pueden permitirse una nueva división, como siempre ha ocurrido en el pasado. Sería una senda peligrosa.

3.1.

Desgraciadamente, la Comunicación se basa en la lógica de lo existente, tanto en su formulación como en sus propuestas. Como ha sucedido ya tantas veces en el pasado, podría quedar en una declaración de buenas intenciones, y pasar a tener un efecto bumerán. Gran parte del contenido obedece a la lógica de las políticas aplicadas tras la crisis, cuya consolidación se pide, aun cuando se sabe que algunas de estas han sido la causa del agravamiento de la situación económica y social en muchos países de la UEM. Se ignoran las razones del fracaso de todos los intentos hasta ahora realizados por crear una UEM real (del informe Werner de 1970 al informe de los cuatro presidentes de 2012), intentos que se basaron, como el presente, en una gradualidad burocrática.

3.2.1.

Sí es positivo, sin embargo, que la Comisión, a pesar de la debilidad del informe de los cinco presidentes, carente de una auténtica hoja de ruta, haya decidido seguir adelante y dar comienzo a su puesta en práctica, en un contexto en el que muchos Estados miembros se oponen en gran medida a él. Este rechazo es grave y peligroso, por lo que el CESE hace un llamamiento a los Estados miembros, empezando por los de la zona del euro, para que cambien de actitud y apoyen la iniciativa de la Comisión, mejorando los puntos débiles expuestos en el presente dictamen inspirándose en las propuestas contenidas en otros dictámenes.

3.2.2.

También es positiva la atención prestada en el documento de la Comisión a la Unión financiera, en sus distintas articulaciones. Es esta, ciertamente, la elección más importante, junto con la conclusión de la unión bancaria, surgida de la crisis, a condición de que se realice a corto plazo y que, a través de los mecanismos previstos —mecanismo único de resolución y sistema de garantía de depósitos— y la unión de los mercados de capitales, se apliquen plenamente unos sistemas europeos de normas comunes que reduzcan el riesgo para los ahorradores/titulares de cuentas corrientes y los contribuyentes de financiar las deudas del sector bancario, y para los inversores y las empresas, de seguir operando en mercados financieros poco transparentes y con fuentes de financiación poco diversificadas. En este contexto, sería útil establecer, según señaló el CESE, la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión (incluidos entretanto un banco malo para las situaciones anteriores).

3.2.3.

La propuesta de dar vida a la «representación exterior unificada» de la UEM es importante pero limitada, pese a que deja su aplicación para el largo plazo, de aquí a 2025 (9), mientras solo propugna para lo inmediato un refuerzo de las modalidades de coordinación, introducidas ya en 2007, entre los representantes de la zona del euro y del Fondo Monetario Internacional.

3.3.1.

El documento conserva la misma lógica que la que se siguió durante todo el desarrollo de la crisis, por lo que se tiene la sensación de haberlo leído ya muchas veces. De hecho, el CESE se ha pronunciado ya en varias ocasiones sobre estos mismos puntos, y ha presentado propuestas diferentes de las de la Comisión y los Estados miembros. Sin embargo, se continúa y se sigue haciendo creer que, por ejemplo: a) el problema de la permanencia de la UEM se reduce a una cuestión de respeto de las normas de «contabilidad»; b) la gobernanza económica se resuelve con una «coordinación»; c) la sostenibilidad macroeconómica y financiera de la zona del euro es una mera cuestión de transparencia; d) el gravísimo problema del desempleo puede combatirse solamente con propuestas «formales», como se viene haciendo desde hace años. El CESE considera que en estas cuestiones, como en otras, la Comisión debe ejercer plenamente y con mayor firmeza su poder de iniciativa.

3.3.2.

Lo mismo puede decirse de las graves consecuencias sociales del desempleo en muchos países de la zona del euro; un tema que debería ser prioritario para la UEM, al igual que la competitividad y la gobernanza económica y política. En realidad no se formula ninguna propuesta concreta, ni se preconiza ninguna herramienta de solidaridad, y no se comprende lo que se entiende por «pilar europeo» de los derechos sociales (¿quizás los existentes en los distintos países?).

3.3.3.

Para el Semestre, se sigue tomando como base lo decidido hasta ahora, sin introducir modificaciones significativas, ni siquiera sobre el método, como había solicitado el CESE, empezando por la modificación de la macrocondicionalidad y el refuerzo de la Conferencia interparlamentaria, por lo que los presupuestos de los Estados pueden quedar así al margen de cualquier control democrático.

3.3.4.

Se evoca un presupuesto de la UEM cuando se habla de su estabilización, pero en realidad se trata de los presupuestos de los Estados individuales o de su suma, que nada tiene que ver con un auténtico presupuesto de la zona del euro. Tampoco se hace referencia alguna a la actual deuda soberana ni, en su caso, a una posible deuda soberana común o una fiscalidad europea que permitiera afrontar los gastos derivados de la inmigración, los refugiados y la seguridad. Sin embargo, la ausencia de propuestas para reforzar la legitimidad democrática representa el auténtico punto débil de toda la Comunicación propuesta (punto 6) (10).

3.3.5.

Se ignoran en gran medida los «órganos intermedios» de la sociedad como puntos de referencia en la fase de consulta, empezando por los representados en el CESE, por no hablar de la «política», prácticamente ausente o apenas evocada, como si fuera un aspecto residual.

3.3.6.

El CESE acoge favorablemente la participación de los interlocutores sociales en las otras políticas mencionadas por la Comisión. Sin embargo, considera necesario dar un salto cualitativo en el ámbito político y procedimental, para pasar de una participación «formal» a una participación con contenido en el diálogo social tripartito que debe, por tanto, regularse, en aras de la eficacia de los acuerdos alcanzados. Esta forma de proceder contribuiría, además, a reforzar la confianza mutua y aumentar la responsabilidad de cada uno.

3.3.7.

La preparación de la fase 2 (completar la UEM), una fase prioritaria y fundamental para dar credibilidad al resto de las propuestas, se basa en su totalidad en la presentación de un «libro blanco», basado en consultas y «diálogos con los ciudadanos» previos, sin explicar cómo se realizan y excluyendo las partes representadas en el CESE. Una condición insuficiente. Deberían participar también, por ejemplo, los parlamentos nacionales, además del Parlamento Europeo.

3.4.1.

No cabe duda de que las intenciones de la Comisión son buenas, a pesar de que siguen faltando las propuestas de la fase 2, pero el planteamiento es poco creíble. La Comunicación no representa un avance decisivo, a la luz del actual Tratado, para recuperar, al menos en parte, el «déficit» de Maastricht. Falta un «proyecto» de conjunto, que muestre el camino del cambio y una visión de futuro para la zona del euro y para los ciudadanos de la UE.

3.4.2.

No es bueno continuar como hasta ahora, tanto para las políticas económicas como para las sociales; no puede considerarse solo el mercado de trabajo y los salarios como única variable de sistema, olvidando o infravalorando la cuestión de la demanda interna, los desequilibrios macro y microeconómicos, los desequilibrios sociales y de las cuentas corrientes.

3.4.3.

Remitir la agenda política a una fase posterior, en vez de empezar por ella, o al menos actuar en paralelo, dadas las situaciones de emergencia existentes, antiguas y nuevas, demuestra por parte de los Estados miembros un exceso de temores y motivos de oportunidad política que perjudican a Europa en vez de mejorarla ofreciéndole esperanzas de futuro.

3.4.4.

Es sintomático el modo superficial en que se habla de la legitimidad democrática del Semestre, de las otras políticas de la UEM o de los instrumentos propuestos. Dada la posición de varios países, no son más que tímidas declaraciones, un simple sucedáneo de la democracia. Representa, quizás, el aspecto más débil de toda la propuesta, al menos mientras esta permanezca en su estado actual, en espera de la fase 2 que deberá elaborarse con la participación y el apoyo de la sociedad civil y del mundo político.

3.4.5.

Es como mínimo superficial e ilusorio pensar en resolver el problema de la democracia en la zona del euro con el «diálogo con los ciudadanos», sin especificar las modalidades de aplicación del mismo, los procedimientos de participación y los instrumentos que deben ponerse en marcha, tanto a escala europea como nacional. En cambio, deberá encontrarse un modo más concreto para aumentar el interés y la participación de la población europea en las cuestiones relativas a la realización de la UEM, a través de grandes reuniones públicas en todas las ciudades o de la votación de propuestas, incluso alternativas, en los Parlamentos nacionales.

3.5.1.

Se podría aprovechar la ocasión que brinda la presentación de esta Comunicación para llevar a cabo una «operación verdad» ante los ciudadanos europeos sobre todo lo que no se ha llevado a la práctica conforme al actual Tratado y sobre su potencial, así como sobre todo lo sucedido desde el nacimiento del euro. Se podría analizar lo que pasó con la crisis, los errores cometidos tanto por la UE como por los Estados miembros, que deberían privilegiar las políticas que tienen en cuenta el valor de las personas, examinar las oportunidades perdidas y los riesgos reales que corren los ciudadanos europeos —no una «Europa» irreal— si se sigue actuando como han hecho hasta ahora algunos países.

3.5.2.

Esta «operación verdad» se ha hecho más urgente y puede resultar facilitada por la necesidad de dar una respuesta adecuada al agravamiento de otros dos fenómenos que están menoscabando la seguridad de todos los ciudadanos europeos: la crisis de los inmigrantes y refugiados y la amenaza del terrorismo islamista y el problema de la seguridad.

3.5.3.

Hay que aprovechar la ocasión para emprender una reflexión, que no sea simplemente formal ni retórica, sobre los valores comunes (civiles, éticos, religiosos) que fundamentan nuestra identidad y que tememos manifestar y defender: esta es la auténtica base que permitirá el renacimiento de la zona del euro y de los países que lo deseen. Será una experiencia única de integración abierta no solo a los 19 Estados miembros, sino a los demás países de la UE, incluidos los nuevos, que deseen formar parte de un núcleo político, destinado a crecer progresivamente, como sucedió con la primera Comunidad Económica Europea (1957), formada por los seis países fundadores, que se mostraron entonces valientes, y sin los cuales no estaríamos hoy hablando de Europa y mucho menos de una Unión de 28 países.

3.5.4.

En este sentido, puede resultar útil la participación de los órganos intermedios de la sociedad, en particular los interlocutores sociales y los agentes de la sociedad civil, que contribuirán a dar un nuevo impulso al diálogo social y civil, tanto a nivel europeo como en cada país. Estos agentes podrían servir de enlace para crear, con ayuda del CESE y de la Comisión, una plataforma de información y debate sobre los riesgos y peligros de la evolución actual, sobre las oportunidades de cambiar realmente algunas políticas de la UE y sobre la necesidad de permanecer unidos, consolidando los cimientos de nuestro hogar común y colocando el tejado que aún no tiene, en lugar de derribar lo que hemos construido hasta ahora.

4.1.

En relación con la institución de este Consejo (11), encargado de evaluar la aplicación del marco fiscal de la Unión, en particular en lo que respecta a la coherencia horizontal de las decisiones en materia de supervisión presupuestaria, la Decisión de la Comisión no aporta elementos útiles que expliquen los motivos de su creación; la institución de este Consejo Europeo representa una duplicación de funciones y responsabilidades que ya desempeña la propia Comisión en el marco de las nuevas atribuciones previstas por la gobernanza europea.

4.2.

En efecto, no está claro cuál sería el «valor añadido» de este organismo, integrado por cinco expertos externos, que debería llevar a cabo una actividad más exhaustiva de análisis de las políticas presupuestarias, tanto a escala nacional como europea. Da la impresión de tratarse de un enésimo comité de vigilancia europeo que proporciona asesoramiento sobre los presupuestos de ambas instituciones, las de la UE y las de los países del euro, sin poderes efectivos de intervención en caso de inobservancia o inadecuación de las políticas presupuestarias, tanto a escala nacional como de la zona del euro.

4.3.

El CESE manifiesta su sorpresa por el modo de designación de los miembros del Consejo consultivo. Basta con recordar que, de un total de cinco miembros, el presidente designa a tres, sin que el Parlamento Europeo participe en modo alguno en esta decisión, como lo subraya, acertadamente, en su resolución (12). De hecho, este Consejo no parece servir para apoyar a la Comisión en sus decisiones, sino más bien para desempeñar «por encargo» del Consejo una función delegada actualmente en la propia Comisión. Ello podría agravar la situación actual, que ya se basa en un equilibrio muy precario.

4.4.

Además, en la Comunicación de la Comisión se hace referencia a una posible conexión entre el Consejo Fiscal Europeo consultivo y los consejos fiscales nacionales, sin que se indiquen los objetivos que se pretenden perseguir, se definan los respectivos ámbitos de intervención y se determinen las responsabilidades y áreas de colaboración entre las dos instituciones.