1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea (UE) puso en marcha un diálogo de liberalización de visados con Georgia el 4 de junio de 2012. El 25 de febrero de 2013, la Comisión Europea presentó al Gobierno georgiano un plan de acción para la liberalización de visados (PALV) indicando los parámetros de referencia que Georgia debe cumplir para que sus ciudadanos titulares de pasaportes biométricos viajen a la zona Schengen sin necesidad de visado.

El 15 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó su primer informe de situación sobre la aplicación por parte de Georgia del PALV[1]. En el informe se calificaban los progresos realizados por Georgia en la ejecución de la primera fase (legislación y planificación) de los criterios de referencia del PALV de muy buenos y se formulaba una serie de recomendaciones.

En febrero, marzo y mayo de 2014, Georgia presentó informes de situación actualizados. En la primavera de 2014 se realizó una misión de evaluación con expertos de los Estados miembros de la UE, asistidos por los servicios de la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la delegación de la UE en Georgia. La misión se centró en los bloques 3 y 4 del PALV, que no habían sido previamente evaluados sobre el terreno.

Este es el segundo y último informe de seguimiento sobre la primera fase de la aplicación del PALV por Georgia[2]. En él se indica cómo se han abordado los parámetros de la primera fase y se recomienda iniciar la evaluación de los criterios de referencia de la segunda fase, que afectan a la aplicación efectiva y sostenible de las medidas pertinentes.

El informe va acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se analizan más detalladamente los detalles aquí descritos. Además, como exige la metodología del PALV, se analizan las repercusiones sobre la migración y la seguridad de la futura liberalización de visados.

El presente informe sigue la estructura del PALV. Estructurado en secciones correspondientes a los cuatro bloques del PALV y teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el informe de 2013, describe la forma en que las autoridades georgianas han abordado los requisitos del PALV y, en la parte dedicada a las conclusiones, se recomienda que la evaluación debe pasar a la ejecución de la segunda fase de los criterios de referencia del PALV.

2. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES A LOS CUATRO BLOQUES DEL PLAN DE MEDIDAS DE LIBERALIZACIÓN DE VISADOS

2.1. Bloque 1: Seguridad de los documentos, incluida la biometría

El 29 de mayo de 2014, el Parlamento adoptó una serie de modificaciones relativas a la implantación de los pasaportes biométricos en los consulados de Georgia. En consecuencia, desde el 28 de julio de 2014 a los ciudadanos georgianos solo se les han expedido pasaportes acordes a las normas de la OACI. El 11 de febrero de 2014, se introdujeron requisitos más estrictos para la expedición de un segundo pasaporte. El Código de conducta de la Agencia de Desarrollo de Servicio Público (ADSP) se adoptó el 31 de octubre de 2013. Georgia ha establecido un plan con un calendario indicativo y ha asignado recursos financieros para llevar a cabo la digitalización de los registros civiles. El 29 de mayo de 2014, Georgia modificó la legislación que limita el derecho de las personas a cambiar su nombre y, según lo requerido, aportó información sobre:

— los instrumentos jurídicos pertinentes sobre la captura y el almacenamiento de las impresiones dactilares;

— la prohibición de la prórroga del pasaporte;

— la aplicación del principio de «una persona, un documento»; y

— el régimen de protección de datos de carácter personal relativos a los criterios de referencia del bloque 1.

2.2. Bloque 2: Gestión integrada de las fronteras, gestión de la migración y asilo

El 13 de marzo de 2014, el Gobierno de Georgia adoptó su «Estrategia de gestión de las fronteras del Estado (2014-2018)» y, el 6 de mayo de 2014, el plan de acción que la acompaña. La nueva estrategia tiene un fuerte componente de desarrollo de capacidades y define las «fronteras verdes» como uno de sus ámbitos prioritarios.

Georgia siguió colaborando con los Estados miembros de la UE, los demás países y las organizaciones internacionales. A fin de reforzar aún más la cooperación con los países de la región, se elaboró el proyecto de acuerdos bilaterales sobre comisarios fronterizos que compartió con Armenia y Azerbaiyán en mayo de 2014.

En diciembre de 2013, el Ministerio del Interior de Georgia y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX) concluyó un Plan de Cooperación para 2013-2015.

Georgia ha reforzado sus programas de formación, entre otras cosas, añadiendo un nuevo módulo de formación sobre solicitantes de asilo y refugiados al currículo básico de formación de patrulla de los funcionarios de la policía de patrullaje y de control de fronteras. Se han impartido sesiones de formación sobre la «Ley de policía» de 2013 y, en octubre de 2014, se lanzó un nuevo máster sobre la normativa de regulación de la policía.

En el ámbito de la gestión de la migración, la «Ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apátridas» entró en vigor el 1 de septiembre de 2014. Los reglamentos de acompañamiento fueron elaborados y aprobados por el Gobierno el 26 de agosto de 2014. El 1 de septiembre de 2014 se creó un Departamento de Migración en el Ministerio del Interior. El Centro de Movilidad continuó funcionando dentro del proyecto de programa de asistencia global a la reintegración posterior a la llegada para los emigrantes repatriados, financiado por la UE, pero se han adoptado disposiciones para que el Ministerio de Desplazados Internos vaya ocupándose progresivamente de la gestión del Centro. En el verano de 2014 se finalizó la construcción de un centro de acogida temporal para los migrantes en situación irregular.

La Secretaría de la Comisión nacional sobre cuestiones de migración ha seguido supervisando la aplicación de la estrategia y el plan de acción sobre migración 2013-2015 y ha introducido las actualizaciones y adaptaciones necesarias. En septiembre de 2014 y en cooperación con el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM), la Secretaría comenzó a elaborar una estrategia para el próximo período de programación 2016-2020 con la ayuda del programa «Más por más», que adopta el enfoque de la UE basado en incentivos.

En febrero de 2014, se creó un grupo de trabajo dentro de la Secretaría, a fin de acelerar el desarrollo de un sistema unificado de análisis de la migración. El Grupo consultará con expertos internacionales sobre un documento de reflexión general elaborado en agosto de 2014. Se espera que el sistema sea operativo a mediados de 2016. El «Sistema de alerta de permanencias ilegales», que funciona en fase de ensayo desde abril de 2013, se lanzó oficialmente en septiembre de 2014.

En el ámbito del asilo, Georgia modificó su marco jurídico el 26 de diciembre de 2013, introduciendo una enmienda que garantiza la documentación de los solicitantes de asilo desde el inicio del procedimiento de asilo. Otras modificaciones que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2014 prevén la expedición de una tarjeta de identidad temporal a los solicitantes de asilo. Georgia clarificó la aplicación de la disposición que impone la obligación de solicitar asilo en el plazo de 24 horas después de que la persona entre en el territorio: hasta la fecha no ha habido casos de solicitudes tardías rechazadas. Las competencias del Ministerio en materia de solicitantes de asilo se están reforzando. Se ha contratado personal suplementario para determinar el estatuto del refugiado y se han previsto cursos intensivos de formación. También se han reforzado la capacidad operativa de la unidad de información sobre el país de origen.

En febrero de 2014, el Gobierno de Georgia destinó la financiación necesaria y celebró un acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de cooperación en materia de defensa de Estados Unidos para ampliar el centro de acogida de Martkopi. Los trabajos de planificación se completaron en el verano de 2014 y la construcción se iniciará a principios de otoño de 2014. Georgia se ha esforzado por reforzar su capacidad de recogida de datos. El Ministerio de Desplazados Internos, en estrecha cooperación con el ACNUR y financiado por el mismo, diseñó una nueva base de datos electrónica y se espera que esté operativa en diciembre de 2014. El Ministerio examinó los procedimientos de recurso contra las decisiones de asilo y redactó un proyecto de modificación que fue enviado al ACNUR en marzo de 2014 para recabar observaciones.

2.3. Bloque 3: Orden público y seguridad

Georgia ha seguido avanzando en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada. En octubre de 2013, adoptó la denominada Estrategia Nacional de Lucha contra la Delincuencia Organizada 2013-2014 y en noviembre de 2013, el plan de acción que la acompaña. El Consejo de coordinación interservicios de la lucha contra la delincuencia organizada controla activamente la aplicación de ambos documentos y presentó su primer informe de aplicación en julio de 2014.

Georgia está bien equipada para abordar la trata de seres humanos de forma adecuada con el actual marco jurídico y político. El Plan de Acción Nacional 2013-2014 está en vigor y el Consejo de lucha contra la trata de seres humanos es el mecanismo central de coordinación en esa materia. Este Consejo elaboró las «Directrices para hacer cumplir la ley en materia de investigación y enjuiciamiento de los casos de trata de seres humanos y de tratamiento de sus víctimas, así como del estatuto de víctima de trata de seres humanos», que fueron transmitidas a todas las autoridades policiales competentes en junio de 2014. El Mecanismo Nacional de Derivación, en vigor desde febrero de 2007, asegura que todas las presuntas víctimas identificadas de la trata de personas sean tratadas con arreglo a las normas jurídicas previstas. Desde 2006, el Fondo Estatal para la protección y la asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos ha sido responsable de dos centros de acogida de víctimas y de financiar la protección y la asistencia a las víctimas, y las medidas de rehabilitación y el pago de indemnizaciones El Departamento Central de Policía Judicial del Ministerio del Interior es el organismo policial competente para la investigación de la trata de seres humanos. Además, en enero de 2014 se creó un servicio regional en la región de Acharia. La formación y la sensibilización son elementos importantes de la aproximación de Georgia a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, por lo que se realizan acciones en este sentido de forma periódica. Con vistas a la segunda fase de la aplicación del PALV, se ha invitado a Georgia a desarrollar más su mecanismo de presentación de informes de evaluación de amenazas y, en el contexto de la reforma en curso de la legislación laboral, abordar la cuestión de un mecanismo de inspección de trabajo asociado a la trata de seres humanos.

El marco jurídico e institucional para la prevención y la lucha contra la corrupción está en vigor. En general, la legislación vigente está bien redactada, es adecuada y está en conformidad con las normas europeas existentes. El 14 de abril de 2014 entraron en vigor nuevas disposiciones legislativas sobre la protección de los denunciantes de irregularidades. Asimismo, el Consejo de coordinación interservicios de la lucha contra la delincuencia organizada creó, en abril de 2014, un grupo de trabajo ad hoc sobre la aplicación de las recomendaciones del grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC), que elaboró recomendaciones sobre la financiación de los partidos políticos que están siendo analizadas por el Ministerio de Justicia. Al objeto de seguir mejorando el sistema de seguimiento de declaraciones patrimoniales, la Oficina de la Función Pública llevó a cabo una amplia investigación y una consulta pública sobre la cuestión y presentará una propuesta legislativa al Gobierno en otoño de 2014.

Se han registrado avances positivos en ámbitos relativos a la lucha contra la corrupción. Una nueva ley sobre la función pública está en fase de elaboración. Se ha preparado el denominado «Proyecto de la reforma de la función pública» y el Gobierno prevé que sea aprobado en otoño de 2014. En la actualidad, no existe una fiscalía especializada ni una agencia especializada dentro del Ministerio Fiscal que se ocupen de los casos de corrupción. Por consiguiente, a fin de facilitar la aplicación eficaz de la segunda fase de los criterios de referencia del PALV, las autoridades de Georgia han de considerar nuevas salvaguardias que garanticen la independencia del fiscal general y se cree una fiscalía especializada o una unidad especializada en los casos de corrupción.

En el ámbito de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Georgia preparó las enmiendas legislativas necesarias a la «Ley de facilitación de la prevención de la legalización de ingresos ilícitos» para ajustarse a las recomendaciones formuladas en 2012 por el Comité de expertos sobre la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL). Las enmiendas fueron revisadas por el Gobierno en verano de 2014, y su adopción por el Parlamento está prevista para el pleno de otoño de 2014. Las deficiencias relativas a la financiación del terrorismo, identificadas por MONEYVAL, se abordaron en noviembre de 2013, cuando el Parlamento modificó la disposición pertinente al Código Penal. Las modificaciones entraron en vigor el 15 de enero de 2014. Georgia firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención del terrorismo (CETS nº 196) en 2005 y su proceso de ratificación está en curso.

En diciembre de 2013 se creó un consejo interinstitucional para el desarrollo y la coordinación de la aplicación de la estrategia y el plan de acción para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En marzo de 2014, el Gobierno adoptó la Estrategia para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (2014-2017) y el plan de acción que la acompaña. El servicio de control financiero de la unidad de inteligencia financiera (Georgia) siguió funcionando. En la actualidad, el servicio no es competente para suspender transacciones sospechosas, incluso con carácter temporal, a excepción de las transacciones que pueden utilizarse para la financiación del terrorismo. Convendría que Georgia preste más atención a este tema en el contexto de la segunda fase de la aplicación del PALV.

El país siguió consolidando el marco político y legislativo en el ámbito de la prevención del consumo de drogas. El 4 de diciembre de 2013 adoptó una estrategia y un plan de acción nacionales de lucha contra la droga para el período 2014-2015. Los documentos han tenido en cuenta las recomendaciones del Grupo Pompidou y son conformes con las normas internacionales y europeas. En términos de financiación exterior, Georgia se basa ampliamente en la ayuda de donantes, lo que, a la larga, puede suscitar dudas relativas a la sostenibilidad de la ejecución de la estrategia y el plan de acción.

Georgia firmó en marzo de 2013 el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo de 2005 y lo ratificó en octubre de 2013. En abril de 2014, Georgia se adhirió al Convenio de La Haya relativo a la protección de los niños, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2015. Georgia firmó el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de 2007 en marzo de 2009 y el Parlamento lo ratificó en marzo de 2014. El Protocolo adicional al Convenio penal sobre la corrupción fue firmado en marzo de 2013 y ratificado en julio de 2013.

El marco legislativo e institucional de Georgia para la cooperación judicial en materia penal es conforme con las normas europeas. En la segunda fase del PALV, Georgia podría proporcionar información sobre las garantías procesales que existen al tramitar las solicitudes de asistencia mutua. Asimismo, podría considerar la posibilidad de seguir mejorando la recogida de datos cualitativos y la formación de fiscales y jueces.

La cooperación policial se ha reforzado mediante la introducción de un programa de intercambio electrónico entre organismos (InterFlow) en diciembre de 2013. El sistema está equipado con una firma digital, ofrece busca rápida de datos y permite a los usuarios gestionar tareas en tiempo real, lo que hace posible intercambiar documentos de manera segura.

Georgia ha avanzado en el ámbito de la protección de datos, lo cual coloca su marco legislativo e institucional más en consonancia con las normas europeas. El 1 de agosto de 2014, el Parlamento aprobó una serie de importantes enmiendas a la Ley de protección de datos personales y otras varias disposiciones legales, que incluyen:

— la ampliación del mandato del inspector de protección de datos personales (IPDP) al tratamiento de datos en el sector policial;

— la atribución al IPDP de competencias de supervisión sobre el sector privado a partir del 1 de noviembre de 2014;

— el refuerzo de la independencia del IPDP.

Asimismo, el 2 de mayo de 2014, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal que penalizan la violación de las normas sobre protección de datos.

El 10 de enero de 2014, Georgia ratificó el Protocolo adicional de 2001 al Convenio nº 108 del Consejo de Europa, que entró en vigor el 1 de mayo de 2014. La orden del Ministerio del Interior relativa al tratamiento y a la protección de datos de carácter personal dentro del Ministerio entró en vigor el 1 de marzo de 2014.

La Oficina del IPDP continúa funcionando. La Oficina cuenta con 15 empleados, incluidos abogados, analistas de la seguridad de datos, un Director y un especialista en sistemas de archivo. Desde 2014, dispone de su propia línea en el presupuesto del Estado y se considera suficiente para financiar las actividades actuales. No obstante, en la segunda fase del PALV, y teniendo en cuenta la ampliación de las competencias y las responsabilidades del IPDP, debe prestarse atención a la asignación de recursos financieros adicionales. Asimismo, debe garantizarse que la Oficina del IPDP está situada en locales adecuados a sus nuevas funciones y, en particular, a la necesidad de permitir el acceso a un público más amplio.

Además de los criterios de referencia del PALV, también son pertinentes para la valoración de los mismos, los acontecimientos relacionados con la judicatura y la Fiscalía. El 1 de agosto de 2014, de conformidad con las recomendaciones de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Parlamento aprobó la «Ley sobre enmiendas a la Ley Orgánica de Georgia sobre los tribunales de competencia general», que regula el procedimiento de designación de jueces vitalicios. La Ley entró en vigor el 19 de agosto de 2014. Las modificaciones de 2013 de la «Ley sobre la Fiscalía» representan un importante paso adelante para garantizar la observancia de las normas europeas. No obstante, el nombramiento del Fiscal General sigue correspondiendo al Primer Ministro por recomendación del Ministro de Justicia.

2.4. Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales

La «Ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apátridas», que entró en vigor el 1 de septiembre de 2014, proporciona el fundamento jurídico para la entrada, el tránsito, la estancia y la salida de los extranjeros. Esta ley define los derechos y obligaciones de los extranjeros y los apátridas, los tipos y modalidades de expulsión, y las competencias de las instituciones del Estado en cuestión. El marco jurídico que garantiza el acceso a documentos de identidad y de viaje, tanto para los ciudadanos georgianos como para los extranjeros también está en vigor.

La «Ley sobre la eliminación de todas las formas de discriminación» (Ley de lucha contra la discriminación) entró en vigor el 7 de mayo de 2014. El objetivo de la ley es «eliminar toda forma de discriminación y garantizar la igualdad de derechos a todas las personas físicas y jurídicas en virtud de la legislación de Georgia, con independencia de su raza, color de la piel, sexo, lengua, origen, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento o residencia o propiedad, condición social, religión o convicciones, origen nacional, étnico o social, profesión, estado civil, salud, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y expresión, opiniones políticas o de otro tipo, u otras características». Tiene un amplio alcance y también es aplicable al sector privado.

La ley define la discriminación directa e indirecta, incluye la discriminación por asociación y excluye expresamente la posibilidad de obligar, alentar o apoyar a una persona a discriminar a un tercero, así como la discriminación múltiple y pluridimensional. Asimismo, introduce el concepto de acción positiva en materia de igualdad de género y casos específicos como los relacionados con la maternidad, el embarazo o la discapacidad.

La ley de lucha contra la discriminación prevé el refuerzo del papel del Defensor Público como un organismo de igualdad, responsable de eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de trato. Para proteger y ayudar a las víctimas de discriminación, el Defensor debe actuar como mediador entre las partes, a fin de fomentar la reconciliación. La nueva ley prevé procedimientos judiciales ante el tribunal competente como principal recurso contra la discriminación y, para que la tutela judicial sea más accesible, se han introducido determinadas modificaciones a la Ley de enjuiciamiento civil, al Código Penal, a la Ley sobre igualdad de género y a la Ley sobre la defensa pública, a fin de facilitar el acceso a la justicia en casos de discriminación.

Si bien la aprobación de la Ley contra la discriminación, junto con otros actos pertinentes del marco legislativo, constituye la base legislativa necesaria para garantizar la aplicación del índice de referencia pertinente, deberán darse garantías en la fase de aplicación, en particular de carácter procesal, para garantizar que la protección contra la discriminación es suficiente y eficaz y que las excepciones se aplican en consonancia con los principios de necesidad y proporcionalidad. En la segunda fase del PALV, la aplicación de la Ley de lucha contra la discriminación será objeto de un estrecho seguimiento y, si se considera necesario, deben concebirse nuevas modificaciones en estrecha consulta con la sociedad civil y los expertos internacionales.

Georgia está bien desarrollada en el ámbito de la política de integración cívica y la protección de los derechos de las minorías. El denominado «Proyecto nacional de tolerancia e integración civil» y el plan de acción (2009-2014) están siendo aplicados. En junio de 2013, el Gobierno estableció una Comisión interinstitucional de alto nivel que está trabajando en un nuevo proyecto nacional y el plan de acción. Recientemente, Georgia ha intensificado sus esfuerzos en cuanto al derecho de uso de las lenguas minoritarias en las relaciones con las autoridades públicas y en las indicaciones topográficas locales y, con ello, ha empezado a preparar el terreno para la firma y la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

El 2 de abril de 2014, el Parlamento adoptó una resolución por la que se ratifica la Convención de las Naciones Unidas de 1961 para reducir los casos de apatridia. El instrumento de adhesión a la Convención se depositó en Ginebra el 1 de julio de 2014. La «Ley sobre la nacionalidad georgiana», que entró en vigor el 11 de junio de 2014, amplía el actual marco jurídico en consonancia con los principios de la Convención.

La Estrategia Nacional de Derechos Humanos (2014-2020) fue aprobada por el Parlamento el 30 de abril de 2014, y el Gobierno aprobó el plan de acción de acompañamiento (2014-2015) el 9 de julio de 2014. La Estrategia y el plan de acción establecen las prioridades en materia de derechos humanos y racionalizan las actividades de diversos organismos de las Administraciones públicas. La Estrategia se basa en cuatro pilares (la inviolabilidad de los derechos humanos por el Estado, la protección de los derechos humanos contra su violación por otras personas, el desarrollo del sistema que permite a los ciudadanos hacer valer sus derechos, y la sensibilización de la población sobre sus derechos) y enumera 23 áreas estratégicas de intervención. El plan de acción establece una serie de metas, objetivos, actividades, agencias responsables, plazos e indicadores.

3. EVALUACIÓN GENERAL Y PRÓXIMOS PASOS

La Comisión ha evaluado la ejecución del PALV de Georgia de acuerdo con la metodología establecida y sobre la base de la información y los documentos políticos legislativos pertinentes proporcionados. Se realizó una misión de evaluación con expertos de los Estados miembros de la UE, asistidos por los servicios de la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la delegación de la UE en Georgia.

La UE también supervisó los avances de Georgia en los ámbitos relacionados con el PALV a través del Comité mixto de facilitación de visados entre la UE y Georgia, el Comité mixto UE-Georgia de readmisión, el Subcomité de Justicia, Libertad y Seguridad, y Derechos Humanos y Democracia, así como del diálogo en materia de derechos humanos. En cada uno de estos comités, el diálogo y la cooperación entre la UE y Georgia se consideran muy avanzados.

Los avances legislativos y políticos recogidos tanto en el primer informe de situación como en este segundo informe de Georgia dan testimonio de un auténtico compromiso con el diálogo para la liberalización de visados. Sobre la base de un análisis profundo del contenido y del alcance de las reformas introducidas, la Comisión está en condiciones de concluir que Georgia ha cumplido con éxito la primera fase de los criterios de referencia del PALV, y que ahora debe pasarse a evaluar los índices de referencia de la segunda fase.

En la segunda fase, la Comisión se centrará en la evaluación de la eficacia y la sostenibilidad de la ejecución de los criterios de referencia de la segunda fase del PALV. Asimismo, seguirá supervisando la adecuación del marco legislativo y político, ya que ambas series de índices de referencia están estrechamente relacionadas.

La Comisión seguirá asistiendo a Georgia en la ejecución de los PALV y supervisando activamente el cumplimiento de todos los criterios de referencia del PALV, a fin de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los avances logrados en 2015.

[1] COM (2013) 808 final.

[2] El informe refleja la situación a 25 de septiembre de 2014.