COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento /* COM/2014/0473 final */
COMUNICACIÓN
DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Sexto
informe sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el
empleo y el crecimiento 1.
Introducción Aunque los
gobiernos nacionales han tenido que aplicar recortes en el gasto en los últimos
años para equilibrar sus presupuestos y que la financiación privada se haya
agotado debido a la crisis financiera y económica, la financiación de la
política de cohesión ha seguido fluyendo a los Estados miembros y las regiones,
apoyando inversiones vitales para el crecimiento y el empleo. La crisis ha
tenido un profundo impacto en los presupuestos nacionales y regionales,
limitando la disponibilidad de financiación en todos los ámbitos de inversión.
En el conjunto de la UE, la inversión pública se redujo un 20 % en
términos reales entre 2008 y 2013. En Grecia, España e Irlanda, la reducción
fue de alrededor del 60 %. En los países de Europa Central y Oriental, donde
la financiación de la política de cohesión es particularmente importante, la
inversión pública (medida como formación bruta de capital fijo) se redujo en un
tercio. Sin la política de cohesión, las inversiones en los Estados miembros
más afectados por la crisis habrían registrado un descenso adicional del
50 %. Los fondos de cohesión representan actualmente más del 60 % del
presupuesto de inversión en estos países. Figura 1: Impacto de la política de cohesión en la inversión pública || Figura 2: Participación de la política de cohesión en la inversión pública La crisis
económica ha invertido una prolongada tendencia de convergencia del PIB y la
tasa de desempleo dentro de la UE, afectando, en particular, a las regiones del
sur de Europa, y ha traído consigo un aumento de la
pobreza y la exclusión social. A su vez, esto ha dificultado la
consecución de algunos de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por ejemplo, en
210 de las 277 regiones de la UE, se registró un aumento del desempleo entre
2007 y 2012. En cincuenta de estas regiones, la tasa de desempleo se ha más que
duplicado. La situación es especialmente preocupante para los jóvenes, ya que,
en 2012, la tasa de desempleo juvenil fue superior al 20 % en
aproximadamente la mitad de las regiones. Como consecuencia de ello, muchas
regiones aún no han podido contribuir a la realización del objetivo principal
de Europa 2020 de lograr, de aquí a 2020, una tasa de empleo del 75 %
para la población con una edad comprendida entre los 20 y 64 años. Además de seguir
luchando contra los obstáculos estructurales a largo plazo que afectan al
desarrollo, la Comisión y los Estados miembros han respondido a la crisis
reorientando algunas inversiones de la política de cohesión a ámbitos en los
que los efectos en la actividad económica y el empleo serían directos e
inmediatos. En consecuencia, a finales de 2013 se habían reasignado más de 45
000 millones EUR, es decir, el 13 % del total de los fondos. Esta
transferencia de fondos ha permitido apoyar medidas destinadas a paliar el
aumento del desempleo y de la exclusión social y a apoyar la inversión en
innovación e investigación y desarrollo (I+D), las ayudas a las empresas, la
energía sostenible y las infraestructuras sociales y educativas. La Comisión ha
propuesto asimismo medidas para mejorar la liquidez en los Estados miembros más
afectados por la crisis. La adopción de estas medidas por el Parlamento Europeo
y el Consejo permitió reducir las contribuciones nacionales y pagar más de 7
000 millones EUR de anticipos adicionales. Se ha aprobado asimismo una nueva
reducción de la cofinanciación nacional por un valor de casi 2 100 millones
EUR. Todo parece
indicar que las inversiones de la política de cohesión han tenido un impacto
significativo. Entre 2007 y
2012, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) creó cerca de
600 000 puestos de trabajo. Esto equivale a casi el 20 % del número
estimado de empleos perdidos en el mismo período, desde el comienzo de la
crisis financiera. Las inversiones se han
destinado a 200 000 proyectos de pequeñas y medianas empresas (pymes) y 80 000
empresas emergentes, se han financiado 22 000 proyectos de cooperación entre la
investigación y las empresas, se ha proporcionado una cobertura de banda ancha
a cinco millones de personas y se ha facilitado a cinco millones y medio de
personas el acceso al tratamiento de aguas residuales.
Por otra parte, las inversiones de la UE con cargo a la política de
cohesión han permitido construir 3 000 km de redes fundamentales europeas
de transporte (15 % de la red global TEN‑T) y se
ha duplicado el volumen de la financiación pública para I+D en los Estados
miembros menos desarrollados. Entre 2007 y
2012, el Fondo Social Europeo (FSE) apoyó 68 millones de participaciones
individuales en proyectos. Gracias a las ayudas del FSE, 5,7 millones de
parados o personas inactivas encontraron un empleo, y se adquirieron casi 8,6
millones de cualificaciones. Se registraron más de 400 000 empresas
emergentes y nuevos empleos por cuenta propia. Todo ello ha contribuido a limitar
la caída del PIB en muchos países o a evitar un nuevo aumento del desempleo. Los efectos de
estas inversiones se dejarán sentir en los próximos años, ya que los Estados
miembros tienen de plazo hasta finales de 2015 para utilizar los fondos de los programas
del período 2007-2013 y existe un desfase entre el momento en que se realiza la
inversión y el momento en que su impacto es cuantificable. Con un
presupuesto total de más de 450 000 millones de euros (incluida la
cofinanciación nacional) para el período de programación 2014-2020, la política
de cohesión será el principal instrumento de inversión de la UE. Aportará la mayor contribución para apoyar a las PYME, la
I+D y la innovación, la educación, la economía con bajas emisiones de carbono,
el medio ambiente, la lucha contra el desempleo y la exclusión social, el
desarrollo de las infraestructuras que conecten a los ciudadanos de la UE y a
la modernización de las administraciones públicas. Sus inversiones,
combinadas con las reformas estructurales, desempeñarán un papel clave a la
hora de apoyar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo y en la
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. El reto es
garantizar que estos recursos se utilizan de la manera más eficaz y eficiente
posible, maximizando su impacto, consolidando la recuperación y ayudando a la
UE a salir de la crisis más fuerte y competitiva que antes. La nueva
política de cohesión está plenamente en consonancia con la Estrategia Europa
2020 y sus objetivos principales en materia de empleo, investigación y
desarrollo, cambio climático y energía, educación y lucha contra la pobreza y
la exclusión social, y está vinculada al Semestre Europeo y al proceso de
gobernanza económica de la UE. Por lo tanto, las inversiones en el marco de la
política de cohesión se utilizarán asimismo para apoyar las políticas aplicadas
por los Estados miembros de conformidad con las directrices integradas y los
programas nacionales de reforma, así como para seguir las recomendaciones
específicas por país (REP) formuladas por el Consejo. La Comisión también podrá
solicitar a los Estados miembros que modifiquen sus acuerdos de asociación y
programas operativos para hacer frente a los nuevos desafíos identificados en
las REP. La presente
Comunicación resume los logros de la financiación de la cohesión en el anterior
período de programación. Describe los elementos principales de la reforma de la
política de cohesión para el período 2014-2020,[1] y las distintas
tendencias aparecidas durante las negociaciones programáticas en curso entre la
Comisión y los Estados miembros. Va acompañada de un documento de trabajo de
los servicios de la Comisión, en el que se analizan los retos socioeconómicos y
de gobernanza a los que se enfrentan los Estados miembros y las regiones y se
evalúa el impacto de las inversiones públicas y de la política de cohesión en
las disparidades económicas y sociales. 2. Una
política en evolución: invertir en la competitividad de las regiones
para mejorar la vida de los ciudadanos El Tratado de la
UE fija como objetivo de la política de cohesión la reducción de las
disparidades económicas, sociales y territoriales, ofreciendo un apoyo especial
a las regiones menos desarrolladas. Con el tiempo,
la política ha contribuido a mejorar el nivel de vida y las oportunidades
económicas de las regiones de la UE, mejorando las competencias y la
empleabilidad, facilitando el acceso a las regiones, apoyando el desarrollo de
la capacidad administrativa, estableciendo vínculos entre instituciones de
investigación, universidades y la comunidad empresarial, y prestando servicios
a las pequeñas y medianas empresas. Mediante el apoyo a los principales motores
del crecimiento económico, la política de cohesión contribuye a que las
regiones de la UE crezcan con mayor rapidez. Manteniéndose
fiel a sus raíces, la política de cohesión ha evolucionado y avanzado. En sus
primeros años, su enfoque era puramente nacional, financiando proyectos
determinados previamente en los Estados miembros, con escasa influencia
europea. A lo largo del tiempo, se han ido introducido principios esenciales
como la programación plurianual, inversiones más estratégicas y una mayor
participación de los socios locales y regionales. La mayor parte
del apoyo financiero con cargo a esta política se ha centrado sistemáticamente
en las regiones y los Estados miembros menos desarrollados. No obstante, se ha
producido una transferencia de las inversiones en infraestructuras hacia el
apoyo a las PYME, la innovación y las políticas de empleo y sociales más
innovadoras. Este cambio ha sido posible gracias al desarrollo de
infraestructuras en los Estados miembros (tanto los que se adhirieron después
de 2004, como en los «antiguos» Estados miembros), financiadas en el marco de
la política de cohesión en los períodos anteriores. La figura 3
muestra la evolución de la composición de la inversión desde 1989. Figura 3: Composición de las inversiones de la
política de cohesión en las regiones menos desarrolladas (1989-2013) La proporción de
la inversión en estructuras pesadas (especialmente en el transporte) era
elevada en el momento en que se puso en marcha la política y tras la ampliación
de 2004, cuando los países con evidentes retrasos en materia de infraestructuras
entraron a formar parte de la UE. Con la creación del Fondo de Cohesión (FC) en
la década de los noventa, la inversión medioambiental cobró cada vez mayor
importancia a fin de ayudar a los Estados miembros y las regiones a cumplir las
Directivas y los Reglamentos de la UE en este ámbito. La inversión en el sector
productivo, y en las PYME en particular, se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, la
inversión en capital humano (educación, empleo e inclusión social) ha
disminuido ligeramente en términos relativos. No obstante, el papel del FSE
como instrumento para invertir en capital humano ha crecido de forma
significativa, más recientemente como consecuencia de los terribles efectos de
la crisis económica en los mercados de trabajo de los Estados miembros. Como
nueva medida para hacer frente a este problema, el marco reglamentario para
2014-2020 asegura al FSE un 23,1 %, como mínimo, del presupuesto de la política
de cohesión. Esto es importante para garantizar el volumen de inversiones en
capital humano, empleo, inclusión social, reforma de la administración pública
y desarrollo de la capacidad institucional necesarios para trabajar en la
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por primera vez,
la política de cohesión, en particular a través del FSE, ha apoyado durante el
período 2007-2013 la modernización y la reforma de las administraciones
públicas y los sistemas judiciales en los países de convergencia. Este apoyo
tiene por objeto mejorar el funcionamiento, la accesibilidad y la calidad de
los servicios públicos, con el fin de facilitar la elaboración de políticas
basadas en datos y poner en marcha las políticas conjuntamente con los
interlocutores sociales y la sociedad civil. Por último, el
porcentaje de los recursos dedicados a la asistencia técnica ha aumentado
considerablemente desde el período 2000-2006, lo que refleja la importancia
crucial de que las instituciones funcionen correctamente para la gestión eficaz
de los programas de la política de cohesión. Mediante la
adaptación de las inversiones a los niveles de desarrollo económico, la
política de cohesión ha sido capaz de responder a las cambiantes necesidades de
cada región a lo largo del tiempo. Sin embargo, la evolución de la política no
ha sido tan decisiva como habría cabido esperar. Se constata, por ejemplo, que
la introducción en 2007-2013 de la asignación obligatoria de una parte de los
fondos a las prioridades de la UE representó un importante avance, pero los
resultados han sido desiguales y la dispersión de los fondos sigue siendo
excesiva. Asimismo, ha ido
quedando cada vez más claro que la eficacia de la política de cohesión depende
de que existan unas buenas políticas macroeconómicas, un entorno favorable para
las empresas y unas instituciones sólidas. En algunos casos, unas políticas
inadecuadas y las deficiencias institucionales y administrativas han limitado
la eficacia de la financiación. La transposición de la legislación de la UE a
la legislación nacional en ámbitos directamente relacionados con la política de
cohesión también presenta lagunas. Aunque se ha intentado definir los marcos
estratégicos, institucionales y administrativos existentes, su aplicación ha
seguido siendo discrecional y no sistemática. Por último, la
ejecución de los fondos se ha centrado más en el gasto y el respeto de las
normas de gestión que en la consecución de los objetivos. Los objetivos
programáticos han sido a veces vagos, lo que ha dificultado el seguimiento y la
evaluación de los resultados. La definición de los objetivos es compleja y
algunos Estados miembros han establecido objetivos que no eran lo
suficientemente ambiciosos. Esto ha limitado la capacidad de evaluar los
efectos de las intervenciones y comprender qué medidas eran las más efectivas y
por qué. 3. La obtención de resultados
es el núcleo de la nueva política de cohesión Los resultados
de las negociaciones sobre la reforma de la política de cohesión, que
finalizaron en diciembre de 2013, abordan estas deficiencias. La reforma se
centra en el establecimiento de una política de inversión. Los objetivos de la política de cohesión se han puesto en
consonancia con la Estrategia Europa 2020 y las recomendaciones por país
pertinentes se tienen sistemáticamente en cuenta para la planificación de las
inversiones. Se ha reformado asimismo el funcionamiento de la política
de cohesión, sobre la base de cinco ideas principales. 3.1. Los programas de la política
de cohesión tienen que operar en un entorno favorable La nueva
política de cohesión está vinculada al proceso de gobernanza económica de la UE
y el «Semestre europeo», ya que las inversiones en el marco de esta política no
pueden considerarse de forma aislada del contexto económico en el que ésta se
realiza. Con el fin de
evitar políticas económicas o presupuestarias insostenibles, que vayan en
detrimento de la eficacia de la ayuda de la UE durante el período 2014-2020, la
financiación podrá suspenderse cuando un Estado miembro no cumpla las
recomendaciones que había recibido en el marco del proceso de gobernanza
económica de la UE. La eficacia de
la inversión no debe verse perjudicada por políticas inadecuadas u obstáculos
reglamentarios, administrativos o institucionales. Los Estados miembros y las
regiones deben cumplir una serie de condiciones previas a fin de garantizar que
la inversión se inscribe en un marco estratégico claro que permite la rápida
transposición de la legislación de la UE relativa a la ejecución de los fondos
de cohesión, una capacidad administrativa suficiente y respeto de requisitos
mínimos, por ejemplo en materia de no discriminación, igualdad de género,
discapacidad, contratación pública y ayudas estatales. En particular,
cada ámbito de inversión debe basarse en una estrategia bien definida. Por
ejemplo, no podrán realizarse inversiones en transporte hasta que exista una
estrategia global de transporte a escala nacional o regional. Del mismo modo,
las inversiones en el ámbito de I+D y de la innovación deben inscribirse en una
«estrategia de especialización inteligente» con un proceso de elaboración de un
enfoque que identifique las ventajas competitivas, establezca prioridades
estratégicas y recurra a políticas inteligentes para maximizar el potencial de
cada región para alcanzar un desarrollo basado en el conocimiento. En resumen,
los proyectos deberán atenerse a las estrategias y no a la inversa. 3.2. Los programas de la política
de cohesión deben concentrar los recursos en un número reducido de prioridades
y maximizar su valor añadido Los Estados
miembros y las regiones deben concentrar la financiación en un número limitado
de ámbitos relevantes para la UE. Una parte importante del FEDER se asignará a
cuatro prioridades centrales de la Estrategia Europa 2020: innovación e
investigación, agenda digital, apoyo a las pyme y economía con bajas emisiones
de carbono. La concentración
del FSE en un máximo de cinco prioridades de inversión contribuirá a la
consolidación de las realizaciones y los resultados a escala europea. También
garantizará una relación más clara con la Estrategia Europea de Empleo y las
directrices integradas de empleo. Al menos el 20 % del presupuesto del FSE
se reservará para apoyar la inclusión social y luchar contra la pobreza y la
discriminación. Habida cuenta de
la urgente necesidad de luchar contra el desempleo de los jóvenes, se ha puesto
en marcha la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) dotada con un presupuesto de
6 000 millones de euros de financiación específica para ayudar a aplicar la
Garantía Juvenil en el conjunto de la UE. De este modo se garantiza que todos
los jóvenes reciben una oferta adecuada de empleo o formación en un plazo de
cuatro meses tras acabar los estudios o quedarse en paro. La financiación de la
Iniciativa de Empleo Juvenil se centrará en las regiones con tasas de desempleo
juvenil particularmente altas. Las regiones y
los Estados miembros tendrán que tomar decisiones claras con respecto a sus
objetivos. De este modo, se podrá alcanzar una masa crítica de recursos,
garantizando un impacto significativo e inversiones en los ámbitos que tienen
repercusiones directas e inmediatas sobre el crecimiento y el empleo. 3.3. Los programas de la política
de cohesión deben definir objetivos y resultados claros El éxito de la
política de cohesión se medirá por sus resultados y su impacto. Por consiguiente,
el objetivo principal de las reformas es prestar una mayor atención a los
resultados mejorando los indicadores de rendimiento, la elaboración de informes
y la evaluación. En la
elaboración de los programas, los Estados miembros y las regiones deben
especificar los resultados que se pretenden conseguir al final del período de
programación. Los programas tendrán que determinar de qué manera van a
contribuir las acciones propuestas al logro de estos objetivos y establecerán
indicadores de rendimiento con puntos de referencia y objetivos claros para
medir los progresos realizados. Cada programa dispondrá de un marco de
rendimiento a fin de aumentar la transparencia y la responsabilidad. A modo de
incentivo adicional, se han reservado aproximadamente 20 000 millones EUR (el
6 % del presupuesto de la política de cohesión), que se asignarán en 2019
a los programas que demuestren que están en vías de alcanzar sus objetivos. 3.4. Los programas de la política
de cohesión deben dar más voz a las ciudades Las ciudades
pueden desempeñar un papel clave en la política de cohesión y en la consecución
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Más de
dos tercios de los europeos viven en ciudades. Las ciudades son
productivas e innovadoras y su papel para lograr un crecimiento inteligente
puede ser primordial. Pueden utilizar los recursos de manera más eficiente (por
ejemplo, limitando al mínimo la ocupación y el sellado del suelo y el consumo
de energía) y participar en la consecución de un crecimiento sostenible, por
ejemplo, mediante infraestructuras verdes. Las
disparidades en los niveles de riqueza y la concentración de excluidos
sociales y de pobreza en las ciudades hacen que su papel sea esencial para
afrontar al reto del crecimiento integrador. Por esta razón
se prevé que en el período 2014-2020 aproximadamente la mitad del FEDER se
gaste en las ciudades. La nueva política de cohesión también tiene como
objetivo dotar a las ciudades de los medios necesarios para que elaboren y
pongan en marcha políticas que contribuyan a la consecución de los objetivos de
la Estrategia Europa 2020, dedicando el 5 %, como mínimo, del FEDER a la
inversión en el desarrollo urbano sostenible integrado y garantizando que las
ciudades desempeñen un papel principal en la selección de los proyectos. La Comisión
pondrá también en marcha convocatorias de proyectos en el marco del nuevo
Programa de acciones urbanas innovadoras con el fin de apoyar a las ciudades
dispuestas a experimentar nuevas ideas en materia de desarrollo urbano. 3.5. Los programas de la política
de cohesión deben integrar mejor a los socios en todos los niveles El marco
político para el período 2014-2020 se basa en la premisa de que, respetando los
principios de la gobernanza multinivel, todos los socios a nivel nacional,
regional y local, incluidos los interlocutores sociales y las organizaciones de
la sociedad civil, deben participar en todas las fases de programación. Por
primera vez a nivel de la UE, el Código de Conducta Europeo sobre las
Asociaciones[2]
proporciona a los Estados miembros un modelo para incorporar a estos socios a
la elaboración de los programas, durante su aplicación y en la fase de
seguimiento y evaluación. Las asociaciones también podrían ser particularmente
eficaces en la consecución de los objetivos de las estrategias de desarrollo
local participativo. Los nuevos Reglamentos también incluyen medidas para el
refuerzo de las capacidades de los interlocutores sociales y de la sociedad
civil. 4. De la teoría a la práctica:
nuevos datos surgidos de las negociaciones En el momento de
adoptar la presente Comunicación, la Comisión había recibido la totalidad de
los 28 acuerdos de asociación y alrededor de 150 programas operativos (PO).[3]
Las negociaciones con los Estados miembros y las regiones están en curso, de
modo que lo que sigue a continuación es solo una indicación de en qué medida se
han integrado los principales elementos de la reforma en las nuevas estrategias
y programas. La información
disponible pone de manifiesto algunas tendencias muy alentadores y algunos
retos. En total, se han
asignado unos 336 000 millones EUR a programas nacionales y regionales con
arreglo al objetivo de «inversión para el crecimiento y el empleo. Los recursos
se distribuyen del siguiente modo: 187 500 millones EUR al FEDER, 63 000
millones EUR al Fondo de Cohesión y 85 000 millones EUR al FSE, es decir un
importe superior al mínimo de 80 000 millones EUR de asignación legalmente
obligatoria para el FSE[4]. Figura
4: Asignación a las prioridades de financiación por Fondo (2014-2020), en
porcentaje del total de los fondos Unos 124 000
millones EUR se asignan a la I+D y la innovación, a las TIC, las pymes y la
economía con bajas emisiones de carbono. Esto representa un aumento de casi el
22 % en comparación con el período 2007-2013. El FEDER financia la mayor
parte de este importe (116 500 millones EUR) y el resto el Fondo de Cohesión. 98 000 millones
EUR se invertirán en empleo, inclusión social y educación, de los que el FSE
financia la mayor parte: empleo (30 700 millones EUR), inclusión social (20 900
millones EUR) y educación (26 300 millones EUR). 59 000 millones
se asignan a las infraestructuras de las redes de transporte y energía, lo que
supone un descenso del 21 % en comparación con 2007-2013. Casi 4 300
millones EUR se invertirán en el desarrollo de la capacidad institucional de
las autoridades públicas y en la eficacia de las administraciones públicas y
los servicios («buena gobernanza»). Esto representa un aumento del 72 % en
comparación con el período anterior. El nuevo período
de programación introduce, por tanto, una clara reorientación de las
prioridades de financiación con respecto al período 2007-2013. Los Estados
miembros y las regiones invertirán más en las prioridades del FEDER (I+D e
innovación, TIC, pymes y economía con bajas emisiones de carbono) y del FSE
(empleo, inclusión social, educación y gobernanza), mientras que la inversión
en redes e infraestructuras medioambientales se verá reducida. La disminución
de la inversión en infraestructuras es especialmente acusada en los Estados
miembros más desarrollados. Figura 5: Asignación a las prioridades de
financiación 2014-2020 frente a 2007-2013, en % del total La atención
especial que dedica la Comisión a la economía con bajas emisiones de carbono ha
resultado en un claro aumento de este tipo de inversión: se dedicarán más de
38 000 millones EUR a apoyar la transición a una economía con bajas
emisiones de carbono y con resistencia frente al cambio climático. Varios
países han hecho hincapié en la eficiencia energética y en el desarrollo de las
energías renovables. En algunos casos, sin embargo, conviene precisar el
vínculo entre la inversión y los resultados esperados con respecto a los
objetivos relacionados con el cambio climático. Habida cuenta de
los retos que plantea la alta tasa de desempleo y el aumento de la pobreza,
algunos acuerdos de asociación podrían poner mayor énfasis en el crecimiento
inclusivo. La Comisión opina, asimismo, que la financiación asignada a la
educación no resulta en estos momentos suficiente para realizar las prioridades
establecidas. En algunos acuerdos de asociación, la prioridad que se atribuye a
las medidas activas de inclusión social es escasa. Para garantizar mejores
resultados sociales e inversiones más sensibles al cambio social, la reforma de
la política social debe integrarse mejor en la programación. Además, la
información relativa a la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en algunos
acuerdos de asociación y programas operativos es bastante general y no explica
de qué manera se va a aplicar ni cómo va a contribuir, en su caso, a la
aplicación de los programas de la Garantía Juvenil. En algunos programas, las
acciones apoyadas por la IEJ deben centrarse más en el apoyo a la creación de
empleo. Pese a la
recomendación específica por país relativa a la integración de la minoría
romaní, algunos Estados miembros no prevén una prioridad específica en favor de
las comunidades marginadas, por lo que se hace difícil evaluar qué parte de la
financiación se atribuirá a este ámbito. Algunos Estados miembros no tienen
suficientemente en cuenta las necesidades de este grupo destinatario o deben
desarrollar más su estrategia y lógica de intervención. La modernización
administrativa y la calidad de la justicia se reconocen como factores clave
para la competitividad y el crecimiento inclusivo. Muchos Estados miembros
prevén medidas para reforzar sus instituciones públicas y mejorar su capacidad
para ofrecer políticas más eficaces, mejores servicios administrativos,
procedimiento judiciales más rápidos, mayor transparencia e integridad de las
instituciones públicas, y mejora de la participación pública en las distintas
fases de la elaboración de las políticas. Sin embargo, algunos Estados miembros
en los que la reforma de la administración pública se ha considerado
indispensable para apoyar el empleo, el crecimiento y la competitividad
adolecen de una falta de estrategia clara y los objetivos son vagos e
incompletos. Además, en algunos de estos Estados miembros falta un claro
compromiso político en favor de una reforma de este tipo. La necesidad de
una preparación previa a la inversión en la que la aplicación de los programas
esté condicionada al cumplimiento de unas condiciones cobra una clara
importancia. El proceso no ha sido fácil y, en muchos casos, la Comisión tendrá
que acordar planes de acción para garantizar el pleno cumplimiento de los
requisitos dentro de plazos bien definidos. Las condiciones que los Estados
miembros consideran difíciles de cumplir afectan a ámbitos en los que deben
transponerse directivas de la UE o en los que es preciso aplicar eficazmente
los reglamentos de la UE. Se han diseñado
estrategias de especialización inteligente a nivel nacional y regional para
acelerar la transformación económica y colmar la brecha de conocimiento. Debe
ponerse más énfasis en formas de apoyo blando, en apoyar la investigación
impulsada por el mercado y la cooperación con las empresas. Existe el riesgo de
que el apoyo a las pyme no experimente ningún cambio, en vez de adaptarse a sus
necesidades y potencial de crecimiento a fin de generar un efecto multiplicador
elevado y una rápida absorción. Algunos Estados
miembros también han diseñado programas que establecen una relación clara entre
la economía digital y la innovación. Esto es importante, ya que son necesarias
inversiones en la banda ancha de alta velocidad y en las TIC para superar
obstáculos específicos y fomentar soluciones impulsadas por el mercado. Por
ejemplo, es esencial centrar la inversión en la banda ancha en las redes de
nueva generación para garantizar que las regiones menos desarrolladas no queden
aún más rezagadas. Las sinergias entre la política de cohesión, el programa
Horizonte 2020 y otros programas de la UE son también esenciales en el contexto
de las estrategias de especialización inteligente a nivel nacional y regional. En el período
2014-2020, unos ochenta y ocho programas llevados a cabo en dieciséis países
serán programas plurifondo, que combinan recursos procedentes del FEDER, el
Fondo de Cohesión y el FSE. De este modo, se espera fomentar un enfoque
integrado que reúna diferentes políticas, fondos y prioridades. A fin de mejorar
la eficacia de la política y orientarla hacia los resultados y el rendimiento,
los Estados miembros y las regiones deberán fijar objetivos y metas detallados.
Es fundamental que los programas no establezcan objetivos demasiado generales
que incluyan un número elevado de acciones potenciales con el fin de disponer
de la máxima flexibilidad para la selección de los proyectos en una fase
posterior. Esto es crucial: si los objetivos y las metas no son lo
suficientemente ambiciosos, resultará sumamente difícil evaluar la política y
mantener un debate público útil al respecto. Durante el proceso de negociación,
la Comisión se centrará en estos riesgos. Los acuerdos de
asociación han sido elaborados en gran medida en el marco de un diálogo
razonable con los socios, si bien parece que, en algunos casos, este diálogo ha
sido insuficiente, no ha incluido a importantes partes interesadas, o las observaciones
no se han reflejado en las últimas versiones de los documentos. La Comisión
examinará muy de cerca la manera en que los Estados miembros han aplicado el
Código de Conducta sobre Asociaciones a fin de garantizar una verdadera
participación de las partes interesadas. Por último, pero
no por ello menos importante, el nuevo período requiere mecanismos de
gobernanza y coordinación sólidos a nivel nacional y regional, a fin de
garantizar la coherencia entre los programas, el apoyo a la Estrategia Europa
2020 y las recomendaciones específicas por país, y evitar solapamientos y
lagunas. Esto es particularmente importante habida cuenta del aumento general
del número de programas regionales (de casi un 60 % para los programas en el
marco del FSE en comparación con el período 2007-2013). 5. Conclusión En 2014-2020, la
política de cohesión orientará un tercio del presupuesto de la UE a fin de
contribuir a la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo en el
conjunto de la UE y reducir las disparidades económicas y sociales. Es también
el principal instrumento de inversión a escala de la UE para alcanzar los
objetivos de la Estrategia Europa 2020. La política de cohesión aporta la mayor
contribución en una serie de ámbitos, en particular el apoyo a las pymes, la
investigación y la I+D, la inversión en mano de obra cualificada y competitiva,
la lucha contra el desempleo y la exclusión social, la adaptación al cambio
climático y el medio ambiente. Los modelos
económicos proporcionan una indicación de su impacto macroeconómico. Por
ejemplo, se espera que en los principales países beneficiarios de la política
de cohesión el PIB pueda aumentar un 2 % de media y el empleo alrededor de
un 1 % durante el período de ejecución. Además, los
efectos positivos de la política de cohesión en la productividad siguen
acumulándose después de que los programas han llegado a su fin. De aquí a 2030,
se calcula que el PIB en estos países habrá aumentado más del 3 % con
respecto al nivel previsto de no haberse aplicado la política de cohesión. Esto
significa que, durante el período 2014-2030, por cada euro gastado en los
principales países beneficiarios, el PIB podría aumentar más de tres euros. No obstante,
para beneficiarse de este impacto, es preciso que los Estados miembros y las
regiones lleven a cabo las reformas y utilicen las medidas como un instrumento
de inversión eficaz. Por lo tanto, será crucial el resultado de las
negociaciones en curso para desarrollar estrategias sólidas, identificar un
número reducido de prioridades de inversión clave, establecer objetivos
ambiciosos y garantizar unas condiciones macro y micro que permitan obtener el
máximo impacto de las inversiones financiadas en el marco de la política de
cohesión. La Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo en 2017 un primer informe sobre
la evolución de los programas. De esta forma se dará una visión general de los
progresos realizados por los Estados miembros y las regiones para lograr los
objetivos fijados en sus programas, indicando si están obteniendo los
resultados previstos. [1] Véase el DO L 347 de 20 de diciembre de 2013. [2] Véase el Reglamento delegado de la Comisión de 7.1.2014, C(2013)
9651 final. [3] La Comisión ha adoptado ya cuatro acuerdos de asociación. [4] Los recursos financieros para el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo incluyen el FEDER (excepto la ayuda del FEDER para la
cooperación territorial europea), el FSE y el Fondo de Cohesión. Las cifras
reflejan la situación a 1 de junio y pueden modificarse en el contexto de las
negociaciones de los programas.