Recomendación de

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Portugal de 2014

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea[2],

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo[3],

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2) El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3) El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4) Portugal fue sometido a un programa de ajuste macroeconómico hasta el 17 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2011/344/UE, que preveía que la ayuda financiera estaría disponible durante un período de tres años. El 19 de marzo de 2014, el Consejo decidió ampliar por seis semanas la disponibilidad de la ayuda financiera, a fin de permitir una evaluación amplia y profunda del cumplimiento de las condiciones del programa y un correcto desembolso del último tramo del préstamo. Con arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) nº 472/2013, Portugal quedó exento, durante el período de vigencia del programa, de la supervisión y la evaluación del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. Una vez finalizado el programa, procede reintegrar plenamente a Portugal en el marco del Semestre Europeo.

(5) El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[4], marcando el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, la Comisión adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[5].

(6) El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

(7) De conformidad con el Reglamento (UE) nº 472/2013, Portugal estaba exento de la obligación de presentar su Programa de Estabilidad y su Programa Nacional de Reformas durante el período de vigencia del programa de ajuste macroeconómico. No obstante, presentó un documento de estrategia presupuestaria actualizado el 30 de abril de 2014 y una carta del Gobierno portugués en la que se presentaban los progresos logrados en cuanto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. El 17 de mayo, el Gobierno presentó su programa de reformas en curso y nuevas iniciativas en pro de un crecimiento sostenible en un documento titulado «La vía hacia el crecimiento, una estrategia de reforma a medio plazo para Portugal».

(8) El objetivo de la estrategia que figura en el documento de estrategia presupuestaria de 2014 es corregir el déficit excesivo de aquí a 2015 de forma sostenible y alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2017. La estrategia prevé situar el déficit público en el 4,0 % del PIB en 2014 y reducirlo hasta el 2,5 % en 2015, en consonancia con los objetivos señalados en la Recomendación relativa al procedimiento de déficit excesivo de 21 de junio de 2013 y confirmada por la duodécima revisión del programa de ajuste macroeconómico. Sin embargo, el 30 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional portugués anuló medidas de saneamiento que se estimaba que tendrían una repercusión en los resultados presupuestarios de 2014 en torno al 0,35 % del PIB, con posibles efectos en 2015. A fin de alcanzar los objetivos acordados, el Gobierno tendrá que introducir medidas de sustitución de magnitud equivalente. No obstante, existen dos sentencias del Tribunal Constitucional pendientes que impiden una cuantificación completa de las medidas que deben adoptarse. Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible, el Gobierno puede tener que recurrir a medidas de carácter menos favorable al crecimiento, en particular en lo que se refiere a los ingresos. Después de 2015, la estrategia confirma el objetivo de alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017 mediante la realización de un esfuerzo estructural del 0,5 % del PIB en 2016 y logrando un déficit estructural del 0,5 % en 2017. De acuerdo con la estrategia, la deuda bruta de las administraciones públicas aumentará hasta aproximadamente el 130,5 % del PIB en 2014 y empezará a disminuir progresivamente a partir de 2015. El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias de la estrategia es acorde con el acordado en la duodécima revisión del programa de ajuste macroeconómico y está siendo analizado por el Consejo de Finanzas Públicas. Se estima que las medidas de saneamiento presupuestario de 2014 serán suficientes para alcanzar el objetivo de déficit del 4 % del PIB. No obstante, siguen existiendo riesgos de corrección a la baja para el objetivo, debido principalmente a la inseguridad jurídica y al impacto estadístico de operaciones encaminadas a una gestión más eficaz de la excesiva deuda de algunas empresas de propiedad pública. El ajuste presupuestario de 2015 se basa en medidas de saneamiento presupuestario que ascienden al 0,8 % del PIB, lo que se considera suficiente para alcanzar el objetivo del 2,5 % del PIB. Basándose en la evaluación del programa y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que los objetivos de la estrategia se ajustan a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(9) Es preciso que el saneamiento presupuestario se base en nuevas reformas del sistema de gestión de las finanzas públicas. En particular, a pesar de los avances realizados en el marco del programa de ajuste macroeconómico, es preciso completar la amplia reforma de la Ley marco presupuestaria y son necesarios más esfuerzos para garantizar un control estricto del gasto mediante la aplicación de la Ley de Control de los Compromisos y evitando una mayor acumulación de morosidad del sector público. Será crucial proseguir la reestructuración de las empresas de propiedad pública, garantizando su sostenibilidad financiera y controlando los gastos en pensiones y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, hay margen de maniobra para que el sistema tributario sea más favorable al crecimiento y para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

(10) Portugal se enfrenta a retos relacionados con el desempleo, el cual, a pesar de la reciente disminución, sigue siendo muy elevado, en particular para las generaciones más jóvenes. La tasa de desempleo se situó en el 17 % en 2013 y el desempleo juvenil, en el 37,7 %, muy por encima de la media de la UE, al igual que el porcentaje de jóvenes que no reciben educación ni formación, ni están empleados. La tasa de empleo de Portugal, que ha sido tradicionalmente elevada, se ha reducido de forma acusada desde el inicio de la crisis económica, desde el 73,1 % en 2008 al 65,6 % en 2013. En cuanto al desempleo juvenil, en línea con los objetivos de la garantía juvenil, entre los principales retos figuran una débil sensibilización de los jóvenes no registrados y una necesidad de ajustar mejor la educación y la formación a las necesidades del mercado de trabajo. En el marco del programa de ajuste macroeconómico, Portugal ha aplicado una amplia gama de reformas del mercado de trabajo dirigidas a atenuar una legislación de protección del empleo demasiado restrictiva, hacer que los mecanismos de fijación de salarios sean más flexibles y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y las políticas de activación. No obstante, persisten las dificultades, en particular en cuanto a resolver la segmentación del mercado laboral y mejorar la capacidad de adaptación de los salarios a las condiciones económicas. Una evaluación independiente de los efectos de las recientes reformas introducidas en el sistema de protección del empleo podría contribuir a evaluar, en particular, su impacto en la creación de empleo, la precariedad, los costes salariales, así como en el número de recursos judiciales contra despidos y su resultado. A pesar de los esfuerzos para paliar el impacto social negativo, el necesario ajuste económico tras la crisis ha tenido efectos negativos en términos de pobreza.

(11) Portugal ha realizado progresos significativos en la reforma de su sistema de enseñanza, mediante varias medidas dirigidas a combatir el abandono escolar prematuro, y mejorar la tasa de personas que concluyen estudios superiores y adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, la plena aplicación y el uso eficaz de la financiación siguen siendo fundamentales. En particular, es necesario seguir trabajando para reducir el desfase de las capacidades, sobre todo aumentando la calidad y el atractivo de la formación profesional, incluida la formación profesional dual, y fomentando la participación de las empresas en la concepción de programas y en prever suficientes plazas de formación en el empleo y aprendizaje profesional. Es también preciso establecer servicios de orientación y asesoramiento profesional eficaces para los estudiantes de enseñanza secundaria y superior, en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo; anticipar la necesidad de cualificaciones; y reforzar los vínculos con el sector empresarial.

(12) Portugal ha tomado importantes medidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico para mejorar la base de capital del sector bancario y reforzar su marco de supervisión y resolución. No obstante, persisten algunos problemas importantes que deben ser objeto de un seguimiento y gestión detallados, en particular la rentabilidad de los bancos portugueses. Los datos del primer trimestre de 2014 muestran que algunos de los bancos que recibieron ayuda han registrado resultados positivos. El deterioro de la calidad de los activos sigue siendo un problema, con unos niveles de deterioro elevados, en torno al 6 % del total de préstamos brutos, y con unos niveles elevados de préstamos no productivos (10,6 %), especialmente en el segmento de las empresas (por encima del 16 %). Portugal ha adoptado una serie de medidas para facilitar la concesión de préstamos a empresas viables, pero las condiciones de financiación siguen siendo difíciles, en particular para las pyme, y el abanico de alternativas de financiación de las empresas distintas de la financiación bancaria sigue siendo limitado. Los préstamos de nueva concesión a pyme se redujeron en un 4,8 % en 2013 en comparación con 2012. La media de los tipos de interés de los nuevos préstamos a empresas portuguesas ha disminuido ligeramente desde principios de 2013, aunque se mantiene significativamente por encima de la media de la zona del euro. Dado el alto nivel de endeudamiento de las empresas y la necesidad de seguir disminuyendo el apalancamiento del sector bancario, la capacidad de los bancos para conceder créditos a empresas viables a un coste razonable sigue siendo limitado.

(13) Con vistas a garantizar la eficacia y la sostenibilidad del sector energético y reducir el coste de la energía para la economía, se han promulgado dos paquetes de medidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico. Las rentas en el sector de la energía deben, sin embargo, reducirse más, y debe abordarse el elevado nivel del déficit tarifario, que sigue al alza. Con este fin, Portugal ha anunciado recientemente un tercer paquete de medidas, incluida la ampliación a 2015 del gravamen especial aplicable en 2014 a los operadores del sector energético. Por otro lado, la mejora de la integración transfronteriza de las redes de energía y la aceleración de la ejecución de los proyectos de interconexión de gas y electricidad siguen siendo cuestiones pendientes que requieren medidas decididas. En el sector del transporte, se ha avanzado en el programa, en particular, reforzando la posición competitiva de los puertos portugueses, estableciendo un plan de transporte a largo plazo, tras haber abordado las deficiencias y lagunas, y mejorando el marco regulador. No obstante, siguen siendo necesarias nuevas medidas para aplicar eficazmente el plan de transporte a largo plazo y el plan de acción de reforma de los puertos. También es preciso tomar medidas para garantizar la independencia y la capacidad del organismo regulador del transporte y la sostenibilidad financiera de las empresas de propiedad pública en el sector, y aumentar la eficiencia y la competencia en el transporte por ferrocarril.

(14) Se ha aplicado una importante reforma en el mercado del arrendamiento urbano con el fin de hacer que el mercado de la vivienda sea más dinámico, en particular mediante un mayor equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los propietarios e inquilinos, la introducción de una mayor flexibilidad en la elección de la duración de los contratos, e incentivando las obras de renovación. Es preciso trabajar más para evaluar el impacto de esta reforma utilizando datos sobre factores clave del mercado y sobre la economía sumergida en el mercado del alquiler. Portugal ha realizado progresos sustanciales en la mejora de su entorno empresarial, en particular fomentando mejores condiciones marco, fomentando la cultura empresarial y mejorando los procedimientos de insolvencia para las empresas en dificultades. Ahora debe prestarse atención a la aplicación. La simplificación de los procedimientos administrativos y de concesión de licencias ha progresado, pero aún es preciso finalizar una serie de medidas. Son necesarios nuevos esfuerzos para eliminar los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios, en particular mediante la adopción de enmiendas sectoriales, y en lo que respecta a los servicios profesionales, adoptando legislación sobre el resto de las organizaciones profesionales. Por lo que se refiere a la regulación y la competencia, se precisan medidas de seguimiento para garantizar la independencia y la autonomía de los reguladores sectoriales nacionales y de la autoridad de competencia. Siguen existiendo importantes retrasos en los pagos por parte de las autoridades públicas.

(15) Se han realizado notables avances en el marco del programa de ajuste macroeconómico en cuanto a la racionalización y la modernización de la Administración pública, en términos de empleo, política de remuneración, condiciones de trabajo, eficacia organizativa y calidad de los servicios. No obstante, deben completarse algunas de las medidas de reforma previstas y mejorar la transparencia. A pesar de los notables avances logrados para mejorar la eficiencia del sistema judicial, deben introducirse mejoras, en particular en cuanto a la duración de los procedimientos, el porcentaje de resolución, el número de casos pendientes y el proceso de evaluación y seguimiento.

(16) El [17 de junio de 2014], la Comisión completó la duodécima y última revisión del programa de ajuste macroeconómico de Portugal. El análisis lleva a la conclusión de que la correcta ejecución del programa fue decisiva para gestionar los riesgos económicos y financieros, y reducir los desequilibrios. Portugal ha adoptado una amplia gama de reformas estructurales difíciles en el marco del programa, que están empezando a dar sus frutos, en particular en términos de mayor competitividad y reanudación del crecimiento económico, pero hay que seguir trabajando para evaluar el impacto de las reformas en el funcionamiento de la economía. El seguimiento continuo de todas las reformas aplicadas es, por tanto, esencial para evaluar si estas contribuyen a fomentar la competitividad, la productividad y el empleo.

(17) Dado que tras la finalización del programa de ajuste macroeconómico, que concluirá legalmente el 28 de junio de 2014, Portugal estará plenamente reintegrado en el Semestre Europeo, la Comisión, sobre esta base y a la luz de su duodécima y última revisión en el marco del programa de ajuste macroeconómico, ha evaluado la documentación presentada por Portugal. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión, incluyendo aportaciones de la UE para las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones para Portugal en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(18) A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Portugal, y su dictamen[6] se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación. Estas recomendaciones fueron elaboradas a raíz de la reciente conclusión satisfactoria del programa de ajuste y, por tanto, se basan en los logros del programa a fin de asegurar su ejecución duradera.

(19) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Portugal debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

RECOMIENDA que Portugal tome medidas en el período 2014-2015 para:

1.           Aplicar plenamente la estrategia presupuestaria para 2014, a fin de alcanzar los objetivos presupuestarios y evitar la acumulación de nuevos atrasos. Para el año 2015, aplicar rigurosamente la estrategia presupuestaria, tal como figura en el documento de estrategia presupuestaria de 2014, con el fin de situar el déficit en el 2,5 % del PIB, en línea con el objetivo establecido en la Recomendación del procedimiento de déficit excesivo, logrando simultáneamente el ajuste estructural requerido. Sustituir las medidas de saneamiento que el Tribunal Constitucional considera inconstitucionales por medidas de magnitud y calidad similar, tan pronto como sea posible. La corrección del déficit excesivo debe hacerse de manera sostenible y favorable al crecimiento, limitando el recurso a medidas puntuales y de carácter temporal. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir el ajuste estructural anual previsto hacia el objetivo a medio plazo, en consonancia con el requisito de un ajuste estructural anual de al menos el 0,5 % del PIB, y por encima en tiempos de bonanza, y garantizar el cumplimiento de la norma sobre deuda a fin de situar el elevado ratio de deuda en una senda sostenible. Dar prioridad al saneamiento presupuestario basado en el gasto y aumentar la eficiencia y la calidad del gasto público. Mantener un estrecho control del gasto de la Administración central, regional y local. Continuar la reestructuración de las empresas de propiedad pública. Desarrollar una solución duradera para garantizar la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones antes de que finalice 2014. Controlar el crecimiento del gasto sanitario y proceder a la reforma hospitalaria. Revisar el sistema tributario y hacerlo más favorable al crecimiento. Seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchar contra la evasión fiscal, mediante el aumento de la eficiencia de la Administración tributaria. Reforzar el sistema de gestión de las finanzas públicas finalizando rápidamente y aplicando la amplia reforma de la Ley marco presupuestaria antes de que finalice 2014. Garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de control de compromisos. Aplicar eficazmente las escalas salariales y de complementos únicas en el sector público a partir de 2015.

2.           Mantener un nivel mínimo de evolución salarial compatible con los objetivos de fomentar el empleo y la competitividad. Garantizar un sistema de fijación de salarios que promueva la armonización de los salarios y la productividad a nivel sectorial o de empresa. Estudiar, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, la posibilidad de que las empresas puedan excluirse voluntaria y temporalmente de los convenios sectoriales acordados entre las empresas y los representantes de los trabajadores. Antes de septiembre de 2014, presentar propuestas sobre la posibilidad de que las empresas puedan excluirse voluntaria y temporalmente de los convenios sectoriales acordados entre las empresas y los representantes de los trabajadores, y sobre una revisión de la pertinencia de los convenios colectivos.

3.           Presentar, antes de marzo de 2015, una evaluación independiente de las recientes reformas introducidas en el sistema de protección del empleo, junto con un plan de acción para posibles nuevas reformas a fin de abordar la segmentación del mercado de trabajo. Proseguir la reforma en curso de las políticas activas del mercado de trabajo y los servicios públicos de empleo destinada a aumentar las tasas de empleo y la participación en el mercado laboral, especialmente mediante la mejora de la orientación profesional y la ayuda en la búsqueda de empleo, y de los sistemas de sanciones y activación con vistas a reducir el desempleo de larga duración y a integrar a las personas más alejadas del mercado laboral. Abordar el problema del elevado desempleo juvenil, en particular mediante la anticipación de la necesidad de cualificaciones y la sensibilización de los jóvenes no registrados, en línea con los objetivos de la garantía juvenil. Elevar el umbral de elegibilidad del régimen de renta mínima. Garantizar una adecuada cobertura de la asistencia social, asegurando, al mismo tiempo, la activación de los beneficiarios de las prestaciones.

4.           Mejorar la calidad del sistema educativo y su adecuación al mercado laboral a fin de reducir el abandono escolar prematuro y abordar el bajo rendimiento académico. Garantizar la eficacia del gasto público en educación y reducir la inadecuación de las cualificaciones, por ejemplo, aumentando la calidad y el atractivo de la formación profesional y fomentando la cooperación con las empresas. Reforzar la cooperación entre la investigación pública y las empresas y fomentar la transferencia de conocimientos.

5.           Supervisar la situación de liquidez de las entidades bancarias y el eventual déficit de capital, en particular mediante inspecciones temáticas in situ y pruebas de resistencia. Continuar la evaluación de los planes de rescate de los bancos e introducir mejoras en el proceso de evaluación cuando sea necesario. Aplicar una estrategia para reducir la excesiva deuda de las empresas y redoblar los esfuerzos para ampliar la gama de alternativas de financiación, en particular para las primeras fases de desarrollo empresarial, mediante el aumento de la eficacia de las herramientas de reestructuración de la deuda (en particular PER y SIREVE) para las empresas viables; introducir incentivos para que los bancos y los deudores inicien procesos de reestructuración desde un primer momento y mejorar la disponibilidad de financiación a través del mercado de capitales. Velar por que las medidas seleccionadas apoyen la reasignación de la financiación hacia los sectores productivos de la economía. Aplicar, para finales de septiembre de 2014, un sistema de alerta rápida para detectar la mala situación financiera de las empresas, incluidas las pyme, con el fin de apoyar una rápida reestructuración de la deuda de las empresas, reducir la morosidad de los préstamos a pyme y acelerar la resolución de los préstamos no productivos.

6.           Aplicar el segundo y el tercer paquete de medidas en el sector energético con el fin de reducir el coste de la energía para la economía, eliminando simultáneamente el déficit tarifario de la electricidad de aquí a 2020, y vigilar de cerca su aplicación. Mejorar la integración transfronteriza de las redes de energía y acelerar la realización de los proyectos de interconexión de gas y electricidad. Aplicar el plan de transporte a largo plazo y el calendario de reforma de los puertos. Garantizar que la renegociación de las actuales concesiones portuarias y los nuevos regímenes de autorizaciones estén orientados al rendimiento y sean conformes con los principios del mercado interior, en especial las normas de contratación. Garantizar que el organismo regulador del transporte (AMT) sea plenamente independiente y operativo a finales de septiembre de 2014. Garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas en el sector del transporte. Aumentar la eficiencia y la competencia en el sector de los ferrocarriles, aplicando el plan de competitividad de CP Carga, tras la transferencia de los terminales de mercancías y garantizando la independencia de la gestión de las empresas ferroviarias y del administrador de infraestructuras de propiedad pública.

7.           Seguir mejorando la evaluación del mercado de la vivienda, en particular mediante la creación, antes de finales de noviembre de 2014, de un marco de supervisión e información más sistemático, y emitir un informe completo sobre la economía sumergida en dicho mercado. Continuar los esfuerzos para llevar a cabo nuevos inventarios de las cargas normativas con objeto de incluir, antes de marzo de 2015, los sectores aún no cubiertos. Adoptar y aplicar, antes de que finalice septiembre de 2014, los decretos pendientes sobre licencias y enmiendas sectoriales. Eliminar, antes de que finalice septiembre de 2014, las restricciones que quedan en el sector de los servicios profesionales y promulgar los estatutos modificados de las organizaciones profesionales que aún no han sido aprobados en el marco del programa de ajuste macroeconómico. Eliminar los retrasos en los pagos del sector público. Garantizar los recursos necesarios de los reguladores nacionales y la autoridad de competencia y adoptar a la mayor brevedad posible los estatutos de la autoridad nacional de competencia.

8.           Seguir racionalizando y modernizando la Administración pública central, regional y local. Aplicar las reformas para mejorar la eficiencia del sistema judicial y aumentar la transparencia. Intensificar los esfuerzos para evaluar la aplicación de las reformas emprendidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico, así como las reformas planificadas o previstas para el futuro. En particular, introducir evaluaciones sistemáticas obligatorias, previas y a posteriori, en el proceso legislativo. Crear en el seno del Gobierno una unidad central de evaluación independiente desde el punto de vista funcional, que evalúe e informe cada seis meses sobre la aplicación de estas reformas, en particular la coherencia con la evaluación previa de impacto, y que adopte medidas correctoras en caso necesario.

Hecho en Bruselas, el

                                                                       Por el Consejo

                                                                       El Presidente

[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

[2]               COM(2014) 423 final.

[3]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.

[4]               COM(2013) 800 final.

[5]               COM(2013) 790 final.

[6]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.