Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD))

P7_TC1-COD(2012)0360

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de febrero de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos (3),

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 1346/2000 (4) instituyó un marco europeo para los procedimientos de insolvencia transfronterizos. Determina qué Estado miembro es competente para abrir un procedimiento de insolvencia, establece normas uniformes sobre la legislación aplicable y garantiza el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de insolvencia, así como la coordinación de los procedimientos de insolvencia principales y secundarios.

(2)

El Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000, de 12 de diciembre de 2012 (5), constata que el Reglamento funciona correctamente en general, pero que sería conveniente mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones con el fin de reforzar la administración efectiva de los procedimientos de insolvencia transfronterizos.

(3)

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000 debe ampliarse a los procedimientos que promueven el rescate de un deudor viable desde el punto de vista económico con graves problemas financieros a fin de ayudar a la supervivencia de las empresas sólidas y dar una segunda oportunidad a los emprendedores. En especial, debe ampliarse a los procedimientos que estén dirigidos a la reestructuración de un deudor en situación de preinsolvencia o que mantengan a la dirección existente. El Reglamento debe ampliarse también a aquellos procedimientos que prevean una condonación de la deuda de los consumidores y de los trabajadores por cuenta propia que no cumplen los criterios del instrumento actual. [Enm. 1]

(4)

Es necesario aclarar las normas relativas a la competencia jurisdiccional para abrir un procedimiento de insolvencia y mejorar el marco procedimental para determinarla. Asimismo deberá incluirse una norma explícita sobre la competencia para las acciones que se deriven directamente de los procedimientos de insolvencia o y guarden inmediata relación con ellos. [Enm. 2]

(5)

A fin de hacer más eficaces los procedimientos de insolvencia en aquellos casos en que el deudor tenga un establecimiento en otro Estado miembro, hay que suprimir el requisito de que los procedimientos secundarios deban ser procedimientos de liquidación. Es más, un tribunal debe poder rechazar la apertura de un procedimiento secundario si ello no es necesario para proteger los intereses de los acreedores locales. Debe mejorarse la coordinación entre los procedimientos principales y secundarios, en particular exigiendo a los tribunales de que se trate que cooperen entre sí.

(6)

Con el fin de mejorar la información disponible para los acreedores y los tribunales de que se trate y de impedir la apertura de procedimientos de insolvencia paralelos, debe exigirse a los Estados miembros que publiquen las decisiones relativas a asuntos de insolvencia transfronterizos en un registro electrónico de acceso público. Debe preverse la interconexión de los registros de insolvencia. Hay que introducir formularios normalizados para la presentación de los créditos a fin de facilitar la labor de los acreedores extranjeros y reducir los costes de traducción.

(7)

Conviene establecer normas específicas para coordinar los procedimientos relativos a los distintos miembros de un mismo grupo de empresas. Los síndicos representantes de insolvencia y tribunales que participen en los diferentes procedimientos de insolvencia estarán obligados a cooperar y comunicarse entre sí. Por añadidura, cada uno de los síndicos representante de insolvencia de que se trate deberá contar con los instrumentos procedimentales necesarios para proponer un plan de rescate del grupo de empresas sometido a procedimientos de insolvencia y para solicitar, en caso necesario, una suspensión de los procedimientos de insolvencia referentes a una empresa distinta de aquella para la que fue designado. La definición del término «grupo de empresas» deberá entenderse limitada al contexto de la insolvencia y no deberá afectar en modo alguno a los aspectos societarios que se refieren a los grupos. [Enm. 3. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

(8)

A fin de poder adaptar rápidamente el Reglamento a las modificaciones pertinentes de las legislaciones nacionales sobre insolvencia notificadas por los Estados miembros, con arreglo al artículo 290 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea deberá delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos en lo que respecta a la modificación de los anexos. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas que proceda, incluidas las consultas a expertos, durante los trabajos preparatorios. Al preparar y formular actos delegados, la Comisión deberá garantizar la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(9)	Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000, deberán conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias se ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(10)	Procede, pues, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) no 1346/2000.

(11)

La modificación del Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas sobre la recuperación de las ayudas estatales cuando se trate de empresas insolventes, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-454/09, Comisión/Italia — New Interline). Cuando no sea posible recuperar la totalidad del importe de la ayuda estatal porque la orden de recuperación afecta a una empresa sometida a un procedimiento de insolvencia, dicho procedimiento deberá ser siempre un procedimiento de liquidación y dar lugar al cese definitivo de las actividades del beneficiario y a la liquidación de sus activos.

(12)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación].

(13)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por lo tanto, no está vinculada a él ni sujeta a su aplicación.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 1346/2000 queda modificado como sigue:

1)	En el considerando 2, la referencia al artículo 65 se sustituye por una referencia al artículo 81.

2)	En los considerandos 3, 5, 8, 11, 12, 14 y 21, el término «Comunidad» se sustituye por el término «Unión» y los términos «comunitaria» y «comunitario» se sustituyen por los términos «de la Unión».

El considerando 4 se sustituye por el texto siguiente:

«(4)	Para el buen funcionamiento del mercado interior es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable en detrimento de la masa de acreedores (búsqueda de un foro de conveniencia).».

El considerando 6 se sustituye por el texto siguiente:

«(6)

El presente Reglamento debe incluir disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y de procedimientos que se deriven directamente de dichos procedimientos y guarden inmediata relación con ellos. Asimismo, el presente Reglamento debe contener disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en dichos procedimientos, así como disposiciones relativas a la legislación aplicable a los procedimientos de insolvencia. Por añadidura, el presente Reglamento debe incluir normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia que se refieran a un mismo deudor o a varios miembros de un mismo grupo de empresas.».

El considerando 7 se sustituye por el texto siguiente:

«(7)

Los procedimientos relativos a la liquidación de empresas insolventes o de otras personas jurídicas, los convenios entre quebrados y acreedores y los demás procedimientos análogos, así como las acciones relacionadas con estos procedimientos, están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo (*1). Dichos procedimientos estarán cubiertos por el presente Reglamento. En la mayor medida posible, la interpretación de las disposiciones del presente Reglamento deberá evitar cualquier resquicio normativo entre ambos instrumentos.

(*1) Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1).»."

El considerando 9 se sustituye por el texto siguiente:

«(9)

El presente Reglamento debe ser aplicable a los procedimientos de insolvencia que cumplan las condiciones establecidas en él, independientemente de que el deudor sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular. Tales procedimientos se enumeran de forma exhaustiva en el anexo A. Cuando un procedimiento nacional figure en el anexo A, el presente Reglamento se aplicará sin necesidad de examen ulterior alguno por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro acerca del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de crédito, empresas de inversión en la medida en que estén cubiertas por la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*2) y organismos de inversión colectiva deben estar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dichos organismos no deberán estar contemplados en el presente Reglamento dado que están sujetos a regímenes especiales y que las autoridades nacionales de control disponen de amplias competencias de intervención.

(*2) Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito (DO L 125 de 5.5.2001, p. 15).»."

Se inserta el considerando 9bis siguiente:

«(9bis)

El ámbito de aplicación del presente Reglamento deberá incluir los procedimientos que promuevan el rescate de un deudor viable desde el punto de vista económico con graves problemas financieros con el fin de ayudar a la supervivencia de las empresas sólidas y dar una segunda oportunidad a los emprendedores. En particular, deberá incluir los procedimientos que prevean la reestructuración de un deudor en situación de preinsolvencia, los procedimientos que mantengan a la dirección existente y los procedimientos que prevean una condonación de la deuda de los consumidores y de los trabajadores autónomos. Dado que estos procedimientos no implican necesariamente el nombramiento de un síndico representante de insolvencia , deberán estar cubiertos por el presente Reglamento si se efectúan bajo el control o la supervisión de un tribunal. En este contexto, el término “control” deberá incluir aquellas situaciones en las que el tribunal solo intervenga en caso de que un acreedor o una parte interesada interpongan un recurso.». [Enm. 3]

El considerando 10 se sustituye por el texto siguiente:

«(10)

Los procedimientos de insolvencia no implican necesariamente la intervención de una autoridad judicial; el concepto de “tribunal” en el presente Reglamento debe entenderse en un sentido amplio y abarcar a la persona u órgano al que la legislación nacional confiera competencias para la apertura de procedimientos de insolvencia. En la aplicación del presente Reglamento, los procedimientos (que incluyen los actos y formalidades estipulados por ley) no solo deberán satisfacer las disposiciones del mismo, sino que también deberán estar reconocidos oficialmente y ser jurídicamente eficaces en el Estado miembro en el que se abra el procedimiento de insolvencia.». [Enm. 4]

8 bis)

El considerando 11 se sustituye por el texto siguiente:

«(11)

El presente Reglamento acepta el hecho de que, para una amplia serie muy diferenciada de casos de derecho material, no resulta práctico un procedimiento único de insolvencia con validez universal para toda la Comunidad Unión . La aplicación sin excepciones del Derecho del Estado en que se incoa el procedimiento llevaría con frecuencia, dada esta circunstancia, a situaciones difíciles; esto puede aplicarse por ejemplo a las muy diferentes normativas en materia de intereses de seguridad que pueden encontrarse en la Comunidad Unión . Pero también los privilegios de que gozan algunos acreedores en el procedimiento de insolvencia tienen en gran parte una configuración totalmente diferente. Las medidas de armonización adicionales deben introducir también privilegios para los trabajadores. El presente Reglamento debe tenerlo en cuenta mediante dos vías: por una parte, deberían aplicarse normas especiales de Derecho aplicable para derechos de especial importancia y vínculos jurídicos (por ejemplo, derechos reales y contratos de trabajo); por otra parte, también deberían autorizarse, junto a un procedimiento principal de insolvencia con validez universal, procedimientos nacionales que abarquen exclusivamente los bienes situados en el país en el que se incoa el procedimiento.». [Enm. 5]

Se inserta el considerando siguiente:

«(12bis)

Antes de abrir un procedimiento de insolvencia, el tribunal competente deberá examinar de oficio si el centro de intereses principales o el establecimiento del deudor están situados realmente en su jurisdicción. Cuando las circunstancias del asunto planteen dudas sobre la competencia del tribunal, este deberá exigir al deudor la presentación de pruebas adicionales que respalden sus declaraciones y, en su caso, ofrecer a los acreedores la posibilidad de presentar su opinión sobre la cuestión de la competencia jurisdiccional. Por añadidura, los acreedores deberán tener acceso a medios efectivos de recurso contra la decisión de abrir un procedimiento de insolvencia.».

10)	Se suprime el considerando 13.

11)

Se insertan los considerandos siguientes:

«(13bis)

Se presumirá que el “centro de los intereses principales” de una empresa o de otro tipo de persona jurídica es el lugar en el que tiene su domicilio social. Será posible desvirtuar esta presunción , en particular cuando el lugar de la administración central de la empresa esté situado en un Estado miembro distinto de aquel en el que esté su domicilio social y una consideración de conjunto de todos los factores pertinentes establezca, de forma que pueda comprobarse por terceros, que el centro efectivo de dirección y control de dicha empresa y de la administración de sus intereses está situado en ese otro Estado miembro. Por el contrario, no será posible desvirtuar la presunción cuando los organismos encargados de la dirección y el control de una empresa se encuentren en el mismo lugar que su domicilio social y las decisiones de administración se tomen allí de forma que pueda comprobarse por terceros. [Enm. 6]

(13ter)

Los tribunales del Estado miembro en el que se abra un procedimiento de insolvencia también deberán ser competentes para las acciones que se deriven directamente de dicho procedimiento y que guarden inmediata relación con él, como las acciones revocatorias. Cuando una acción de este tipo guarde relación con otra acción basada en normas generales del Derecho civil y mercantil, el síndico representante de insolvencia deberá poder acumular ambas acciones ante los tribunales del lugar de domicilio del demandado si considera más eficaz hacerlo así. Así puede suceder, por ejemplo, si el síndico representante de insolvencia desea combinar una acción basada en la legislación en materia de insolvencia por la responsabilidad de un administrador con una acción basada en el Derecho de sociedades o en la legislación general en materia de responsabilidad civil.».

12)

Se insertan los considerandos siguientes:

«(19bis)

Los procedimientos secundarios también pueden entorpecer la administración eficaz del patrimonio. En consecuencia, el tribunal que abra un procedimiento secundario deberá estar en condiciones, a petición del síndico representante de insolvencia , de aplazar o denegar dicha apertura si tal procedimiento no es necesario para proteger los intereses de los acreedores locales. Así puede suceder especialmente si el síndico representante de insolvencia , por un compromiso vinculante sobre la masa, acepta aplicar a los acreedores locales el mismo trato que si se hubiera abierto un procedimiento secundario y aplicar las normas de graduación del Estado miembro en el que se haya solicitado la apertura del procedimiento secundario al distribuir los bienes situados en dicho Estado miembro. El presente Reglamento deberá conferir al síndico representante de insolvencia , la posibilidad de ofrecer tales compromisos y de establecer los criterios objetivos que estos deberán cumplir . [Enm. 7]

(19 ter)

A fin de garantizar una protección eficaz de los intereses locales, el síndico representante de insolvencia del procedimiento principal no deberá poder liquidar o desplazar de manera abusiva los activos situados en el Estado miembro en el que esté ubicado un establecimiento, en particular con objeto de frustrar la posibilidad de que se satisfagan efectivamente tales intereses si posteriormente se abriese un procedimiento secundario. Los acreedores locales deben asimismo tener derecho a reclamar medidas judiciales de protección cuando existan indicios de que el representante de insolvencia no vaya a cumplir los compromisos. ». [Enm. 8]

13)

El considerando 20 se sustituye por el texto siguiente:

«(20)

El procedimiento principal y los procedimientos secundarios de insolvencia solo podrán contribuir a una liquidación eficiente del total de la masa si todos los procedimientos pendientes están coordinados. A este respecto, la condición esencial es la estrecha colaboración entre los diferentes síndicos representantes de insolvencia y tribunales involucrados, que debe suponer, en particular, un intercambio suficiente de información. Para asegurar el papel predominante del procedimiento principal, debe ofrecerse al síndico representante de insolvencia de dicho procedimiento varias posibilidades de intervenir en los procedimientos de insolvencia secundarios que estén pendientes al mismo tiempo. En particular, el síndico representante de insolvencia debe poder proponer un plan de reestructuración o convenio, o bien solicitar el aplazamiento de la liquidación de la masa en el procedimiento secundario de insolvencia. Al cooperar, los síndicos representantes de insolvencia y los tribunales deberán tener en cuenta las mejores prácticas de cooperación en asuntos de insolvencia transfronteriza establecidas en los principios y directrices sobre comunicación y cooperación adoptados por las asociaciones europeas e internacionales que trabajan en el ámbito de la legislación sobre insolvencia.».

14)

Se insertan los considerandos siguientes:

«(20 bis)

El presente Reglamento deberá garantizar la gestión eficiente de los procedimientos de insolvencia relativos a diferentes empresas que formen parte de un grupo de empresas. Cuando se abran procedimientos de insolvencia respecto a varias empresas de un mismo grupo, tales procedimientos deberán coordinarse adecuadamente , sobre todo para evitar que la insolvencia de un miembro del grupo ponga en peligro la continuación de la actividad de otros miembros . Así, debe imponerse a los diferentes síndicos representantes de insolvencia y tribunales de que se trate la misma obligación de cooperar y comunicarse entre sí que a los síndicos y tribunales que intervienen en los procedimientos principales y secundarios referentes al mismo deudor. Por otra parte, en la medida en que la legislación nacional sobre insolvencia lo permita, el síndico designado en un procedimiento referente a un miembro de un grupo de empresas deberá poder proponer un plan de rescate en los procedimientos referentes a otro miembro del mismo grupo. [Enm. 10]

(20 bis bis)

La introducción de procedimientos de coordinación de grupo está llamada, en particular, a reforzar la reestructuración de un grupo y/o de sus miembros al permitir una gestión coordinada flexible de los procedimientos de insolvencia. Los procedimientos de coordinación de grupo no deben vincular los procedimientos individuales, sino más bien servir de referencia para las medidas que deban adoptarse en estos. [Enms. 9 y 11]

(20 ter)

La introducción de normas sobre la insolvencia de grupos de empresas no debería limitar la posibilidad de que un tribunal abra procedimientos de insolvencia para varias empresas pertenecientes al mismo grupo en una jurisdicción única si considera que el centro de los intereses principales de estas empresas está situado en un único Estado miembro dentro de su jurisdicción nacional y local . En tales situaciones, el tribunal también debe poder designar, si procede, a un mismo síndico representante de insolvencia en todos los procedimientos de que se trate. Los Estados miembros también deben poder introducir disposiciones sobre la insolvencia de los grupos de empresas situados dentro de sus respectivas jurisdicciones más allá de lo estipulado en el presente Reglamento, siempre y cuando no afecten a la efectiva y correcta aplicación del mismo. ». [Enm. 12]

15)

Se inserta el considerando siguiente:

«(21 bis)

Es esencial que los acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en la Unión sean informados de la apertura de un procedimiento de insolvencia referente a los activos de su deudor. A fin de garantizar una rápida transmisión de información a los acreedores, el Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (*3) no será de aplicación cuando el presente Reglamento se refiera a la obligación de informar a los acreedores. El uso de formularios normalizados en todas las lenguas oficiales de la Unión debería facilitar a los acreedores la presentación de sus créditos en los procedimientos abiertos en otro Estado miembro.

16)

El considerando 29 se sustituye por el texto siguiente:

«(29)

En interés de los flujos comerciales, el contenido esencial de la decisión de apertura de un procedimiento deberá publicarse en otro Estado miembro a petición del síndico representante de insolvencia . Si existe un establecimiento en el Estado de que se trate, dicha publicación será obligatoria hasta que se haya establecido el sistema de interconexión de los registros de insolvencia. No obstante, en ninguno de ambos casos la publicación será una condición para el reconocimiento del procedimiento en otro país.».

17)

Se inserta el considerando siguiente:

«(29 bis)

A fin de informar mejor a los acreedores y los tribunales de que se trate y de impedir la apertura de procedimientos de insolvencia paralelos, debe exigirse a los Estados miembros que publiquen la información pertinente sobre los asuntos de insolvencia transfronteriza en un registro electrónico de acceso público. Para facilitar el acceso de los acreedores y tribunales domiciliados o situados en otros Estados miembros a esa información, el presente Reglamento deberá prever la interconexión de los registros de insolvencia.».

18)

El considerando 31 se sustituye por el texto siguiente:

«(31)

El presente Reglamento debe incluir anexos en los que se especifiquen, en particular, los procedimientos nacionales de insolvencia que quedan regulados por él. Con el fin de permitir adaptar rápidamente el presente Reglamento a las modificaciones pertinentes de la legislación nacional en materia de insolvencia de los Estados miembros, debe facultarse a la Comisión para adoptar modificaciones de los anexos mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Antes de adoptar un acto delegado por el que se modifique la lista de procedimientos nacionales de los anexos, la Comisión deberá verificar si los procedimientos notificados satisfacen los criterios establecidos en el presente Reglamento. Al preparar y formular actos delegados, la Comisión deberá garantizar una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.».

19)

Se insertan los considerandos siguientes:

«(31 bis)

Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias se ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (*4).

(31 ter)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la “Carta”. En particular, el presente Reglamento aspira a promover la aplicación de los artículos 8, 17 y 47 de la Carta referentes, respectivamente, a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

(31 quater)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*5), y el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, se aplican plenamente al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento (*6).

(*4) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13)."

(*5) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31)."

(*6) Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).»."

20)	En el considerando 32, los términos «Tratado constitutivo de la Comunidad Europea» se sustituyen por los términos «Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

21)

Los artículos 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos judiciales o administrativos colectivos, incluidos los procedimientos provisionales, fundados en la legislación en materia de insolvencia o reestructuración de la deuda y en los que, para evitar la liquidación o a efectos del rescate, de la reestructuración de la deuda, la reorganización o la liquidación,

a)	se haya desapoderado al deudor total o parcialmente de sus bienes y se haya designado un síndico representante de insolvencia , o

b)	los activos y negocios del deudor estén sometidos a control o supervisión judicial.

Si dichos procedimientos dieran comienzo con anterioridad a la insolvencia, deberán tener por objeto evitar la liquidación.

Los procedimientos a que hace referencia el presente apartado se enumerarán en el anexo A. [Enm. 13]

1 bis. Cuando, con arreglo a la legislación del Estado miembro en que se haya incoado un procedimiento de insolvencia, los procedimientos a que se refiere el apartado 1 sean confidenciales, se les aplicará el presente Reglamento únicamente a partir de la fecha en que se hagan públicos de conformidad con la legislación del Estado miembro en cuestión y a condición de que no afecten a las reclamaciones de los acreedores no involucrados en ellos. [Enm. 14]

2. El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos de insolvencia relativos a

a)	empresas de seguros,

b)	todas las entidades de crédito incluidas las entidades definidas en el artículo 2 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*7), [Enm. 15]

c)	empresas de inversión en la medida en que estén cubiertas por la Directiva 2001/24/CE, modificada, y entidades sujetas a la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*8) , [Enm. 16]

d)	organismos de inversión colectiva.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)	“procedimientos de insolvencia”: los procedimientos enumerados en el anexo A;

“síndico representante de insolvencia ”: cualquier persona u órgano cuya función , incluido a título provisional, consista en administrar , total o parcialmente, o en liquidar la masa o supervisar la gestión de los negocios del deudor. En el anexo C figura la lista de dichas personas u órganos,

i)	cualquier persona u órgano cuya función consista en administrar o liquidar la masa o supervisar la gestión de los negocios del deudor. En el anexo C figura la lista de dichas personas u órganos,

ii)	en aquellos asuntos que no impliquen el nombramiento de un síndico o la transferencia de las facultades del deudor a un síndico, el deudor no desapoderado; [Enm. 17]

b bis)

“deudor no desapoderado”: cualquier deudor contra el que se haya incoado un procedimiento de insolvencia que no implique la transferencia total de los derechos y funciones de administración del patrimonio del deudor a un representante de insolvencia y que permita por tanto al deudor seguir controlando parcialmente sus activos y negocios; [Enm. 19]

c)	“tribunal”: el órgano judicial o cualquier otra autoridad competente de un Estado miembro habilitada para abrir un procedimiento de insolvencia, para confirmar dicha apertura o para adoptar decisiones en el curso del procedimiento;

“resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia”: incluye

i)	la decisión de cualquier tribunal de abrir un procedimiento de insolvencia o confirmar la apertura de dicho procedimiento, y

ii)	la decisión de un tribunal por la que se designa un síndico representante de insolvencia provisional;

e)	“momento de apertura del procedimiento”: el momento a partir del cual surte efectos la decisión de abrir un procedimiento de insolvencia, independientemente de que dicha decisión sea o no definitiva; [Enm. 20]

“Estado miembro en el que se encuentre un bien”:

i)	para los bienes materiales, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien,

ii)	para los bienes y derechos cuya propiedad o titularidad deba inscribirse en un registro público: el Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve dicho registro,

iii)	para las acciones nominativas de empresas, el Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio social la empresa emisora,

iv)	para los instrumentos financieros cuya titularidad esté legitimada por anotaciones en un registro o cuenta mantenidos por un intermediario o en nombre suyo (“anotaciones en cuenta”), el Estado miembro en el que se lleve el registro o cuenta en la que se efectúan las anotaciones,

v)	para el efectivo en cuenta en una entidad de crédito, el Estado miembro indicado en el IBAN de la cuenta,

vi)	para los créditos frente a terceros distintos de los relativos a los activos a que se refiere el inciso v), el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de los intereses principales del tercero, tal como se determina en el artículo 3, apartado 1;

g)	“establecimiento”: todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza , o haya ejercido durante los tres meses anteriores a la solicitud de incoación del procedimiento de insolvencia principal, de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y activos o servicios ; [Enm. 21]

g bis)

“acción derivada directamente de procedimientos de insolvencia y relacionada estrechamente con los mismos”: cualquier acción que vaya encaminada a obtener una resolución judicial que por su contenido no pueda ser o no pudiera haber sido obtenida al margen de un procedimiento de insolvencia, o independientemente del mismo, y que sea únicamente admisible cuando exista un procedimiento de insolvencia pendiente; [Enm. 22]

g ter)

“cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente”: disposición contractual en virtud de la cual, siempre que se dé un supuesto predefinido en la disposición en relación con una de las partes contractuales, las obligaciones recíprocas de las partes que dicha disposición cubra, sean o no exigibles en la fecha en cuestión, quedarán, automáticamente o a elección de una parte contractual, reducidas a una obligación neta única o serán sustituidas por esta, mediante novación, rescisión u otra fórmula, que representará el valor global de todas las obligaciones sumadas, que será a partir de entonces exigible por una parte a la otra; [Enm. 23]

h)	“acreedor local”: todo acreedor cuyos créditos frente al deudor surjan de la explotación de un establecimiento situado en un Estado miembro distinto de aquel en el que el deudor tenga su centro de intereses principales;

i)	“grupo de empresas”: una serie de empresas que comprenda una empresa matriz y todas sus empresas filiales; [Enm. 24]

“empresa matriz”: una empresa que controla una o más empresas filiales . Se considerará empresa matriz la que elabore estados financieros consolidados de conformidad con la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*9) ; [Enm. 25]

i)	controle la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o de los socios de otra empresa (la «filial»), o

ii)

sea accionista o asociada de la filial y tenga derecho a

aa)	nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de dicha filial, o

bb)	ejercer una influencia dominante sobre la filial en virtud de un contrato celebrado con ella o de cláusulas estatutarias de esta empresa.».

j bis)

«funciones esenciales dentro del grupo»:

i)	la capacidad de adoptar y aplicar, antes de la incoación de un procedimiento de insolvencia contra cualquier miembro del grupo, decisiones de importancia estratégica para el grupo o para cualquiera de sus componentes; o

ii)	la importancia económica en el seno de grupo, que se presumirá si el miembro o miembros del grupo representan como mínimo el 10 % del total del balance consolidado y del volumen de negocios consolidado. [Enm. 26]

(*7) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). "

(*8) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1). "

(*9) Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).». "

22)

El artículo 3 se modifica como sigue:

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor (“procedimiento principal”). El centro de los intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual la administración de sus intereses como mínimo tres meses antes de que se incoe un procedimiento de insolvencia o un procedimiento provisional, de forma que pueda comprobarse por terceros. [Enm. 27]

Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social.

Respecto de un particular que ejerza una actividad mercantil o profesional independiente, el centro de sus intereses principales será su centro de actividad principal; respecto a cualquier otro particular, el centro de sus intereses principales será su lugar de residencia habitual.».

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Cuando se haya abierto dictado resolución de incoar un procedimiento de insolvencia en aplicación del apartado 1, cualquier otro procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad en aplicación del apartado 2 será un procedimiento secundario. En tal caso, el momento adecuado para evaluar si el deudor posee un establecimiento en el territorio de otro Estado miembro será la fecha de apertura del procedimiento principal.». [Enm. 28]

23)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 3bis

Competencia para las acciones conexas

1. Los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, serán competentes para cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una relación estrecha con él.

2. Si una acción como la mencionada en el apartado 1 es una acción conexa con una acción en materia civil y mercantil interpuesta contra el mismo demandado, el síndico representante de insolvencia podrá promover ambas acciones ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado o, en caso de que la acción se interpusiera contra varios demandados, ante los tribunales del Estado en cuyo territorio estuviere domiciliado alguno de ellos, siempre que ese tribunal sea competente con arreglo a las normas establecidas por el Reglamento (CE UE ) no 44/2001 1215/2012 del Parlamento y del Consejo (*10). [Enm. 29]

3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo apartado 2 , las acciones vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente. [Enm. 30]

Artículo 3ter

Comprobación de la competencia; derecho de recurso

1. El tribunal que reciba una solicitud de abrir un procedimiento de insolvencia examinará de oficio si es competente de conformidad con el artículo 3. La decisión de apertura especificará los motivos sobre los que se fundamenta la competencia del tribunal y, en particular, si se fundamenta en el artículo 3, apartados 1 o 2.

2. Cuando se abra un procedimiento de insolvencia con arreglo a la legislación nacional sin una decisión de un tribunal, el síndico designado en el procedimiento examinará si el Estado miembro en el que esté en curso el procedimiento es competente con arreglo al artículo 3. En caso afirmativo, el síndico especificará los motivos sobre los que se fundamenta la competencia y, en particular, si se fundamenta en el artículo 3, apartados 1 o 2. [Enm. 31]

3. Todo acreedor o parte interesada que tenga su residencia habitual, domicilio o domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado en el que se haya abierto el procedimiento, tendrá derecho a impugnar la decisión de apertura de un procedimiento principal. El tribunal que haya abierto el procedimiento principal o el síndico deberán comunicar la decisión a esos acreedores, en la medida en que se tenga conocimiento de ellos, con la suficiente antelación a fin de que puedan impugnarla.» por razón de jurisdicción internacional, en el plazo de tres semanas a contar desde la publicación de la información relativa a la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 bis, letra a) .

(*10) Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (DO L 351 de 20.12.2012).».[Enm. 32]"

24)

En el artículo 4, apartado 2, la letra m) se sustituye por el texto siguiente:

«m)	las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para la masa de acreedores.».

25)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 6bis

Acuerdos de compensación Disposiciones de liquidación por compensación exigible anticipadamente

Los acuerdos de compensación Cuando alguna de las partes de un contrato que contenga disposiciones de liquidación por compensación exigible anticipadamente sea una entidad que esté cubierta por el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/24/CE, dichas disposiciones se regirán exclusivamente por la ley aplicable al contrato que las rija dichos acuerdos.». [Enm. 33]

26)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 10bis

Requisitos de autorización con arreglo a la legislación local

Si la legislación del Estado miembro que regula los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los contratos mencionados en los artículos 8 y 10 establece que un contrato solo puede darse por rescindido o modificarse con la autorización del tribunal que incoó el procedimiento de insolvencia, pero no se ha abierto un procedimiento de insolvencia en dicho Estado miembro, el tribunal que haya abierto el procedimiento de insolvencia será competente para autorizar la rescisión o la modificación de esos contratos.».

26 bis)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

Patentes europeas con efecto unitario y marcas comunitarias

A efectos del presente Reglamento una patente comunitaria, europea con efecto unitario , una marca comunitaria o cualquier otro derecho análogo establecido por disposiciones comunitarias únicamente podrá incluirse en un procedimiento del apartado 1 del artículo 3.». [Enm. 34]

27)

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15

Efectos del procedimiento de insolvencia sobre acciones o procedimientos arbitrales en curso

Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre otras acciones o procedimientos arbitrales en curso en relación con un activo o un derecho de la masa se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro en el que esté en curso dicha acción o en el que tenga lugar el procedimiento arbitral.».

28)

El artículo 18 queda modificado como sigue:

el apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1. El síndico representante de insolvencia designado por un tribunal competente en virtud del artículo 3, apartado 1, o, en el caso de un deudor sometido a un procedimiento de desapoderamiento por el mismo tribunal, bien el representante de insolvencia bien el propio deudor, podrá ejercer en el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido conferidos por la ley del Estado de apertura del procedimiento en la medida en que no haya sido abierto otro procedimiento de insolvencia ni se haya adoptado medida cautelar contraria alguna como consecuencia de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en ese Estado. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 7 podrá, en particular, trasladar los activos del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que se encuentren. Asimismo podrá ofrecer el un compromiso exigible y vinculante de que los derechos de distribución y prioridad de que habrían gozado los acreedores locales si se hubiera abierto un procedimiento secundario se respetarán en el procedimiento principal. Dicho compromiso estará sujeto a precisará las circunstancias fácticas en que se basa, en particular en lo relativo al reparto de los créditos locales en el sistema de prioridad y rango en virtud de la legislación reguladora de los procedimientos secundarios, el valor de los activos por liquidar en el marco de estos, las opciones disponibles para la realización de dichos activos, la proporción de acreedores del procedimiento principal que participan en los procedimientos secundarios y los costes que supondría la apertura de procedimientos secundarios . los requisitos formales, para el compromiso , si los hubiera, serán establecidos por la ley del Estado de apertura del procedimiento principal y será exigible y vinculante con respecto a la masa.». [Enm. 35]

b)	en el apartado 3, la última frase se sustituye por el texto siguiente: «Dichos poderes no incluyen el uso de medios de apremio, a no ser que hayan sido dictados por un tribunal, ni la facultad de pronunciarse sobre litigios o controversias.».

29)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 20bis

Creación de registros de insolvencia

Los Estados miembros deberán crear y mantener en su territorio uno o varios registros en los que la siguiente información será accesible de forma gratuita en internet (“registros de insolvencia”):

a)	la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia;

b)	el tribunal que abra un procedimiento de insolvencia, y el número de referencia del asunto, si lo hubiera;

c)	el tipo de procedimiento de insolvencia abierto;

d)	el nombre y la dirección del deudor;

d bis)

si el deudor es una sociedad, el número de empresa y la dirección de su domicilio social; [Enm. 36]

e)	el nombre y la dirección del síndico representante de insolvencia designado en el procedimiento, si lo hubiera;

f)	el plazo de presentación de los créditos;

g)	la decisión de abrir un procedimiento de insolvencia;

h)	la decisión de designación del síndico representante de insolvencia , si es diferente de la decisión a que se refiere la letra g);

i)	la fecha de conclusión del procedimiento principal.

Artículo 20ter

Interconexión de los registros de insolvencia

1. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, un sistema descentralizado para la interconexión de los registros de insolvencia . El sistema estará compuesto por los registros de insolvencia y el Portal Europeo de e-Justicia, que actuará como punto central de acceso electrónico público a la información del sistema. El sistema deberá ofrecer un servicio de búsqueda en todas las lenguas oficiales de la Unión, con el fin de poner a disposición la información contemplada en el artículo 20bis.

2. Mediante actos de ejecución con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 45ter, apartado 3, la Comisión adoptará a más tardar el … (*11) las disposiciones siguientes:

—	las especificaciones técnicas en las que se definan los métodos de comunicación y de intercambio de información por medios electrónicos sobre la base de las especificaciones de interfaz para el sistema de interconexión de los registros de insolvencia;

—	las medidas técnicas que garanticen las normas mínimas en materia de seguridad informática para la comunicación y distribución de información en el contexto del sistema de interconexión de los registros de insolvencia;

—	los criterios mínimos para el servicio de búsqueda facilitado por el Portal Europeo de e-Justicia basados en la información establecida en el artículo 20bis;

—	los criterios mínimos para la presentación de los resultados de las búsquedas basados en la información establecida en el artículo 20bis;

—	las modalidades y las condiciones técnicas de disponibilidad de los servicios facilitados por el sistema de interconexión; y

—	un glosario con una explicación básica de los procedimientos nacionales de insolvencia que figuren en el anexo A.

Artículo 20quater

Coste del establecimiento y la interconexión de los registros de insolvencia

1. El establecimiento y el desarrollo futuro del sistema de interconexión de los registros de insolvencia se financiarán con cargo al presupuesto general de la Unión.

2. Cada Estado miembro se hará cargo de los costes de adaptar sus registros nacionales de insolvencia para hacerlos interoperativos con el Portal Europeo de e-Justicia, así como de los costes de gestión, funcionamiento y mantenimiento de los mismos.

Artículo 20quinquies

Registro de los procedimientos de insolvencia

Cuando se abra un procedimiento principal o secundario en relación con una empresa, una persona jurídica o un particular que ejerza una actividad mercantil o profesional independiente, el tribunal que abra el procedimiento se asegurará de que la información mencionada en el artículo 20bis se publique inmediatamente en el registro de insolvencia del Estado de apertura. Los Estados miembros establecerán procedimientos para suprimir anotaciones en el registro de insolvencia. ». [Enm. 37]

30)

El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 21

Publicación en otro Estado miembro

1. Hasta que se establezca el sistema de interconexión de los registros de insolvencia mencionado en el artículo 20ter, el síndico representante de insolvencia deberá solicitar que la decisión de apertura del procedimiento de insolvencia, y, en su caso, la decisión de su designación, se publiquen en cualquier otro Estado miembro en el que exista un establecimiento del deudor, con arreglo a los procedimientos de publicación previstos en el Estado de que se trate. En estas publicaciones se especificará el síndico designado y se precisará si la norma de competencia aplicada es la del artículo 3, apartado 1, o la del artículo 3, apartado 2 toda la demás información prevista en el artículo 20 bis . [Enm. 38]

2. El síndico representante de insolvencia podrá solicitar que la información a que se refiere el párrafo primero del presente artículo se publique en cualquier otro Estado miembro en el que existan activos o acreedores o deudores del deudor con arreglo a los procedimientos previstos en dicho Estado.». [Enm. 39]

31)

El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22

Inscripción en un registro público de otro Estado miembro

Hasta que se establezca el sistema de interconexión de los registros de insolvencia mencionado en el artículo 20ter, el síndico representante de insolvencia deberá solicitar que las decisiones contempladas en el artículo 21 se publiquen en el registro de la propiedad, el registro mercantil o cualquier otro registro público de cualquier otro Estado miembro en el que esté situado un establecimiento del deudor y ese establecimiento haya sido inscrito en un registro público de dicho Estado miembro. El síndico representante de insolvencia podrá solicitar dicha publicación en cualquier otro Estado miembro.».

31 bis)

En el artículo 24, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que quien haya ejecutado dicha obligación antes de las medidas de publicación previstas en el artículo los artículos 20 bis o 21 ignoraba la apertura del procedimiento de insolvencia; de haberla ejecutado después de las medidas de publicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tenía conocimiento de la apertura del procedimiento.». [Enm. 40]

32)

El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 25

Reconocimiento y carácter ejecutorio de otras resoluciones

1. Las resoluciones relativas al desarrollo y la conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud del artículo 16, y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán asimismo de pleno derecho. Tales resoluciones se ejecutarán con arreglo a los artículos 32 a 56, con excepción del artículo 34, apartado 2, 39 a 46 del Reglamento (CE) no 44/2001 (UE) no 1215/2012 . [Enm. 41]

Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro tribunal, que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con este.

Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones relativas a las medidas cautelares adoptadas tras la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o en relación con ella.

2. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones distintas de las contempladas en el apartado 1 se regirán por el Reglamento (UE) no 1215/2012 en la medida en que sea aplicable dicho Reglamento.».

33)

El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 27

Apertura

Cuando el procedimiento principal haya sido abierto por un tribunal de un Estado miembro y haya sido reconocido en otro Estado miembro, un tribunal de otro Estado miembro que sea competente en virtud del artículo 3, apartado 2, podrá abrir un procedimiento de insolvencia secundario de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo. Los efectos del procedimiento secundario se limitarán a los activos del deudor situados en el territorio del Estado miembro en el que se haya abierto dicho procedimiento.».

34)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 29bis

Decisión de abrir un procedimiento secundario

1. El tribunal al que se presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario lo comunicará inmediatamente al síndico representante de insolvencia del procedimiento principal y le ofrecerá la oportunidad de ser oído al respecto. [Enm. 42]

2. A petición del síndico representante de insolvencia del procedimiento principal, el tribunal a que se refiere el apartado 1 aplazará la decisión de abrir un procedimiento secundario o denegará dicha apertura si el representante de insolvencia del procedimiento principal aporta pruebas suficientes de que no es necesaria para proteger los intereses de los acreedores locales, en particular si el síndico representante de insolvencia del procedimiento principal ha ofrecido el compromiso a que se refiere el artículo 18, apartado 1, y cumple las condiciones del mismo. [Enm. 43]

2 bis. Los acreedores locales podrán impugnar la decisión de aplazar o denegar la apertura de un procedimiento secundario en el plazo de tres semanas desde la fecha de publicación de dicha decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 20 bis, letra a). [Enm. 44]

2 ter. Los acreedores locales podrán formular una petición al tribunal encargado del procedimiento principal para exigir al representante de insolvencia de dicho procedimiento que adopte las medidas necesarias para proteger los intereses de los acreedores locales. Este requerimiento podrá incluir la prohibición de la retirada de activos del Estado miembro en el que se haya aplazado o denegado la apertura de un procedimiento secundario, el aplazamiento del reparto de beneficios en el procedimiento principal, o la obligación para el representante de insolvencia del procedimiento principal de garantizar el cumplimiento de los compromisos. [Enm. 45]

2 quater. El tribunal mencionado en el apartado 1 podrá designar a un administrador con competencias restringidas. El administrador garantizará el debido cumplimiento del compromiso y participará en la ejecución del mismo si ello es necesario para la protección de los intereses de los acreedores locales. El administrador tendrá derecho a formular peticiones de conformidad con el apartado 2 ter. [Enm. 46]

3. Al decidir la conveniencia de abrir un procedimiento secundario, el tribunal a que se refiere el apartado 1 abrirá, con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, el tipo de procedimiento que sea más adecuado habida cuenta de los intereses de los acreedores locales, con independencia de si se cumple alguna de las condiciones relativas a la solvencia del deudor.

4. El síndico representante de insolvencia del procedimiento principal deberá ser informado inmediatamente de la decisión de abrir un procedimiento secundario y tendrá derecho a impugnarla en el plazo de tres semanas a contar a partir de la recepción de la citada notificación . Si el caso lo justifica, el tribunal que incoe un procedimiento secundario podrá reducir este plazo a un mínimo de una semana a contar a partir de la recepción de la notificación .». [Enm. 47]

35)

El artículo 31 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 31

Cooperación y comunicación entre síndicos representantes de insolvencia.

1. El síndico del procedimiento principal y los síndicos Los representantes de insolvencia de los procedimientos secundarios de insolvencia referentes a un mismo deudor cooperarán entre sí en la medida en que dicha cooperación sea la idónea para facilitar una gestión eficaz de los procedimientos, no sea incompatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos y no conlleve ningún conflicto de intereses . Dicha cooperación podrá adoptar la forma de acuerdos o protocolos. [Enm. 48]

2. En particular, los síndicos representantes de insolvencia deberán:

comunicarse sin demora toda información que pueda resultar útil para el otro procedimiento, en especial el estado de la presentación y verificación de los créditos y todas las medidas destinadas al rescate o la reestructuración del deudor o a la conclusión de los procedimientos, siempre que se adopten las medidas oportunas para proteger la información confidencial;

b)	estudiar la posibilidad de reestructuración del deudor y, si existe tal posibilidad, coordinar la elaboración y la aplicación de un plan de reestructuración;

coordinar la administración de la liquidación o la utilización de los activos y negocios del deudor; el síndico representante de insolvencia del procedimiento secundario deberá ofrecer al síndico representante de insolvencia del procedimiento principal la posibilidad de presentar, con tiempo suficiente, propuestas relativas a la liquidación o a cualquier otra utilización de los activos del procedimiento secundario.».

36)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 31bis

Cooperación y comunicación entre tribunales

1. A fin de facilitar la coordinación entre los procedimientos de insolvencia principales y secundarios referentes a un mismo deudor, el tribunal que haya recibido una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o que haya abierto tal procedimiento deberá cooperar con cualquier otro tribunal ante el que se haya presentado un procedimiento de insolvencia o que haya abierto tales procedimientos en la medida en que dicha cooperación sea la idónea para facilitar una gestión eficaz de los procedimientos y no sea incompatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos. Con este fin, los tribunales podrán designar, cuando proceda, a una persona u órgano que actúe siguiendo sus instrucciones , siempre y cuando ello no sea incompatible con las normas aplicables a los procedimientos . [Enm. 49]

2. Los tribunales a que hace referencia el apartado 1 podrán comunicarse directamente entre sí, o solicitarse mutuamente información o asistencia directamente, siempre que dicha comunicación sea gratuita y respete los derechos procesales de las partes en los procedimientos y el carácter confidencial de la información.

3. La cooperación podrá llevarse a cabo por cualquier medio adecuado, como

a)	la comunicación de información por cualquier medio que el tribunal considere oportuno;

b)	la coordinación de la administración y supervisión de los activos y negocios del deudor;

c)	la coordinación de la celebración de las vistas;

d)	la coordinación para la aprobación de los protocolos.

Artículo 31ter

Cooperación y comunicación entre síndicos representantes de insolvencia y tribunales

1. A fin de facilitar la coordinación de los procedimientos de insolvencia principal y secundario referentes al mismo deudor, [Enm. 50]

a)	el síndico representante de insolvencia del procedimiento principal deberá cooperar y comunicarse con cualquier tribunal que haya recibido una solicitud de abrir un procedimiento secundario o que haya abierto tal procedimiento, y

b)	el síndico representante de insolvencia del procedimiento de insolvencia secundario o territorial deberá cooperar y comunicarse con el tribunal que haya recibido una solicitud de abrir un procedimiento principal o que haya abierto tal procedimiento.

en cada caso, en la medida en que dicha cooperación y comunicación sean las idóneas para facilitar la coordinación de los procedimientos, no sean incompatibles con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos, y no generen conflictos de intereses. [Enm. 51]

2. La cooperación a que se refiere el apartado 1 se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, incluidos los medios establecidos en el artículo 31bis, apartado 3, en la medida en que no sean incompatibles con la normativa aplicable a cada uno de los procedimientos.».

37)

El artículo 33 queda modificado como sigue:

a)	el título se sustituye por el texto siguiente: «Suspensión del procedimiento»

b)	en los apartados 1 y 2, los términos «las operaciones de liquidación» y «la liquidación» se sustituyen por «los procedimientos».

38)

El artículo 34 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 34

Conclusión de los procedimientos de insolvencia principales o secundarios

1. La conclusión del procedimiento principal no impedirá la continuación de los procedimientos secundarios que sigan abiertos en ese momento.

2. Cuando se haya abierto un procedimiento secundario referente a una persona jurídica en el Estado miembro en que se encuentre su sede y la conclusión de dicho procedimiento implique la disolución de la persona jurídica, esta disolución no impedirá la continuación del procedimiento principal que se hubiera abierto en otro Estado miembro no quedará eliminada del registro de sociedades hasta el cierre del procedimiento principal .». [Enm. 52]

39)	En el artículo 35, el término «liquidación» se sustituye por el término «realización».

40)

El artículo 37 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 37

Conversión del procedimiento anterior

El síndico representante de insolvencia del procedimiento principal podrá pedir al tribunal del Estado miembro en que se haya abierto un procedimiento secundario que ordene la conversión del procedimiento secundario en otro tipo de procedimiento de insolvencia existente en virtud de la legislación de ese Estado miembro.».

41)

El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 39

Derecho a presentar los créditos

Los acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya abierto el procedimiento, incluidos las autoridades fiscales y los organismos de la seguridad social de los Estados miembros, (“acreedores extranjeros”) tendrán derecho a presentar sus créditos en el procedimiento de insolvencia por cualquier medio de comunicación, incluidos los medios electrónicos, aceptado por la legislación del Estado de apertura. Para la presentación de los créditos no será obligatoria la representación legal.».

42)

El artículo 40 queda modificado como sigue:

a)	en el apartado 2, se añade la frase siguiente: «La nota incluirá asimismo una copia del formulario armonizado para la presentación de los créditos a que se refiere el artículo 41 o un enlace a dicho formulario en internet.».

se añade el apartado siguiente:

«3. La información mencionada en el presente artículo se facilitará empleando el formulario normalizado de nota que se establecerá de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 45ter, apartado 4, y que se publicará en el Portal Europeo de e-Justicia a más tardar el … (*12). Dicho formulario llevará el encabezamiento “Anuncio de procedimiento de insolvencia” en todas las lenguas oficiales de la Unión. Se transmitirá en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado de apertura o en otra lengua que dicho Estado miembro haya indicado que puede aceptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, apartado 3, si puede presumirse que dicha lengua será más fácil de comprender para los acreedores extranjeros.».

(*12) 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento."

43)

El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 41

Procedimiento para la presentación de créditos

1. Todo acreedor extranjero conocido deberá presentar sus créditos utilizando el formulario armonizado para la presentación de los créditos que se establecerá de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 45ter, apartado 4, y que se publicará en el Portal Europeo de e-Justicia a más tardar el … (*13). El formulario deberá llevar el encabezamiento “Presentación de créditos” en todas las lenguas oficiales de la Unión.

2. En el formulario armonizado para la presentación de créditos, el acreedor a que se refiere el apartado 1 deberá indicar:

a)	su nombre y dirección;

b)	la naturaleza del crédito;

c)	el importe del crédito y la fecha de su nacimiento;

d)	si se solicita la condición de acreedor privilegiado;

e)	si reivindica para el crédito una garantía real o una reserva del derecho de propiedad y, en caso afirmativo, cuáles son los bienes cubiertos por el derecho de garantía que alega; y

f)	si pide una compensación y si se ha deducido ya la compensación del importe solicitado.

El formulario armonizado para la presentación de los créditos deberá ir acompañado de copias de los justificantes, si los hubiera.

3. Los créditos podrán presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión. Podrá exigirse al acreedor una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de apertura o a otra lengua que dicho Estado miembro haya aceptado. Cada Estado miembro deberá indicar al menos una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta de las propias que acepta a efectos de la presentación de los créditos.

4. Los créditos deberán presentarse en el plazo estipulado por la legislación del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia. En el caso de un acreedor extranjero, dicho plazo no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) días a partir de la publicación de la apertura del procedimiento en el registro de insolvencia del Estado de apertura.

5. Si el síndico representante de insolvencia impugna un crédito presentado de conformidad con el presente artículo, deberá ofrecer al acreedor la oportunidad de proporcionar pruebas adicionales sobre la existencia y el importe del crédito.».

44)	Se suprime el artículo 42.

45)

Se añade el capítulo IVbis siguiente:

«CAPÍTULO IVbis

INSOLVENCIA DE LOS MIEMBROS DE UN GRUPO DE EMPRESAS

Artículo 42bis

Obligaciones de información y cooperación entre los síndicos representantes de insolvencia

1. Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de empresas, el síndico representante de insolvencia designado en el procedimiento referente a un miembro del grupo deberá cooperar con los síndicos representantes de insolvencia designados en cualquier otro procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la administración efectiva de los procedimientos, no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos y no suponga a un conflicto de intereses. Dicha cooperación podrá adoptar la forma de acuerdos o protocolos.

2. En el ejercicio de la cooperación contemplada en el apartado 1, los síndicos representantes de insolvencia deberán:

a)	comunicarse mutuamente sin demora cualquier información que pueda resultar útil para el otro procedimiento, siempre que se adopten las medidas oportunas para proteger la información confidencial;

b)	analizar las posibilidades de reestructuración de los miembros del grupo sometidos a procedimientos de insolvencia y, en su caso, coordinarse respecto a la propuesta y la negociación de un plan de reestructuración coordinado; [Enm. 53]

c)	coordinar la gestión y la supervisión de las actividades de los miembros del grupo sometidos a un procedimiento de insolvencia.

Los síndicos representantes de insolvencia podrán acordar conceder facultades adicionales al síndico representante de insolvencia designado en uno de los procedimientos cuando las normas aplicables a cada uno de los procedimientos así lo permitan.

Artículo 42ter

Comunicación y cooperación entre tribunales

1. Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de empresas, el tribunal al que se haya solicitado la apertura de un procedimiento contra un miembro del grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, deberá cooperar con cualquier otro tribunal ante el cual se haya presentado una solicitud de abrir un procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la administración efectiva de los procedimientos y no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos. Con este fin, los tribunales podrán designar, cuando proceda, a una persona u órgano que actúe siguiendo sus instrucciones , siempre y cuando ello no sea incompatible con las normas aplicables a los procedimientos . [Enm. 54]

2. Los tribunales a que se refiere el apartado 1 podrán comunicarse directamente entre sí o solicitarse información o asistencia directamente entre sí.

3. La cooperación se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, incluyendo:

a)	la comunicación de información por cualquier medio que el tribunal considere adecuado, siempre que dicha comunicación sea gratuita y respete los derechos procesales de las partes en el procedimiento y la confidencialidad de la información;

b)	la coordinación de la administración y supervisión de los activos y negocios de los miembros del grupo;

c)	la coordinación de la celebración de las vistas;

d)	la coordinación en la aprobación de protocolos.

Artículo 42quater

Cooperación y comunicación entre síndicos representantes de insolvencia y tribunales

El síndico representante de insolvencia designado en un procedimiento de insolvencia referente a un miembro de un grupo de empresas deberá cooperar y comunicarse con cualquier tribunal ante el cual se haya presentado una solicitud de abrir un procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la coordinación de los procedimientos y no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos y no genere conflictos de intereses . En particular, el síndico representante de insolvencia podrá solicitar a ese tribunal información sobre los procedimientos referentes a los demás miembros del grupo o solicitar asistencia respecto del procedimiento para el que haya sido designado. [Enm. 55]

Artículo 42quinquies

Facultades de los síndicos representantes de insolvencia y suspensión del procedimiento

1. El síndico representante de insolvencia designado en un procedimiento de insolvencia abierto con respecto a un miembro de un grupo de empresas tendrá derecho a:

a)	ser oído y participar, en particular formando parte de una junta de acreedores, en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto a cualquier otro miembro del mismo grupo; y

b)	solicitar una suspensión , por un período de hasta dos meses, de los procedimientos abiertos con respecto a cualquier otro miembro del mismo grupo; [Enm. 56]

proponer un plan de recuperación, un convenio, o una medida comparable para todos o algunos de los miembros del grupo sometidos a procedimientos de insolvencia e introducirlo en cualquiera de los procedimientos abiertos con respecto a otro miembro del mismo grupo, de conformidad con la legislación aplicable a dichos procedimientos; y [Enm. 57]

d)	solicitar cualquier medida procesal adicional en virtud de la legislación mencionada en la letra c) que pudiera ser necesaria para promover el rescate, incluida la conversión de los procedimientos. [Enm. 58]

2. El tribunal que haya abierto un procedimiento contemplado en el apartado 1, letra b), deberá suspenderlo en su totalidad o en parte si se demuestra el representante de insolvencia aporta pruebas suficientes de que dicha suspensión beneficiaría a los acreedores en ese procedimiento. La suspensión podrá ordenarse por un máximo de tres dos meses y podrá prorrogarse o renovarse por el mismo período. El tribunal que ordene la suspensión podrá exigir al síndico representante de insolvencia que tome cualquier medida conveniente para garantizar los intereses de los acreedores en el procedimiento.». [Enm. 59]

Artículo 42 quinquies bis

Apertura de procedimientos de coordinación de grupo

1. Los procedimientos de coordinación de grupo podrán ser entablados por los representantes de insolvencia ante cualquier tribunal competente en materia de procedimientos de insolvencia contra cualquier miembro del grupo, siempre y cuando:

a)	el miembro del grupo en cuestión tenga procedimientos de insolvencia pendientes; y

b)	los miembros del grupo con su centro de intereses principales en el Estado miembro del tribunal al que se hubiere solicitado la apertura del procedimiento de coordinación de grupo desempeñen funciones esenciales dentro del grupo.

2. Cuando se acuda a más de un tribunal para la apertura de un procedimiento de coordinación de grupo, dicho procedimiento se abrirá en el Estado miembro en que se desempeñen las funciones más esenciales en el grupo. En este sentido, los tribunales cooperarán entre sí y mantendrán contactos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42 ter. Si no fuera posible determinar las funciones más esenciales, el primer tribunal requerido podrá incoar el procedimiento de coordinación de grupo siempre y cuando se cumplan las condiciones de apertura del mismo.

3. En caso de apertura de un procedimiento de coordinación de grupo, el derecho de los representantes de insolvencia a solicitar la suspensión del procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 quinquies, apartado 1, letra b), estará supeditado a la aprobación del coordinador. Las suspensiones en curso seguirán siendo válidas, sin perjuicio de la facultad del coordinador de solicitar el levantamiento de cualquiera de ellas. [Enm. 60]

Artículo 42 quinquies ter

Funciones y derechos del coordinador

1. El tribunal que incoe un procedimiento de coordinación de grupo nombrará un coordinador. El coordinador será independiente de los miembros del grupo y de sus acreedores y estará encargado de:

a)	determinar y definir las recomendaciones de procedimiento y de contenido para la sustanciación coordinada de los procedimientos de insolvencia;

b)	arbitrar los litigios que surjan entre dos o más representantes de insolvencia de miembros del grupo; y

presentar un plan de coordinación de grupo que determine, describa y recomiende un conjunto exhaustivo de medidas adecuadas para un enfoque integrado de la resolución de las insolvencias de los miembros del grupo; concretamente, el plan podría incluir recomendaciones sobre:

i)	las medidas que deben adoptarse para restablecer el rendimiento económico y la solidez financiera del grupo o de una parte del mismo;

ii)	la resolución de litigios en el seno del grupo, en particular en lo relativo a las transacciones internas y a las acciones revocatorias;

iii)	los acuerdos entre representantes de insolvencia de los miembros del grupo insolventes.

2. El coordinador tendrá derecho a:

a)	ser oído y participar, en particular formando parte de una junta de acreedores, en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto a cualquier miembro del mismo grupo;

b)	presentar y explicar los planes de coordinación de grupo aprobados en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 quinquies quater, apartado 3;

c)	solicitar información de cualquier representante de insolvencia que sea o pueda ser de utilidad para determinar y definir estrategias y medidas destinadas a coordinar los procedimientos; y

d)	solicitar una suspensión, por un período máximo de tres meses, del procedimiento incoado contra cualquier otro miembro del grupo, y solicitar el levantamiento de dicha suspensión. [Enm. 61]

Artículo 42 quinquies quater

Aprobación judicial de planes de coordinación de grupo

1. Los representantes de insolvencia nombrados para procedimientos de insolvencia que puedan resultar afectados por la aplicación de un plan de coordinación de grupo podrán formular observaciones sobre el proyecto de plan de coordinación de grupo en el plazo máximo de un mes fijado por el coordinador en el momento de la presentación del proyecto.

2. El proyecto de plan presentado a la aprobación judicial irá acompañado de:

a)	una presentación a cargo del coordinador sobre cómo se ha aplicado lo dispuesto en el apartado 1;

b)	las observaciones de los representantes de insolvencia en la fecha de la entrega del proyecto; y

c)	una exposición razonada del coordinador sobre cómo y en qué medida se han plasmado las observaciones en el proyecto.

3. El tribunal aprobará el plan si considera que el coordinador ha cumplido los requisitos formales previstos en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 42 quinquies ter, apartado 1, letra c). [Enm. 62]

Artículo 42 quinquies quinquies

Relación entre los procedimientos de coordinación de grupo y los procedimientos de insolvencia

1. En la gestión de sus procedimientos de insolvencia, los representantes de insolvencia deberán tener en cuenta las recomendaciones del coordinador y el plan de coordinación de grupo. Cuando un representante de insolvencia se proponga apartarse de las medidas o acciones propugnadas en el plan de coordinación de grupo, deberá exponer los motivos para ello ante la junta de acreedores o ante cualquier otro órgano ante el que sea responsable en virtud de la legislación del Estado miembro de que se trate.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 se considerará un incumplimiento de las obligaciones del representante de insolvencia derivadas de la legislación del Estado miembro en cuestión. [Enm. 63]

Artículo 42 quinquies sexies

Responsabilidad del coordinador

El coordinador ejercerá sus funciones con la debida diligencia. Deberá responder de los daños sufridos por los bienes del procedimiento de insolvencia cubiertos por el procedimiento de coordinación de grupo cuando sean razonablemente imputables al incumplimiento de las citadas funciones. La responsabilidad del coordinador se definirá de conformidad con la legislación del Estado miembro en que se haya incoado el procedimiento de coordinación. [Enm. 64]

Artículo 42 quinquies septies

Costes

1. Las legislaciones de los Estados miembros deberán prever la cuantía de las tasas judiciales y de los honorarios del coordinador.

2. Los costes del procedimiento de coordinación de grupo serán soportados a prorrata por los miembros del grupo contra los que se hubieren incoado procedimientos de insolvencia en la fecha de la apertura del procedimiento de coordinación. La parte que cada miembro del grupo deberá soportar se calculará sobre la base del porcentaje del valor de los activos de dicho miembro en los activos consolidados de todos los miembros del grupo contra los que se hubieren incoado procedimientos de insolvencia». [Enm. 65]

46)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 44bis

Información sobre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia

1. En el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión del Consejo 2001/470/CE (*14), los Estados miembros facilitarán una descripción de su legislación y sus procedimientos nacionales en materia de insolvencia, en particular en lo que respecta a las cuestiones enumeradas en el artículo 4, apartado 2, a fin de hacer pública la información.

2. Los Estados miembros actualizarán dicha información regularmente.

(*14) Decisión del Consejo 2001/470/CE, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 25).»."

47)

El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45

Modificación de los anexos

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados a fin de modificar los anexos A y C de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo y en el artículo 45 bis.

2. Para modificar el anexo A, Los Estados miembros notificarán a la Comisión las normas nacionales sobre procedimientos de insolvencia que deseen se incluyan en el mismo cumplan los criterios fijados en el artículo 1 , acompañadas de una breve descripción. La Comisión comprobará que las normas notificadas se ajustan a las condiciones establecidas en el artículo 1 y, en caso afirmativo, modificará el anexo A mediante actos delegados.». [Enm. 66]

2 bis. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación sustancial que afecte a sus normativas nacionales sobre procedimientos de insolvencia. La Comisión comprobará que las normas modificadas se ajustan a las condiciones establecidas en el artículo 1 y, en caso afirmativo, modificará el anexo A mediante actos delegados. [Enm. 67]

48)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 45bis

Ejercicio de la delegación

1. Se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. La delegación de facultades a que se refiere el artículo 45 se otorgará por tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de facultades a que se refiere el artículo 45 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de las facultades que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 45 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas instituciones comunican a la Comisión que no tienen la intención de formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 45ter

Facultad de adoptar actos de ejecución

1. Se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos de ejecución para los fines siguientes:

a)	establecer la interconexión de los registros de insolvencia a que se refiere el artículo 20ter; y

b)	establecer y modificar posteriormente los formularios contemplados en los artículos 40 y 41.

2. Para adoptar o modificar los actos de ejecución contemplados en el apartado 1, la Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

4. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011.».

49)	En el artículo 46, la fecha «1 de junio de 2012» se sustituye por «….. [10 años después de su entrada en vigor].».

50)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 46bis

Protección de datos

1. Los Estados miembros aplicarán Las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 95/46/CE se aplicarán al tratamiento de los datos personales que lleven se lleve a cabo en los Estados miembros en virtud del presente Reglamento , siempre y cuando no se vean afectadas las operaciones de tratamiento a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE . [Enm. 68]

2. El Reglamento (CE) no 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.».

51)	Queda suprimido el anexo B.

51 bis)

En el anexo C, la sección titulada «DEUTSCHLAND» se sustituye por el texto siguiente:

«DEUTSCHLAND

—	Konkursverwalter

—	Vergleichsverwalter

—	Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

—

Verwalter

—	Insolvenzverwalter

—	Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

—	Treuhänder

—	Vorläufiger Insolvenzverwalter

—	Vorläufiger Sachwalter» [Enm. 69]

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del … (*15), con la excepción del artículo 44bis, que será aplicable a partir del … (*16).

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 271 de 19.9.2013, p. 55.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 5 de febrero de 2014.

(3) DO C 358 de 7.12.2013, p. 15.

(4) Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160 de 30.6.2000, p. 1).

(5) DO C …, p… .

(6) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(*3) Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).».

(*11) 36 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(*13) 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(*15) 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(*16) 12 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.