13.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 365/142

1.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (conocido como «EIT» y denominado en lo sucesivo «el Instituto», con sede en Budapest, se creó en virtud del Reglamento (CE) no 294/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Su objetivo es contribuir al crecimiento económico sostenible en Europa y a la competitividad industrial reforzando la capacidad de innovación de los Estados miembros y de la Unión Europea. El Instituto concede becas a «las comunidades de conocimiento e innovación» (CCI), que relacionan entre sí los sectores de la educación superior, la investigación y la empresa, impulsando de ese modo la innovación y el espíritu empresarial (2). Las CCI coordinan las actividades de cientos de socios. Las becas concedidas por el Instituto reembolsan los costes de las actividades de coordinación de las CCI.

2.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los controles clave de los sistemas de supervisión y control del Instituto, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

3.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado:

4.

De conformidad con los artículos 33 y 43 del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión (5), la dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales del Instituto, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes:

5.

El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo (7), basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales Intosai de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales del Instituto estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

6.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Del criterio profesional del auditor depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, del carácter razonable de las estimaciones contables y de la presentación general de las cuentas.

7.

El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de su declaración de fiabilidad.

8.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales del Instituto presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y a las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión.

9.

En 2012, el Instituto efectuó pagos finales y liquidaciones de prefinanciaciones (operaciones) correspondientes a subvenciones por valor de 11,3 millones de euros (actividades de 2010) y 48,6 millones de euros (actividades de 2011).

10.

Todas las operaciones de subvención se someten al control de la Comisión antes de ser autorizadas por el Instituto. El propio Instituto realizó considerables esfuerzos por practicar controles ex ante eficaces con la finalidad de aportar garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de las operaciones relacionadas con las subvenciones. Alrededor del 80 % del gasto en subvenciones declarado por las CCI está cubierto por certificados expedidos por sociedades de auditoría independientes contratadas por las CCI y sus socios. El propio Instituto realizó controles ex ante consistentes en comprobaciones documentales exhaustivas. El Instituto solo controlaba inicialmente los documentos justificativos obtenidos de las CCI y de sus socios cuando se detectaban riesgos específicos.

11.

No obstante, el Tribunal observó que la calidad de los certificados de auditoría es insuficiente en muchos casos (8). Para tener un segundo nivel de garantía sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención, al final de 2012, el Instituto introdujo controles ex post complementarios relativos a las actividades de 2011. Dichos controles, llevados a cabo por empresas de auditoría independientes contratadas por el Instituto, han sido evaluados como fiables. Los resultados de los controles ex post confirmaron que los controles ex ante no eran plenamente eficaces. No obstante, el Instituto ha recuperado los pagos irregulares detectados y el porcentaje de error residual de las operaciones de subvención de 2011 no es significativo.

12.

Todavía no se han llevado a cabo controles ex post de las operaciones correspondientes a las subvenciones de las actividades de 2010 (11,3 millones de euros). Además, teniendo en cuenta las garantías limitadas que ofrecen los controles ex ante, no existen garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de estas operaciones. El Tribunal no pudo obtener información probatoria suficiente y apropiada sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención auditadas relativas a las actividades de 2010.

13.

A juicio del Tribunal, salvo los posibles efectos de la cuestión descrita en el fundamento de una opinión con reservas de los apartados 9 a 12, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Instituto correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

14.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas ni su opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas.

15.

Además de las cuestiones descritas en los apartados 9 a 13, los presupuestos de los acuerdos de subvención firmados en 2010 y 2011, que dieron lugar a pagos en 2012, no eran suficientemente específicos. No existía un vínculo entre la financiación aprobada y las actividades que debían llevarse a cabo. Los acuerdos se subvención no establecían umbrales para cada categoría de coste específica (como costes de personal, subcontratación, servicios jurídicos, etc.) ni establecían normas para la contratación de bienes y servicios por las CCI y sus socios.

16.

En sus controles ex ante, el Instituto también realizó verificaciones técnicas en todos los proyectos financiados, pero la ausencia de objetivos cuantificables impidió la evaluación eficaz de las actividades y los resultados de los proyectos. En los planes de actividad no se definían detalladamente las actividades que iban a llevarse a cabo, ni se establecían plazos claros, resultados esperados para cada actividad, ni criterios de calidad.

17.

De los créditos comprometidos prorrogados del ejercicio 2011 por un valor de 22 millones de euros, unos 10 millones de euros (45 %) fueron anulados en 2012. El elevado nivel de anulaciones se debe principalmente que los beneficiarios declararon gastos inferiores a los estimados en los acuerdos de subvención de 2011 (9,2 millones de euros o 92 % de prórrogas anuladas).

18.

En el anexo I figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a los comentarios del Tribunal en relación con el ejercicio anterior.