13.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 365/9

1.

La Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (denominada en lo sucesivo «la Oficina»), con sede en Riga, se creó en virtud del Reglamento (CE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), con la misión de facilitar al ORECE asistencia profesional y administrativa y, bajo la dirección del Consejo de Reguladores, recoger y analizar información sobre comunicaciones electrónicas y difundir entre las autoridades nacionales de reglamentación las mejores prácticas reguladoras, como planteamientos, metodologías o directrices comunes relativos a la aplicación del marco regulador de la UE (2).

2.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los controles clave de los sistemas de supervisión y control de la Oficina, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

3.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado:

4.

De conformidad con los artículos 33 y 43 del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión (5), la dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la Oficina, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes:

5.

El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo (7), basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Oficina y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales Intosai de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales de la Oficina estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

6.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Del criterio profesional del auditor depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, del carácter razonable de las estimaciones contables y la presentación general de las cuentas.

7.

El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de su declaración de fiabilidad.

8.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Oficina presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión.

9.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Oficina correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

10.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal y deben interpretarse teniendo en cuenta que 2012 fue el primer año de funcionamiento de la Oficina y de que se están desarrollando aún sus procedimientos.

11.

El sistema contable de la Oficina aún no había sido validado por el contable.

12.

Un 10 % del total de créditos de compromisos prorrogados que ascendía a 61 500 euros no se correspondía con compromisos jurídicos por lo que resultó irregular.

13.

La Oficina seguía sin aplicar las normas de control interno siguientes: Objetivos e indicadores de resultados (NCI 5), Procesos y procedimientos (NCI 8), Gestión de documentos (NCI 11) e Información y comunicación (NCI 12).

14.

No se ha implantado un procedimiento de registro y enajenación del inmovilizado ni se ha llevado a cabo un inventario físico.

15.

No se aplican aún procedimientos para establecer, aprobar y registrar excepciones y desviaciones de las políticas y procedimientos.

16.

Se anuló un total aproximado de 101 000 euros, el 45 % de los créditos comprometidos que se habían prorrogado de 2011. No se utilizaron, y tuvieron también que anularse, créditos para 2012 por un importe de 545 000 euros, lo que representa el 17 % del total de créditos de dicho ejercicio. El nivel de prórrogas de créditos comprometidos a 2013 fue elevado situándose en 611 000 euros (es decir, el 19 % del total), lo que denota dificultades en la planificación y ejecución de las actividades de la Oficina. Las prórrogas a 2012 estuvieron motivadas en su mayoría por retrasos en la selección de personal y por la falta de una política eficaz que garantizara la presentación y el reembolso a tiempo de los gastos de desplazamiento y dietas de los expertos.

17.

Aún debe mejorar considerablemente la preparación, ejecución y documentación de los procedimientos de contratación pública. Por citar un ejemplo, no se prestó suficiente atención en los procedimientos de adjudicación a la relación entre calidad y precio y los criterios generales de adjudicación no se dividieron a su vez en subcriterios para permitir una evaluación clara y comparable de las ofertas.

18.

Los procedimientos de selección de personal examinados mostraban deficiencias significativas que afectaban a su transparencia: no se fijaron antes del examen de las candidaturas por el comité de selección las preguntas de las pruebas escritas y orales, ni tampoco las puntuaciones exigidas para ser admitido a las pruebas escritas y orales ni tampoco para figurar en la lista de candidatos idóneos. Los nombramientos y cambios en la composición del comité de selección no habían sido autorizados por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

19.

Los agentes en su mayoría están asignados a funciones administrativas o de apoyo y no deben viajar, pero sin embargo han recibido teléfonos móviles con un límite mensual en sus llamadas de aproximadamente 50 euros. No se controla su uso privado.

20.

La Oficina no ha aplicado una política de tesorería. Al final de 2012, la totalidad de su saldo en efectivo (1,6 millones de euros) estaba depositado en un solo banco [calificación BBB (8)].

21.

En el anexo I figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a los comentarios del Tribunal en relación con el ejercicio anterior.