19.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 181/29

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012 (1),

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de marzo de 2013 (2),

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Vistas las actuales negociaciones interinstitucionales sobre la futura política de cohesión y el marco financiero plurianual,

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Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999,

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Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (3),

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Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión (4),

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Vista su Posición, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (5),

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Vista su Posición, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros cuya estabilidad financiera dentro de la zona del euro experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (6),

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Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre la política de cohesión: invertir en la economía real (7),

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2013, sobre las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual (8),

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Visto el proyecto de dictamen del Comité de las Regiones, de 6 de marzo de 2013, titulado «Sinergias entre la inversión privada y la financiación pública a nivel local y regional — asociaciones de crecimiento económico y prosperidad»,

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 1 de febrero de 2013, titulado «Creación de mayores sinergias entre los presupuestos de la UE, nacionales y subnacionales»,

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Visto el documento del Comité de las Regiones, de 2012, titulado «Impacto de la austeridad presupuestaria en las finanzas e inversiones locales»,

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Vista la nota del Banco Europeo de Inversiones, de 14 de diciembre de 2012, titulada «The impact of the recession in 2008-2009 on EU regional convergence» (El impacto de la recesión en 2008-2009 sobre la convergencia regional de la UE) (9),

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Vista la publicación Occasional Papers de la Comisión, de diciembre de 2012, titulada «The Quality of Public Expenditures in the EU» (La calidad del gasto público en la UE) (10),

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Vistas las Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2012 del Fondo Monetario Internacional,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0269/2013),

A.

Considerando que la crisis económica y financiera mundial ha deteriorado la cohesión social, económica y territorial de la UE, provocando un aumento del desempleo, una reducción del PIB y un incremento de las disparidades regionales y los déficits presupuestarios a escala nacional, regional y local;

B.

Considerando que el momento y la gravedad de la crisis han variado en gran medida de una región de la UE a otra, empeorando debilidades estructurales preexistentes y ocasionando un fuerte descenso del crecimiento del PIB, tasas de desempleo sin precedentes, un considerable empobrecimiento de las categorías sociales más frágiles, el deterioro del clima empresarial y una menor confianza de los consumidores;

C.

Considerando que los bancos y los mercados financieros son cada vez más reacios a conceder crédito en vista del deterioro de la percepción de la solvencia de los gobiernos soberanos y subnacionales;

D.

Considerando que se ha demostrado que el pacto presupuestario es inadecuado para hacer frente a los desafíos de la crisis y que se estima que un pacto de crecimiento que haga posible la realización de importantes inversiones a escala de la UE es la solución más viable, puesto que hoy en día reina el consenso en torno a que la austeridad y los recortes presupuestarios sin inversiones no revitalizan la economía y no crearán condiciones favorables para la creación de empleo y el crecimiento económico;

E.

Considerando que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos tienen por objeto promover la cohesión económica, social y territorial en toda la UE, reduciendo las disparidades regionales, promoviendo la convergencia y estimulando el desarrollo, el empleo y el progreso social a través de la inversión productiva;

F.

Considerando que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son, asimismo, gastos destinados a apoyar el crecimiento inteligente, integrador y sostenible y la competitividad y, por consiguiente, repercuten positivamente en el denominador de la ratio déficit/PIB;

G.

Considerando que el colapso de las finanzas públicas a escala de la UE desencadenado por la crisis de la deuda soberana provocó una generalización de las políticas de austeridad; que sus efectos en las finanzas locales han sido devastadores y han hecho que varias líneas presupuestarias se redujeran o moderaran y puesto en grave peligro las capacidades de financiación/cofinanciación de las entidades nacionales, regionales y locales para la inversión productiva;

H.

Considerando que solo unos pocos Estados han seguido apoyando la inversión local, mientras que los demás, enfrentados a la crisis de la deuda soberana, decidieron congelar o recortar el apoyo financiero para la inversión concedido a las entidades locales, con una fuerte tendencia a centralizar o introducir normas enmarcadas en un pacto de estabilidad interno que han reducido fuertemente la inversión;

I.

Considerando que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las entidades locales y regionales en la actualidad son los notables recortes presupuestarios efectuados en ámbitos y sectores importantes;

J.

Considerando que las entidades subnacionales son agentes clave para el desarrollo regional; que representan el 60 % de la inversión pública y el 38 % del gasto público consolidado en «asuntos económicos», lo que comporta, por tanto, la mayor parte del gasto que puede influir en el desarrollo regional, como el gasto destinado a cuestiones comerciales y laborales, agricultura, transporte o I+D;

K.

Considerando que, en la UE, la inversión ha actuado como una variable de ajuste en dos de cada tres países, en parte debido a los esfuerzos realizados en 2009 para luchar contra la crisis; que la inversión directa descendió en 2011 respecto a 2010 en 17 Estados miembros, y en diez de ellos lo hizo en más del 10 % (Austria, Letonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Grecia, Hungría y España); y que la caída de la inversión que se inició en 2010 (las subvenciones para la inversión concedidas por los gobiernos centrales se desplomaron en un -8,7 %) continúa y parece entrar en una espiral negativa;

L.

Considerando que el nivel de endeudamiento de las entidades subnacionales está muy por debajo del nivel de endeudamiento de los actores nacionales;

M.

Considerando que se exige a las entidades subnacionales que participen en el esfuerzo de consolidación y reduzcan sus déficits y su deuda, al tiempo que las condiciones de los préstamos han empeorado para las administraciones subnacionales financieramente más débiles;

N.

Considerando que la inversión pública es clave para la inclusión social y que las necesidades de inversión son considerables en muchos sectores cruciales de la economía de la UE, como el mercado laboral, las infraestructuras, la investigación e innovación y las PYME;

O.

Considerando que, después de un periodo de convergencia creciente en la UE entre 2000 y 2007, la convergencia se ha ralentizado mucho durante la recesión; que las regiones más afectadas fueron las que tenían inversiones insostenibles y especulativas y las que contaban con fuertes sectores manufactureros de exportación;

P.

Considerando que el mecanismo de absorción de los Fondos Estructurales de la UE implica que la Comisión solo puede reembolsar pagos intermedios previa declaración de gastos ya realizados en los Estados miembros;

Q.

Considerando que la cofinanciación nacional pública para los Fondos Estructurales en la UE a 27 durante el período de programación 2007-2013 se acerca a 132 000 millones de euros, y que esa cifra constituye al mismo tiempo un requisito indispensable para la correcta absorción de los Fondos y para la calidad de las inversiones pues aumenta la apropiación y la responsabilidad en el empleo de los fondos de la UE;

R.

Considerando que la cofinanciación pública de programas apoyados por la política de cohesión puede verse comprometida por la falta de flexibilidad en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reduciendo así la contribución de la política de cohesión a la mejora de la competitividad y a la superación de la crisis actual;

1.

Observa con gran preocupación la clara tendencia a una mayor desigualdad regional en la Unión de hoy en día, con numerosas regiones relativamente pobres en los nuevos Estados miembros y en Europa meridional y una mayoría de regiones ricas en Europa central y septentrional, e incluso en el interior de un mismo Estado miembro o región; subraya, en este contexto, la suma importancia de la política de cohesión de la UE como principal instrumento de inversión para la convergencia y el desarrollo sostenible en la Unión;

2.

Destaca que la economía local es clave para la recuperación de las comunidades, lo que es importante en la actual situación de crisis; subraya, en este contexto, los efectos económicos y sociales de la economía social a la hora de mejorar la cohesión social a escala local; pide a los Estados miembros que ofrezcan oportunidades de financiación a la economía social mediante los Fondos Estructurales para el período 2014-2020;

3.

Reitera la importancia de la política de cohesión como el principal instrumento de inversión de la Unión con un papel central a la hora de luchar contra la crisis, reducir los desequilibrios y situar a la UE y a sus regiones en la senda del crecimiento sostenible; subraya el papel especial del Fondo Social Europeo (FSE) en apoyo de la inversión social y en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, en particular mediante su contribución a unos niveles elevados de empleo y productividad sostenibles, y, al mismo tiempo, para luchar eficazmente contra la pobreza y la exclusión social, así como para aumentar la cohesión social; destaca, por consiguiente, la importancia de asegurar medios presupuestarios suficientes, en el contexto de las negociaciones del MFP, para los Fondos Estructurales y de Inversión, señalando en particular su importante proporción en las inversiones en ámbitos como el empleo, la innovación, el desarrollo sostenible, la economía baja en carbono y el apoyo a las PYME;

4.

Señala que la política de cohesión ha demostrado su resiliencia ante la crisis, adaptando sus programas e instrumentos de financiación y, por consiguiente, proporcionando una mayor flexibilidad y haciendo una aportación crucial a ámbitos en los que la inversión es necesaria con vistas a una modernización económica y una mayor competitividad y para reducir las disparidades geográficas;

5.

Destaca el papel desempeñado por varias entidades subnacionales a la hora de reequilibrar el presupuesto manteniendo el nivel de inversión pública y cofinanciando nuevos proyectos, así como ofreciendo un efecto dinamizador, especialmente cuando la inversión privada es baja; hace hincapié en el hecho de que, en tiempos de recesión y escaso crecimiento, la contratación pública sostenible y la capacidad de financiar/cofinanciar y contraer compromisos de inversión son cruciales para mantener el potencial de crecimiento;

6.

Expresa su preocupación por el hecho de que las prolongadas medidas de austeridad y la estricta gobernanza económica aplicadas en 2011 y 2012, que suponen una creciente presión y recortes en los presupuestos públicos, amenacen con reducir el alcance de las políticas locales orientadas a realizar la Estrategia Europa 2020;

7.

Hace hincapié en la necesidad de restaurar y mejorar la capacidad financiera a escala subnacional y de proporcionar una asistencia técnica adecuada, especialmente en la aplicación de proyectos conjuntos complejos dirigidos a escala local, a fin de asegurar la inversión pública para programas y proyectos destinados a estimular el crecimiento sostenible, luchar contra la exclusión social y restaurar el tejido social, prestar servicios sociales y sanitarios adecuados y asegurar el empleo, en particular a nivel local y regional; mantiene que la dotación adicional específica para las regiones ultraperiféricas no debe estar sujeta a una concentración temática y ha de utilizarse para compensar los gastos adicionales soportados por las regiones ultraperiféricas como consecuencia de las características y las dificultades a que hace referencia el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; señala, además, que podrá utilizarse asimismo la dotación adicional específica para contribuir a la financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas;

8.

Destaca la necesidad de seguir reforzando la capacidad administrativa de las autoridades regionales y locales, así como de continuar realizando esfuerzos para reducir la burocracia, que también afecta negativamente a estas autoridades en su calidad de beneficiarias y limita su capacidad para ejecutar proyectos financiados por la UE;

9.

Pide a las instituciones que mejoren las disposiciones existentes, de modo que las regiones de determinados Estados miembros particularmente afectadas por la crisis económica puedan aumentar su capacidad de absorber Fondos Estructurales y de Cohesión y evitar enormes liberaciones anticipadas de créditos;

10.

Pide una mayor simplificación de las normas y una mayor flexibilidad y transparencia en la programación y gestión de los Fondos Estructurales, lo que permitirá una mejor ejecución de los proyectos y unas respuestas más rápidas y adecuadas a los retos y amenazas sociales;

11.

Acoge con satisfacción el informe 2012 de la Comisión sobre las finanzas públicas en la UEM y, especialmente, el capítulo sobre la descentralización fiscal en la UE, que pone de relieve la solidez de un modelo fiscal federalista que delega la recaudación de ingresos y las responsabilidades en materia de gasto en las autoridades subestatales; pide a la Comisión que incluya un capítulo de ese tipo sobre el estado de las finanzas y reformas públicas subestatales en el informe del año próximo sobre las finanzas públicas en la UEM;

12.

Destaca la necesidad de incrementar las sinergias entre los presupuestos de gasto público nacionales, subnacionales y europeos mediante la clara fijación de los papeles y responsabilidades de las diferentes autoridades presupuestarias a escala subestatal, de los Estados miembros y de la UE, lo que supone, entre otras cosas, aportar claridad sobre el papel y los fundamentos de la política y la intervención en materia de financiación de la UE, cumplir los plazos de pago fijados en la Directiva 2011/7/UE sobre la morosidad, respetar la subsidiariedad y los derechos presupuestarios de las autoridades locales y regionales (su papel en la toma de decisiones y el control), es decir, su responsabilidad democrática ante las comunidades que las eligen, y garantizar la autonomía de cada nivel de gobierno al determinar las prioridades y los gastos; pide a la Comisión que proporcione datos reales claros sobre el modo de potenciar el papel del presupuesto de la UE a la hora de impulsar las inversiones a diferentes niveles;

13.

Apoya firmemente una mayor transparencia y simplificación de los procesos presupuestarios a todos los niveles de gobernanza (entre otras cosas, identificando explícitamente las fuentes de financiación de la UE en los presupuestos nacionales y subestatales), así como que se garantice la disponibilidad de datos a nivel de la UE sobre los perfiles de gasto de los programas de financiación de la UE a nivel regional (cuando sea posible), pero también aclarando cómo se adaptan las prioridades y la financiación a escala subestatal, de los Estados miembros y de la UE a las prioridades acordadas a nivel de la Unión;

14.

Destaca la importancia de adaptarse a los actuales recortes presupuestarios en toda Europa al tiempo que se sigue invirtiendo en el futuro; recuerda a los Estados miembros que el reto no consiste en gastar más, sino en gastar de forma más eficiente;

15.

Celebra el hecho de que, en el marco de la política de cohesión, la aplicación de instrumentos financieros se está ampliando a todos los objetivos temáticos y todos los Fondos Estructurales y de Inversión europeos; pide a la Comisión que presente un análisis y una evaluación exhaustivos del potencial de los nuevos recursos y fuentes de financiación para apoyar las inversiones destinadas al crecimiento, como el mercado de bonos, el instrumento de riesgo compartido y el uso de instrumentos financieros innovadores; insta a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que presenten medios innovadores para financiar las inversiones a largo plazo de las autoridades locales y regionales, incluida la atracción de capital privado; destaca el papel esencial que desempeñan los mecanismos de préstamo del BEI para la financiación de proyectos de interés europeo, y pide una mayor coordinación y sinergia entre esos mecanismos y los Fondos Estructurales;

16.

Destaca la importancia de Jessica para apoyar un desarrollo urbano sostenible y la regeneración de las zonas urbanas a través de mecanismos de ingeniería financiera, y pide un mayor uso del mismo en el futuro periodo de programación;

17.

Subraya la función que las autoridades locales y regionales podrían desempeñar en la consecución de los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de Europa 2020; reitera la importancia de la asociación entre las autoridades centrales y las autoridades regionales y locales al establecer prioridades y proporcionar la cofinanciación necesaria para la ejecución de programas como requisito previo para lograr el máximo efecto con recursos limitados a la hora de intentar alcanzar dichos objetivos; destaca, en este contexto, la importancia del nuevo instrumento para un desarrollo local participativo, que permitiría a los grupos de acción a escala local el desarrollo y la puesta en práctica de estrategias locales para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; insta a los Estados miembros a que ofrezcan este tipo de oportunidades como parte del proceso de programación en curso, de forma que se pueda utilizar el gran potencial de innovación de los grupos de acción locales; subraya la importancia de las autoridades locales y regionales y, cuando sea aplicable, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas en la programación, aplicación, verificación y evaluación de los Fondos Estructurales, así como en la elaboración de los acuerdos de asociación, lo que podría dar lugar a una mejor conexión entre las estrategias locales, regionales, nacionales y a escala de la UE;

18.

Manifiesta su convicción de que es necesaria una concentración temática en un número reducido de prioridades; destaca, sin embargo, que se requiere flexibilidad para que los Estados miembros y las regiones persigan los objetivos comunes de la forma más efectiva posible al tiempo que respetan asimismo las particularidades territoriales, económicas y sociales;

19.

Reitera enérgicamente su oposición a la introducción de una condicionalidad macroeconómica en la política de cohesión 2014-2020, que penalizaría a las regiones y a los grupos sociales ya debilitados por la crisis, con una suspensión de pagos que podría tener efectos desproporcionados en algunos Estados miembros y, especialmente, en las regiones, pese a su plena participación en los esfuerzos para equilibrar los presupuestos públicos, y que solo serviría para debilitar a los Estados que padecen dificultades económicas y socavaría además los esfuerzos de solidaridad que son esenciales para preservar el equilibrio macroeconómico en la Unión; considera, además, que la mayor parte de la opinión pública no podría entender un planteamiento sancionador de ese tipo, que podría incrementar su desconfianza en un momento en el que la población ya está profundamente afectada por la crisis y los efectos de las políticas de austeridad;

20.

Considera que, en un período de contracción de la financiación pública, debe revisarse el principio de adicionalidad, que ha de aplicarse de forma coherente con el marco de gobernanza económica europea, y espera que esta cuestión se debata en las negociaciones sobre la política de cohesión para después de 2013;

21.

Toma nota de las recientes observaciones del FMI en el sentido de que la austeridad debilita a los países en los que se aplica de forma mecánica, dado que, en un contexto económico mundial frágil, un saneamiento rápido de las cuentas públicas lastra la recuperación a corto plazo, reduciendo los ingresos fiscales y empeorando aún más el déficit; está de acuerdo con el FMI en que, en vez de hacer solo hincapié en la consolidación fiscal, también se debería hacer hincapié en el equilibrio entre consolidación y crecimiento;

22.

Acoge con satisfacción la propuesta de algunos Estados miembros de que las negociaciones sobre el MFP incluyan la cuestión de una «cláusula de revisión» para 2015 y 2016, lo que permitiría incrementar los presupuestos mientras se están aplicando, con objeto de promover el empleo juvenil, las PYME y otros sectores clave;

23.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploten todos los márgenes de flexibilidad existentes en el marco de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para equilibrar las necesidades en materia de inversión pública productiva y sostenible con los objetivos de disciplina fiscal; considera que esto podría hacerse, por ejemplo, excluyendo los niveles totales de cofinanciación nacional en virtud de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos de las restricciones impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tomando como referencia para los cálculos del Pacto las necesidades de financiación netas y no brutas del Estado miembro, es decir, sin los impuestos que gravan el gasto efectivo (en particular, el IVA), o bien, aplicando una modulación temporal diferente de las dos fuentes de financiación de dichos programas (la europea y la nacional), de forma que se puedan utilizar plenamente los fondos europeos en los primeros años de programa y usar en su totalidad la fuente nacional en los últimos años del mismo, suponiendo que, para esa fecha, el Estado miembro en cuestión haya alcanzado resultados concretos en la política de contención de la relación deuda/PIB;

24.

Insta a la Comisión a que vele por que el gasto público soportado por los Estados miembros en concepto de cofinanciación de los programas que reciben ayuda de los Fondos Estructurales no se incluya en los gastos estructurales, públicos o asimilados, que se toman en consideración en el marco del acuerdo de asociación para comprobar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que constituyen una obligación directamente resultante del respeto del principio de adicionalidad; insta, por lo tanto, a que el gasto público relacionado con la aplicación de programas cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión europeos sea totalmente excluido de la definición de déficit estructural del PEC, ya que se trata de gastos destinados a alcanzar los objetivos de Europa 2020 y apoyar la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo, especialmente empleo juvenil;

25.

Pide a la Comisión que informe sobre el margen de actuación posible dentro de los límites del actual marco presupuestario de la UE, a fin de seguir examinando la separación del gasto corriente y la inversión en el cálculo del déficit presupuestario, con objeto de evitar que las inversiones públicas con beneficios netos a largo plazo se contabilicen como negativas;

26.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar en consideración, en el contexto de las actuales negociaciones sobre la futura Unión Económica y Monetaria, todos los márgenes de flexibilidad en el marco de la gobernanza macroeconómica a fin de permitir una inversión productiva, en particular reconsiderando la relación entre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la inversión pública productiva, y excluyendo de las normas de vigilancia presupuestaria en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el gasto público relacionado con la ejecución de programas cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión en el marco de políticas favorables al crecimiento;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.