INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Cuarto informe sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados /* COM/2013/0459 final */
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO
EUROPEO Y AL CONSEJO Cuarto informe sobre la aplicación por
la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados 1. Introducción El 15 de junio de 2010 se abrió el
diálogo UE-República de Moldavia para examinar las condiciones de exención de
visado para los ciudadanos de la República de Moldavia (en lo sucesivo
ciudadanos moldavos) que viajan a la UE. La Comisión presentó a las autoridades
de la República de Moldavia (en lo sucesivo autoridades moldavas) el Plan de
Acción para la Liberalización de Visados (en lo sucesivo PALV)[1]
el 24 de enero de 2011. El Plan define una serie de criterios de referencia
precisos para la República de Moldavia sobre cuatro «bloques»[2]
de temas técnicamente pertinentes, con vistas a la adopción de un marco
legislativo y político (fase 1) y su aplicación efectiva (fase 2). La Comisión ha informado periódicamente
al Parlamento Europeo y al Consejo de la aplicación del PALV. El primer
informe sobre el estado de la aplicación por la República de Moldavia del
Plan de Acción para la Liberalización de Visados se presentó el 16 de
septiembre de 2011[3]. El 7 de octubre de 2011
se celebró una reunión de altos funcionarios en la que se presentó el primer
informe sobre el estado de la aplicación y se discutieron las siguientes
medidas a adoptar. En la segunda quincena de octubre y a
principios de noviembre de 2011 se organizaron misiones de evaluación de los
bloques 2, 3 y 4 del PALV con expertos de los Estados miembros de la UE acompañados
por funcionarios de los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de
Acción Exterior (en lo sucesivo SEAE). El objetivo de estas misiones de
expertos era evaluar el marco institucional, político y legislativo con arreglo
a los criterios de referencia de la primera fase del PALV y su conformidad con
las normas internacionales y europeas. Los informes de expertos
concluyeron en diciembre de 2011. El segundo informe sobre el estado
de la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la
Liberalización de Visados se presentó el 9 de febrero de 2012[4].
El 27 de febrero de 2012 se celebró una reunión de altos funcionarios en la que
se presentó el segundo informe sobre el estado de la situación y se discutieron
las siguientes medidas a adoptar. El tercer informe sobre el estado
de la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la
Liberalización de Visados se presentó el 22 de junio de 2012[5].
Este fue el tercer y último informe de seguimiento sobre la primera fase del
PALV y presentaba una evaluación consolidada de la Comisión de los avances
realizados por la República de Moldavia para cumplir los criterios de
referencia de la primera fase del Plan, relativos al establecimiento de un
marco legislativo, político e institucional. La Comisión publicó el 3 de agosto de
2012 su evaluación de las posibles repercusiones sobre la migración y la
seguridad en la Unión Europea de la futura liberalización de visados para la
República de Moldavia[6], en la que participaron
las agencias competentes de la UE y partes interesadas. Sobre la base de estos informes, el
Consejo adoptó sus Conclusiones de 19 de noviembre de 2012, en las que
coincidía con la Comisión en que la República de Moldavia había cumplido
todos los criterios de referencia de la primera fase del Plan de Acción
para la Liberalización de Visados. A continuación se inició la evaluación de
los criterios de referencia de la segunda fase. Los siguientes pasos de la segunda fase,
así como la preparación de las misiones de evaluación se debatieron en una
reunión de altos funcionarios que tuvo lugar el 28 de enero de 2013. Se
organizó una nueva serie de misiones de evaluación de los cuatro bloques
del PALV del 18 de febrero al 15 de marzo de 2013. El alcance y detalle de la
evaluación de estas misiones no tenían precedentes, pues en ellas participarían
12 expertos de los Estados miembros de la UE, acompañados por funcionarios de
la Comisión y el SEAE durante cuatro semanas. Las misiones de los expertos tenían por
finalidad examinar tanto el estado de cumplimiento de los criterios de
referencia de la segunda fase del PALV como el alcance de la aplicación del
marco legislativo, político e institucional, de conformidad con las normas
europeas e internacionales. Se prestó especial atención a algunos ámbitos, como
la integración y la lucha contra la discriminación de las minorías y la trata
de seres humanos, que se mencionan igualmente en las Conclusiones del Consejo
de 19 de noviembre de 2012. Los informes de expertos
concluyeron en mayo de 2013. La República de Moldavia se comprometió a aplicar
las recomendaciones que se recogen en estos informes a través del Plan Nacional
de Acción redactado a finales de mayo de 2013. El Plan de Acción para la Liberalización
de Visados ha demostrado ser un importante incentivo para introducir reformas y
ha ayudado a la República de Moldavia a mantener un ritmo sostenido en las
reformas estructurales desde 2010. El marco legislativo y político ya se ha
establecido, como lo reconoce la conclusión de la primera fase del PALV en
noviembre de 2012. El objetivo del presente informe es
presentar el estado de aplicación del marco legislativo e institucional, el
funcionamiento de las instituciones y el nivel de coordinación entre
organismos. La Comisión elaboró este informe de seguimiento sobre la base
de las exhaustivas misiones de evaluación de los meses de febrero y marzo de
2013, incluidos los informes redactados en ese contexto por expertos de los
Estados miembros, así como información adicional recibida durante la reunión
del Subcomité mixto nº 3 UE-República de Moldavia[7]
y el Diálogo sobre derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia
celebrados ambos en abril de 2013. Se prestó especial atención a la sostenibilidad
de las reformas y a los resultados obtenidos, incluso a través de una
dotación de personal y una financiación coherentes. El informe examina
igualmente el estado del cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a
la República de Moldavia que se recogen en el informe sobre posibles repercusiones[8]
de agosto de 2012. 2. Evaluación de la aplicación de los
cuatro bloques del Plan de Acción para la Liberalización de Visados Bloque 1: Seguridad de los
documentos, incluida la biometría a) Criterios de referencia del PALV 1.
Introducción gradual de pasaportes
biométricos conformes con las normas de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), incluso en los consulados moldavos en el extranjero, y
retirada progresiva de los pasaportes no conformes con las normas de la OACI. Desde enero de 2011, la República de
Moldavia expide exclusivamente pasaportes biométricos (pasaportes ordinarios,
pasaportes diplomáticos, pasaportes de funcionarios y pasaportes para
apátridas) aplicando el principio «un solo pasaporte, un solo documento». A 31 de diciembre de 2012 había en
circulación 2 514 335 pasaportes de ciudadanos de la República de
Moldavia, de los cuales 487 745 (es decir, el 19,3 %) eran
biométricos. La retirada completa de los pasaportes no biométricos se prevé
para finales de 2020. Desde el 1 de enero de 2012, los
ciudadanos moldavos que vivan en el extranjero pueden solicitar un pasaporte
biométrico en las misiones diplomáticas y oficinas consulares de la República
de Moldavia. Todas las embajadas y consulados de la República de Moldavia en el
extranjero sin excepción han recibido equipo especial para recoger datos
biométricos de los solicitantes. Este nuevo pasaporte biométrico cumple las
normas de la OACI y contiene una serie de características de seguridad
recomendadas por esta organización[9]. Desde el 2 de enero de 2013, el Centro de
Recursos de Información del Estado «Registru» (CSIR Registru, en lo sucesivo
«Registru») opera con sus propios certificados básicos y de clave pública. Las
autoridades moldavas presentaron el 28 de septiembre de 2012 una solicitud para
ingresar al Directorio de Claves Públicas de la OACI (en lo sucesivo DCP de la
OACI). El Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones (en lo
sucesivo MTIC) elaboró a principios de 2013 la orden de pago por parte de Registru
de la cuota única de inscripción al DCP de la OACI. La firma por parte de
Registru de un contrato para la compra de libretas con un chip integrado, sobre
la base de la licitación de enero de 2012, se suspendió hasta febrero de 2013
debido a un recurso de impugnación, que fue rechazado por el Tribunal Supremo
de Justicia de la República de Moldavia. Se prevé que el adjudicatario y
Registru signen un contrato durante el verano de 2013. 2.
Alto nivel de integridad y seguridad
del proceso de solicitud, personalización y distribución de pasaportes, así
como de tarjetas de identidad y otros documentos primarios. «Registru» se encarga de expedir los
documentos de viaje e identidad. Todas las oficinas del Registro Civil están
informatizadas y conectadas a través de un canal de comunicación protegido a un
sistema de información automatizado denominado «Registro Estatal de Población»
(en lo sucesivo REP). Las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio
y cambio de nombre/apellido tienen el mismo formato y contienen las mismas
características de seguridad[10]. Las solicitudes de documentos de viaje y
tarjetas nacionales de identidad se presentan en las 49 oficinas territoriales
y regionales de Registru. Los controles que se realizan en esas oficinas
generalmente se refieren a la exactitud de los datos y la integridad de la
solicitud, así como controles no electrónicos con el Ministerio del Interior en
relación con infracciones de la ley, asuntos penales y personas que han
cometido delitos. La posibilidad de que una persona utilice
varias identidades parece muy remota, en vista de la existencia del REP, que
contiene una gran cantidad de datos sobre cada ciudadano moldavo. La inclusión
de datos biométricos en el pasaporte «congela» la identidad del titular e impide
utilizar una identidad diferente. «Registru» está adoptando firmes medidas
para reducir todo lo posible el riesgo de corrupción a nivel del personal
mediante, entre otras cosas: una clara segregación de tareas y funciones de los
miembros del personal, la asignación aleatoria de las solicitudes a los
funcionarios, la revisión de las solicitudes por al menos tres funcionarios y
el pago de tasas a través de cajeros automáticos. La presencia de varios
controles en las solicitudes hace que sea muy difícil que el personal
introduzca solicitudes fraudulentas en el sistema. Además, el Registro Civil ha desarrollado
una estrategia para evitar y luchar contra la corrupción a nivel de personal.
Entre las medidas adoptadas se encuentran inspecciones sin previo aviso, acceso
limitado a los datos, vigilancia por vídeo y declaraciones sobre ingresos,
propiedades y conflictos de intereses. En cada oficina local de solicitud se
muestran anuncios con información sobre corrupción. Gracias
a estas nuevas medidas, se impusieron siete sanciones disciplinarias por
infracciones cometidas por funcionarios del Registro Civil, tras
investigaciones realizadas en 2012. Los solicitantes que viven en la región
de Transnistria[11] pueden presentar sus
solicitudes de documentos en una de las oficinas localizadas cerca de la
demarcación administrativa. Desde el 17 de julio de 2003, seis oficinas
permanentes en la República de Moldavia y una oficina móvil se ocupan de estas
solicitudes y existe la misma organización práctica y principales procedimientos
que en el resto de la República de Moldavia. Las personas que solo poseen
documentos expedidos por las «autoridades» de Transnistria pueden registrar sus
documentos de estado civil ante las autoridades moldavas mediante su
transcripción por parte de la oficina del Registro Civil y su inclusión en el
REP. A continuación la Oficina del Registro Civil expide un documento a estas
personas para que puedan obtener un pasaporte moldavo. La legislación contempla
un procedimiento especial para el reconocimiento de los documentos primarios
expedidos por las «autoridades» de Transnistria. La identidad puede demostrarse
por medio de documentos de identidad o de viaje anteriores de la República de
Moldavia o a través de registros familiares. En muchos casos, la verificación
de la identidad de la persona resulta relativamente simple, ya que existen
registros que se remontan a 1992. En el caso de las personas nacidas en la
región de Transnistria después de 1992, para demostrar la identidad y tener
derecho a la ciudadanía de la República de Moldavia se requiere una
investigación de los registros de los progenitores y hermanos a fin de
establecer la relación de parentesco. Por último, se puede obtener un nivel
razonable de certeza respecto a la identidad mediante referencias cruzadas
entre los datos de miembros de la familia en el REP. 3.
Notificación sistemática y sin demora a
Interpol / la base de datos de pasaportes perdidos y robados. Desde octubre de 2011 existen procesos
para que los datos de todos los pasaportes perdidos y robados se envíen cada
cinco minutos del «Registru» a la Oficina Central Nacional de la Policía, que
es el punto de enlace con Interpol. La Oficina Central Nacional envía esta
información a Interpol cada día a través de un sistema electrónico en tiempo
real. No se hace ninguna distinción entre los pasaportes perdidos y los
robados. Los pasos fronterizos están conectados con la base de datos de
Interpol sobre pasaportes perdidos y robados. El número de pasaportes perdidos
es muy alto en relación con su producción. En 2011, 29 946 pasaportes se
declararon perdidos y se expidieron 261 259. En 2012, 32 343
pasaportes se declararon perdidos y se expidieron 260 393. Desde octubre
de 2011 se han encontrado y recuperado 15 603 pasaportes declarados perdidos.
4.
Intercambio periódico de muestras de
pasaportes y cooperación en materia de seguridad de documentos con la UE. Los
Estados miembros de la UE reciben cada año muestras de los nuevos pasaportes de
la República de Moldavia a través de un canal de comunicación específico. Por
otra parte, la República de Moldavia se adhirió en 2009 al Registro Público de
Documentos Auténticos de Identidad y de Viaje en Red (en lo sucesivo PRADO) del
Consejo de la Unión Europea. La última actualización
del sistema PRADO tuvo lugar el 1 de julio de 2011, durante la cual se
introdujeron nuevas muestras con las características de seguridad de los
pasaportes biométricos. En diciembre de 2012 se enviaron 65 nuevas
muestras con las características de seguridad de los pasaportes biométricos
diplomáticos y de servicio moldavos. En 2012, la División Técnica de Documentos
del Departamento de la Policía de Fronteras recibió, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores e Integración Europea (en lo sucesivo MAEIE) muestras de
documentos de viaje de los Estados miembros de la UE (62 unidades). b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones 5.
Establecer y aplicar sanciones
eficaces, proporcionales y disuasorias a las personas condenadas por vender o
prestar su pasaporte. El artículo 361 del Código Penal de la
República de Moldavia ya prevé sanciones por la fabricación, posesión, venta o
uso de documentos oficiales falsos. En relación con los pasaportes perdidos o
robados, las autoridades moldavas estudian actualmente la posibilidad de hacer
más estrictas las condiciones para la expedición de pasaportes a personas que
han declarado dicha pérdida o robo. 6.
Compartir periódicamente con las
autoridades de la UE datos sobre pasaportes biométricos perdidos y robados, en
particular mediante la utilización de la base de datos de Interpol sobre
documentos de viaje perdidos y robados. Véanse los criterios de referencia del
PALV: «Notificación sistemática y sin demora a Interpol / la base de datos de
pasaportes perdidos y robados», en la página 5 del presente informe. 7.
Reforzar el marco jurídico e institucional
del «registro civil» a fin de evitar el abuso de cambio de nombre o identidad
para la obtención de un nuevo pasaporte. Hay que establecer y aplicar unas
normas claras a los cambios de nombre; el marco jurídico e institucional debe
reforzarse e incluir un control efectivo y medidas de trazabilidad. Cualquier
ciudadano puede presentar una solicitud para cambiar su nombre o apellido. La
decisión corresponde a la Oficina Central del Registro Civil, previo dictamen
de un comité especial. La legislación no limita el número de veces en que una
persona puede cambiar su nombre o apellido. El número de identificación
personal único (en lo sucesivo NIPU) que figura en el acta de nacimiento no
puede modificarse y, en caso de cambio de nombre o apellido, se invalidan todos
los documentos de viaje e identidad anteriores. Los controles fronterizos a la
salida del país se hacen con el NIPU, mientras que la Policía de Fronteras
tiene acceso al REP, en el que figuran todos los nombres y apellidos anteriores
de ciudadanos moldavos. El sistema actual reduce significativamente el abuso
del cambio de nombre. Evaluación general del bloque 1: La organización y procesos existentes garantizan un buen nivel de integridad y seguridad de los documentos. Los procedimientos del registro civil y de la expedición de documentos han mejorado considerablemente desde 2010. Los actuales sistemas de solicitud y expedición son seguros, están bien diseñados y prestan un buen servicio a los ciudadanos. Se están distribuyendo pasaportes biométricos conformes a las normas de la OACI y se están retirando rápidamente los tipos anteriores de pasaportes. Asimismo, se ha pedido a la República de Moldavia que facilite información complementaria sobre el gran número de pasaportes perdidos. La Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en general, los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 1. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 8. Introducción del uso de una libreta con chip integrado que aplique tanto el control de acceso ampliado (EAC) como el control de acceso complementario (SAC). 9. Automatización de todos los procesos que sea posible, eliminación del número de procedimientos manuales que aún existen y creación de un enlace electrónico entre «Registru» y el Ministerio del Interior. Bloque 2: Inmigración irregular, incluida la
readmisión Bloque 2 / Tema 1 - Gestión de
las fronteras a) Criterios de referencia del PALV 10.
Aplicación efectiva de la legislación
sobre el control de las fronteras mediante inspecciones fronterizas y
vigilancia, procedimientos y eficacia operativa en las fronteras, visión de la
situación a nivel nacional y local, incluida la aplicación de análisis de
riesgos, inteligencia y gestión del flujo de información, así como acceso
directo y consulta de las bases de datos nacionales e internacionales
pertinentes. El 1 de julio de 2012 entró en vigor la
Ley de la Policía de Fronteras, por la cual el Servicio de Guardia Fronteriza
se convierte en el Departamento de Policía de Fronteras del Ministerio del
Interior de la República de Moldavia. La Policía de Fronteras tiene
competencias y poderes ejecutivos en el ámbito de la gestión integrada de
fronteras, así como de la prevención y lucha contra la delincuencia
transfronteriza. La Ley de fronteras del Estado se ajusta a las definiciones y
marco del Código de fronteras Schengen[12] y tiene en
cuenta igualmente el marco jurídico de la Unión Europea en materia de
responsabilidad de los transportistas, en particular la Directiva sobre la
obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas
transportadas (Directiva 2004/82/CE). La Policía de Fronteras realiza sus
actividades con arreglo a normas similares a las guardias de fronteras de los
Estados miembros de la UE que forman parte de Schengen. En la zona controlada
por la República de Moldavia existen 56 pasos fronterizos, y el tráfico a
través de sus fronteras oscila entre 13 y 15 millones de personas por año. Los
controles fronterizos se llevan a cabo en líneas generales de acuerdo con el
Catálogo de recomendaciones y prácticas más idóneas de Schengen. Los sistemas de información y análisis de
riesgos presentan un muy buen nivel, incluso en comparación con los sistemas de
países de Schengen. El sistema de análisis de riesgos sigue el modelo integrado
común de análisis de riesgos (CIRAM) de Frontex y los perfiles se encuentran
bien elaborados y son de alta calidad. Al formar parte de la red de análisis de
riesgos en las fronteras orientales (EBRAN) de Frontex, la Policía de Fronteras
intercambia información mensualmente con la Agencia. Por otra parte, con la
ayuda de la Misión de asistencia fronteriza de la UE a la República de Moldavia
y Ucrania (en lo sucesivo EUBAM), la Policía de Fronteras y el Servicio de
Aduanas, y sus homólogas ucranianas redactan informes comunes de evaluación de
la seguridad en la frontera. La vigilancia de las fronteras se
planifica y realiza de acuerdo con un sistema de análisis de riesgos. El número
de patrullas alcanza un nivel bastante satisfactorio. La gestión integrada de
las fronteras incluye planes para crear un amplio sistema fijo de vigilancia a
lo largo de las fronteras. Mediante la introducción del sistema fijo de
vigilancia con los sistemas complementarios portátiles (sin operador), la
Policía de Fronteras puede hacer que el sistema de vigilancia de fronteras
alcance un nivel adecuado. La Policía de Fronteras cuenta con un número
suficiente de perros entrenados (123 en total, de los cuales 74 son perros
rastreadores). Por lo general, los dispositivos para los controles fronterizos
de primera línea cumplen las normas europeas. El número de alertas en las bases
de datos fue de más de 5 700 en 2012 (5 687 alertas nacionales y 56 alertas
a Interpol) y el número total se ha cuadriplicado con respecto a 2011. Los
agentes de primera línea tienen acceso al Sistema Integrado de Información de
la Policía de Fronteras, al marco jurídico, alertas extranjeras, perfiles de
riesgo e Internet (p. ej., PRADO). Todos los pasos fronterizos tienen
conexiones en línea con las bases de datos centrales. Debido a la falta de
dispositivos suficientes, el nivel de los controles de segunda línea no resulta
adecuado en todos los pasos fronterizos. 11.
Suministro de un nivel adecuado de
infraestructuras, equipos técnicos, sistemas informáticos y recursos
financieros y humanos, de conformidad con la estrategia de gestión integrada de
las fronteras y el plan de acción que se adopten, y aplicación eficaz de
programas de formación y medidas contra la corrupción. La Policía de Fronteras está modernizando
el sistema de vigilancia de fronteras y creará un Centro Nacional de
Coordinación. El desarrollo de la visión de la situación forma parte de un plan
de tres fases en curso, denominado «Desarrollo de un sistema fijo y móvil de
comunicaciones en las fronteras del Estado». Estas fases incluyen la
adquisición de equipos y la construcción de un sistema fijo y móvil de
telecomunicaciones para todo el país. La creación del Centro Nacional de
Coordinación mejorará el conocimiento de la situación y también permitirá
cooperar con el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras[13]
(en lo sucesivo Eurosur). La Policía de Fronteras tiene un número suficiente de
dispositivos de vigilancia fronteriza (por ejemplo, cámaras de visión térmica y
prismáticos de visión nocturna, pero actualmente carece de sistemas fijos de
vigilancia). La plantilla prevista para la Policía de
Fronteras es de 3 543 agentes, de los cuales un 83 % (2 945) ya ha
sido contratado. El motivo de la falta de personal es que ya no se utilizan
reclutas para el control de fronteras y todos los puestos vacantes deben
cubrirse antes de que finalice 2013. La Academia Nacional de la Policía de
Fronteras organiza programas de formación de dos años de duración para
suboficiales y cursos básicos de formación de seis meses para nuevos empleados.
El programa de dos años para suboficiales aplica el proceso de Copenhague y fue
elaborado con la ayuda de EUBAM y de acuerdo con el Plan de estudios común de
la UE para formación de guardias de frontera. En general, los programas de
formación constituyen un fundamento sólido para preparar a personal profesional
para la gestión de fronteras. La Policía de Fronteras ya ha aplicado la mayoría
de las recomendaciones y prácticas más idóneas en materia de prevención de la
corrupción[14] del Catálogo de Schengen
sobre control de las fronteras exteriores[15]. El Código
Deontológico de la Policía de Fronteras fue aprobado el 13 de junio de 2008 y
los sueldos de este cuerpo tienen un nivel competitivo. Se efectúan controles
sin previo aviso y el personal de la Policía de Fronteras tiene que hacer
públicos sus intereses personales e ingresos al incorporarse al servicio y cada
año a partir de entonces. Existe un sistema de rotación periódica del personal. 12.
Mejora de la cooperación entre
organismos (incluido el intercambio de datos entre el Servicio de Guardia de
Fronteras y los organismos con funciones coercitivas), la cooperación
internacional, incluida la cooperación con los países vecinos y la aplicación
del acuerdo de trabajo con Frontex a un alto nivel de eficacia. La cooperación entre organismos
encargados de la gestión de fronteras ha alcanzado un nivel satisfactorio. La
Policía de Fronteras mantiene una cooperación muy intensa con la Policía, el
Servicio de Aduanas y la Oficina de Migración y Asilo (en lo sucesivo OMA). La
cooperación entre la Policía de Fronteras y la Oficina del Fiscal General se
incrementó de forma estructural después de que la primera obtuviera nuevas
competencias en materia de investigación penal. Las principales formas de
cooperación entre organismos son el intercambio de información, los equipos
conjuntos de investigación, las acciones conjuntas y la formación conjunta. En
todos los pasos fronterizos, la Policía de Fronteras y los Servicios de Aduanas
han implantado controles únicos. Utilizan un sistema común de registro de
vehículos de carga y pueden usar los dispositivos de ambos organismos, por
ejemplo, para controlar vehículos. La Policía de Fronteras ha celebrado un
gran número de acuerdos y protocolos de cooperación con Rumanía y Ucrania. En
2012, la Policía de Fronteras prosiguió su cooperación con EUBAM, a fin de
garantizar una aplicación eficiente de las actividades de la novena fase anual
del Plan de Acción[16]. La Policía de Fronteras
cuenta desde 2006 con un funcionario de enlace en el centro conjunto de
cooperación transfronteriza de Galati. Existen acuerdos de cooperación con
algunos Estados miembros de la UE (Letonia, Lituania, Estonia, Hungría y
Polonia). La cooperación con otros países de la Comunidad de Estados
Independientes (en lo sucesivo CEI) tiene lugar a través del Consejo Supremo de
Servicios de Guardia de Fronteras de esta organización. Por último, existe un
protocolo de cooperación entre los guardias de fronteras de la GUAM[17].
La Policía de Fronteras firmó un acuerdo de trabajo con Frontex en agosto de
2008 y ha participado en numerosas actividades coordinadas por esta Agencia. En
diciembre de 2012 se creó el punto nacional de contacto con Frontex dentro del
Departamento de la Policía de Fronteras, al que se asignaron competencias en
materia de coordinación y aplicación de las disposiciones del Plan de
Cooperación con Frontex. b) Recomendaciones de la
Evaluación de las Repercusiones 13.
Continuar reforzando los controles en
las fronteras, incluidos un análisis de riesgos y medidas de vigilancia, así
como la prevención y lucha contra la corrupción en la frontera, y seguir
potenciando la cooperación con EUBAM en todos los ámbitos de la gestión de
fronteras. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 7 y 8 del presente informe. 14.
Intensificar la cooperación con los países
vecinos. Reforzar la cooperación bilateral e internacional y el intercambio de
información sobre datos estadísticos y analíticos y de datos/información
tácticos/operativos, a través de medidas como iniciar/participar en operaciones
transfronterizas conjuntas, equipos conjuntos de investigación y equipos
conjuntos de información, facilitando el intercambio de funcionarios de enlace
en esas operaciones y ofreciendo formación para la realización de controles
fronterizos y aduaneros conjuntos. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 8, 9 y 10 del presente informe. 15.
Mejorar la formación y el desarrollo de
capacidades en lo que respecta a la cooperación policial y aduanera
internacional y el intercambio de información. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 8, 9 y 10 del presente informe. 16.
Coordinar las actividades de control en la
frontera común. Compartir información y mejorar la evaluación de la situación
común a nivel operativo. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 8, 9 y 10 del presente informe. 17.
Intensificar la cooperación con los
países vecinos, en particular Ucrania. La República de Moldavia y las
autoridades ucranianas iniciaron en 2007 un proyecto piloto sobre el paso
fronterizo operado conjuntamente Rososhany-Briceni (en lo sucesivo PFOC). El
proyecto piloto sobre el PFOC fue planificado y puesto en marcha con la ayuda y
el apoyo de EUBAM y la Comisión Europea. Ambas partes se han cedido mutuamente
la responsabilidad de los controles de salida. Los principios de «ventanilla
única», «mano a mano», «bajo un mismo techo» y «hombro con hombro» se han introducido
con éxito en el proyecto piloto del PFOC. 18.
Seguir manteniendo la cooperación con
EUBAM y aplicar las recomendaciones de EUBAM para mejorar e intensificar la
utilización de unidades móviles. El segmento de la frontera entre la
República de Moldavia y Ucrania correspondiente a Transnistria no se encuentra
bajo control de la Policía de Fronteras y el Servicio de Aduanas de la
República de Moldavia. Este segmento incluye 25 pasos fronterizos oficiales
hacia Ucrania y los controles fronterizos y funciones de vigilancia reconocidos
internacionalmente son llevados a cabo únicamente por la Guardia de Fronteras
de Ucrania. A lo largo de la demarcación administrativa entre la región de
Transnistria y la República de Moldavia existen 14 puestos internos de control
de aduanas (PICA), en los que el Servicio de Aduanas de la República de
Moldavia realiza controles de mercancías. En febrero
de 2013, las autoridades moldavas comenzaron a aplicar una nueva estrategia a
fin de evitar la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza, así
como para facilitar el flujo de pasajeros a través de la región de
Transnistria. Esta estrategia contempla medidas como: el registro de los
ciudadanos extranjeros que entran y salen de la República de Moldavia a través
de la demarcación administrativa, el refuerzo de las capacidades de los PICA
por parte de la OMA (en seis de los PICA habrá una oficina de registro de
extranjeros abierta sin interrupciones), la elaboración de normas para los PICA
(protección de datos, intercambio de información entre autoridades y división
de tareas), una campaña de información sobre las nuevas normas de registro para
extranjeros, la creación de unidades móviles[18] en todo el
país y el refuerzo de la cooperación con las autoridades ucranianas y EUBAM. De
acuerdo con esta estrategia, los ciudadanos extranjeros que entran o salen del
territorio de la República de Moldavia a través de la región de Transnistria,
incluidos los que residen en ella, pueden registrarse voluntariamente en los
PICA, los pasos fronterizos o las oficinas específicas para tal fin en
Chisináu, Balti o Comrat. Este mecanismo no afectará a la circulación de
extranjeros dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente de la
República de Moldavia. A fin de hacer frente a la inmigración ilegal y la
delincuencia transfronteriza, una unidad móvil de 70 agentes realizará
controles basados en análisis de riesgos en todo el interior del país. Estas
patrullas se realizarán con mayor frecuencia en forma de patrullas conjuntas
del Servicio de Aduanas, la Policía, la Policía de Fronteras y la OMA. Se prevé
que la aplicación de esta política, incluido su marco jurídico, tendrá lugar en
el primer semestre de 2013. Por otra parte, la República de Moldavia tiene la
intención de extender la práctica de los controles y patrullas conjuntos con
guardias de fronteras ucranianos del segmento central (correspondiente a
Transnistria) de su frontera común. Esta práctica se inició en 2012 en el
segmento norte de la frontera, en el paso fronterizo operado conjuntamente de
Rososhany-Briceni, y pronto se extenderá al paso fronterizo de Palanca /
Mayaki, situado en el segmento sur de la frontera. Evaluación del bloque 2 / Tema 1 – Gestión de fronteras La Policía de Fronteras de la República de Moldavia está organizada de acuerdo con las recomendaciones del Catálogo de Schengen, los controles fronterizos y la vigilancia de la frontera se realizan de conformidad con las normas de la UE y el sistema de análisis de riesgos está organizado de acuerdo con las prácticas idóneas de Schengen. Todavía es necesario introducir algunas mejoras técnicas. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 19. Introducir sistemas técnicos fijos de vigilancia a lo largo de la frontera terrestre. Aplicar las prácticas idóneas de la UE para la creación del Centro Nacional de Coordinación y los Centros Regionales de Coordinación. 20. Intensificar los controles de vehículos para detectar personas ocultas y mejorar el análisis de riesgos y la elaboración de perfiles de trata de seres humanos. Mejorar la formación y disponibilidad de agentes de primera y segunda líneas para la detección de documentos falsificados. Continuar la adquisición de equipos para los controles de segunda línea y de vehículos. Hacer un seguimiento y grabar los controles fronterizos mediante cámaras en cada puesto. Intensificar la prevención de la corrupción en el Servicio de Aduanas y aplicar las prácticas más idóneas de la UE. 21. Seguir aplicando un concepto basado en unidades móviles para la región de Transnistria integradas por fuerzas de seguridad competentes que estén formadas para hacer frente a la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza. Debe establecerse un intercambio automático de información y datos personales en tiempo real entre todas las autoridades con funciones coercitivas. Bloque 2 / Tema 2 - Gestión de
la migración a) Criterios de referencia del PALV 22.
Aplicación constante y eficaz del
Acuerdo de readmisión entre la UE y la República de Moldavia y medidas para la
reintegración de ciudadanos moldavos (que regresen de forma voluntaria o
readmitidos). La Oficina de Migración y Asilo (OMA) del
Ministerio del Interior es la autoridad competente para la aplicación de los
acuerdos de readmisión de la República de Moldavia. La República de Moldavia ha
celebrado acuerdos de readmisión con los siguientes Estados: la UE (firmado el
10 de octubre de 2007 en Bruselas), Noruega (9 de agosto de 2006), la
Confederación Suiza (1 de junio de 2004, 19 de mayo de 2010) y Turquía (1 de
noviembre de 2012). Las negociaciones prosiguen con Albania, Azerbaiyán, la
Federación de Rusia y el Líbano. En la última reunión del Comité Mixto de Readmisión
UE-República de Moldavia[19] se expuso que el número
de solicitudes de readmisión de nacionales moldavos de Estados miembros de la
UE ha disminuido de 242 en 2011 a 142 en 2012 y a 57 durante los 5 primeros
meses de 2013. En 2012, el mayor número de solicitudes provino de Francia (54),
Alemania (34) y Austria (26). El Ministerio de Trabajo, Protección
Social y Familia ha adoptado medidas sostenibles para la reintegración de los
ciudadanos moldavos a través de las oficinas de la Agencia Nacional de Empleo.
Se organizan periódicamente ferias de empleo, se ha creado una línea telefónica
de asistencia y en todas las oficinas locales se ofrece información clara
(folletos, tablones de información, guías) sobre puestos vacantes y
prestaciones de desempleo. El programa PARE 1+1 sigue prestando apoyo a las
inversiones locales de los ciudadanos moldavos retornados con un complemento del
Gobierno. 23.
Aplicación efectiva del marco jurídico
para la gestión de la migración, incluida la creación de estructuras
administrativas con los recursos humanos necesarios y competencias claras y
pertinentes para todos los aspectos de dicha gestión, así como una cooperación
eficaz entre los organismos competentes. La gestión de la migración en la
República de Moldavia se rige por la Ley nº 200/16.07.2010 de extranjería de la
República de Moldavia. La legislación nacional anterior (es decir, la Ley nº
275/1994 y la Ley nº 180/2008) se sigue aplicando a la estancia legal de
extranjeros, no ha sido abolida ni se ha integrado en la nueva Ley. Aún no se
han adoptado procedimientos exhaustivos para determinar los plazos, ni
sanciones por contravención del mecanismo de retorno voluntario, ni
disposiciones de protección para familias y niños[20].
La Oficina de Migración y Asilo (OMA) del
Ministerio del Interior es la principal autoridad competente para la gestión de
la migración en la República de Moldavia. La Comisión para la coordinación de
determinadas actividades relacionadas con la migración (creada por la Decisión
gubernamental 133/23.02.2010) se encarga de la aplicación de todas las
políticas y estrategias estatales en el ámbito de la migración, de la prevención
y lucha contra la inmigración ilegal, así como de la coordinación de las
actividades de todas las autoridades públicas competentes en el ámbito de la
gestión de la migración. En el marco de la reestructuración interna del
Ministerio del Interior, la OMA fue dotada de recursos humanos suficientes (22
empleados) para la coordinación de varias tareas que figuran en la Estrategia
de migración. El Departamento de Inmigración de la OMA cuenta con competencias
adicionales, como el registro o cancelación del domicilio o residencia de
extranjeros, el registro de la residencia temporal de extranjeros destinados a
la República de Moldavia hasta un máximo de 90 días[21],
así como la coordinación de la expedición de visados de larga duración y la
lucha contra la permanencia irregular de extranjeros. Se imparte formación
continua al personal de la OMA en el marco de diversos proyectos de la UE, con
el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro
Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM) y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el
marco del proyecto ReVis se celebran amplios talleres sobre el Sistema de
Información de Visados y visitas de estudios a varios Estados miembros de la
UE. En la última reunión del Comité mixto de
facilitación de visados UE-República de Moldavia[22]
se llegó a la conclusión de que el porcentaje de visados denegados para
ciudadanos moldavos ha disminuido considerablemente del 11,43 % en 2010 al
6,53 % en 2012. Las estadísticas correspondientes a 2010 y 2012 muestran
que el porcentaje de visados denegados de todos los Estados de Schengen ha
disminuido en las embajadas y consulados de la UE en Chisináu. Así es en el
caso de la República Checa (del 22,72 % al 9,55 %), Lituania (del
15,86 % al 2,9 %), Francia (del 14,11 % al 9,9 %), Polonia
(del 11,64 % al 6,42 %), Italia (del 15,23 % al 8,0 %),
Hungría (Centro Común de Solicitud de Visados) (del 7,75 % al 5,9 %)
y Alemania (del 5,33 % en 2010 al 2,4 % en 2012). La media ponderada
de visados denegados en 2010 fue del 11,43 %, mientras que en 2012 fue del
4,8 %. El porcentaje de visados para múltiples estancias en Estados de
Schengen expedidos en la República de Moldavia también aumenta de forma constante
(un 25,2 % en 2010 y un 26,7 % en 2012). 24.
Establecimiento de un perfil de
migración actualizado periódicamente y análisis eficaz de los datos sobre
números y flujos de inmigrantes. Según las estadísticas oficiales (pasos
fronterizos) a 1 de enero de 2013: 899 500 ciudadanos moldavos se
encontraban en el extranjero, de los cuales 274 500 permanecían fuera del
país menos de 3 meses, 289 500 más de 3 meses, 100 700 hasta 1 año,
55 600 hasta 3 años y 179 100 más de 3 años. El perfil migratorio
ampliado (PMA) fue establecido por la Decisión gubernamental
nº 634/24.08.2012 sobre la aprobación de la lista de indicadores y la
plantilla del PMA. El primer PMA se publicó en abril de 2013. El PMA servirá
como instrumento para desarrollar políticas migratorias más eficientes y
coherentes en la República de Moldavia, que complementarán la Estrategia
Nacional de Migración y su mecanismo de coordinación. Dentro de la OMA se ha
creado una unidad especializada responsable de producir y actualizar el perfil
migratorio ampliado (Unidad de desarrollo de información, gestión de datos y
análisis de riesgos, integrada por cinco personas). 25.
Aplicación coherente de una metodología
eficaz para detectar inmigrantes irregulares en el interior del país, análisis
de riesgos (incluida la información a organismos competentes y análisis a cada
nivel administrativo, por ejemplo, local, central) e investigación de casos de
facilitación de la inmigración irregular organizada, incluida una cooperación
eficaz entre los organismos competentes. La detección de los extranjeros en
situación irregular se realiza mediante verificaciones y controles específicos
de la OMA. Las pruebas se cotejan con el Sistema Automatizado de Información
Integrada sobre Migración y Asilo (Siiama) de
la OMA, los registros de la Policía de Fronteras, el Registro de Población del
Estado (Access), la Oficina Nacional Central de Interpol en Moldavia y las
pruebas informatizadas de personas enjuiciadas, «Search». La OMA lleva a cabo
redadas en todo el país en cooperación con la Inspección de Trabajo, la
Inspección Tributaria del Estado y el Centro Nacional de Salud Pública.
Mediante ellas, en 2011 fueron condenados 107 extranjeros por violación de las
normas de residencia y trabajo no declarado y otros 123 en 2012. Se han
asignado otros 34 empleados para garantizar la cobertura de todas las regiones
del país y establecer tres servicios regionales de la OMA para luchar contra la
estancia irregular de extranjeros. La OMA ha creado recientemente una Unidad de
desarrollo de información, gestión de datos y análisis de riesgos (integrada
por cinco empleados) y la Policía de Fronteras también ha creado una Unidad de
Análisis de Riesgos especializada en inmigración irregular. La difusión y uso
de esta información en todos los puestos fronterizos se lleva a cabo por medio
de una base de datos en línea a la que pueden acceder todos ellos. A fin de
garantizar una aplicación exhaustiva de la Ley de extranjería y sus
reglamentos, la OMA coopera con los siguientes departamentos especializados del
Ministerio del Interior: Departamento de Policía, Departamento de Instituciones
Penitenciarias, Servicio de Información y Seguridad, Departamento de Policía de
Fronteras y Departamento de Carabineros. El 20 de diciembre de 2012 se firmó un
acuerdo de cooperación entre la OMA y el Departamento de Policía de Fronteras
para prevenir y luchar contra la inmigración irregular de extranjeros en las
fronteras y dentro del territorio de la República de Moldavia. Se lleva a cabo un Plan de Acción para la
aplicación de medidas destinadas a controlar los flujos migratorios a través de
la región de Transnistria. Se pretende tener un mejor registro de los
extranjeros en los puestos internos de control de aduanas y un control de los
flujos migratorios en la demarcación administrativa por el Ministerio del
Interior. Dentro de la OMA se ha creado una unidad responsable de la gestión de
las actividades de los puestos internos de control para la obtención de pruebas
y el registro de extranjeros. Únicamente los extranjeros tendrán la obligación
de registrarse y no se impondrá la verificación de todos los viajeros que
atraviesen la región de Transnistria. Aparte del procedimiento propuesto para
los puestos internos de control, los extranjeros pueden registrarse en: i)
cualquier oficina territorial de verificación y documentación de la población
del Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones, ii) los servicios
regionales de cualquier subdivisión territorial de la OMA (en Chisináu, Balti y
Cahul) y iii) las subdivisiones del Departamento de Policía de Fronteras, a más
tardar 72 horas después de cruzar la frontera. 26.
Creación de infraestructuras adecuadas
(como por ejemplo centros de detención) y refuerzo de los órganos competentes
para expulsar de forma eficaz a los nacionales de terceros países en situación
de residencia o tránsito irregular del territorio de la República de Moldavia. La OMA ejecuta la medida de expulsión y
escolta al extranjero a la frontera nacional o al país de origen. Los
extranjeros detenidos son enviados al Centro de Detención Temporal de
Extranjeros, una subdivisión de la OMA, donde la ley les garantiza el acceso a
asistencia jurídica y el goce de derechos sociales, culturales y humanos. En el
contexto de la reestructuración interna de la OMA y el Ministerio del Interior
se asignaron recursos humanos adicionales a este Centro, que ahora cuenta con 5
servicios y 40 empleados. En el período 2009-2013 se detuvo a 360 extranjeros,
71 en 2009, 80 en 2010, 103 en 2011, 97 en 2012 y 9 (hasta ahora) en 2013. De
los 115 casos de identificación iniciados por la OMA, 85 extranjeros fueron
detenidos sin llegar a conocer su identidad. b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones 27.
Organizar campañas permanentes y
específicas de información para aclarar los derechos y obligaciones de los
viajes sin visado que incluyan información sobre las normas que regulan el
acceso al mercado laboral de la UE (inclusive a través del Portal de
Inmigración de la UE) y la responsabilidad por cualquier abuso de derechos en
virtud del régimen de exención de visado. Se han
organizado extensas reuniones del Grupo de acción de visados con asesores de
alto nivel de la UE, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Se
celebran periódicamente sesiones públicas de información como parte de las
sesiones de integración organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores e
Integración Europea en diversos medios de comunicación, entornos sociales y
universidades. Estas sesiones públicas también pretenden aclarar los derechos y
obligaciones de los viajes sin visado que incluyan información sobre las normas
que regulan el acceso al mercado laboral de la UE y la responsabilidad por
cualquier abuso de derechos en virtud del régimen de exención de visado. Se ha
establecido un centro de información muy activo en Balti, en las instalaciones
de la Universidad Nacional. Por otra parte, muchas actividades de comunicación
e información se llevan a cabo en el marco de diferentes proyectos de la
Asociación de Movilidad entre la UE y la República de Moldavia (por ejemplo, Legal in EU, Nexus, etc.). En relación con las
condiciones precisas para viajar a la UE, es decir, la política de visados de
la UE, las disposiciones del Acuerdo de facilitación de visados entre la UE y
la República de Moldavia se presentan y actualizan permanentemente en el sitio
web del MAEIE (sección de información consular), así como en el Centro de
Llamadas de este Ministerio, una línea telefónica de atención gratuita. Evaluación del Bloque 2 / Tema 2 - Gestión de la migración Los procedimientos operativos para aplicar la Ley de extranjería funcionan correctamente y la OMA se ha convertido en la entidad coordinadora para gestionar los flujos migratorios. Se ha creado el perfil migratorio ampliado, junto con un informe de evaluación de datos. Se está respetando la aplicación efectiva de los acuerdos de readmisión y facilitación de visados entre la UE y la República de Moldavia. Existen infraestructuras adecuadas, como son los centros de detención. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 28. Seguir aplicando la Ley nº 200/2010 de extranjería y abolir la legislación nacional anterior. 29. Reforzar los recursos humanos para que la OMA cuente con cobertura regional en el ámbito de la inmigración y la lucha contra la estancia irregular de extranjeros. Establecer un mecanismo de información y análisis en cada nivel administrativo mediante el refuerzo de la Unidad de Análisis de Riesgos. 30. Continuar con la apertura de unidades de registro de la OMA en la línea de demarcación con Transnistria. Cooperar con otras autoridades con funciones coercitivas y garantizar el intercambio automático de información. Bloque 2 / Tema 3 - Política
de asilo a) Criterios de referencia del PALV 31.
Aplicación efectiva de la legislación en
materia de asilo, incluidos la creación de infraestructuras adecuadas y el
refuerzo de los organismos competentes (personal, financiación), en particular
en el ámbito de los procedimientos de asilo, la acogida de solicitantes de
asilo y la protección de sus derechos, así como la integración de refugiados;
garantizar que los beneficiarios de protección internacional tengan acceso a
los documentos de viaje contemplados en la legislación. La legislación de la República de
Moldavia en el ámbito de la protección de refugiados concuerda en gran medida
con las normas internacionales y europeas. La legislación sobre asilo establece
el marco institucional, los procedimientos legales y los principios jurídicos
necesarios. La legislación se aplica de forma satisfactoria. La calidad del
procedimiento para determinar la condición de refugiado es satisfactoria y
sigue mejorando. El acceso a este proceso está garantizado por la ley y se
aplica en la práctica. El ACNUR tiene pleno acceso a las personas que son
motivo de preocupación y mantiene buenas relaciones de trabajo con las
autoridades competentes en materia de asilo y la Policía de Fronteras. El
principio de no devolución se respeta en la práctica. Se considera que el
procedimiento para determinar la condición de refugiado es de buena calidad y
sigue mejorando. En 2012, se concedió la condición de refugiado a 19 personas y
protección humanitaria a otras 45. En total se adoptaron 119 decisiones, lo que
implica que más de la mitad de las solicitudes dieron lugar a la concesión de
alguna forma de protección. Otros países que figuran entre los cinco
principales en lo que se refiere a la concesión de alguna forma de protección
son Armenia, Afganistán, Kirguistán y Rusia. Estas cifras podrían ser un
indicio de que las decisiones se basan en información sobre el país de origen
(IPO) objetiva y actualizada, y que la protección se concede a aquellas
personas que necesitan protección internacional. Sin embargo, es necesario
reforzar el sistema de IPO y contratar más personal. Muy pocas decisiones en
primera instancia[23] han sido revocadas en
recurso, pues en 2012 se mantuvieron todas las decisiones en el procedimiento
judicial. En el Departamento de Asilo e
Integración, cinco personas trabajan en la Unidad de Procedimiento de Asilo y
Protección Internacional. Esta cifra se considera suficiente por el momento,
pues el número de solicitudes de asilo sigue siendo relativamente reducido (177
en 2012, 72 en 2011), lo que garantiza tiempo suficiente para realizar
entrevistas y adoptar decisiones de calidad. Existe una sala de entrevistas en
las instalaciones del Departamento de Asilo e Integración, que se encuentra
bien equipada y ofrece suficiente privacidad a los solicitantes de asilo. Se ha
señalado que se presta especial atención a las personas más vulnerables, como
menores, víctimas de torturas, personas traumatizadas, víctimas de violencia o
personas con trastornos psicológicos. Estas personas generalmente reciben
asistencia de un representante de la organización no gubernamental (ONG)
«Memoria». En la nueva estructura de la OMA se ha creado una nueva unidad: la
Unidad de Apátridas e Información, integrada por cuatro personas. Esta unidad
se ocupa de las solicitudes de apatridia[24], pero
también del registro de solicitantes de asilo. Se elaboraron un cuestionario,
una plantilla para la entrevista y una guía para garantizar que se pongan en
práctica las disposiciones legales. Desde febrero de 2012 se han recibido 160
solicitudes y se ha concedido la condición de apátrida a 16 personas. La «Ley de integración de extranjeros en
la República de Moldavia» entró en vigor el 1 de julio de 2012. Se han
desarrollado métodos para llevar a cabo sesiones de adaptación sociocultural y
cursos de la lengua nacional. Se han aprobado el Reglamento relativo al
procedimiento y condiciones para el alquiler de viviendas a extranjeros
beneficiarios de programas de integración y a los extranjeros que han obtenido
una forma de protección y el Reglamento relativo al Centro de Alojamiento. La
ley garantiza el pleno acceso al mercado laboral de los beneficiarios de una
forma de protección y de los solicitantes de asilo, al subsidio de desempleo y
a las medidas para prevenir este último. Se han observado varios proyectos
piloto de éxito. En el momento de realizar esta evaluación, los refugiados aún
no podían obtener documentos para viajar fuera del territorio de la República
de Moldavia. Debido a problemas relacionados con la licitación para la expedición
de tarjetas de identidad y pasaportes biométricos, estos documentos estarán
disponibles en septiembre de 2013. El Gobierno aprobó el Reglamento relativo al
Centro de Alojamiento para Solicitantes de Asilo el 28 de diciembre de 2012.
Este Centro existe desde septiembre de 2010 y su mantenimiento y personal
corren a cargo del presupuesto del Estado. El 15 de febrero de 2013, en el
centro de acogida vivían 18 solicitantes de asilo, 2 beneficiarios de
protección humanitaria y 1 persona con la condición de refugiado. Los
trabajadores sociales, asesores jurídicos y el ACNUR tienen acceso al centro en
todo momento. Las condiciones y la calidad del Centro en general son buenas, a
pesar de la falta de personal y fondos. Evaluación del Bloque 2 / Tema 3 - Política de asilo La Ley de asilo se aplica correctamente y la calidad del procedimiento para determinar la condición de refugiado es satisfactoria y sigue mejorando. La República de Moldavia ha elaborado un procedimiento ejemplar para determinar la apatridia. Se han logrado avances considerables en el ámbito de la integración. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 32. Incluir las ventanillas únicas como una de las autoridades competentes para recibir solicitudes de asilo en el artículo 52 de la Ley de asilo. 33. Impartir formación continua en materia de asilo a la policía y la Policía de Fronteras. Lograr que el poder judicial cuente con los conocimientos especializados necesarios para los casos de asilo, por ejemplo, mediante la creación de tribunales o jueces especializados. 34. Seguir desarrollando la metodología para la gestión de la IPO y obtener acceso a sesiones informativas sobre IPO. 35. Aumentar los fondos para las medidas de integración patrocinadas por el Estado y elaborar un código de conducta para el personal de los centros de acogida. Evaluación general del Bloque 2 La Comisión considera que la República de Moldavia cumple ampliamente los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 2. Aún deben aplicarse algunas recomendaciones, como se señala más arriba. Bloque 3: Orden público y seguridad Bloque 3 / Tema 1 – Prevención y
lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción a) Criterios de referencia del PALV 36.
Aplicación de la Estrategia y el Plan
de Acción para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada, incluida
una coordinación eficaz entre las autoridades competentes, y la investigación,
el procesamiento y la confiscación de los productos del delito. Desde 2011 se han llevado a cabo varias
actividades para aplicar la Estrategia nacional para prevenir y luchar contra
la delincuencia organizada. El 4 de mayo de 2012 se creó el Consejo Nacional
para la coordinación de las actividades destinadas a prevenir y luchar contra
la delincuencia organizada. Este Consejo es un órgano colegial
interdepartamental creado para garantizar una cooperación eficiente entre las
autoridades de la administración pública central, y la coordinación de sus
actividades para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. El 8 de
junio de 2012 se aprobó una hoja de ruta para la aplicación de las recomendaciones
de las misiones de evaluación de la UE de los meses de octubre y noviembre de
2011 relativas a las medidas especiales de investigación y la lucha contra la
delincuencia organizada. La Oficina del Fiscal General creó el Consejo Nacional
de Coordinación de las actividades de prevención y lucha contra la delincuencia
organizada. En 2012, 70 delitos fueron cometidos por 49 grupos delictivos
integrados por 229 miembros activos (de los cuales 6 grupos tenían actividades
delictivas a nivel internacional). Se observó en la práctica una mejora de la
denuncia de actos ilegales por parte de la sociedad civil, un registro más
estricto y una mayor disciplina para evitar la ocultación de delitos y otras
faltas. Junto con la aplicación de la Estrategia
y el Plan de Acción, una importante reforma del Ministerio del Interior entró
en vigor el 5 de marzo de 2013. Los principales principios y objetivos de la
reforma son: la despolitización de las actividades de los órganos con funciones
coercitivas; la desmilitarización del Departamento de Carabineros; aumentar la
presencia de los órganos con funciones coercitivas en todo el país, por medio
de un despliegue más coordinado de las unidades de policía; una mayor
armonización y coordinación de los distintos departamentos de policía para
evitar solapes y la duplicación de funciones; y una respuesta más eficiente a
los delitos importantes y graves por medio de actividades de investigación
penal especializadas y servicios de procesamiento paralelos. Con la reforma del
Ministerio del Interior se introdujeron dos nuevos conceptos que están siendo
aplicados: la especialización de las unidades de policía encargadas de los
expedientes de delitos graves y delincuencia organizada, y un enfoque policial
basado en la información. Se creó la Unidad de Análisis del Departamento de
Policía con cinco analistas de información que utilizan I2 y la herramienta
informática de análisis Letizia. Todos consideran que la reforma constituye un
excelente medio para segregar la formulación de políticas de la aplicación de
políticas. Las nuevas competencias del Ministro en materia de actividades
policiales ya no incluyen su antigua función de investigación penal, de acuerdo
con las mejores normas internacionales y de la UE. Un primer resultado positivo
de la reforma ha sido la designación del Jefe de Policía por el Gobierno a
propuesta del Ministro del Interior. Los Carabineros han sido reorganizados,
desmilitarizados e integrados en la estructura de la Inspección General de
Policía, en el marco de la reforma del Ministerio del Interior. Asimismo se han emprendido actividades
para reforzar los laboratorios forenses. Mediante la orden nº 399 de 29 de
noviembre de 2012 se creó un grupo de trabajo interdepartamental con el fin de
elaborar el marco legislativo y reglamentario necesario para crear y gestionar
una base de datos y un laboratorio de ADN. En junio de 2013, expertos
austríacos prestarán asistencia al Ministerio del Interior para redactar una
ley sobre el ADN. Se asignarán 2 millones de euros para equipo y formación del
personal que trabaja en los ámbitos técnico y forense. Se han adoptado todos los convenios
internacionales pertinentes y, en general, puede considerarse que el marco
legislativo y el sistema institucional de observancia de la legislación vigente
concuerdan con el acervo y las mejores normas de la UE, y que su aplicación se
encuentra en una fase avanzada. No obstante, la legislación en materia de
confiscación todavía presenta algunas lagunas respecto a las normas
internacionales y el acervo de la UE. Estas lagunas se refieren ante todo a las
facultades para congelar fondos y la confiscación de bienes de terceros. La República de Moldavia debe reforzar
las normas vigentes para el registro de sociedades y las disposiciones en
materia de responsabilidad penal de las empresas con objeto de limitar el uso
de sociedades «tapadera» para lavar el producto del delito y ocultar activos de
origen delictivo. De acuerdo con las estadísticas sobre confiscaciones, las
cantidades confiscadas son reducidas en comparación con el número de condenas.
Las autoridades moldavas deben hacer un mayor uso de sus competencias de
confiscación. La República de Moldavia debe establecer una oficina centralizada
de recuperación de activos a fin de reforzar la identificación y el seguimiento
de los productos del delito resultantes de actividades delictivas tanto
nacionales como transfronterizas, e intercambiar información de forma
expeditiva con las oficinas de recuperación de activos de los Estados miembros. Evaluación del Bloque 3 / Tema 1a – Prevención y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo La aplicación de la reforma del Ministerio del Interior ha sido planificada y puesta en marcha correctamente. Las autoridades con funciones coercitivas encargadas de la lucha contra los delitos graves y la delincuencia organizada están bien coordinadas, se aproximan a las normas europeas y obtienen resultados. Se requieren nuevos ajustes e inversiones en medios técnicos para que la reforma resulte sostenible y se aproveche plenamente. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 37. Un mayor desarrollo del modelo de análisis de información estratégica para la Policía de acuerdo con la actividad policial basada en la información. Redoblar esfuerzos para mejorar la coordinación de las actividades de las patrullas de todos los departamentos dependientes de la Inspección Nacional de Patrullas. Eliminar el papel de intermediario técnico del Servicio de Seguridad e Inteligencia en la intercepción de comunicaciones, ya que las actividades con fines de investigación penal solo deben ser realizadas por las autoridades con funciones coercitivas. 38. Reforzar el marco jurídico en materia de confiscación, crear una oficina de recuperación de activos, aumentar la transparencia de las personas jurídicas y utilizar de forma sistemática las competencias de confiscación. 39.
Aplicación de la legislación para
prevenir la trata de seres humanos y el correspondiente Plan Nacional,
incluidas la coordinación eficaz entre los organismos estatales y la protección
eficaz de las víctimas de la trata, en particular los niños. La República de Moldavia dio un
importante paso adelante en el ámbito de la lucha contra la trata durante los
últimos dos años en lo que se refiere a la modernización del marco jurídico e
institucional. Resulta evidente que las políticas contra la trata han sido
prioritarias en el programa político. El Plan Nacional de Acción 2010-2011 y el
Plan Nacional de Acción 2012-2013 (en lo relativo a las acciones previstas para
2012) se ejecutaron plenamente en un 75 % y parcialmente en un 11 %.
Asimismo, muchas actividades del plan se realizaron gracias al apoyo prestado
por organizaciones internaciones y ONG en el marco de diversos programas
internacionales. En el segundo semestre de 2013 se elaborará el Sexto Plan de
Acción contra la trata de seres humanos. Según las estadísticas[25],
en 2012 se detectaron en las fronteras 18 casos de trata de seres humanos que
afectaban a 35 personas, mientras que esta cifra fue de 10 casos (15 personas)
en 2010 y de 13 casos (29 personas) en 2011. Más de la mitad de los casos se
detectaron en el aeropuerto de Chisináu. Por lo general, las víctimas eran
chicas jóvenes que eran trasladadas ilegalmente a los Emiratos Árabes Unidos,
Turquía, el Norte de Chipre y Arabia Saudí, y en muy contados casos, a Estados
miembros de la UE. Las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de trata de seres humanos concuerdan con las normas
internacionales y europeas en este ámbito. Se han ratificado y se aplican el
Protocolo de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y el Convenio del Consejo de
Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, firmado en Varsovia en
2005. La estructura del sistema nacional de lucha contra la trata se basa en la
cooperación entre las instituciones más importantes, incluidas las de la
sociedad civil. Se centra igualmente en un enfoque basado en los derechos
humanos que pretende dar prioridad a las necesidades de las víctimas. Se han
redoblado los esfuerzos en el ámbito de la cooperación policial y judicial
internacional, como las negociaciones de acuerdos bilaterales con algunos
países de destino de las personas objeto de trata. En el marco de la reforma
del Ministerio del Interior, el Centro de Lucha contra la Trata de Personas se
ha integrado plenamente en la Inspección General de Policía y se ha designado a
un civil con amplia experiencia en la lucha contra la trata para ocupar el
puesto de Director de este Centro. En lo que respecta a la aplicación en la
práctica de las políticas de lucha contra la trata, a pesar de esfuerzos
considerables, la dotación presupuestaria (de recursos financieros y humanos)
parece seguir siendo insuficiente en la perspectiva de una plena responsabilización
por parte del Gobierno y de la sostenibilidad de las acciones a largo plazo. El
Gobierno redobla constantemente sus esfuerzos en este aspecto. Actualmente, el
Estado no puede financiar ONG (debido al marco jurídico vigente), lo que impide
hasta cierto punto la plena cooperación con la sociedad civil. Sin embargo,
hace poco se aprobó un proyecto de ley sobre financiación pública de
proveedores privados de servicios sociales. En cuanto a la recopilación de
datos, se sigue trabajando en la creación de una base de datos estadísticos a
nivel nacional sobre la trata de seres humanos. Las autoridades con funciones
coercitivas tienen su propia base de datos sobre investigaciones y procesos
penales, y el Ministerio de Trabajo y Protección Social tiene su propia base de
datos sobre personas asistidas. Hace poco, la Secretaría Permanente del Comité
Nacional de Lucha contra la Trata puso en marcha un proyecto piloto para
armonizar la recopilación de datos, en colaboración con la OIM. El Gobierno es consciente de este
problema y se ha comprometido a prevenirlo, y el sistema nacional de remisión
de la trata presta asistencia a las posibles víctimas y grupos vulnerables. No
obstante, al parecer, la prevención es interpretada hasta cierto punto de forma
limitada y debería incluir actividades para luchar contra las causas
fundamentales de la trata de seres humanos. A este respecto, el Gobierno hace
esfuerzos, con el apoyo de ONG especializadas, para mejorar la protección de
los niños vulnerables, y actualmente se examina un proyecto de ley sobre la
protección de menores. Se han creado salas de entrevistas especiales para niños
y también se crearán salas de entrevistas especiales para víctimas y testigos
en las regiones. Se han elaborado directrices para la policía, los trabajadores
de la sanidad y los trabajadores sociales para ayudarlos a resolver casos de
violencia doméstica. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas concederá fondos
para campañas de sensibilización entre el público en 2013. Las campañas dirigidas
a la opinión pública sobre los peligros y la gravedad de los delitos cometidos
en Internet continuarán hasta agosto de 2013, tras lo que vendrá una semana de
campañas sobre trata de seres humanos en octubre de 2013, para coincidir con el
Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. El Gobierno parece haber asumido el firme
compromiso de hacer frente a la corrupción de funcionarios públicos y su
participación en los casos de trata. En 2012 se iniciaron investigaciones
penales contra 11 personas que responden a la definición de funcionarios
públicos; de estos casos, 7 acabaron ante los tribunales, 1 fue sobreseído y en
3 casos continúa la investigación penal. Evaluación del Bloque 3 / Tema 1b – Prevención del tráfico de seres humanos Se han logrado mejoras sustanciales gracias a la aplicación del Plan Nacional de Acción. La estructura del sistema nacional de lucha contra la trata se basa en la cooperación entre organismos, incluidos los de la sociedad civil. Se requieren fondos y personal adicionales para que el Gobierno se responsabilice de la aplicación de las políticas para luchar contra la trata de seres humanos. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 40. Consolidar la base de datos nacional sobre trata con datos procedentes de todas las autoridades con funciones coercitivas y de los organismos públicos y privados encargados de prestar asistencia a las víctimas. Asignar suficientes recursos humanos y financieros a la aplicación del Plan Nacional de Acción. 41. Establecer un vínculo entre el sistema nacional para la protección de las víctimas reales y potenciales de la trata con el sistema nacional de protección de menores. Crear un fondo nacional para la asistencia, protección e indemnización de las víctimas. 42. Seguir desarrollando normas mínimas de calidad para la asistencia y el tratamiento de las víctimas reales y potenciales de la trata, y reconocer la condición de los trabajadores sociales. Aplicar las normas legales y reglamentarias en materia de acreditación de proveedores privados de servicios sociales. 43.
Aplicación de la legislación para prevenir
y luchar contra la corrupción, garantizando un funcionamiento eficiente del
órgano independiente de lucha contra la corrupción; elaboración de códigos de
conducta y formación sobre lucha contra la corrupción, dirigidos en particular
a funcionarios públicos policiales y judiciales. En los últimos cuatro años, la República
de Moldavia ha dado importantes pasos en la lucha contra la corrupción y
recientemente han surgido varios casos de abuso de poder de alto nivel. Algunos
acontecimientos ocurridos recientemente en la República de Moldavia señalan que
la dependencia política indirecta de las instituciones dedicadas a la lucha
contra la corrupción representa una amenaza para que las investigaciones contra
funcionarios de alto nivel se desarrollen de forma profesional y no partidista.
Las investigaciones no deben utilizarse como arma política. Deben establecerse
garantías adecuadas para asegurar el funcionamiento independiente y eficiente
de las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción. Los
nombramientos de más alto nivel deben basarse en criterios objetivos y
transparentes. En julio de 2011, la República de
Moldavia adoptó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción 2011-2015,
mediante una decisión del Parlamento. Se trata de un documento programático
complejo y muy elaborado. En febrero de 2012, el Parlamento adoptó el Plan de
Acción para la aplicación de la Estrategia para el período 2012-2013[26].
Muchas de las medidas se han retrasado o no se han aplicado en absoluto, y el
efecto de las medidas aplicadas está aún por ver. No existen indicios de los
plazos estimados para la aplicación de las medidas que todavía no se han
aplicado. En el ámbito de la prevención de la
corrupción, la República de Moldavia ha adoptado medidas para hacer que el
sector público sea más transparente en un intento de aumentar la confianza del
público en las instituciones públicas, acercar el proceso decisorio
gubernamental a los ciudadanos y limitar las vulnerabilidades ante la
corrupción. Parte de este esfuerzo se refiere a un programa a gran escala de
datos abiertos mediante el cual el Gobierno moldavo pone a disposición del
público diversos conjuntos de información pública en un formato de datos abiertos,
incluida la información presupuestaria. La República de Moldavia introdujo
también en 2008 la obligación de que los iniciadores de un proyecto legislativo
lo publiquen en línea y permitan que los ciudadanos expongan sus comentarios. El Centro Nacional de Lucha contra la
Corrupción (en lo sucesivo CNLC) posee importantes competencias en el ámbito de
la prevención de la corrupción y las instituciones moldavas han comenzado a
aplicar planes de integridad basados en la evaluación de los riesgos de corrupción
en cada institución[27]. El CNLC ofrece además
conocimientos especializados en lucha contra la corrupción para los proyectos
de ley, a petición del Gobierno o del Parlamento. En el ámbito de la represión de la
corrupción, las competencias están divididas entre el CNLC y la Fiscalía
Anticorrupción. El personal del CNLC realiza la mayoría de las labores de
investigación, y la Fiscalía Anticorrupción realiza y supervisa las
actividades, expide diversas autorizaciones o solicita diferentes órdenes
judiciales durante la fase de investigación. El CNLC fue reorganizado en 2012 y
pasó de ser supervisado por el Gobierno a ser supervisado[28]
por el Parlamento, para volver a estar bajo el control del Gobierno desde mayo
de 2013. La legislación del CNLC contempla controles
del estilo de vida[29] y pruebas de integridad,
y las autoridades moldavas consideran la posibilidad de aplicarlos al resto de
la administración pública. Las discrepancias podrían señalar problemas y dar
lugar a la imposición de sanciones, incluido el despido. Actualmente se
redactan los procedimientos detallados para los controles del estilo de vida.
En estos momentos, solo el Servicio de Información y Seguridad puede realizar
técnicamente grabaciones de conversaciones telefónicas. El CNLC puede escuchar las
conversaciones interceptadas en tiempo real y hacer transcripciones y
grabaciones de sonido para los fiscales. Las investigaciones financieras son un
punto débil de las autoridades con funciones coercitivas de la República de
Moldavia. La falta de especialización de los investigadores financieros tiene
graves efectos negativos, en vista de la complejidad de las investigaciones, en
última instancia en la recuperación de activos de los condenados. La eliminación de la inmunidad de los
jueces encargados de investigaciones penales de corrupción (artículos 324 y
326) es un avance en la dirección correcta. Habría que estudiar avances
similares respecto a todas las demás categorías de funcionarios que gozan de
inmunidad. En 2011 se adoptaron 314 decisiones en
casos de corrupción, pero muy pocas de ellas de alto nivel: 213 condenas, 18
absoluciones y 83 casos sobreseídos. En 2012 se adoptaron 293 decisiones: 197
condenas, 27 absoluciones y 69 casos sobreseídos. En 2012 solo se dictaron 17
sentencias privativas de libertad; el resto de las condenas dieron lugar a
multas o libertad condicional, o bien a la prohibición de ocupar un cargo
público. Esta no es una práctica satisfactoria, ya que los tribunales se
muestran clementes con los infractores. El CNLC ha encargado un estudio para
evaluar con la ayuda del Miapac[30] la severidad de las
condenas en todos los casos de corrupción que llegan a los tribunales. También
sería conveniente organizar debates dentro de la judicatura moldava sobre las
prácticas en materia de sanciones (directrices de condena) para garantizar que
se impongan sanciones disuasorias en los casos de corrupción. La Comisión Nacional de Integridad (CNI)
es una autoridad pública autónoma independiente de otros organismos
gubernamentales, entidades o personas. Sus miembros son designados por el
Parlamento para un mandato de cinco años. La CNI se encarga de las
declaraciones de patrimonio, intereses e incompatibilidades. La Ley por la que
se establece la CNI entró en vigor el 1 de marzo de 2012, pero la Comisión no
entró en funciones hasta el 1 de marzo de 2013. La CNI prevé una plantilla de
21 plazas, de las cuales 12 ya están ocupadas. La CNI supervisa a todos los
dignatarios, fiscales, jueces, funcionarios públicos y otros puestos de
dirección, en total unos 25 000 funcionarios públicos. Los recursos de software
y capacidades técnicas de la CNI son escasos. La CNI recién nombrada aún no ha
desarrollado un historial en materia de control de declaraciones de patrimonio,
intereses e incompatibilidades. Recientemente se adoptó una ley por la
que se duplica el sueldo del personal del CNLC (500 EUR para un puesto inicial,
lo que equivale al sueldo de un juez del Tribunal Supremo o del Fiscal General
Adjunto), lo que, sin embargo, podría hacer necesario dar el mismo trato a los
fiscales anticorrupción a fin de no desequilibrar el sistema. La República de Moldavia fue evaluada por
el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y recibió 17 recomendaciones,
9 de ellas en el ámbito de la financiación de partidos y 8 relacionadas con las
inculpaciones. El informe del GRECO reconoce que se han hecho grandes esfuerzos
para aplicar todas las recomendaciones. Hasta ahora no se ha adoptado la
legislación relativa a estas recomendaciones, pero la Comisión Electoral Central
(CEC)[31] ha creado un grupo de
trabajo que ha elaborado y debatido públicamente un proyecto de ley, que ahora
debe adoptarse. La eliminación de la inmunidad de los jueces encargados de
investigaciones penales de corrupción (artículos 324 y 326) es un avance en la
dirección correcta. Habría que estudiar avances similares respecto a las demás
categorías que gozan de inmunidad. Evaluación del Bloque 3 / Tema 1c – Prevención y lucha contra la corrupción Se adoptaron medidas decididas para reforzar el CNLC y la Fiscalía Anticorrupción, y el inicio de las actividades de la Comisión Nacional de Integridad. Se requieren garantías sólidas, una financiación adecuada y medidas adicionales de desarrollo de la capacidad para asegurar la plena independencia política de todas las autoridades encargadas de la lucha contra la corrupción. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 44. Establecer un sistema sólido de nombramientos basado exclusivamente en criterios profesionales y objetivos para puestos clave en las instituciones de lucha contra la corrupción, en la fiscalía y en el Tribunal Supremo, que garanticen una actuación no partidista e independiente. Fusionar la Fiscalía Anticorrupción con el CNLC y limitar sus actividades a la corrupción de alto nivel. Mejorar las condiciones salariales y aumentar el número de empleados de todas las instituciones de lucha contra la corrupción (CNLC, Fiscalía Anticorrupción, CNI). 45. Continuar el desarrollo de la legislación y las prácticas en materia de control de las declaraciones de patrimonio / patrimonio injustificado y conflictos de intereses, y desarrollar capacidades de investigación financiera en las autoridades con funciones coercitivas. Aplicar normas para los controles del estilo de vida del CNLC basadas en buenas prácticas europeas y concebir un mecanismo de cooperación para los controles conjuntos del estilo de vida con la CNI. Revisar las inmunidades de las que aún gozan los funcionarios desde una óptica basada en las mejores prácticas internacionales. Formar a los jueces, fiscales y personal con funciones coercitivas en las prácticas europeas de intercepción de comunicaciones. 46.
Aplicación de la legislación y la
Estrategia para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, aplicación de la legislación pertinente en materia de confiscación
de activos de delincuentes (incluidas las disposiciones que abordan aspectos
transfronterizos). El marco jurídico
de la República de Moldavia en materia de blanqueo de capitales y lucha contra
la financiación del terrorismo es muy amplio y completo. Numerosas autoridades participan en el régimen contra el blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo de Moldavia, que cumplen diferentes
papeles y funciones, y todas ellas dominan sus competencias. El nivel de
coordinación y cooperación institucionales entre las diferentes autoridades es
bueno, como lo exigen las normas internacionales. En 2012, la República de Moldavia aprobó y aplicó varias leyes
(Ley del mercado de capitales, Ley del sistema de pagos y dinero electrónico,
Ley de actividades especiales de investigación), reglamentos (Decisión relativa
a la regulación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo para el mercado financiero no bancario) e instrucciones
y recomendaciones para eliminar algunas de las deficiencias identificadas en el
tercer Informe mutuo de evaluación del Comité de expertos sobre evaluación de
medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
(Moneyval) del Consejo de Europa. Es necesario eliminar unas cuantas
deficiencias menores en la tipificación del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, y las autoridades moldavas han elaborado cambios
legislativos a este respecto que siguen su curso. No obstante, la tipificación
vigente de los delitos concuerda con las normas del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), la UE y los convenios internacionales. En 2011, de los
151 casos abiertos por la Unidad de Investigación Financiera, se formularon
cargos en 4 casos y se dictaron sentencias en otros 2. Todas las instituciones han sido
incluidas como miembros activos de la Estrategia nacional contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo 2013-2017 que el Parlamento moldavo
está a punto de aprobar. En el Plan de Acción se asignan tareas, actividades y
plazos específicos a cada una de estas instituciones, bajo la coordinación de
la Oficina para la Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales[32] (OPLBC) y la supervisión de una comisión especial del
Parlamento moldavo. La supervisión y orientación de las entidades financieras
pertenecientes al régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo de Moldavia que llevan a cabo el Banco Nacional de Moldavia, la
Comisión Nacional de los Mercados Financieros y la OPLBC parecen apropiadas y
coherentes con las normas internacionales. Las entidades financieras cumplen en
general las medidas preventivas contempladas en las normas del GAFI y la UE:
diligencia debida con respecto al cliente; medidas ampliadas de identificación;
relaciones comerciales en curso; personas del medio político; beneficiario
efectivo; transferencias electrónicas; teneduría de registros; formación;
procedimientos y políticas internos; unidades de cumplimiento; e informes sobre
operaciones sospechosas. El informe de diciembre de 2012 del Comité Moneyval del Consejo de Europa reconoció los constantes avances de
la República de Moldavia en los ámbitos de la diligencia con respecto al
cliente y la presentación de informes. Sobre
la base de este informe, la República de Moldavia es objeto de un régimen
simplificado de seguimiento desde diciembre de 2012. Evaluación del Bloque 3 / Tema 1d – Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo El marco jurídico contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es exhaustivo y se aplica correctamente. El nivel de coordinación y cooperación institucionales entre las autoridades competentes es bueno y cumple las normas europeas e internacionales. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 47. Reforzar aún más el régimen de sanciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incrementar las sanciones y mejorar el régimen de confiscación, congelación y embargo de fondos procedentes del blanqueo de capitales o destinados a financiar el terrorismo. Aplicar las medidas de supervisión para determinadas profesiones y empresas no financieras. Armonizar las operaciones fronterizas de dinero en efectivo con la legislación vigente de la UE y las normas del GAFI. 48. Continuar la aplicación sistemática y oportuna de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para el período 2013‑2017 y el Plan de Acción recomendado elaborado por el Comité Moneyval. 49.
Aplicación de la Estrategia nacional de
lucha contra las drogas y su Plan de Acción, poniendo a disposición de los
pasos fronterizos la información sobre incautaciones de droga y personas
implicadas; continuar intensificando la cooperación y el intercambio de
información con los órganos internacionales competentes en el ámbito de las
drogas. La Estrategia Nacional de Lucha contra
las Drogas 2011-2018 y el Plan Nacional de Acción contra las Drogas 2011-2013
se aplican de acuerdo con las normas europeas. Actualmente se elabora el nuevo
Plan Nacional de Acción contra las Drogas 2014-2018, en el que se concede la
misma importancia a la lucha contra el consumo de drogas y a la lucha contra el
tráfico. Como prevé el Plan de Acción, la
República de Moldavia se adhirió en abril de 2012 al Grupo Pompidou del Consejo
de Europa. Tras la firma del memorando de entendimiento con el Observatorio
Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) en 2012 se ha establecido un buen
nivel de cooperación. La Comisión Nacional de Lucha contra las
Drogas, creada en 2011, coordina la cooperación entre las instituciones
gubernamentales y sirve de enlace con las instituciones no gubernamentales y la
sociedad civil en todas las cuestiones relacionadas con la política de drogas.
Se ha establecido un muy buen nivel de cooperación y coordinación entre los
órganos competentes. La Comisión aplica un enfoque equilibrado entre los
servicios de reducción de la demanda y los servicios de reducción de la oferta. Existe muy buena cooperación entre la
Dirección de Lucha contra la Droga de la Inspección General de la Policía del
Ministerio del Interior y las instituciones encargadas de la prevención y la
atención. La cooperación con las ONG que prestan asistencia a los consumidores de
drogas es satisfactoria, pero parece más desarrollada en las intervenciones
relacionadas con el VIH que en la prevención del consumo de drogas y la
reducción de los daños. En 2004 se introdujeron tratamientos de sustitución y
comenzó a distribuirse metadona en los centros de salud y atención. Todos los delitos y otras categorías de
infracciones relacionados con las drogas se notifican y registran como delitos
en el Sistema Automático Integrado de Información creado por el Ministerio del
Interior para registrar infracciones, asuntos penales y autores de delitos. Se
han llevado a cabo con éxito varias operaciones especiales contra las drogas.
En 2012 se registraron 1 457 infracciones relacionadas con las drogas y se
documentaron 8 grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de drogas. En
2012, las incautaciones se elevaron a 304 890 kg de drogas. Existen
capacidades forenses básicas a nivel de distrito, pero no pueden efectuarse
pruebas preliminares de las sustancias incautadas. Por consiguiente, el análisis
se basa en laboratorios forenses externos, lo que lleva mucho tiempo y resulta
ineficiente. La República de Moldavia no es un país
importante en el tráfico de drogas ni tampoco un gran productor de drogas, pero
sirve de lugar de tránsito para drogas con destino a Europa Occidental. Las
actividades contra el narcotráfico se han visto obstaculizadas hasta ahora por
la falta de agentes de policía y equipos especializados. El Gobierno ha
adoptado medidas importantes para subsanar esta situación en el contexto de la
reforma de la policía en curso, y ha aumentado el personal y reorganizado las
unidades antidroga especializadas de la Dirección de Lucha contra las Drogas
del Ministerio del Interior. La lucha contra el cultivo de marihuana
en el país fue uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado la
Dirección de Lucha contra las Drogas en los últimos años. Sin embargo, los
cannabinoides y catinonas sintéticos se convirtieron en un creciente problema
en 2012. Se estima que las drogas sintéticas se encuentran
muy extendidas (anfetaminas, metanfetaminas, cannabinol sintético y algunos
analgésicos sintéticos, como el Tramadol, que al parecer son baratos y
relativamente fáciles de conseguir). En respuesta a esta tendencia, el
Ministerio del Interior ha pedido al Gobierno que introduzca muchas de estas
sustancias sintéticas en la lista oficial de sustancias prohibidas. El
policonsumo de drogas (diferentes drogas o drogas con alcohol y otras
sustancias) también se ha extendido con rapidez. Evaluación del Bloque 3 / Tema 1e – Aplicación de la política de lucha contra las drogas El Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2011-2013 y el marco institucional se han aplicado bien y existe una buena cooperación entre organismos. La Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas funciona correctamente y la Dirección de Lucha contra las Drogas del Ministerio del Interior está bien organizada y hace poco ha aumentado considerablemente sus capacidades de análisis a nivel operativo. Es necesaria una mayor participación de las ONG en actividades destinadas a reducir la demanda y los daños. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 50. Seguir redoblando esfuerzos para dotar a la policía de medios técnicos para identificar las sustancias que descubre en sus operaciones. 51. Lograr una mayor participación de las ONG dedicadas a actividades de lucha contra las drogas y tratamientos. 52.
Aplicación de los convenios de las
Naciones Unidas y el Consejo de Europa en la materia, así como de las recomendaciones
del GRECO en los ámbitos antes mencionados. La Ley y la Estrategia para la prevención
y lucha contra la delincuencia organizada son plenamente conformes con las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus Protocolos facultativos. b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones 53.
Prevenir y luchar contra la corrupción
a todos los niveles y en todos los ámbitos. Aplicada parcialmente (véase el criterio
de referencia del PALV). Asimismo, con la ayuda del Proyecto contra la
corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la
República de Moldavia (Molico) se elaboró una guía práctica para la
investigación de la corrupción y delitos relacionados con la corrupción. Esta
guía va dirigida a los fiscales e investigadores de la Oficina de la Fiscalía
Anticorrupción, el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción, el Ministerio
del Interior y el Servicio de Seguridad e Inteligencia. 54.
Mejorar la recogida de datos sobre los
delincuentes y GDO a nivel nacional, entre otras cosas creando y/o mejorando
las bases de datos nacionales. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 17, 18 y 24 del presente informe. 55.
Continuar los esfuerzos para mejorar
los indicadores de datos y la recopilación de datos sobre delincuencia en todos
los ámbitos de esta. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 17, 18 y 24 del presente informe. 56.
Aplicar medidas de lucha contra la
corrupción con carácter prioritario en todos los ámbitos, así como en lo que se
refiere al Estado de Derecho en sentido amplio. Las autoridades nacionales
deben tener capacidad para luchar contra la corrupción a todos los niveles
(central, regional, local y sectorial), prestando una atención especial a las
autoridades policiales y aduaneras. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 19 a 22 del presente informe. 57.
Garantizar la protección efectiva de
los testigos de tráfico de seres humanos y mejorar la protección, la asistencia
y el apoyo a las víctimas de ese tráfico. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 18 y 19 del presente informe. 58.
Es necesario acordar procedimientos de
incautación de activos con las autoridades moldavas, a fin de recuperar los
bienes robados o su beneficio y de reducir el poder financiero de los GDO,
facilitando así su desmantelamiento. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 17, 22 y 23 del presente informe. Bloque 3 / Tema 2 -
Cooperación judicial en materia penal a) Criterios de referencia del PALV 59.
Aplicación de los convenios
internacionales sobre cooperación judicial en materia penal (en particular los
convenios del Consejo de Europa). La República de Moldavia cuenta con un
amplio marco jurídico actualizado para la cooperación judicial internacional en
materia penal. La Ley de ratificación del segundo Protocolo adicional al
Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia judicial en materia penal se
adoptó el 26 de diciembre de 2012. Este marco, formado por varios instrumentos
internacionales, regionales y nacionales, le permite solicitar y ofrecer
cooperación internacional en materia penal de forma adecuada, de conformidad
con las normas europeas. El marco jurídico abarca los ámbitos tradicionales de
la cooperación, como la extradición, las comisiones rogatorias, la
transferencia y asunción de procedimientos penales, las solicitudes de
reconocimiento y ejecución de sentencias penales extranjeras y la solicitud de
transferencia de reos. Este marco incluye algunas disposiciones sobre el uso de
medios muy eficaces de investigación, como las vistas por videoconferencia, las
observaciones transfronterizas, las entregas controladas, las operaciones
encubiertas y los equipos conjuntos de investigación. Por ello, el marco jurídico
es lo suficientemente sólido como para hacer frente a la creciente demanda de
cooperación en la lucha contra los delitos más graves, como el terrorismo, la
delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la
corrupción, el ciberdelito y el blanqueo de capitales. Desde 2012, el representante de la
Fiscalía de la República de Moldavia asiste a las reuniones plenarias del
Comité de Expertos sobre el Funcionamiento de los Convenios Europeos en el
Campo Penal (PC-OC) del Consejo de Europa. Las solicitudes entrantes y salientes de
cooperación internacional se canalizan a través de las autoridades centrales,
la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Justicia, de conformidad con
las normas establecidas en la Ley de enjuiciamiento criminal de acuerdo con la
fase del procedimiento, ya sea la investigación penal o la condena después del
juicio. Ambas autoridades realizan sus tareas en
coordinación con otros órganos e instituciones nacionales e internacionales.
Cuentan con una dotación de personal adecuada, en particular los tribunales a
raíz de varias decisiones adoptadas a principios de 2013 por el Alto Consejo de
la Magistratura para aumentar el número de jueces de instrucción. Se presta una
creciente atención a impartir la formación necesaria y prosiguen los esfuerzos
para aumentar los recursos presupuestarios necesarios para ello. Los datos estadísticos disponibles
muestran que a los servicios de la Oficina del Fiscal General y del Ministerio
de Justicia se les pide que tramiten un importante número de solicitudes de
cooperación judicial internacional. En cuanto a la extradición, la asunción
de procedimientos penales y las transferencias de procedimientos
penales, la República de Moldavia formula al parecer más solicitudes de las que
recibe. Durante el período 2009-2012 se pidió a la Oficina del Fiscal
General que tramitara un promedio anual de 227 solicitudes salientes de
extradición, pero tan solo un promedio de 27 solicitudes entrantes. La
Oficina del Fiscal General tramitó en promedio 31 casos de asunción de
procedimientos penales (solicitudes entrantes) y 11 solicitudes de
transferencia de asuntos penales (solicitudes salientes). En cambio, en el
apartado de las comisiones rogatorias, la República de Moldavia recibe
más solicitudes de las que formula, ya que en el mismo período la Oficina del
Fiscal General tramitó cada año una media de 494 solicitudes entrantes y 388
solicitudes salientes. Asimismo, al Ministerio de Justicia se le
pide permanentemente que tramite solicitudes, pero a una escala muy inferior
con respecto a la Oficina del Fiscal General. En el período 2012-2013, el
Ministerio de Justicia tramitó 71 solicitudes salientes de extradición y
12 solicitudes entrantes. El Ministerio de Justicia tramitó 14 casos de asunción
de procedimientos penales (solicitudes entrantes) y ninguna solicitud de
transferencia de asuntos penales (solicitudes salientes). En cuanto a las comisiones
rogatorias, solo existen cifras totales en el caso del Ministerio de
Justicia, a saber, 1 068 casos de solicitudes tanto entrantes como
salientes en materia penal y civil, aunque los asuntos penales fueron
ligeramente menos numerosos que los civiles. Por otra parte, el Ministerio de
Justicia es la única autoridad responsable de las solicitudes de reconocimiento
y ejecución de sentencias penales y solicitudes de transferencia de reos. En el período 2012-2013, el Ministerio de Justicia tramitó 16
solicitudes entrantes y 12 solicitudes salientes de reconocimiento y ejecución
de sentencias penales. Este Ministerio tramitó 390 solicitudes de transferencia
de reos a la República de Moldavia y 21 solicitudes de transferencia de reos a
países extranjeros. Las estadísticas sobre extradición
muestran que la Oficina del Fiscal General tramita un mayor número de
solicitudes que el Ministerio de Justicia. Esta diferencia simplemente refleja
el hecho de que las solicitudes relacionadas con asuntos que se encuentran en
fase de investigación son mucho más numerosas que las relacionadas con los
asuntos en fase de juicio (en relación con las competencias, véase más arriba).
En relación con la extradición,
tanto la Oficina del Fiscal General como el Ministerio de Justicia denegaron
un reducido número de solicitudes entrantes. En el período 2009-2012, la
Oficina del Fiscal General denegó tan solo 15 solicitudes por motivos
jurídicos, en su mayoría porque las personas buscadas eran nacionales de la
República de Moldavia o debido a limitaciones legales. En el período 2012-2013,
el Ministerio de Justicia solo denegó una solicitud por motivos jurídicos, ya
que la persona buscada había recibido asilo. El reducido número de denegaciones
puede considerarse un indicio de la disposición de la República de Moldavia a
cooperar con terceros países. El plazo medio constituye un importante
indicador de resultado para evaluar la eficacia de la cooperación judicial
internacional. El plazo de tramitación de la Oficina del Fiscal General
y del Ministerio de Justicia[33] parece razonable y no
supera la media de la UE. 60.
Un alto nivel de eficacia en la
cooperación judicial en materia penal de los jueces y fiscales con los Estados
miembros de la UE. La mayoría (aproximadamente dos terceras
partes) de las solicitudes antes mencionadas estaban relacionadas con la CEI y
tan solo menos de una tercera parte con los Estados miembros de la UE. Las
autoridades de la República de Moldavia han garantizado una cooperación eficaz
con las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE. 61.
Celebración de un acuerdo de
cooperación operativa con Eurojust. Eurojust ultimó el Informe de evaluación
de la República de Moldavia sobre protección de datos en el otoño de 2012 y
comunicó al Consejo en noviembre de ese año la propuesta de iniciar
negociaciones formales el 1 de febrero de 2013 para la celebración de un acuerdo
de cooperación operativa. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar el 10 de
junio de 2013 y fue muy positiva, por consiguiente, se espera que las
negociaciones finalicen pronto. b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones 62.
Reforzar el sistema judicial, incluida
la cooperación judicial en materia penal, en particular, la asistencia jurídica
recíproca. La República de Moldavia realiza
actualmente una amplia reforma de su sistema judicial, basada en la Estrategia
y Plan de Acción 2011-2016, que incluye importantes cambios legislativos e
institucionales. En septiembre de 2012 se creó un departamento para la
ejecución de la reforma de la Oficina del Fiscal General, y el Consejo Superior
de Fiscales aprobó en diciembre de 2012 el Programa de Desarrollo Estratégico
de las Fiscalías para 2012-2014. Evaluación del Bloque 3 / Tema 2 - Cooperación judicial en materia penal La República de Moldavia es un socio fiable y activo en el ámbito de la cooperación judicial internacional y su historial demuestra una gran disposición a cooperar con los Estados miembros de la UE y otros países. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 63. Continuar la mejora de la formación de jueces y fiscales en temas internacionales, incluido el necesario aumento de la financiación. 64. Seguir mejorando las estadísticas y registrarlas utilizando una lista de parámetros aplicables definidos de común acuerdo, si procede, entre la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Justicia. Bloque 3
/ Tema 3 - Cooperación entre órganos con funciones coercitivas a) Criterios de referencia del PALV 65.
Alto nivel de capacidades operativas y
de investigación especial de los servicios con funciones coercitivas, y su uso
coherente y eficiente para hacer frente a la delincuencia transfronteriza. Desde la reforma del Ministerio del
Interior de marzo de 2013, la Inspección Nacional de Investigación de la
Policía está formada por direcciones especializadas (delitos graves,
delincuencia organizada, fraude, drogas, unidad de intervención) y dos centros
(trata de seres humanos y tecnologías de la información) que se ocupan, bajo un
mismo techo, de todo el espectro de las actividades delictivas graves y
organizadas. Tres subdivisiones regionales se encargan de cubrir toda la
República de Moldavia. Estas informan a las direcciones centrales y realizan
investigaciones de forma independiente. La reforma impulsó una mejor cooperación
entre los servicios policiales y los fiscales desde un punto de vista jurídico
y técnico. En la Oficina del Fiscal General se creó una unidad especializada,
la División de Control e Investigación de la Delincuencia Organizada, que tiene
competencias en el ejercicio y gestión del procesamiento en casos de
delincuencia organizada, en la representación de la acusación en los tribunales
y en el control y coordinación de las actividades de las subdivisiones
especiales encargadas de prevenir y luchar contra la delincuencia organizada.
Por otra parte, la Oficina del Fiscal General cuenta con una división dedicada
a la lucha contra la trata de seres humanos y otra para luchar contra el
ciberdelito. En diciembre de 2012 entró en vigor una
nueva ley sobre actividades especiales de investigación, y en abril de 2012 se
adoptaron algunas enmiendas a la Ley de enjuiciamiento penal. Estas dos leyes
armonizan la legislación existente con las nuevas disposiciones relativas a la
lucha contra la delincuencia transfronteriza y los equipos conjuntos
internacionales de investigación, revisan la legislación nacional sobre
intercepción de conversaciones telefónicas y la legislación aplicable en el
marco del Convenio de cooperación policial con Europa Sudoriental. El marco legal vigente prevé un sistema
más adecuado y legítimo para utilizar medidas especiales de investigación,
reguladas en la ley y bajo el control del fiscal y la autoridad judicial. Las
disposiciones jurídicas coinciden con las normas jurídicas internacionales y de
la UE y ponen una amplia gama de instrumentos de investigación a disposición de
los servicios de investigación. Varios asuntos penales se han resuelto gracias
a estas medidas, y los investigadores y fiscales parecen tener una visión e
idea claras de cuándo es práctica y legalmente adecuado utilizar dichos
instrumentos. El equipo de intercepción y grabación de
conversaciones, ya sea de conversaciones telefónicas o de conversaciones
personales, está situado en las instalaciones del Servicio de Inteligencia y
Seguridad y bajo su custodia. Este Servicio se encarga de recibir las señales
de la empresa telefónica o de los dispositivos de escucha y transfiere las
señales a los servicios de investigación para que realicen sus actividades. El
sistema actual crea una situación en la cual los agentes que realizan otras
funciones (como las de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad del
Estado) tienen a su disposición y controlan datos que pertenecen a una
investigación penal regulada por la Ley de enjuiciamiento penal. La falta de control en Transnistria
menoscaba hasta cierto punto los esfuerzos de la República de Moldavia
encaminados a garantizar el orden y la seguridad públicos. El contrabando de
mercancías es la actividad ilegal más frecuente y sus efectos se han limitado
gracias a la presencia de EUBAM. En estos momentos no existe una cooperación
policial de carácter oficial entre Chisináu y Tiraspol. 66.
Alto nivel de eficacia de la
cooperación entre los órganos nacionales con funciones coercitivas —en
particular guardias de fronteras, policía, funcionarios de aduanas— así como de
la cooperación con las autoridades judiciales. En 2012, la República de Moldavia
introdujo un instrumento para la cooperación judicial y policial internacional:
los equipos conjuntos de investigación (ECI). Su base jurídica es el artículo
19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional [34], denominada igualmente
Convención de Palermo, que entró en vigor tras su ratificación en la República
de Moldavia el 16 de septiembre de 2005. La legislación moldava, de conformidad
con las disposiciones de la UE, establece las condiciones generales para la
creación de estos equipos. El modelo que utilizan las autoridades moldavas se
basa en la Decisión marco del Consejo de la UE y la Resolución del Consejo de
la UE sobre los ECI. No se han observado obstáculos o deficiencias
importantes de comunicación en las relaciones entre la policía y la fiscalía.
La cooperación existente es buena y existe una clara división de competencias
entre la policía y la fiscalía. Los casos estudiados ponen de manifiesto un
conocimiento amplio y efectivo de los procedimientos penales y técnicas de
investigación por ambas partes. Habrá que aplicar y aprovechar el sistema
recién establecido con la reforma del Ministerio del Interior. Otra medida para
intensificar la cooperación entre organismos fue la creación en febrero de 2013
de una unidad de control[35] e investigación en la
Oficina del Fiscal General, especializada en delincuencia organizada, formada
por diez fiscales con al menos diez años de experiencia. Un tema delicado son las competencias del
Fiscal General. El Fiscal General, aparte de dirigir el principal servicio de
acusación y de encargarse de los casos delictivos más graves, tiene la facultad
de «atraer», es decir, de asumir la responsabilidad de un caso encargado a un
fiscal de rango inferior. Esta facultad, contemplada en todos los marcos
legislativos con fines de coordinación y sustitución en caso de «pasividad»,
puede limitar en gran medida la independencia y autonomía de los fiscales, y
debe ejercerse con gran cautela y restricción. Se han expresado algunas
objeciones que piden que esa facultad se limite o se regule mejor. Otras formas de cooperación
interinstitucional entre los órganos con funciones coercitivas, incluso en el
ámbito de la prevención y lucha contra la corrupción, se basan en sistemas de
intercambio de información. Desde julio de 2008 la Oficina del Fiscal General,
el Servicio de Aduanas y el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción
comparten un Sistema Automático Integrado de Información sobre pruebas de los
delitos, asuntos penales y autores de delitos. 67.
Refuerzo de los acuerdos operativos
bilaterales y multilaterales entre órganos con funciones coercitivas, incluso
compartiendo puntualmente información con las autoridades competentes de los
Estados miembros de la UE. Como consecuencia de la reforma en curso
en el Ministerio del Interior, a principios de 2013 se creó un nuevo Centro de
Cooperación Policial Internacional (CCPI). El CCPI reúne tres subdivisiones del
Ministerio del Interior que tienen competencias en materia de cooperación
policial internacional: el punto nacional de contacto con Interpol, el Centro
virtual nacional SELEC/GUAM y el punto nacional de contacto con Europol. Ahora
todas las oficinas y unidades encargadas de la cooperación policial internacional
están unificadas en una sola estructura y situadas en las mismas instalaciones. Interpol es el centro de cooperación
policial internacional dentro del Ministerio del Interior y está conectado con
el Ministerio de Justicia, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Seguridad e
Inteligencia, la Oficina del Fiscal General, la Policía de Fronteras y el
Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción. La oficina de Interpol recibe y
envía todas las solicitudes internacionales de información relacionadas con las
bases de datos de Interpol y está conectada a diversas bases de datos y
registros de la República de Moldavia. El flujo de información entrante es
estable y el volumen de la información saliente va en aumento. Los funcionarios
y especialistas de la unidad son muy conscientes de su mandato y misión. Parte de este sistema más amplio de
cooperación policial internacional es la unidad GUAM, que se encarga del
intercambio diario de información entre Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y la
República de Moldavia. La República de Moldavia intercambia una notable
cantidad de información con estos países a través de esta unidad. Las
autoridades moldavas participan en los trabajos del SELEC (Centro de Aplicación
de la Ley de Europa Sudoriental) y han enviado a dos funcionarios de enlace a
dicho centro; aparte del intercambio de información, muchas operaciones
conjuntas se planifican y ejecutan con países del SELEC. La República de
Moldavia ha enviado a un funcionario de enlace a la Oficina de Coordinación de
la Lucha contra la Delincuencia Organizada dentro de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI). La Oficina del Fiscal General de la
República de Moldavia ha firmado acuerdos de cooperación con instituciones
similares de Rumanía, Ucrania, China, Turquía, Irlanda, Hungría, Italia y Corea
del Sur. En 2012, la Oficina del Fiscal General de la República de Moldavia
firmó acuerdos y memorandos de cooperación con: la Dirección de Investigación
del Crimen Organizado y el Terrorismo (Diicot) de Rumanía, la Oficina del Fiscal
Federal del Reino de Bélgica, la Oficina del Fiscal General de Armenia y el
Ministerio de Justicia de Georgia. Actualmente se negocian acuerdos bilaterales
con Azerbaiyán, la Federación de Rusia, Belarús, los países bálticos y
Bulgaria. Dos ejemplos de éxito de la reciente
cooperación policial internacional son la detención de un peligroso delincuente
moldavo en Verona (Italia) con el apoyo de la Oficina Nacional Central de
Interpol en Roma y los Carabineros de Verona, y una importante entrevista en vídeo
de una víctima de trata. El Servicio de Aduanas de la República de
Moldavia firmó en mayo de 2013 un memorando de entendimiento mutuo con la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Este memorando contempla el
fomento de la cooperación, el intercambio mutuo de información y operaciones
conjuntas contra delitos transfronterizos. 68.
Celebración de un acuerdo de
cooperación operativa con Europol. Tras firmar un acuerdo estratégico con
Europol en 2007 se creó un punto nacional de contacto con Europol para
intercambiar información estratégica y técnica con esta Agencia de la UE. Un
funcionario de enlace moldavo será destinado a Europol en La Haya a finales de
julio de 2013, a raíz de la firma del acuerdo de enlace a principios de 2013.
La fase de preparación para la firma de un Acuerdo de cooperación operativa con
Europol ya está en curso y la República de Moldavia está a la espera de una
visita de estudio de Europol para evaluar su régimen de protección de datos. b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones 69.
Hay que mejorar la cooperación entre
las autoridades moldavas y de los Estados miembros, compartiendo también
información con Europol. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 29 y 30 del presente informe. 70.
La cooperación entre las autoridades
moldavas y sus homólogos de los Estados miembros de la UE para la protección y
asistencia debe consolidarse, incluida la identificación y orientación de
víctimas del tráfico de seres humanos y su retorno seguro. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 18, 29 y 30 del presente informe. 71.
Hay que desarrollar de forma periódica las
evaluaciones de amenazas y el intercambio de información sobre formas graves de
delincuencia, bajo la égida de Europol, y, cuando proceda, con el apoyo de los
canales de Interpol. Se deben recopilar datos comparativos sobre delincuencia
con arreglo a indicadores definidos en común. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 29 y 30 del presente informe. 72.
Es necesario reforzar el intercambio de
mejores prácticas y de formación de los servicios con funciones coercitivas. Véanse los criterios de referencia del
PALV en las páginas 29 y 30 del presente informe. Evaluación del Bloque 3 / Tema 3 - Cooperación entre órganos con funciones coercitivas Las disposiciones jurídicas, que son conformes a las normas europeas, ponen un amplio espectro de instrumentos especiales de investigación a disposición de los servicios de investigación. Todas las autoridades con funciones coercitivas están equipadas para mejorar la cooperación internacional y se dedican a ello, y un acuerdo operativo con Europol mejorará en gran medida estas perspectivas. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 73. Seguir desarrollando vínculos sólidos entre la unidad de lucha contra la delincuencia organizada regional y transnacional de la Policía con sus entidades homólogas en la UE, en la región y con Europol. 74. Seguir realizando la planificación conjunta de medidas e investigaciones coordinadas entre la Inspección Nacional de Patrullas y la Policía de Fronteras, en particular para la ejecución de medidas especiales de investigación, como las entregas controladas. 75. Intensificar la cooperación con las autoridades fronterizas y con funciones coercitivas de Ucrania, con el apoyo de EUBAM. Estimular vínculos operativos e intercambios de información entre Chisináu y Tiraspol, sin prejuicio del proceso 5+2. Bloque 3 / Tema 4 - Protección
de datos a) Criterios de referencia del PALV 76.
Aplicación de la legislación en materia de
protección de datos personales; garantizar el funcionamiento eficiente de la
autoridad independiente de supervisión de la protección de datos, incluso a
través de la asignación de los recursos financieros y humanos necesarios. El marco legislativo de protección de
datos, revisado en abril de 2012, concuerda con las normas europeas, incluido
el acervo de la UE, en particular la Directiva 96/46/CE. La ley establece los
derechos de las personas cuyos datos personales son procesados y se aplica,
entre otras cosas, al tratamiento de datos por parte de empresas,
administraciones públicas y el sector policial (excepto los datos clasificados
como «secreto de Estado»). La ley encomienda la importante
responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de
protección de datos personales a una autoridad independiente: el Centro
Nacional de Protección de Datos Personales (CNPDP). El Informe del CNPDP de
2012, publicado en su sitio web multilingüe de fácil uso, demuestra la gran
variedad de sus actividades, presenta el excelente historial de la aplicación
de la legislación sobre protección de datos e indica que el Centro cumple la
tarea de realizar controles sobre la legalidad del tratamiento de datos
personales y de educar a los controladores de datos de otras instituciones. Los
procedimientos para la notificación del tratamiento de datos se encuentran bien
establecidos. La estructura del Centro, aprobada por
ley en 2008, impone un personal máximo de 21 personas. El Centro cuenta
actualmente con 16 empleados y recibe recursos financieros suficientes. En
2012, el Centro realizó 82 controles y, como consecuencia de estos, emitió 6
decisiones de suspensión de operaciones de tratamiento de datos personales, 1
decisión de cese de operaciones de tratamiento de datos personales e inició 4
procedimientos de infracción por la negativa de las autoridades a revelar
información considerada indebidamente clasificada. Al tener competencias
legales para investigar las denuncias presentadas por titulares de datos personales,
el personal del Centro examinó 214 peticiones y otras reclamaciones en 2012
(casi 3 veces más en comparación con 2011 y 10 veces más respecto a 2010), de
las cuales aceptó 98 y rechazó 5; se dieron explicaciones en 111 casos y en
otros 6 se incoaron acciones legales en tribunales administrativos por la
negativa de las autoridades a revelar información considerada indebidamente
clasificada. Asimismo, en 2012, el Centró revisó 41 proyectos de actos
jurídicos y normativos adoptados por otras autoridades para comprobar que
cumplían los principios de la protección de datos personales. Evaluación del Bloque 3 / Tema 4 - Protección de datos La legislación se aplica de conformidad con las normas europeas, incluido el acervo de la UE sobre protección de datos. El Centro Nacional de Protección de Datos Personales es independiente y funciona correctamente. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 77. En caso de llevarse a cabo una nueva revisión legislativa, habría que contemplar la posibilidad de modificar la legislación para incluir formalmente la función de consulta previa entre las tareas del Centro. 78. Continuar activamente el seguimiento de los asuntos pendientes ante los tribunales a fin de clarificar la aplicación de la ley cuando el tratamiento de los datos personales es realizado por un órgano con funciones coercitivas. Redoblar esfuerzos para dar a conocer al público las normas aplicables a la protección de datos en las comunicaciones electrónicas. Evaluación
general del Bloque 3 La Comisión
considera que la República de Moldavia cumple ampliamente los criterios de
referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 3. Es necesario aplicar
plenamente varias recomendaciones a fin de cumplir todos los criterios de
referencia. Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales a) Criterios de referencia del PALV 79.
Garantizar que la libertad de
circulación dentro de la República de Moldavia de sus ciudadanos y de los
extranjeros o apátridas que residan legalmente en ella no sea objeto de restricciones
injustificadas, incluidas las medidas discriminatorias por cualquier motivo,
como el sexo, la raza, el color, el origen étnico o social, las características
genéticas, el estado de salud (incluido el VIH/sida), la lengua, la religión o
las creencias, las opiniones políticas o de otro tipo, la pertenencia a una
minoridad nacional, la propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual. Como se refleja en los criterios de
referencia del PALV, las restricciones a la libertad de circulación dentro de
la República de Moldavia de sus ciudadanos y de extranjeros o apátridas que
residan legalmente en ella hacen referencia al procedimiento de registro y
eliminación del registro. En aplicación de la Ley de extranjería de 2010 se estableció
un nuevo marco institucional para gestionar a los inmigrantes extranjeros que
residen legalmente en el país. En el Ministerio del Interior se creó una
Oficina de Migración y Asilo (OMA), con lo que se introdujo una «ventanilla
única» para recibir, tramitar y expedir rápidamente los permisos de residencia
y documentos de identidad a extranjeros residentes legalmente en el país, así
como para ocuparse de los procedimientos de invitación, autorización de
repatriación y prórroga de visados. El 10 de diciembre de 2012, el servicio de
entrega de documentación a ciudadanos extranjeros abrió dos oficinas
regionales: una en Balti (Servicio Regional del Norte), que previsiblemente
prestará servicio a un 13 % de los extranjeros que viven en el país, y otra
en Comrat (Servicio Regional del Sur), que prestará servicio a un 11 % de
ellos. La sede de la OMA en Chisináu sigue prestando servicio a los extranjeros
que viven en la capital y la parte central del país. De manera similar, el Plan de Acción
aprobado por el Gobierno el 9 de noviembre de 2011 para simplificar las
condiciones para la inmigración de extranjeros por motivos de trabajo y para
facilitar la solicitud de residencia de inversores extranjeros (Decreto nº 106)
se tradujo en 2012 en importantes enmiendas legislativas a la Ley de
extranjería de 2010, la Ley de migración laboral de 2008 y la Ley del VIH de
2007. Estas enmiendas eliminaron disposiciones discriminatorias anteriores y
abolieron de forma efectiva las restricciones de viaje y residencia permanente
para extranjeros con el VIH/sida. Asimismo, las enmiendas a la Ley del VIH se
concentran en medidas preventivas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las
mujeres a la infección por VIH, en particular mediante la promoción de
programas a nivel nacional y medidas en apoyo de la educación y la igualdad de
género. Se introdujeron igualmente medidas para garantizar la confidencialidad
de los datos médicos por parte de las instituciones de atención sanitaria, y la
protección de los datos personales de las personas infectadas por el VIH por
parte de la administración pública. 80.
Acceso pleno y efectivo a documentos de
viaje e identidad para todos los ciudadanos moldavos, incluidas las mujeres,
niños, personas con discapacidad, personas pertenecientes a minorías y otros
grupos vulnerables. Se han adoptado medidas concretas para
facilitar la expedición de documentos de identidad a jóvenes y grupos sociales
vulnerables. En 2009, el Gobierno decidió que la primera solicitud de tarjeta
de identidad sería gratuita (Decisión nº 844 de 18 de diciembre de 2009).
Cada año, en los meses de abril y mayo, tiene lugar una campaña de información
(«Tarjetas de identidad para los ciudadanos jóvenes»). En 2011, 6 699
personas recibieron sus primeros documentos de identidad. Desde ese año, el
Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones lleva un registro y
realiza análisis de los casos de denegación de documentos de identidad; esta
evaluación, que se utiliza como orientación para aplicar medidas destinadas a
facilitar el acceso a documentos de identidad para todos los ciudadanos
moldavos, se realiza cada tres meses. Entre las categorías de personas que se
benefician de un acceso facilitado a documentos de identidad se encuentran las
personas con discapacidades graves, acentuadas o de grado medio, los veteranos
de la Segunda Guerra Mundial y personas asimiladas, los liquidadores del
accidente de Chernóbil y personas asimiladas, y las personas heridas durante el
conflicto militar de Transnistria. La primera documentación de identidad para
estas categorías puede expedirse gratuitamente; este beneficio es permanente
para las personas con discapacidad. La primera tarjeta de identidad y pasaporte
también se expiden gratuitamente a las víctimas de las inundaciones del verano
de 2010 (beneficio por una sola vez), los donantes de sangre o componentes
sanguíneos (beneficio por una sola vez) y los bebés de hasta un año que deban
recibir tratamiento médico en el extranjero, previa autorización del Ministerio
de Salud (se prevé un procedimiento acelerado para estos casos). En enero de 2012 se crearon oficinas
móviles de documentación y se estableció la entrega a domicilio de documentos
de identidad para personas con discapacidad. Los servicios móviles son
gratuitos para los niños menores de un año que necesiten recibir tratamiento
médico en el extranjero (mediante recomendación del Ministerio de Salud) y para
personas con discapacidad grave (mediante recomendación del Ministerio de Salud
o el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia). En 2012, las oficinas
móviles de documentación expidieron 155 documentos de identidad, y se
entregaron a domicilio 108 documentos. En relación con los apátridas, los
obstáculos restantes para la obtención de la nacionalidad (basados en el
encarcelamiento previo por delitos premeditados o procesamiento penal durante
el examen de la solicitud) fueron suprimidos mediante enmiendas a la Ley de
ciudadanía de 2000, adoptadas el 9 de junio de 2011. Del 1 de mayo de 2011 al
31 de marzo de 2013, 52 apátridas obtuvieron la nacionalidad moldava. En
cuanto a las minorías étnicas, las autoridades moldavas han logrado adoptar a
lo largo del tiempo una serie de medidas relativamente eficaces para poner en
práctica la política de integración de la sociedad multiétnica moldava. Desde
2009, los Programas de actividades del Gobierno para los períodos 2011-2014 y
2013-2015, intitulados «Integración europea: libertad, democracia, bienestar»,
incluyen un capítulo específico sobre «Minorías nacionales», en el que el
Gobierno se compromete a alcanzar los siguientes objetivos: mantener y
desarrollar el patrimonio cultural y lingüístico de todas las personas
pertenecientes a minorías nacionales, aplicar una política estatal coherente y
multidimensional respecto a las personas pertenecientes a minorías nacionales,
y revisar el marco jurídico a fin de facilitar la integración de las personas
pertenecientes a minorías nacionales en la vida social, administrativa,
cultural, política y económica del país. Los recientes avances hacia estos
objetivos, como los primeros pasos del sistema educativo hacia la educación
multilingüe (por ejemplo, en la Región autónoma de Gagauzia) a menudo se han
logrado en cooperación con organismos internacionales de supervisión (como el
Comité consultivo del Convenio marco para la protección de las minorías
nacionales del Consejo de Europa) y a pesar de un marco jurídico relativamente
desfasado (la Ley del uso de las lenguas en el territorio de la República de
Moldavia data de 1989 y la Ley de derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales de 2001). La República de Moldavia ratificó en 1996 el
Convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de
Europa, y hasta ahora se ha limitado a firmar, en 2002, la Carta Europea de Lenguas
Regionales o Minoritarias (en lo sucesivo «la Carta»). No obstante, en febrero
de 2012 se impuso una nueva dinámica, cuando el Gobierno creó un Grupo de
Trabajo sobre la ratificación de la Carta, con el fin de iniciar la redacción
del instrumento de ratificación correspondiente. Desde entonces, las
autoridades, representadas por la Oficina de Relaciones Interétnicas, han hecho
una estimación preliminar del coste de la ratificación y trabajan activamente a
favor de esta última. En lo que respecta en particular a la
minoría romaní (que representa un 0,4 % de la población según el censo de
2004), el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones ha llevado a
cabo un programa de trabajo sistemático para identificar las zonas de
residencia y refinar la información estadística sobre la población romaní en el
Registro Estatal de Población (en lo sucesivo el «Registro»). El término
«romaní» fue introducido en el Registro como opción para la «pertenencia
étnica», facilitando así a los miembros de esta minoría identificarse y
declararse (anteriormente, la única propuesta de identificación era la de
«gitano», que para muchos tiene un significado peyorativo). Por otra parte, como la falta de
documentos tiene un efecto negativo en el goce de los derechos sociales y
económicos, las autoridades moldavas tienen la intención de resolver este
problema mediante la expedición de documentos de identidad a todos los romaníes
residentes en la República de Moldavia. En 2012, el Gobierno exentó a los
ciudadanos de etnia romaní de las tasas de expedición durante un período de
seis meses a partir del 1 de octubre de 2012 (Decisión nº 497 de 6 de
julio de 2012). Posteriormente se celebraron cuatro campañas de información a
través de administraciones públicas locales, instituciones educativas, ONG
romaníes y medios electrónicos de comunicación para alentar a la población
romaní a solicitar documentos de identificación y prestaciones sociales.
Gracias a estas medidas se entregaron tarjetas de identidad nuevas a 959
personas. En total se expidieron 2 521 documentos de identidad a personas
de etnia romaní en 2012; en aplicación del Plan de Acción de Apoyo a la
Población Romaní, el proceso de expedición de documentos de identidad a esta
población (pruebas y documentaciones) es supervisado en permanencia por las
subdivisiones territoriales del Ministerio de Información, Tecnología y
Comunicaciones. En relación con el registro de recién
nacidos, el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones (Orden Común
nº 114/476 de 12 de diciembre de 2008) ha establecido un mecanismo para
expedir actas de nacimiento en los establecimientos médicos, y creó oficinas
para el posterior registro de niños en maternidades, en particular para evitar
que se dejara de registrar a los recién nacidos de etnia romaní. 81.
Aplicación efectiva de la legislación y
las políticas contra la discriminación, aplicación de los instrumentos
pertinentes de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. La Ley de garantía de la igualdad de 25
de mayo de 2012 entró en vigor el 1 de enero de 2013. Esta Ley, acompañada por
un paquete de actos legislativos, entre ellos la Ley de inclusión social de las
personas con discapacidad y enmiendas al Código Penal, adoptadas oportunamente
por el Parlamento, y sus actos de ejecución, constituye la piedra angular del
marco de lucha contra la discriminación de la República de Moldavia. No
obstante, pudo observarse que las autoridades moldavas aplicaron sin demora un
sólido programa de acciones e iniciativas para promover y explicar el contenido
del nuevo marco jurídico a magistrados, abogados, funcionarios policiales y
judiciales, y el público en general. Los resultados de estos esfuerzos ya
pueden observarse, en buena parte gracias a la participación desde una fase
temprana de instituciones relevantes y competentes, como los Defensores del
Pueblo / Centro de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Justicia,
algunas de ellas en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y la ayuda de varias ONG y socios internacionales. En
noviembre de 2012, el Instituto Nacional de Justicia impartió cursos regionales
de formación a 255 jueces y 42 fiscales sobre «Interpretación y aplicación de
la Ley de garantía de la igualdad». Se han programado nuevos cursos de formación
para el año en curso. A petición del Ministerio de Justicia, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
celebró el 6 de diciembre de 2012, en colaboración con el Instituto Nacional de
Justicia, un curso piloto de formación para 30 jueces y fiscales. Para 2013 se
prevén seis seminarios de formación, de los cuales tres ya se han celebrado (90
jueces y fiscales). Por otra parte, el Centro de Juristas, en colaboración con
el Colegio de Abogados, organizó en 2013 una serie de cursos de formación para
200 abogados (de todas las regiones de la República de Moldavia) sobre las
disposiciones nacionales e internacionales en materia de no discriminación, la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este ámbito y la
prestación de asistencia jurídica a las víctimas de discriminación. Esta
iniciativa tuvo lugar en el marco de un proyecto («Consolidar el conocimiento
de los juristas sobre casos de discriminación») financiado por la Fundación
Soros, que concluyó con una conferencia a nivel nacional sobre «El papel de los
abogados en la lucha contra la discriminación: la experiencia práctica europea»
(19 de abril de 2013). Las autoridades moldavas también han
realizado esfuerzos significativos para poner en funcionamiento un elemento
importante para la aplicación de la Ley de garantía de la igualdad, a saber, el
Consejo de Igualdad. El funcionamiento eficaz del Consejo y su capacidad para
llevar a cabo sus funciones de forma independiente e imparcial constituyen componentes
claves del proceso de aplicación. Dos de sus miembros fueron designados el 7 de
marzo y los tres restantes lo fueron el 10 de junio. En el diálogo sobre
derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia celebrado el 16 de
abril de 2013, las autoridades moldavas confirmaron su compromiso de poner en
funcionamiento el Consejo de Igualdad a más tardar en el otoño de 2013. El
Ministerio de Justicia prevé que el presupuesto del Consejo de Igualdad
permitirá contratar a 20 empleados a tiempo completo en la fase inicial. En 2012, la República de Moldavia
reconoció la competencia del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación
de la Discriminación Racial para recibir comunicaciones de personas o grupos de
personas en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. A raíz de la adopción
de la Ley de garantía de la igualdad, las autoridades moldavas estudian la
posibilidad de ratificar igualmente el Protocolo nº 12 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales. Aparte de la Ley de garantía de la
igualad, en 2012 se adoptaron otras reformas importantes para garantizar que el
marco legislativo relativo a la no discriminación sea conforme a las normas
internacionales y europeas. Se modificó la Ley del VIH de 2007 con un doble
objetivo: a) eliminar las disposiciones discriminatorias contra las personas
afectadas por el VIH en diversos ámbitos, incluida la abolición de las restricciones
de viaje y residencia permanente para extranjeros, y b) reforzar la protección
de la vida privada y la confidencialidad. Estas enmiendas se aplican de forma
efectiva. Asimismo, entró en vigor la Ley de
inclusión social de las personas con discapacidad (Ley nº 60 de 30 de
marzo de 2012), con lo que el marco jurídico moldavo se ajustó a las
obligaciones resultantes de la ratificación de la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad. Esta nueva ley de gran alcance se aplica no solo
a los ciudadanos moldavos, sino también a los ciudadanos extranjeros con
discapacidad que tengan su residencia legal en la República de Moldavia. La ley
prevé la cooperación entre el Estado y la sociedad civil. Según esta última,
las autoridades moldavas trabajan activamente en la aplicación de medidas
encaminadas a pasar de un modelo «médico» a un modelo «social» para determinar
y ocuparse de las discapacidades y derechos de estas personas, y en la
asignación de los recursos presupuestarios necesarios. No obstante, ya se han adoptado varias
medidas para aplicar las disposiciones de la Ley nº 60 relativas a la
integración en el ámbito del empleo (capítulo V) y en particular la disposición
consistente en establecer la obligación de que las empresas medianas y grandes
(con más de 20 trabajadores) contraten a un 5 % de asalariados con
discapacidad provistos de una recomendación de empleo del Consejo Nacional para
determinar la Discapacidad y la Capacidad Laboral. El Ministerio de Trabajo,
Protección Social y Familia puso en marcha la selección de 43 funcionarios para
todas las oficinas locales de la Agencia Nacional de Empleo con el fin de
prestar asistencia personalizada a personas con discapacidad en el proceso de
búsqueda de empleo, con la participación de asociaciones ad hoc,
sindicatos y empresarios. El Parlamento adoptó el 26 de diciembre
de 2012 la Ley nº 306 por la que se enmiendan y completan algunos actos
jurídicos, que introduce en el Código de infracciones las nuevas faltas
administrativas de discriminación laboral, discriminación educativa y
discriminación en el acceso a los bienes y servicios públicos. Además se revisó la legislación penal
relativa a los «delitos de intolerancia». El artículo 176 del Código Penal
(«violación de la igualdad») se reformuló para definir mejor los elementos que
constituyen este delito («distinción, exclusión, restricción o preferencia» en
lugar del término poco preciso «violación»). No obstante, algunos aspectos
deben ajustarse a las normas de especificidad y previsibilidad. Por otra parte,
los órganos con funciones coercitivas y las autoridades judiciales aplican en
muy pocas ocasiones la legislación penal relativa a los «delitos de
intolerancia». En cambio, los litigios judiciales en asuntos civiles reflejan
una activa dinámica en la sociedad moldava, lo que refleja la política
proactiva del Gobierno, con la aparición de una serie de litigios iniciados por
la sociedad civil e instituciones estatales en casos de discriminación, que han
dado lugar a resoluciones de los tribunales nacionales que han sentado
precedente y han sensibilizado al público en general acerca de esta cuestión. Asimismo, tras la resolución de junio de
2012 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Genderdoc-M
(solicitud nº 9106/06), las autoridades centrales y el ayuntamiento de Chisináu
se mostraron dispuestas a garantizar el derecho a la libertad de reunión de la
comunidad LGBTI, como quedó patente durante las manifestaciones de dicha
comunidad celebradas el 14 de febrero y el 19 de mayo de 2013. Estas
manifestaciones fueron las primeras de la historia de la República de Moldavia
que tuvieron lugar en condiciones de seguridad, bajo la protección efectiva de
la policía. Cabe mencionar igualmente una medida
positiva relacionada con la condición de las personas transexuales y de su
derecho al reconocimiento legal del cambio de nombre y sexo. El 2 de noviembre
de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia dictó sus «Recomendaciones nº 16»
sobre el procedimiento de examen de reclamaciones relativas a la rectificación
de las actas del Registro Civil tras una cirugía de cambio de sexo. Estas
recomendaciones reflejan correcta y expresamente la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que establece que la negativa a reconocer el sexo
postoperatorio en el registro civil constituye una violación del Convenio para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(derecho al respeto de la vida privada y familiar). Aunque loable, este
esfuerzo no parece resolver la totalidad del problema, ya que otras
disposiciones jurídicas siguen dando motivos a las oficinas del Registro Civil
para negarse a modificar el estado civil de una persona tras su cambio de sexo,
por lo que esta debe impugnar dicha decisión en los tribunales. En el ámbito judicial, como consecuencia
del acalorado debate público que tuvo lugar en 2011 y 2012, y como indicio de
una sociedad moldava más activa y dinámica en cuestiones de discriminación, en
2012 se produjo un considerable aumento de los litigios en esta materia.
Algunos asuntos vinieron a clarificar los límites de la libertad de expresión
en el caso de la «incitación al odio», entre otros, en casos de difamación y
declaraciones incendiarias contra la población romaní y la comunidad LGBTI o la
publicación en sitios web de «listas negras» de personalidades públicas
«promotoras de la homosexualidad». Es importante destacar que los tribunales
resolvieron estos casos de conformidad con las normas internacionales y
europeas en lo que se refiere a los límites legítimos de la libertad de
expresión en casos de difusión de expresiones de odio contra comunidades
étnicas, religiosas o sociales («incitación al odio»); en algunos casos,
también decidieron conceder una compensación moral a los demandantes. Asimismo, el Tribunal de Apelación de
Chisináu rechazó una demanda presentada por una organización religiosa contra
la decisión de Teleradio Moldova de emitir un documental sobre los derechos
humanos de la comunidad LGBTI, en la que el demandante intentaba «imponer una
limitación a la libertad de expresión y opinión en un tema relacionado con los
derechos de las minorías sexuales». También resulta elocuente la reacción
provocada por organizaciones civiles y autoridades públicas, así como por las
medidas discriminatorias contra miembros de la comunidad LGBTI y de minorías
religiosas, adoptadas por algunos consejos locales, incluido el Ayuntamiento de
Balti. El 28 de febrero de 2013, el Tribunal de Apelación de Balti dictaminó
que la creación por este último de una «zona de apoyo especial de la Iglesia
Ortodoxa Moldava» y la prohibición de la «propaganda agresiva de orientación
sexual no tradicional» constituían una violación de los derechos humanos. En lo
que se refiere a las decisiones discriminatorias adoptadas por otros consejos
locales, la Cancillería del Estado notificó a las autoridades interesadas que
sus decisiones eran ilegales e inició las acciones legales correspondientes.
Como consecuencia, todas las decisiones de los ayuntamientos fueron anuladas
por las autoridades que las habían dictado o fueron declaradas ilegales por los
tribunales competentes. Los Defensores del Pueblo siguen el mismo enfoque en el
caso de la Ley «de garantía de los principios de igualdad, equidad y
objetividad», adoptada el 30 de abril de 2013, por la Asamblea Popular de la
Región autónoma de Gagauzia, que cuestiona algunos de los derechos consagrados
en la Ley de garantía de la igualdad, en particular los derechos de empleo de
los miembros de la comunidad LGBTI. 82.
Aplicación efectiva del Plan Nacional de
Acción sobre Derechos Humanos para luchar contra la discriminación (incluida la
asignación de recursos adecuados); campañas generales de sensibilización contra
el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de discriminación; fortalecimiento
de los órganos responsables de la política contra la discriminación y la lucha
contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. El 27 de diciembre de 2012, el Parlamento
adoptó varias enmiendas al Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos (en
lo sucesivo «el Plan de Acción»), elaboradas junto con las autoridades y la
sociedad civil, a fin de tener en cuenta nuevos acontecimientos, como el
resultado del examen periódico universal (informe final de marzo de 2012) y
otras recomendaciones internacionales. A raíz de este ejercicio se incluyeron
nuevos capítulos, como la prevención y lucha contra la discriminación; la
libertad de pensamiento, conciencia y religión; y los derechos de los
apátridas, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. En el diálogo sobre
derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia celebrado el 16 de
abril de 2013, las autoridades moldavas confirmaron la prioridad que conceden a
seguir aplicando el Plan de Acción —con una financiación adecuada— y a su seguimiento.
Este último es coordinado por un órgano ad
hoc, la Comisión Nacional para la Aplicación del Plan de Acción para los
Derechos Humanos (en lo sucesivo «la comisión nacional»), con el apoyo técnico
del Ministerio de Justicia, así como por el Comité Parlamentario Permanente de
Derechos Humanos. Se basa en una serie de indicadores de resultados e incluye
una evaluación cualitativa y un mecanismo para recibir observaciones; se
observó que el 85 % de las acciones previstas para 2012 se habían completado
o estaban en curso al final del año. La comisión nacional solicitó una mayor
participación de los 35 consejos de distrito del país. Asimismo añadió un
capítulo financiero por separado al Plan de Acción, en el que se pide a las
autoridades nacionales y locales que indiquen las fuentes de financiación, ya
sean internas o externas, asignadas o necesarias para garantizar su plena
aplicación. La cooperación con socios nacionales e internacionales sigue siendo
un factor importante para la aplicación del Plan de Acción. Hace poco, las
autoridades moldavas decidieron invitar a representantes del Consejo de Europa,
las Naciones Unidas, la UE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) y ONG nacionales e internacionales a participar en la comisión
nacional. El Plan Nacional de Acción en Apoyo de la
Población Romaní 2011-2015, revisado en 2012 en consulta con socios
internacionales, representa un avance decisivo en las políticas de la República
de Moldavia dirigidas a la población romaní, pues se centra en la inclusión
social, en lugar de limitarse a promover la cultura romaní. La
institucionalización de los mediadores de la comunidad romaní es un paso
importante hacia una mayor integración de esta población. La labor de la red de
mediadores de la comunidad romaní, que ahora figuran en la nómina del
presupuesto de la República de Moldavia, debe ser determinante para la
estrategia elegida de inclusión social, que se basa en la combinación de
esfuerzos de las autoridades centrales y locales, la participación activa de la
sociedad civil y organizaciones internacionales (como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef)) y una dotación financiera adecuada. Se han
designado 15 mediadores de la comunidad romaní, que son financiados con cargo al
presupuesto del Estado. Se prevé que este número alcance el nivel óptimo de 47
mediadores en 2015. Como apoyo a una estrategia de promoción de las mujeres
romaníes, 13 de estos 15 mediadores iniciales son mujeres. Un acontecimiento
positivo para aumentar la capacidad y los conocimientos de las autoridades
moldavas para abordar el tema de la inclusión social de la población romaní fue
la creación en noviembre de 2012 del puesto de asesor especial del Primer
Ministro sobre cuestiones romaníes. Desde el punto de vista institucional, se
reiteró que garantizar los derechos humanos en el sector de la justicia
constituye uno de los pilares de la amplia Estrategia a gran escala para
reformar el sistema de justicia 2011-2016 y su Plan de Acción. Un primer
paquete de enmiendas legislativas, adoptado en julio de 2012, vino a reforzar
el Consejo Superior de la Magistratura y, en particular, sus competencias
disciplinarias, y también alcanzó la meta de asignar los jueces de una forma
más eficiente y flexible de acuerdo con su carga de trabajo y número de asuntos
en determinados tribunales y distritos, y de reducir la presión de trabajo que
soportan los jueces mediante la creación del puesto de asistente de juez.
También ha mejorado el sistema de asistencia jurídica gratuita, creado en 2008
y organizado en torno al Consejo Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita. La
Guía de asistencia jurídica gratuita garantizada por el Estado, publicada en
2010 con el apoyo del Consejo de Europa y la Comisión Europea, se sigue
difundiendo entre las instituciones competentes y especialistas que prestan
dicha asistencia, mientras que se ha puesto a disposición del público en
general un folleto resumido en el que se explican los tipos de asistencia
jurídica gratuita y los procedimientos para solicitarla y recibirla. Por otra parte, la prestación de
asistencia jurídica gratuita se ha diversificado mediante la
institucionalización de los defensores públicos, junto con los abogados
privados que están dispuestos a prestar asistencia jurídica gratuita en el
marco de un contrato con las cinco oficinas territoriales del Consejo Nacional
de Asistencia Jurídica Gratuita. Asimismo se permitirá que ONG acreditadas
presten asistencia jurídica gratuita en asuntos civiles; los asistentes de
abogado y las ONG prestarán asistencia jurídica gratuita primaria (información
básica sobre la legislación y asistencia para redactar diversos documentos,
excepto para procedimientos judiciales). Desde el 1 de enero de 2012, los
demandantes pueden solicitar asistencia jurídica gratuita incluso en asuntos
civiles, y esta asistencia está a disposición de las personas carentes de
medios para contratar a un abogado y cuyos casos presentan una cierta
complejidad legal o procesal. La estrategia para la reforma del sector
de la justicia presta la debida importancia a la reforma de la institución de
los Defensores del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos (en lo sucesivo «el
Centro») con el fin de reforzar su independencia y eficacia, así como las del
Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (en noviembre de 2009, el
Centro de Derechos Humanos recibió del Comité Internacional de Coordinación de
las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos la calidad de miembro «B», lo que indica que cumple parcialmente los
Principios de París). Un grupo de trabajo ad hoc llevó a cabo un estudio
detallado de las actividades del Centro, que incluía la evaluación de sus
resultados, necesidades financieras y posibles medidas para optimizar sus
actividades. Sobre la base de sus conclusiones y con la participación de socios
internacionales (como el asesor local de las Naciones Unidas sobre derechos
humanos y el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura)
y ONG locales, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley sobre la
reorganización del Centro, la selección y nombramiento del Defensor o
Defensores del Pueblo, y el grado de autonomía de estos últimos para
seleccionar y designar al personal del Centro, establecer la organización
interna de la estructura y hacer frente a problemas presupuestarios. En la
actualidad, el proyecto de ley ha sido sometido a consulta pública. Al mismo tiempo, el Centro ha hecho sus
propios esfuerzos para mejorar su eficacia y la credibilidad de su función.
Comenzó a hacer uso de su prerrogativa de impugnar la constitucionalidad de
determinadas leyes ante el Tribunal Constitucional y de iniciar acciones
judiciales ante el Tribunal, y de intervenir en procedimientos judiciales en
calidad de amicus curiae, incluso en procedimientos contra la
discriminación. Abrió un centro regional en Varnita, un barrio residencial de
Bender controlado por la República de Moldavia, en la denominada Zona de
Seguridad, a fin de satisfacer las solicitudes de la población local y mejorar
la cooperación con la institución del Defensor del Pueblo existente en
Transnistria. b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones 83.
Seguir aplicando el Plan de Acción para
los Derechos Humanos 2011-2014 y continuar buscando la participación de la
comunidad internacional para hacer frente a los problemas relacionados con las
minorías. Las autoridades moldavas han mostrado un
compromiso constante con el Plan de Acción para los Derechos Humanos 2011-2014
y han mejorado los resultados de la aplicación de este. En marzo de 2013 se
elaboraban enmiendas al Decreto gubernamental por el que se crea la Comisión
Nacional para la Aplicación del Plan de Acción para los Derechos Humanos con el
fin de invitar a organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, las
Naciones Unidas, la UE, la OSCE y ONG internacionales, a participar en los
trabajos de seguimiento y evaluación de la comisión. La intención de las
autoridades moldavas era realizar rápidamente dicha invitación, una vez designado
un nuevo Gobierno. 84.
Garantizar la aplicación efectiva de la
legislación contra la discriminación, en consonancia con los estándares
internacionales y europeos, en particular estableciendo directrices exhaustivas
y disponiendo de un Consejo de Igualdad. Como ya se ha expuesto ampliamente en la
sección anterior, las autoridades, instituciones judiciales, sociedad civil y
población moldavas muestran una gran sensibilidad respecto a la lucha contra la
discriminación, que es un tema que sigue siendo polémico en la sociedad. Tras
la adopción de la Ley de garantía de la igualdad se adoptaron varias medidas de
ejecución, en particular un programa de educación y formación para brindar
directrices de aplicación a los juristas e informar al público en general. Las
decisiones administrativas o actos legislativos regionales que se oponen a la
Ley de garantía de la igualdad son abolidos por medios legales y ha surgido una
jurisprudencia nacional que concuerda con las resoluciones del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. 85.
Mantener sus esfuerzos financieros para
ejecutar de forma eficaz y coherente el Plan de Apoyo a la Comunidad Romaní
2011-2015. Como se expone en la sección anterior, el
Plan de Apoyo a la Comunidad Romaní 2011‑2015 se ha aplicado de forma
coherente. Aunque con algunos retrasos, su compromiso anterior de
institucionalizar los mediadores de la comunidad romaní se tradujo en
compromisos presupuestarios firmes en 2013. En este tema como en el tema de los
derechos humanos en general, la cooperación con la comunidad internacional y el
apoyo de esta constituyen un factor importante para garantizar el éxito de las
acciones previstas. 86.
Proseguir la buena cooperación con las
autoridades de facto de Tiraspol, lo que
permitirá el intercambio de información sobre la expedición de documentos así
como sobre aspectos relativos a la aplicación de la ley. Como se describe en el criterio de
referencia del PALV, la expedición de documentos de identidad a los residentes
de la región de Transnistria por parte de las autoridades constitucionales de
la República de Moldavia se lleva a cabo sobre la base de la información
facilitada con arreglo a la legislación moldava y cotejada con la información
en poder de las autoridades constitucionales. La cooperación entre Chisináu y Tiraspol en
cuestiones policiales y judiciales tiene lugar de forma ad hoc sobre la
base de un acuerdo de 1994. Sin embargo, este acuerdo no puede aplicarse como
tal en el contexto de los avances de la República de Moldavia en el ámbito de
los derechos humanos debido a que no ofrece garantías suficientes en materia de
protección de los datos personales y respeto de los derechos humanos de los
sospechosos requeridos para investigación por las autoridades de facto de
la región de Transnistria, por lo que es necesario revisar esta forma de
proceder. Los trabajos sobre este tema se reanudaron tras la reunión del Grupo
«5+2» en Odesa, sobre la base de una propuesta de la Misión de la OSCE a la
República de Moldavia. 87.
Aumentar los esfuerzos para superar los
retos en materia de seguridad y migración y encontrar soluciones posibles para
mejorar el control sin perjuicio del proceso de negociación «5+2». En marzo de 2013, el Viceprimer Ministro
moldavo encargado de la reintegración (que es el representante político de la
República de Moldavia en el proceso «5+2») comunicó mediante carta a la
administración de facto de la región de Transnistria, a los otros
participantes en el proceso y a la Comisión Mixta de Control creada por el
acuerdo de alto el fuego entre Rusia y la República de Moldavia de 1992, que la
República de Moldavia tenía la intención de crear seis puntos de registro de la
Oficina de Migración y Asilo moldava en la demarcación administrativa con la
región de Transnistria, en la denominada zona de seguridad del conflicto de
esta región para el seguimiento y control de los flujos migratorios a través
del segmento central (correspondiente a Transnistria) de la frontera entre la
República de Moldavia y Ucrania. La información facilitada a Tiraspol incluía
datos básicos sobre la ubicación, procedimientos, instituciones competentes y
otros aspectos pertinentes. En abril, tras la reacción negativa de la
administración de Transnistria, el Viceprimer Ministro encargado de la
reintegración facilitó aclaraciones complementarias a Tiraspol tanto por
escrito como a través de declaraciones públicas, incluidas las emitidas por la
Oficina de Migración y Asilo. La cuestión se planteó durante la reunión del
proceso «5+2» en Odesa (23 y 24 de mayo de 2013), en la que la República de Moldavia
rebatió las acusaciones de Transnistria según las cuales esta iniciativa
impediría la libre circulación para los residentes rusos y ucranianos en
Transnistria que no estuvieran en posesión de un pasaporte moldavo.
Transnistria pareció satisfecha con las explicaciones recibidas. La República
de Moldavia acordó igualmente celebrar consultas consulares tripartitas con
Rusia y Ucrania sobre el reconocimiento de la residencia moldava de los
residentes rusos y ucranianos en Transnistria que se nieguen a registrarse ante
las autoridades moldavas. Según la Oficina Nacional de Estadística,
la población de la República de Moldavia en 2012 era de 3 559 541
personas (sin incluir la región de Transnistria). Por otra parte, la población
de la región de Transnistria se estimó en unas 509 400 personas (sin
deducir el considerable número de inmigrantes procedentes de esta región), de
los cuales 280 239 (55 %) eran ciudadanos moldavos inscritos en el
Registro Estatal de Población. En 2012, el Ministerio de Información, Tecnología
y Comunicaciones expidió 15 531 pasaportes a ciudadanos de la República de
Moldavia residentes en la región de Transnistria. La República de Moldavia lleva a cabo una
política de inclusión general respecto a sus ciudadanos residentes en
Transnistria, que les permite obtener gratuitamente la nacionalidad moldava de
forma voluntaria (o la expedición gratuita de su primer documento de
identidad). En vista de que la República de Moldavia no reconoce los documentos
del Registro Civil de Transnistria, el Ministerio de Información, Tecnología y
Comunicaciones aplica medidas concretas para confirmar la nacionalidad de los
solicitantes, de conformidad con las enmiendas a la Ley de ciudadanía de 2004 y
las Decisiones gubernamentales nº 959 de 9 de septiembre de 2005 y nº 337
de 10 de mayo de 2011. Desde mayo de 2012 se celebran conversaciones entre
Chisináu y Tiraspol para aplicar un mecanismo de intercambio de información,
permitir el registro preliminar de los documentos expedidos por las autoridades
de facto de Transnistria y, en particular, introducir elementos de
identificación a escala de todo el país (un número generado por el Registro
Civil moldavo) en los documentos del registro civil expedidos por las
autoridades de facto de Transnistria, con lo que se simplificaría el
proceso de solicitud de documentos de identidad moldavos por parte de los
residentes de Transnistria. Por el momento, la Decisión gubernamental
nº 125 de 18 de febrero de 2013 por la que se aprueba el «Reglamento sobre
la expedición de los documentos de identidad y comprobantes de la población de
la República de Moldavia» (que remplaza la Decisión gubernamental nº 376
de 6 de junio de 1995 en su versión modificada) establece que «la
identificación de las personas que han alcanzado la mayoría de edad y no se
hayan documentado anteriormente, o de aquellas cuya identidad no pueda
demostrarse mediante documentos expedidos con anterioridad, se llevará a cabo
por medio de una declaración a cargo de sus progenitores, representantes
legales u otros parientes de primer a tercer grado». En el último caso, el
solicitante debe presentar documentos explicativos complementarios expedidos
por la autoridad pública local u otras instituciones del Estado que posean
información sobre dicha persona. Por consiguiente, los descendientes o
parientes de residentes de Transnistria que no puedan ser identificados y
reconocidos por medio del sistema de pasaportes de modelo soviético (que ha
heredado el «Registro» moldavo) pueden recurrir a las declaraciones de sus parientes
para solicitar la nacionalidad moldava. El Código Penal moldavo establece
multas y penas de prisión de hasta un año por realizar declaraciones falsas
frente a un funcionario público con el fin de producir consecuencias jurídicas
para un tercero. Evaluación general del Bloque 4 La República de Moldavia ha avanzado en la aplicación efectiva de los criterios de referencia requeridos para la segunda fase. Se han suprimido las restricciones que aún subsistían en relación con la permanencia legal de extranjeros y apátridas, se ha mejorado continuamente el acceso de todos los ciudadanos a los documentos de identidad y se han realizado mejoras considerables en la aplicación del marco jurídico de lucha contra la discriminación. Por otra parte, la situación de la región de Transnistria se ha abordado con diligencia al establecer un sistema de seguimiento de los flujos migratorios y crear procedimientos especiales de confirmación para los residentes en Transnistria que soliciten documentos de identidad moldavos. Asimismo, la República de Moldavia cuenta con un historial de aplicación coherente de todas las recomendaciones transmitidas en la Evaluación de las Repercusiones. La Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en general, los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 4. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 88. Confirmar la aplicación sostenible de la Ley de garantía de la igualdad, en particular mediante la creación de un Consejo de Igualdad operativo y seguir avanzando hacia la plena aplicación de la legislación relativa a la inclusión social de personas con discapacidad. 89. Confirmar el apoyo financiero del Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos. 90. Continuar la aplicación de la reforma del sector de la justicia, incluido el refuerzo de la institución del Defensor del Pueblo. 91. Crear los puestos de registro anunciados a lo largo de la demarcación administrativa con Transnistria. 92. Seguir avanzando con Transnistria para facilitar la documentación y demostración de los residentes en esta región. 3. conclusiones Desde la apertura en junio de 2010 del
diálogo sobre visados UE-República de Moldavia y la presentación del Plan de
Acción para la Liberalización de Visados (PALV) a las autoridades moldavas en enero
de 2011, la Comisión ha informado periódicamente al Parlamento Europeo y al
Consejo de los progresos realizados por la República de Moldavia en la adopción
de las medidas necesarias para cumplir los criterios de referencia definidos en
el marco de los cuatro bloques de la primera fase y ahora en la segunda fase
del PALV a través de este cuarto informe de seguimiento. Junto a este intenso proceso de
información sobre el PALV, la Comisión ha seguido supervisando los progresos
realizados por la República de Moldavia en los ámbitos pertinentes del PALV a
través de: 93.
el Comité mixto de facilitación de visados
UE-República de Moldavia; 94.
el Comité mixto de readmisión UE-República de
Moldavia; 95.
el Subcomité mixto nº 3 UE-República de
Moldavia; 96.
la reunión de altos funcionarios de la
Asociación de Movilidad entre la UE y la República de Moldavia; 97.
el diálogo sobre derechos humanos entre la UE
y la República de Moldavia. En cada uno de estos comités y marcos ha
progresado el estado del diálogo y la cooperación entre la UE y la República de
Moldavia, que funcionan correctamente. En las reuniones más recientes de los
Comités mixtos de readmisión y de facilitación de visados, que se celebraron el
12 de junio de 2013 en Bruselas, con la participación de los Estados miembros
de la UE, la Comisión comprobó la aplicación generalmente satisfactoria de
ambos acuerdos. El diálogo sobre visados entre la UE y la
República de Moldavia ha demostrado ser un instrumento importante para hacer
avanzar las reformas, no solo en el ámbito de la Justicia y Asuntos de Interior,
sino también en ámbitos como el Estado de Derecho y las cuestiones
constitucionales, incluidas la financiación de los partidos políticos y las
inmunidades de los políticos. Los progresos realizados por la República de Moldavia
en los diversos ámbitos correspondientes a los cuatro bloques del PALV han sido
constantes y efectivos en los tres últimos años, y han mostrado el compromiso y
los importantes esfuerzos realizados por las autoridades moldavas para que la
aplicación del PALV sea una prioridad en la agenda legislativa, política y
administrativa. No obstante, es importante reiterar que
las reformas emprendidas en varios ámbitos incluidos en el PALV y, en
particular, las destinadas a alcanzar la buena gobernanza de la administración
pública requieren que las autoridades moldavas muestren una voluntad
política estable a fin de que dichas reformas se consoliden plenamente en
la sociedad moldava. Esta evaluación muestra que la República
de Moldavia cumple en líneas generales todos los criterios de referencia de
los cuatro bloques del PALV. El funcionamiento del marco legislativo y
político y los principios y procedimientos institucionales y organizativos de
los cuatro bloques se ajusta a las normas europeas e internacionales. La
Comisión considera que la República de Moldavia ha realizado avances muy
notables en la aplicación efectiva y sostenible de los criterios de
referencia de la segunda fase del PALV. La realización de las acciones
indicadas en el presente informe llevará a la República de Moldavia a finalizar
la aplicación de todos los criterios de referencia de la segunda fase del PALV.
La Comisión seguirá prestando especial
atención a que la República de Moldavia asigne recursos financieros y humanos
adecuados para la aplicación sostenible del marco legislativo y político. A
este respecto se pide a la República de Moldavia que establezca un plan
plurianual a largo plazo para garantizar los recursos financieros y humanos
necesarios para un cumplimiento duradero de los criterios de referencia por
medio de la integración sistemática de las partidas de gasto necesarias en el
presupuesto del Estado. Asimismo es indispensable seguir organizando campañas
de información específicas para clarificar los derechos y obligaciones de
los viajes libres de visado y sobre las normas que regulan el acceso al mercado
laboral de la UE. La Comisión seguirá supervisando
activamente el cumplimiento de las acciones exigidas en el presente informe
en el marco de los cuatro bloques del PALV con el fin de informar en otoño
sobre la aplicación efectiva de todos los criterios de referencia del Plan de
Acción para la Liberalización de Visados. [1] Documento 18078/10 del Consejo. [2] i) seguridad de los documentos, incluida la biometría;
ii) migración irregular, incluida la readmisión; iii) orden público y
seguridad; y iv) relaciones exteriores y derechos fundamentales. [3] SEC (2011) 1075 final. [4] SWD (2012) 12 final. [5] COM (2012) 348 final. [6] COM (2012) 443 final. [7] Subcomité nº 3: aduanas, cooperación transfronteriza,
blanqueo de dinero, drogas e inmigración ilegal. [8] COM(2012) 443 final. [9] Marca de agua bitono, fibras fluorescentes bajo luz
ultravioleta, hilo de seguridad fluorescente, numeración del pasaporte con
perforaciones de rayo láser, contempladas en el punto 5 del Apéndice
informativo 1 de la Sección III, «Normas de seguridad para documentos de viaje
de lectura mecánica» del Doc 9303, Parte 1, de la OACI. [10] Marca de agua, microimpresión, emblema y número de serie
del documento que presentan fluorescencias bajo luz ultravioleta. [11] Según las autoridades moldavas, en la región de
Transnistria viven 509 400 personas, de las cuales un 55 % son
ciudadanos de la República de Moldavia y 33 128 poseen pasaportes
biométricos. [12] Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario
de normas para el cruce de personas por las fronteras. [13] SEC(2011) 145 final. [14] En 2012 se investigaron 87 casos de corrupción, se
cerraron 92 investigaciones, se aplicaron 102 sanciones disciplinarias, de las
cuales 34 resultaron en despidos. Durante el período 2010-2012 se iniciaron
cuatro procesos penales por graves delitos de corrupción. [15] Catálogo de Schengen sobre control de las fronteras exteriores,
retorno y readmisión: recomendaciones y prácticas más idóneas, documento del
Consejo 7864/09. [16] http://www.eubam.org/files/20121206142708402683P9AP_ENG_Second_Year.pdf
[17] Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico
de Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y la República de Moldavia (GUAM) [18] El Departamento de Policía de Fronteras recibió en abril
de 2013 todo el equipo necesario y 30 coches patrulla para que las unidades
móviles estén operativas. [19] La última reunión del Comité Mixto de Readmisión tuvo
lugar el 12 de junio de 2013. [20] De conformidad con las normas mínimas de la Directiva
2008/115/CE para el retorno de los nacionales de terceros países en situación
irregular. [21] De conformidad con la Directiva 96/71/CE del Consejo sobre
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de
servicios. [22] La última reunión del Comité mixto de facilitación de
visados tuvo lugar el 12 de junio de 2013. [23] En 2012, la duración media de tramitación de las
decisiones de primera instancia fue de 107 días, muy por debajo del plazo de
seis meses. Si se incluye la segunda instancia, este período es
considerablemente mayor: 401 días. Actualmente están pendientes de decisión en
primera instancia o recurso 82 asuntos (85 personas). [24] Desde el inicio del procedimiento se han adoptado 17
decisiones. A 1 de enero de 2013, 1 998 personas apátridas vivían en el
territorio de la República de Moldavia (reconocidas o con derecho a residencia
permanente). [25] Cifras anuales de casos de trata de seres humanos: delitos
registrados (140 en 2010, 111 en 2011, 151 en 2012) y víctimas asistidas por el
Centro de Asistencia y Protección (CAP) (355 en 2010, 339 en 2011, 424 en 2012).
Víctimas identificadas según el Ministerio del Interior: 131 en 2011 y 266 en
2012. Condenas: 7 en 2011 y 13 en 2012. Víctimas de trata de menores que
recibieron asistencia: el 9,6 % en 2010, el 14 % en 2011 y el
13 % en 2012. [26] Los fondos necesarios para la ejecución de las acciones
incluidas en el plan figurarán en las asignaciones para el período 2012–2013
correspondientes a las autoridades públicas financiadas por el presupuesto
estatal y los presupuestos locales, así como la asistencia externa que las
autoridades públicas recibirán para la ejecución de determinados proyectos:
Apoyo para del Proyecto del Consejo de Europa para la buena gobernanza y la
lucha contra la corrupción en la Asociación Oriental, apoyo de la Comisión
Europea para el proyecto «Apoyo al Gobierno de la República de Moldavia para
mantener las actividades de lucha contra la corrupción, reformar el Ministerio
del Interior, incluida la policía, y la protección de datos personales». [27] Hasta ahora, este sistema no ha tenido los efectos
previstos y no ha modificado significativamente el enfoque de la integridad en
el sector público. En la mayoría de los casos, la autoevaluación de los riesgos
de corrupción era un ejercicio formal y la inestabilidad política afectaba la
capacidad de gestión de las instituciones públicas. Los planes de integridad
resultantes de este proceso no presentaban una calidad satisfactoria. Al CNLC
se le ha concedido recientemente la competencia para participar en la labor de
los grupos de trabajo encargados del análisis de riesgos de corrupción, y para
presentar sus observaciones al respecto; anteriormente el CNLC sólo tenía un
papel general de supervisión que no permitía una participación sustancial en el
proceso. [28] La independencia funcional se garantiza mediante el
procedimiento de nombramiento del director del CNLC, de modo que su mandato no
coincida con el del Gobierno, el Parlamento y el Presidente; la designación del
director y los directores adjuntos del CNLC se basa en criterios de
profesionalidad y no afiliación política establecidos en la ley; en el
procedimiento de nombramiento/destitución participan varias autoridades;
existen condiciones estrictas para la destitución antes del final del mandado,
definidas exhaustivamente en la ley. [29] Los controles del estilo de vida se refieren a la
verificación del estilo de vida de una persona respecto a sus ingresos legales. [30] Proyecto de «Apoyo al Gobierno de la República de Moldavia
para mantener las actividades de lucha contra la corrupción, reformar el
Ministerio del Interior, incluida la policía, y la protección de datos
personales». [31] La CEC está integrada por representantes de varios
partidos políticos, con 3 plazas a tiempo completo y 20 agentes, y opera sobre
todo durante la campaña electoral. La CEC debe contar con los recursos
necesarios para llevar a cabo una amplia supervisión proactiva de la
financiación de las campañas electorales y los partidos políticos en general. [32] La OPLBC es miembro observador de la Red
Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (Red CARIN). [33] i) Solicitudes de extradición entrantes: el Ministerio de
Justicia las tramita en tres a cuatro meses, y la Oficina del Fiscal General en
dos a tres meses; ii) Comisiones rogatorias entrantes: el Ministerio de
Justicia las tramita en dos a tres meses, y la Oficina del Fiscal General en un
máximo de seis meses; iii) el Ministerio de Justicia tramita las solicitudes
entrantes de reconocimiento y ejecución de sentencias penales en
aproximadamente tres meses, y las salientes en cuatro a cinco meses; iv) el
Ministerio de Justicia tramita las solicitudes de transferencia de reos a
países extranjeros en cinco a seis meses. [34] Con arreglo a la Convención, las autoridades competentes
de dos o más Estados parte pueden crear, de mutuo acuerdo, un ECI para un fin
determinado y por un período limitado para realizar investigaciones penales en
uno o varios de estos países. [35] El objetivo de control se refiere a la manera en que los
órganos con funciones coercitivas remiten, registran y notifican casos de
delincuencia organizada.