Recomendación de

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2012-2017

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1] y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (CE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2] y, en particular, su artículo 6, apartado 1,

Vista la recomendación de la Comisión Europea[3],

Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo[4],

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

Considerando lo siguiente:

(1)       El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

(2)       El 13 de julio de 2010, sobre la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[5], que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)       El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

(4)       El 6 julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Francia para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia para 2011-2016.

(5)       El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual[6] sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo 2013 de coordinación de la política económica. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[7], en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(6)       El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

(7)       El 10 de abril de 2013, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo[8] de Francia en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. El análisis de la Comisión llega a la conclusión de que Francia sufre desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de medidas decididas. En particular, el deterioro de la balanza comercial y la competitividad, impulsado por factores relacionados y no relacionados con los costes, en un contexto de empeoramiento de la posición exterior y una deuda pública elevada, merece una atención constante para reducir el riesgo de efectos adversos sobre el functionamiento de la economía francesa y de la Unión Económica y Monetaria, dado el tamaño de la economía francesa.

(8)       El 30 de abril de 2013, Francia presentó su Programa de Estabilidad de 2013, que cubre el período 2012-2017, y su Programa Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

(9)       Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad de 2013, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que, pese a los considerables esfuerzos de saneamiento que condujeron a una reducción del déficit global del 7,5% del PIB en 2009 al 4,8% en 2012, no se espera que Francia corrija su déficit excesivo en 2013 como recomendó el Consejo a finales de 2009. Ello se debe, en particular, al empeoramiento de la situación económica respecto de la previsión hecha en el momento de la recomendación, solo en parte compensada por los ingresos extraordinarios, así como al hecho de que el esfuerzo se haya concentrado hasta cierto punto al final del período. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del programa es plausible para 2013, pero demasiado optimista para 2014. En particular, las autoridades prevén que, tras un estancamiento en 2012 (0%) y 2013 (+0,1%), el PIB crecerá un 1,2% en 2014, suponiendo que no se adopten medidas presupuestarias para reducir el déficit general de las administraciones públicas al 2,9% del PIB. En comparación, la Comisión prevé que el PIB crecerá un 1,1% en 2014 si no hay un cambio de política, un escenario que únicamente tiene en cuenta las medidas que se han adoptado o especificado suficientemente y que arroja una previsión de déficit del 4,2% del PIB. El objetivo principal de la estrategia presupuestaria esbozada en el programa es conseguir el objetivo a medio plazo, es decir, un presupuesto equilibrado en términos estructurales, como en el programa del pasado año. Es un objetivo más ambicioso que el exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El año en que se prevé alcanzar el objetivo a medio plazo es 2016, frente a 2015 en el Programa de estabilidad anterior. El déficit global establecido por el programa de estabilidad es coherente con una corrección del déficit excesivo en 2014, un año después del plazo revisado fijado por el Consejo en virtud del procedimiento de déficit excesivo a finales de 2009. Dadas las previsiones demasiado optimistas del programa para 2014, a menos que se adopten medidas adicionales para redoblar los esfuerzos en ese año, el Consejo considera que el esfuerzo de saneamiento presupuestario previsto por las autoridades no es compatible con una corrección real del déficit excesivo en 2014. Los ahorros y los ingresos adicionales previstos tampoco se especifican suficientemente. En estas circunstancias, deben especificarse las medidas para 2014 y 2015 a fin de garantizar de manera creíble que el déficit excesivo se corregirá en 2015 a más tardar [como recomienda el Consejo]. En 2016, el saldo estructural, recalculado por la Comisión, se espera que sea el -0,4% del PIB (-0,3% en 2017), por lo que el objetivo a medio plazo no se cumpliría al final del programa. Se calcula que los progresos hacia el objetivo a medio plazo en ese año representarán el 0,3% del PIB, por debajo del valor de referencia del 0,5% del PIB. La deuda pública ha crecido sustancialmente desde el comienzo de la crisis. Partiendo del 64,2% en 2007, la proporción entre la deuda y el PIB llegó al 90,2% en 2012 y se prevé que aumente hasta el 96,2% en 2014, según la previsión de primavera 2013 de los servicios de la Comisión. Las autoridades esperan que la proporción de la deuda alcance el punto máximo del 94,3% del PIB en 2014 y a continuación descienda al 88,2% en 2017.

(10)     Dada la deuda elevada y creciente, así como el nuevo retraso del plazo para la corrección del déficit excesivo [a 2015], es imprescindible que el presupuesto de 2013 se ejecute estrictamente y los esfuerzos sustanciales de saneamiento se prosigan con firmeza en los años venideros. En particular, es crucial que el gasto público francés crezca a un ritmo significativamente menor que el PIB potencial, puesto que las mejoras del déficit estructural se han basado hasta la fecha principalmente en los ingresos. A este respecto, la revisión en curso del gasto público («Modernisation de l'action publique»), que incluye la administración local y de la seguridad social además de la administración central, debe proporcionar indicaciones para mejorar aún más la eficiencia del gasto público. Hay margen también para avanzar en la racionalización de las distintas capas y competencias administrativas para lograr más sinergias, eficiencia y ahorro. La nueva ley de descentralización prevista debe abordar este problema. En vista del incremento esperado a medio y largo plazo del gasto público en sanidad, el futuro gasto público en asistencia sanitaria requiere mayor control y eficiencia, en particular el gasto farmacéutico. Las previsiones más recientes del Consejo Asesor en materia de Pensiones («Conseil d’orientation des retraites») apuntan a déficits persistentes del sistema de pensiones en 2018, contrariamente al objetivo de la reforma de 2010 de lograr un sistema equilibrado en ese plazo. Además, el desmantelamiento parcial de la reforma de 2010 contraviene la recomendación del Consejo. En consecuencia, el sistema de pensiones seguirá sufriendo todavía grandes déficits en 2020 y se necesitan urgentemente nuevas medidas para remediar esta situación a la vez que se preserva la suficiencia del sistema. Dichas medidas podrían incluir un aumento de la edad mínima de jubilación y la edad para cobrar una pensíón completa, así como del período de cotización para obtener la pensión completa, adaptando las normas de indización y revisando las numerosas excepciones vigentes al régimen general para categorías específicas de trabajadores. Dado su impacto negativo sobre los costes laborales, debe evitarse un aumento de las cotizaciones a la seguridad social. En vista del desafío de las finanzas públicas que afronta Francia, es vital que las medidas presupuestarias se complementen con renovados esfuerzos en pro de las reformas estructurales para apoyar y aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía francesa.

(11)     Como pone de manifiesto el examen exhaustivo de 2013, la competitividad francesa sigue siendo un gran desafío, como así lo indica la notable disminución de su cuota de mercados de exportación en estos últimos años. El Gobierno francés propuso en noviembre de 2012 varias medidas políticas en el contexto del «Pacto de competitividad». La introducción de un crédito fiscal en relación con el impuesto de sociedades (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — CICE) es un paso importante que debería contribuir a reducir los costes laborales. Existe margen para adoptar más medidas, dado que el nuevo crédito fiscal solo reduce a la mitad la diferencia entre la cuña fiscal francesa y la media de los países de la OCDE en lo que respecta al salario mediano. Además, las medidas fiscales que afectan a las empresas adoptadas desde 2010 han inducido un aumento general de la fiscalidad empresarial, pese a la corrección que supuso esa medida. La subida del salario mínimo decidida en julio de 2012, aun limitada, puede tener un impacto negativo sobre el empleo y la competitividad, como subrayaba la recomendación del Consejo de 2012. Entre 2002 y 2012, el salario mínimo por hora aumentó un 38% (16% en términos reales). El alto nivel del salario mínimo, que representa dos tercios del salario mediano, lo compensan parcialmente los empleadores con una serie de exenciones a la cotización empresarial a la seguridad social. El correspondiente coste para las finanzas públicas ha aumentado rápidamente en estos últimos años, representando más del 1% del PIB, en parte para compensar el rápido aumento del salario mínimo. Además, instrumentos alternativos como los sistemas de ayuda a la renta («Prime pour l'emploi» y «Revenu de solidarité active») son más eficientes que el salario mínimo para resolver el problema de la pobreza en el trabajo.

(12)     Por lo que se refiere a la competitividad no relacionada con los precios, aunque el Gobierno ha renovado recientemente su estrategia de exportación, el respaldo al desarrollo de las redes y asociaciones de exportación promovería la internacionalización de las PYME[9]. En general, podrían adoptarse medidas para garantizar que el entorno empresarial favorece el crecimiento de las PYME. Pese a los considerables esfuerzos desplegados por las empresas en sectores intensivos en I+D y el sustancial apoyo público (p.ej., el crédito fiscal para investigación), los sectores de alta y media-alta tecnología solo representan una parte modesta y decreciente de la economía francesa. Es preciso, por lo tanto, fomentar la creación y el crecimiento de las PYME y de las empresas de tamaño medio en estos sectores mejorando las condiciones generales que propician la innovación y la iniciativa empresarial. La política de alianzas que se ha desarrollado para vincular la investigación pública a las empresas privadas también podría orientarse más hacia las externalidades positivas entre empresas privadas geográficamente próximas entre sí. Además, los estudios de doctorado y la investigación deben resultar lo bastante atractivos para reforzar el vínculo entre empresas privadas y centros de investigación.

(13)     En lo que respecta a los servicios, en 2012 solo se hicieron progresos limitados. En particular, no se inició una reforma horizontal para suprimir las restricciones injustificadas en las profesiones y sectores regulados. Muchos proveedores de servicios profesionales siguen padeciendo restricciones en materia de forma jurídica y estructura accionarial (p.ej., restricciones a la propiedad del capital para veterinarios y abogados). Otros obstáculos importantes a la entrada o al ejercicio (como las comunicaciones comerciales, las cuotas o restricciones territoriales) subsisten en varios sectores (como taxistas, algunas profesiones sanitarias, notarios y otras profesiones jurídicas). El sector minorista está aún sujeto a una serie de regulaciones, como procedimientos de autorización complejos y largos para el establecimiento de comercios minoristas. Además, la prohibición vigente de las ventas con pérdidas produce diversas distorsiones cuando el objetivo de apoyar a los productores y a los pequeños distribuidores podría alcanzarse más eficazmente con medidas menos distorsionantes. Estas restricciones excesivas de las profesiones y sectores regulados repercuten en la competencia y tienden a elevar los precios. Como indica el examen exhaustivo, los precios más elevados de los servicios de intermediación, que representan casi la cuarta parte de los costes de producción en el sector industrial, repercuten en última instancia en la competitividad externa de las empresas francesas. En 2012 también fueron escasos los avances en las industrias de redes. El mercado de electricidad francés continúa siendo uno de los más concentrados de la UE. Los precios regulados del gas y la electricidad distorsionan la competencia y son un obstáculo para los nuevos operadores. Deben suprimirse las tarifas reguladas para los clientes no domésticos según el calendario acordado con las autoridades francesas. Una mayor capacidad de interconexión con los países vecinos y la licitación de concesiones hidráulicas también contribuirían a estimular la competencia en el mercado eléctrico. En el sector ferroviario, el transporte de mercancías es menos dinámico que en otros Estados miembros, mientras que el transporte de pasajeros no está abierto a la competencia, excepto los servicios internacionales. La próxima reforma debe garantizar que todo nuevo «gestore único de infraestructura» es independiente del operador establecido para acreditar un acceso justo y no discriminatorio de los nuevos operadores.

(14)     El sistema fiscal francés sigue siendo complejo y carece de eficiencia por la amplia gama de exenciones y deducciones especiales existentes, pero también por los frecuentes cambios legislativos. Pese a los esfuerzos para reducir y racionalizar los gastos fiscales, el importe de los ingresos no percibidos como conecuencia de aquellos sigue siendo elevado. La determinación de una base amplia y un tipo impositivo bajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las sociedades sería una opción más favorable al crecimiento y el bienestar social. Está previsto que el tipo intermedio del IVA aumente del 7 % al 10 % a partir de enero de 2014. Es una decisión acertada, pero son necesarios esfuerzos adicionales. En general, el coste de las exenciones fiscales y de las cotizaciones a la seguridad social es muy alto, hasta el 10% del PIB. Pese a la demostrada ineficacia de algunos tipos reducidos de IVA, como los de los servicios de restauración, no se han tomado medidas suficientemente diferenciadas. La introducción del crédito fiscal CICE, financiado parcialmente mediante el antedicho aumento de los tipos intermedio y normal del IVA, desplaza la carga fiscal en beneficio del trabajo. Es menester, sin embargo, ampliar el ámbito de actuación, en particular para reequilibrar la cuota de los impuestos medioambientales. El año pasado, Francia adoptó algunas medidas para abordar el problema de los incentivos al endeudamiento en la fiscalidad empresarial. Hay, sin embargo, margen para otras mejoras (la deducción de intereses solo está restringida por encima del umbral de 3 millones EUR y únicamente el 15% de los intereses que superan ese límite no puede ser objeto de deducción fiscal en 2013, y el 25% en 2014).

(15)     La tasa de desempleo aumentó del 9,7 % en 2010 al 10,2 % en 2012. La Comisión prevé que la tasa de desempleo aumentará al 10,6% en 2013 y al 10,9% en 2014, debido a la persistente debilidad del crecimiento económico. En este contexto, la segmentación del mercado laboral francés sigue siendo un motivo de preocupación. La probabilidad de pasar de un empleo temporal a uno permanente era solo del 10,6 % en 2010, frente al 25,9 % de media en la UE. Como consecuencia, los trabajadores poco cualificados con empleos precarios suelen soportar la carga del proceso de ajuste del mercado laboral. En mayo de 2013, se promulgó una ley basada en el acuerdo interprofesional (ANI) para garantizar el empleo celebrado entre los interlocutores sociales en enero de 2013. Esta ley refuerza los derechos de los trabajadores, resuelve la incertidumbre jurídica de los despidos y otorga mayor flexibilidad a los empleadores. Constituye un progreso hacia un mercado más laboral más fluido. La ejecución de esta reforma, así como su impacto, son inciertos en estos momentos porque, a raíz de la adopción de la ley de transposición del ANI, serán necesarios otros acuerdos sectoriales y de empresa para que el acuerdo pueda entrar en vigor.

(16)     La sexta parte de los jóvenes franceses abandonan la educación y formación sin cualificación. Es este un dato especialmente preocupante porque la tasa de desempleo juvenil ascendía al 25,4% a finales de 2012 y el riesgo de desempleo era casi el doble para los jóvenes menos cualificados. Los sistemas de promoción de los contratos de aprendizaje deben llegar en particular a los jóvenes menos cualificados. La armonización de los sistemas nacionales con la recomendación del Consejo sobre la «Garantía Juvenil» debe desempeñar una función estructural en la respuesta a estos retos. Pese a las reformas iniciadas en 2009, el porcentaje de participación de los adultos franceses en actividades de formación permanente (5,7 % en 2012; adultos menos cualificados: 2,5 %) está por debajo de la media de la UE. La transferencia prevista de competencias a los Consejos regionales podría permitir poner remedio a las deficiencias del sistema actual. La tasa de ocupación de los trabajadores de 55 a 64 años está entre las más bajas de la UE (45,7 % en el cuarto trimestre de 2012), y el desempleo aumenta entre los más mayores. Aun siendo un paso en la dirección correcta, no está claro en qué medida los «contratos generacionales» contribuirán al empleo de los trabajadores de mayor edad y facilitarán la reocupación de los demandantes de empleo más mayores. El gasto público francés en subsidios de desempleo aumentó un 5,3% en 2012 y se espera que aumente un 6,1% en 2013 según el Programa de Estabilidad. El déficit acumulado del régimen de desempleo, que rondará el 1% del PIB en 2013, exige una reforma del sistema de prestaciones de desempleo. En particular, algunos elementos, como las condiciones de acceso, la disminución progresiva de las prestaciones o las tasas de sustitución de los trabajadores con salarios más altos, deberían adaptarse para asegurarse de que los incentivos al trabajo son adecuados. El nuevo convenio tripartito del servicio público de empleo (Pôle emploi) prevé un seguimiento diferenciado de los demandantes de empleo. El tamaño medio de la cartera de los asesores laborales ha aumentado, sin embargo, debido al incremento del desempleo, y la reorientación de la estrategia del Pôle emploi se ve obstaculizada por la debilidad económica. En resumidas cuentas, es preciso tomar más medidas en vista de las negativas perspectivas económicas y del aumento esperado del desempleo en Francia.

(17)     En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Francia. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

(18)     A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Francia y su dictamen[10] se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(19)     A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se reflejan en las recomendaciones 2, 3, 4, 5 y 6 que figuran a continuación.

(20)     En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Francia también debería garantizar la oportuna y plena aplicación de estas recomendaciones.

RECOMIENDA que Francia tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

1.           Reforzar y proseguir la estrategia presupuestaria en 2013. Acrecentar la credibilidad del ajuste especificando antes del otoño de 2013 y aplicando las medidas necesarias para 2014 y los años posteriores con el fin de garantizar una corrección sostenible del déficit excesivo en 2015 a más tardar y la consecución del objetivo de ajuste estructural enunciado en las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Dedicar todos los ingresos extraordinarios a la reducción del déficit. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios requiere una ejecución creíble de reformas estructurales ambiciosas para aumentar la capacidad de ajuste y fomentar el crecimiento y el empleo. Mantener una senda de consolidación presupuestaria que propicie el crecimiento y aumentar la eficiencia del gasto público, en particular revisando como está previsto las categorías de gasto en todos los subsectores de la administración pública. Tomar medidas en virtud de la próxima ley de descentralización para lograr mejores sinergias y ahorros entre las administraciones central, regionales y locales. Una vez corregido el déficit excesivo, proseguir el esfuerzo de ajuste estructural a un ritmo adecuado para el objetivo a medio plazo en 2016. Adoptar medidas a finales de 2013 para equilibrar de manera sostenible el régimen de pensiones a más tardar en 2020, por ejemplo adaptando las normas de indización, elevando la edad legal de jubilación, aumentando el período de cotización para la pensión completa y revisando los regímenes especiales, a la vez que se evita un incremento de las contribuciones empresariales a la seguridad social, y aumentar la eficacia del gasto sanitario, incluido el gasto farmacéutico.

2.           Garantizar que el «crédit d’impôt compétitivité et emploi» reduce eficazmente los costes laborales en la medida prevista y que ninguna otra medida contrarresta su efecto. Adoptar nuevas medidas para reducir los costes laborales, en particular para reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social. Garantizar que los aumentos del salario mínimo favorecen la competitividad y la creación de empleo, teniendo en cuenta la existencia de sistemas de apoyo a la renta y exenciones a las cotizaciones sociales.

3.           Adoptar medidas para mejorar el entorno empresarial y desarrollar la capacidad de innovación y exportación de las empresas, en particular las PYME y las empresas de tamaño medio. En particular, emprender la anunciada iniciativa de simplificación del marco reglamentario y mejorar las condiciones generales para la innovación aumentando la transferencia de tecnología y la explotación comercial de la investigación, también mediante una reorientación de los polos de competitividad.

4.           Adoptar medidas para fomentar la competencia en el sector de servicios, eliminar las restricciones injustificadas al acceso y el ejercicio de los servicios profesionales, sobre todo en lo que respecta a la forma jurídica, la estructura accionarial, las cuotas y las restricciones territoriales; tomar medidas para simplificar la autorización de la apertura de establecimientos comerciales y suprimir la prohibición de las ventas con pérdidas; eliminar las tarifas reguladas de gas y electricidad para los clientes no domésticos y reforzar la capacidad de interconexión con los países vecinos; en el sector ferroviario, abrir a la competencia el transporte nacional de pasajeros

5.           Proseguir los esfuerzos para simplificar el sistema fiscal y mejorar su eficiencia, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las normas fiscales. Adoptar medidas para acabar con la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad empresarial. Intensificar los esfuerzos para reducir y racionalizar el gasto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades al tiempo que se reducen los tipos impositivos; aproximar los tipos reducidos del IVA al tipo normal y suprimir los tipos reducidos ineficientes. Adoptar nuevas medidas que desplacen la carga fiscal del trabajo al medio ambiente o al consumo.

6.           Aplicar plenamente y sin demora el acuerdo interprofesional de enero de 2013, en concertación con los interlocutores sociales. Adoptar nuevas medidas para combatir la segmentación del mercado laboral, en particular para abordar la situación de los trabajadores temporales. Emprender urgentemente una reforma del sistema de prestaciones de desempleo en concertación con los interlocutores sociales para garantizar la sostenibilidad del sistema a la par que su capacidad para incentivar la reocupación. Elevar la tase de empleo de los trabajadores de más edad y estimular su participación en el mercado de trabajo. Tomar medidas específicas para mejorar las perspectivas de empleo de los desempleados de más edad, en particular mediante asesoramiento y formación específicos. Aumentar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente, especialmente de los menos cualificados y de los desempleados. Garantizar que los servicios públicos de empleo prestan un apoyo individualizado real a los desempleados y que las políticas activas de empleo se dirigen efectivamente a los más desfavorecidos. Adoptar nuevas medidas para mejorar la transición de la escuela al trabajo mediante, por ejemplo, una Garantía Juvenil y la promoción de los contratos de aprendizaje.

Hecho en Bruselas, el

                                                                       Por el Consejo

                                                                       El Presidente

[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

[3]               COM(2013) 360 final.

[4]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.

[5]               Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013.

[6]               COM(2012) 750 final.

[7]               COM(2012) 751 final.

[8]               SWD(2013) 117 final.

[9]               Comisión Europea (2011), «Pequeñas empresas en un mundo grande: una nueva asociación que ayude a las PYME a aprovechar oportunidades globales», COM(2011) 702.

[10]             En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.