10.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 261/21

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Vista la Declaración de Barcelona, de 28 de noviembre de 1995, que estableció una asociación entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo Meridional, así como el programa de trabajo adoptado en esta conferencia,

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Vistas sus Resoluciones, de 27 de octubre de 2005, sobre el proceso de Barcelona renovado (1) y, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Asociación económica y comercial euromediterránea con vistas a la VIII Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre Comercio (2),

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0200),

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

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Vista la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de mayo de 2011, titulada «Un diálogo para la migración, la movilidad y la seguridad con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0292),

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Vista la «Hoja de ruta Euromed sobre comercio después de 2010», adoptada por la octava reunión ministerial sobre comercio de la Unión para el Mediterráneo celebrada en 2009,

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Vistas las conclusiones de las conferencias ministeriales euromediterráneas y de las conferencias ministeriales sectoriales que se han celebrado desde el lanzamiento del Proceso de Barcelona, en particular, las conclusiones de la novena Conferencia de los Ministros de Comercio de la Unión para el Mediterráneo celebrada el 11 de noviembre de 2010,

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Vistos los acuerdos euromediterráneos de asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Túnez (3), Israel (4), Marruecos (5), Jordania (6), Egipto (7), el Líbano (8) y Argelia (9), por otra, y el Acuerdo euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) (actuando por cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza) (10);

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Vista la Decisión no 1/95 del Consejo de asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (96/142/CE) (11),

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Visto el Acuerdo de libre comercio, conocido como Acuerdo de Agadir, firmado el 25 de febrero de 2004 por Jordania, Egipto, Túnez y Marruecos,

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Visto el estudio de impacto de sostenibilidad de la zona de libre comercio (ZLC) euromediterránea, elaborado por el Institute for Development Policy and Management de la Universidad de Manchester,

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Vistos el Documento de Estrategia Regional (2007-2013) y el Programa Indicativo Regional para la Asociación Euromediterránea (2007-2013) y los objetivos establecidos en ellos (12), sí como la Decisión de ejecución de la Comisión, de 29 de julio de 2011, sobre la segunda parte del Programa de Acción Anual 2011 a favor de que la región mediterránea obtenga financiación con cargo a la partida presupuestaria 19 08 01 01 del presupuesto general de la Unión Europea (13),

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Vistos los trabajos del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP), en particular, la reunión ministerial que tuvo lugar en Bruselas el 12 de julio de 2011, así como su informe anual de 2010 publicado el 8 de agosto de 2011,

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Vista la Decisión de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, de 5 de octubre de 2011, para facilitar fondos a los países del Sur y el Este del Mediterráneo,

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Vistos los trabajos de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo,

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Vistos los trabajos de la Unión para el Mediterráneo,

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Vista la Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 2011, para adoptar las directivas de negociación de un Acuerdo de Libre Comercio de alcance amplio y profundo con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez,

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Vistas sus Resoluciones, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras (14), de 7 de abril de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión meridional (15), y de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad (16),

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Vistas todas las resoluciones aprobadas por el Parlamento en el contexto de la primavera árabe por lo que se refiere a las libertades de religión, de creencia y de conciencia en tanto que valores fundamentales y universales, cuyo respeto es esencial para el desarrollo democrático y económico;

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0104/2012),

A.

Considerando que la primavera árabe es la mayor transformación política acaecida en los países de la Vecindad Europea desde la caída del Muro de Berlín, y que ha ofrecido a la UE la oportunidad de adaptar sus intereses en materia de política comercial y exterior a sus valores fundamentales de derechos humanos, de democracia y de una sociedad libre; considerando, que con arreglo al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, la UE debe desarrollar una relación especial con sus países vecinos, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad, fundamentado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas basadas en la cooperación, que es la única clave para la estabilidad duradera, la seguridad y el desarrollo y progreso económicos de Europa;

B.

Considerando que la UE tiene competencias exclusivas en materia de política comercial y de inversiones, que le permiten dar una respuesta eficaz a los grandes cambios y contribuir al progreso económico y social en los países del Mediterráneo Meridional;

C.

Considerando que el Tratado de Lisboa define el comercio internacional como uno de los tres brazos de la Acción Exterior de la UE y exige coherencia con sus demás políticas asuntos exteriores y desarrollo internacional; considerando que el comercio siempre ha sido un pilar firme de la Política de Vecindad, como se destaca en las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» y «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional»;

D.

Considerando que las sociedades civiles de los países del Mediterráneo Meridional consideran que la UE debería tomar la iniciativa para ayudar a sus transformaciones políticas y económicas;

E.

Considerando que la reconstrucción económica y política tras la primavera árabe no está sometida a la supervisión de las instituciones regionales que desempeñan un papel similar al del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Europa Central y Oriental, y en Asia Central;

F.

Considerando que no existe una institución financiera euromediterránea específica, aunque que la experiencia adquirida por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) durante transición de la Europa Central y Oriental en los últimos años debería permitirle desempeñar un papel positivo en los países del Mediterráneo Meridional; lamentando, no obstante, que varios Estados miembros de la UE aún no han ratificado las enmiendas al Acuerdo BERD que contribuirán a que el Banco esté plenamente operativo en la región mediterránea;

G.

Considerando que, hasta ahora, la gestión de las economías de los países del Mediterráneo Meridional la han realizado dirigentes no democráticos en beneficio de unos pocos; a menudo pasando por alto las necesidades de los más vulnerables; considerando que el hecho de que muchos dictadores ya hayan sido derrocados ofrece nuevas oportunidades para la apertura de las economías de la región y para crear una auténtica economía de mercado;

H.

Considerando que la UE ya tiene una Unión Aduanera con Turquía y Acuerdos de libre comercio (ALC) con los países del Mediterráneo Meridional, excepto Siria, país que no firmó el paquete final negociado, y Libia, país con el que las negociaciones se suspendieron en febrero de 2011 tras el inicio de la guerra civil;

I.

Considerando que la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) no es un requisito previo para entablar negociaciones comerciales, como lo demuestran las disposiciones comerciales de los Acuerdos de asociación con el Líbano y Argelia, el acuerdo provisional con los Territorios Palestinos, las negociaciones suspendidas con Libia y el acuerdo sin ratificar con Siria;

J.

Considerando que la zona de libre comercio euromediterránea, que es el proyecto económico más ambicioso resultante de la Declaración de Barcelona, no se materializó en 2010 como estaba previsto debido a los conflictos existentes en la región y a la falta de un compromiso intrarregional (Sur-Sur);

K.

Considerando que la crisis económica de 2008 afectó directamente a los vectores económicos principales de los países del Mediterráneo Meridional, y que los disturbios sociales y políticos registrados en Túnez, Egipto, Siria y Libia durante la primavera árabe han agravado la recesión económica en esos países; considerando que no todos estos países han experimentado la primavera árabe de la misma manera, ya que los antiguos regímenes siguen en el poder en algunos países, mientras que otros atraviesan un período de inquietud social constante que sigue debilitando su economía;

L.

Considerando que la primavera árabe ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales, comerciales y presupuestarias sistémicas de la región, en particular, la propensión a sufrir grandes aumentos de precios en los mercados de productos básicos, y considerando que una nueva estrategia comercial para el Mediterráneo debe hacer frente a estas deficiencias, fomentar la soberanía y la seguridad alimentarias y poner fin a la especulación financiera ejercida sobre los alimentos si se pretenden satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos;

M.

Considerando que el desempleo crónico, especialmente entre los jóvenes, y la falta de diversificación del comercio siguen siendo motivos de gran preocupación; considerando que el desempleo estructural de larga duración y el trabajo no declarado, incluido el trabajo infantil, siguen siendo elevados en la mayoría de los países del Mediterráneo Meridional y que se ha agravado aún más en aquellos países que han experimentado graves disturbios sociales durante la primavera árabe; que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la región debe crear unos 25 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos diez años para mantener el nivel de empleo actual;

N.

Considerando que los adolescentes (con edades entre 10 y 19 años) representan un 20 % de la población y la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años se sitúa entre el 25 % y el 30 %, en tanto que la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo muy baja; considerando que el desempleo es especialmente elevado entre los graduados universitarios, lo que provoca una fuga de cerebros y un desperdicio de recursos humanos;

O.

Considerando que uno de los principales intereses de la Unión Europea reside en mostrarse ambiciosa con respecto al plan de cooperación económica y adoptar una estrategia mutuamente beneficiosa, responsable y flexible, basada en el apoyo a las transiciones democráticas y la defensa de los derechos humanos;

1.

Considera que la primavera árabe es un evento histórico sin precedentes instigado por las aspiraciones populares en aras de la libertad, los derechos democráticos y una mejora en sus niveles de vida; expresa su profunda tristeza por las personas que han perdido la vida en la lucha para derrocar dictaduras corruptas;

2.

Es consciente de que, tras estos sacrificios, las sociedades de los países del Mediterráneo Meridional abrigan enormes expectativas de que la UE apoye de forma más justa las reformas democráticas y un auténtico desarrollo económico en beneficio de todos;

3.

Señala que aún no se han consolidado plenamente los frutos de las revoluciones de la primavera árabe y que la UE debe actuar con prontitud a la hora de poner en práctica el programa de la iniciativa «Comercio para el cambio» habida cuenta de que, aparte de los beneficios económicos inmediatos, el comercio constituye un medio efectivo para consolidar la democracia y promover la estabilidad, dado que ayuda a evitar la corrupción, facilita una distribución más equitativa de la riqueza y da poder a la población en general; alienta a las autoridades de transición a emprender una transición pacífica hacia una verdadera democracia; insta a las autoridades nacionales a que respeten el derecho de sus pueblos a manifestarse pacíficamente y se abstengan de toda represión violenta;

4.

Acoge con satisfacción, en este mismo contexto, la creación del Grupo de trabajo UE-Túnez, el primero establecido junto con un país del Mediterráneo Meridional con el fin de asegurar una mejor coordinación de la ayuda de la UE e internacional a la transición del país; se felicita por el hecho de que el Parlamento participara en la primera reunión; pide a la VP/AR y a la Comisión que sigan asociando al Parlamento a esta iniciativa y a otras venideras; se felicita por la creación, en el Parlamento, de un grupo de seguimiento relativo al Mediterráneo Meridional con el fin de vigilar la respuesta ofrecida por la UE a las crisis en los países mediterráneos;

5.

Acoge con satisfacción el desarrollo de las recientes elecciones equitativas y transparentes en Túnez, que —junto con reformas en los planos económico, jurídico y social— proporcionan un buen ejemplo para otros países de la región; destaca la importancia que reviste el desarrollo de comicios libres y justos en la salvaguarda de la unidad de estos países, mediante el establecimiento de instituciones democráticas y pluralistas, en la medida en que sientan las bases de una mayor estabilidad y unas estructuras socioeconómicas modernizadas, lo que constituye en sí mismo una condición imprescindible para atraer las inversiones internacionales y generar un crecimiento sostenible; destaca la necesidad de que, junto a cambios democráticos, se efectúen reformas en los ámbitos económico, jurídico y social con el fin de abrir y modernizar las estructuras socioeconómicas de estos países;

6.

Considera que la deuda pública exterior de los países de Norte de África y Oriente Próximo es un deuda detestable, si se tiene en cuenta que la deuda fue acumulada por los regímenes dictatoriales principalmente a través del enriquecimiento personal de la élite política y económica y de la compra de armas, a menudo utilizadas para oprimir a sus propias poblaciones; pide, por tanto, que se reconsidere esta deuda y, en particular, la relacionada con el gasto en armamento;

7.

Lamenta el papel desempeñado por las empresas europeas en la exportación de armas y productos de doble uso a regímenes represivos, y a la hora de permitir las perturbaciones tecnológicas organizadas por los regímenes dictatoriales; pide a la Comisión que elabore directrices para que las empresas de la UE actúen de forma coherente con los principios fundamentales de la UE en tales situaciones;

8.

Subraya que la política comercial y de inversión es competencia exclusiva de la UE y debe ofrecer instrumentos concretos e innovadores para alcanzar sus objetivos en materia de política exterior, a saber, la democracia, la prosperidad, la estabilidad y la paz en la región;

9.

Reconoce que la UE debe adoptar una política coordinada con relación a los países del Mediterráneo Meridional, pero cautelosa frente a un enfoque uniforme frente a la primavera árabe, habida cuenta de que, pese a que los países del Mediterráneo Meridional poseen muchas similitudes, han experimentado distintas formas de gobierno represivo, varían en sus niveles de desarrollo económico y se enfrentan a desafíos demográficos y sociales dispares.

10.

Destaca que una de las principales funciones del Parlamento Europeo es la de fortalecer el diálogo político, el entendimiento y la confianza mutuos entre Europa y terceros países, incluidos los países del Mediterráneo Meridional, en cuyo caso el Parlamento Europeo debe centrarse en difundir y promover las reformas democráticas, las libertades plenas y el Estado de Derecho; hace hincapié en que estas importantes tareas, basadas en las relaciones directas, podrían asimismo constituir una manera de evaluar el cumplimiento de los criterios que se fijen (a la luz de los acontecimientos y de los avances realizados) y de realizar los ajustes necesarios en los Acuerdos de asociación, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión y las finanzas;

11.

Es consciente del hecho de que, en los últimos diez años, la UE ha promovido un enfoque más profundo y global con respecto a los Acuerdos de Libre Comercio con los gobernantes de la mayoría de los países del Mediterráneo Meridional, pese a la aparente falta de legitimidad democrática de los socios de la negociación; destaca la importancia de estabilizar los procesos democráticos en el desarrollo de nuevas instituciones sociales y políticas, que podrán luego actuar como interlocutores legítimos e informados en las negociaciones de acuerdos comerciales;

12.

Señala que la UE es el principal mercado de consumo del mundo al que sólo debería concederse acceso si los países socios se comprometen seriamente a la apertura bilateral de los mercados, si toda la población del país socio, incluidos los más vulnerables, y no solo una minoría selecta, disfruta de los beneficios de las reformas económicas, y si se asumen y cumplen compromisos políticos, sociales y medioambientales adecuados;

13.

Indica que muchos de los países del Mediterráneo Meridional poseen un enorme potencial económico, y que algunos han heredado grandes cantidades de activos y recursos naturales que, si se gestionan correctamente, brindan una oportunidad de crecimiento y desarrollo económicos a ambos lados del Mediterráneo; considera, por tanto, que han de establecerse las medidas y los mecanismos necesarios que garanticen unos estándares sociales, medioambientales y fitosanitarios equivalentes;

14.

Se felicita por el enfoque de acción desde la base hecho a medida que plantea la Comisión, basado en una mayor condicionalidad y diferenciación en el contexto de la reciente revisión de la PEV, y en el principio de «más por más», asegurando una asistencia selectiva mejorada para cada país vecino de la UE y garantizando que la financiación coincida con la ambición política; cree que los logros en materia de reformas democráticas y libertades individuales deben reflejarse en un proceso similar en el ámbito económico y comercial, con las correspondientes libertades para el establecimiento y la actividad comercial, con el fin de desmantelar las oligarquías que han dominado tradicionalmente los países del Mediterráneo Meridional;

15.

Señala que la UE ya ha celebrado importantes acuerdos comerciales preferenciales con numerosos países del Mediterráneo Meridional en el marco de los Acuerdos de asociación; subraya, no obstante, que ninguno de estos procesos se ha completado en su totalidad y está convencido de que aún quedan grandes posibilidades para profundizar las relaciones económicas, en particular, en el ámbito normativo, con el objetivo a largo plazo de la integración en el mercado interior de la UE;

16.

Toma nota, por tanto, de la decisión del Consejo de autorizar el inicio de negociaciones sobre ALCAP con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez tan pronto como concluyan los procesos de preparación necesarios; cree que los ejercicios de delimitación del alcance deberían basarse en las experiencias de las fases preparatorias desarrolladas con los países de la Asociación Oriental, y reconoce al mismo tiempo la gran importancia política de evitar retrasos innecesarios con aquellos socios que están listos para iniciar las negociaciones; considera indispensable que todas las fuerzas sociales, especialmente las ONG y organizaciones sindicales, participen y sean consultadas desde el comienzo de cualquier negociación comercial;

17.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) no haya hecho públicos aún los detalles de los criterios «más por más» que determinarán, junto con el ejercicio de evaluación comercial, si un país está listo para un ALCAP; pide por ello al SEAE que establezca estos criterios de modo que el proceso sea transparente y para que los países socios conozcan de antemano dónde deben hacer ajustes; insiste en que el respeto de las instituciones democráticas y los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de asociación, y la protección de las minorías religiosas, el respeto por la legislación internacional en materia laboral, los Convenios de la OIT y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), así como las iniciativas en favor de la abolición de la pena de muerte debe desempeñar un papel central en este proceso, y considera que habría que responder a las mejoras o deterioros importantes en los países socios durante la fase de preparación y las propias negociaciones; insiste en que el ejercicio de delimitación debe determinar un nivel adecuado de apertura económica y un índice que refleje la forma en que se benefician del comercio y las inversiones extranjeras directas (IED) todos los niveles de la sociedad;

18.

Recuerda que los acuerdos de libre comercio no constituyen un fin por sí mismos y que deberían servir para beneficiar a cada país; sostiene que las disposiciones comerciales deben contar con el apoyo de cláusulas reforzadas en materia de derechos humanos, con la mejora de las disposiciones sobre seguimiento y aplicación, así como con un ambicioso capítulo de gran importancia para la sociedad civil, que incluya disposiciones sobre responsabilidad social de las empresas (RSE), lo que reforzará la responsabilización conjunta del proceso;

19.

Acoge con satisfacción el interés prestado a los obstáculos al comercio que se encuentran detrás de las fronteras y a la adaptación al acervo de la UE, pero señala que aún queda margen para negociaciones en materia de reducciones arancelarias con algunos países; destaca que, para que los ALCAP sean de verdadera utilidad para los países del Mediterráneo Meridional, la UE debe estar dispuesta a realizar esfuerzos adicionales en sectores sensibles, como la agricultura y los servicios del modo 4; señala en este contexto que la UE registra un importante excedente comercial en el sector de la agricultura con estos países;

20.

Pide a la Comisión que apoye y promueva específicamente el comercio justo y las iniciativas en materia de agricultura biológica, en particular, que brinde apoyo a pequeños agricultores y productores y a cooperativas pequeñas, como forma de integrar las prácticas agrícolas sostenibles y el desarrollo rural, al mismo tiempo que se desarrolla la cadena de suministro a fin de garantizar a los consumidores europeos la calidad y trazabilidad de los productos, así como unas credenciales sociales y medioambientales;

21.

Señala la importancia de la agricultura, que da empleo a más de un tercio de la población activa en los países del Mediterráneo Meridional, y del desarrollo rural en el proceso de estabilización, dado que contribuyen, especialmente en condiciones de creciente volatilidad en los mercados mundiales, a la mejora de la seguridad alimentaria, a la generación y distribución más equitativa de los ingresos, a la creación de empleo y a la integración de las mujeres y de los pequeños agricultores en la economía;

22.

Se felicita, por tanto, por el propósito de la Comisión de respaldar el desarrollo rural mediante el programa del «Mecanismo de Vecindad Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural», que integrará el apoyo a la inversión y el desarrollo de capacidades administrativas a partir de las buenas prácticas de la UE en materia de desarrollo de las zonas rurales, de forma que se favorezca la modernización de la producción agrícola en consonancia con las normas de la UE en materia de calidad y seguridad alimentaria;

23.

Acoge con igual satisfacción el compromiso proclamado por la Comisión en la Comunicación conjunta de 25 de mayo de 2011 (COM(2011)0303), a favor de financiar programas piloto de desarrollo agrícola, rural y regional, aprovechando la amplia experiencia de la UE en estos ámbitos y haciendo el mejor uso posible de la estrecha cooperación con la FAO, el Banco Mundial y, posiblemente, el BEI;

24.

Pide a la UE que apoye el desarrollo de la producción agrícola sana y el desarrollo rural en la región como parte de la lucha contra la pobreza, que es una lacra persistente en el campo, con miras a fortalecer el proceso de estabilización; hace hincapié en la importancia que para ello tienen las mejoras institucionales e infraestructurales (en ámbitos tales como los sistemas de regadío, manipulación, almacenamiento, empaquetado, transporte y comercialización, y el acceso a los servicios), añadidas a las mejoras tecnológicas, y en la importancia de los programas de educación y formación, especialmente para las mujeres, así como en situaciones de escasa organización de los productores y debilidad de la sociedad civil, dado que estos factores frenan igualmente el desarrollo de un sistema agroalimentario eficiente; pone de relieve el papel de los servicios de extensión como factores de difusión del conocimiento; subraya que la preocupación por el cambio medioambiental y climático mundial debe orientar la ayuda hacia la promoción de formas sostenibles de uso de los recursos naturales y la energía, así como de métodos de producción compatibles; subraya que se debería fomentar la diversificación de la producción a fin de soportar mejor las fluctuaciones del mercado y las crisis medioambientales, a tenor de la demanda cada vez mayor de alimentos en el mundo;

25.

Pide asimismo que, con el fin de evitar el dumping social y medioambiental entre los países en cuestión y la UE, las medidas propuestas por la Comisión sirvan para reforzar la puesta en marcha de actividades innovadoras de promoción de los conocimientos técnicos locales, de formación para la organización de los productores y para el desarrollo de mercados locales y regionales, en un contexto de intercambio de buenas prácticas entre países y con la UE, como por ejemplo las ya emprendidas en los procedimientos de preadhesión y en las relaciones con los países vecinos de la UE;

26.

Señala la contribución que podría representar una mayor integración entre los países norteafricanos y subsaharianos y subraya la necesidad de actuar a escala mundial para evitar la clase de acciones unilaterales por las que se opta con frecuencia como respuesta a las crisis alimentarias y a los fenómenos meteorológicos extremos.

27.

Hace hincapié en que las IED revisten una importancia especial para el desarrollo económico de los países del Mediterráneo Meridional, ya que los niveles de inversión son insuficientes o se dirigen excesivamente a las industrias de extracción de materias primas; pide a la Comisión que vele por la coordinación de los ALCAP y los esfuerzos de inversión en la región para promover la diversificación económica;

28.

Señala, no obstante, que los intentos anteriores de negociar acuerdos sectoriales en el marco de los Acuerdos de asociación no tuvieron éxito; pide a la Comisión que estimule a los países del Mediterráneo Meridional para que negocien sobre inversiones y sobre las denominadas «cuestiones de Singapur», como los servicios, en el contexto de los ALCAP; considera que la Comisión debe proceder a una aplicación asimétrica, cuando proceda, y mostrarse flexible en relación con los sectores sensibles de los países en cuestión;

29.

Destaca la importancia de complementar la apertura comercial con una asistencia técnica más sustancial para los países socios y sus empresas, de modo que puedan maximizar las oportunidades que se les ofrecen; reconoce que la UE ya presta dicha asistencia, pero considera que estos programas deben estar más orientados a las PYME, por ejemplo mediante una ampliación de la ayuda para el comercio;

30.

Pide a la Comisión que utilice los ALCAP para adaptar las normas reguladoras, en particular, en lo referente a las normas y los reglamentos técnicos, a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), a las normas de transparencia para la contratación pública, a las normas de protección de la propiedad intelectual, a la facilitación del comercio y de los trámites aduaneros y a la eliminación de las barreras no arancelarias; señala que los Acuerdos de asociación no abordan de forma satisfactoria esta cooperación y que el nivel de participación de la UE debería intensificarse;

31.

Acoge con satisfacción a este respecto los recursos adicionales asignados a la cooperación técnica, e insiste en que deberían llegar lo antes posible a la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DG DEVCO) de la Comisión y descentralizarse a las delegaciones de la UE sobre el terreno;

32.

Reconoce que los ALCAP deben ser el principal objetivo, pero sabe que, entretanto, la Comisión lleva a cabo negociaciones en el marco de los Acuerdos de asociación vigentes, incluidos los acuerdos sobre evaluación de conformidad y aceptación de productos industriales (AECA), acuerdos de agricultura y pesca, acuerdos de servicios e inversión, y acuerdos en materia de resolución de litigios; pide a la Comisión que considere también la posibilidad de actualizar los acuerdos sectoriales existentes con los países a los que se pueden mejorar las ofertas y con los que no sea posible celebrar inmediatamente un ALPAC; pide a la Comisión que examine más detenidamente el momento y la forma en que estos procesos puedan fusionarse finalmente con los futuros ALPAC, y que vele por que la pérdida de la condición de beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) en 2014 no afecte negativamente al acceso de los países del Mediterráneo Meridional al mercado de la UE en ninguna línea de productos;

33.

Solicita a la Comisión que elabore también una estrategia para aquellos socios de la iniciativa «más por más» con los que no exista un acuerdo anterior o que no puedan celebrar inmediatamente un ALPAC, en particular, aquellos, como Libia y el Líbano, que todavía no son miembros de la OMC; subraya que, si bien la asistencia técnica para ayudar a estos países a avanzar hacia la adhesión a la OMC debería continuar con suma seriedad, esta asistencia por sí sola no es suficiente y, por tanto, debería complementarse, según proceda, con acuerdos compatibles con la OMC que brinden beneficios a corto plazo;

34.

Está convencido de que una estrategia comercial eficaz para la región debe reforzar el papel que desempeñan las PYME, que crean hasta el 30 % del empleo en algunos países; reconoce la importancia de las microempresas, que representan el 98,1 % de las PYME en Egipto, el 97,8 % en Marruecos, el 89,1 % en Jordania, pero tan solo el 9,2 % en Túnez;

35.

Expresa su inquietud por el alto número de PYME no registradas que operan en el «mercado negro» y por el hecho de que el porcentaje de empleo informal (sin incluir la agricultura) en algunos países del Mediterráneo Meridional alcanza el 70 %; manifiesta su convicción de que, para que la región registre un verdadero crecimiento económico, la estrategia comercial de la UE debería conceder incentivos a las empresas no registradas para regularizar su situación; insta a la Comisión a que apoye programas para el desarrollo de la capacidad administrativa, especialmente en el registro de empresas, el empleo y los asuntos sociales, prestando una especial atención a la capacitación administrativa en los servicios jurídicos, ya que ello garantizará una mejor preparación emprender las reformas requeridas;

36.

Lamenta que las PYME y las cooperativas tengan un acceso muy limitado a la inversión e insiste en que es necesario ofrecer un acceso adecuado a la financiación por medio de mecanismos de microcrédito fiables, accesibles y de fácil uso, así como programas de contragarantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI); considera que dichos programas permitirán innovar y reestructurarse de forma que puedan aprovechar las posibilidades que ofrece el mercado interior de la UE;

37.

Subraya la importancia de fomentar la actividad emprendedora adoptando las medidas necesarias para crear un entorno que favorezca la participación de la sociedad en tal actividad; sería especialmente bienvenida una segunda fase del programa Invest in Med, cuyo mandato específico es promover la cooperación entre las PYME y sus organizaciones representativas en los Estados miembros de la UE y en los países del Sur del Mediterráneo;

38.

Reconoce el papel que desempeña el BEI, a través del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP), para ayudar a las PYME de los países del Mediterráneo Meridional; se felicita por la decisión de aumentar el límite máximo para sus operaciones en la región en 1 000 millones de euros, lo que permitirá que las operaciones del BEI en esta región asciendan a 6 000 millones de euros en los próximos tres años; reitera que el BEI debería dirigir específicamente sus proyectos de inversión a las PYME y al desarrollo de proyectos de infraestructuras, especialmente energéticas, dado el potencial de esta región y la ayuda que puede prestarle la UE para su desarrollo y aprovechamiento; insiste en que el BEI necesita aumentar su capacidad administrativa para controlar a los bancos intermediarios asociados que distribuyen «préstamos globales» con arreglo a los criterios de los objetivos de acción exterior de la UE y con el fin de responder plenamente de sus operaciones ante el público;

39.

Se felicita por la reciente participación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en la región mediterránea y la promesa de fondos adicionales por parte de la UE y varios Estados miembros para las actividades de este Banco; insta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a que ratifiquen con celeridad las modificaciones al Acuerdo BERD que ayudarán a que el BERD esté plenamente operativo en la región mediterránea; considera que se debería aumentar el total de los fondos de que dispone el BERD para invertir en la región y que las PYME deberían ser importantes beneficiarias de estas inversiones; alienta a los países del Mediterráneo Meridional a que demuestren su compromiso y apliquen los principios de democracia, pluralismo y economía de mercado, de modo que puedan tener acceso a inversiones de conformidad con los estatutos del Banco;

40.

Se muestra convencido de que la libre circulación de empresarios a través de las fronteras es esencial para que funcione correctamente una zona de libre comercio; tiene la firme convicción de que la UE debe buscar mayor coherencia entre su política de inmigración y su política comercial;

41.

Observa que la obtención de visados sigue siendo un problema para muchos representantes de empresas de los países del Mediterráneo Meridional, que tienen que visitar la UE para celebrar reuniones, asistir a cursos de formación y otros asuntos relacionados con los negocios en este sentido, se felicita de la reciente Comunicación titulada «Un diálogo para la migración, la movilidad y la seguridad con los países del Mediterráneo Meridional», en la que la Comisión prevé acuerdos de facilitación de la expedición de visados para apoyar la movilidad de los empresarios, entre otros; considera que se deberían facilitar los procedimientos de «integridad» y «fiabilidad» para la concesión de visados, y pide a la Comisión que negocie dichos acuerdos en coordinación con las negociaciones comerciales a fin de que su aplicación no resulte demasiado burocrática para las PYME;

42.

Lamenta que la zona de libre comercio euromediterránea no creara en 2010 y espera que todos los socios aprovechen el impulso generado por la primavera árabe para hacer avanzar las reformas necesarias para la creación de una zona de libre comercio que funcione y esté dotada plenamente, sin que ello distorsione la competencia para los productores de la UE;

43.

Propone que se evalúe periódicamente el impacto del paso a una política de libre comercio, con miras a un seguimiento activo y constante de las repercusiones de esta política en los países mediterráneos del sur de Europa, que tenga como objetivo final producir beneficios para los ciudadanos y para los sistemas económicos y productivos de los diferentes países;

44.

Subraya que, si bien cabe felicitarse por las estrategias comerciales específicas para cada país, estos acuerdos no pueden ir en detrimento de la integración regional; lamenta que el comercio Sur-Sur siga siendo muy limitado y señala, a este respecto, que en 2009 tan solo un 6 % de las importaciones de los países del Mediterráneo Meridional procedían de dichos países, en comparación con el 40 % procedente de la UE; anima a los nuevos gobiernos elegidos democráticamente a que se muestren más dispuestos que sus predecesores a comerciar con sus países vecinos;

45.

Reconoce que el Grupo de Agadir es el único ejemplo de esfuerzo concertado en el comercio Sur-Sur, y anima a los signatarios a ampliar el alcance y la participación en sus relaciones comerciales; pide a la Comisión que siga apoyando a este grupo, por ser la piedra angular en la que se basará la futura estrategia comercial de la UE;

46.

Pide a la Comisión por otra parte que incluya determinadas flexibilidades en los ALCAP, que permitan eventualmente que los distintos acuerdos se fusionen con el Acuerdo de Agadir para formar una única zona de libre comercio euromediterránea;

47.

Observa con satisfacción la inminente puesta en marcha del Mecanismo Euromediterráneo de Fomento del Comercio y la Inversión, que servirá como una base de datos que permitirá a los operadores económicos obtener información actualizada sobre las condiciones comerciales y de inversión en la región; insiste en que dicho mecanismo debe promoverse activamente entre las empresas de los países del Mediterráneo Meridional y convertirse en un facilitador eficaz de las transacciones intrarregionales y no actuar solamente como herramienta de información;

48.

Acoge con satisfacción el Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas, que debería respetar plenamente el acuerdo técnico entre la UE e Israel sobre productos procedentes de los asentamientos; pide a la Comisión que acelere el establecimiento de nuevas normas de origen en el marco del Convenio paneuromediterráneo a más tardar a finales de 2013, cuando los países del Mediterráneo Meridional perderán las preferencias del SPG y las normas de origen favorables con arreglo a este régimen.

49.

Alienta a los Estados miembros a que desempeñen un papel más ambicioso en la estrategia de la UE para los países de la Vecindad Meridional y a que ofrezcan importantes programas de becas para estudiantes de los países del Mediterráneo Meridional de ambos sexos y de todos los estratos socioeconómicos y orígenes étnicos, en particular, en el ámbito de la economía, la administración de empresas, las tecnologías de la información, las comunicaciones y el comercio; pide a la Comisión y a la Vicepresidenta/Alta Representante que propongan inmediatamente la creación de los programas Erasmus y Da Vinci para la región euromediterránea; observa que otras partes presentes en la región, como los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), se han mostrado más eficaces a la hora de prestar asistencia a los países del Mediterráneo Meridional; considera que estos intercambios pueden establecer conexiones duraderas con futuros socios comerciales en estos países;

50.

Recuerda el papel desempeñado por artistas, actores culturales y blogueros a la hora de permitir que algunas sociedades civiles árabes se vean liberadas de la dictadura y abran el camino hacia la democracia; pide a la UE que vele por integrar en su política comercial la dimensión de la cooperación cultural, incluyendo iniciativas conjuntas en los ámbitos de las artes, la educación, los medios de comunicación, Internet y otros sectores cruciales, con el fin de promover los derechos humanos y la democracia;

51.

Pide la inmediata creación de Cámaras de Comercio de la UE en los países socios para que sirvan como vehículo para la promoción de actividades comerciales conjuntas y de intercambios mutuos entre socios económicos, incluyendo seminarios y ferias de negocios; lamenta que no existan Cámaras de Comercio bilaterales de la UE en la región, aparte de la Cámara de Comercio UE-Israel;

52.

Hace especial hincapié en que las iniciativas comerciales de la Comisión vayan acompañadas de una mayor presencia de funcionarios comerciales de la UE sobre el terreno; lamenta que la Delegación de la UE cuente tan solo con un funcionario comercial en Túnez y que carezca de toda presencia en Jordania, a pesar de realizar ejercicios de delimitación para los ALCAP con estos países;

53.

Considera asimismo que es esencial que la UE coordine plenamente sus actividades de apoyo al comercio, la inversión y la financiación en la región para maximizar el efecto positivo de estas; manifiesta su inquietud por que el hecho de que el importante número de partes interesadas, tanto en el interior de la UE como en los propios países y en el exterior, pueda hacer que esfuerzos cruciales resulten inútiles o se dupliquen debido a la falta de coordinación;

54.

Destaca la necesidad de contar con una coordinación más estrecha entre los instrumentos de financiación de la Política Europea de Vecindad (PEV), como el Fondo de Inversión de Vecindad, y las diferentes entidades financieras de la UE, regionales e internacionales presentes en la región, incluidos el BEI, el BERD y el Banco Mundial, a fin de garantizar la máxima eficacia y coherencia; pide a la Comisión que se ponga a la cabeza de dichos esfuerzos de coordinación;

55.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al BEI, al BERD, a los Jefes de Estado y de Gobierno y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países del Mediterráneo Meridional, así como a la Unión para el Mediterráneo.