14.3.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/66

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera ambiciosos y de amplias miras los objetivos que la UE ha fijado a la nueva asociación para el desarrollo UE-Pacífico, pero observa que las disposiciones de aplicación -centradas sobre todo en la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad en la región- no son lo suficientemente claras; conviene en la necesidad de abordar, en colaboración con otras organizaciones, el problema del cambio climático, que afecta de manera transversal a todas las políticas de desarrollo nacionales y multilaterales y tienen repercusiones no solo económicas, sino también sociales. Además, los problemas vinculados a las consecuencias del cambio climático también deberían formar parte de manera orgánica de las políticas medioambientales de la zona, a fin de modificar comportamientos y llevar a cabo acciones coherentes.

1.2

El Comité considera, sin embargo, que para lograr este objetivo es preciso diseñar acciones y actividades integradas de desarrollo sostenible en los países interesados, con objeto de maximizar los efectos de la ayuda, utilizar de forma sinérgica todas las intervenciones y permitir también la participación activa de los agentes locales adoptando un enfoque de programación a medio y largo plazo.

1.3

El CESE considera importante que en la Comunicación figure el reconocimiento de que el pleno disfrute de los derechos y la estabilidad de la democracia son esenciales para el desarrollo económico de un país. Por desgracia, la situación en Fiyi, donde sigue vigente un sistema dictatorial que continua privando a sus propios ciudadanos de los derechos fundamentales, sólo es objeto de una leve referencia, cuando merecería la adopción de una posición más decidida y coherente por parte europea.

1.4

Se debería aprovechar la oportunidad que brinda la definición de la nueva asociación para el desarrollo para indicar qué principios y condiciones deberían constituir una línea de orientación de la UE en relación con todos los países que reciben ayuda de la Unión, partiendo de la plena aplicación del Acuerdo de Cotonú. Debe garantizarse, además, el ejercicio efectivo de la democracia en todos los países mediante el pleno disfrute de los derechos fundamentales y laborales y la participación en la vida democrática.

1.5

Se debe prestar especial atención a la dramática y preocupante situación de las mujeres en todos los países de la zona, que se ven privadas de los derechos más básicos. Los derechos y la protección de las mujeres deberían desempeñar un papel principal en todas las cuestiones relativas a las relaciones entre la UE y el Pacífico. El alto nivel de violencia de género y el bajo nivel de participación de las mujeres en la toma de decisiones, junto con su escasa presencia en puestos importantes, son aspectos que preocupan al CESE y a sus socios y que deberían ser tenidos mucho más en cuenta tanto en el documento de la Comisión como en las actividades futuras.

1.6

Para el CESE sigue siendo fundamental que los interlocutores sociales y la sociedad civil en su conjunto sigan registrando progresos en esta región, al igual que en otras regiones interesadas en celebrar acuerdos con la Unión Europea. Para este fin, es fundamental que se impulsen y apliquen instrumentos idóneos que permitan lograr este objetivo en la práctica. Aunque es consciente de las dificultades derivadas de la situación geográfica, que limitan también el establecimiento de relaciones bilaterales estructuradas, el CESE estima particularmente útil la creación de una red y un comité conjunto a nivel territorial, en cada país y, como sería deseable, en toda la zona. Estos instrumentos de participación deberían contar con la participación activa de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en todas las etapas relativas a la definición, aplicación y seguimiento de los acuerdos. Esto debería convertirse en un verdadero y genuino principio. Es conveniente una iniciativa encaminada a fomentar el surgimiento de un verdadero y auténtico CES de la región, y que tenga también por objeto apoyar el fortalecimiento del diálogo social y civil y mejorar el desarrollo de capacidades de todos los agentes locales, previendo una financiación específica.

1.7

El CESE considera que es prioritario coordinar las diferentes acciones que la UE lleva a cabo a través de sus distintas direcciones generales que participan en los programas y el SEAE, así como la participación de la OMC en esta región. La coordinación es esencial dado el reducido tamaño de las administraciones públicas de los países concernidos. Esta orientación puede constituir una oportunidad para que el SEAE realice una acción determinante, y colme las esperanzas de que la UE refuerce su acción de política exterior mediante una mayor coordinación entre los países de la UE.

1.8

En su Comunicación, la Comisión Europea insiste especialmente en el clima. No obstante, el CESE constata que el desarrollo económico es esencial para afrontar el desafío climático. A efectos de asegurar un desarrollo integrador, sostenible e incluyente del desarrollo humano en la región, el CESE considera fundamental que se garantice la coherencia entre las políticas de desarrollo y las acciones por el clima y otros ámbitos como el comercio, la pesca, la agricultura, la seguridad alimentaria, la investigación y el apoyo a los derechos humanos y la democracia Los criterios de prestación de las ayudas deben basarse en indicadores bien definidos y preestablecidos, que sirvan también para el seguimiento ulterior de los programas y se elaboren mediante la coordinación entre los distintos donantes.

1.9

El CESE comparte la idea de diferenciar las intervenciones entre países ACP y países de ultramar, teniendo en cuenta las diversas situaciones institucionales y de desarrollo de cada país a fin de optimizar las oportunidades de integración en la región. Se debe evaluar también la situación de los territorios de ultramar, que registran un desarrollo más avanzado en comparación con otros países y ya se benefician del Fondo Europeo de Desarrollo y de las ayudas bilaterales. Estas acciones deberían coordinarse con los programas destinados a otros países de la región. Estos territorios pueden constituir una referencia importante para difundir los derechos, los valores y las buenas prácticas de las políticas europeas centradas en un crecimiento integrador.

1.10

Por lo que se refiere a los acuerdos comerciales, sería oportuno, incluso a pesar de las dificultades actuales, avanzar hacia un acuerdo regional que vaya más allá de los acuerdos bilaterales, teniendo en cuenta, no obstante, que se trata de entidades económicas pequeñas en términos relativos de intercambios comerciales, con excepción del sector de la pesca.

1.11

El CESE considera oportuno, además, que la UE siga con atención, en la comisión correspondiente de las Naciones Unidas, las negociaciones sobre los derechos marítimos vinculados a la plataforma continental, en particular en el área objeto del presente dictamen.

2.1

Como es bien sabido, la UE ha concluido diversas asociaciones con la región del Pacífico; la nueva asociación abarca quince países insulares independientes (1), cuatro países y territorios de ultramar (PTU) (2), el Foro de las Islas del Pacífico (FIP), así como Australia y Nueva Zelanda, principales miembros del Foro y también socios que comparten principios afines. Tras la Estrategia de 2006, el objetivo es consolidar el papel de la UE en la región, ya sea porque la Unión es el segundo donante después de Australia o para contribuir al desarrollo económico y social de toda la región, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos y la consolidación de las instituciones democráticas.

2.2

Sobre la base del Acuerdo de Cotonú (UE-ACP), con la presente Comunicación conjunta la UE se propone centrar su acción en la región del Pacífico en algunos objetivos fundamentales, siguiendo su propio Programa para el Cambio (3):

Reconocida por los socios y las partes interesadas locales como líder en la lucha contra el cambio climático y sus repercusiones, la UE tiene la intención de consolidar su presencia en la región de una manera responsable.

2.3

Sin embargo, la mayoría de los estados y territorios insulares siguen siendo un área pequeña por lo que respecta a la población afectada, pero amplia por su extensión y heterogénea, que plantea muchos problemas debido a la especial situación geográfica de la región, que la convierte en un conjunto frágil y delicado, unido no sólo por el ecosistema marino, y que sigue siendo un valor único digno de atención y defensa.

2.4

No es un objetivo fácil de lograr, no sólo por las razones expuestas en la Comunicación, sino también por las limitaciones impuestas por la crisis económica a la política exterior de la Unión, que podrían asimismo condicionar el futuro acuerdo de Cotonú, con posterioridad a 2020. La ubicación de estos países, sin embargo, los convierte en un área geoestratégica también para la UE, dada su cercanía con países como China y Japón. Sería muy útil para este propósito que los PTU participaran en mayor medida y se utilizaran mejor para difundir las políticas, la aplicación de los programas y la cultura jurídica de la UE, algo que reportaría beneficios mutuos indudables.

3.1

Atención a los efectos del cambio climático y sus graves repercusiones en toda la zona, ya sea para la estabilidad del ecosistema (hasta el punto de amenazar su existencia), ya sea por el peligro que plantea el crecimiento sostenido cada vez más desequilibrado de los países interesados -desde el punto de vista estrictamente económico y presupuestario, pero también político y social-, que tiene un efecto multiplicador de los riesgos que limita además el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

3.2

Se presta atención a la necesidad de una acción integrada de los diferentes actores internacionales comprometidos con las ayudas, tanto bilaterales como multilaterales, que hoy en día se halla demasiado fragmentada, lo que les impide ser plenamente eficaces. Valoración de los instrumentos financieros utilizados y del impacto de las propias ayudas.

3.3

La necesidad de coordinarse con las instituciones internacionales: en lo que se refiere al impacto del cambio climático, la Comunicación de la Comisión se refiere sobre todo a las Naciones Unidas.

3.4

Atención a la cooperación regional y a la necesidad de impulsar (si no elaborar) programas sectoriales y planes de desarrollo apoyados por las organizaciones regionales a fin de promover un enfoque integrado de las ayudas y de su gestión, además de las propias estrategias de desarrollo de la zona.

3.5

La importancia del diálogo con los agentes institucionales locales para definir los programas de ayuda y compartir la responsabilidad de su ejecución.

3.6

Atención a la mejora de la eficacia de las intervenciones, destacando la necesidad de preparar junto con los países receptores mecanismos compartidos de supervisión, gestión y ejecución. En este sentido, sería necesario contar con más información específica.

3.7

Análisis de las modalidades de prestación de las ayudas por parte de los donantes multilaterales y bilaterales, expresando el compromiso de adaptar las modalidades de prestación de las ayudas de modo que respondan a las dificultades que encuentran las pequeñas administraciones de los Estados y territorios insulares del Pacífico; atención a las dificultades de los países receptores para incorporar las ayudas en programas nacionales de desarrollo, que requieren medidas destinadas a consolidar el desarrollo de capacidades (capacity building) de las instituciones nacionales.

3.8

Preocupación expresada por las reiteradas violaciones de los derechos fundamentales en Fiyi, de las que la Comisión se propone hacer un seguimiento, pero sin hacer referencia específica a las condiciones adicionales que puedan establecerse para la prestación de las ayudas.

4.1

Lo que falta fundamentalmente a la Comunicación de la Comisión es claridad sobre la manera en que la UE pretende determinar y promover las acciones más allá de los objetivos a corto plazo, importantes pero parciales si quiere que su intervención influya en la sostenibilidad futura de la región. Se trata de una región específica, vasta, que incluye un gran número de países pequeños y muy pequeños por número de habitantes, pero extensos en términos geográficos; países que tienen diferentes planteamientos, una comprensión diferente de hasta qué punto son necesarias medidas cuyo objetivo sea un desarrollo sostenible a largo plazo, y distintas visiones de las normas que deben aplicarse a escala nacional y en aguas territoriales e internacionales que delimitan las fronteras entre los países.

4.2

El CESE considera necesario un enfoque integral a largo plazo, con responsabilidades compartidas entre todos los agentes que trabajan en la zona, ya sean agentes institucionales internacionales, otros países o agentes locales. La asociación propuesta por la Comisión deberá tener en cuenta las negociaciones para la revisión del nuevo presupuesto de la UE, las nuevas prioridades que se establezcan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015 y el proceso que se iniciará para renegociar el Acuerdo de Cotonú.

4.3

En los objetivos señalados sería útil prestar más atención al desarrollo integral de la región del Pacífico, a las políticas de desarrollo y a los sectores de intervención; por ejemplo, la agricultura y la seguridad alimentaria se mencionan exclusivamente cuando se habla de las repercusiones que puede tener el cambio climático para la región. La viabilidad de las zonas rurales se basa en la agricultura. Aunque la agricultura es predominantemente de subsistencia -sólo la caña de azúcar y el aceite de palma son producciones de cierta importancia que se destinan a la exportación-, existe un problema de gestión de los recursos naturales y de uso sostenible de la tierra y la agricultura. El Comité señala que, a raíz de la reforma de la política azucarera europea en 2006, algunos de los países concernidos perdieron su posición preferente y, por consiguiente, sufrieron pérdidas de empleo.

4.4

La Comunicación se centra sobre todo en los riesgos del cambio climático, un tema de vital importancia para la supervivencia de algunos países y del ecosistema (elevación del nivel del agua, desaparición de los bosques, salinización de las capas freáticas, aumento de la temperatura del mar, etcétera). Por lo tanto, la Comisión propone la asignación de los recursos principalmente a este ámbito; deberían potenciarse, en cambio, programas integrados y coherentes de desarrollo sostenible y crecimiento, con compromisos concretos de los países beneficiarios. A tal fin sería conveniente también contar con la participación del sector privado, en particular de las PYME.

4.5

El CESE considera que es útil un enfoque estratégico integrado de las ayudas y que para ello la Comunicación es un buen punto de partida. Debería favorecerse el trabajo conjunto entre las diferentes direcciones de la Comisión, en particular las DG DEVCO, Asuntos Marítimos y Pesca, Comercio, SANCO, Investigación y el SEAE actual, que, pese a los avances logrados, deberían estar mejor coordinados (4) para aportar una mayor coherencia a las políticas de la UE.

4.6

El sector de la pesca, vital para todos los países del Pacífico, pero también para la UE, habida cuenta del nivel importante de exportaciones hacia países de la Unión (especialmente de atún), debe recibir una atención particular en las intervenciones, dada la necesidad de mantener actualmente la sostenibilidad de la producción y del ecosistema, evitando una sobreexplotación que podría poner en peligro el futuro de la pesca. El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la UE en la lucha contra la pesca ilegal, a través de la aplicación del Reglamento de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Sobre la base de este Reglamento, la Comisión notificó a dos países de la región (Fiyi y Vanuatu) la posibilidad de ser considerados como terceros países no cooperadores en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

4.6.1

Por esta razón, la Unión debería mantener los regímenes preferenciales ACP, como ha ocurrido recientemente con algunos países de la zona (5), si bien habrá de tener en cuenta el riesgo de distorsión de la competencia con otros operadores del sector.

4.6.2

El CESE es consciente de las dificultades objetivas en este sector, valora positivamente los tres contratos marco de colaboración (FPA) suscritos con Kiribati, las Islas Salomón y los Estados Federados de Micronesia, pero expresa su confianza en que se pueda llegar a un acuerdo global con todos los países interesados sobre las normas que deben aplicarse en las aguas territoriales e internacionales de la región.

4.7

En el marco de la coordinación de las diversas acciones de ayuda al comercio, que se menciona muy oportunamente en la Comunicación, la Comisión no hace referencia alguna a las actividades de la OMC en la región, aunque seis países de las islas del Pacífico son miembros de esta organización y disfrutan de programas y facilidades específicos.

4.8

Comercio (OMC): Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa y Vanuatu son miembros de la OMC, organización que, a través de diferentes acuerdos de adhesión, quiere garantizar un sistema comercial integrado y estable a nivel regional, con objeto de aprovechar sus beneficios y utilizar de forma más eficaz los recursos y las economías de escala.

4.8.1

La OMC logró establecer en 2004 en Ginebra una Oficina de Representación del Foro de las Islas del Pacífico ante la OMC (Pacific Islands Forum Representative Office), con el objetivo de facilitar la integración de los sistemas burocráticos y promover el desarrollo de capacidades (capacity building) en temas de comercio y de la agenda multilateral, vitales para estas economías de pequeño tamaño.

4.8.2

Por ello, es también muy conveniente que la Unión Europea, incluso sobre la base del Acuerdo de Cotonú renovado, establezca vínculos estrechos y estructurales con la Oficina de Representación en Ginebra y con la OMC. Es esencial adoptar un enfoque coordinado, en particular dada la dimensión limitada de las administraciones públicas de muchos de estos países. Ello permitirá coordinar las iniciativas de apoyo a estas economías con los programas de asistencia técnica ya en marcha, pero que no se coordinan a nivel multilateral. A todo esto se añade una reducción del crecimiento económico, no estable y a largo plazo, con grandes diferencias entre países: Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón han registrado una mayor tasa de crecimiento en razón de los precios de los productos básicos, mientras que Fiyi y Samoa, economías ya débiles, han tenido que hacer frente a las consecuencias de una serie de desastres naturales (6).

4.8.3

Además, se debe prestar especial atención al desarrollo de las PYME y a la creación de servicios regionales de apoyo regional a las PYME que deberían ser solicitados e instituidos a escala multilateral, utilizando los recursos y programas existentes de la OMC, el FMI y el Banco Mundial, también en el ámbito del desarrollo rural.

4.9

La Comunicación de la CE hace justa referencia a los riesgos sociales que puede entrañar el escaso desarrollo económico de estas islas, a las tasas de emigración de trabajadores cualificados que no encuentran oportunidades de empleo localmente y a las consecuencias sociales del cambio climático. Según datos del Banco Mundial, las Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Kiribati, Timor Oriental y Tuvalu forman parte del grupo de países menos desarrollados (PMD), con tasas de pobreza generalizadas. En la propia Papúa Nueva Guinea, el país más grande de los del Pacífico, más del 40 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Estos datos condicionan la consecución de los ODM y prueban que se requiere una intervención coordinada a escala internacional. La Comunicación, sin embargo, no hace referencia a la labor que diversas agencias de las Naciones Unidas realizan para apoyar el desarrollo económico y social.

4.9.1

Los diversos programas de las agencias de las Naciones Unidas son indispensables y deben ser promovidos por la Comisión, ya que contribuyen a crear la conciencia necesaria y a desarrollar capacidades (capacity building) para «absorber» y multiplicar la ayuda de los diversos donantes, incluida la UE. Su objetivo es igualmente que las instituciones y los interlocutores sociales y civiles nacionales asuman una mayor responsabilidad y promuevan la creación de instituciones democráticas participativas.

5.1

Las instituciones financieras internacionales clasifican a las islas del Pacífico entre los países más desfavorecidos del mundo: aisladas y poco pobladas, con una fuerte presión migratoria, bajos niveles de educación y formación, y enormes carencias de competencias específicas en materia de comercio y actividad económica internacional.

5.1.1

Es sobre todo la situación de los jóvenes la que resulta bastante problemática debido a diversos factores como el aislamiento geográfico, los límites del desarrollo económico (economías pequeñas poco integradas entre sí y mercados domésticos limitados) y una evolución demográfica que registra un rápido crecimiento de la fuerza de trabajo juvenil (7). Australia ha puesto en marcha un programa de ayuda al trabajo estacional de los países más desfavorecidos del Pacífico. Se trata de una intervención en la misma dirección, que debe promoverse y orientarse también hacia otros países de la zona.

5.1.2

La situación de la mujer es dramática y preocupante debido a la magnitud del fenómeno de la explotación y la degradación, y a los escasos avances registrados en la búsqueda de soluciones efectivas. Las mujeres siguen estando enormemente discriminadas, lo que demuestra tanto su participación casi desdeñable en el trabajo regular y en la vida política como la conculcación generalizada de sus derechos fundamentales con actos de violencia persistentes y generalizados en todos los países. No se trata sólo de una cuestión cultural, sino también de ofrecer oportunidades de empleo, integración y participación. Se debería hacer referencia explícita al Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (2010-2015) que, entre otras cosas, pide que se utilicen indicadores precisos sobre la participación de las mujeres en las instituciones nacionales.

5.2

El respeto a los derechos humanos y la democracia es una condición indispensable de la política de ayuda y cooperación de la UE. Entre ellos se encuentran los derechos sindicales reconocidos internacionalmente gracias a los ocho convenios fundamentales de la OIT.

5.3

También el Acuerdo de Cotonú reconoce el valor fundamental del respeto de los derechos humanos y de las instituciones democráticas para la creación de una economía estable y próspera. Por desgracia, la Comunicación, aunque tiene como objeto una estrategia regional, no hace suficiente hincapié en la cuestión de las graves violaciones que se están produciendo sobre todo en Fiyi, la segunda isla más grande de la región por extensión geográfica y población.

5.4

La situación en Fiyi, en realidad, es inaceptable: el gobierno, dirigido por una junta militar desde el golpe de estado de 2006, ha puesto en marcha una agresiva campaña en 2011 para desmantelar el movimiento sindical y privar a los trabajadores de la isla de sus derechos fundamentales, en abierta violación de los Convenios de la OIT num. 87 y 98 ratificados por el gobierno. Todo ello, sumado a la supresión de la libertad de expresión, asociación y reunión; las torturas y malos tratos, la violencia contra las mujeres y los niños, y la supresión de los derechos más básicos de los trabajadores, hacen de este país un caso emblemático para la UE, que no puede tolerarse durante más tiempo. A pesar de que se ha aplicado el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, el CESE considera indispensable una acción más firme en Fiyi, también con vistas a las elecciones de 2014 y al proceso de redacción de la nueva Constitución.

5.5

La situación en Fiyi se debatió de nuevo en noviembre de 2012 en el Consejo de Administración de la OIT, en el se que se aprobó una resolución específica, también a la luz de la reciente decisión del gobierno de Fiyi de expulsar a una misión de la OIT con mandato de su Consejo de Administración (8). La UE no puede dejar de abordar este problema de manera coherente con los propios Estados miembros que han compartido esta condena en la OIT.

5.6

Las condiciones de actuación de la sociedad civil en este caso son difíciles o prácticamente inexistentes. En efecto, los derechos más básicos de la sociedad civil son violados con desprecio, en contradicción con cualquier principio de la democracia; el CESE no puede aceptar la prolongación de esta situación de violación de los derechos humanos. El CESE debe actuar como portavoz de esta posición ante las demás instituciones de la UE y actuar en consecuencia (9).

5.7

Hay que intervenir con mayor firmeza ya sea directamente o a nivel bilateral para definir las condiciones necesarias para la prestación de la ayuda por parte de la Unión, afirmando que sobre los derechos humanos la UE tiene una posición común a todos los Estados miembros y coherente con los principios fundadores de la Unión, que no es negociable.

6.1

El CESE considera que la participación de la sociedad civil organizada es la base alrededor de la cual se desarrollan los diversos tipos de asociación para alcanzar los objetivos de la cohesión económica y social. Con un papel aún más importante en lo que respecta a los derechos humanos y la democracia, cuyo respeto supone una condición para disfrutar de la política de asistencia y cooperación de la UE.

6.2

La participación de la sociedad civil organizada es un objetivo prioritario también en este ámbito, pese a que existen al menos dos límites objetivos: el primero, la geografía, la vulnerabilidad de las islas y la dispersión de la población, que hace que en realidad este derecho sea muy difícil de ejercer; el segundo tiene que ver con el ejercicio de la democracia y la participación activa de la sociedad civil organizada en la vida de las instituciones.

6.3

El CESE pide, sin embargo, que se haga lo posible por involucrar a los representantes de las comunidades locales en la definición, ejecución y supervisión de proyectos de la UE, en particular los relacionados con la protección del medio ambiente, el diálogo social y civil, el desarrollo y la defensa de los derechos y la democracia.

6.4

El CESE solicita que se cree rápidamente una asociación UE-Pacífico, con presencia de la sociedad civil organizada, para hacer frente con mayor eficacia a los problemas de la región (10), y que se prevea la constitución de un comité específico de seguimiento de los programas, como elemento fundamental de participación.

7.1

Las recomendaciones de actuación que formula la Unión Europea, centradas en los riesgos del cambio climático como prioridad en el Pacífico, son sólo parcialmente aceptables, ya que carecen de un enfoque integrado del desarrollo sostenible de la región.

7.2

Se debe fomentar y buscar un planteamiento más coordinado entre el SEAE y las diferentes direcciones generales de la Comisión para identificar programas coherentes y estratégicos que orienten los recursos disponibles a la protección del medio ambiente y la pesca, pero también a programas integrados de desarrollo sostenible y desarrollo rural.

7.3

El CESE comparte la necesidad expresa de fortalecer el diálogo con las instituciones locales, pero debe garantizarse una participación más sistemática de la sociedad civil, mediante la creación de una mesa permanente de evaluación de las ayudas y de análisis de su impacto.

7.4

El CESE considera que es necesario continuar con las reuniones entre todos los donantes y los países receptores para garantizar la coordinación de los programas subrayada por la Comisión. Sigue siendo fundamental el destino y la evaluación de la eficacia de las ayudas. En este sentido, además de una actividad previa de información y formación, es importante la actividad de seguimiento mediante un comité mixto que se base en los interlocutores sociales y la sociedad civil.

7.5

Debería hacerse un mayor hincapié, como ya se ha señalado, en la evaluación sobre el respeto de los derechos humanos fundamentales, la situación inaceptable en la que viven las mujeres de la región, las limitadas oportunidades de trabajo para los jóvenes y el papel de la sociedad civil en todos los países, en particular la situación específica de Fiyi.