31.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 153/1

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (denominado, en lo sucesivo, «Reglamento sobre insolvencia») (1),

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Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2006 (2), 10 de septiembre de 2009 (3) y 21 de enero de 2010 (4),

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Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0355/2011),

A.

Considerando que las diferencias entre las legislaciones nacionales sobre insolvencia suponen ventajas o desventajas competitivas o dificultades para las empresas con actividades transfronterizas que pueden convertirse en obstáculos para el éxito de la reestructuración de empresas insolventes; que estas disparidades pueden favorecer la elección de la jurisdicción más ventajosa (forum shopping); que el mercado interior resultaría beneficiado si existiera una igualdad de condiciones;

B.

Considerado que deben adoptarse medidas para prevenir el abuso y la expansión del fenómeno consistente en elegir la jurisdicción más ventajosa y que deben evitarse los procedimientos principales concurrentes;

C.

Considerando que, aunque no sea posible crear un órgano de Derecho material sobre insolvencia a escala de la UE, existen algunos ámbitos de la legislación en materia de insolvencia en los que la armonización es deseable y factible;

D.

Considerando que hay una convergencia cada vez mayor entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre insolvencia;

E.

Considerando que el Reglamento sobre insolvencia se aprobó en 2000 y lleva vigente más de nueve años; que la Comisión debería presentar un informe sobre la aplicación del mismo antes del 1 de junio de 2012;

F.

Considerando que el Reglamento sobre insolvencia fue el resultado de un larguísimo proceso de negociación, a consecuencia del cual se dejaron de lado numerosas cuestiones sensibles, y cuyo enfoque de algunos temas ya era obsoleto en la fecha de su aprobación;

G.

Considerando que desde la entrada en vigor del Reglamento sobre insolvencia se han producido numerosos cambios: la Unión cuenta con 12 nuevos Estados miembros y el fenómeno de los grupos de empresas se ha incrementado considerablemente;

H.

Considerando que la insolvencia tiene consecuencias negativas no sólo para las empresas afectadas sino también para las economías de los Estados miembros, y que, en consecuencia, es preciso realizar esfuerzos por proteger a todos los agentes económicos, contribuyentes y empleadores de las repercusiones de la insolvencia;

I.

Considerando que, en la actualidad, el enfoque de los procedimientos de insolvencia se centra en mayor medida en el rescate de empresas como alternativa a la liquidación;

J.

Considerando que la legislación en materia de insolvencia debería ser un instrumento de rescate de las empresas a escala de la Unión; que dicho rescate, siempre que sea posible, debe beneficiar al deudor, a los acreedores y a los empleados;

K.

Considerando que el procedimiento de insolvencia no debe ser objeto de abusos por los acreedores para evitar de este modo la vía de la acción común para el cobro de las deudas, por lo que es necesario prever las salvaguardias procedimentales pertinentes;

L.

Considerando que debería adoptarse un marco jurídico más adaptado a los casos de insolvencia temporal de una sociedad;

M.

Considerando que en su Comunicación de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), la Comisión, refiriéndose a la falta de interconexiones y los cuellos de botella que obstaculizan la realización de un mercado único para el siglo XXI, afirma lo siguiente: «El acceso de las PYME al mercado único debe mejorarse. El espíritu emprendedor debe ser desarrollado mediante iniciativas políticas concretas, incluyendo la simplificación de la legislación sobre sociedades (procedimientos de quiebra, estatuto de empresa privada, etc.) e iniciativas que permitan a los emprendedores recuperarse en caso de que falle uno de sus negocios»;

N.

Considerando que la legislación en materia de insolvencia también debe establecer normas sobre la liquidación de una empresa de manera que resulte lo menos perjudicial y lo más beneficiosa posible para todas las partes, tras comprobar que el rescate de la empresa puede fracasar o ha fracasado;

O.

Considerando que en cada caso concreto es preciso realizar un análisis de las causas de la insolvencia de una empresa, es decir, debe determinarse si los problemas económicos de la empresa son tan solo de carácter temporal o si la empresa es totalmente insolvente; que es esencial hacer un inventario de todos los bienes y obligaciones del deudor para poder evaluar su solvencia o insolvencia;

P.

Considerando que los grupos de empresas son un fenómeno corriente pero que su insolvencia aún no ha sido tratada a escala de la Unión; que la insolvencia de un grupo de empresas puede dar pie a la apertura de varios procedimientos de insolvencia por separado en distintas jurisdicciones con respecto a cada empresa perteneciente al grupo insolvente; que, salvo que estos procedimientos puedan coordinarse, es poco probable que el grupo logre reorganizarse en su totalidad, pudiendo resultar necesario desmantelarlo en sus partes constitutivas, con las consiguientes pérdidas para los acreedores, los accionistas y los empleados;

Q.

Considerando que, en caso de insolvencia de grupos de empresas, actualmente resulta muy difícil un saneamiento en la UE debido a las diferentes disposiciones de los Estados miembros en la materia, lo que pone en peligro miles de puestos de trabajo;

R.

Considerando que la interconexión de los registros nacionales de insolvencias, orientada a la creación de una base de datos de la UE completa y de acceso general sobre los procedimientos de insolvencia, permitiría a los acreedores, los socios, los trabajadores y los tribunales saber si se han incoado procedimientos de insolvencia en otro Estado miembro y conocer los plazos y detalles relativos a la presentación de créditos; considerando que de esta manera se favorecería una administración rentable y se reforzaría la transparencia, respetando al mismo tiempo la protección de datos;

S.

Considerando que, en el caso de las entidades financieras, debe poder exigirse por ley el cumplimiento de los «testamentos vitales» transfronterizos, y que estos deben tenerse en cuenta para todas las empresas de importancia sistémica, inclusive si no se trata de entidades financieras, como un paso importante en el proceso del establecimiento de un marco transfronterizo adecuado en el ámbito de la insolvencia;

T.

Considerando que las disposiciones sobre procedimientos de insolvencia deben permitir soluciones específicas para la separación de las unidades viables que presten servicios esenciales, como los sistemas de pago y otros mecanismos definidos en los «testamentos vitales», y que, a este respecto, los Estados miembros deben garantizar asimismo que sus legislaciones en materia de insolvencia incluyen disposiciones adecuadas que permitan soluciones especiales a nivel de la UE por lo que respecta a la separación de los grandes grupos de empresas transfronterizos insolventes en unidades viables;

U.

Considerando que los procedimientos de insolvencia deben tener en cuenta las transferencias entre empresas de un mismo grupo, con el fin de garantizar que, cuando proceda, sea posible la recuperación transfronteriza de activos con miras a conseguir un resultado equitativo;

V.

Considerando que algunas sociedades de inversión, en particular las aseguradoras, no pueden ser disueltas adoptando una visión temporal congelada en un momento concreto, sino que se requiere una distribución equitativa de los activos a lo largo de un período de tiempo; que no debería evitarse la transferencia, liquidación o continuidad de las empresas e incluso podría ser necesario darles prioridad;

W.

Considerando que la decisión de que en los procedimientos de insolvencia intervengan grupos enteros en lugar de personas jurídicas separadas debería basarse en los resultados y tener en cuenta sus posibles repercusiones, como la activación de otras herramientas de resolución o el efecto sobre los sistemas de garantía que incluyen varias marcas de un mismo grupo;

X.

Considerando que sería adecuado analizar la definición de normas y procedimientos de bail-in (recapitalización con capital privado y no público) armonizados para los grandes grupos de empresas transfronterizos, incluida, en particular, la permuta de deuda por capital;

Y.

Considerando que aunque la legislación en materia de empleo es responsabilidad de los Estados miembros, la legislación en materia de insolvencia puede tener un impacto en la legislación sobre el empleo y que, en el contexto de una mayor globalización y también ciertamente de la crisis económica, la cuestión de la insolvencia debe examinarse desde el punto de vista de la legislación sobre el empleo, dado que las diferentes definiciones de «empleo» y «trabajador» en los Estados miembros no deben erosionar los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia; considerando, no obstante, que cualquier debate sobre la cuestión específica de la insolvencia no debe ser automáticamente un pretexto para regular la legislación sobre el empleo a nivel de la UE;

Z.

Considerando que la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (5) tiene por objetivo garantizar una protección mínima de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia, a la vez que mantiene un grado adecuado de flexibilidad para los Estados miembros; que existen diferencias entre los Estados miembros en términos de aplicación, y que es necesario examinar dichas diferencias;

AA.

Considerando que la Directiva 2008/94/CE incluye explícitamente en su ámbito de aplicación a los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores con un contrato de duración determinada y los trabajadores con una relación de trabajo temporal; que la protección mayor en caso de insolvencia debe extenderse también a los trabajadores asalariados con contratos atípicos;

AB.

Considerando la ausencia actual de armonización en cuanto a la prelación de acreedores, que reduce la previsibilidad de los resultados de los procedimientos judiciales; que es necesario reforzar el nivel de prioridad de los créditos a favor de los trabajadores asalariados en comparación con los de otros acreedores;

AC.

Considerando que el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/94/CE es excesivamente amplio, en particular por lo que se refiere a la noción de «crédito impagado», ya que varios Estados miembros aplican una definición restrictiva del concepto de remuneración (que excluye, por ejemplo, la indemnización por despido, las bonificaciones, las disposiciones de reembolso, etc.), lo que puede conllevar que no se satisfagan muchos créditos;

AD.

Considerando que los Estados miembros son competentes para definir los conceptos de «remuneración»y «salario», siempre que se atengan a los principios generales de igualdad y no discriminación entre trabajadores, con el resultado de que cualquier situación de insolvencia potencialmente perjudicial para estos últimos debe ser tenida en cuenta con vistas a indemnizarlos de acuerdo con el objetivo social de la Directiva 2008/94/CE y con arreglo a los umbrales de indemnización que se establezcan;

AE.

Considerando que, habida cuenta de los contratos laborales existentes en la UE y de la diversidad de dichos contratos dentro de los Estados miembros, no es posible actualmente intentar definir a escala europea el concepto de «trabajador asalariado»;

AF.

Considerando que deben evitarse en la mayor medida posible las excepciones al ámbito de aplicación de la Directiva 2008/94/CE;

AG.

Considerando que la acción legislativa que se solicita en la presente Resolución debe basarse en evaluaciones de impacto detalladas, tal como ha pedido el Parlamento;

1.

Pide a la Comisión que le someta, basándose en el artículo 50, el artículo 81, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una o varias propuestas relativas a un acto sobre un marco de la UE para la insolvencia de empresas, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo, con objeto de garantizar una igualdad de condiciones basándose en un análisis exhaustivo de todas las alternativas viables;

2.

Constata que estas recomendaciones cumplen plenamente con los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.

Considera que las implicaciones financieras de la propuesta solicitada deben correr a cargo de las dotaciones presupuestarias oportunas;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.