26.2.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 56/75

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Vistas las obligaciones incluidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en particular en su artículo 11, sobre el derecho a la alimentación, del que son Partes todos los Estados miembros de la Unión Europea,

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Visto el objetivo de de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 (Declaración de Roma) de reducir a la mitad el número de personas que padecerán hambre de aquí a 2015,

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Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre de 2000 y, en particular, el ODM 1 consistente en erradicar la extrema pobreza y el hambre,

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Vista la Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra el 22 de mayo de 2008, sobre «El impacto negativo sobre la realización del derecho a la alimentación del empeoramiento de la crisis alimentaria mundial provocado, entre otras razones, por el aumento de los precios de los alimentos»,

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Vista la Declaración conjunta del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión titulada «Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria»,

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Vista la Convención relativa a la ayuda alimentaria, firmada en Londres el 13 de abril de 1999, cuyos objetivos consisten en construir la seguridad alimentaria mundial y mejorar la capacidad de la comunidad internacional para responder a las situaciones de emergencia alimentaria y a otras necesidades alimentarias de los países en desarrollo,

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Vista la Declaración de la Cumbre Mundial sobre seguridad alimentaria de 2009, así como la preparación por parte de la FAO de las Directrices Voluntarias para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales,

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Vistas las Directrices Voluntarias de la FAO en apoyo a los esfuerzos encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,

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Visto el informe interinstitucional para el G-20 sobre la volatilidad de los precios de los alimentos titulado «Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses», remitido a la Presidencia francesa del G-20 el 2 de junio de 2011,

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Vistas las orientaciones de la UE sobre política agraria de noviembre de 2004,

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Vista la publicación conjunta de la OCDE y la FAO «Perspectivas Agrícolas de la OCDE y de la FAO para el periodo 2011-2020», de 17 de junio de 2011,

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Vista la Declaración de Maputo sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria, firmada en 2003, por la que los gobiernos africanos se comprometieron a destinar a la agricultura como mínimo el 10 % de sus presupuestos anuales nacionales,

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Visto el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo mundial 2008 (Agricultura para el desarrollo),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La PAC en el horizonte de 2020»,

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Visto el último Informe bianual de la FAO Perspectivas Alimentarias (junio de 2011),

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Visto el informe de la Evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agrícolas para el desarrollo (IAASTD), publicado el 15 de abril de 2008,

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Vista la Declaración Conjunta sobre la Seguridad Alimentaria Mundial adoptada en L'Aquila el 10 de julio 2009,

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Vista la iniciativa de las Naciones Unidas sobre la protección social mínima,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,

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Visto el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995,

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Visto el informe anual de la FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura de 2010,

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Visto el Reglamento (CE) no 1337/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un mecanismo de respuesta rápida frente a la fuerte subida de los precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo (1),

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Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (COM(2010)0127), adoptada el 31 de marzo de 2010, y las conclusiones del Consejo adoptadas el 10 de mayo de 2010,

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Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «Ayuda alimentaria humanitaria» (COM(2010)0126), adoptada el 31 de marzo de 2010, y las conclusiones del Consejo adoptadas el 10 de mayo de 2010,

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Vistas sus Resoluciones de 25 de octubre de 2007 sobre el aumento del precio de los piensos y productos alimenticios (2), de 22 de mayo de 2008 sobre la subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo (3), y de 17 de febrero de 2011 sobre el aumento de los precios de los alimentos (4),

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Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2007, sobre el tema «Impulsar la agricultura en África - Propuesta de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria en África» (5),

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Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre la Política Agrícola Común y la seguridad alimentaria en el mundo (6),

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Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la Cumbre de la FAO y la seguridad alimentaria (7),

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Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo y el concepto de «Ayuda Oficial al Desarrollo plus» (8),

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Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la seguridad alimentaria aprobada en Kinshasa el 4 de diciembre de 2010 (9),

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Vistas las ocho recomendaciones al G-20 publicadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, de 29 de enero de 2011,

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Visto el informe «La agroecología y el derecho a la alimentación» del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 2011,

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Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0284/2011),

A.

Considerando que, de acuerdo con la FAO, el número de personas que sufrían hambre en 2010 se elevaba a 925 millones; que un 26 % de los niños menores de cinco años presentan un peso inferior al normal y que más de una tercera parte de las muertes infantiles son imputables a la desnutrición; que sólo la mitad de los países en desarrollo (62 de 118) van en buen camino para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio; que la recesión económica mundial y el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles han agravado la situación alimentaria en muchos países en desarrollo, en particular los países menos avanzados, con lo que se han perdido los avances realizados en la última década en materia de reducción de la pobreza,

B.

Considerando que el hambre y la desnutrición son las causas principales de mortalidad humana, así como las mayores amenazas a la paz y seguridad mundiales,

C.

Considerando que, según la reciente publicación del Índice de la FAO para los precios de los alimentos en enero de 2011, se ha registrado un aumento mensual de los precios de los alimentos desde agosto de 2010, con lo que ahora alcanzan niveles superiores al máximo registrado en 2008; que la volatilidad en los precios de las materias primas tiene un gran impacto en los países de renta baja y los segmentos más pobres, vulnerables y marginados de la población de los países en desarrollo,

D.

Considerando que se espera que la demanda mundial de productos agrícolas aumente el 70 % para 2050, producción que deberá realizarse utilizando menos agua y menos plaguicidas, con menos tierras cultivables disponibles y aplicando métodos de producción ecológicos, mientras que se prevé que la población mundial alcance los 9 000 millones para esa fecha; considerando que la inseguridad alimentaria se ve exacerbada por la especulación sobre las materias primas, la degradación de la tierra, la escasez de agua, el cambio climático, las compras de tierra a nivel mundial y la inseguridad en el régimen de propiedad de las tierras, en particular para los segmentos más pobres y vulnerables de la población, los monopolios mundiales de las semillas, la demanda de agrocarburantes y las políticas energéticas,

E.

Considerando que un 85 % de las población estimada de peces a nivel mundial ya se explota plenamente, es objeto de una explotación excesiva o se ha agotado, y que la dependencia del pescado como fuente de proteínas animales en los países de baja renta que sufren déficits alimentarios es de al menos un 20 %, según «El estado mundial de la pesca y la acuacultura» de 2010 de la FAO,

F.

Considerando que la agricultura ofrece empleo y medios de vida a más del 70 % de la población activa, sobre todo a las mujeres, en los países en desarrollo; que el Banco Mundial estima que el crecimiento en el sector agrícola es dos veces más eficaz para la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros sectores, pero que también hay que tener en cuenta la importancia de invertir en el crecimiento y creación de empleo del sector rural no agrícola,

G.

Considerando el potencial demostrado de los sistemas agrícolas de mediana y pequeña escala para aumentar la producción total de alimentos; que la concentración exclusiva en la producción destinada a la exportación en los países en desarrollo suele tener efectos negativos, en particular sobre la actividad de las mujeres como pequeños agricultores,

H.

Considerando que la defensa de la propiedad privada y del Estado de Derecho son condiciones básicas en la perspectiva de aumentar la inversión privada en la agricultura,

I.

Considerando que, debido a la falta de acceso a créditos y microcréditos para inversiones en semillas mejoradas, fertilizantes e instalaciones de regadío, los pequeños agricultores se enfrentan a graves obstáculos para aumentar la producción agrícola; que el Estado desempeña un papel fundamental para el desarrollo sostenible y el aumento de las capacidades de producción y transformación,

J.

Considerando que en las últimas tres décadas la proporción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que se destina a la agricultura a nivel internacional se ha reducido drásticamente,

K.

Considerando que la UE respondió rápidamente a la crisis alimentaria de 2008 creando el Mecanismo Alimentario; que es difícil evaluar el impacto de estas medidas sobre las causas estructurales del hambre y la inseguridad alimentaria, así como sobre las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas familiares, especialmente las gestionadas por mujeres; que la prórroga de este Mecanismo Alimentario, o la asignación de nuevos fondos al mismo, no debe ser automática, sino que debe decidirse sobre la base de una evaluación independiente de la eficacia de la utilización los fondos en términos de mejora de la seguridad alimentaria de todos los países beneficiarios,

L.

Considerando que las consecuencias de la desnutrición, como un crecimiento fetal deficiente o la atrofia durante los primeros dos años de vida, dan lugar a daños irreversibles, como una menor altura en la edad adulta, una menor escolarización, la reducción de los ingresos de los adultos y un menor peso de los hijos en el momento del parto, deben seguir siendo consideradas un importante problema para el desarrollo sostenible en muchos países del Sur,

M.

Considerando desde 2008 se da mayor prioridad política a la seguridad alimentaria, lo que ha dado lugar a múltiples iniciativas a nivel internacional y plantea la necesidad de una estrategia integrada a nivel mundial,

1.

Subraya que el número de personas que sufren hambre es inaceptable, y lamenta que hasta ahora el conjunto de los esfuerzos internacionales haya sido claramente insuficiente para conseguir el ODM 1; pide que se tomen medidas urgentes para cumplir los compromisos internacionales vinculantes y convertir en realidad el derecho a una alimentación adecuada y nutritiva;

2.

Destaca que la estabilidad política es un requisito previo para mejorar la seguridad alimentaria y pide, por consiguiente, a todas las partes implicadas que muestren la voluntad política necesaria para garantizar esa estabilidad;

3.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria»; considera, no obstante, que la crisis alimentaria mundial no solo constituye un problema humanitario creciente y de unas dimensiones sin precedentes, sino que además es una amenaza para la paz y la seguridad en el mundo, y que, si bien cabe reconocer que la Comisión tiene la voluntad de esbozar soluciones susceptibles de poner remedio a la pobreza extrema de mil millones de personas, la urgencia de la situación requiere de la Unión Europea y de los Estados miembros nuevas inversiones en agricultura y desarrollo rural, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo texto sobre la PAC, y el establecimiento de mecanismos específicos para la constitución de existencias mundiales suficientes de alimentos básicos, la supresión de sus propios obstáculos al comercio y la reducción de la deuda de los países más afectados; considera que la Comisión debe prestar más atención al problema de la seguridad alimentaria en algunos países al calcular la ayuda al desarrollo;

4.

Celebra las dos comunicaciones de la Comisión sobre la ayuda alimentaria humanitaria y sobre la seguridad alimentaria; pide que estas comunicaciones se apliquen de forma coherente y coordinada, con el fin de atacar mejor las causas profundas del hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria, así como para abordar la cuestión de la distribución de alimentos entre países y dentro de estos, prestando especial atención a los segmentos más pobres y marginados de la sociedad; pide a los Estados miembros que apoyen el proceso para desarrollar el plan de ejecución del Marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria y que lo adopten una vez ultimado; acoge favorablemente la atención especial prestada a las personas que más sufren las consecuencias de las catástrofes, es decir, las mujeres y los niños; considera que en caso de crisis es importante intentar garantizar la capacidad de las comunidades afectadas para abastecerse de alimentos tanto a corto como a largo plazo; recuerda que los mecanismos de emergencia no pueden constituir una solución a largo plazo; expresa su profunda preocupación por los efectos negativos que tienen estos mecanismos, en particular en la economía local; insiste en que una política de desarrollo sostenible debería basarse en enfoques a largo plazo y de cooperación;

5.

Subraya la importancia que reviste el hecho de reforzar el vínculo entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo; solicita un mayor despliegue de medios para garantizar la continuidad de la ayuda y una reflexión orientada hacia la flexibilidad y la complementariedad de los instrumentos financieros existentes; pide una mejora del diálogo y de la coordinación entre las organizaciones humanitarias y las agencias de desarrollo;

6.

Pide a la UE que evalúe los posibles efectos sobre el desarrollo de las propuestas para la reforma de la PAC, a fin de mejorar la coherencia entre los objetivos de la PAC y los de la política de desarrollo de la UE;

7.

Pide a la UE que, en sus programas de ayuda al desarrollo, aumente la ayuda a una producción agrícola sostenible, basada en los pequeños y medianos productores y destinada prioritariamente al consumo local, y que invierta en planes participativos dirigidos a nivel nacional y que se ejecuten a nivel local en cooperación con los agricultores y sus representantes, las autoridades locales y regionales y las organizaciones de la sociedad civil; insiste en la necesidad de más inversión pública en la investigación de sistemas de producción agrícola sostenibles y ecológicos, que también mejoren la productividad y competitividad de la agricultura y del sector rural;

8.

Insiste en la necesidad de adoptar un enfoque basado en la cooperación con todo el espectro de partes interesadas en el desarrollo de la seguridad alimentaria, en particular las autoridades locales y regionales, y las organizaciones de la sociedad civil; subraya que, debido a su proximidad a los territorios y poblaciones locales, y a su capacidad para coordinar acciones de diferentes actores, las autoridades locales y regionales desempeñan un papel esencial en tanto que intermediarios y plataformas de desarrollo; recalca que el diálogo estructurado entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil debe extenderse a las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria;

9.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los demás donantes de ayuda al desarrollo, incluidas las ONG, que sus inversiones estén más orientadas al desarrollo del sector agrario para que las poblaciones locales tengan un motivo para no emigrar;

10.

Reitera la importancia de promover la agricultura en los países en desarrollo y de asignar una parte suficiente de la ayuda al desarrollo de la UE al sector agrario; lamenta que desde los años ochenta se haya reducido considerablemente el nivel de ayuda al desarrollo destinada a la agricultura, y celebra que se haya reconocido la necesidad de invertir esta tendencia; pide a la Comisión que dé prioridad a la agricultura en su ayuda al desarrollo, en particular la asistencia a los agricultores para que accedan a los mercados;

11.

Recuerda que, habida cuenta de que la mayoría de las personas que carecen de recursos obtienen los medios de subsistencia de la agricultura, el desarrollo de una agricultura sostenible y una auténtica toma en consideración de las evaluaciones de la IAASTD son condiciones necesarias para la realización del Objetivos de Desarrollo del Milenio no 1; opina que las pequeñas explotaciones agrícolas en especial son una respuesta al reto que plantea el acceso a la seguridad alimentaria al hacer hincapié, por una parte, en el refuerzo de la función fundamental de las mujeres a través de la transformación de los productos in situ y la generalización de los préstamos y microcréditos, y, por otra parte, en la importancia capital de las cooperativas de pequeños productores a la hora de definir unas políticas agrícolas y comerciales eficaces;

12.

Recuerda que el desarrollo del sector agrícola requiere inversiones a largo plazo en toda la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor; estima que es importante crear las infraestructuras necesarias, tales como carreteras, conexiones con los mercados e información sobre los propios mercados y sobre las posibilidades de diversificación de los productos;

13.

Considera que una política de apoyo a los países en desarrollo requiere obligatoriamente un proyecto educativo y de formación, que cree puestos de trabajo y permita a los jóvenes cursar estudios de agronomía sostenible para producir mejor y de manera más especializada y sostenible, lo que limitaría el éxodo rural y reduciría la pobreza;

14.

Destaca, a este respecto, que los productores, además de cubrir sus propias necesidades alimentarias, deben obtener unos ingresos que les permitan formarse e invertir;

15.

Destaca que es crucial que las organizaciones agrícolas locales participen en las diferentes etapas de aplicación de las políticas agrícolas en los países en desarrollo, y que la Unión Europea debe esforzarse, por tanto, en afianzar las estructuras asociativas locales, de modo que se garantice la protección de los intereses de las comunidades locales;

16.

Está de acuerdo en que los programas de ayuda de la UE deben concentrarse en la producción de alimentos sostenible y a pequeña y mediana escala, tal y como recomienda el informe IAASTD, y en enfoques que refuercen la biodiversidad, impidan la degradación de las tierras fértiles y promuevan las prácticas de bajo uso de insumos externos, aumentando a la vez el rendimiento de la agricultura en los países en desarrollo, objetivo que puede conseguirse facilitando un mejor acceso a los préstamos y microcréditos, con intereses y condiciones más justos, a los pequeños y medianos agricultores;

17.

Considera que la UE debería contribuir al fomento del uso de semillas de variedades locales que están adaptadas a las condiciones climáticas de los países en desarrollo y se pueden almacenar, comercializar y facilitar a los agricultores con facilidad, puesto que no están sujetas a derechos de propiedad intelectual;

18.

Pide a la UE y a los países en desarrollo que desarrollen capacidades conjuntas de investigación y formación sobre métodos agrícolas sostenibles y nuevas tecnologías, en particular mediante asociaciones público-privadas y empresas conjuntas, que contemplen la producción de valor añadido mediante el envasado y procesamiento en el lugar de recogida y almacenamiento de los alimentos;

19.

Insiste en que es necesario afianzar la investigación sobre la base de la financiación pública y transmitir los conocimientos técnicos en el ámbito de la agricultura sostenible fomentando las actividades que refuercen la posición de los pequeños agricultores optimizando la producción agrícola y adaptándose a los retos que plantea el cambio climático y la demanda creciente de recursos.

20.

Pide la creación de mecanismos para la protección de los bosques, los pueblos autóctonos, los humedales y las prácticas agrícolas tradicionales en los terceros países exportadores;

21.

Considera que, a la vista del crecimiento de la población mundial y de la intensificación de la presión sobre los recursos naturales, es esencial establecer unas formas de producción más sostenibles, que ahorren más energía y sean más eficientes a escala mundial; pide que la asignación de ayudas por parte de la UE y sus Estados miembros esté vinculada al desarrollo de sistemas de producción agrícola sostenibles y autosuficientes desde el punto de vista energético, y que una parte de dichas ayudas contribuya a la implantación de instalaciones para generar energía renovable (por ejemplo, basada en el viento y el sol) y una buena gestión de los recursos hídricos;

22.

Destaca que, en el marco de las negociaciones sobre el Fondo para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la UE debe velar por que una parte sustancial de los recursos asignados a los países en desarrollo se emplee realmente para reforzar las políticas agrarias locales, procurando siempre favorecer un desarrollo social y medioambiental sostenible;

23.

Subraya que si se desea que los pequeños agricultores de los países en desarrollo, en particular las mujeres, no solo produzcan de forma sostenible, sino que aprovechen su potencial de producción, necesitan tener un mayor acceso al microcrédito, incluidos los microcréditos sin afán de lucro, para invertir en mejores semillas, fertilizantes y mecanismos de irrigación, así como en las herramientas necesarias para proteger sus cultivos contra plagas y enfermedades;

24.

Destaca la importancia de incrementar las actividades y políticas relacionadas con la nutrición y con impacto en la misma, y de adaptar mejor las intervenciones de los donantes en este sector a nivel, nacional, de la UE e internacional;

25.

Recalca la necesidad de conceder a los pequeños agricultores de los países en desarrollo un mayor acceso a los derechos de propiedad que permita a los minifundistas demostrar su propiedad y, de este modo, contar con una garantía para los préstamos necesarios para aumentar su producción;

26.

Pide a la Comisión que apoye el desarrollo de las capacidades de transformación agrícola en los países socios con el fin de reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, prolongar la conservación de los alimentos, construir mejores instalaciones de almacenamiento, a fin de prevenir pérdidas debido a la putrefacción, que actualmente son muy elevadas en los países en desarrollo de todo el mundo, mejorar el acceso local al mercado y crear empleos dignos para la población local; pide a la UE y sus Estados miembros que hagan todo lo posible para facilitar la transferencia de tecnologías, conocimientos técnicos y asistencia para la construcción de capacidades a los países en desarrollo;

27.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta el papel de las tierras áridas y semiáridas y preste especial atención al ganado, ya que el mayor suministro de carne para las zonas urbanas procede de estas regiones;

28.

Recuerda que el derecho a una alimentación adecuada forma parte de los derechos humanos universales; insta a los países socios a que apliquen las Directrices Voluntarias de la FAO sobre el derecho a la alimentación;

29.

Recuerda que el desarrollo agrícola debe fundamentarse en el derecho a la alimentación y en el derecho a producir alimentos; insiste en que la UE debe reconocer y defender la necesidad de que los países en desarrollo alcancen la seguridad alimentaria, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, y ejerzan su derecho a ser lo más autosuficientes posible; subraya, a este respecto, el compromiso de la UE de suprimir gradualmente las subvenciones a la exportación, paralelamente a otras medidas similares que están adoptando diferentes socios de la OMC; subraya igualmente que es necesario garantizar la igualdad de acceso de las poblaciones locales a los productos alimenticios en dichos países;

30.

Recuerda la importancia del concepto de seguridad alimentaria, que se define como la capacidad de un país o región de aplicar de forma democrática sus propias políticas, prioridades y estrategias agrícolas y en materia de alimentación a través de un modelo agrícola sostenible; recuerda que las actuales capacidades de producción de algunos países en desarrollo pueden no satisfacer las necesidades y que para lograr la seguridad alimentaria a largo plazo es necesario reducir la dependencia de las importaciones mejorando dicha capacidades nacionales;

31.

Recuerda la importancia de un enfoque de la gobernanza en materia de seguridad alimentaria que incluya un marco global centrado en una política alimentaria que sobrepase la ayuda alimentaria y en la cooperación entre donantes y entre estos y los beneficiarios de la ayuda, con una asociación más estrecha con los agentes locales, y recuerda asimismo el papel fundamental de las políticas de los países beneficiarios en el compromiso de proveer de bienes públicos básicos, como la paz interna y las inversiones en infraestructuras rurales;

32.

Acoge favorablemente la decisión de integrar la dimensión nutricional en los programas de la UE; pide a la Comisión que prepare una comunicación específica sobre esta dimensión; pide que la dimensión nutricional se incluya de forma permanente en las políticas relativas a la seguridad alimentaria y en las intervenciones en el sector agrícola;

33.

Pide a la Comisión que reconozca el papel fundamental de las mujeres para la seguridad alimentaria, en su calidad de pequeñas agricultoras, y que invierta en programas que las apoyen de forma específica; recuerda que la importancia que tienen las mujeres para lograr la seguridad nutritiva tanto para ellas mismas como para sus hijos no se ha reconocido debidamente y, por ello, es necesario garantizar los medios de sustento de las mujeres y aumentar los conocimientos sobre una nutrición adecuada; insiste en que la estrategia de la UE debe concentrarse igualmente en la realización de acciones que garanticen que los más vulnerables, en particular en las zonas rurales, puedan beneficiarse de oportunidades de formación agrícola, educación sobre nutrición, mantenimiento de la salud y condiciones de trabajo, y una red de seguridad en caso de necesidad;

34.

Pide a la Comisión y a los organismos internacionales, como la FAO, que prosigan el proceso de consulta continua con la sociedad civil mundial y los actores no estatales, en particular con las organizaciones de agricultores, pescadores y ganaderos, cuya participación es esencial para la adopción de medidas concretas con vistas a mejorar la producción alimentaria;

35.

Considera que, a la vista de las proyecciones de población de la FAO que indican que en 2025 más de la mitad de la población de los países en desarrollo (aproximadamente 3 500 millones de personas) vivirá en zonas urbanas, una política de apoyo a la horticultura urbana podría ofrecer una salida de la pobreza, dados el escaso coste inicial derivado del lanzamiento de la actividad, los cortos ciclos de producción y los elevados rendimientos por unidad de tiempo, tierra y agua utilizada, y también podría hacer que las nuevas ciudades sean más verdes;

36.

Insta a la UE a que apoye la iniciativa de las Naciones Unidas sobre la protección social mínima, lo que contribuiría a satisfacer las necesidades básicas de alimentos de las poblaciones empobrecidas;

37.

Insta a la Comisión a que preste especial atención a la desnutrición, en particular la de las madres y lactantes, y a que integre estrategias multisectoriales sobre nutrición eficaces en su política de desarrollo;

38.

Destaca la declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación acerca de la importancia decisiva de la participación de los productores para la agricultura ecológica y del estímulo para la formación continua de los agricultores; anima por tanto a los productores de alimentos de los países en desarrollo a que se comprometan con las ONG de ámbito local y mundial, así como con las cooperativas de agricultores;

39.

Invita a la Comisión y al Consejo a fomentar y favorecer los instrumentos de financiación innovadores, como un impuesto internacional sobre las transacciones financieras; recuerda que esos instrumentos deben incorporarse al objetivo, establecido por las Naciones Unidas, de consagrar el 0,7 % de la RNB a la cooperación al desarrollo; destaca paralelamente que los países en desarrollo deben redoblar esfuerzos en el ámbito fiscal, principalmente en la recaudación tributaria y la lucha contra la evasión fiscal;

40.

Manifiesta su preocupación por que 2008, que fue el año de la crisis mundial de alimentos, también fue el año en que se produjo una mayor cantidad de trigo en la historia mundial y, en este contexto, insiste en la influencia negativa de la especulación sobre los índices de precios de los productos básicos;

41.

Señala que hay que atender a las causas estructurales de la inestabilidad de los precios, e insiste enérgicamente en que la especulación con los derivados de productos alimentarios básicos ha agravado de forma importante esta volatilidad; apoya las conclusiones del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación en lo que se refiere al papel de los grandes inversores para influir en los índices de precios de los productos básicos;

42.

Destaca que toda una serie de otros factores imprevisibles han afectado recientemente la estabilidad de los mercados de alimentos, como la catástrofe ocurrida en Japón, una ola sin precedentes de disturbios políticos que abarca muchos países del norte de África y el Oriente Próximo, otro fuerte aumento de los precios del petróleo, la prolongada incertidumbre en los mercados financieros y la economía mundial, todo lo cual ha tenido repercusiones;

43.

Estima que la especulación financiera y la liberalización creciente de los mercados financieros y del comercio de productos agrícolas contribuyen en gran medida a la volatilidad de los precios, y que se necesitan mecanismos reguladores para garantizar un cierto grado de estabilidad del mercado; considera que se debería mejorar la transparencia del mercado para garantizar una remuneración justa a los agricultores y un sector viable que permita la seguridad alimentaria; pide, en particular, que se determine con claridad qué agentes participan en el comercio de productos alimenticios y se analicen pormenorizadamente los mecanismos de transmisión en materia de especulación sobre productos alimenticios en los mercados locales y mundiales;

44.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen medidas concretas para luchar eficazmente contra la especulación financiera sobre los cereales y los alimentos;

45.

Opina que los derivados de materias primas son distintos de otros derivados financieros y que el acceso a estos mercados debe regularse mejor;

46.

Considera que la Unión Europea debe adoptar iniciativas para restablecer las existencias mundiales de alimentos, que, tras haber alcanzado mínimos históricos en 2007, contribuyeron a la especulación que ha afectado a los precios de los productos agrícolas a nivel mundial, con repercusiones muy preocupantes en los países en desarrollo;

47.

Pide que las reservas materiales de cereales y alimentos a escala nacional y regional aumenten, se gestionen y almacenen mejor, mediante el refuerzo de la coordinación y el control internacionales, con el fin de contrarrestar de esta forma la volatilidad en el precio de los alimentos y poder reaccionar mejor y más rápido a las crisis alimentarias;

48.

Expresa su profunda preocupación por las compras de tierras a gran escala que están realizando inversores extranjeros en los países en desarrollo, lo que también va en detrimento de los pequeños y medianos agricultores locales, así como de la seguridad alimentaria local, regional y nacional; pide, por tanto, a la UE que aliente a los gobiernos de los países en desarrollo a que lleven a cabo una reforma agraria a fin de garantizar los títulos de propiedad de tierras de los pequeños y medianos agricultores autóctonos, en particular las mujeres, y de evitar las prácticas de apropiación de tierras de las grandes empresas;

49.

Subraya que todos deben poder acceder a la tierra y que hay que reforzar los derechos sobre el suelo, de arrendamiento y de uso de la tierra de los pequeños agricultores locales, así como el acceso de las poblaciones locales a los recursos naturales, con objeto de impedir un nuevo proceso de acaparamiento de tierras agrícolas, fenómeno que ya está adquiriendo hoy en día unas proporciones inquietantes en determinadas regiones del mundo y especialmente en África;

50.

Manifiesta su deseo de que los programas de acción y de ayuda europeos aprovechen los conocimientos de los productores locales acerca de la producción de alimentos;

51.

Alienta la adopción de las Directrices Voluntarias de la FAO en materia de adquisición de tierras y para garantizar su aplicación participativa, pero al mismo tiempo pide una regulación estricta a nivel nacional e internacional sobre la compra de tierras; subraya que las negociaciones contractuales deben ser transparentes, permitiendo la participación de los parlamentos y los representantes electos de las autoridades locales y regionales, previa consulta a la sociedad civil;

52.

Considera necesario garantizar que las comunidades e instituciones locales tengan potestad y capacidad de negociación de modo que puedan garantizar el desarrollo de la agricultura local; propone que se elabore un código de conducta para incitar decididamente a los inversores a centrar sus actividades en el aumento de la productividad agrícola y en la mejora de los medios de subsistencia de las poblaciones locales;

53.

Destaca la adquisición, no solo de tierras, sino también de licencias de pesca que llevan a cabo inversores extranjeros; recalca la necesidad de transparencia y de permitir que los parlamentos nacionales y la sociedad civil participen en las negociaciones contractuales, así como la necesidad de elaborar una lista de los acuerdos celebrados en el sector público;

54.

Pide que se establezcan mecanismos para impedir que los precios que se fijen hagan imposible para los agricultores locales producir alimentos para las poblaciones locales («pricing out»),

55.

Recuerda a la Comisión y a los países socios los efectos positivos de los sistemas ecológicos de producción agrícola para mitigar los efectos del cambio climático, y que la seguridad alimentaria a largo plazo depende de la reducción de los efectos de la producción en el medio ambiente a fin de proteger los recursos naturales y el suministro de alimentos; subraya, no obstante, que la finalidad principal de las ayudas agrícolas a las regiones que sufren una grave inseguridad alimentaria o hambre debe ser aumentar la producción de alimentos y el acceso a estos;

56.

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el G-20 para hacer frente a la volatilidad de precios y la seguridad alimentaria;

57.

Expresa su profunda preocupación por el declive de los recursos naturales y el mantenimiento de condiciones que permitan la producción agrícola, como la calidad del suelo, el acceso al agua y la prevención de la contaminación medioambiental; insiste en que todas las partes interesadas, en particular los agricultores, las autoridades locales y regionales, y las organizaciones de la sociedad civil, deben desempeñar un papel importante en la elaboración de una estrategia para el desarrollo de una agricultura sostenible;

58.

Opina que la seguridad alimentaria no debe verse amenazada por el desarrollo de los agrocarburantes; pide, por ello, que se adopte un enfoque equilibrado que dé prioridad a la nueva generación de agrocarburantes que utilizan residuos agrícolas y forestales (paja y otros residuos de las cosechas, abono de origen animal, biogás, etc.), en lugar de los cultivos alimenticios, con el fin de evitar que se establezca una competencia entre la producción de alimentos y la producción de energía; opina asimismo que la UE debería cerciorarse de que las importaciones de agrocarburantes procedentes de países en desarrollo respetan los criterios de sostenibilidad;

59.

Insta a que en la concepción de la PAC después de 2013 se adopte una perspectiva global, que responda al principio de no perjudicar los mercados de alimentos en los países en desarrollo;

60.

Pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto de la PAC, en la que analice sus repercusiones en los mercados internacionales de alimentos y en la seguridad alimentaria en los países en desarrollo;

61.

Insta a la Comisión a que estudie el problema del desperdicio de alimentos en la UE, ya que se estima hasta el 40 % de los alimentos disponibles, incluidos los alimentos producidos en países en desarrollo y exportados a la UE, se tiran a la basura, y a que proponga medidas eficaces para hacer frente a este problema y mejorar los modelos de consumo;

62.

Pide la completa eliminación de las subvenciones a la exportación;

63.

Insiste en que la Comisión vele por que la dimensión exterior de la actual reforma de la Política Pesquera Común se integre en las políticas de desarrollo de la UE;

64.

Pide a la Comisión que vele por el cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO en los países con los que la UE mantiene Acuerdos de asociación en materia de pesca, en particular en lo relativo a la recomendación de conceder a los pescadores artesanales locales un acceso preferencial a los recursos;

65.

Subraya que, en muchos países, el sector pesquero es fundamental para el empleo y la seguridad alimentaria y que, por consiguiente, todos los países en desarrollo deberían poder optar a la ayuda de la UE en este sector para desarrollar su propia industria pesquera sostenible y la investigación en este ámbito, así como medidas de control y ejecución para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

66.

Pide que se realicen reformas que amplíen las posibilidades de acceso al mercado de los países en desarrollo y les permitan actuar de forma competitiva en sus propios mercados nacionales y regionales;

67.

Recuerda que la Unión Europea debe garantizar la máxima coherencia entre sus políticas de cooperación y desarrollo y sus políticas comerciales, teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes tanto de sus Estados miembros como de los países en desarrollo;

68.

Opina que la UE debería apoyar la integración regional y el desarrollo sostenible de los mercados agroalimentarios locales en los países en desarrollo y, en especial, los acuerdos comerciales regionales que promuevan el desarrollo de una producción viable y sostenible y unas capacidades de transformación a escala local, y también debería dedicar una parte sustancial de su ayuda al desarrollo a dicho fin;

69.

Reitera su preocupación por la estrategia comercial de la UE, que a veces carece de un enfoque favorable al desarrollo; pide, por tanto, que se celebren acuerdos comerciales justos y que promuevan el desarrollo, ya que constituyen un elemento fundamental para ofrecer una respuesta a la seguridad alimentaria en el mundo;

70.

Recuerda que la seguridad alimentaria exige la coherencia y la coordinación de las distintas políticas sectoriales a escala de la Unión Europea, a saber, la política de desarrollo, la PAC, la política comercial común, la política energética y los programas de investigación;

71.

Considera que la Comisión debe apoyar los cultivos proteaginosos en la Unión Europea para darle una mayor autonomía, lo que contribuirá a la diversificación de la agricultura en los países en desarrollo, que en muchas ocasiones tienen una política agrícola orientada a la exportación y al acceso a los mercados externos, en detrimento del bienestar y las necesidades de las comunidades locales;

72.

Insta a la Comisión a que se centre en las cuestiones relativas al desarrollo en los AAE que está negociando, ofreciendo un mayor margen de maniobra a los países en desarrollo en lo referente alas normas comerciales, y, en particular, a que aplique cláusulas de salvaguardia para lograr un desarrollo endógeno y sostenible de las capacidades económicas en los países en desarrollo; recuerda que las restricciones a la exportación y la protección de la industria incipiente por parte de los países en desarrollo son herramientas de desarrollo que pueden utilizarse para aumentar la producción local y la seguridad alimentaria; pide a la Comisión que adopte una posición enérgica a favor del desarrollo en las negociaciones de la OMC; pide a la Comisión que aplique a las negociaciones comerciales internacionales un enfoque basado en los derechos humanos, y que lleve a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en los acuerdos con terceros países;

73.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen una convención basada en las necesidades, en la cual los compromisos de ayuda alimentaria de los donantes estén vinculados a las necesidades de la población y a volúmenes de compra locales garantizados en los países beneficiarios;

74.

Expresa su profunda preocupación por la falta de transparencia, de información y de participación de las partes interesadas en las actuales negociaciones sobre el CAA;

75.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.