7.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 377/102

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la "Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078),

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Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la iniciativa denominada «Small Business Act» (1),

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Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2011, sobre las cuestiones prácticas relativas a la revisión de los instrumentos de la UE para prestar apoyo financiero a las PYME en el próximo período de programación (2),

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Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la mundialización (3),

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Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que en la Unión Europea 23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME), que constituyen el 99 % de todas las empresas y proporcionan más de 100 millones de puestos de trabajo, realizan una contribución fundamental al crecimiento económico, la cohesión social y la creación de empleo, son una fuente importante de innovación, desempeñan un cometido crucial para apoyar y aumentar el empleo y contribuyen al logro de los principales objetivos de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020,

B.

Considerando que la «Small Business Act» (SBA) se basa en una serie de principios políticos fundamentales, como el acceso a la financiación, el acceso al mercado (mercado único, mercados internacionales y contratos públicos) y la mejora de la normativa; que los progresos de los Estados miembros a la hora de adoptar medidas concretas de mejora del entorno empresarial en beneficio de las PYME son variables y con frecuencia escasos pese a haber proclamado su compromiso político con los principios de la SBA,

C.

Considerando que las PYME siguen enfrentándose a serios problemas para ampliar sus actividades, mejorar su capacidad de innovación y acceder al mercado, como consecuencia principalmente de las dificultades que encuentran para obtener financiación, así como de una persistente carga administrativa, que debería reducirse en mayor medida,

D.

Considerando que el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) ha dado pruebas de su eficacia, pues 100 000 PYME ya se benefician del mismo y se espera que otras muchas lo hagan antes de que llegue a su término, en 2013,

1.

Acoge favorablemente la revisión de la SBA y expresa su apoyo a las nuevas propuestas centradas en la mejora del acceso a la financiación y al mercado y en la continuidad del proceso de reducción de la burocracia a través del refuerzo de la gobernanza y el seguimiento, así como de una normativa inteligente y otras medidas tales como el estudio sobre el rendimiento de las PYME;

2.

Se congratula asimismo de la exitosa adopción de prácticamente todas las propuestas legislativas asociadas a la SBA; insta firmemente a los Estados miembros a que adopten sin demora la última propuesta pendiente —el Estatuto de la Sociedad Privada Europea—, que permitirá a las PYME operar en toda la Unión Europea al tiempo que se recortan costes y se fomenta el crecimiento en este ámbito, se favorece la reducción de la carga administrativa en un 25 %, tal como indica la SBA, se contribuye a la eficacia del Acta del Mercado Único, se contrarresta cualquier política económica de índole proteccionista en los Estados miembros y se estimula la actividad empresarial;

3.

Pide a los Estados miembros que apliquen rápidamente la Directiva revisada sobre la morosidad en las operaciones comerciales para luchar eficazmente contra los retrasos en los pagos y sus efectos negativos, en particular para las PYME; solicita, a este respecto, a la Comisión que ponga en marcha el proyecto piloto, ya aprobado, destinado a apoyar a las PYME en el establecimiento de sistemas de gestión del crédito eficaces, facilitando el cobro de las deudas transfronterizas;

4.

Señala que el nivel de aplicación de las medidas previstas en la SBA varía de un Estado miembro a otro; pide, por ello, firmemente a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en este sentido y contraigan compromisos concretos en el próximo Consejo de Competitividad;

5.

Considera que el seguimiento periódico de la Comisión debe garantizar una aplicación sistemática y global; cree que la Comisión debería contar con herramientas más eficaces para animar a los Estados miembros a aplicar los principios de la SBA y le pide que informe anualmente de los progresos realizados en la aplicación de la SBA, a nivel tanto europeo como de los Estados miembros;

6.

Acoge con satisfacción el nombramiento, por parte de la Comisión, del nuevo Representante para las PYME, y apoya su misión de seguimiento de los progresos de los Estados miembros en la aplicación de la SBA y de defensa de los intereses de las PYME en todos los servicios de la Comisión, garantizando en particular la aplicación efectiva del principio «pensar primero a pequeña escala»; pide a los Estados miembros que nombren a representantes para las PYME de ámbito nacional que tengan como cometido la coordinación de las políticas relativas a las PYME y el control de la aplicación de la SBA en las diferentes administraciones;

7.

Pide a la Comisión, en vista del papel transversal de la política sobre las PYME y en aras de la coherencia política, que nombre a Directores Generales Adjuntos para los asuntos relacionados con las PYME en las DG pertinentes (como Investigación, Medio Ambiente, Mercado Interior, Empleo o Comercio), quienes colaborarían estrechamente con el Representante para las PYME;

8.

Expresa su preocupación por la aplicación inadecuada e incoherente, según la Comisión, de la «prueba de las PYME» en todas las propuestas legislativas nuevas, especialmente a escala nacional; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que todo acto legislativo nuevo se evalúa atendiendo a su posible impacto sobre las PYME, así como la realización periódica de la «prueba de las PYME» como parte de las evaluaciones de impacto; pide asimismo a la Comisión que proponga normas y requisitos mínimos, basándose en las mejores prácticas, aplicables a la realización de la «prueba de las PYME» a escala nacional y de la Unión;

9.

Destaca que las evaluaciones de impacto, incluida la «prueba de las PYME», deben realizarse con total independencia y basarse siempre en un análisis fundado y objetivo de las repercusiones potenciales; considera, por tanto, que la designación de los miembros del Comité de Evaluación de Impacto ha de correr a cargo del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la base de la propuesta de la Comisión, por lo que debe dejar de estar sometida a las instrucciones del Presidente de la Comisión; sugiere que el Representante para las PYME sea miembro permanente del Comité de Evaluación de Impacto, de manera que pueda supervisar la correcta ejecución de la «prueba de las PYME»;

10.

Alerta contra la persistencia de la burocracia y las cargas administrativas, que representan importantes obstáculos para las PYME; se congratula de la opinión de la Comisión según la cual los Estados miembros deberían evitar la «sobrerregulación», es decir, sobrepasar los requisitos de la legislación de la UE cuando transpongan las directivas a la legislación nacional; considera que los Estados miembros deberían utilizar tablas de correspondencia al transponer las directivas europeas, de manera que se muestre claramente qué parte de la propuesta proviene de la legislación europea y qué parte constituye legislación nacional adicional;

11.

Hace hincapié en la importancia de la administración electrónica y del principio de «solo una vez», con el que se pretende evitar que las autoridades de los Estados miembros dupliquen las peticiones de información;

12.

Se congratula del esfuerzo de la Comisión, renovado en su Comunicación, en aras de una mayor disminución de las cargas administrativas que soportan las PYME a escala nacional, dado que no todos los Estados miembros han establecido, o están cumpliendo, objetivos nacionales de reducción; pide a los Estados miembros un compromiso político más firme a la hora de fijar estos objetivos y mayores esfuerzos para garantizar su aplicación;

13.

Subraya que las cargas administrativas son relativamente más altas cuanto menor es el tamaño de la empresa y pide, por lo tanto, que se diferencie entre microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas; destaca que las microempresas (menos de 10 empleados) constituyen el 91,8 % de todo el tejido empresarial de la Unión, por lo que merecen ser objeto de especial atención y de un enfoque hecho a su medida;

14.

Insiste en que una estrategia eficaz de fomento de la innovación en las PYME no ha de basarse en la concesión de más subvenciones, sino en la creación de un entorno empresarial en el que las PYME disfruten de una libertad real, estimulante, interesante, de bajo coste, efectiva, holística y global, así como de un mejor acceso a todos los instrumentos y formas de financiación, tales como las ayudas, las garantías y la financiación de capital; señala que un cierto grado de fracaso es inherente a la innovación, por lo que hace hincapié en la importancia de una «segunda oportunidad» en la financiación de las PYME no fraudulentas que han fracasado;

15.

Pide, en particular, que se mejore el acceso al apoyo financiero en las fases iniciales de la innovación, mediante financiación de siembra y providencial y una mayor financiación de capital y de cuasicapital para las empresas innovadoras emergentes y pequeñas a escala europea, regional y local; insiste, en relación con estos aspectos, en la necesidad de crear un fondo europeo de capital riesgo; opina que la Unión debería ampliar la oferta permanente de productos de riesgo compartido por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través del Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido (MFRC); destaca el importante papel que podría desempeñar el BEI, en particular a través del fomento de programas como JASMINE y JEREMIE, que pueden prestar un apoyo sostenible que permita satisfacer las necesidades de las PYME;

16.

Considera que, para garantizar que los nuevos requisitos Basilea III impuestos a los bancos no influyan en la financiación que conceden a las PYME, debe prestarse especial atención a la realización de una «prueba de las PYME» global como parte de la evaluación de impacto de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV) que se encuentra actualmente en fase de preparación, y a la determinación de medidas para garantizar que los bancos continúen ejerciendo su función societal de financiación de la economía real; opina asimismo que debe hacerse mayor hincapié, a escala de la UE, en el establecimiento de sistemas de garantía como método de financiación alternativo;

17.

Se congratula, en este sentido, de que el BEI haya confiado al Fondo Europeo de Inversiones la inversión, en su nombre, de mil millones de euros en forma de financiación mezzanine para el crecimiento, a través de fondos de inversión destinados a PYME competitivas, innovadoras y en crecimiento en toda Europa; pide, por consiguiente, que se aumenten los fondos asignados a estos instrumentos financieros, pues contribuyen a fomentar la innovación, que es la base de la competitividad europea;

18.

Apoya enérgicamente el PIC y su incuestionable éxito, y advierte de un posible impacto sobre su eficacia y flexibilidad en caso de que se operen cambios en su estructura como consecuencia de una potencial integración en el futuro programa de investigación de la UE; pide que el PIC siga siendo un programa emblemático independiente destinado a las PYME; considera que debe crearse una línea presupuestaria SBA específica en el futuro programa PIC con vistas a la financiación de prioridades propias de la SBA;

19.

Lamenta que, a finales de 2009, únicamente estuviera plenamente disponible el 75 % del apoyo financiero total, valorado en 21 000 millones de euros, ofrecido, a través de bancos intermediarios, a tan solo 50 000 PYME de un total de 23 000 000 EUR; solicita, por consiguiente, la adopción de medidas que permitan mejorar la transparencia, accesibilidad y eficacia del mecanismo de pago, especialmente del sistema de bancos intermediarios, para evitar la aparición de déficits y lograr que se preste a las PYME el importe completo —de 30 000 millones de euros— entre 2008 y 2011;

20.

Acoge con satisfacción la adopción del Acta del Mercado Único, basada en una iniciativa del Parlamento Europeo, con arreglo al informe Monti; celebra en particular las medidas legislativas que permiten a las PYME disfrutar de todos los beneficios del mercado único, tales como las normas europeas para los fondos de capital riesgo, una base tributaria consolidada común del impuesto de sociedades (BTCC), las normas sobre el IVA revisadas y la simplificación de las Directivas contables; insta al Consejo a que se comprometa firmemente a aplicar el Acta del Mercado Único, en particular por lo que respecta a la adopción de las medidas prioritarias antes de finales de 2012; pide a la Comisión y al Consejo que, a lo largo de este proceso, presten especial atención a los intereses de las PYME en relación con todas las medidas aplicadas;

21.

Insta a la Comisión a reforzar y ampliar el papel de la red Enterprise Europe Network (EEN) para ayudar y apoyar a las pequeñas empresas en todos sus esfuerzos por un mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado común;

22.

Considera que debe reforzarse el diálogo entre las PYME y los adjudicadores de contratos públicos para facilitar la participación de las PYME en los procedimientos de licitación; sugiere, a este respecto, que se exploren diferentes alternativas para ayudar a las PYME a crear asociaciones y consorcios y presentar ofertas conjuntas en las licitaciones públicas; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto y estudie los umbrales aplicados a los contratos públicos de la UE, lo que permitiría a las PYME participar en contratos que, de lo contrario, estarían sujetos a requisitos específicos que los situarían fuera de su alcance; pide a la Comisión que examine la forma de mejorar la publicación de todos los anuncios de contratos públicos en Europa, así como de eliminar las cargas administrativas que impiden a las empresas europeas participar en licitaciones públicas de carácter transfronterizo; insta a los Estados miembros a que apliquen de manera más sistemática el «Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar a las PYME el acceso a los contratos públicos»;

23.

Pide a la Comisión que, en sus futuras propuestas para la modernización del sistema europeo de normalización, vele por que los intereses de las PYME estén debidamente representados en los organismos de normalización europeos, y que elabore normas más accesibles para las PYME;

24.

Destaca el papel de iniciativas tales como la iniciativa de investigación en la pequeña empresa (SBRI) a la hora de ayudar a los organismos públicos a recurrir a las pequeñas empresas para obtener servicios de investigación y desarrollo, de cara al establecimiento de soluciones que satisfagan las necesidades públicas al tiempo que promueven el desarrollo de productos y servicios innovadores;

25.

Reitera su llamamiento en pos de la creación, a escala nacional, de puntos de información, electrónicos o físicos, y agencias de apoyo para las PYME, con arreglo al principio de la «ventanilla única», que ofrezcan acceso a diferentes fuentes de información y servicios de soporte, dentro de una estructura acorde con el ciclo vital de una empresa;

26.

Considera que es necesario ayudar a las pequeñas empresas a aumentar su competitividad en los mercados internacionales mejorando su capacidad de exportación, difundiendo información relativa a programas e iniciativas que faciliten el acceso a los mercados internacionales y la introducción de los productos y servicios de las PYME y garantizando que los intereses de las pequeñas empresas están debidamente representados en las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales;

27.

Apoya la iniciativa de la Comisión en favor de una segunda oportunidad para las PYME, que se incluirá en la Semana Europea de las PYME;

28.

Pide que se siga trabajando en la simplificación de la financiación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (R&D&I) y en una adecuada gestión de los programas, especialmente en beneficio de las PYME y de conformidad con lo dispuesto en sus Resoluciones, de 11 de noviembre de 2010, sobre la simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación, y de 16 de febrero de 2011, sobre las cuestiones prácticas relativas a la revisión de los instrumentos de la UE para prestar apoyo financiero a las PYME en el próximo período de programación;

29.

Celebra la intención de la Comisión de proponer normas financieras y administrativas más sencillas para las PYME, así como un conjunto de instrumentos racionalizados, para reforzar su capacidad de innovación a lo largo de todo el ciclo de innovación, incluida la innovación no tecnológica, dentro del futuro marco de financiación para la investigación y la innovación y, en particular, de los instrumentos que sucederán al 7PM y al PIC; recuerda a la Comisión la importancia de ofrecer apoyo local a las PYME, por ejemplo a través de centros de innovación, cámaras de comercio, organizaciones empresariales o agrupaciones (clusters) de innovación;

30.

Solicita la adopción de la patente única europea y un mayor desarrollo —así como su coordinación a escala europea— de instrumentos y programas (como los «vales de innovación») que mejoren la capacidad de gestión de la innovación de las PYME y su acceso a los servicios de investigación e innovación y otros servicios empresariales basados en el conocimiento (modelización, evaluación de riesgos, etc.); destaca, en particular, las mejores prácticas de los Estados miembros en relación con los centros de transferencia de tecnología de ámbito universitario, que facilitan el acceso de las PYME a la I&D; pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de crear un fondo europeo para patentes que permita contribuir a estas transferencias de tecnología entre los centros de investigación y las empresas, en concreto las PYME innovadoras;

31.

Lamenta que solo un reducido número de nuestras PYME innovadoras crezcan hasta transformarse en empresas de mayor tamaño con una plantilla más numerosa; señala asimismo que en la UE hay menos empresas innovadoras, jóvenes y que hagan un uso intensivo de I+D que en los EE.UU., y que existen importantes lagunas en materia de innovación y competencias informáticas que impiden a las PYME adoptar modelos empresariales innovadores e inteligentes, así como nuevas tecnologías;

32.

Pide a los Gobiernos nacionales que valoren la introducción de incentivos fiscales para las pequeñas empresas innovadoras en sus primeros años de actividad;

33.

Lamenta que la SBA no preste suficiente atención a las cuestiones sociales y laborales que afectan a la actividad empresarial y a la capacidad de las PYME para satisfacer su potencial de empleo y contratar a trabajadores con cualificaciones adecuadas;

34.

Reconoce que el crecimiento y la innovación dependen en gran medida de las PYME emprendedoras; insiste en que se ha de prestar mayor atención al fomento de una mentalidad empresarial en todos los niveles de la educación y la formación, empleando métodos innovadores como las miniempresas reales en la enseñanza secundaria; destaca la importancia del apoyo al desarrollo de competencias de dirección y digitales necesarias para el éxito de las pequeñas empresas en el actual entorno comercial;

35.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y promuevan iniciativas encaminadas a apoyar una mejor individualización y previsión de las necesidades de las PYME en materia de cualificaciones, en particular para permitirles desarrollar su actividad de un modo más sostenible, así como que establezcan estrategias de educación empresarial y formación profesional basadas en las mejores prácticas de los Estados miembros;

36.

Pide a la Comisión que otorgue carácter permanente al programa «Erasmus Jóvenes Empresarios» dotándolo de un presupuesto adecuado, a la luz de los alentadores resultados de la acción preparatoria, pese a que aún se esté ejecutando de forma limitada;

37.

Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión del papel clave de las PYME en la transición a una economía que utilice eficazmente los recursos; considera que, para cumplir los objetivos de eficiencia de los recursos, es necesario un planteamiento basado en la cadena de valor; pide, por consiguiente, a la Comisión que ponga en marcha proyectos y actividades para las PYME coordinados a nivel sectorial y dirigidos a determinar las innovaciones potencialmente eficientes desde el punto de vista de los recursos dentro de las cadenas de valor y de suministro;

38.

Celebra la propuesta de la Comisión para adoptar un plan de acción para la innovación ecológica; pide que se tomen ambiciosas medidas de apoyo a las PYME de cara a la introducción de soluciones innovadoras en términos ecológicos en todas las etapas de la cadena de valor, incluido el diseño; considera necesario incrementar los fondos destinados a las iniciativas existentes en este ámbito, a través, por ejemplo, del futuro PIC, pero también mediante un uso selectivo de los Fondos Estructurales; pide a la Comisión que informe dos veces al año sobre los progresos realizados por los Estados miembros en relación con el fomento de la innovación ecológica en las PYME;

39.

Destaca el potencial ahorro energético de las PYME, puesto que en la actualidad únicamente el 24 % de las PYME participan activamente en acciones encaminadas a mitigar su impacto medioambiental; subraya que la aplicación de medidas de eficiencia energética rentables ayudaría a las PYME a reducir su factura energética e incrementar su capacidad de reinversión; considera altamente necesaria la promoción de una «cultura de bajas emisiones de carbono» entre las pequeñas y medianas empresas; destaca que, pese a que existe al menos un consultor financiero a disposición de cada PYME, son muy pocos los expertos que asesoran a las PYME en materia de eficiencia y ahorro energéticos;

40.

Toma nota del aumento en todos los Estados miembros del comercio ilegal de productos falsificados y pirateados importados de terceros países lo que supone una amenaza para la competitividad en las PYME europeas;

41.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.