2.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 296/114

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Vistos la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación,

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Vistos los Planes de Acción adoptados conjuntamente con Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez,

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Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 11 de marzo de 2003, «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» (COM(2003)0104); de 12 de mayo de 2004, «Política Europea de Vecindad – Documento de estrategia» (COM(2004)0373); de 4 de diciembre de 2006, relativa a la consolidación de la PEV (COM(2006)0726); de 5 de diciembre de 2007, «Una Sólida Política Europea de Vecindad» (COM(2007)0774), y de 12 de mayo de 2010, «Balance de la Política Europea de Vecindad» (COM(2010)0207),

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre una Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional, de 8 de marzo de 2011 (COM(2011)0200),

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Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 26 de julio de 2010 sobre la PEV,

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Vistas sus anteriores Resoluciones de 19 de enero de 2006, sobre la Política Europea de Vecindad (PEV) (1), de 6 de julio de 2006, sobre el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) (2), de 15 de noviembre de 2007, sobre la consolidación de la Política Europea de Vecindad (3), de 19 de febrero de 2009, sobre el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo (4), de 19 de febrero de 2009, sobre la revisión del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (5), de 20 de mayo de 2010, sobre la Unión para el Mediterráneo (6), y de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación del río Jordán, con especial referencia a la región del bajo Jordán (7),

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Vistas sus Resoluciones, de 3 de febrero de 2011, sobre la situación en Túnez (8); de 17 de febrero de 2011, sobre la situación en Egipto (9); y de 10 de marzo de 2011, sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular, incluidos los aspectos humanitarios (10),

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Marruecos de 13 de octubre de 2008, que concedía a Marruecos el «estatuto avanzado»,

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Jordania de 26 de octubre de 2010, que concedía a Marruecos el «estatuto avanzado»,

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Vista la aprobación del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo por el Consejo Europeo de Bruselas los días 13 y 14 de marzo de 2008;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2008, sobre el «Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo» (COM(2008)0319),

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Vista la declaración final de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión para el Mediterráneo, celebrada en Marsella los días 3 y 4 de noviembre de 2008,

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Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de París para el Mediterráneo, celebrada en París el 13 de julio de 2008,

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Vista la Declaración de Barcelona por la que se establece una asociación euromediterránea, adoptada en la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 1995,

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Vistas las declaraciones emitidas por la Mesa de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo (AP-UPM) en su reuniones de París (12 de julio de 2008), El Cairo (20 de noviembre de 2009), Rabat (22 de enero de 2010), Palermo (18 de junio de 2010) y Roma (12 de noviembre de 2010),

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Vista la recomendación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) adoptada en Ammán el 13 de octubre de 2008 en Jordania y transmitida a la primera reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo,

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Vistas las recomendaciones de las comisiones de la AP-UPM adoptadas en su sexta sesión plenaria, celebrada en Ammán los días 13 y 14 de marzo de 2010,

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Vistas las conclusiones de la sesión inaugural de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), celebrada en Barcelona el 21 de enero de 2010,

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Visto el Reglamento (CE) no 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) (11),

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Vista su Recomendación al Consejo de 13 de diciembre de 2010 sobre las negociaciones del Acuerdo marco UE-Libia,

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Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el respeto y la promoción de la democracia y los derechos humanos, y en particular de los derechos de las mujeres, el Estado de Derecho, el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad democrática, la prosperidad, una justa distribución de la renta, la salud y las oportunidades sociales y, en consecuencia, la lucha contra la corrupción y la promoción de la buena gobernanza son principios fundamentales y objetivos de la Unión Europea y deben constituir valores comunes compartidos con los países socios de la PEV y convertirse en objetivos clave de la PEV,

B.

Considerando que la revisión de la PEV debe tener en cuenta las manifestaciones en las que se reclamaba libertad, democracia y reformas en varios países meridionales vecinos de la UE, puesto que reflejan el firme deseo popular de un auténtico cambio y mejores condiciones de vida en la región,

C.

Considerando que los desórdenes civiles, que están motivados en gran parte por el desigual reparto de la riqueza y del crecimiento económico y por la falta de libertades y reflejan el descontento general de la población con los regímenes que ostentan el poder, se han extendido por toda la región,

D.

Considerando que los efectos de la crisis económica y financiera se han sumado a los desafíos políticos, económicos y sociales ya existentes en los países socios, particularmente en relación con el problema del desempleo y el aumento de los precios, que ha conducido a los levantamientos en la región,

E.

Considerando que los sucesos acaecidos en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Jordania y otros países para pedir reformas democráticas exigen que la UE introduzca cambios adecuados en la PEV para que preste un apoyo eficaz al proceso de reformas políticas, económicas y sociales, al tiempo que condena de manera inequívoca el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas,

F.

Considerando que, desde su inicio en 2004, la PEV ha resultado ineficaz para lograr sus objetivos en materia de derechos humanos y democracia e incapaz de conseguir que se lleven a cabo las necesarias reformas políticas, sociales e institucionales; considerando que, en sus relaciones con la región, la UE ha descuidado el diálogo con las sociedades civiles y las fuerzas democráticas de la orilla sur del Mediterráneo; que las insuficiencias y los desafíos no han terminado y que en la actualidad se debería prestar especial atención a la puesta en práctica, poniendo empeño en actuar junto con socios verdaderamente representativos de la sociedad civil y con instituciones críticas de importancia vital para la edificación de la democracia, con unas prioridades de acción claramente definidas, parámetros de referencia claros y una diferenciación basada en los resultados y los logros conseguidos,

G.

Considerando que existen importantes asimetrías económicas, sociales y demográficas entre los Estados miembros y los países de la PEV-Sur, lo que exige respuestas en bien de los intereses comunes de todos los socios,

H.

Considerando que es necesario que la UE defina mejor sus objetivos y prioridades estratégicos en su asociación con sus vecinos del este y del sur y conceda la importancia adecuada a los asuntos relacionados con ella en su agenda política y su planificación presupuestaria,

I.

Considerando que la PEV debe contener instrumentos más ambiciosos y eficaces para estimular y apoyar las reformas políticas, económicas y sociales en las regiones vecinas de la UE,

J.

Considerando que el Tratado de Lisboa ha creado las condiciones para que la UE mejore la eficiencia y la coherencia de sus políticas y su funcionamiento, en especial en el ámbito de las relaciones exteriores, con la creación del cargo de Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y considerando que el Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante debe velar por que se oiga la voz de la UE en la escena internacional,

K.

Considerando que los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea desarrollan los objetivos de la política exterior de la UE y sitúan la promoción de los derechos humanos, en particular la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el núcleo de la acción exterior de la UE,

L.

Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado UE, la Unión debe desarrollar con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación,

M.

Considerando que los conflictos aún no resueltos y las violaciones de la legislación internacional en materia de derechos humanos impiden la consecución de los objetivos de la PEV, obstaculizando el desarrollo económico, social y político, así como la cooperación, la estabilidad y la seguridad regionales,

N.

Considerando que, en los últimos años, la búsqueda de estabilidad a corto plazo ha eclipsado a menudo los valores de la democracia, la justicia social y los derechos humanos en las relaciones de la UE con sus vecinos meridionales;

O.

Considerando que la UE debe aplicar un enfoque ascendente, aumentando su apoyo a la creación de instituciones, a la sociedad civil y su deseo de iniciar procesos de democratización, en particular a la participación de las mujeres, así como a la evolución socioeconómica, que constituyen requisitos previos para la estabilización a largo plazo,

P.

Considerando que el respeto de los derechos humanos, y en particular los derechos humanos de las mujeres, la democracia y el Estado de Derecho, incluida la lucha contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la oposición a la pena de muerte, son principios fundamentales de la UE,

Q.

Considerando que la UPM se encuentra en punto muerto, en particular desde el aplazamiento sine die de la segunda cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UPM y de las reuniones ministeriales, y desde la dimisión de su Secretario General; que el contexto regional en el que se está configurando la UPM se caracteriza por conflictos territoriales, crisis políticas y un aumento de la tensión social que se han visto superados por las revueltas populares de Túnez, Egipto y otros países mediterráneos y de Oriente Próximo; que todo ello ralentiza el funcionamiento de las instituciones de la UPM y el inicio de los principales proyectos de integración regional definidos por los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de París de julio de 2008 y por los ministros de Asuntos Exteriores de la UPM en su reunión de Marsella de los días 3 y 4 de noviembre de 2008; que la UPM, cuyo objetivo declarado es dar mayor realce a la política de la UE en esta región, no ha sido capaz de hacer frente a la creciente desconfianza y a las necesidades básicas de las poblaciones interesadas,

R.

Considerando que la UPM ofrece una oportunidad para reforzar la complementariedad entre las políticas bilaterales, por una parte, y las políticas regionales, por otra, con miras a alcanzar con mayor eficacia los objetivos de la cooperación euromediterránea,

S.

Considerando que otros actores globales, en particular los países BRIC, han seguido reforzando su presencia económica y su influencia política en las regiones meridionales vecinas de la UE,

T.

Considerando que los efectos de la crisis política, económica, social y financiera se suman a los retos políticos, económicos y sociales a los que se enfrentan los países socios meridionales de la PEV; que el coste de las reformas relativas a la convergencia con el acervo y a la adaptación a la progresiva intensificación de las relaciones económicas y sociales es un desafío añadido para los vecinos meridionales de la UE; y que en determinados países estos factores han contribuido en gran medida al descontento ciudadano y a las exigencias de democratización y reformas,

U.

Considerando que la cuestión de la gestión de los recursos hídricos, especialmente en lo que se refiere a una distribución equitativa del agua que tenga en cuenta las necesidades de todas las personas que viven en la región, reviste una importancia crucial para la consecución de una paz y una estabilidad duraderas en Oriente Próximo,

V.

Considerando que las tendencias demográficas apuntan a que, en los próximos veinte años, la población de los Estados miembros de la UE se mantendrá estable, aunque cada vez más envejecida, mientras que los países meridionales de la PEV verán un incremento de su población, y en especial la que estará en edad de trabajar; considerando que el crecimiento económico y la creación de empleo en estos países podría no seguir el ritmo previsto de crecimiento de la población, habida cuenta, en especial, de que algunos países ya sufren tasas de desempleo muy elevadas y tasas aún mayores de desempleo juvenil,

W.

Considerando que en los países meridionales de la PEV la corrupción, que afecta a extensos sectores de la sociedad y de las instituciones del Estado, sigue siendo motivo de seria preocupación,

X.

Considerando que el IEVA ha contribuido a simplificar la financiación de la PEV; que el proceso de desarrollo de un instrumento que lo sustituya debe reflejar la reciente evolución de la región y, en particular, las legítimas aspiraciones democráticas de la población, además de las conclusiones de la revisión estratégica de la PEV, y que debe ir precedido de consultas con todas las partes interesadas, especialmente con los agentes locales,

1.

Reafirma los valores, los principios y los compromisos sobre los que se ha levantado la PEV, como son la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los derechos de las mujeres, la buena gobernanza, la economía de mercado y el desarrollo sostenible, y reitera que la PEV debe convertirse en un marco válido para profundizar y fortalecer las relaciones con nuestros socios más próximos y fomentar y prestar apoyo a sus reformas políticas, sociales y económicas, diseñadas para establecer y consolidar la democracia, el progreso y las oportunidades sociales y económicas para todos; pone de relieve la importancia de mantener los principios de responsabilidad compartida y copropiedad en la elaboración y la aplicación de los programas de la PEV; considera que desde su puesta en marcha en 2004 como política marco única, la PEV, apoyada en la diferenciación según resultados y en la ayuda individualizada, ha aportado beneficios tangibles a los países socios de la PEV y a la UE;

2.

Recuerda, vistos los actuales acontecimientos en el Sur, particularmente en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Jordania y otros países para pedir reformas democráticas, que la PEV no ha logrado promover y garantizar los derechos humanos en terceros países; insta a la UE a extraer enseñanzas de estos acontecimientos y a revisar su política de apoyo a la democracia y los derechos humanos a fin de crear un mecanismo de aplicación de la cláusula sobre derechos humanos incluida en todos los acuerdos con terceros países; insiste en que la revisión de la PEV debe conceder prioridad a los criterios relativos a la independencia del poder judicial, el respeto de las libertades fundamentales, el pluralismo y la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción; pide una mejor coordinación con las demás políticas aplicadas por la Unión de cara a estos países;

3.

Pide a la UE que apoye con energía el proceso de reformas políticas y económicas que se desarrolla en la región empleando todos los instrumentos existentes en el marco de la PEV y, cuando ello sea necesario, adoptando nuevos instrumentos para acompañar de la manera más eficiente posible el proceso de transición democrática, centrándose en el respeto de las libertades fundamentales, la buena gobernanza, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción, y respondiendo así a las necesidades y expectativas de las poblaciones de nuestros vecinos del sur;

4.

Pone de relieve la necesidad de incrementar los fondos destinados a la PEV en el marco financiero plurianual (MFP) después de 2013, dando prioridad a la dimensión meridional de la PEV en respuesta a los últimos acontecimientos; considera que el nuevo MFP debe tener en cuenta las características específicas y las necesidades de cada país;

5.

Subraya que debe presentarse a los países vecinos de la UE una oferta concreta de asociación política e integración económica más estrecha basada en los principios de apertura, copropiedad y condicionalidad; pide que esta oferta se ajuste a las diferentes necesidades específicas de los países y las regiones, con el fin de ofrecer a los socios más adelantados una vía más rápida hacia el cumplimiento de las normas y los valores de la UE;

6.

Pide que se dedique mayor atención a la cooperación con las organizaciones de las sociedades civiles, ya que estas han sido las principales fuerzas motrices que estaban detrás de los levantamientos populares en toda la región;

7.

Destaca la necesidad de facilitar un nivel adecuado de financiación de la UE para la cooperación con los países vecinos e insiste en el valor del IEVA como principal instrumento financiero de la PEV y en que el IEVA debe evolucionar para responder con mayor flexibilidad a las distintas necesidades de los países y regiones vecinos, garantizar la vinculación directa entre los objetivos políticos de la PEV y la programación del IEVA, y reflejar la naturaleza de la futura PEV, basada en los resultados; destaca, sin embargo, la necesidad de garantizar una asistencia mejor focalizada que se dirija, en especial, a la sociedad civil y a las comunidades locales, manteniendo el enfoque ascendente; subraya el valor de los procesos de seguimiento, gestión y aplicación de los diferentes programas del IEVA;

8.

Destaca que deben tomarse todas las medidas necesarias, previendo también recursos financieros, humanos y técnicos apropiados, para que la UE pueda responder adecuadamente en caso de movimientos migratorios masivos, de conformidad con el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

9.

Destaca que la revisión estratégica de la PEV debe abordar adecuadamente las deficiencias de esta política, abogar por un mayor compromiso político de todos los socios y reforzar, al mismo tiempo, la diferenciación basada en los resultados con arreglo a parámetros de referencia claramente definidos; pide que la revisión preste atención a la necesidad urgente de desarrollar la dimensión multilateral, en un esfuerzo por establecer un diálogo político más intenso, continuado y sustancial con los países socios;

10.

Considera especialmente importantes las evaluaciones continuas no solo de los resultados que se han conseguido hasta la fecha con los programas puestos en práctica, sino también de la adecuación de los recursos que se han utilizado en el marco de la asociación; opina que este procedimiento ofrecerá la oportunidad de corregir en el futuro posibles deficiencias y opciones desafortunadas;

11.

Pide al Consejo y a la Comisión que revisen la PEV con respecto a los vecinos meridionales, con vistas a ofrecer los recursos y la ayuda necesarios para una transición auténticamente democrática y de establecer las bases para unas reformas políticas, sociales e institucionales profundas; insiste en que la revisión de la política de vecindad debe dar prioridad a los criterios relativos a la independencia del poder judicial, el respeto de las libertades fundamentales, incluida la libertad de los medios de comunicación, y la lucha contra la corrupción;

12.

Reconoce y subraya la diferencia entre «los vecinos europeos» (países que pueden ingresar oficialmente en la UE después de satisfacer los criterios de Copenhague) y «los vecinos de Europa» (Estados que no pueden adherirse a la UE debido a su posición geográfica);

13.

Opina que es muy importante y urgente revisar y cambiar la estrategia de la UE con respecto al Mediterráneo y que esta nueva estrategia debería dar mayor realce al diálogo político y al apoyo a todas las fuerzas democráticas y sociales, incluidos los representantes de la sociedad civil; pide al Consejo, a este respecto, que defina una serie de criterios políticos que los países de la PEV deban cumplir para que se les pueda conceder un «estatuto avanzado»;

14.

Subraya la necesidad de reconocer y aprovechar los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa, en particular el papel reforzado del Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante, la creación del SEAE y los nuevos poderes del Parlamento Europeo, de modo que se dé una mayor coherencia a la política exterior de la UE y se aumente la eficacia y legitimidad de su dimensión y su acción exteriores; considera que la UE solo podrá desarrollar una política creíble y eficaz en relación con los socios mediterráneos si el Consejo y la Comisión son capaces de extraer las enseñanzas que encierran los acontecimientos pasados y presentes y de hacer un análisis detallado y extenso de las deficiencias de la actual PEV;

15.

Destaca la importancia de la asociación entre la UE y los países vecinos del sur y subraya que esta estrecha cooperación sirve a los intereses de las dos partes;

16.

Considera que la UE debería aprender de los recientes acontecimientos de las regiones vecinas del sur y que la PEV debería revisarse a la luz de los mismos, con miras a establecer una asociación con sociedades y no solo con Estados;

17.

Recuerda la importancia de crear un grupo especial que cuente con la participación del Parlamento y constituya una respuesta a los llamamientos en favor del seguimiento de los procesos de transición democrática hechos por los agentes del cambio democrático, especialmente en lo que se refiere a la organización de elecciones libres y democráticas y a la consolidación de las instituciones, incluido un poder judicial independiente;

18.

Apoya con energía, vistos los recientes acontecimientos en la región, las legítimas aspiraciones democráticas expresadas por los pueblos de varios países vecinos meridionales de la UE, y pide a las autoridades de estos países que garanticen lo antes posible una transición pacífica hacia una auténtica democracia; subraya que la revisión estratégica de la PEV debe tomar plenamente en consideración esta evolución y reflejarla;

19.

Pide, en este contexto, que la UE ofrezca un apoyo de dimensiones importantes a la transformación democrática de los vecinos meridionales en cooperación con las sociedades interesadas, movilizando, revisando y adaptando los instrumentos existentes con el fin de fomentar las reformas políticas, económicas y sociales; pide a este respecto al Consejo y a la Comisión que pongan mecanismos de apoyo financiero transitorios a corto plazo, incluyendo préstamos, a disposición de los países que manifiesten la necesidad de los mismos como consecuencia de los rápidos cambios democráticos y de una caída extraordinaria de la liquidez; pide además a la Comisión, en particular, que revise con la mayor rapidez posible los programas indicativos nacionales 2011-2013 con Túnez y Egipto para tener en cuenta las nuevas necesidades urgentes de estos socios en lo relativo a la construcción de la democracia;

20.

Resalta la importancia de intensificar el diálogo político con los vecinos del sur de la UE; hace hincapié una vez más en que el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos esenciales de dicho diálogo; subraya, en este sentido, la importancia del respeto de la libertad de conciencia, religión y pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa y medios, la libertad de asociación, los derechos de la mujer y la igualdad de género, la protección de las minorías y la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual;

21.

Toma nota de que se ha concedido el estatuto avanzado a algunos países socios o se está negociando dicha concesión; destaca la importancia de adoptar un enfoque más transparente y coherente con respecto a esta diferenciación, para crear un proceso sustancial que culmine en resultados, y de establecer, para evitar la aplicación de dobles raseros, criterios claros que han de cumplirse para que se conceda el estatuto avanzado;

22.

Subraya la necesidad de adaptar los criterios de Copenhague a los requisitos relativos a la concesión del estatuto avanzado; pide a la Comisión que garantice que concederá el estatuto avanzado a terceros países cuando cumplan estos criterios;

23.

Destaca que la lucha contra la corrupción, en particular entre la judicatura y la policía, debe tener para la UE la máxima prioridad en el desarrollo de sus relaciones con los socios del sur;

24.

Insiste en que se le consulte en todas las etapas del proceso de concesión del estatuto avanzado a países socios y sobre la elaboración de los planes de acción de la PEV, teniendo en cuenta su nuevo papel en virtud del Tratado de Lisboa; pide al Consejo y al SEAE que incluyan al Parlamento Europeo en el proceso decisorio de concesión del «estatuto avanzado», desarrollando un mecanismo claro de consulta que deba utilizarse en todas las fases de las negociaciones, también en lo relativo a los criterios que han de cumplirse, así como en la definición y las directrices de los planes de acción;

25.

Hace hincapié en que una asociación eficaz entre la UE y los países vecinos del sur solo puede basarse en la sinergia entre las dimensiones bilaterales y multilaterales interconectadas de este proceso de cooperación, y por consiguiente, lamenta que la PEV no tenga lo suficientemente en cuenta la necesidad de reforzar la dimensión multilateral:

26.

Rinde homenaje a la valentía de los tunecinos, los egipcios y los libios que se han levantado para exigir democracia y libertad, e insta a todas las instituciones de la UE a ofrecer su apoyo más decidido al proceso de transición democrática en esos países;

27.

Deplora las pérdidas de vidas humanas durante los levantamientos pacíficos en Túnez y Egipto, y pide a las autoridades que investiguen los incidentes en cuestión y entreguen a sus responsables a la justicia;

28.

Considera que el conflicto palestino-israelí es el causante de las tensiones políticas en el Oriente Próximo y en el conjunto de la región mediterránea;

29.

Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que trabaje activamente en la resolución de los conflictos y la recuperación de la confianza en la región, garantizando que la UE desempeña un papel activo y no solo el de aportar dinero, particularmente en lo relativo al proceso de paz del Oriente Próximo y a la situación en el Sáhara Occidental; cree que la solución del conflicto es un factor clave para el desarrollo político, económico y social de la región y para el progreso de la dimensión regional de la PEV y de su cooperación multilateral, como la Unión para el Mediterráneo; señala que para lograr el pleno éxito de la PEV en la región meridional vecina de la UE es esencial hallar una solución global para los diversos conflictos, en particular para el conflicto entre árabes e israelíes, que sea conforme al Derecho internacional;

30.

Considera que el diálogo intercultural dentro de la región mediterránea es esencial para acrecentar la comprensión mutua, la solidaridad, la tolerancia y el bienestar de sus poblaciones; espera que en la revisión se examine la posibilidad de desarrollar instrumentos que sirvan a este fin;

31.

Muestra su profunda preocupación por el continuo aplazamiento sine die de la segunda cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UPM y de las reuniones ministeriales, lo que envía un mensaje negativo a la población y las instituciones de la región; considera que la dimisión del Secretario General pone de manifiesto la necesidad de clarificar la naturaleza de los procedimientos e instituciones de la UPM; recuerda que las tensiones políticas y los conflictos regionales en la cuenca del Mediterráneo no deben frenar la posibilidad de lograr avances concretos en la cooperación sectorial y multilateral, y que la contribución de la UPM al desarrollo de un clima de confianza que favorezca el logro de de los objetivos de una justicia y una seguridad comunes dentro de un espíritu de solidaridad y de paz depende de la realización de importantes proyectos de integración y del mantenimiento de un diálogo político abierto;

32.

Deplora la financiación inadecuada destinada a la UPM y el muy escaso grado de compromiso de los Estados miembros a ambas orillas del Mediterráneo; lamenta la indefinición del enfoque de la política mediterránea de la UE y pide que la UE desarrolle una visión estratégica a largo plazo para el desarrollo y la estabilización de la región; insiste en la necesidad de convertir el proceso de integración euromediterránea en una prioridad política de la agenda europea;

33.

Se declara convencido de que la UPM debe relanzarse para tener en cuenta los nuevos acontecimientos en la región; opina que esta nueva UPM debe fomentar un saludable desarrollo económico, social y democrático y crear una sólida base común para unas relaciones estrechas entre la UE y sus vecinos del sur; opina que esta nueva comunidad también permitiría crear nuevas perspectivas de paz duradera en Oriente Próximo, que se integraría en distintas sociedades de la región y no dependería exclusivamente de la frágil voluntad política de sus líderes autoritarios;

34.

Señala que la revisión debería abordar la incapacidad de la UPM para satisfacer las expectativas y evaluar los desafíos que la aguardan, y examinar igualmente nuevas maneras de reforzar los instrumentos bilaterales dentro de la PEV; considera, en este sentido, que deben destinarse más recursos a los ámbitos en los que puedan hacerse progresos tangibles;

35.

Expresa su preocupación por la falta de progresos en la creación de la Zona de Libre Comercio Euromediterránea; pide que se lleven a cabo negociaciones concertadas una vez que se hayan cumplido los requisitos de zonas de libre comercio de gran profundidad y amplitud destinadas a formar la base de la Zona de Libre Comercio Euromediterránea, teniendo debidamente en cuenta las realidades socioeconómicas de cada uno de los países socios y siempre que el impacto social y medioambiental de esos acuerdos se haya evaluado adecuadamente y con tiempo suficiente; lamenta que los diversos agentes no hayan hecho verdaderos progresos en la creación de las condiciones necesarias; alienta asimismo el desarrollo de la cooperación económica bilateral y multilateral Sur-Sur, que reportaría beneficios concretos para los ciudadanos de los países en cuestión, además de mejorar el clima político de la región;

36.

Subraya la necesidad de abordar con precisión los problemas específicos más importantes en cada uno de los países afectados, pero reitera que la situación socioeconómica, en particular la de las generaciones jóvenes, debe ser tratada con especial atención en la PEV;

37.

Considera que una cooperación reforzada subregional entre los Estados miembros y los países de la PEV con preocupaciones, intereses y valores concretos compartidos podría poner en marcha una dinámica positiva en toda la cuenca mediterránea; alienta a los Estados miembros a explorar el potencial de la geometría variable como modelo de cooperación y destaca que la futura PEV debe facilitar y promover este planteamiento, en particular a través de su presupuesto financiero regional;

38.

Considera que en el marco de la dimensión meridional de la Política Europea de Vecindad debe hacerse frente al problema de la inmigración irregular; pide al Consejo y a la Comisión que vigilen la aplicación de los acuerdos con todos los países vecinos meridionales y los acuerdos bilaterales existentes entre los Estados miembros de la UE y todos los agentes regionales en lo relativo a los problemas de la inmigración y, en particular, de la readmisión;

39.

Deplora la asimetría de los planteamientos adoptados por la UE frente a sus vecinos del este y del sur en el ámbito de la movilidad y la política de visados; aboga, en materia de movilidad, por la facilitación de los procedimientos de visado para los países meridionales de la PEV —especialmente para estudiantes, investigadores y empresarios— y por que se adopte una Asociación Euromediterránea para la Movilidad; pone de relieve el importante papel que determinados países de la PEV pueden desempeñar en la gestión de los flujos migratorios; hace hincapié en que la cooperación en la gestión de los flujos migratorios debe ser plenamente coherente con los valores de la UE y las obligaciones jurídicas internacionales; insiste en que los acuerdos de readmisión con los países socios solo deben referirse a los inmigrantes irregulares y excluir, por tanto, a quienes se declaren solicitantes de asilo, refugiados o necesitados de protección, y reitera que el principio de «no devolución» se aplica a quienquiera que esté expuesto a la pena de muerte, a tratos inhumanos o a torturas; pide una cooperación más estrecha para detener el tráfico de seres humanos y la mejora de las condiciones de los trabajadores migrantes tanto en la UE como en los países meridionales de la PEV;

40.

Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante, al SEAE y a la Comisión que anteponga, en el orden del día para sus contactos con los países meridionales de la PEV, las prioridades políticas de la UE en materia de abolición de la pena de muerte, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de las mujeres, y el respeto de las libertades fundamentales, incluida la libertad de conciencia y de religión, la libertad de asociación y de los medios de comunicación, el respeto del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, la lucha contra la tortura y los tratos crueles e inhumanos, la lucha contra la impunidad así como la ratificación de diversos instrumentos del Derecho internacional, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951;

41.

Pide que, en el contexto de la revisión de los acuerdos con los países meridionales de la PVE, se preste una atención renovada al pleno respeto de la libertad de religión, en particular para todas las minorías religiosas, en los países afectados; hace hincapié en que la libertad de religión incluye la libertad de manifestar la propia religión, bien en soledad, bien en comunidad con otros, tanto en público como en la esfera privada, en el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia, y en que esta libertad también debe incluir el derecho a cambiar de religión;

42.

Hace hincapié en que las relaciones contractuales con todos los países de la PEV incluyen disposiciones sobre un foro regular para abordar las cuestiones de derechos humanos, que adopta la forma de un subcomité de derechos humanos; solicita al SEAE que aproveche al máximo estas disposiciones y que haga partícipes a los subcomités existentes en cualquier negociación, para que sean más eficaces y se orienten en mayor medida a los resultados y para garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos; recomienda que se eleve el nivel del grupo informal de trabajo UE-Israel sobre derechos humanos, convirtiéndolo en subcomité; pide al SEAE que participe también en una cooperación estructurada entre el COHOM y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento;

43.

Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante, al SEAE y a la Comisión que se dediquen activamente a promover y proteger la libertad de comunicación y de acceso a la información, incluso en Internet;

44.

Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante, al SEAE y a la Comisión que refuercen el papel de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las organizaciones de mujeres, en el seguimiento de las políticas y en la programación y ejecución de la ayuda mediante un mecanismo específico de creación de capacidad; pone de relieve, a este respecto, la necesidad de reforzar las atribuciones y capacidades de las mujeres, y pide al SEAE y a la Comisión que analicen sistemáticamente el impacto de género de sus proyectos y programas y que aboguen por que los derechos de las mujeres y la igualdad de género se tengan en cuenta en la reforma de las constituciones, los códigos penales, las leyes de familia y otras leyes civiles, así como en los diálogos de derechos humanos mantenidos con los países socios de la PEV; insiste en que la Vicepresidenta/Alta Representante, el SEAE y la Comisión no deben intensificar las relaciones entre terceros países y la UE si los países de que se trate no involucran en grado suficiente a las organizaciones de la sociedad civil en sus políticas; señala que las organizaciones de la sociedad civil son las más fieles y poderosas aliadas de la UE en la promoción de los valores democráticos, la buena gobernanza y los derechos humanos en los países socios; reclama un mayor grado de participación de las autoridades regionales y locales y de las organizaciones profesionales y los interlocutores sociales en la cooperación de la UE con los vecinos del sur; pide al Consejo y a la Comisión que, en este sentido, sigan fortaleciendo y utilizando de manera más eficiente el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

45.

Hace hincapié en la necesidad de integrar la dimensión de género en las políticas y de apoyar acciones específicas para conseguir un planteamiento efectivo y sistemático de igualdad de género en los países de la PEV; insta a los gobiernos y a la sociedad civil a reforzar la inclusión social de las mujeres, luchar contra el analfabetismo femenino y promover el empleo femenino para garantizar una presencia importante de las mujeres en todos los niveles;

46.

Destaca la importancia de una cooperación estructurada en el ámbito de la educación superior y la investigación para alentar el reconocimiento mutuo de títulos y sistemas educativos, con vistas, en particular, a aumentar la movilidad de los estudiantes, investigadores y profesores, con el acompañamiento de medidas para luchar contra la «fuga de cerebros»; saluda, a este respecto, la ayuda prestada por el programa Tempus a la educación superior y los intercambios facilitados por Erasmus Mundus Acción 2, así como la creación de la Universidad Euromediterránea, que se establezca como una red euromediterránea de universidades de las dos riberas;

47.

Subraya el importante papel que desempeñan las autoridades locales en el desarrollo democrático de nuestros países socios, y alienta la ampliación de los programas de hermanamiento entre autoridades locales de la UE y de los países socios;

48.

Pone de relieve la importancia de los sindicatos y del diálogo social como elementos del desarrollo democrático de los socios meridionales; anima a esos países a reforzar los derechos laborales y sindicales; pone de relieve el importante papel que puede desempeñar el diálogo social en relación con los desafíos socioeconómicos de la región;

49.

Insiste en la importancia de un mayor acercamiento entre inversión, formación, investigación e innovación, tratando, en especial, de adaptar la formación a las necesidades del mercado para afrontar los retos socioeconómicos de la región; pide que se preste especial atención a las mujeres y a los grupos desfavorecidos, como los jóvenes; pone de relieve, al mismo tiempo, la enorme importancia de seguir prestando apoyo a los proyectos basados en el desarrollo local para contribuir a revitalizar las ciudades y regiones más vulnerables;

50.

Hace hincapié en que un sistema multimodal de transporte que funcione correctamente y sea eficiente, fiable y seguro es una condición previa necesaria para el crecimiento y el desarrollo económico, ya que fomenta el comercio y la integración entre la Unión Europea y sus socios meridionales mediterráneos; pide a la Comisión que presente una evaluación intermedia del Plan de Acción de Transporte Regional (2007-2013) para el Mediterráneo y que tenga en cuenta sus resultados para futuros planes de acción;

51.

Considera que el desarrollo sostenible debe ser un criterio transversal de la revisión de la PEV, en especial por lo que se refiere a la mejora de la protección ambiental, el desarrollo del abundante potencial de la región en materia de energías renovables y la promoción de políticas y proyectos que faciliten un mejor uso de los escasos recursos hídricos;

52.

Reitera su llamamiento al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE para que fomenten y apoyen un plan integrado para corregir la devastación del río Jordán y sigan facilitando apoyo financiero y técnico para la recuperación del río, especialmente en la región del bajo Jordán, también en el marco de la UPM;

53.

Subraya el elevado potencial de la cooperación en el ámbito de la energía y de las fuentes de energía renovable, como las energías eólica, solar y undimotriz; apoya la aplicación coordinada del Plan Solar Mediterráneo y las iniciativas industriales, que deberían tener por objetivo satisfacer las necesidades primarias de los países socios, así como la adopción de una estrategia euromediterránea de eficiencia energética; destaca la importancia de promover las interconexiones transeuromediterráneas en los sectores de la electricidad, el gas y el petróleo a fin de mejorar la seguridad del suministro de energía mediante la creación de una red inteligente que conecte toda la región euromediterránea;

54.

Recuerda la importancia de la agricultura, que favorece a los agricultores locales, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, de la adaptación al cambio climático, del acceso al agua y a su uso racional y de la energía; recomienda que se dé prioridad a la cooperación agrícola en la PEV, como apoyo a la hoja de ruta euromediterránea para la agricultura y como medio para conseguir la estabilidad de los precios alimentarios a escala nacional, regional y global;

55.

Reitera su llamamiento en favor de la creación de una Fuerza de Protección Civil Euromediterránea, teniendo en cuenta que el aumento de las dimensiones y del número de desastres naturales hacen urgentemente necesario destinar a la protección civil los recursos correspondientes y que una iniciativa de esta naturaleza fortalecería la solidaridad entre los pueblos euromediterráneos;

56.

Subraya la importancia de una cooperación reforzada con las organizaciones regionales multilaterales del Sur, en particular la Liga Árabe y la Unión Africana, con vistas a afrontar con éxito los retos que se presentan en las zonas mencionadas; pide a la Comisión que prevea un nuevo diálogo estructurado con esos foros durante la revisión de la PEV;

57.

Reitera el valor del IEVA como instrumento de financiación de la PEV; destaca, sin embargo, la necesidad de una mayor flexibilidad y de garantizar una asistencia mejor focalizada que se dirija, en especial, a la sociedad civil y a las comunidades locales, manteniendo el enfoque ascendente; pide asimismo un análisis detallado de la eficiencia del IEVA con el fin de que se haga un mejor uso de los instrumentos financieros y los fondos disponibles en las relaciones de la UE con los vecinos del sur y se garantice que la ayuda y la asistencia para el desarrollo se usan adecuadamente en los países beneficiarios; considera de importancia clave la transparencia de la financiación y la inclusión de mecanismos contra la corrupción en los instrumentos de financiación; subraya el valor de los procesos de seguimiento, gestión y aplicación de los diferentes programas del IEVA; pone de relieve la importancia de fortalecer los proyectos transfronterizos, crear programas de conocimiento mutuo entre los pueblos y desarrollar incentivos para la cooperación regional; pide a la Comisión y al SEAE que consulten al Parlamento y a los interlocutores de la sociedad civil en una fase temprana de los trabajos preparatorios del instrumento que sustituya al IEVA;

58.

Pide al Consejo que adopte la propuesta legislativa de modificación del artículo 23 del Reglamento IEVA presentada por la Comisión en mayo de 2008 y aprobada por el Parlamento el 8 de julio de 2008, que permitiría la reinversión de fondos recuperados de operaciones anteriores proporcionando a la UE un instrumento muy necesario para paliar las consecuencias de la actual crisis en la economía real y el impacto de los aumentos sustanciales de los precios alimentarios en las regiones vecinas, en particular del sur;

59.

Hace hincapié en que el IEVA no es el único instrumento disponible para financiar programas y acciones en la PEV e insiste, por lo tanto, en la necesidad de adoptar un planteamiento coherente para el uso de todos los instrumentos financieros; pide, por consiguiente, al SEAE y a la Comisión que presenten un resumen claro de las cantidades asignadas a los distintos países beneficiarios que incluya un desglose por instrumentos;

60.

Destaca la necesidad de aumentar los fondos asignados a la dimensión meridional de la PEV en el próximo MFP de la UE para el periodo 2014-2020 con el fin de garantizar que los fondos estén a la altura de las ambiciones políticas y para aplicar el estatuto avanzado sin que resulten afectadas otras prioridades de la PEV; insiste en la necesidad de respetar el acuerdo alcanzado a raíz de la Declaración de la Comisión al COREPER en 2006, que destina dos tercios de la dotación del IEVA a los países meridionales y un tercio a los orientales, con arreglo a sus pesos demográficos;

61.

Señala, sin embargo, que cualquier incremento de los fondos asignados debe basarse en la evaluación precisa de las necesidades y corresponderse con el incremento de la eficacia de los programas emprendidos, debidamente ajustados y priorizados en función de lo que requiera cada uno de los países beneficiarios;

62.

Saluda la labor realizada por el Instrumento Euromediterráneo de Inversión y Asociación del BEI (FEMIP), resalta la necesidad de prever más sinergias con otras instituciones financieras internacionales que también trabajan en la región, y propone una vez más que se establezca una institución financiera euromediterránea para el codesarrollo de la que el BEI siga siendo parte mayoritaria; apoya el incremento del límite máximo de garantía para el BEI, que le permitirá mantener la intensidad de sus operaciones en la región durante los próximos años; pide al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que cambie sus estatutos para poder participar también en este proceso de asistencia financiera;

63.

Destaca el papel clave del Parlamento Europeo en la promoción de la idea de que la estabilidad y la prosperidad de Europa están estrechamente relacionadas con la gobernanza económica y el progreso económico y social en sus vecinos meridionales de la PEV y en el fomento del debate político, la plena libertad, las reformas democráticas y el Estado de Derecho en sus países socios vecinos, especialmente a través de las delegaciones interparlamentarias y la AP-UPM;

64.

Reitera su compromiso de seguir ejerciendo el derecho de control parlamentario en la aplicación de la PEV, pero también mediante debates frecuentes con la Comisión sobre la aplicación del IEVA; celebra que la Comisión y el SEAE mantengan amplias consultas sobre la revisión de la PEV, y espera que la Comisión y el SEAE garanticen también que el Parlamento sea plena y sistemáticamente consultado sobre la elaboración de los documentos pertinentes, como los planes de acción de la PEV; pide asimismo que se autorice el acceso del Parlamento a los mandatos de negociación de todos los acuerdos internacionales en curso de negociación con los países socios de la PEV, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, que establece que se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento;

65.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países de la PEV, y al Secretario General de la Unión para el Mediterráneo.