El Tratado de Lisboa dispone que la Unión Europea y su mercado interior se basan en «una economía social de mercado altamente competitiva». Para preservar y hacer que prospere este modelo en un entorno económico y financiero difícil, la UE ha adoptado la Estrategia Europa 2020, destinada a crear las condiciones para un crecimiento más inteligente, más sostenible y más integrador. Varias ambiciosas iniciativas políticas tratan de dar concreción real a estos objetivos:

– En abril de 2011, para dar nuevo impulso al mercado interior, en el Acta del Mercado Único[1] (AMU) se quiso destacar la importancia de los aspectos humanos y la confianza como motores de la economía y la integración europeas reforzando las consideraciones sociales en la aplicación de las políticas relacionadas con la promoción de las empresas. Esto implica reforzar la responsabilidad de las empresas con respecto a su entorno social y pone de relieve el lugar especial que pueden ocupar las empresas responsables y sociales.

– Paralelamente, la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» promueve el concepto de innovación social, que para las asociaciones y los emprendedores sociales consiste en poner su creatividad al servicio de grupos vulnerables y de necesidades sociales apremiantes no satisfechas por el mercado o por los poderes públicos. 

– A finales de 2010, con la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social  se propuso una estrategia global para coordinar las políticas nacionales y europeas con el fin de hacer a Europa más inclusiva, y de «aprovechar el potencial de la economía social» en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

– En su Comunicación «Una política industrial integrada para la era de la globalización», la Comisión observa que «se necesita un planteamiento nuevo respecto al equilibrio entre una maximización de beneficios a corto plazo y una creación de valor sostenible a largo plazo»[2].

Están en juego el crecimiento y la competitividad, que únicamente podrán lograrse con el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos de nuestra Unión. Tenemos que aprovechar la capacidad de Europa para la innovación y la creatividad, manteniéndonos fieles a nuestros valores: la responsabilidad y la transparencia, pero también la justicia, la inclusión social y la solidaridad. Este nuevo crecimiento integrador y sostenible, orientado hacia el empleo para todos, depende en primer lugar de la restitución de la economía real basada en empresas creadoras de valor y gobernadas de manera transparente y responsable.

En relación con lo expuesto, el paquete «Empresas responsables» propone un conjunto de medidas e iniciativas para consolidar y hacer que crezca nuestro modelo económico y social, piedra angular de la vida en común de 500 millones de europeos. A través de esta iniciativa, la Comisión quiere incentivar y ayudar al mundo empresarial para que participe en nuestro esfuerzo común por volver a situar la responsabilidad, la confianza y la inclusión social en el centro de un modelo económico más sostenible en nuestro continente, porque no puede haber rendimiento económico sostenible sin cohesión social.  En este contexto, la Comisión apoya sin reservas las actividades empresariales e innovadoras que contribuyen a aumentar la tasa de empleo y la inclusión social, al mismo tiempo que mejoran la competitividad global de la economía europea.

La Comisión responde así a las opiniones expresadas por los agentes en las consultas y debates públicos celebrados en la Unión Europea desde 2010 y se hace eco del gran interés que estas cuestiones suscitan.

El paquete «Empresas responsables» está compuesto por los siguientes documentos:

– la presente Comunicación «marco»;

– la propuesta de revisión de las Directivas contables[3];

– la propuesta de revisión de la Directiva sobre la transparencia[4];

– la Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE)[5];

– la Comunicación «Iniciativa en favor del emprendimiento social»[6].

Responde a dos objetivos:

· Crear un entorno económico más favorable a la creación y la innovación y que refuerce la confianza en el mundo de la empresa, mediante la simplificación de las cargas y los obstáculos administrativos que afectan sobre todo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), para permitirles liberar y realizar su potencial de crecimiento. En concreto, habrá que ajustar mejor las normas de transparencia en la contabilidad y las actividades de las empresas, lo cual podría generar una reducción de los costes administrativos de hasta 2 300 millones de euros.

· Expresar las ideas y los proyectos de la Comisión en relación con el emprendimiento responsable y social en la sociedad. Se trata en particular de reflexionar sobre el lugar que le corresponde a la empresa en la sociedad y el entorno en el que actúan los emprendedores que quieren sacar adelante proyectos innovadores, económicamente viables y de gran repercusión social. 

1. Crear un entorno económico más sostenible, en particular para las PYME

El propósito de las dos iniciativas legislativas de este paquete es reforzar la confianza en el funcionamiento de las empresas europeas.

Las Directivas contables tratan de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas de las sociedades de capital en Europa. Reducen la carga administrativa que soportan las PYME creando un régimen simplificado para las empresas pequeñas. Aportan mayor claridad y comparabilidad entre las cuentas anuales para las sociedades con una marcada dimensión transfronteriza y en las que participa un número elevado de terceros. Por último, protegen a los usuarios preservando la información que necesitan.

Con la modernización de la Directiva sobre la transparencia la Comisión quiere favorecer el acceso a los mercados regulados de las pequeñas y medianas empresas con cotización en bolsa. De este modo, la supresión de la obligación de publicar información trimestral debería reducir los costes de cotización para las pequeñas y medianas empresas cotizadas, además de fomentar la inversión a medio y largo plazo y promover así una inversión socialmente responsable.

Estas iniciativas sobre las normas contables y la transparencia tienen asimismo por objeto mejorar la transparencia de los países ricos en recursos, también dentro de la Unión Europea, haciendo que las empresas de la industria extractiva y de explotación forestal deban rendir cuentas. Las empresas de las industrias extractiva y de explotación forestal con cotización en los mercados europeos, así como las grandes sociedades no cotizadas, publicarán un informe sobre los pagos que realizan a los Gobiernos, donde los detallarán por países y —cuando los pagos estén atribuidos a un proyecto específico— por proyectos, con un umbral de materialidad. Estos informes proporcionarán a la sociedad civil de los países ricos en recursos bastante más información sobre lo que pagan exactamente las empresas europeas a los Gobiernos de acogida a cambio del derecho a extraer recursos naturales de esos países.

Cabe señalar que estas propuestas se completarán en 2012 con una propuesta legislativa encaminada a favorecer la divulgación de información no financiera.

2. Reflexionar sobre el lugar que ocupa en la sociedad la empresa responsable y social

Las dos Comunicaciones, complementarias, son el resultado de una labor conjunta de la Comisión y de un importante trabajo previo de consulta y debate.

En la Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) se presenta una estrategia para que todas las empresas puedan contribuir mejor a la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 realizando su potencial para crear valor accionarial y social. En ella se propone una definición modernizada de la RSE, coherente con los principios y directrices reconocidos internacionalmente. Se analizan los medios para dar a conocer y recompensar mejor las prácticas responsables de las empresas, tanto en las políticas públicas (inversiones, contratos públicos, transparencia de la información no financiera) como por los agentes privados (consumidores e inversores). Se revisa la aplicación de los principios y directrices reconocidos internacionalmente, y se señalan opciones para la aplicación de los principios de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos. Se apela a los Estados miembros para desarrollar verdaderas estrategias de RSE, se lanza un debate sobre los retos que afronta la sociedad (cambio demográfico, salud, bienestar en el trabajo, desarrollo local, etc.) y se recuerda la importancia de la RSE en el mundo de la educación.

La Iniciativa en favor del emprendimiento social, por su parte, trata más específicamente de un tipo de empresas que asumen como misión primordial, al mismo tiempo que llevan a cabo una actividad económica generadora de beneficios, servir al interés general en los ámbitos social y medioambiental.  Estas empresas, que representan una parte significativa y cada vez mayor de la economía europea y participan también en el reforzamiento de la economía social como tal, existen ya en todos los Estados miembros. A menudo pioneras de la innovación social y el cambio, utilizan modelos de organización diversos —tanto sociedades de capital como cooperativas, mutuas, asociaciones o fundaciones— y tienen en común que reinvierten los beneficios obtenidos (o, al menos, una gran parte de ellos) en la realización de su objetivo social. Pese a su participación en las iniciativas ciudadanas y comunitarias, a través de las cuales generan nuevos contactos y vínculos entre los agentes, su visibilidad y su reconocimiento entre la población, así como en el mundo político y de los inversores, son escasos. En consecuencia, el objetivo de esta Comunicación es desarrollar un entorno favorable a las empresas sociales para fomentar en el mercado único el desarrollo de iniciativas innovadoras, viables económicamente y de alto impacto social. En la Comunicación se examina si el modo de funcionamiento, las especificidades y los objetivos de este tipo de empresas se tienen debidamente en cuenta en todos los ámbitos de elaboración o desarrollo de las políticas europeas. Por ello, se prevén medidas para facilitar el acceso de las empresas sociales a la financiación (privada y pública), para mejorar su visibilidad y su reconocimiento y para crear un entorno normativo más propicio, tanto por lo que respecta al Derecho de sociedades como a la contratación pública y las ayudas estatales.

[1]               «Acta del Mercado Único: Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza», COM(2011) 206 final, de 13 de abril de 2011.

[2]               COM(2010) 614 final/2 de 17 de noviembre de 2010.

[3]               COM(2011) 684 final.

[4]               COM(2011) 683 final.

[5]               COM(2011) 681 final.

[6]               COM(2011) 682 final.