(1)

Con vistas a la instauración progresiva de un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la aprobación de medidas en materia de asilo, inmigración y protección de los derechos de los nacionales de terceros países.

(2)

El Consejo Europeo reconoció, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, la necesidad de una aproximación de las legislaciones nacionales relativas a las condiciones de admisión y residencia de los nacionales de terceros países. En este contexto, el Consejo Europeo afirmó que la Unión debe garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de un Estado miembro y que una política de integración más firme debe encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello, el Consejo Europeo pidió que el Consejo adoptara rápidamente instrumentos jurídicos, basados en propuestas de la Comisión. La necesidad de alcanzar los objetivos definidos en Tampere se reafirmó en el programa de Estocolmo adoptado por el Consejo Europeo de 10 y 11 de diciembre de 2009  (4).

(3)

▐ La introducción de un procedimiento único nacional de solicitud que conduzca, en un solo acto administrativo, a la concesión de un título combinado que incluya el permiso de residencia y de trabajo de contribuir a simplificar y armonizar las ▐ normas actualmente aplicables en los Estados miembros. Tal simplificación de los procedimientos ya ha sido establecida por varios Estados miembros, y además de permitir a los migrantes y a sus empleadores disponer de un procedimiento más eficaz, ha facilitado el control de la legalidad de la residencia y el empleo de los migrantes.

(4)

Con el fin de autorizar la primera entrada en su territorio, los Estados miembros deben poder expedir de forma oportuna un permiso único o, si expiden tales permisos exclusivamente en su territorio, un visado.

(5)

Conviene establecer un conjunto de normas destinadas a regular el procedimiento de examen de las solicitudes de permiso único. Estos procedimientos deben ser eficaces y gestionables en relación con la carga normal de trabajo de las Administraciones de los Estados miembros, así como transparentes y equitativos, con el fin de ofrecer un nivel adecuado de seguridad jurídica a las personas interesadas.

(6)

Las condiciones y criterios sobre la base de los cuales puede denegarse una solicitud de permiso único deben ser objetivos y estar fijados en el Derecho nacional, incluida la obligación de respetar el principio de preferencia de laUnión, tal como se consagra en particular en las disposiciones pertinentes de las Actas de adhesión de 16 de abril de 2003 y de 25 de abril de 2005. Toda decisión de denegación debe estar debidamente motivada.

(7)

El permiso único debe ajustarse a las disposiciones del Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para los nacionales de terceros países (5), que permite a los Estados miembros añadir datos adicionales , en particular para indicar si el interesado está autorizado a trabajar. Conviene – también a efectos de un mejor control de la migración – que los Estados miembros hicieran figurar no sólo en el permiso único, sino en todos los permisos de residencia expedidos, la información acerca de la autorización para trabajar, independientemente del tipo de permiso de residencia sobre la base de la cual el nacional de un tercer país haya sido admitido en su territorio y autorizado a trabajar. ▐

(8)

La obligación de los Estados miembros de determinar si la solicitud de un permiso único debe presentarla el nacional del tercer país o el empleador que le contrata no debe afectar a los regímenes que exijan que ambas partes participen en el procedimiento. Compete a los Estados miembros determinar si la solicitud de permiso único ha de presentarse en el Estado miembro de acogida o desde el tercer país. En caso de que no se permita que el nacional de un tercer país presente la solicitud desde un tercer país, los Estados miembros deben garantizar que el empresario pueda presentar la solicitud en el Estado miembro de acogida.

(9)

Las disposiciones de la presente Directiva sobre los permisos de residencia para fines distintos de los laborales deben aplicarse sólo al formato de esos permisos y entenderse sin perjuicio de las normas nacionales o de la Unión sobre los procedimientos de admisión y los procedimientos de expedición de dichos permisos.

(10)

Las disposiciones de la presente Directiva sobre el procedimiento único de solicitud y sobre el permiso único no afectan al visado uniforme ni al visado para estancias de larga duración.

(11)

El plazo para adoptar la decisión sobre la solicitud no debe incluir el tiempo necesario para reconocer las cualificaciones profesionales ni el tiempo necesario para expedir el visado. La presente Directiva no afecta a los procedimientos nacionales sobre el reconocimiento de títulos.

(12)

La designación de la autoridad competente a efectos de la presente Directiva no afecta a la función ni a las competencias de las demás autoridades ni, cuando proceda, de los interlocutores sociales, por lo que respecta al examen de la solicitud y a la decisión adoptada al respecto.

(13)

Las disposiciones de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros de decidir sobre la admisión —incluidos los volúmenes de admisión— de nacionales de terceros países a efectos de empleo.

(14)

Los nacionales de terceros países que se encuentren en posesión de un documento de viaje válido y de un permiso único expedido por un Estado miembro que aplique íntegramente el acervo de Schengen debe poder entrar y desplazarse libremente por el territorio de los Estados miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen, durante un período no superior a tres meses, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (6) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acervo de Schengen - Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen) (7).

(15)

En ausencia de legislación de la Unión , los derechos de los nacionales de terceros países varían en función de su nacionalidad y del Estado miembro en el que trabajen. Con el fin de seguir elaborando una política de inmigración coherente, reducir la desigualdad de derechos existente entre los ciudadanos de la Unión y los nacionales de terceros países que trabajan legalmente en un Estado miembro, y completar el acervo existente en materia de inmigración, conviene establecer un conjunto de derechos especificando, en particular, los ámbitos en los que debe garantizarse la igualdad de trato de los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro pero que aún no tienen el estatuto de residentes de larga duración con los trabajadores nacionales. El objetivo consiste en establecer unas condiciones mínimas de igualdad en toda la Unión, reconocer que los nacionales de terceros países que trabajan legalmente en un Estado miembro contribuyen, mediante su trabajo y los impuestos que pagan, a la prosperidad de la economía europea, y establecer una protección contra la competencia desleal entre trabajadores nacionales y trabajadores migrantes a causa de la posible explotación de estos últimos. La definición de «trabajador de un tercer país» incluida en la presente Directiva, y sin perjuicio de la interpretación del concepto de relación laboral en otros actos jurídicos de la Unión, cubre a todo nacional de un tercer país que haya sido admitido en el territorio de un Estado miembro, resida legalmente en él y al que se haya autorizado a trabajar de conformidad con el Derecho o la prácticas nacionales en dicho Estado miembro. [Enm. 123]

(16)

Todos los nacionales de terceros países que residan y trabajen legalmente en un Estado miembro deben gozar al menos de un conjunto común de derechos en forma de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida, independientemente del propósito inicial o del motivo de la admisión en su territorio. El derecho a la igualdad de trato en los ámbitos precisados en la presente Directiva debe garantizarse no sólo a los nacionales de terceros países admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de empleo, sino también a los admitidos con otros fines y que posteriormente hayan sido autorizados a trabajar de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, incluidos los admitidos de acuerdo con la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (8), con la Directiva del Consejo 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (9) y con la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (10).

(17)

Los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración de conformidad con la Directiva 2003/109/CE (11) no están cubiertos por la presente Directiva, debido a su estatuto más privilegiado y a la especificidad de su permiso de residencia, que lleva la mención «residente de larga duración – UE».

(18)

Los nacionales de países terceros desplazados no están cubiertos por la presente Directiva. Ello no debe impedir que los nacionales de terceros países que residan y trabajen legalmente en el territorio de un Estado miembro y que estén destinados a otro Estado miembro se beneficien del mismo trato que los nacionales del Estado miembro de origen durante su desplazamiento por lo que se refiere a las condiciones de empleo que no se ven afectadas por la aplicación de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (12). ▐.[Enms. 122 y 124 ]

(19)

Los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro para trabajar con carácter estacional ▐ deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, dada su situación temporal.

(20)

El derecho a la igualdad de trato en algunos ámbitos específicos debe vincularse estrictamente con el estatuto de residente legal y con la condición de obtener acceso al mercado laboral de un Estado miembro, consagrados en el permiso único que autoriza la residencia y el trabajo, o en los permisos de residencia expedidos con otros fines y que contengan la indicación de que se autoriza al interesado a trabajar.

(21)

En la presente Directiva se entiende que las condiciones laborales abarcan como mínimo las condiciones relativas al salario y el despido, a la salud y la seguridad en el trabajo, y al tiempo de trabajo y las vacaciones, teniendo en cuenta los convenios colectivos en vigor. [Enms. 122 y 125]

(22)

Las cualificaciones profesionales adquiridas por nacionales de terceros países en otro Estado miembro deben reconocerse igual que se reconocen las adquiridas por ciudadanos de la Unión, y las cualificaciones adquiridas en un tercer país deben tenerse en cuenta de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (13). El derecho a la igualdad de trato reconocido a los trabajadores de terceros países en lo que respecta al reconocimiento de diplomas, certificados y otras cualificaciones profesionales de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables, se entiende sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para admitir a los trabajadores de terceros países en su mercado laboral. [Enms. 122 y 126]

(23)

Los trabajadores de terceros países ▐ deben beneficiarse de una igualdad de trato en materia de seguridad social. Las ramas de la seguridad social se definen en el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social  (14). Las disposiciones relativas a la igualdad de trato en materia de seguridad social contenidas en la presente Directiva se aplican también a los trabajadores que llegan a un Estado miembro procedentes directamente de un tercer país. No obstante, la presente Directiva no debe conceder a los trabajadores de terceros países más derechos que los ya previstos en la legislación de la Unión vigente en el ámbito de la seguridad social para los nacionales de terceros países cuyo estatuto dependa de más de un Estado miembro. La presente Directiva tampoco debe conceder derechos en relación con situaciones que no entren dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, como el caso de familiares residentes en un tercer país. La presente Directiva solo concede derechos en relación con aquellos familiares que se reúnan con el trabajador de un tercer país para residir en un Estado miembro por motivos de reunificación familiar, o con aquellos familiares que ya residan legalmente en un Estado miembro con el trabajador de un tercer país. [Enms. 122 y 127]

(24)

El Derecho de la Unión no limita la potestad de los Estados miembros de organizar sus regímenes de seguridad social. En ausencia de armonización a escala de la Unión, corresponde a cada Estado miembro regular en su legislación las condiciones de concesión de prestaciones de la seguridad social, la cuantía de tales prestaciones y el periodo durante el cual se conceden. Sin embargo, al ejercer esta facultad, los Estados miembros deben cumplir con el Derecho de la Unión. [Enms. 122 y 128]

(25)

Los Estados miembros deben conceder al menos el mismo trato a los nacionales de terceros países que tengan un empleo o a aquellos que, tras un período de empleo, pasen a estar inscritos como desempleados. Toda restricción de la igualdad de trato en materia de seguridad social en virtud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos concedidos en aplicación del Reglamento (UE) no 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 y el Reglamento (CE) no 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos  (15). [Enm. 130]

(26)

La igualdad de trato de los trabajadores de terceros países no afecta a las medidas en el ámbito de la formación profesional que estén financiadas con cargo a regímenes de asistencia social. [Enms. 122 y 129]

(27)

Dado que los objetivos de la presente Directiva , a saber, establecer un procedimiento único de solicitud para la expedición de un permiso único que autorice a los nacionales de terceros países a trabajar en el territorio de un Estado miembro y garantice derechos a los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden por tanto, debido a las dimensiones y efectos de la acción considerada, realizarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(28)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea ▐.

(29)

La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de las disposiciones más favorables contenidas en el Derecho de la Unión y en los instrumentos internacionales.

(30)

Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, riqueza, nacimiento, minusvalías, edad u orientación sexual, en virtud, en particular, de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (16) y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (17).

(31)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva, y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

(32)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva, y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

a)

un procedimiento único de solicitud para la expedición de un permiso único que autorice a los nacionales de terceros países a residir con fines de empleo en el territorio de un Estado miembro, con el objetivo de simplificar los procedimientos de admisión de estas personas y de facilitar el control de su situación, y

b)

un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro , con independencia de los fines de su admisión en el territorio de dicho Estado miembro, basado en la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro.

a)

los nacionales de terceros países que soliciten la residencia con fines de empleo en el territorio de un Estado miembro ;

b)

los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines distintos del trabajo de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, tengan permiso de trabajo y se les haya expedido un permiso de residencia de conformidad con el Reglamento (CE) no 1030/2002; y

c)

los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de empleo de conformidad con la legislación nacional o de la Unión.

a)

que sean miembros de las familias de ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho a la libre circulación dentro de la Unión, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros  (18);

b)

que gocen, igual que los miembros de sus familias e independientemente de su nacionalidad, de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros o entre la Unión y terceros países;

c)

que estén desplazados ;

d)

que hayan solicitado la admisión en el territorio de un Estado miembro como trabajadores trasladados dentro de una empresa o hayan sido admitidos como tales ;

e)

que hayan solicitado la admisión, o hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro como trabajadores temporeros o como «au pair» ;

f)

que hayan sido autorizados a residir en un Estado miembro en virtud de la protección temporal o hayan solicitado la autorización de residencia por el mismo motivo y estén a la espera de una decisión sobre su situación;

g)

que sean beneficiarios de protección internacional en virtud de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida  (19) o que hayan solicitado protección internacional en virtud de dicha Directiva sin que haya recaído aún una decisión definitiva sobre dicha solicitud;

h)

que gocen de protección de conformidad con el Derecho nacional, las obligaciones internacionales o las prácticas del Estado miembro, o que la hayan solicitado de conformidad con el Derecho nacional, las obligaciones internacionales o las prácticas del Estado sin que haya recaído aún una decisión definitiva sobre dicha solicitud;

▐

i)

que sean residentes de larga duración de conformidad con la Directiva 2003/109/CE;

j)

cuya expulsión se haya suspendido por motivos de hecho o de derecho;

k)

que hayan solicitado la admisión o hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro como trabajadores autónomos;

l)

que hayan solicitado la admisión o hayan sido admitidos como gente de mar a efectos de empleo o trabajo en cualquier calidad a bordo de buques matriculados en un Estado miembro o que enarbolen pabellón de éste.

a)

incluirán indicaciones sobre el permiso de trabajo, independientemente del tipo de permiso de que se trate y

b)

no expedirán permisos suplementarios ▐ como prueba de la autorización de acceso al mercado laboral.

a)

entrar ▐ y residir en el territorio del Estado miembro que haya expedido el permiso único , siempre que el titular reúna todos los requisitos de admisión de conformidad con el Derecho nacional ;

▐

b)

gozar de libre acceso a todo el territorio del Estado miembro que haya expedido el permiso único , dentro de los límites previstos por el Derecho nacional ▐;

c)

ejercer la actividad profesional específica autorizada en virtud del permiso único , de conformidad con el Derecho nacional ;

d)

estar informado de los derechos que le confiere el permiso único en virtud de la presente Directiva y/ o del Derecho nacional.

a)

las condiciones laborales, incluso en materia de salario y despido, así como en materia de salud y seguridad en el trabajo;

b)

la libertad de asociación, afiliación y compromiso en una organización de trabajadores o empleadores o en cualquier organización profesional, incluidas las ventajas que puedan resultar, sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de orden público y seguridad pública;

c)

la educación y la formación profesional;

d)

el reconocimiento de títulos, certificados y otras cualificaciones profesionales, de acuerdo con los procedimientos nacionales aplicables;

e)

las ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento ( CE) no 883/2004 ;[Enms. 122 y 132]

▐

f)

las ventajas fiscales , siempre que se considere que el trabajador tiene su residencia fiscal en el Estado miembro de que se trate ;[enms 122 y 133]

g)

el acceso a los bienes y servicios y la obtención de bienes y servicios ofrecidos al público, incluidos los procedimientos de acceso al alojamiento y la asistencia y los servicios de asesoría ofrecidos por las oficinas de empleo según lo establecido en el Derecho nacional; lo dispuesto en la presente letra no afectará a la libertad de contratación de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión. [Enm. 134]

a)

en lo que respecta al apartado 1, letra c):

▐ [Enms. 122 y 136]

b)

limitando los derechos conferidos por el apartado 1, letra e), a los trabajadores de terceros países , pero sin restringir dichos derechos para los trabajadores de terceros países que tienen un empleo o que lo hayan tenido durante un periodo mínimo de seis meses y que estén registrados como desempleados .

▐ [Enms. 122 y 137]

c)

en lo que respecta al apartado 1, letra f) por lo que concierne a los beneficios fiscales, limitando su aplicación a los casos en los que el lugar de residencia registrado o habitual de los miembros de la familia del trabajador de un país tercero para los que éste solicita tales beneficios se encuentre en el territorio del Estado miembro en cuestión. [enms 122 y 140]

d)

en lo que respecta al apartado 1, letra g) ▐ :

a)

del Derecho de la Unión , incluidos los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión , o la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros países, por otra parte;

b)

de los acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países.