Resolución del Comité de las Regiones — «Una mejor herramienta para aplicar la Estrategia UE 2020: directrices integradas para las políticas económica y de empleo de los Estados miembros y la Unión»

1. respalda la propuesta de reducir el número global de directrices generales de política económica y de empleo y de integrarlas en un documento coherente en consonancia con la Estrategia Europa 2020;

2. reconoce que, aunque estas directrices estén dirigidas a los Estados miembros, la Estrategia Europa 2020 debería aplicarse en colaboración con las autoridades regionales y locales, que, teniendo en cuenta sus competencias y capacidades en los ámbitos cubiertos por estas directrices y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, son necesarias para la elaboración de los programas nacionales de reforma, para su aplicación y para la comunicación general sobre la Estrategia;

3. pide a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que respeten y apoyen el enfoque de abajo arriba en las áreas políticas pertinentes para las autoridades regionales y locales y en términos de gobernanza y apropiación de la Estrategia Europa 2020, mediante un diseño flexible y de niveles múltiples de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 y de los Programas nacionales de reforma. A este respecto, acoge con satisfacción la reciente referencia del Parlamento Europeo a la importancia de la participación de las autoridades locales y regionales en la Estrategia;

4. pone de relieve que la Estrategia Europa 2020 debe aplicarse con la debida consideración del objetivo de cohesión territorial contemplado en el Tratado de Lisboa;

5. pide una aclaración de las implicaciones presupuestarias que tienen las medidas propuestas en la Estrategia Europa 2020 para garantizar que el próximo marco financiero refleje íntegramente las prioridades establecidas en la Estrategia Europa 2020. Esta aclaración debería abarcar también una evaluación de impacto de nuevos instrumentos financieros de la UE, así como de un nuevo sistema de recursos para la UE;

DIRECTRICES GENERALES PARA LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DE LA UE

6. expresa su apoyo a una coordinación económica y fiscal adecuada, tanto a nivel de la UE como entre los Estados miembros, con objeto de resolver los problemas que ya tienen las finanzas públicas en el contexto de la actual crisis financiera, económica y social;

7. celebra la iniciativa de la UE de supervisar más estrechamente la disciplina presupuestaria de los Estados miembros y revisar de manera sustancial la regulación de los mercados financieros;

8. apoya el llamamiento efectuado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 10 de marzo de 2010 a la Comisión y al Consejo para que evalúen el potencial de las diferentes opciones de impuestos sobre las transacciones financieras para contribuir al presupuesto de la UE;

9. apoya las recomendaciones formuladas por Mario Monti en su informe del 9 de mayo de 2010 dirigido al Presidente Barroso «Una nueva estrategia para el mercado único», en el que propugna una mayor coordinación europea de la fiscalidad a fin de eliminar los obstáculos fiscales en el mercado interior y abordar los aspectos negativos para el empleo de la competencia fiscal dentro de la UE;

10. destaca que la estabilidad monetaria a largo plazo únicamente puede lograrse mediante una consolidación convincente y un endurecimiento del Pacto de Estabilidad. Puede apoyarse consolidando perspectivas de crecimiento a largo plazo para todos los países y territorios de la UE a través de una combinación de políticas estructurales en favor de un crecimiento sostenible (Estrategia Europa 2020) y de política de cohesión, a las que habría que facilitar recursos adecuados;

11. aboga por un mayor hincapié en la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, que deberían centrarse en inversiones públicas en sectores innovadores desde el punto de vista medioambiental y social;

12. se opone enérgicamente a la propuesta formulada por la Comisión Europea en su Comunicación de 12 de mayo de 2010 sobre una gobernanza económica reforzada en el sentido de suspender el Fondo de Cohesión para los Estados miembros que estén sometidos a un procedimiento de déficit excesivo (PDE). Esta propuesta tendría un carácter discriminatorio por tres razones: i) distingue la política de cohesión por ser la única política de la UE en la que se impondrían sanciones; ii) la suspensión afectaría desigualmente a regiones y ciudades, y iii) sería injusta habida cuenta de la desigual asignación de recursos del Fondo de Cohesión entre los Estados miembros;

13. reitera firmemente que hay que consolidar la política de cohesión por ser la única política de la UE que ofrece un enfoque del desarrollo integrado y de base local que permite la combinación de prioridades europeas con particularidades locales y regionales y que plantea también la reducción de disparidades entre regiones y en el interior de éstas;

14. considera que la evaluación del crecimiento debería referirse no sólo a las cifras del PIB, sino también a la distribución del crecimiento y a objetivos mensurables en relación con el agotamiento de los recursos naturales;

15. celebra el desarrollo de estrategias regionales de investigación e innovación que estimulan la cooperación de autoridades públicas, universidades y sector privado, generando así empleo y crecimiento sostenible en regiones y ciudades;

16. recuerda que las autoridades locales y regionales tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente. Pueden obtener beneficios importantes del necesario cambio a una economía baja en carbono si se establece un marco europeo adecuado que permita la anticipación de cambios tecnológicos, así como la adaptación de los perfiles educativos y de formación profesional y el fomento de contrataciones públicas ecológicas. Apoya, en este contexto, la iniciativa «Pacto de los Alcaldes» y su ampliación al nivel regional;

17. considera que el apoyo al espíritu empresarial es crucial para que las ideas creativas se transformen en productos, servicios y procesos innovadores que puedan generar crecimiento, empleos de calidad y cohesión territorial, económica y social; anima, asimismo, a las autoridades locales y regionales a mejorar las condiciones de funcionamiento de las PYME en consonancia con la iniciativa «Small Business Act», en particular aprovechando plenamente el potencial de los servicios administrativos en línea, y reconoce en este contexto el importante papel que pueden desempeñar para ayudar a la economía mediante un crecimiento inteligente gracias al apoyo a las mujeres empresarias. Pide que se cree un marco europeo de desarrollo económico de las mujeres como medio de abordar las disparidades existentes en los Estados miembros, luchar contra la pobreza infantil, facilitar el equilibrio entre la vida profesional y familiar, y aumentar el potencial de crecimiento y el desarrollo regional de una base creciente de pequeñas y medianas empresas;

18. reitera que, al ser los interlocutores sociales, incluidas las autoridades locales y regionales, grandes empleadores en los Estados miembros de la UE, y por el papel que a menudo desempeñan en brindar educación, formación y medidas que apoyan el mercado de trabajo, resultan fundamentales a la hora de aplicar políticas de flexiguridad. Las regiones y los municipios deberían, pues, participar desde el principio en la elaboración de las políticas para contribuir a dinamizar los mercados laborales y ayudar a los ciudadanos a incorporarse al trabajo;

19. observa que la planificación y financiación integradas a largo plazo de los sistemas de educación pública, las infraestructuras de transporte, las guarderías y los centros de enseñanza son cruciales para el desarrollo de mercados de trabajo regionales sostenibles;

20. recuerda que las autoridades locales y regionales son actores centrales en el proceso de aplicación de estas políticas para lograr los objetivos estratégicos referentes a la calidad de la educación, a su relevancia y a la participación en la misma, así como en la prevención del abandono escolar temprano;

21. recuerda que, en un período de desempleo creciente, los jóvenes tienen dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y necesitan conocer mejor las diversas opciones de que disponen, con el fin de asegurar una transición sin contratiempos de la formación o al mercado de trabajo o a la vida activa como empresarios creadores de empleo. Espera, pues, que el Pacto europeo para la juventud se incluya en las directrices y que en las escuelas se promueva de manera más activa el espíritu empresarial;

22. pide que se adopten medidas específicas para los trabajadores de más edad que se encuentran en el paro debido a la crisis económica, a fin de capacitarles con nuevas y mejores competencias que les abran nuevas oportunidades de empleo;

23. destaca que, para lograr la reducción propuesta del 25 % en el número de europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, se debería asignar una financiación adecuada a las autoridades locales y regionales, en la medida en que asumen responsabilidades jurídicas de organización, financiación y aplicación de políticas activas de inserción, así como para fomentar el objetivo del empleo digno. La celebración del año 2010 como año de lucha contra la pobreza y la exclusión social es la ocasión apropiada para resaltar estos hechos, que pueden deteriorarse aún más dada la actual crisis financiera y económica;

24. destaca que el acceso a los servicios de interés general, como los servicios sociales, la integración en el mercado laboral y la adaptación a los cambios estructurales, así como a las políticas sociales, económicas y culturales de inserción están, inicialmente, a cargo de las autoridades locales y regionales; por lo tanto, las directrices de empleo deben establecer un marco apropiado e instrumentos financieros adecuados para ayudar a las autoridades locales y regionales a ejercer estas responsabilidades.

Bruselas, 10 de junio de 2010

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO