31.5.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 161/112

A.

Considerando las preocupaciones expresadas en la Comunicación de la Comisión con respecto a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en el contexto del elevado déficit y los niveles de endeudamiento, en particular a la vista del envejecimiento demográfico, y que se calcula que el efecto que tiene el envejecimiento sobre la sostenibilidad en la mayoría de los Estados miembros es entre cinco y veinte veces mayor que los efectos de la actual crisis económica,

B.

Considerando que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), a pesar de su revisión en 2005, no bastó para evitar la crisis actual,

C.

Considerando la necesidad urgente de profundizar en el estudio del fenómeno de la caída de la natalidad en la Unión Europea, así como de sus causas y consecuencias, para invertir esta preocupante tendencia,

D.

Considerando que la política fiscal no es sostenible si implica una acumulación excesiva de deuda pública con el tiempo,

E.

Considerando que, habida cuenta de las previsiones de la Comunicación y del hecho de que el envejecimiento de la población tendrá repercusiones graves en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de los países europeos, un horizonte hasta 2060 parece adecuado,

F.

Considerando que el aumento de la deuda y del déficit afrontado por los Estados miembros durante la crisis y la evolución demográfica prevista pondrán en un brete la sostenibilidad fiscal,

G.

Considerando que los cambios demográficos a largo plazo, en particular el envejecimiento demográfico en todos los Estados miembros, afectan a la financiación de los regímenes nacionales de pensiones,

H.

Considerando que algunos Estados miembros no han realizado suficientes esfuerzos para reducir sus gastos administrativos, controlar sus gastos médicos y reformar sus sistemas sanitarios y de pensiones, y considerando la necesidad de que todos los Estados miembros adopten las mejores prácticas en este ámbito,

I.

Considerando que, a lo largo del año 2009, los déficits y los ratios de deuda de todos los Estados miembros han aumentado debido a la caída de los ingresos tributarios resultante de la crisis y a la aplicación de medidas excepcionales de recuperación,

J.

Considerando que, ante los primeros signos de recuperación, el Consejo Europeo recomendaba, desde septiembre de 2009, que las políticas presupuestarias se «reorientaran hacia la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas», e instaba a «elaborar estrategias de salida de modo coordinado en cuanto se haya recuperado la economía, teniendo en cuenta la situación de cada país»,

K.

Considerando que, en fecha reciente, se ha podido observar una correlación positiva entre unas finanzas públicas sólidas y la resistencia de la economía de un país,

L.

Considerando que la creciente deuda pública representa una gran carga para las generaciones futuras,

M.

Considerando que la deuda pública de algunos Estados miembros ha aumentado hasta tal punto que socava la estabilidad y comporta un elevado gasto público para el pago de intereses en detrimento del gasto cada vez más importante en los sistemas de salud y pensiones,

N.

Considerando que el aumento del endeudamiento público distorsiona los mercados financieros al provocar la subida de los tipos de interés, que tiene consecuencias negativas para los hogares y las inversiones en nuevos empleos,

O.

Considerando que la falta de una gobernanza estadística efectiva o de instituciones estadísticas independientes en los Estados miembros está socavando la integridad y la sostenibilidad de las finanzas públicas,

P.

Considerando que otras partes del mundo que hasta ahora competían con la fabricación de productos de baja calidad, actualmente se han introducido en los segmentos de alta calidad; que estos competidores utilizan tecnologías avanzadas, al tiempo que siguen pagando sueldos bajos y no tienen que enfrentarse a unas tendencias demográficas adversas, y en un contexto en que las personas trabajan durante muchas horas a lo largo de su vida; considerando que la última vez que se alcanzó el pleno empleo en Europa fue antes de la crisis del petróleo de 2003, pese a lo cual el pleno empleo sigue siendo un objetivo al que ha de aspirar la UE, de conformidad con el espíritu de los Tratados, sin por ello dar la espalda a su alto nivel de protección social y desarrollo humano,

Q.

Considerando que existen varios medios para reducir las brechas de sostenibilidad, como aumentar la productividad general y, sobre todo, la productividad de los servicios de bienestar social, elevar la edad de jubilación, incrementar la tasa de natalidad o el número de inmigrantes,

R.

Considerando que las tendencias demográficas dependen de la evolución de la tasa de fertilidad, que a su vez depende en gran medida de los incentivos y ayudas a la maternidad, y de los movimientos migratorios,

S.

Considerando que los niveles actuales de endeudamiento y déficit amenazan la existencia misma del Estado de bienestar,

T.

Considerando que el hecho de no haber llevado a cabo reformas estructurales y no haber consolidado las finanzas públicas tendrá un efecto negativo sobre el gasto en sanidad, pensiones y empleo,

U.

Considerando que muchos Estados miembros infringen el PEC y que el debido cumplimiento del mismo habría mitigado los efectos negativos de la crisis,

V.

Considerando que la sostenibilidad de las finanzas públicas no sólo es crucial para Europa en general, sino también, en particular, para el presupuesto de la Unión Europea,

W.

Considerando que, aunque el presupuesto de la Unión Europea se limita actualmente a aproximadamente el 1 % de la renta nacional bruta europea, los principios generales y los supuestos subyacentes de «sostenibilidad» se deben aplicar también a éste,

1.

Manifiesta su profunda preocupación por la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas tras la crisis económica y financiera; recuerda que los esfuerzos realizados en el marco del PEC antes de la crisis pretendían en gran parte hacer frente al creciente desafío demográfico; reconoce que una parte considerable de este esfuerzo ha sido anulado por la necesidad de aumentar drásticamente el gasto público, a fin de prevenir un colapso del sistema financiero a escala mundial y de mitigar las consecuencias sociales de dicho colapso;

2.

Lamenta que la consolidación de las finanzas públicas de una serie de Estados miembros no hubiera avanzado mucho ni siquiera antes del inicio de la crisis, a pesar de que las condiciones económicas eran favorables; destaca que esto constituyó un incumplimiento del aspecto preventivo del PEC, en particular tras su revisión en 2005, el cual mermó gravemente la capacidad de los Estados miembros para tomar medidas anticíclicas al irrumpir la crisis, produciendo más incertidumbre, un mayor desempleo y más problemas sociales,

3.

Es consciente de que los niveles actuales de gasto público no pueden mantenerse de forma indefinida; acoge con beneplácito la decisión del Consejo Europeo de no adoptar un nuevo paquete de ayuda hasta que se hayan analizado exhaustivamente los resultados del actual y se haya demostrado claramente la necesidad de tomar nuevas medidas;

4.

Reconoce que las operaciones encaminadas a evitar el colapso del sector financiero fueron acertadas, aunque sigue siendo primordial mostrarse vigilantes; espera que disminuya la carga financiera provocada por el rescate del sector bancario; aplaude el enfoque coordinado de los bancos centrales para alcanzar esta meta; apoya plenamente la reforma del sistema de supervisión prudencial y el rediseño de la arquitectura financiera;

5.

Hace hincapié en que el PEC debe buscar el equilibrio o el superávit a largo plazo, exigiendo un superávit en los tiempos de bonanza económica y una financiación transparente de los regímenes de pensiones con cargo a los presupuestos públicos o a sistemas privados financiados;

6.

Señala que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas es indispensable para la estabilidad y el crecimiento, así como para mantener un nivel adecuado de gasto público; destaca que un alto nivel de endeudamiento y déficit constituye una amenaza para la sostenibilidad y tendrá repercusiones negativas en la atención sanitaria, las pensiones y el empleo;

7.

Expresa su profunda preocupación por el alto nivel de déficit y endeudamiento de los Estados miembros; advierte que la crisis no debe servir de pretexto para posponer la consolidación de las finanzas públicas, la disminución de la deuda y la introducción de reformas estructurales, todo lo cual es indispensable para regresar al crecimiento y el empleo;

8.

Destaca que la consolidación de las finanzas públicas y la reducción del déficit y del endeudamiento son indispensables para mantener un Estado del bienestar moderno y un sistema de redistribución para toda la sociedad, pero que ayude en particular a sus sectores más desfavorecidos;

9.

Subraya que, de seguir aumentando el endeudamiento público y los tipos de interés, su coste en forma de pago de intereses no podrá ya ser sufragado por las generaciones actuales ni futuras sin poner en peligro el modelo del Estado de bienestar;

10.

Expresa su profunda preocupación por el hecho de que numerosos Estados miembros hayan incumplido el PEC; deplora el hecho de que los Estados miembros no hayan consolidado sus finanzas públicas en la época de bonanza económica anterior a la crisis; coincide con la declaración de la Comisión en el sentido de que la sostenibilidad de la deuda debe pasar a desempeñar un papel muy destacado y explícito en los procedimientos de vigilancia; insta a la Comisión a que vele rigurosamente por la observancia del PEC;

11.

Advierte que no debe ponerse fin abruptamente a las ayudas a la economía real a fin de evitar una nueva recesión; señala a la atención los efectos perversos de un abandono prematuro de las medidas de ayuda o de esperar demasiado para adoptar medidas correctivas a favor de la sostenibilidad de las finanzas públicas; destaca que se pretendía explícitamente que estas medidas fueran oportunas, selectivas y temporales; acoge con agrado los trabajos de la Comisión sobre la estrategia de salida de las actuales medidas de contingencia; apoya el enfoque adoptado por la Comisión basado en estrategias de salida diferenciadas por países con distintos plazos y alcances; entiende que la retirada de las medidas comenzará en 2011 en el caso del primer grupo de países; alienta a los Estados miembros a que hagan todo lo que esté en su mano para aplicar las estrategias de salida con la mayor prontitud y determinación posibles;

12.

Anima a la Comisión Europea a elaborar un libro verde sobre la natalidad en la Unión Europea que no sólo especifique los motivos y los resultados de la caída de la natalidad, sino que además proponga soluciones y alternativas a este problema;

13.

Considera que la estrategia de salida fiscal debería iniciarse antes de la estrategia de salida monetaria a fin de permitir que la segunda se aplique correctamente, de modo que el BCE, que logró evitar la caída en la deflación, pueda lograr igualmente que la inflación no arruine la recuperación; entiende que el BCE ha señalado que, si no se introducen recortes fiscales a tiempo, el endurecimiento de su política monetaria tendría que ser, lamentablemente, mayor de lo previsto;

14.

Hace hincapié en que la reducción del estímulo financiero debe ir acompañada de esfuerzos para que el mercado interior sea más dinámico, competitivo y atractivo para las inversiones;

15.

Destaca que una salida gradual y controlada del déficit es crucial para mantener los tipos de interés en un nivel bajo y limitar la carga de la deuda, preservando así la capacidad de gasto de los regímenes de protección social y el nivel de vida de los hogares;

16.

Destaca que los tipos de interés bajos propician la inversión y la recuperación; es consciente de los efectos que tiene un intenso endeudamiento público sobre el nivel de los tipos de interés; lamenta profundamente que ello haya aumentado los diferenciales entre los tipos de interés en interior de la UE; advierte a los Estados miembros de que deben tener en cuenta los efectos de sus decisiones presupuestarias sobre los tipos de interés de mercado; estima que unas finanzas públicas saneadas son un requisito indispensable para garantizar el empleo; destaca que si los Gobiernos hacen subir el coste de los préstamos, subirá igualmente la carga sobre sus propios presupuestos;

17.

Destaca que los efectos anticíclicos del PEC sólo pueden funcionar si los Estados miembros alcanzan superávit presupuestarios en los tiempos de bonanza económica; pide en este sentido asimismo una mejor aplicación del aspecto preventivo del PEC; pide que se pase de una actitud basada en «gastar primero, pagar después» a otra fundada en el principio de «ahorrar para una posible emergencia en el futuro»; recuerda que el PEC exige a los Estados miembros alcanzar un presupuesto equilibrado o un superávit a medio plazo, lo que significa que un déficit del 3 % no es un objetivo, sino el límite máximo absoluto admitido, incluso con arreglo al Pacto revisado;

18.

Pide que se lleven a cabo reformas estructurales paralelamente a la supresión de los paquetes de ayuda a fin de prevenir crisis futuras, aumentar la competitividad de las empresas europeas, lograr un mayor crecimiento e impulsar el empleo;

19.

Subraya que, en un contexto en el que es necesario sanear las finanzas públicas, todos los Estados miembros deberían comenzar a reducir su brecha de sostenibilidad a más tardar en 2011;

20.

Reconoce que el estímulo fiscal y los estabilizadores automáticos sin restricciones han tenido éxito y propone que la Comisión pida a los Estados miembros que persigan el equilibrio presupuestario a través de la utilización de los excedentes del presupuesto primario para amortizar la deuda cuando la economía tienda a una recuperación sostenida;

21.

Observa en particular las actividades de apoyo al empleo y la inversión a largo plazo, destinadas a incrementar el potencial de crecimiento económico y reforzar la competitividad de la economía europea;

22.

Destaca que ante los actuales retos demográficos que afronta la Unión, las acciones anticrisis no deben tener efectos a largo plazo para las finanzas públicas, cuyos costes deberían ser soportados por las generaciones actuales y futuras;

23.

Apoya la idea de que es absolutamente necesaria una mayor coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea, que traerá nuevas sinergias;

24.

Admite que el PEC no es un instrumento suficiente para la armonización de las políticas fiscales y económicas de los Estados miembros;

25.

Apoya, por consiguiente, una revisión de los mecanismos necesarios para que, dentro de la UE, las economías nacionales vuelvan a una senda de convergencia;

26.

Sugiere que la Comisión establezca un mecanismo de cooperación adecuado con el FMI en casos especiales en los que los Estados miembros reciben apoyo de éste a la balanza de pagos;

27.

Destaca que una inflación alta no es una respuesta a la necesidad de aplicar ajustes fiscales, ya que impondría costes económicos sustanciales y pondría en peligro el crecimiento sostenible e integrador;

28.

Considera, al igual que la Comisión, que «una política fiscal expansiva fructífera que tienda a combatir la recesión no es incompatible con el objetivo de sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo», pero al mismo tiempo alerta sobre los riesgos de una expansión excesiva y artificial basada en el aumento del gasto público, que puede llegar a dificultar su consecución;

29.

Considera que la gestión de las finanzas públicas a través de cortos plazos específicos sucesivos determinará la viabilidad a largo plazo de las mismas, y que es precisamente en el marco de dicha sucesión de cortos plazos, facilitando una estructura para los mismos, donde debe plantearse el problema de la viabilidad de la deuda pública;

30.

Considera que la política presupuestaria debe, ante todo por medio de la reasignación de recursos, convertir el ahorro disponible en gastos de inversión que impulse el crecimiento como, por ejemplo, inversión en investigación y desarrollo, modernización de la base industrial, desarrollo de una economía más ecológica, más inteligente, más innovadora y más competitiva en la Unión Europea, y asunción del reto de la educación;

31.

Subraya que una proporción sustancial del gasto público y social puede ser un gasto productivo si se destina a proyectos que tengan un efecto beneficioso en la acumulación de capital físico y humano, así como en la promoción de la innovación; hace hincapié en la necesidad de controlar el aumento de la carga de la deuda a fin de asegurar que el aumento del coste de los intereses no reduzca los gastos sociales que son cruciales; destaca que resulta esencial mejorar la calidad del gasto público, habida cuenta de la escasez de recursos cada vez mayor;

32.

Subraya que el papel de «amortiguadores sociales» desempeñado por los sistemas de protección social se ha mostrado particularmente eficaz en tiempos de crisis; destaca que la estabilidad de las finanzas públicas es una condición necesaria para asegurar que se mantengan así en el futuro;

33.

Destaca que la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas oficiales de pensiones no depende solo de la evolución demográfica, sino también de la productividad de la población activa (que influye en la tasa de crecimiento potencial), de la edad de jubilación efectiva así como de la proporción del PIB que se destina a la financiación de dichos sistemas; subraya, además, que la consolidación de las finanzas públicas y la reducción de los niveles de endeudamiento y déficit constituyen factores importantes para la sostenibilidad;

34.

Observa que el cambio demográfico, en particular el envejecimiento de la población, implica que los regímenes de pensiones de muchos Estados miembros tendrán que reformarse periódicamente, sobre todo en lo que respecta a su base contributiva, para que sigan siendo financieramente sostenibles;

35.

Destaca que las cargas de la deuda aumentan cuando los tipos de interés reales son superiores a la tasa de crecimiento del PIB, y que los mercados consideran que los riesgos son mayores cuando la carga de la deuda aumenta;

36.

Considera que el nivel que alcanzan los tipos de interés aplicados a la deuda pública refleja cómo valoran los mercados la sostenibilidad de la deuda de un Estado miembro;

37.

Observa que los crecientes déficit hacen que el endeudamiento resulte más oneroso, en parte debido a que los mercados consideran que los riesgos son más serios cuando la carga de la deuda aumenta a un ritmo más rápido que el crecimiento económico y la capacidad de reembolso de los préstamos;

38.

Recalca que la actual crisis financiera ha puesto de relieve con suma claridad el vínculo directo entre la estabilidad de los mercados financieros y la sostenibilidad de las finanzas públicas; subraya, en este contexto, la necesidad de reforzar e integrar la legislación en materia de supervisión de los mercados financieros, que debería incluir mecanismos sólidos para proteger a consumidores e inversores;

39.

Pide a la Comisión que realice estudios que evalúen la calidad de la deuda de los Estados miembros;

40.

Observa que, para que las finanzas de un Estado miembro resulten creíbles, se requieren una gobernanza estadística efectiva y realmente independiente y una supervisión rigurosa por parte de la Comisión;

41.

Sugiere, en particular, que la Comisión evalúe los efectos de los gastos fiscales utilizados por los Estados miembros para la recuperación de sus economías en lo relativo a los efectos en la producción, en las cuentas públicas y para estimular y proteger el empleo, tanto a corto como a largo plazo;

42.

Observa que el PEC sigue constituyendo la columna vertebral de la disciplina necesaria para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y que los Estados miembros deben registrar excedentes en sus cuentas públicas en las «épocas de bonanza económica» y déficit únicamente en «épocas de dificultades económicas»;

43.

Subraya que los recientes ataques especulativos contra varias economías europeas apuntaban principalmente contra el propio euro y la convergencia económica europea; manifiesta su convicción, en este sentido, de que los problemas europeos requieren soluciones europeas, que deberían ofrecer medios internos para evitar el riesgo de suspensiones de pagos mediante la combinación de la disciplina fiscal a escala nacional con mecanismos de último recurso de apoyo financiero;

44.

Pide que el déficit estructural se considere uno de los indicadores que pueden determinar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo;

45.

Considera que una estrategia renovada por el crecimiento y el empleo es un factor clave para lograr unas finanzas públicas sostenibles en la Unión Europea; estima que la Unión Europea necesita modernizar su economía y, en particular, su base industrial; pide que los presupuestos de la UE y de los Estados miembros procedan a una reasignación de fondos en favor de una mayor inversión en investigación e innovación; señala que la nueva estrategia UE 2020 requiere instrumentos vinculantes para tener éxito;

46.

señala la necesidad de monitorizar permanentemente la estabilidad de las finanzas públicas en los Estados miembros de la UE a fin de valorar la escala de retos a largo plazo; destaca asimismo la necesidad de publicar regularmente información no sólo sobre las obligaciones evidentes del sector de las finanzas públicas, sino también sobre las obligaciones de los sistemas sociales, como por ejemplo los de pensiones;

47.

Pide a la Comisión que incorpore la reducción de las brechas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas como parte fundamental de la estrategia UE 2020;

48.

Pide a los Estados miembros que, tras colmar sus brechas de sostenibilidad, reduzcan su deuda pública al 60 % de su PIB como máximo;

49.

Destaca que las diferencias de tipos de interés en los mercados de capitales son los principales indicadores de la solvencia de los distintos Estados miembros;

50.

Manifiesta su profunda preocupación por las disparidades en la calidad de las estadísticas dentro de la UE en general y de la zona del euro en particular;

51.

Señala que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas también está fundamentalmente vinculada al presupuesto de la UE y a su financiación;

52.

Subraya el papel muy positivo del presupuesto de la UE, aunque muy limitado por el MFP, para mitigar los efectos de la crisis mediante la financiación del Plan Europeo de Recuperación y la redistribución de fondos hacia las áreas prioritarias; lamenta, no obstante, la falta de una coordinación adecuada entre las políticas económicas y fiscales de los Estados miembros para luchar contra la crisis económica y financiera y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas;

53.

Señala que el aumento del desempleo y de la deuda pública y la disminución del crecimiento provocados por la crisis económica son incompatibles con el objetivo de unas finanzas públicas sostenibles; reconoce la necesidad de que los Estados miembros procedan a una consolidación financiera y mejoren la liquidez de sus finanzas públicas a fin de reducir el coste de la deuda, pero subraya la necesidad de hacerlo de manera equilibrada y en un plazo de tiempo razonable, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de los Estados miembros; destaca, no obstante, que unos recortes indiscriminados de la inversión pública, la investigación, la educación y el desarrollo repercutirán de forma negativa en las perspectivas de crecimiento, empleo e inclusión social, por lo que considera que deben seguir fomentándose y, en su caso, ampliándose las inversiones a largo plazo en estos ámbitos;

54.

Hace hincapié en que la recuperación actual es aún frágil y que el desempleo sigue creciendo en la mayoría de los Estados miembros, y que golpea con particular dureza a los jóvenes; cree firmemente que no se puede anunciar el fin de la crisis económica mientras no se produzca una caída sustancial y continuada del desempleo y destaca que los sistemas de protección social europeos han demostrado su valía a la hora de ofrecer estabilidad y contribuir a la recuperación;

55.

Considera esencial que se evalúen adecuadamente las consecuencias sociales y laborales de la crisis y que se defina a nivel de la Unión Europea una estrategia de recuperación basada en el apoyo al empleo, la formación e inversiones que generen una gran actividad económica, el aumento de la competitividad y la productividad de las empresas, especialmente las PYME, y la revitalización de la industria, velando al mismo tiempo por su transición hacia una economía verde competitiva; opina que dichos objetivos deben constituir el núcleo de la Estrategia UE 2020;

56.

Considera que la estrategia de recuperación económica no debe dar lugar en ninguna circunstancia a nuevos desequilibrios estructurales y disparidades de ingresos pronunciadas, que lastran la productividad y la competitividad de la economía, sino que debe introducir las reformas necesarias para remediar tales desequilibrios; considera que las medidas financieras y fiscales de los Estados miembros deben preservar los salarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo y el poder adquisitivo de las familias, sin poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y la capacidad futura de los Estados miembros para prestar servicios públicos esenciales;

57.

Señala que la previsión de envejecimiento de la población en las próximas décadas plantea un reto sin precedentes para los Estados de la UE; opina, por consiguiente, que las medidas contra la crisis no deberían, en principio, entrañar consecuencias a largo plazo para las finanzas públicas ni sobrecargar a las generaciones futuras con la devolución de las deudas actuales;

58.

Subraya la importancia de que la revitalización de la economía vaya ligada a políticas destinadas a atajar el desempleo estructural, en particular el desempleo entre los jóvenes, las mujeres, los mayores y las personas con discapacidad, tendentes a aumentar el empleo de calidad para potenciar la productividad del trabajo y de las inversiones; a este respecto, considera importantes las políticas que mejoren la calidad del capital humano, como la educación, o las políticas de atención sanitaria destinadas a desarrollar una mano de obra más productiva durante más tiempo, y las políticas que prolonguen la duración de la actividad profesional; solicita a los Estados miembros y a la Comisión Europea que refuercen las políticas y medidas a favor del empleo y el mercado de trabajo convirtiéndolas en un elemento central de la Estrategia UE 2020;

59.

Considera que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende en gran medida de la capacidad de elevar el nivel de empleo a fin de responder a los retos demográficos y presupuestarios, en particular por lo que se refiere a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones; considera que se puede apoyar a medio plazo el capital humano ya existente en Europa mediante unas políticas adecuadas en materia de inmigración conducentes a la integración de los inmigrantes en el mercado laboral y la concesión de la nacionalidad;

60.

Destaca que unos mayores niveles de empleo son fundamentales para que la UE haga frente al envejecimiento de la población y resalta que una mayor participación en el mercado laboral es un requisito previo para el crecimiento económico, la integración social y una economía social de mercado competitiva y sostenible;

61.

Considera que la Estrategia UE 2020 debe concretarse en un «pacto de política económica, social y de empleo», destinado a sostener la competitividad de la economía europea y centrado en la integración de todos en un mercado laboral que proteja del mejor modo a los ciudadanos de la exclusión social; destaca que todas las políticas deben reforzarse mutuamente para obtener sinergias positivas; opina que la estrategia debe basarse en directrices y, siempre que sea posible, en indicadores y parámetros cuantificables y comparables a nivel nacional y europeo;

62.

Considera que una política de hacienda pública coordinada a nivel de la UE y que tenga por objetivo el crecimiento sostenible, el empleo de calidad y la adopción de las reformas necesarias para garantizar la viabilidad de los sistemas de protección social constituyen una de las respuestas necesarias a los efectos de la crisis financiera, económica y social y a los retos que implican los cambios demográficos y la mundialización;

63.

Destaca que el equilibrio a largo plazo de los regímenes oficiales de pensiones depende no solo de la evolución demográfica, sino también de la productividad de la población activa (que influye en el nivel potencial de crecimiento), así como de la parte del PIB dedicada financiar estos regímenes;

64.

Destaca la importancia del inminente Libro Verde sobre la reforma de las pensiones y considera que es esencial desarrollar unos sistemas de pensiones sostenibles, seguros, bien diversificados y con diferentes fuentes de financiación, vinculados a los resultados del mercado laboral o del mercado financiero, y que podrían adoptar la forma de regímenes empresariales y aunar regímenes públicos, regímenes complementarios basados en los empleadores y regímenes individuales, y que este desarrollo deberá fomentarse de forma contractual y fiscal; reconoce, por tanto, la importancia del conocimiento de los sistemas de pensiones entre los ciudadanos de la UE;

65.

Subraya que, a largo plazo, los compromisos implícitos en materia pensiones constituyen una de las partes mayores de la deuda pública total, y que los Estados miembros deben publicar información periódicamente sobre sus compromisos implícitos en materia de pensiones, según la metodología comúnmente acordada;

66.

Considera que la inmediata necesidad de unas finanzas públicas sostenibles y unos sistemas adecuados de protección e inclusión social exige aumentar la calidad y la eficiencia de la administración y el gasto público y que se debe animar a los Estados miembros a que tengan en cuenta medidas para asegurar que la presión fiscal se distribuye de forma más equitativa, con una reducción progresiva y clara de la presión fiscal sobre el trabajo y las PYME; opina que esto podría contribuir a reducir la pobreza, garantizar la cohesión social, y fomentar el crecimiento y la productividad de la economía, factores fundamentales para la competitividad y la sostenibilidad del modelo económico y social europeo;

67.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al BCE y a los Gobiernos de los Estados miembros.