4.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/61

1.

Recuerda que el cambio climático es uno de los retos políticos más importantes con que se enfrenta la humanidad. Los entes locales y regionales tienen un papel clave en la lucha contra el cambio climático, sobre todo porque la mayor parte de las veces son ellos los que soportan los costes sociales y económicos de este fenómeno;

2.

subraya que la crisis económica debe ser una razón, no para disminuir el esfuerzo, sino, por el contrario, para intensificar la acción encaminada a combatir el cambio climático. La crisis económica debe verse como una ocasión para consolidar los conocimientos técnicos y desarrollar actividades destinadas a combatir el cambio climático;

3.

destaca que muchos entes locales y regionales contribuyen ya de manera decisiva al éxito de las iniciativas europeas en el terreno de la política climática y energética y juegan un papel crucial en la aplicación de las respectivas políticas a través de medidas en el campo del transporte público, infraestructuras de tráfico y energía, vivienda, ordenación del territorio, eficiencia energética y comunicación pública;

4.

subraya la vulnerabilidad de las regiones europeas frente al cambio climático y el hecho de que su capacidad de adaptación a dicho cambio es muy dispar, debido principalmente a diferencias de desarrollo socioeconómico, condiciones naturales y densidad de población; las regiones de montaña, las zonas costeras, las regiones periféricas e insulares y muchas zonas semiáridas de la cuenca mediterránea figuran entre las regiones más vulnerables al impacto negativo del cambio climático;

5.

está convencido de que el coste de las medidas adoptadas para reducir el cambio climático será significativamente menor que el coste estimado de dicho cambio;

6.

considera que una política climática efectiva podría evitar las desigualdades sociales derivadas del cambio climático;

7.

hace hincapié en que la transición a una economía sin carbono representa un paso importante para el crecimiento y la creación de empleo, en particular para los entes locales y regionales;

8.

insta a la Unión Europea a que redoble sus esfuerzos al máximo nivel político con el fin de potenciar la coalición internacional contra el cambio climático y garantizar los acuerdos post Kioto sobre la base de objetivos de reducción ambiciosos, transparentes y obligatorios;

9.

subraya la necesidad de garantizar que el CDR, como voz de los entes locales y regionales europeos, esté representado en la delegación enviada por la UE a la conferencia CMNUCC COP15 que se celebrará en diciembre de 2009 en Copenhague;

10.

expresa su preocupación por el hecho de que en el último proyecto de documento de negociación del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), aunque se reconoce la importancia de los esfuerzos realizados a nivel subnacional para adaptarse al cambio climático, no se dice nada sobre su papel en el terreno de la mitigación ni tampoco sobre una visión a largo plazo acerca de cómo abordar el cambio climático;

11.

insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que apliquen el principio de subsidiariedad en el desarrollo y negociación de nuevas políticas relacionadas con aspectos del cambio climático que puedan tener repercusiones significativas en los entes locales y regionales y sus ciudadanos, y a que prevean una capacidad financiera y humana suficiente en el momento del reparto de responsabilidades entre los distintos niveles;

12.

subraya la necesidad de lanzar campañas activas de concienciación con el pleno apoyo de los entes regionales y locales, que tienen un canal directo de comunicación con los ciudadanos;

13.

aprecia así el compromiso de la UE en apoyo de una sinergia de esfuerzos dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo con la Agenda de Lisboa y el Acuerdo de Gotemburgo, pero pide que la nueva Estrategia de Lisboa para después de 2010 se distancie de la posición actual, con tres procesos en paralelo, para perseguir un único marco de desarrollo que cubra la acción social, económica y medioambiental de la Unión Europea;

14.

recomienda que se realicen inversiones constantes en infraestructuras ecológicas: mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la administración; renovación de edificios antiguos públicos y privados de conformidad con los principios de la eficiencia energética, y nuevas formas de transporte. Hay que fomentar también el uso de alumbrado, calefacción y aire acondicionado eficientes desde el punto de vista energético. Y es esencial recurrir a la contratación «verde» y mejorar la seguridad del abastecimiento energético;

15.

considera que la adaptación y la mitigación deben integrarse, como objetivo explícito, en todas las políticas existentes, entre ellas las políticas de desarrollo agrario y rural, incluida la lucha contra la deforestación, transporte, biodiversidad y gestión del agua y de los residuos, así como en los programas de financiación en áreas como la política de cohesión;

16.

solicita que se revisen el presupuesto, los programas, las políticas y sobre todo la legislación clave de la UE para después de 2013 a la luz de los cambios de parámetros provocados por el cambio climático;

17.

recomienda que, con vistas a elaborar soluciones políticas adecuadas para el cambio climático, se considere la necesidad de desarrollar nuevos indicadores de la sostenibilidad y de tenerlos en cuenta como parámetros en la nueva generación de Fondos Estructurales;

18.

subraya que los entes locales y regionales deben participar plenamente en la concepción, desarrollo, adopción y aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales en materia de cambio climático;

19.

reitera su pleno apoyo político al Pacto de los Alcaldes, lanzado por la Comisión Europea junto con el Comité de las Regiones como respuesta de las ciudades al calentamiento global y por el cual se comprometen formalmente a reducir sus emisiones de CO2 por encima de los objetivos de la UE para 2020, y pide que el Pacto esté abierto a todos los entes subnacionales relevantes. Insta a que se dé un mayor desarrollo al Pacto y a que se alleguen los recursos necesarios para poner a punto los conocimientos técnicos y las estrategias que respondan a las necesidades específicas de los entes locales;

20.

recomienda configurar el marco presupuestario comunitario de manera que los entes locales y regionales europeos estén todos ellos igual de bien equipados para hacer frente al cambio climático y dispongan de los recursos necesarios para prevenir sus causas y para adaptarse a sus consecuencias, en beneficio, en particular, de las personas y agentes económicos más afectados;

21.

considera que el principio de «quien contamina paga» debe aplicarse en todas las políticas comunitarias relacionadas con la protección del medio ambiente y el clima, internalizando los costes medioambientales de los bienes y servicios;

22.

suscribe el principio de cooperación y solidaridad entre Estados miembros introducido en el nuevo régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCCDE), entre los países tecnológicamente más avanzados (con sectores industriales energéticamente más eficientes) y los menos desarrollados (cuyas economías arrojan un consumo más alto de energía y que necesitan aumentar sus índices de crecimiento);

23.

considera que, pese a los avances logrados, es necesario mejorar más aún la transparencia y fiabilidad a largo plazo del RCCDE, y que es preciso seguir estando atentos a las repercusiones sociales y medioambientales que puedan tener las medidas propuestas, especialmente a nivel regional y local;

24.

recomienda tener debidamente en cuenta las demandas de las políticas de desarrollo regional y observa que, para promover un mercado del carbono más transparente y efectivo, cabría reestructurar a fondo una serie de instalaciones industriales para librar así al sistema de producción de las instalaciones menos eficientes o de las que ya están en crisis; en ese sentido, pide que se tomen medidas para apoyar el proceso de renovación industrial y de reciclaje de los trabajadores afectados;

25.

observa que, aparte del régimen para el comercio de derechos de emisión, es necesario hacer mucho más para lograr, en particular, un cambio a modos de transporte compatibles con el medio ambiente; insta a los gobiernos nacionales a que amplíen la infraestructura ferroviaria y de vías navegables y a que promuevan el transporte intermodal en general;

26.

deplora – habida cuenta del alto grado de dependencia del sector del transporte europeo respecto del petróleo — que en la segunda Revisión Estratégica del Sector de la Energía no se formule, junto al paquete de eficiencia energética, ninguna propuesta relativa a la eficiencia del transporte, especialmente en áreas como el ferrocarril y otros modos de transporte público, vehículos eficientes desde el punto de vista de la energía, sistemas de «car sharing», conducción ecológica («eco-driving»), promoción del uso de la bicicleta, etc.;

27.

considera que la política energética y la política de protección climática están íntimamente ligadas entre sí y deben estar bien coordinadas, dado que el 80 % de las emisiones de CO2 en Europa proviene de la producción de energía;

28.

lamenta que en el paquete de cambio climático y energía de 2008 no se introdujera ningún objetivo vinculante de eficiencia energética, que es el eslabón que se echa en falta en todos los intentos de lograr la necesaria reducción del nivel de CO2;

29.

resalta la disparidad en los avances logrados en los últimos años en la reducción de las emisiones de CO2 y de consumo de energía en las distintas ciudades y regiones de la UE. Deberían tenerse en cuenta las diferencias de intensidad energética que existen en el consumo, la producción y el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero entre los distintos Estados miembros y dentro de cada país, sobre todo entre las áreas urbanas y las rurales;

30.

considera que los planes regionales de acción en materia climática o de energía sostenible podrían constituir el nexo entre las iniciativas locales y nacionales que tienen que introducir instrumentos prácticos para alcanzar los objetivos; es preciso prever también una financiación adecuada;

31.

recomienda prever, aparte de los Fondos Estructurales, otros recursos y medidas que sean adecuados para fomentar la política de adaptación, así como medidas dirigidas a la mitigación, como por ejemplo el ahorro de energía y las energías renovables, para mejorar el rendimiento energético de los edificios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con ello se conseguiría un mayor apoyo para la política climática europea;

32.

aboga por un incremento de los fondos dedicados a investigación sobre las tecnologías de captura de carbono, que deberían utilizarse en combinación con las demás medidas de mitigación a fin de conseguir las fuertes reducciones que es necesario lograr en el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero;

33.

desea que se garantice la existencia de planes de apoyo a los productores de energía renovable en todos los niveles, incluidas las pequeñas instalaciones, y considera que, por razones de coherencia, el apoyo a la energía renovable debería estar dirigido a la reducción del uso de combustibles fósiles;

34.

considera que, fomentando la energía sostenible y la eficiencia energética, el Pacto de los Alcaldes puede servir de acicate a las ciudades y regiones para introducir cambios encaminados a proteger a los ciudadanos más vulnerables –especialmente a los de rentas bajas y fijas– contra los efectos del alto precio de la energía y el peligro de la escasez de combustible. Al mismo tiempo, hay que tener cuidado de no subvencionar el consumo de energía, dejar margen suficiente para incentivar fuertemente la mejora de la eficiencia energética y, en la medida de lo posible, reducir el uso de energía;

35.

defiende resueltamente la necesidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables de la sociedad contra el posible aumento del precio de las fuentes de energía — en particular la eléctrica –, con medidas, en su caso, para ayudarles a conseguir viviendas más eficientes desde el punto de vista energético.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a las Presidencias checa y sueca, a la Comisión Europea y a los Estados miembros, así como a sus homólogos de las Naciones Unidas.