a)

recuerda que uno de los valores fundamentales reflejados en la decisión de la comunidad internacional de crear el Tribunal fue la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad; aunque apoya plenamente el trabajo realizado por el Tribunal, señala que ello no podrá lograrse totalmente a menos que los procesos en curso puedan concluirse sin premuras indebidas y que los dos acusados prófugos, Ratko Mladić y Goran Hadžić, puedan ser entregados a la justicia y juzgados;

b)

destaca que el afán de celeridad de los procedimientos no puede perseguirse a expensas de las obligaciones derivadas de un proceso justo, y reitera la opinión actualmente general de que el legado del Tribunal se evaluará no solo en función de si logra enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves sobre los que tiene jurisdicción, sino también en función de si lo hace cumpliendo las normas de imparcialidad más estrictas;

c)

destaca que mantener un personal altamente cualificado en el Tribunal constituye un factor crítico para la conclusión satisfactoria de los juicios en primera instancia y de apelación, y que la pérdida de conocimientos especializados institucionales necesarios para concluir los juicios restantes podría verse agravada a causa del calendario previsto en la estrategia de conclusión; celebra, a este respecto, la Resolución no A/RES/63/256, que permite que el Tribunal ofrezca contratos en línea con el calendario de la estrategia de conclusión y que explote incentivos no monetarios para retener personal clave;

d)

subraya que, por un lado, la fecha fijada para la realización de la estrategia de conclusión contribuye a la productividad del Tribunal, pero, por otro lado, si ha de hacerse justicia y debe celebrarse el juicio contra Ratko Mladić y Goran Hadžić, esta fecha no puede constituir en modo alguno un plazo límite para las actividades del Tribunal;

e)

insta, en consecuencia, al Consejo a que examine con urgencia las posibilidades de prorrogar dos años el mandato del Tribunal, y a que determine si esta medida sería suficiente teniendo en cuenta que cualquier prórroga debería evaluarse no solo en términos de tiempo sino de resultados; le insta asimismo a que adelante el examen de estos asuntos en las instancias apropiadas de las Naciones Unidas;

f)

pide al Consejo que anime al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se comprometa a dedicar recursos y apoyo suficientes al Tribunal a través del presupuesto general de las Naciones Unidas hasta la conclusión del mandato del Tribunal;

g)

insta al Consejo a que continúe apoyando los esfuerzos del Tribunal por lograr que los países en cuestión incrementen la cooperación y aceleren sus esfuerzos por capturar a los dos acusados que siguen en libertad, para que el Tribunal pueda cumplir su mandato, y asimismo que aclaren con las Naciones Unidas que debe ser palmario que los dos fugitivos que quedan deberán ser juzgados o por el Tribunal o por el mecanismo residual, evitando con ello toda impresión de impunidad;

h)

destaca que las autoridades competentes deberían entregar los documentos clave para procesar al General Ante Gotovina, así como a Mladen Markač e Ivan Čermak; destaca que debe atenderse a los recientes llamamientos del Fiscal Jefe del Tribunal, Serge Brammertz, para que se localice y ponga a disposición del Tribunal documentación pertinente perdida;

i)

señala que la UE debería seguir insistiendo en que el cumplimiento de los criterios de Copenhague incluye el establecimiento de un poder judicial plenamente operativo, capaz de celebrar juicios por violaciones del Derecho humanitario incluso cuando el marco del Tribunal ya no esté operativo; insta al Consejo a que establezca unas normas claras para evaluar la actuación del poder judicial en los países de los Balcanes Occidentales tras la conclusión del mandato del Tribunal, entre otras cosas, para garantizar que las condiciones de encarcelamiento respondan a las normas internacionales y que sean acatadas las sentencias pronunciadas por el Tribunal, y pide a la Unión Europea que preste un mayor apoyo a las investigaciones y juicios nacionales por crímenes de guerra, por ejemplo, mediante la prestación de asistencia para el cumplimiento de la ley, incluida la financiación de medidas de formación y protección de testigos;

j)

reconoce que la preeminencia de los Estados sigue siendo una piedra angular del sistema internacional, y señala que es esencial que la comunidad internacional apoye la formación de capacidades nacionales en los Balcanes para que los órganos jurisdiccionales locales puedan continuar el trabajo iniciado por el Tribunal; apoya la financiación actual por parte de la Unión Europea, por ejemplo de programas de extensión en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos; insta, en este contexto, al Consejo a que examine la posibilidad de prestar un mayor apoyo a la estrategia de continuación del Tribunal Internacional, y pide una cooperación más estrecha entre los órganos judiciales y los ministerios públicos en los Balcanes Occidentales, en particular, en asuntos que impliquen extradiciones y asistencia jurídica mutua;

k)

observa que contar con un mecanismo claro para desempeñar las funciones residuales del Tribunal cuando éste haya concluido su mandato será esencial para garantizar que su legado sirva para consolidar los principios que inspiraron su establecimiento;

l)

insta al Consejo a que realice sin demora, en las instancias oportunas de las Naciones Unidas, los trámites previstos para instaurar un mecanismo que desempeñe las funciones residuales inmediatas y a largo plazo relativas, por ejemplo, a la protección de testigos, la protección de testigos contra la intimidación, asuntos de desacato a los tribunales, revisiones en caso de recepción de pruebas exculpatorias, supervisión de los juicios remitidos a la región (actualmente supervisados por el Servicio de Fiscales del Tribunal a través de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)), condiciones de encarcelamiento y cuestiones relativas al indulto o la conmutación de penas, etc.; sugiere que se proponga al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el posible establecimiento de una oficina conjunta que desempeñe las funciones residuales futuras del Tribunal, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona;

m)

recuerda al Consejo que la UE debería tener un interés especial en asegurar el legado del Tribunal garantizando que sus archivos se almacenen de manera segura en un lugar protegido apropiado, si es posible, en la región de los Balcanes Occidentales, que sean lo más completos y accesibles posible, y que pueda accederse a dicha documentación en Internet; propone que se den también garantías adecuadas de libre acceso a todos los fiscales y abogados defensores y, tras un período apropiado, a los historiadores e investigadores;

n)

destaca que el legado del Tribunal también debería vincularse al proceso general de reconciliación; insta, en este contexto, a los Estados de los Balcanes Occidentales y a la Unión Europea a que apoyen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades que ayudan a las víctimas, promueven el diálogo y el entendimiento interétnicos y contribuyen a la búsqueda de la verdad y la reconciliación;