29.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/1

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subraya que los entes regionales y locales ejercen competencias exclusivas y compartidas a la hora de prestar servicios públicos y de contribuir al desarrollo social y económico de sus comunidades, por lo que su plena participación en la elaboración de la legislación de la UE en una fase temprana y en su aplicación sobre el terreno es indispensable para el funcionamiento de la vida democrática de la UE;

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reconoce que se han producido progresos en este ámbito y encomia el compromiso de la Comisión Europea con esta labor –que ha dado resultados tangibles–, pero considera que es posible y necesario seguir introduciendo mejoras;

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considera que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como el recurso a las evaluaciones de impacto, son aspectos clave para promover el surgimiento de un modelo de gobernanza multinivel en la UE y serán muy beneficiosos para el desarrollo económico de las regiones y la cohesión territorial de la Unión Europea en su conjunto; recuerda que el Tratado estipula que las decisiones deberán adoptarse en el nivel más cercano a los ciudadanos, y que éste no es siempre el nivel del gobierno central. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad debería entenderse como la base que permite aumentar la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno a las necesidades de los ciudadanos y la eficacia en la toma de decisiones;

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considera que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueden tener consecuencias significativas para los entes regionales y locales –por ejemplo en materia de contratación pública– de maneras no previstas en la legislación original;

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por último, expresa su preocupación por la tendencia continuada que muestran los Estados miembros a complicar y elaborar en exceso la legislación comunitaria cuando se hace necesaria su incorporación a la legislación nacional (la práctica del goldplating).

Ponente

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Lord Graham Tope (UK-ALDE), Miembro del Borough londinense de Sutton

1.

sigue cooperando con la Comisión Europea y las demás instituciones de la UE para lograr una mejor legislación en la Unión Europea, a todos los niveles, dentro del espíritu de la gobernanza multinivel;

2.

reconoce que se han producido progresos en este ámbito y encomia el compromiso de la Comisión Europea con esta labor –que ha dado resultados tangibles–, pero considera que es posible y necesario seguir introduciendo mejoras;

3.

recuerda la valiosa aportación realizada por la Sra. Maij-Weggen, en nombre del CDR, como observadora dentro del Grupo de alto nivel sobre la reducción de las cargas administrativas; en este sentido, el CDR reitera el hecho de que los entes regionales y locales y el propio Comité están mejor situados para contribuir al proceso de mejora de la legislación de la UE, en especial dado el porcentaje significativo de legislación de la UE que se aplica a nivel regional y local y su impacto en la vida diaria de los ciudadanos;

4.

acoge con satisfacción la mayor transparencia de la Comisión Europea en la preparación de las nuevas propuestas y las consultas mantenidas, al margen de las instituciones europeas, con las partes interesadas y, sobre todo, con las asociaciones europeas representativas de entes territoriales, así como su aplicación incondicional del «dialogo estructurado» por mediación del Comité de las Regiones. Es importante que haya mecanismos de consulta accesibles y diversos para asegurar que la toma de decisiones de la UE se haga con información representativa de amplios sectores de la opinión pública europea, ya que esto conducirá a una toma de decisiones más equilibrada y a una aplicación más efectiva, especialmente en los casos en los que las autoridades locales y regionales son responsables de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la UE;

5.

subraya que los entes regionales y locales ejercen competencias exclusivas y compartidas a la hora de prestar servicios públicos y de contribuir al desarrollo social y económico de sus comunidades, por lo que su plena participación en la elaboración de la legislación de la UE en una fase temprana y en su aplicación sobre el terreno es indispensable para el funcionamiento de la vida democrática de la UE;

6.

considera que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como el recurso a las evaluaciones de impacto, son aspectos clave para promover el surgimiento de un modelo de gobernanza multinivel en la UE y serán muy beneficiosos para el desarrollo económico de las regiones y la cohesión territorial de la Unión Europea en su conjunto; recuerda que el Tratado estipula que las decisiones deberán adoptarse en el nivel más cercano a los ciudadanos, y que éste no es siempre el nivel del gobierno central. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad debería entenderse como la base que permite aumentar la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno a las necesidades de los ciudadanos y la eficacia en la toma de decisiones;

7.

reitera su compromiso de llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la subsidiariedad. A este respecto, la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad es una herramienta útil, no sólo por el compromiso de sus miembros para realizar un seguimiento de la subsidiariedad, sino también por su potencial para funcionar como laboratorio para el intercambio de mejores prácticas en la aplicación de la subsidiariedad y la gobernanza multinivel;

8.

acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión Europea para respetar el principio de proporcionalidad en el ejercicio de sus poderes legislativos y reglamentarios, contribuyendo a derogar muchos instrumentos legislativos mediante gran número de propuestas formales de consolidación. Toma nota de que 48 propuestas de simplificación han sido aprobadas finalmente por los colegisladores. A este respecto cabe señalar que no se trata tan solo del número de propuestas de simplificación sino de la reducción efectiva de las cargas administrativas en la práctica;

9.

considera que, mediante la verificación de la necesidad de una intervención a nivel europeo y el examen de las posibles consecuencias de toda una serie de opciones políticas, las evaluaciones de impacto deberían permitir mejorar y simplificar el marco regulador. Una evaluación previa eficaz y sostenible de la nueva legislación comunitaria no es sólo importante para lograr una reducción neta, sino que también es fundamental para mantener la carga administrativa en niveles bajos. Sin embargo, al CDR expresa su inquietud por el hecho de que las subsiguientes enmiendas y modificaciones a las propuestas legislativas introducidas en el Parlamento Europeo y el Consejo puedan tener repercusiones considerables para los entes regionales y locales que quizá no hayan sido previstas en su totalidad por los responsables de la toma de decisiones;

10.

considera que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueden tener consecuencias significativas para los entes regionales y locales –por ejemplo en materia de contratación pública– de maneras no previstas en la legislación original;

11.

considera que si la UE quiere ser más transparente y receptiva ante las preocupaciones de la sociedad, es fundamental que la legislación comunitaria se elabore de modo que sea comprensible para aquellos a quienes va destinada. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión Europea a que redacte textos más claros, coherentes e inequívocos para garantizar una aplicación eficaz y uniforme en todos los Estados miembros. Este requisito es aún más importante si se tiene en cuenta que los textos que se adoptan finalmente son a menudo objeto de compromisos que no siempre pueden transponerse con facilidad a la legislación nacional;

12.

en este orden de cosas, reconoce también que la mayor parte de los entes regionales y locales y sus ciudadanos tendrán que servirse no de la legislación comunitaria, sino de su transposición a la legislación nacional. Por consiguiente, es necesario que todos los niveles de gobierno simplifiquen, garanticen la coherencia y expliquen las nuevas reglamentaciones y políticas;

13.

expresa su preocupación por la tendencia continuada que muestran los Estados miembros a complicar y elaborar en exceso la legislación comunitaria cuando se hace necesaria su incorporación a la legislación nacional (la práctica del goldplating);

14.

para terminar, aunque es comprensible que se haga mucho hincapié en las evaluaciones de impacto previas, como parte del esfuerzo de legislar mejor no debería descuidarse la realización de evaluaciones posteriores en las que se comparen los resultados esperados con la situación real. La mayor parte de las nuevas propuestas tiene por objetivo modificar o completar el acervo comunitario vigente. Dentro de un proceso permanente de actualización necesaria de la legislación, en la elaboración de nuevas propuestas es importante tener en cuenta la valiosa experiencia adquirida por los entes regionales y locales al aplicar la legislación de la UE.

15.

insta a que las instituciones de la UE y los Estados miembros hagan que los entes regionales y locales participen más eficazmente, con arreglo a sus competencias, en la elaboración y formulación legislativa comunitaria, con el fin de reforzar la legitimidad democrática del proceso decisorio. El Comité subraya asimismo que esta participación es de especial interés para las regiones con competencias legislativas, ya que tienen la obligación de transponer la legislación comunitaria en sus ámbitos de competencia. A este respecto, el CDR es el mejor portavoz de los entes regionales y locales en sus esfuerzos por participar en el proceso legislativo. Los miembros del Comité de las Regiones tienen una experiencia práctica y un conocimiento detallado de los contextos locales, por lo que son los que mejor pueden evaluar el impacto y la eficacia de la legislación;

16.

considera que es necesario llevar a cabo consultas en todos los niveles de decisión, tanto en la UE como en los Estados miembros. Estos deberán disponer de prácticas adecuadas de consulta de las regiones y los municipios;

17.

señala la importancia creciente de la fase de preparación en el proceso legislativo comunitario. Al mejorar las evaluaciones y la consulta en esta fase temprana, la UE refuerza sus posibilidades de establecer normativas eficaces, más fáciles de aplicar en los entornos dispares de los Estados miembros;

18.

reitera su compromiso de contribuir a efectuar los análisis de impacto relativos a cualquier nueva propuesta legislativa de gran impacto regional y local. En los casos en que las nuevas propuestas entrañan una modificación de la legislación vigente, la evaluación de impacto debe integrar los resultados de la evaluación de la legislación, con lo que se establece un vínculo directo entre la evaluación de impacto previa y la evaluación posterior;

19.

teniendo en cuenta que la evaluación de impacto constituye un ejercicio que consume mucho tiempo y recursos, la planificación debería hacerse con la mayor perspectiva posible de futuro a fin de permitir determinar de manera bilateral los asuntos prioritarios, sobre la base de la Estrategia Política Anual y el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión, y quizá en el marco de una reunión técnica anual. Además, debería animarse a las Direcciones Generales de la Comisión Europea a que se dirijan directamente al CDR cuando consideren que el trabajo de evaluación de impacto debe completarse con datos sobre las repercusiones territoriales de las iniciativas previstas;

20.

solicita que las evaluaciones de impacto tomen en consideración a las regiones con competencias legislativas, y que se eviten los acuerdos comunitarios que impliquen una transferencia de las competencias de estas regiones al gobierno central;

21.

insta al Parlamento Europeo y al Consejo a que respeten en mayor medida el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 cuando enmienden las propuestas legislativas de la Comisión para que las modificaciones no den lugar a nuevas cargas administrativas y financieras para los entes regionales y locales. Cualquier revisión del Acuerdo Interinstitucional debería contar con la participación del CDR y el CESE;

22.

celebra haber sido representado por la Sra. Maij-Weggen (PPE/NL) en el Grupo de alto nivel sobre la reducción de las cargas administrativas, y sugiere que el CDR sea oficialmente consultado por la Comisión Europea sobre las conclusiones de este grupo antes de la terminación de su mandato (agosto de 2010), a fin de que el CDR pueda comunicar sus resultados a todos los entes regionales y locales de la UE en lo que atañe a sus ámbitos de interés;

23.

se congratula de la intención de reducir las cargas innecesarias para las PYME, así como del proyecto de reforzar la utilización de las tecnologías de la información. Uno de los objetivos de simplificar el marco regulador de la Unión debería consistir en hacer la legislación más simple y más eficaz, y por ende «más orientada hacia el usuario»;

24.

reconoce que legislar mejor va unido a una evaluación periódica de la legislación. Por tanto es conveniente que toda la legislación de la Unión Europea contenga sistemáticamente disposiciones en materia de evaluación, de modo que todos los interesados puedan dar a conocer sus experiencias sobre las consecuencias prácticas de la aplicación y el cumplimiento de la legislación de que se trate;

25.

insta a las regiones con competencias legislativas a reconocer el gran provecho que para ellas podría suponer desempeñar un papel más proactivo en las negociaciones y la transposición de de la legislación europea. Otros tipos de regiones y los entes locales podrían también desempeñar un papel relevante. Asimismo, el CDR anima a los Estados miembros a que faciliten lo más posible esa participación activa;

26.

subraya que los pactos territoriales europeos, tales como las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), permitirían aumentar la coherencia territorial y la flexibilidad de las políticas de gran impacto local. Dado que se trata de un instrumento con personalidad jurídica que permite a los participantes crear una estructura jurídica estable para la cooperación territorial, las AECT garantizarán un nivel más elevado de gobernanza multinivel y fomentarán una mejor legislación a escala regional y local en toda Europa;

27.

pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para simplificar la legislación nacional y adoptar las directivas comunitarias de manera rápida y adecuada. En el marco de este proceso, deberían consultar a los entes locales y regionales para tener en cuenta sus sugerencias y propuestas;

28.

pide una vez más a los legisladores nacionales que se abstengan de introducir complicaciones innecesarias («goldplating») en la transposición de la legislación comunitaria. En sus informes sobre la aplicación correcta y en el plazo debido de las directivas de la UE, la Comisión podría indicar qué Estados miembros han decidido establecer obligaciones de mayor alcance a nivel nacional;

29.

subraya que la Comisión y el Tribunal de Justicia deben tener en cuenta las consecuencias de las sentencias del Tribunal para los entes locales y regionales;

30.

invita a la Comisión Europa a que defina precisamente los casos concretos que corresponden o no a ayudas públicas, haciendo hincapié en los problemas y las situaciones cuya gestión corresponde a los entes locales y regionales;

31.

pide a la Comisión Europea que utilice un enfoque más orientado hacia los ciudadanos al presentar su programa «Legislar mejor». Los esfuerzos y la comunicación deberían orientarse hacia los ámbitos en que los ciudadanos ven un mayor valor añadido;

32.

recomienda que se emplee un lenguaje más claro en la elaboración de las directivas. Esto permitiría reducir los riesgos de malas interpretaciones que podrían dar lugar a una transposición incorrecta o con retrasos;

33.

reconoce que los legisladores nacionales y los entes regionales y locales, así como sus asociaciones representativas, tienen un papel que desempeñar para mejorar la comunicación sobre la legislación de la UE y su incorporación a la nueva legislación nacional a aquellos que deben aplicarla y al ciudadano ordinario.